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Por una visión de Derechos Humanos en los Medios de Comunicación

Por Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC


Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta


6 de marzo de 2013

Hace algunas semanas circuló por la mayoría de los medios locales la noticia de que una niña de 9 años de edad había dado a luz en el Hospital de Zoquipan, la nota causó revuelo y comentarios de toda índole tanto por parte de los diversos medios de comunicación, articulistas, autoridades, así como de la gente común, que también se dio a la tarea de hacer públicos sus comentarios a través de las redes sociales o en los espacios que los periódicos y la radio abren al público en general.

Fue sorprendente que la mayor parte de los comentarios y análisis se dieran desde una especie de morbo y chismorreo, sin tener el menor cuidado, preocupación e interés por proteger la integridad, intimidad y dignidad de esta niña, que fue sin lugar a dudas víctima de un abuso sexual.

Se discutió por ejemplo, si en realidad la niña tenía 9, 11 ó 13 años de edad, como si eso fuera importante. Llegué a leer que la niña había consentido el abuso, según comentarios del padrastro (quien hoy se sabe que es el papá biológico de la niña, y que ha sido consignado a prisión por el delito de abuso sexual infantil agraviado). Independientemente de si hubo uso de la fuerza o no, cualquier interacción de índole sexual entre un adulto y un niño o niña, es considerado un abuso sexual. El cuerpo de los niños y las niñas, y su intimidad les pertenecen. Y debe haber siempre límites incluso para las muestras de cariño y afecto de las y los familiares. Nadie puede ser culpado por no haber sido lo suficientemente hábil para escapar de una situación de abuso. La víctima nunca tiene la culpa de una agresión sexual. El único culpable es el agresor. Los abusos sexuales pueden ocurrir a cualquier edad.

Cuando se trata de un agresor que es cercano afectivamente a la víctima, y todos sabemos que es muy común que el agresor sea conocido por la víctima, resulta mucho más difícil para ésta denunciarlo o defenderse, ya que los une un lazo afectivo que funciona como chantaje emocional, persuasión o engaño, y que debido a la desinformación, falta de autoestima o miedo al rechazo, es probable que la víctima tenga menos elementos para poner un lato, y prevenir el abuso.

El pésimo manejo que dieron los medios y las autoridades del caso, puso a esta niña en una situación de doble vulnerabilidad: no sólo fue víctima de un abuso sexual, sino que quedó embarazada como resultado de este abuso, poniendo en riesgo su integridad, su salud, su desarrollo y su estabilidad emocional. Las autoridades y los medios hicieron pública su identidad, cometiendo un gravísimo error, al ponerla en riesgo de ser víctima de rechazo social, segregación y estigmatización.

La falta de cuidados parentales, de protección familiar y de una educación sexual integral, entre otras cosas, provocaron que la niña fuera víctima de una agresión sexual con terribles consecuencias para su vida y por supuesto para la del bebé producto de una relación de abuso, agresión, maltrato físico y emocional. Las consecuencias físicas y psicológicas para ambos serán sin duda difíciles de subsanar.
Este caso y su manejo son un claro ejemplo de la falta de sensibilización y educación en Derechos Humanos que tienen tanto los medios de comunicación, como las autoridades y la ciudadanía en general. Es evidente que su difusión se dio sin conocer los derechos fundamentales de la niña, establecidos en la Convención por los Derechos de los Niños, ratificada por México en el año de 1990, la cual hace referencia a derechos tan importantes como el acceso a una vida libre de violencia, a una familia estable que le brinde cuidados y protección, al respeto a su integridad física y emocional, al manejo confidencial de sus datos y su persona ante situaciones como ésta… derechos que fueron vulnerados con el pésimo manejo que se dio a este asunto tan desafortunado.

Veo con preocupación que el estado mexicano no considera estos hechos como parte de su responsabilidad social y jurídica. Existe un enorme número de niñas y adolescentes convertidas en madres de manera prematura que no son sólo responsabilidad de sus familias, sino también del estado y su protección constituye una importante función social del gobierno. Es urgente que se tomen medidas preventivas, que vayan más allá de las leyes y que puedan atenderse desde la cotidianidad: en la escuela, en los centros de salud, en los parques… a través de programas efectivos de educación sexual integral y de involucramiento de los padres de familia en estos procesos.

Se requieren partidas presupuestales más fuertes para que las autoridades intensifiquen los programas de educación integral en sexualidad, para difundir y prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual entre niñas y adolescentes. Las estrategias educativas no han sido suficientes, ya que tan sólo el año pasado se duplicó la cifra de niñas y adolescentes embarazadas en edad escolar.
Es necesario también que los responsables de los medios de comunicación, así como las oficinas de comunicación social del gobierno del estado, se capaciten y sensibilicen desde un enfoque de derechos, uno que les permita cuidar en todo momento la información que difunden, garantizando que al hacerlo respeten la integridad de las personas y sus derechos fundamentales.

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Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2010


Entre defensores y defensoras, personas comprometidas por la justicia, se presentó el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2010 del Cepad.
Se recordaron temas pendientes en el ejercicio de derechos a la no discriminación, libertad de expresión y respeto al ejercicio del periodismo, criminalización de defensores y defensoras, así como la preocupante situación de mercantilización de recursos en el pueblo Wirrárika.
Con este ejercicio se cierra un ciclo de cuatro informes consecutivos que registran y documentan situaciones de preocupación en Jalisco, el cual esperamos sea útil para que personas y organizaciones fortalezcan la defensa de los derechos humanos.
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Repudio de organizaciones a los asesinatos de defensoras

Exigimos justicia y respuestas ante las agresiones y asesinatos a defensoras y defensores de derechos humanos

Las organizaciones firmantes repudiamos enérgicamente el asesinato de la defensora de derechos humanos Susana Chávez, incansable luchadora en contra de los feminicidios en Ciudad Juárez. Esta atrocidad acontece a menos de un mes después del asesinato de la activista Marisela Escobedo -ocurrido mientras exigía justicia por el homicidio de su hija en 2008-, asesinato que también condenamos con la misma indignación.

Los asesinatos de Susana y Marisela, que se dan en un clima de inseguridad y violencia generalizado, se suman a una serie de agresiones, atentados, amenazas y homicidios ocurridos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos registrados en diversas regiones del país. La constante en estos casos ha sido la falta de investigación y la ausencia de medidas preventivas para proteger la seguridad, la integridad y la vida de las y los defensores.

En este contexto, un grupo amplio de organizaciones de derechos humanos exigimos al Gobierno mexicano la implementación del Mecanismo de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, en cumplimiento con diversas recomendaciones de organismos internacionales.

En ese sentido, hemos presentado al Gobierno una propuesta de implementación para proteger a defensores y defensoras, para que existan formas de acción inmediata ante agresiones a los activistas y para que se investiguen los hechos y las violaciones no queden en la impunidad.

Esta necesidad de instrumentación por parte del Estado, también se evidenció en octubre pasado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde las organizaciones planteamos la urgencia de poner en marcha esta propuesta de Mecanismo.

Esta exigencia que se ha hecho desde hace más de un año ha venido siendo retrasada por el Estado. Urge que se haga realidad.

Ante estos nuevos hechos y ante la falta de respuesta del Estado mexicano para proteger y garantizar la seguridad, la integridad y la vida de las defensoras y defensores de derechos humanos demandamos una respuesta contundente y expedita.

No más sangre. No más muertes. No más impunidad.

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, Protection Desk México; Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México); Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”; Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 70 organizaciones en 23 estados).

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La nueva “seguridad ciudadana” practicada desde el Ayuntamiento de Guadalajara: selectividad, limpieza y violencia en contra de las mujeres.

cepad@cepad.org.mx

El 21 de agosto el Ayuntamiento de Guadalajara y varias de sus dependencias (Seguridad Ciudadana, Instituto Municipal de las Mujeres, DIF, Reglamentos) realizaron el Operativo Rescate, cuya intención era intervenir en zonas en donde existe trabajo de sexoservicio para recuperar a posibles víctimas de explotación sexual (La Jornada Jalisco); sin embargo los efectos fueron: tratos denigrantes y ofensivos hacia las trabajadoras sexuales, utilización de sus imágenes por la prensa con la autorización de los responsables del operativo, criminalización de su trabajo, desconocimiento y denostación al trabajo de defensoras de los derechos sexuales en esa zona, nula protección ante la posibilidad de encontrarse en una situación de explotación, carencia de medidas de protección para las niñas o adolescentes y un fin eminentemente recaudatorio de la medida, ya que por conceptos de multas ingresaron a los fondos del gobierno municipal alrededor de $ 243 000 pesos de acuerdo a los datos proporcionados por la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez, AC.

Otros saldo secundario pero no menos importante fue la negligente intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien a través de uno de sus visitadores, solicitaba a las trabajadoras sexuales que “mejor se dedicaran a otra cosa”, al mismo tiempo que las desanimaba para presentar su inconformidad, luego corrigió y dictó medidas cautelares que son inútiles por no reparar los efectos de las evidentes violaciones a los derechos humanos.

En esto último precisamente es donde queremos colocar el acento, porque los debates contienen un alto grado de esterilidad no por los espacios donde se están dando ó por las razones surgidas de los credos individuales, sino porque uno de sus componentes es la ausencia de voluntad de un gobierno para ser evaluado por la ciudadanía en esta y otras actuaciones, además de preferir sostenerse en una defensa de la infancia que en la práctica es muy limitada e incompleta. Para ello, basta recordar como ese mismo nivel de gobierno permitió bajo un silencio de todos los partidos políticos que un funcionario de segundo nivel del área de Alumbrado Público organizara fiestas en las que se propiciaba la corrupción de la infancia involucrándolas en dinámicas ajenas a su desarrollo, de acuerdo al caso documentado por el Cepad.

Es importante recordar que los derechos humanos exigen una protección sin distingos por parte de la autoridad y todos aquellos que intervienen por anuencia de esta, como fue el caso de los reporteros gráficos.

Ambos tienen deberes hacia la situación de violencia en contra de la mujer que expresamente prohíbe “cualquier distinción, exclusión o restricción, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer”, por lo que deben de abstenerse de incurrir en todo acto de discriminación y velar para que así se actúe (Art. 1 y 2 inciso d) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer).

Violentar a la mujer, significa realizar cualquier acción o conducta, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer “tanto en el ámbito público como en el privado”.

Las dinámica de trata de personas con fines de explotación sexual, es un tipo de violencia de la comunidad que tiene que ser combatida enérgicamente, pero bajo un sentido de protección, con perspectiva de género y de infancia, lo que implica tomar en cuenta las necesidades de ese grupo en situación de vulnerabilidad; no bajo cualquier costo, sino con medidas que garanticen la protección, la reparación del daño, la rehabilitación y capacitación, así como el acceso a mejores condiciones de desarrollo y de justicia.(Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer)

La intervención que realizó la autoridad tendrá que ser emplazada para que verdaderamente expliquen los fundamentos del operativo, que hasta ahora lo único que “rescató” es el incremento y la perpetuación de la violencia para las más vulnerables.

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Mirada perdida de una norma destinada a mujeres

cepad@cepad.org.mx

Foto: www.elmundo.es

El pasado 17 de mayo, se inició en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la discusión al proyecto presentado por el Ministro José Ramón Cossío en respuesta a la demanda de controversia constitucional presentada por el Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez impugnando la aplicación de la NOM 046, la cual obliga a la totalidad de instituciones médicas a ofrecer de inmediato la píldora de anticoncepción de emergencia a las víctimas de violación sexual, previa información y anuencia por parte de la víctima .

El ministro concluyó que los argumentos presentados por el Gobernador del Estado son infundados y la aplicabilidad de la norma debía prevalecer en los Estados. Justo al momento de la votación, con siete votos a favor y cuatro en contra el Ministro Salvador Aguirre Anguiano intervino para presentar argumentos ajenos a los presentados en la demanda de Jalisco, provocando una nueva discusión que daría un giro argumentativo distinto al presentado inicialmente, al grado de aplazar la discusión y votación definitiva que preveía se avalara la constitucionalidad de la norma.

El giro imprevisto de la discusión iniciada el 17 de mayo, ha provocado que el pleno, hasta el día de hoy, acumule seis sesiones discutiendo nuevos argumentos presentados por Aguirre Anguiano en su intento de revocar la casi inevitable validación de la norma. La audacia del Ministro le ha permitido sembrar dudas y verter la lógica y fondo de la discusión en temas que se alejan cada vez más de la naturaleza y la materia de la norma, la garantía del derecho de las mujeres al más alto nivel posible de salud física y mental, con especial atención en los casos donde ha sido plenamente violentada su integridad , como lo es en los casos de violación sexual.

La discusión se ha centrado en Norma vs Constitución Estatal, píldora de anticoncepción de emergencia vs aborto químico, Ministerio Público vs competencia del sector salud en atención a víctimas del delito. Sin embargo, no se ha contemplado la generalidad del acto en el conjunto de acciones tanto del aplazamiento provocado por el Ministro Aguirre Anguiano como por la impugnación estatal a la norma 046.

Las acciones e intentos interpuestos en la discusión por ambos funcionarios, aparte del ámbito argumentativo y procesal, encajan en lo que para la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, vigente desde junio de 2008, es considerado violencia institucional concebida cuando uno o varios servidores públicos, del nivel que sea, realicen actos u omisiones mediante los cuales discriminen o tengan como fin o resultado, dilatar, obstaculizar, impedir el goce o ejercicio de los derechos de las mujeres, o negarles las acciones destinadas a prevenir, atender, investigar y sancionar los diferentes tipos de violencia.

La violencia institucional se ve claramente manifestada desde el inicio de sus acciones al intentar, por medio de sus facultades, impedir el ejercicio y goce del derecho de la mujer a recurrir y servirse de medios que garanticen su salud mental, física, emocional y moral, que además corresponde al Estado garantizarlo. Las consecuencias que un acto de violación sexual implica para las mujeres, incluso con la simple amenaza de sufrirlo, son inmesurables e irreversibles. Su capacidad de autorealización y desarrollo de la personalidad se ve inhibida por completo, su dignidad e integridad humana es anulada de manera absoluta limitando así sus posibilidades futuras de goce y ejercicio de otros derechos inalienables y exclusivos de las mujeres.

Asimismo, aplicando la palabra utilizada por el ministro Aguirre Anguiano, es incongruente que tanto el gobernador como él mismo se encuentren inmersos en el intento por invalidar la norma que tiene como destinatarias a un grupo vulnerado en el Estado. De acuerdo a información periodística del año pasado, se registraron en promedio 34 violaciones sexuales a mujeres por mes y más de 400 al año. De acuerdo a información de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la primera quincena de abril de este año hubo 1.5 violaciones al día, sin tomar en cuenta que la cifra negra del delito es del 90% y las 21 violaciones registradas en el lapso en mención podrían incluso en cifras reales triplicarse.

El día de ayer le fue negado al ministro pseudo promovente y conocido ex militante panista la realización de un peritaje médico para determinar si la píldora de anticoncepción de emergencia es abortiva o no, al considerarlo innecesario, la corte procederá el día de hoy a la votación definitiva sobre la validación de la norma. La cual se espera sea en el mismo sentido con el que inició todo el debate, la constitucionalidad de la norma y su obligatoria aplicación en el estado de Jalisco.

Garantizar el acceso de las mujeres víctimas de violación a la píldora de anticoncepción de emergencia puede prevenir un daño irreparable en su integridad y en su entorno. Sin embargo, la falta de laicidad en el estado de Jalisco y sus adeptos en la Corte les impide contemplar al alcance que tiene la mujer como sujeto de derechos y de obligatoria protección por parte del Estado.

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Réplica del Cepad en el Semanario

cepad@cepad.org.mx

El 14 de marzo pasado se publicó en el Semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara, el artículo ” Una visión familiar contra los ataques de género”, en el que se menciona al Cepad sin conocer su trabajo de defensa de los derechos humanos, pero sin otorgarnos voz para cuestionar los fundamentos de la nota.
En el texto se confunde la perspectiva de género con lo que llaman “perspectiva de familia”.

Les compartimos el enlace del Semanario para que consulten en la página 34, nuestro derecho de réplica.
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Derechos de las mujeres:¿Exclusividad en los camiones?

cepad@cepad.org.mx

Foto: Periódico Correo-Guanajuato
Una encuesta realizada a 4 mil mujeres usuarias del sistema de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara, a cargo del Instituto Jalisciense de Mujeres y el Sistema de Trasporte Eléctrico Urbano, arrojó resultados que confirman de manera fehaciente el permanente hostigamiento al que las mujeres se enfrentan a diario. Siete de cada diez usuarias han sido víctimas de uno o más tipos de violencia con intención sexual por su calidad de mujer, tales como la el abuso, el acoso, los roces corporales, las miradas morbosas, los comentarios obscenos o despectivos e incluso la toma de fotografías a su cuerpo.
Las autoridades en su intención de atender a la situación de riesgo en que se encuentran las mujeres en los espacios públicos, ha ejecutado pilotajes en camiones como el de la ruta 380 con espacios exclusivos para mujeres y busca establecer una norma que formalice la asignación del 30% de los espacios en el Tren Ligero y el Macrobús para las usuarias. Medidas que de acuerdo a la encuesta publicada por el Informador, el 95% de las mujeres aprueba.
Sin embargo, a pesar de que las mujeres perciben mayor seguridad al mantenerse aisladas de la presencia masculina y de que son medidas efectivas para la contención del fenómeno, los mecanismos empleados asisten a la inmediatez de un problema recrudecido con el tiempo y ante el cual se requiere de disposiciones públicas integrales que garanticen la protección y seguridad de este grupo vulnerable que aumenta día con día y carece de seguridad ciudadana efectiva. Para esto, es necesario abarcar en las políticas públicas una perspectiva de género que cubra los ámbitos de prevención, atención, sanción e investigación que lleven a la erradicación de la violencia contra la mujer originada por la inequidad de género y la objetivización sexual de su persona.
La violencia que expresan las mujeres en sus respuestas, menoscaba su dignidad e integridad como persona puesto que además de sufrir los hostigamientos directos por acoso e intimidación, la violencia no se limitan al espacio brindado por el transporte público, sino que se replica en los espacios públicos en general trasgrediendo su libertad e intimidad por las consecuencias psicológicas, emocionales y físicas que restringen el desarrollo de sus capacidades. Tal como se da vista en el informe del Cepad 2007-2008, la discriminación por cuestiones de género, propicia la exclusión en de las mujeres en ámbitos sociales(Ramos:2008 Informe Cepad) y es entonces, cuando sus posibilidades de desarrollo se ven limitadas por una violencia estructural que les niega el bienestar y el disfrute potencial de sus habilidades.
Ante la situación de los derechos de la mujer en Jalisco y el deber de las autoridades de garantizar la protección y seguridad de las mujeres, necesitan existir mecanismos colectivos de protección y del fortalecimiento de capacidades para activarlos; así como medidas que empoderen a las mujeres para utilizarlos. Es deber de toda la sociedad combatir la discriminación perpetrada contra las mujeres pero si los responsables de regular la convivencia social no incluyen los mecanismos que permitan reconocer y visualizar la gravedad del fenómeno, será cada vez más prolongada la canalización al bienestar colectivo y a la democratización del espacio público.