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Discurso presentado en el ciclo de videoconferencias: Visiones de Paz: transiciones entre la violencia y la paz en América Latina de CALAS

Policía y paz: Propuestas para superar la violencia policiaca

México a lo largo de los últimos años se ha destacado por altos índices de violencia policial y violaciones a los derechos humanos, y en lo particular graves violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de las autoridades policiales de todos los niveles de gobierno, de tal manera que las mismas quedan normalizadas ante la sociedad y naturalizadas por el Estado. Entre ellas podemos destacar detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, o desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, incluyendo las muertes sucedidas bajo custodia policial. 

Estos comportamientos se cometen de manera generalizada por parte de policías preventivas, municipales, estatales o ministeriales, y los mismos comúnmente se realizan en contra de los grupos de población más vulnerables e históricamente discriminados. En muchas ocasiones son resultado de infiltración de policías, así como su colusión y complicidad con la delincuencia organizada, lo que convierte a las corporaciones de seguridad pública en las entes que actúan en función del cumplimiento de los objetivos ilícitos de los grupos del crimen organizado. 

Las actividades que realizan policías en México se basan en el uso excesivo de la fuerza empleada para ejercer poder, mostrar prepotencia arraigada en la cultura policial por décadas, controlar a la población, intimidar, o como medio de discriminación, incluyendo discriminación racial, siendo lejanas de construir una relación horizontal, basada en confianza y proximidad.

Esta grave crisis de policías queda fomentada por la corrupción e impunidad casi absoluta, que incentivan y abonan al encubrimiento y la comisión de las violaciones a los derechos humanos, lo que se refleja en los altos índices de violencia y emergencia en materia de derechos humanos, así como representa el fracaso de las políticas de seguridad pública, demostrando la incapacidad del Estado de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales.

Este recrudecimiento de violencia policial pudimos observar en los últimos meses en varios estados de México, y en concreto, durante las manifestaciones en el estado de Jalisco, donde se evidenció un marco social y estructural vulnerable que favoreció la comisión de violaciones a los derechos humanos a manos de policías, y hasta la captura del aparato del estado por parte del crimen organizado.

Para hablar de abusos policiacos en Jalisco es importante mencionar un acuerdo del Gobernador del Estado emitido ante el contexto de la pandemia por el COVID 19, mediante el cual se decretó diversas medidas obligatorias para prevenir y contener la transmisión del virus, por ejemplo el uso obligatorio de cubrebocas. En el mismo decreto se establecieron las sanciones a aquellas personas que no cumplan con dichas medidas, donde entre las sanciones previstas fue el arresto hasta 36 horas, y además se designó a policías municipales como responsables de garantizar y verificar el cumplimiento de estas medidas, sin considerar sus antecedentes de abusos y sin prever ningún mecanismo de supervisión en cuanto a su actuación.

Tras la publicación del acuerdo, preocupaba en concreto la sanción del arresto que autorizaba el despliegue de la fuerza pública de las autoridades municipales con el pretexto de la pandemia, la falta de su capacitación y preparación para cumplir con estas tareas, la ausencia de transparencia y rendición de cuentas, situación que podía derivar en la comisión descontrolada, desproporcionada e invisibilizada de abusos policíacos y violaciones graves a los derechos humanos. Además, se presentaba el riesgo de que este acuerdo podría afectar y reprimir principalmente los sectores de población más vulnerables. 

Con el paso de tiempo dichas preocupaciones se materializaron, lo que resultó en múltiples detenciones arbitrarias, los actos de discriminación, la criminalización a las personas de escasos recursos, o violación de los derechos a la libertad, integridad personal, libre tránsito, o hasta el derecho a la vida, tal como sucedió con el caso de detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de Giovanni Lopéz, cometido por policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Este grave hecho, y los intentos de encubrirlo por parte de las autoridades estatales, desataron una fuerte indignación y descontento social, lo que generó una serie de protestas sociales.

Fueron tres días de principales manifestaciones (los días 4,5 y 6 de junio de 2020), durante los cuales se empleó el uso excesivo de la fuerza y se cometieron violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de policías estatales y municipales, en muchas ocasiones en contra de las personas que ni siquiera tenían la intención de participar en el acto de manifestación pacífica.

El primer día, 4 de junio, la manifestación se concentró en la parte histórica del centro de Guadalajara, principalmente afuera del palacio de gobierno: hubo varios enfrentamientos y se utilizó por parte de policías municipales y estatales en contra de las personas el gas lacrimógeno, las bombas molotov, los palos y piedras, y en algunas fotos se identificaron las armas de fuego. Ese día se realizaron las detenciones arbitrarias de 28 personas, incluyendo 2 mujeres y 6 personas menores de edad.

El siguiente día, 5 de junio, la manifestación se realizó principalmente en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), en la zona industrial de Guadalajara. Desde antes de que iniciara el acto de protesta, diferentes elementos sobre todo de policía ministerial de la Fiscalía, incluyendo varias personas vestidas de civil, con la infraestructura y capacidad correspondiente al estado, comenzaron a generar acciones de golpear a las personas que se encontraban cerca del lugar de la concentración con palos tipo bats de metal y de madera, y llevarlas a fuerza en las camionetas pick up, así como camionetas de repostería o panadería, sin placas o insignias. 

Lo que ocurrió el 5 de junio fue una acción preparada, organizada y fríamente planificada, realizada bajo los órdenes de reprimir y violentar el derecho a la libre protesta social, pero también para generar el miedo e incluso desaparecer a las personas, lo que se reflejó en testimonios sobre amenazas de matar a las personas privadas de la libertad o de entregarlas al crimen organizado. Las personas fueron llevadas a las llamadas jaulas de metal, de las instalaciones de la FEJ, y posteriormente, a las zonas alejadas del centro, peligrosas y de noche, dejándolas completamente incomunicadas, sin dinero y celulares, con una gran exposición de poder convertirse en víctimas de más delitos y violaciones a los derechos humanos. 

Finalmente, el 6 de junio, se realizaron actos de manifestación, sobre todo en el centro histórico de Guadalajara, y la acción de protesta culminó en la detención de 6 personas, la mayoría de ellas sin ninguna relación con las protestas. A estas personas se les violentaron los derechos a la defensa adecuada, debido proceso, derecho a la información, comunicación con sus familiares y representantes legales, y fueron víctimas de tortura, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Es importante resaltar que durante estos tres días se cometieron graves violaciones a los derechos humanos a manos de policías municipales, ministeriales y estatales, mismos que constituyen los actos de tortura y desaparición forzada.

¿Por qué la desaparición forzada? Si bien las personas fueron liberadas y localizadas y su desaparición duró un par de horas, esto no borra el hecho ya cometido ni la desprotección de derechos de las personas desaparecidas, su incomunicación, y el desconocimiento sobre su suerte y paradero en tiempo determinado. Asimismo, conforme a las convenciones internacionales en materia de desaparición forzada, tanto la Interamericana, como la del Sistema de Naciones Unidas, y de acuerdo con la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se cumplieron tres elementos de conducta necesarios para que la desaparición forzada se actualice: 1. La privación de la libertad personal; 2. La participación de agentes estatales en los hechos de manera directa o con su aquiescencia, tolerancia o autorización; 3. La falta de información, ocultamiento sobre el paradero de la víctima o la negativa a reconocer la privación de la libertad. En este sentido, cabe señalar que nunca se realizó registro de detención de las personas privadas de la libertad el 5 de junio, los autores de los hechos nunca se identificaron de manera oficial, no se presentó a las personas ante la autoridad correspondiente de manera inmediata, no se expusieron motivos por los cuales se realizó la detención, y además, sobre los hechos del 5 de junio y las desapariciones y detenciones ocurridas este día, el gobierno del estado nunca ha brindado una información oficial y hubo una clara abstención de proporcionarla o incluso en primeros días, de reconocer lo ocurrido.

¿Y porqué hablamos de tortura? Los sucesos ocurridos particularmente los hechos del 5 y 6 de junio constituyen actos de tortura toda vez que encuadran con la definición de tortura establecida en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, misma que está armonizada con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en donde podemos destacar el cumplimiento de los siguientes elementos que actualizan la comisión de tortura: 1. La comisión de los actos por la o el servidor público (en este caso, a manos de policías ministeriales o municipales); 2. La finalidad del acto que puede tener carácter muy amplio (para el 5 de junio podría señalarse el objetivo de obtener la información, castigar a las personas por atreverse a acudir a manifestarse, castigo indirecto por las agresiones cometidas en contra de los policías en la manifestación del 4 de junio o para evitar que las personas llegaran a la concentración, y en cuanto al día 6 de junio, para incriminar a las personas de delitos que no cometieron); 3. El impacto del acto perpetrado de ocasionar dolor o sufrimiento físico o psicológico en una persona, ya que se generaron diversos daños en la integridad física y emocional de las personas sobrevivientes.

¿Y qué pasó después y porqué las reformas o las declaraciones públicas sobre la transformación de policías no se materializan y no dan resultados sustantivos? En caso de manifestaciones en concreto, el mismo Gobernador de Jalisco y el titular de la FEJ reconocieron que en los hechos del 5 de junio participó el crimen organizado, infiltrado entre policías ministeriales, demostrando el descontrol total sobre el sistema de procuración de justicia. No obstante, nunca se asumió la responsabilidad del Estado en lo sucedido, no se reconoció la comisión de tortura y despariciones forzadas, y tampoco se realizó las investigaciones correspondientes, o ante una situación de tanta gravedad no se reconoció la responsabilidad de personas superiores jerárquicos quienes tenían conocimiento o deberían haber sabido sobre la acción de represión planeada por el personal bajo su mando. 

Dicha situación representa el escenario cotidiano de impunidad casi absoluta para las violaciones graves a los derechos humanos y la ausencia de investigaciones serias, exhaustivas e imparciales, sobre todo cuando el autor de los hechos es un/una servidor público, y en este caso policía. Estas deficiencias sistémicas en la procuración y administración de justicia abonan a que los hechos se sigan repitiendo y corrompen aún más las corporaciones policíacas, facilitando el crecimiento de las estructuras y formas de actuación ilícitas. 

Ante esta grave crisis de seguridad pública, la corrupción y vínculos de policías y todo el aparato del Estado con grupos criminales, y ante este gran desafío de cómo generar el cambio de actuación y fortalecimiento de policías, el discurso oficial se basa en la narrativa de mejora o hasta éxito en materia de seguridad pública, invisibilizando la verdadera dimensión de violencia y sus impactos, militarizando el país y minimizando la debilidad institucional de corporaciones de seguridad pública. 

En este sentido, finalizando, sin reconocimiento de todos los desafíos y fracasos en materia de seguridad pública, y sin asumir la responsabilidad por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos a manos de policías y las omisiones en generar las condiciones adecuadas de proteger la vida e integridad de las personas, no es posible cambiar el paradigma de seguridad y superar la violencia policíaca (respondiendo a la pregunta del panel). Como primer paso, el Estado tiene que reconocer y asumir la responsabilidad, y generar acciones contundentes y coordinadas para desmantelar y erradicar las estructuras de macrocriminalidad,  reformar y fortalecer los procesos de procuración de justicia para revertir la impunidad, y reparar de manera integral a las víctimas, generando las medidas de no repetición y prevención (no represión) que pudieran abonar a los cambios estructurales. Ante la complejidad del contexto mexicano, sin avances en materia de justicia, sin verdadera coordinación y sin una política integral en materia de seguridad pública, incluyendo los verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana, no es posible avanzar en crear condiciones para garantizar seguridad pública y crear una policía “pacífica”.

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Discurso presentado en el foro “Construcción de Paz, Seguridad Ciudadana y Reforma Policial”

Por Anna Karolina Chimiak

Buenas tardes a todas y todos

Por parte del CEPAD reconocemos la iniciativa de este espacio de diálogo, y el camino de buscar la verdad y la justicia de las personas sobrevivientes del colectivo Somos 4, 5 y 6. Reconocemos también con mucha admiración la lucha incansable y enormes esfuerzos de miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Jalisco.

CEPAD somos una organización de la sociedad civil autónoma, independiente y profesional que se dedica a la defensa integral y promoción de los derechos humanos en Jalisco y específicamente damos seguimiento a la problemática de dos graves violaciones a los derechos humanos que son la tortura y la desaparición de personas, temas en los que me concentraré en este discurso, ya que además, estas dos violaciones forman parte de los lamentables hechos ocurridos los días 4, 5, y 6 de junio y que han dado pie este evento.

Es importante señalar que la tortura y desaparición forzada sucedidas a prinicipios de junio se dieron en el contexto de varios antecedentes de violaciones a los derechos humanos y abusos policíacos cometidos en el marco de la pandemia por el COVID 19, incluyendo el acto de detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de Giovanni López. Sin embargo, todos estos hechos no son aislados ya que corresponden a un marco estructural y social que favorece la comisión de graves violaciones de manera generalizada por parte de las autoridades de los tres niveles, mismas que son normalizadas o incluso se dan en un contexto de estigma o criminalización de las mismas víctimas. Además, ante la magnitud de las violaciones, el Estado no ha aceptado ni reconocido plenamente su responsabilidad de generar condiciones mínimas para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales a la vida, integridad personal o libertad de la sociedad jalisciense.

La tortura en Jalisco sin duda constituye una práctica generalizada y se comete principalmente por las autoridades de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia. De acuerdo con el análisis de World Justice Project sobre los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la comisión de actos de tortura en la etapa de la detención y la estancia en la Agencia del Ministerio Público. Además, conforme a los datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), del 2000 al 31 de julio de 2020 se han presentado 1580 quejas por tortura de las que se desprenden miles de víctimas.

 A pesar de este grave contexto, la práctica de la tortura ha sido invisibilizada, socialmente tolerada y negada por parte de las autoridades, colocando a las personas sobrevivientes y sus familias en una situación de completa desprotección ya que no existen políticas públicas orientadas hacia la atención, investigación, prevención y erradicación de la problemática, y esto aleja aún más a las víctimas de la posibilidad de acceder a la verdad, a la justicia, y más a ser reparadas de manera integral. 

En cuanto a la desaparición de personas, de las 74 mil 835 personas desaparecidas en el país, 10 mil 248 corresponden a Jalisco, lo que implica que en nuestro estado han desaparecido casi 14 por ciento de todas las personas desaparecidas a nivel nacional, escenario que evidencia que en la entidad esta práctica al igual que tortura se comete de manera generalizada y que existen circunstancias sistemáticas que favorecen la comisión de ambas violaciones, sobre todo que las mismas se dan en el escenario de plena impunidad. Para los casos de tortura, la impunidad es absoluta, ya que no existe ninguna sentencia condenatoria por este delito, mientras que para los casos de desaparición forzada y cometida por particulares, existen únicamente cuatro sentencias condenatorias en el estado. 

Ante este escenario,  tal como fue señalado en la conferencia magistral por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, una de las principales medidas de prevención es la erradicación de la impunidad. Sin duda alguna, ante la comisión de los delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, debe haber una investigación seria, exhaustiva y eficaz que implique identificar y sancionar a todas las personas responsables por los hechos, incluyendo la responsabilidad de las personas con los más altos cargos de las cadenas de mando de las instituciones públicas responsables, al igual que se debe sancionar a los autores directos y a los autores intelectuales. Además, se debe garantizar la responsabilidad penal y administrativa de todas y todos funcionarios públicos por los actos de omisión, maltrato y negligencias en las investigaciones.

Revertir la impunidad implica también el reconocimiento real de la comisión de las graves violaciones a los derechos humanos, su nombramiento y clasificación adecuada: no lesiones o abuso de autoridad en el caso de tortura, y no privación ilegal de la libertad o personas no localizadas, extraviadas o ausencias voluntarias en el caso de desaparición forzada, por mencionar unos ejemplos.

Una de las principales exigencias desde el CEPAD a lo largo de los últimos años ha sido la implementación y aplicación seria y adecuada de las leyes generales en materia de tortura y desaparición de personas en Jalisco, ambas publicadas en el año 2017, puesto que a la fecha se han presentado múltiples deficiencias en su implementación a nivel local, y ni siquiera estas leyes se han armonizado con los marcos normativos estatales. La implementación correcta de ambas leyes generales requiere recursos económicos, de personal o materiales suficientes destinados a las instituciones encargadas, así como claridad en cuanto a la distribución de funciones y competencias y el establecimiento de adecuados procesos de coordinación interinstitucional y articulación para garantizar la investigación y atención de manera integral. 

Cabe señalar que para los casos de tortura, a la fecha no se ha creado la Fiscalía Especializada para investigar los delitos de tortura, esto a pesar de la obligación de su instalación establecida en la Ley General. Conforme a esta ley, la Fiscalía Especializada debe contar con autonomía económica, orgánica y material; sin embargo, en Jalisco existe solamente una Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura que depende tanto económica como estructuralmente de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la cual responde directamente al Fiscal del Estado de Jalisco, lo que imposibilita garantizar la independencia y ausencia de indebidas influencias para las investigaciones de delitos cometidos por servidores públicos/as.

En cuanto a la investigación de los delitos en materia de desaparición de personas, desde hace tres años, el 31 de agosto de 2017, se creó la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas como resultado de continuos esfuerzos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles. En ese momento su creación constituyó un avance histórico; sin embargo, actualmente, el desempeño de esta Fiscalía representa graves retrocesos y demuestra que no se han logrado erradicar las malas prácticas que obstaculizan el acceso a la verdad y a la justicia. La institución es poco accesible, no hay debida diligencia en las investigaciones, continúan las prácticas de dilación de la búsqueda e investigación, no existe una colaboración adecuada con la Comisión de Búsqueda de Personas o incluso, de nuevo, a tres años de su creación, se niega la expedición de copias de las indagatorias.

Para la investigación de ambas violaciones es indispensable cambiar los modelos de investigación de carácter especializado y se requiere atender el gran desafío de garantizar la capacitación integral, con un enfoque práctico y proceso de seguimiento del personal, al igual que erradicar los vicios institucionales que se han mantenido por años en la Fiscalía. La formación real en derechos humanos, graves violaciones y perspectiva de género es fundamental para todas las autoridades involucradas en la implementación de las leyes generales, sin excepción alguna, incluyendo a representantes del Poder Judicial y el Poder Legislativo ante su gran desconocimiento en materia de tortura y desaparición de personas en Jalisco.  

Por otro lado, para las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos se requiere realizar un análisis multidisciplinario de las causas, estructuras y los factores que propician su comisión, así como los patrones bajo los cuales se realizan. En este sentido, el análisis de contexto constituye una herramienta muy poderosa e indispensable para las investigaciones exhaustivas y podría servir para atacar las estructuras de macrocriminalidad que se han desarrollado en el estado. Asimismo, constituye una importante herramienta para la generación de políticas y programas integrales de prevención del delito.

Finalmente, se necesitan mecanismos transparentes y participativos de rendición de cuentas, a partir de espacios creados para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, como el Consejo Ciudadano en materia desaparición, así como la generación de diagnósticos reales y públicos de las instituciones, y los esquemas de indicadores de desempeño para la evaluación periódica del personal encargado. Además, es importante recordar que las autoridades correspondientes deben garantizar las condiciones adecuadas para el cumplimiento del derechos a la información y participación en el desarrollo de los procesos de investigación y de búsqueda. 

Este espacio de diálogo constituye un paso importante para la construcción de las bases a fin de generar los cambios estructurales y abonar a la no repetición. Sin embargo, consideramos que las acciones concretas que realice el Gobierno del Estado de Jalisco a partir de este Foro y los resultados en cuanto al acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral para miles de  víctimas de violaciones a los derechos humanos en Jalisco, serán las que demuestren si este ha sido un espacio de escucha real que recoja las necesidades y retos del contexto, que se garantice la mencionada “transformación de fondo”, y esto evidenciará si efectivamente este espacio constituye un verdadero y duradero compromiso gubernamental con las personas sobrevivientes, con las víctimas, así como con la sociedad jalisciense en conjunto.