Policía y paz: Propuestas para superar la violencia policiaca
México a lo largo de los últimos años se ha destacado por altos índices de violencia policial y violaciones a los derechos humanos, y en lo particular graves violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de las autoridades policiales de todos los niveles de gobierno, de tal manera que las mismas quedan normalizadas ante la sociedad y naturalizadas por el Estado. Entre ellas podemos destacar detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, o desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, incluyendo las muertes sucedidas bajo custodia policial.
Estos comportamientos se cometen de manera generalizada por parte de policías preventivas, municipales, estatales o ministeriales, y los mismos comúnmente se realizan en contra de los grupos de población más vulnerables e históricamente discriminados. En muchas ocasiones son resultado de infiltración de policías, así como su colusión y complicidad con la delincuencia organizada, lo que convierte a las corporaciones de seguridad pública en las entes que actúan en función del cumplimiento de los objetivos ilícitos de los grupos del crimen organizado.
Las actividades que realizan policías en México se basan en el uso excesivo de la fuerza empleada para ejercer poder, mostrar prepotencia arraigada en la cultura policial por décadas, controlar a la población, intimidar, o como medio de discriminación, incluyendo discriminación racial, siendo lejanas de construir una relación horizontal, basada en confianza y proximidad.
Esta grave crisis de policías queda fomentada por la corrupción e impunidad casi absoluta, que incentivan y abonan al encubrimiento y la comisión de las violaciones a los derechos humanos, lo que se refleja en los altos índices de violencia y emergencia en materia de derechos humanos, así como representa el fracaso de las políticas de seguridad pública, demostrando la incapacidad del Estado de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales.
Este recrudecimiento de violencia policial pudimos observar en los últimos meses en varios estados de México, y en concreto, durante las manifestaciones en el estado de Jalisco, donde se evidenció un marco social y estructural vulnerable que favoreció la comisión de violaciones a los derechos humanos a manos de policías, y hasta la captura del aparato del estado por parte del crimen organizado.
Para hablar de abusos policiacos en Jalisco es importante mencionar un acuerdo del Gobernador del Estado emitido ante el contexto de la pandemia por el COVID 19, mediante el cual se decretó diversas medidas obligatorias para prevenir y contener la transmisión del virus, por ejemplo el uso obligatorio de cubrebocas. En el mismo decreto se establecieron las sanciones a aquellas personas que no cumplan con dichas medidas, donde entre las sanciones previstas fue el arresto hasta 36 horas, y además se designó a policías municipales como responsables de garantizar y verificar el cumplimiento de estas medidas, sin considerar sus antecedentes de abusos y sin prever ningún mecanismo de supervisión en cuanto a su actuación.
Tras la publicación del acuerdo, preocupaba en concreto la sanción del arresto que autorizaba el despliegue de la fuerza pública de las autoridades municipales con el pretexto de la pandemia, la falta de su capacitación y preparación para cumplir con estas tareas, la ausencia de transparencia y rendición de cuentas, situación que podía derivar en la comisión descontrolada, desproporcionada e invisibilizada de abusos policíacos y violaciones graves a los derechos humanos. Además, se presentaba el riesgo de que este acuerdo podría afectar y reprimir principalmente los sectores de población más vulnerables.
Con el paso de tiempo dichas preocupaciones se materializaron, lo que resultó en múltiples detenciones arbitrarias, los actos de discriminación, la criminalización a las personas de escasos recursos, o violación de los derechos a la libertad, integridad personal, libre tránsito, o hasta el derecho a la vida, tal como sucedió con el caso de detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de Giovanni Lopéz, cometido por policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Este grave hecho, y los intentos de encubrirlo por parte de las autoridades estatales, desataron una fuerte indignación y descontento social, lo que generó una serie de protestas sociales.
Fueron tres días de principales manifestaciones (los días 4,5 y 6 de junio de 2020), durante los cuales se empleó el uso excesivo de la fuerza y se cometieron violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de policías estatales y municipales, en muchas ocasiones en contra de las personas que ni siquiera tenían la intención de participar en el acto de manifestación pacífica.
El primer día, 4 de junio, la manifestación se concentró en la parte histórica del centro de Guadalajara, principalmente afuera del palacio de gobierno: hubo varios enfrentamientos y se utilizó por parte de policías municipales y estatales en contra de las personas el gas lacrimógeno, las bombas molotov, los palos y piedras, y en algunas fotos se identificaron las armas de fuego. Ese día se realizaron las detenciones arbitrarias de 28 personas, incluyendo 2 mujeres y 6 personas menores de edad.
El siguiente día, 5 de junio, la manifestación se realizó principalmente en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), en la zona industrial de Guadalajara. Desde antes de que iniciara el acto de protesta, diferentes elementos sobre todo de policía ministerial de la Fiscalía, incluyendo varias personas vestidas de civil, con la infraestructura y capacidad correspondiente al estado, comenzaron a generar acciones de golpear a las personas que se encontraban cerca del lugar de la concentración con palos tipo bats de metal y de madera, y llevarlas a fuerza en las camionetas pick up, así como camionetas de repostería o panadería, sin placas o insignias.
Lo que ocurrió el 5 de junio fue una acción preparada, organizada y fríamente planificada, realizada bajo los órdenes de reprimir y violentar el derecho a la libre protesta social, pero también para generar el miedo e incluso desaparecer a las personas, lo que se reflejó en testimonios sobre amenazas de matar a las personas privadas de la libertad o de entregarlas al crimen organizado. Las personas fueron llevadas a las llamadas jaulas de metal, de las instalaciones de la FEJ, y posteriormente, a las zonas alejadas del centro, peligrosas y de noche, dejándolas completamente incomunicadas, sin dinero y celulares, con una gran exposición de poder convertirse en víctimas de más delitos y violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, el 6 de junio, se realizaron actos de manifestación, sobre todo en el centro histórico de Guadalajara, y la acción de protesta culminó en la detención de 6 personas, la mayoría de ellas sin ninguna relación con las protestas. A estas personas se les violentaron los derechos a la defensa adecuada, debido proceso, derecho a la información, comunicación con sus familiares y representantes legales, y fueron víctimas de tortura, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Es importante resaltar que durante estos tres días se cometieron graves violaciones a los derechos humanos a manos de policías municipales, ministeriales y estatales, mismos que constituyen los actos de tortura y desaparición forzada.
¿Por qué la desaparición forzada? Si bien las personas fueron liberadas y localizadas y su desaparición duró un par de horas, esto no borra el hecho ya cometido ni la desprotección de derechos de las personas desaparecidas, su incomunicación, y el desconocimiento sobre su suerte y paradero en tiempo determinado. Asimismo, conforme a las convenciones internacionales en materia de desaparición forzada, tanto la Interamericana, como la del Sistema de Naciones Unidas, y de acuerdo con la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se cumplieron tres elementos de conducta necesarios para que la desaparición forzada se actualice: 1. La privación de la libertad personal; 2. La participación de agentes estatales en los hechos de manera directa o con su aquiescencia, tolerancia o autorización; 3. La falta de información, ocultamiento sobre el paradero de la víctima o la negativa a reconocer la privación de la libertad. En este sentido, cabe señalar que nunca se realizó registro de detención de las personas privadas de la libertad el 5 de junio, los autores de los hechos nunca se identificaron de manera oficial, no se presentó a las personas ante la autoridad correspondiente de manera inmediata, no se expusieron motivos por los cuales se realizó la detención, y además, sobre los hechos del 5 de junio y las desapariciones y detenciones ocurridas este día, el gobierno del estado nunca ha brindado una información oficial y hubo una clara abstención de proporcionarla o incluso en primeros días, de reconocer lo ocurrido.
¿Y porqué hablamos de tortura? Los sucesos ocurridos particularmente los hechos del 5 y 6 de junio constituyen actos de tortura toda vez que encuadran con la definición de tortura establecida en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, misma que está armonizada con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en donde podemos destacar el cumplimiento de los siguientes elementos que actualizan la comisión de tortura: 1. La comisión de los actos por la o el servidor público (en este caso, a manos de policías ministeriales o municipales); 2. La finalidad del acto que puede tener carácter muy amplio (para el 5 de junio podría señalarse el objetivo de obtener la información, castigar a las personas por atreverse a acudir a manifestarse, castigo indirecto por las agresiones cometidas en contra de los policías en la manifestación del 4 de junio o para evitar que las personas llegaran a la concentración, y en cuanto al día 6 de junio, para incriminar a las personas de delitos que no cometieron); 3. El impacto del acto perpetrado de ocasionar dolor o sufrimiento físico o psicológico en una persona, ya que se generaron diversos daños en la integridad física y emocional de las personas sobrevivientes.
¿Y qué pasó después y porqué las reformas o las declaraciones públicas sobre la transformación de policías no se materializan y no dan resultados sustantivos? En caso de manifestaciones en concreto, el mismo Gobernador de Jalisco y el titular de la FEJ reconocieron que en los hechos del 5 de junio participó el crimen organizado, infiltrado entre policías ministeriales, demostrando el descontrol total sobre el sistema de procuración de justicia. No obstante, nunca se asumió la responsabilidad del Estado en lo sucedido, no se reconoció la comisión de tortura y despariciones forzadas, y tampoco se realizó las investigaciones correspondientes, o ante una situación de tanta gravedad no se reconoció la responsabilidad de personas superiores jerárquicos quienes tenían conocimiento o deberían haber sabido sobre la acción de represión planeada por el personal bajo su mando.
Dicha situación representa el escenario cotidiano de impunidad casi absoluta para las violaciones graves a los derechos humanos y la ausencia de investigaciones serias, exhaustivas e imparciales, sobre todo cuando el autor de los hechos es un/una servidor público, y en este caso policía. Estas deficiencias sistémicas en la procuración y administración de justicia abonan a que los hechos se sigan repitiendo y corrompen aún más las corporaciones policíacas, facilitando el crecimiento de las estructuras y formas de actuación ilícitas.
Ante esta grave crisis de seguridad pública, la corrupción y vínculos de policías y todo el aparato del Estado con grupos criminales, y ante este gran desafío de cómo generar el cambio de actuación y fortalecimiento de policías, el discurso oficial se basa en la narrativa de mejora o hasta éxito en materia de seguridad pública, invisibilizando la verdadera dimensión de violencia y sus impactos, militarizando el país y minimizando la debilidad institucional de corporaciones de seguridad pública.
En este sentido, finalizando, sin reconocimiento de todos los desafíos y fracasos en materia de seguridad pública, y sin asumir la responsabilidad por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos a manos de policías y las omisiones en generar las condiciones adecuadas de proteger la vida e integridad de las personas, no es posible cambiar el paradigma de seguridad y superar la violencia policíaca (respondiendo a la pregunta del panel). Como primer paso, el Estado tiene que reconocer y asumir la responsabilidad, y generar acciones contundentes y coordinadas para desmantelar y erradicar las estructuras de macrocriminalidad, reformar y fortalecer los procesos de procuración de justicia para revertir la impunidad, y reparar de manera integral a las víctimas, generando las medidas de no repetición y prevención (no represión) que pudieran abonar a los cambios estructurales. Ante la complejidad del contexto mexicano, sin avances en materia de justicia, sin verdadera coordinación y sin una política integral en materia de seguridad pública, incluyendo los verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana, no es posible avanzar en crear condiciones para garantizar seguridad pública y crear una policía “pacífica”.