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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Discriminación Gerardo Moya Sin categoría

Otro delito más en Jalisco. La discriminación.

Mtro. Gerardo Moya García, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta
28 de mayo de 2014

Si bien aún no se promulga por el Ejecutivo del estado, el pasado 27 de marzo del 2014, se aprobó en el Congreso, el decreto que adiciona al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, el artículo 102 BIS que tipifica la “discriminación” como delito.

¡Qué buena noticia! Dirán algunos… ¡No está de más! Dirán otros… Para quien esto escribe es más bien un retroceso para el tratamiento integral del flagelo de la discriminación en nuestro estado, dada la situación actual en la que se encuentra el sistema de justicia en México. Me explico:

Recientemente, el INEGI hizo públicos los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2013). Según la encuesta, durante 2012, se generaron casi 28 millones de delitos en México, 49,083 de ellos en Jalisco.

El nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa en el país durante el 2012 fue de 92.1% (cifra negra); es decir, de cada 100 delitos cometidos, se abrió averiguación previa en el Ministerio Público en 8 casos. De esos 8 casos, las víctimas refieren que no pasó nada o no se resolvió en 4 de ellos. De los 4 casos que quedan, ya se podrán ustedes imaginar, cuántos decide el agente del Ministerio Público turnar a los Juzgados; y cuántos de los que pasan a Juzgados reciben a la postre una sentencia condenatoria por parte de un Juez. En pocas palabras, de cada 100 delitos cometidos en México probablemente se sancione penalmente uno.

La ENVIPE 2013 permite conocer que entre los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar, están circunstancias tales como considerar la denuncia una “pérdida de tiempo”, o la “desconfianza en la autoridad”, con 61.9%.

Entonces, con estas cifras, me parece que ir a denunciar un acto discriminatorio ante el agente de ministerio público en Jalisco, es casi doble victimizar al agraviado. ¿En dónde está la justicia pronta y expedita?, más aún, ¿Se puede llamar a esto “justicia”?

Querer resolver la problemática de discriminación que tenemos en Jalisco, adicionando un artículo al Código Penal, es como querer tapar el sol con un dedo. Mejor aportarle a una Ley integral para el Estado en materia de prevención y combate a la discriminación que entre otras cosas:

  • Defina qué es la discriminación e igualdad, y describa aquellas conductas que serán consideradas discriminatorias.
  • Determine que la Ley aplicará tanto a instituciones públicas y privadas, como a personas físicas y servidores públicos.
  • Especifique la obligación de implementar políticas públicas, así como de medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades de grupos específicos.
  • Genere un órgano regulador especializado, autónomo, con patrimonio propio y de participación ciudadana, que permita, a través de diversas atribuciones contempladas en la Ley, la implementación de la misma.
  • Haga alusión al tipo de procedimiento administrativo local que se llevará a cabo para investigar y sancionar los actos discriminatorios cometidos tanto por instituciones públicas y privadas, como por personas físicas y servidores públicos, y finalmente
  • Defina tanto las sanciones que deberán aplicarse por la comisión de actos discriminatorios, como la reparación del daño.

Sólo creando una ley de esta naturaleza y aplicándola responsablemente, es que iniciaremos la larga tarea de reconocernos y tratarnos como una sola raza: la humana.

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Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Gerardo Moya Sin categoría

Los que vengan de Michoacán, “Revísenlos”.

Mtro. Gerardo Moya, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 29 de enero de 2014

Se escuchó recientemente en diversos medios de comunicación, la “estrategia” del Gobierno del Estado de Jalisco, de “blindar” la frontera con nuestra vecina entidad federativa de Michoacán, para “evitar que se pasen los delincuentes”.

Francamente, cuando la escuché, se dibujó en mi cara una leve sonrisa burlona; no sé si por la ingenuidad de las autoridades Jaliscienses de creer que con dicha acción pueden “detenerlos”, o por la ingenuidad de pensar que los ciudadanos nos vamos a creer que la estrategia funcionaría. Como un desliz, pasaron por mi mente las imágenes de diversos puestos estratégicos, en los que servidores públicos jaliscienses, tanto estatales como municipales, se encontraban apostados revisando a cuanto Michoacano quería pasar a Jalisco, como si en Jalisco fuéramos los puritanos vecinos del Norte, no queriendo dejar pasar a los “mojados mexicanos”.

Pues bien, las autoridades jaliscienses, ya sea estatales o municipales que lo hicieren, no sólo estarían cometiendo el delito de abuso de autoridad de acuerdo con nuestro Código Penal; sino que estarían violentando la Norma Constitucional Federal, aquella de que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Además, revisarlos por el mero hecho de ser “Michoacanos” es precisamente lo que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, define como “discriminación”; es decir, “restringir” basándose en su “origen”, el ejercicio de su derecho al libre tránsito y a la no molestia de su persona. En otro sentido, se trata de “estigmatizarlos”; ponerle la etiqueta a alguien precisamente por “ser de Michoacán”. Estarían cometiendo entonces un acto discriminatorio, ese que prohíbe también el artículo 1 de Nuestra Constitución Política Federal y el 4to de nuestra Constitución Local de Jalisco.

¡Pero qué creen!, que NO existe procedimiento administrativo que permita a la postre sancionar a servidores públicos estatales y municipales de Jalisco que cometan “actos discriminatorios”. ¿Por qué?, porque no existe aún en Jalisco, una Ley Estatal en materia de Discriminación, y porque la Ley Federal sólo puede abrir procedimientos en contra de servidores públicos Federales.

Aquí es en donde al Poder Legislativo local le toca cumplir con su función, y crear una ley para Jalisco que elimine este vacío. Valga decir que el Colectivo “Jalisco Incluyente” integrado por diversas organizaciones tanto civiles como públicas, ha impulsado desde 2002, una iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Jalisco, pero a lo largo de cuatro Legislaturas su propuesta ha tenido que esperar, debido a que siempre hay un tema “más importante” que legislar. Veamos si ésta Legislatura, con todo y sus escándalos puede hacer la excepción.

Entonces, señores de las grandes ideas de revisar personas en la frontera con Michoacán, antes de violar la ley, mejor cumplirla primero en casa, tanto ciudadanos como autoridades, ya que los “delincuentes” también los tenemos en casa y muchos de ellos coludidos, protegidos, entrelazados con nuestros servidores públicos de todos los niveles. La frase bíblica lo describe mejor: “no mires la paja en el ojo ajeno”.

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Nos reprobaron en el Examen Periódico Universal

Mtro. Gerardo Moya García, integrante del CEPAD AC


Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 31 de octubre de 2013.
El pasado 23 de octubre del 2013, México fue objeto de su segundo “Examen Periódico Universal” (EPU) en materia de derechos humanos, por parte de los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hace cuatro años, y como resultado de la primera evaluación, México recibió 91 recomendaciones de las cuales aceptó 83. 
Uno pudiera pensar que si otros Estados en el planeta le “jalan a uno las orejas” frente a la Comunidad Internacional, y le dicen de 91 maneras distintas que se están violando los derechos humanos en su país y que la situación es grave, entonces corregiría el camino; si no por consciencia de la dignidad intrínseca del ser humano, al menos por la “vergüenza” de ser exhibidos ante el mundo en dichos menesteres. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta lógica. El 23 de octubre pasado no sólo no disminuyeron el número de recomendaciones en relación a hace cuatro años, sino que aumentaron a 180, muchas de ellas reiteradas al ver que continuamos con las mismas prácticas violatorias a los derechos de las personas, tales como mantener la “figura del arraigo”, esa que le permite al ministerio público privarte de tu libertad hasta por 80 días, mientras investiga si eres presunto culpable o inocente.
Otras de las recomendaciones reiteradas por varios países, se refieren a combatir la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, la pobreza y los ataques a defensores y periodistas.
Si bien es cierto que en el 2011, se reformó la Constitución Política Federal y se avanzó en la garantía de los derechos; se aprobó la Ley General de Víctimas, y se realizaron mejoras en la protección de los inmigrantes, con mecanismos como la Ley de Refugio de 2010 y la Ley de Migración de 2011, lo que vemos en la calle, es la ausencia de la aplicación de la ley por parte de las autoridades de todos los niveles y la falta de cumplimiento por parte de los ciudadanos. Cabe aquí el dicho de que “la ley no está tan mal, el problema es que no se cumple”. 
Como muestra un botón: Durante el periodo de análisis de este examen, México ha sido sancionado en cinco ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), y el Estado no ha dado cabal cumplimiento a las sentencias emitidas por dicho organismo internacional. ¿No es esto impunidad?
Justo para este examen, un informe preparado por 33 organizaciones de la sociedad civil mexicana, refiere que durante el período a examinarse, “Se han implementado políticas de seguridad basadas en la militarización de los espacios públicos […] las cifras de la emergencia humanitaria que se ha vivido en los últimos años en México, rondan entre las 60 mil a las casi 100 mil personas asesinadas, así como 25 mil personas desaparecidas, cientos de miles de personas desplazadas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos perseguidas y asesinadas”.
Según las entrevistas realizadas a los funcionarios asistentes a la sesión del examen realizado en Ginebra, más de 80 países, de los 194 miembros de la ONU, le hicieron observaciones a México en una sesión que duró tres horas y media. 
Las cifras y la cruda realidad están aquí; frente a nuestros ojos; nos la gritan tanto los países que tenemos a un lado, como los países lejanos. Con los resultados de este examen no podemos decir entonces que no sabemos lo que pasa. Nos necesitamos los unos a los otros para cambiar esto, en nuestras acciones, en el día a día; ahí es en donde el valor de la dignidad humana tiene su examen periódico para todas y todos nosotros.