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De San Fernando a La Barca e Iguala


Francisco Macías Medina, integrante del CEPAD AC
16 de octubre de 2014

No se trata de un viaje o de una propuesta de ruta, aunque pudiéramos organizarla de tal manera que nos sirviera de un ejercicio profundo que cuestionara el momento por el que pasamos como país.

Hace apenas un par de semanas, fuimos testigos de como la palabra  “estudiante”  adquiría un significado renovador, de inteligencia y lucha en el caso del Instituto Politécnico Nacional, hasta pudimos soñar por momentos en la construcción de una democracia basada en la discusión pública.

Casi al mismo tiempo en Iguala, se imponía la realidad de un país que se ha negado la posibilidad de verse así mismo, a su nación y a quienes la conforman, con toda su complejidad.

Nos hemos conformado con etiquetarnos y justificarnos hasta el cansancio por esta violencia, nos ha bastado ver números a la baja, pero no dignidades a la alza, nos conformamos con palabrería política que nos lleva a  “movernos” sin saber a dónde. Ahora lo sabemos.

Lo que une a San Fernando, Tamaulipas, a La Barca, Jalisco (ambos con fosas con más de 70 cuerpos) y a Iguala,  es la eliminación brutal e injusta de lo humano y su futuro, la existencia de instituciones que han abandonado definitivamente su función esencial cuyo fin principal era facilitar la libertad indispensable para decidir la vida que se deseaba tener, al ser normalista,  joven, padre de familia, migrante. mujer o desempleado en búsqueda de un mejor futuro.

No hay más tiempo. Es momento de reflejarnos en ellos, alzar la voz, alentar la esperanza y reorganizarnos en un marco de libertad para exigir justicia y consuelo.

Hoy  ¡Todos somos Ayotzinapa!

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Fuerza Única Regional y los derechos humanos

Por Francisco Macías 

La policía es uno de los elementos más que componen el ejercicio de un buen gobierno, ya que de su desempeño dependen factores como el cumplimiento de la ley, así como la protección de personas y bienes preciados. 

Su función tiene directa relación con la democracia: ” Todo órgano de aplicación de la ley debe ser representativo de la comunidad en su conjunto, obedecerla y responder a ella”, “Todos los funcionarios de policía son parte de la comunidad y tienen la obligación de servirla” (Ver Manual OACNUDH). 

Por su parte el Código de Conducta para Funcionarios de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, hace referencia que los elementos deberán respetar y proteger la dignidad humana, además de mantener y defender los derechos humanos de las personas, aspectos que se encuentra reforzado por la Reforma Constitucional en materia de Derechos humanos de 2011, la cual coloca a las corporaciones como garantes de nuestras libertades. 

Propiamente en Jalisco a pesar de que se cuenta con leyes recientes como la del Sistema Estatal de Seguridad y la que regula el trabajo de la Fiscalía General del Estado, con claras definiciones hacia el cumplimiento de su función, se siguen apreciando varios problemas: por ejemplo que en promedio los elementos perciben bajos salarios para el riesgo de su función (nueve mil pesos mensuales), que sólo 11 % de ellos se encuentran debidamente capacitados, que el 61.6 % de la población manifestó confiar poco o nada en los policías, al mismo tiempo de que el 80 % consideró que son corruptos de acuerdo a la encuesta del observatorio  “Jalisco como vamos” y diversas informaciones periodísticas. 

Hay que agregar que mensualmente se reciben más de mil inconformidades en su contra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por actos que van desde la intimidación,  lesiones, allanamientos, amenazas, entre otras. 

En este escenario, es que el Gobierno de Jalisco conformó en días recientes la llamada Fuerza Única que busca instalar un nuevo modelo de policía centralizado en un solo mando estatal con presencia en regiones con 1 500 elementos provenientes de corporaciones municipales, que atenderá la grave debilidad de la inseguridad en diversas zonas de Jalisco. 

Algunas de sus principales debilidades son la carencia de mecanismos de participación ciudadana que permitan evaluar y exigir la rendición de cuentas de su trabajo desde las mismas comunidades a las que responderán, nace con la carencia de un marco legal específico que lo regule, funciona más bien por acuerdo el cual ha sido visto como una imposición e intromisión a la autonomía municipal, ya que serán éstos quienes carezcan de los resultados de una policía que ellos conformaron. 

Existen dudas razonables sobre el nivel que tendrán en cuanto a la garantía y respeto de los derechos humanos, debido principalmente a la reiteración de incidentes, aspecto que puede verse agravado en zonas donde acceder a la justicia es más probletico que en la zona metropolitana de Guadalajara. 

El reto es crear una corporación que responda a las exigencias de la entidad y al respeto a las libertades, pero que sea un ejemplo de lo hasta ahora visto. Caso contrario estaremos ante una pobre versión 2.0 de la policía estatal de antaño
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La historia de unos jóvenes que nos vincula a todos

Mtro. Francisco Macías Medina, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta
9 de julio de 2014

Se trataba de un grupo de amigos como los hay en muchas de nuestras poblaciones. Los unía la amistad, la fiesta, los proyectos en común sembrados desde sus familias, incluso la confianza probablemente no tan consiente de saber que más allá de la puerta de entrada existía una comunidad que los cuidaba. Más todavía, una autoridad que se suponía nos debería de garantizar seguridad y libertad.

Era junio de 2013 cuando Eduardo Isaías Ramírez Hernández (22 años); Ángel de Jesús Rodríguez Hernández (19 años); Daniel Armando Espinoza Hernández (22 años); José Gerardo Aguilar Martínez (18 años); Marco Antonio Ramírez Cárdenas (19 años), Cristian Fabián Ávila Cardona (18 años) y Rodrigo Espinoza Aguayo (38 años), vecinos todos ellos de Lagos de Moreno, Jalisco, desaparecieron inexplicablemente para sus familias, pero explicable de otras maneras a las que preferimos no darles nombre por miedo y que la autoridad prefiere callar por conveniencia o por mantener una relación con lo no dicho.

Las familias iniciaron el peregrinar de peticiones hasta llegar al reclamo ante distintos niveles de autoridades, se manifestaron y su voz movió a una sociedad acostumbrada al silencio que se convirtió en exigente por días.

Los reclamos y el dolor eran imparables, sobre todo cuando se trasciende a la única agenda que en ocasiones importa al poder: la agenda de los medios de comunicación.

Es así que la autoridad investigadora decide reaccionar, insertar un discurso de seguridad que no existe en los hechos, que no es real.

La autoridad municipal se decide por dividir a la sociedad al criminalizar a los jóvenes y vincularlos con eso que no se atreve a reconocer en ellos, al fin y al cabo como sociedad nos movemos entre etiquetas.

Finalmente luego de una investigación sujeta a muchas presiones, anuncia las detenciones de varias personas y la localización de un sitio de inhumanidad, que en automático negó a los familiares de los jóvenes el derecho a reencontrarse, a despedirse, incluso a vivir un duelo, buscar un consuelo. Incluso el Gobierno de Jalisco entregó “restos” de ellos en cajas con su logotipo y pagó una ceremonia religiosa sin su consentimiento.

Hechos similares recientemente han ocurrido con ocho jóvenes en Encarnación de Díaz, que nos hacen pensar que mientras no mostremos nuestra solidaridad y empatía, no nos veamos en los otros y otras, la indignidad prevalecerá.

En Jalisco, se estima que existen más de 2,175 personas desaparecidas de acuerdo al Informe del CEPAD sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2012.

Nos unimos al llamado del grupo Familias Unidas por nuestros desaparecidos en Jalisco quienes señalaron a un año de lo ocurrido: ¡abrazamos a sus familias pidiendo consuelo y justicia para ellas! ¡ni uno más!