Categoría: Gobierno y DH

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Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Francisco Macías Gobierno y DH Sin categoría

De San Fernando a La Barca e Iguala


Francisco Macías Medina, integrante del CEPAD AC
16 de octubre de 2014

No se trata de un viaje o de una propuesta de ruta, aunque pudiéramos organizarla de tal manera que nos sirviera de un ejercicio profundo que cuestionara el momento por el que pasamos como país.

Hace apenas un par de semanas, fuimos testigos de como la palabra  “estudiante”  adquiría un significado renovador, de inteligencia y lucha en el caso del Instituto Politécnico Nacional, hasta pudimos soñar por momentos en la construcción de una democracia basada en la discusión pública.

Casi al mismo tiempo en Iguala, se imponía la realidad de un país que se ha negado la posibilidad de verse así mismo, a su nación y a quienes la conforman, con toda su complejidad.

Nos hemos conformado con etiquetarnos y justificarnos hasta el cansancio por esta violencia, nos ha bastado ver números a la baja, pero no dignidades a la alza, nos conformamos con palabrería política que nos lleva a  “movernos” sin saber a dónde. Ahora lo sabemos.

Lo que une a San Fernando, Tamaulipas, a La Barca, Jalisco (ambos con fosas con más de 70 cuerpos) y a Iguala,  es la eliminación brutal e injusta de lo humano y su futuro, la existencia de instituciones que han abandonado definitivamente su función esencial cuyo fin principal era facilitar la libertad indispensable para decidir la vida que se deseaba tener, al ser normalista,  joven, padre de familia, migrante. mujer o desempleado en búsqueda de un mejor futuro.

No hay más tiempo. Es momento de reflejarnos en ellos, alzar la voz, alentar la esperanza y reorganizarnos en un marco de libertad para exigir justicia y consuelo.

Hoy  ¡Todos somos Ayotzinapa!

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Carlos Peralta Gobierno y DH Sin categoría

Iniciamos el 2013 y nos encontramos con intenciones de retroceso en materia de derechos humanos

Por Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta
9 de enero del 2013

El pasado 2 de enero, cuando el año apenas estaba arrancando, el Diputado Francisco Arroyo, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la presente Legislatura del Congreso de la Unión, puso a consideración ante los diputados una iniciativa con proyecto de decreto para que se vuelva a reformar el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, que apenas fue modificado en junio del 2011.
Los que nos dedicamos de una u otra manera a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país, consideramos que la pasada reforma constitucional, misma que redimensiona los derechos humanos, ha sido una de las reformas más importantes en la historia de nuestro país, porque se define la primacía de los derechos humanos y a la vez porque se incorpora de manera positiva el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Es decir, se clarifica la vinculación entre el sistema internacional y el sistema interno para la protección de derechos, interacción que esta ya establecida claramente en varios países.
Todo avance en materia de derechos humanos es relevante, pero la reforma nos marca una norma de acción que puede re definir el rumbo del país. Tengamos presente que tan solo durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, en relación a la estrategia de combate al crimen organizado, imperó la impunidad y se violó el derecho a la seguridad. Fueron asesinadas aproximadamente 60,000 y existen miles de personas desaparecidas. Además de que el uso de la tortura y malos tratos, así como detenciones arbitrarias ha sido de uso rutinario por parte de de las fuerzas de seguridad, según han denunciado diversas agrupaciones entre ellas Amnistía Internacional. Además de todo esto las cárceles están sobre pobladas y no existen mecanismos adecuado para la readaptación social.
Con la reforma perecía que los diputados asumían una nueva y relevante visión, que se transmitiría a todos los funcionarios públicos y a todos los mexicanos, con la fuerza normativa de la Constitución, impulsando así el respeto y la realización de los derechos en el ámbito interno, con perspectiva internacional. La fundamentación filosófica y axiológica, sustento de los derechos humanos haría más confiable nuestro Estado de derecho.

Era de esperarse entonces que a partir de la reforma, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieran que, de forma gradual, adaptar sus criterios para la promoción y protección eficaz de los derechos humanos. De entrada, acorde al Artículo 1: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En este sentido el poder judicial está obligado a analizar y juzgar todos los casos que se le presenten a la luz del amplio conjunto de normas en materia de derechos humanos, específicamente en sus juicios deben favorecer en todo tiempo la protección de las personas, es decir, basarse en el principio Pro Persona, que es un principio fundamental a nivel internacional.

A diferentes abogados les he escuchado decir, y también lo menciona el diputado Arroyo, que la reforma Constitucional pone a México a la vanguardia y en sintonía con los sistemas jurídicos más avanzados a nivel mundial en la protección de los derechos humanos. Esta sintonía facilita que se pueda reflexionar y ampliar nuestro sistema jurídico a partir de debates y tratados internacionales que hoy se registran mundialmente.

No obstante todo lo positivo de la reforma el Diputado Francisco Arroyo, sugiere que el proceso de implementación para una reforma de esta envergadura es sumamente difícil. Su trascendencia dificulta la implementación efectiva. Así entonces, en lugar de sugerir e impulsar cambios o la reformulación de los sistemas para hacer viable y posible la implementación de los derechos, el diputado sugiere volver a cambiar la Constitución. Es decir, propone que la Constitución debe adaptarse a los sistemas actuales porque es difícil cambiarlos.

El diputado alude que la implementación de la reforma ha encontrado dificultades por una contradicción entre el primer y el segundo párrafo del Artículo 1 constitucional, y los legisladores deben modificar la reforma para facilitar el trabajo del juez constitucional, que goza de la facultad de interpretar la norma suprema.

En concreto menciona que según el párrafo primero del Artículo 1, los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales no podrán suspenderse ni ser restringidos “…salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece”. Lo cual pudiera llegar a ser contradictorio.

Por otra parte, el párrafo segundo recoge la figura de “interpretación conforme y principio pro persona”, es decir, se trata de realizar una interpretación a la luz de todas las normas en materia de derechos humanos firmadas por México en el ámbito internacional, en la que el derecho humano debe garantizarse para privilegiar la protección de la persona. Sin embargo, alude que este precepto, no se puede aplicar con facilidad en México en la medida que “deja a un lado la interpretación integral de realidades y principios previstos para sociedades concretas en las que se interpreta el derecho, así como las necesidades de regulación de cada Estado”. Podemos interpretar que en la perspectiva o experiencia de este diputado, este principio pro persona es difícil de aplicar en México por el tipo concreto de sociedad en la cual vivimos, por lo tanto es más fácil para el volver a cambiar la constitución.

Es cierto que la realidad social es complicada, y no se diga en lo relativo a la vigencia de derechos vinculados a la acción de la procuración y administración de justicia. Mucho se ha mencionado sobre el arraigo como un esquema que viola derechos a la justicia. Debemos también tener presente que en todas las encuestas nacionales realizadas en torno a la seguridad pública, la cifra negra de delitos no denunciados es cercana al 80% y mucho tiene que ver con la falta de confianza hacia la acción policial, lo cual se refleja también en que el porcentaje de delitos que quedan impunes es cercano al 97%. No en balde una de las reformas más importantes a los sistemas de procuración y administración de justicia es la introducción de los llamados juicios orales, que pretenden hacer más ágil y eficaz todo el proceso. Así entonces, coincidimos en que la realidad social y de los sistemas es no es adecuada, pero es posible cambiarse, pero para ello tenemos que fijarnos metas altas y trabajar en función de ellas. Desde mi perspectiva la reforma constitucional y el principio pro persona marcan una serie de normas que ayudan a dirigir el rumbo de los cambios. Tener normas de altura nos obligan a ser mejores y más eficientes. Bajar el nivel de exigencia en la norma nos lleva a realizar modificaciones menores, que a la larga no cambian el origen de los problemas.

Opino que nuestro país se merece tener una Constitución que no escatime en lo relativo a la defensa y promoción de los derechos humanos de sus habitantes.

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El derecho a la verdad y a la memoria.

foto: tripadvisor.com.mx

El trajín de cada día conforman una serie de sucesos, que encadenados entre sí nos hacen movernos en una contradicción a la que tenemos que acostumbrarnos: por un lado la velocidad de la información nos impide analizar con detenimiento para tomar nuestras propias determinaciones, eso nos deja a la deriva en muchas de las ocasiones.
Por el otro, hoy más que nunca en la historia de la humanidad, habíamos contado con tanta memoria presente, al grado de que en un futuro nos costará trabajo observar el pasado, por ejemplo en las redes sociales.
Por eso es importante observar las actuales movilizaciones, por ejemplo del # Yo soy 132, ya que sus posicionamientos logran colocarse en ambos campos. En el actual, al demandar la democratización y apertura de los medios de comunicación, para al mismo tiempo incorporar agendas de exigencia permanente de justicia, como es el caso de los pobladores de San Salvador Atenco.
Ese constante ir y venir, para traer consigo personajes históricos, frases, luchas, agendas, para en términos informáticos “actualizarlos”, es lo que permite reconstruirnos como sociedad.
No es posible hablar hoy de las graves deficiencias en una elección, sin pensar en la construcción de los cimientos de una institución imparcial como el IFE, que pareciera hoy ceder ante la hegemonía del poder.
Tampoco podemos interpretar una transición a la democracia en Jalisco y de reconfiguración de la sociedad civil organizada, sin recordar las explosiones del 22 de abril, ahora tan dejadas de lado por los actores políticos pero no por las víctimas.
Otro ejemplo son los sucesos del 28 de mayo ocurridos en Guadalajara y el de San Salvador Atenco, que prueban la existencia de gobiernos autoritarios llevados al extremo de la tortura y la represión de movimientos sociales.
El primer principio contenido en el Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, refiere en cuanto al derecho a la verdad, que cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos, así como sus circunstancias y motivos. Su ejercicio pleno y efectivo es esencial “para evitar que en el futuro se repitan tales actos”.
Este tiene relación con el derecho a la información como la herramienta que permite su cumplimiento, la cual debe ser íntegra, completa y pública; por ejemplo en el caso de la desaparición de una persona, a conocer con certeza su destino. (caso García Franco CIDH)
También se relaciona con la obligación del Estado de investigar los hechos violatorios de los derechos humanos, garantizándose así una libertad colectiva que permite no solo conocer nuestro pasado como una forma de reparación, sino para evitar en lo futuro posibles violaciones. (Caso Romero, CIDH)
En nuestro país, nos resignamos y exigimos “dar vuelta a la página” cada vez que nos confrontamos como sociedad en aquello que debemos resolver, con ello aceptados ser una sociedad predestinada a la impunidad.
Existen otras posibilidades, la de exigir información que nos permita como sociedad, discutir, disentir, clarificar, demandar justicia y reconstruir lo que somos para tener un mejor futuro.
Los movimientos nos lo dicen, sumémos nuestra voz en todos aquellos aspectos que hacen falta, desde elecciones hasta cuentas públicas, desde el número de víctimas de la violencia hasta feminicidios, lo necesitamos.
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Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Gobierno y DH Monitoreo Institucional Sin categoría

Una nueva ley ¿nueva esperanza?.

En pleno proceso electoral y con notas de prensa más bien discretas, se promulgó por parte del Gobierno Federal la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Federalización de Delitos cometidos contra Periodistas.(ver micrositio)
Se trata de un instrumento que llega de manera tardía, luego de más de 565 agresiones en contra de periodistas del 2009 al 2011, 13 de los cuales se llevaron a cabo en Jalisco.
De todos los ataques,  27 cegaron injustamente la vida de comunicadores, como fue el caso del periodista José Emilio Galindo de Radio Universidad de Guadalajara, crimen que hasta la fecha permanece en la impunidad.
Aunque el Presidente de la República en su discurso afirmó que tanto defensores como periodistas no están solos y que no se puede permitir su silenciamiento o pasividad por las amenazas a que se encuentran sujetos, la realidad que permea en las diversas localidades del país nos dicen lo contrario.
Basta con revisar lo sucedido el sábado pasado durante la marcha llamada de la “macromentada” en contra de Emilio González Márquez, cuando un sujeto ligado con lazos de parentesco con un aspirante al gobierno de Jalisco, con el más alto grado de intolerancia agrede a una persona de la tercera edad que manifestaba sus ideas a través de una sencilla pero denunciante cartulina. Al realizar su trabajo el reportero gráfico José María Martínez del diario Milenio, fue agredido físicamente ante la mirada de policías municipales que sólo actuaron hasta que existió la petición de los restantes colegas del periodista. Es así que Jalisco coloca en este nuevo panorama su primer caso que deberá ser investigado por la endeble Fiscalía especializada en Delitos contra Periodistas de la PGR.
El hecho pudiera pasar por un simple incidente, pero han sido reiterados los ataques a periodistas: se encuentran pendientes en esa procuraduría federal el caso Jade Ramírez, que ya tiene un largo tiempo en ella;  o que decir del caso de Alberto Jiménez Martínez “La Antena”, el cual con la autorización del Gobierno de Jalisco, con oficina y salario, atacaba a varios periodistas; o el del también reportero gráfico Darío Pereira, quien fue detenido arbitrariamente “ por equivocación” y amedrentado por policías investigadores.
La labor del periodismo o defensor o defensora de los derechos humanos, no se encuentra reconocida por el poder público, más bien existe una relación utilitaria hacia los temas que le dan contenido, prueba de ello es que ambos temas prácticamente se encuentran ausentes incluso de las propuestas de todos los candidatos y candidatas a cargos de elección popular.
Mientras no se combata la corrupción e impunidad que reina desde las estructuras del Estado y que han provocado el 53 % de los ataques, será difícil confiar en esas instancias que tendrán que ganar credibilidad.
Los defensores y defensoras, las y los periodistas trabajaremos para acompañarnos, protegernos y autodefendernos.
Reprobamos los ataques a los periodistas de México y en especial de Jalisco,
Exigimos que se aclaren todos y cada uno de los ataques a los y las periodistas, de manera completa y eficaz, sobre todo el caso del homicidio de José Emilio Galindo, porque sin libertad de expresión no puede ni siquiera pensarse en un Estado democrático.

Imágen: Cencos

Les sugerimos ver el documental “Silencio Forzado” sobre el tema
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El nuevo mensaje de la violencia en Jalisco

Transcurrían los días en ese caminar cotidiano, muchas veces en círculo. Ese que nos permite olvidarnos pronto del presente, como una forma de alivio colectivo que termina conformándonos en un inconsciente.
Finalizaba apenas el 2011 y el tiempo nos enviaba un mensaje de realismo al encontrarse en plena zona de los arcos del milenio, los cuerpos inertes de personas “ que estaban en el momento equivocado” para perder la vida con la mayor saña posible.
Como siempre, el morbo reinó en los diarios, se adjetivaron a detalle las vestimentas y composiciones físicas, se hizo énfasis en los métodos de sufrimiento.
La autoridad se mostraba confundida pero debía reaccionar, convocó a reuniones de gabinete, claro a puerta cerrada, para que el maremoto de hipótesis sin comprobación no saliera del poder político, tan limitado y mermado en comparación con la fuerza del terror mostrada por la llamada delincuencia organizada.
La sociedad en general, dedicada a correr versiones y evadir el miedo. Familias de luto, sin justicia y consuelo porque sus hijos fueron arrebatados y estigmatizados aún en la muerte, a pesar de sus evidentes vidas transparentes. El dolor es lo que quedó, el temor se fue.
Luego fuimos testigos como una ciudad se paralizaba de nuevo a manos de la delincuencia y de una autoridad que carece de rumbo y reacción.
En ese entonces también el dolor se focalizó en unos cuantos: en una esposa que vio morir a su pareja, cuando lo esperaba para comer juntos, al fin y al cabo era sólo un chofer ordinario. Volvimos a olvidar.
¿Debería entonces sorprendernos la localización de 18 personas asesinadas en la zona de Chapala?. ¿Qué nos dice como sociedad este hecho?. ¿Qué le dice a las autoridades de los tres niveles de gobierno preocupadas más por sus bonos electorales que por garantizar la seguridad?, ¿quién responderá?.
Las personas residentes de Chapala dieron el primer paso, se indignaron, se acuerparon en torno a los familiares de las víctimas, recordaron sus nombres y buscaron consuelo en lo más alto del espíritu, salieron a la calle y rechazaron. Entendieron el signo de la ignominia que provoca la violencia, exigieron y se hicieron la promesa de no olvidar.
Así nosotros, debemos de seguir sus pasos más allá de los escenarios electorales, que en ellos no se encontrará la solución y esperanza si no existe un nosotros, una memoria que les haga ver y nos haga entender que no podemos volver a tolerar hechos como los que están ocurriendo, que no nos resignaremos a vivir en violencia, que no nos cansaremos de mostrar nuestra solidaridad a los familiares de las víctimas y de exigir justicia.

Que no olvidaremos y no guardaremos silencio cómplice

Tomado de Bordamos por la paz

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Opinión del Cepad en prensa sobre la reeleción del Ombudsman


La Jornada Jalisco

Se trata de un grave retroceso que obedece más a intereses políticos, que a una defensa de la dignidad de las personas en Jalisco. La CEDHJ es de las que tienen el más bajo desempeño y más caras del país.

Legisladores ratificaron “fast track” al “ombudsman”

El Congreso perdió la posibilidad de hacer una evaluación pública del desempeño y de generar procesos de participación crítica y análisis de la sociedad, sobre el tipo de ombudsman que quiere y deberíamos tener.

Rechazan reelección de Álvarez Cibrián

El Ombudsman reelecto tiene un bajo desempeño y perfil en el puesto.


Atender la problemática de Seguridad un pendiente de Cibrián

La CEDHJ ha operado bajo una lógica corporativista. Tiene serios problemas en la tramitación de las quejas y en el cumplimiento de las Recomendaciones.

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Rumbo a una elección del Ombudsman en Jalisco, sin participación social.

Pareciera repetirse el ciclo ocurrido el 28 de junio de 2007, cuando se eligió por un periodo de cinco años a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al frente de la actual administración de la CEDHJ, en medio de agresiones a un grupo de activistas en el recinto legislativo que protestaban.

El Cepad en ese mismo año, realizó una “Evaluación sobre el proceso de elección del Ombudsman en Jalisco”, la que arrojó que la decisión además de poco transparente se había centrado en un acuerdo de intereses políticos y no en un ejercicio democrático.

Se sugerían reformas para que se incrementaran mecanismos de rendición de cuentas que permitieron evaluar resultados, sobre todo de aquellos que ya estaban en el ejercicio del cargo. Posibilitar la máxima transparencia en la elección, además de ajustar el marco legal, para que existiera incluso un perfil del defensor, actualizado, ético y de acuerdo a las necesidades urgentes de la población de Jalisco.

El 16 de enero de 2012, trascendió que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, emitió la convocatoria para llevar ese importante proceso de elección, desafortunadamente su contenido demuestra :
1. Que no tiene ninguna relación con la reciente modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (102 apartado B), en donde se exige que en este tipo de decisiones “se ajusten a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente”.
La restricción de los plazos (solamente dos días para el registro de aquellas personas que aspiren al cargo), la premura con que se lanza la convocatoria, cuando el nombramiento del actual presidente vence el 2 de agosto de 2012, además de que todo el procedimiento se declara como “reservado” en el acceso a la información, demuestran ampliamente lo anterior.
2. Se promueven exclusivamente los requisitos legales, sin colocar un perfil idóneo consultado con la sociedad civil para un Ombudsman, en donde debería de incluirse:
a) Independencia e imparcialidad de cualquier poder político, económico o de cualquier otro tipo;
b) Contar con el apoyo de los principales grupos de organizaciones de la sociedad civil (serios y comprometidos), dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos;
c) Experiencia que refleje no sólo una hoja de vida, sino aspectos que demuestren su dedicación en la defensa y promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, su trabajo personal realizado en organismos públicos y privados defensores de los derechos humanos o de manera independiente, publicaciones de trabajos, elaboración de propuestas legislativas, impartición de conferencias, clases o cursos.
d) Evaluar que no sea influenciable por razones de conveniencia personal
e) Que sus opiniones sean arraigadas y no sólo circunstanciales
f) Que la comunidad lo considere una persona capaz, preparada y con un alto nivel profesional.

3. Se omite la realización de un examen de conocimientos, que aunque no garantiza un perfil efectivo, permito apreciar el nivel en el que se encuentran los aspirantes.
4. Por último, algo sumamente importante, omiten solicitarles un plan de trabajo para la institución, en este aspecto cabe la pregunta: ¿usted contrataría a alguien sin conocer alguna propuesta para el puesto al que aspira?.
Como se aprecia claramente, el Congreso del Estado no garantiza un proceso participativo, transparente, claro y alejado de intereses políticos, con lo cual contagiarán de ilegitimidad la próxima designación de quien encabece los trabajos de la CEDHJ.
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Para el inicio de año: un acercamiento al 2011 en el tema de los derechos humanos

Iniciamos un nuevo año en el que buscamos renovar la esperanza, para hacerlo es indispensable fortalecer nuestra memoria como un forma de oponernos a aquello que nos impide encontrarnos en nuestra dignidad como personas, para evitar que esos hechos ocurran de nueva cuenta.
El 2011, lo podemos catalogar como el año que comprueba para nuestro infortunio, que Jalisco tiene una caída estrepitosa en el cumplimiento de los derechos humanos.
Algunos de los aspectos de mayor preocupación, es la constante discriminación en la entidad, al grado de que algún legislador se basó en ello para promover una prueba antidoping para la infancia, cuando lo que se requiere es inclusión, protección y apoyo, además de espacios de escucha, sobre todo ahora que la inseguridad de la calle, tiene un alto contenido de rumores y temores, muchos de ellos fundados.
Existe la necesidad de incorporar una ley, que prevenga y elimine este fenómeno, además de que promueva el derecho a la igualdad, como una forma de construirnos mejor como sociedad.
La agenda de los derechos humanos de la mujer, continuó con signos preocupantes al superar la cifra de feminicidios de 2010, para llegar junto con el 2011 a 142, cifra que nos indica el nivel de riesgo.Mientras tanto el Gobierno estatal y el Instituto Jalisciense de las Mujeres, se han negado tajantemente a declarar la alerta de género que posibilitaría una intervención de emergencia.
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se han colocado en situación de riesgo, al criminalizarse a grupos de personas que sólo buscan su propio desarrollo. Es el caso de las playas de Tenacatita, en el que el Poder Judicial asociado con el Gobierno del estado e intereses privados, desalojaron violentamente a varias familias que sólo promovieron y atendieron el turismo durante décadas, para pasarlo a manos del capital. Ahora se trata de una agenda más de impunidad y de predilección hacia los intereses económicos.
La criminalización sufrida por comuneros de la Isla de Mezcala, deja evidencia clara de que en Jalisco no existen garantías para quienes luchan por proteger su propio patrimonio ancestral y su autonomía, o si existen, sólo las hay para los que invaden ilegalmente, amenazan y se apropian de lo indebido, sin que exista un Estado que sancione esos actos de forma eficaz, porque muy probablemente forma parte de los propios invasores.
La tan mencionada paz que celebraban nuestras autoridades, se rompió en el momento en el que aparecieron los cuerpos de 26 personas en los Arcos del Milenio, jóvenes con ilusiones, con trabajo, con familias. Todos ellos muertos por la indignidad de los que han tomado el ilícito como forma de vida, pero asesinados también por la incompetencia de un gobierno que ha escondido información, se encuentra en la inacción y por ello se asocia con la propia delincuencia que dice combatir; no puede existir esta sin un gobierno proclive a ella. La dinámica delictiva de 2011 nos colocó como la séptima entidad con mayor número de homicidios originados por esta espiral de violencia.
Finalizamos el año, con la gravísima ejecución extrajudicial de un padre de familia de uno de los internos fugados del núcleo penitenciario de Puente Grande a manos de Policías del Estado, quienes a manera de un grupo delincuencial, torturaron y tomaron la vida de esta persona, porque consideraron que el parentesco es un delito, convirtiéndose en un grupo ejecutor y no en uno donde la justicia se encuentre de por medio.
Esto reafirma lo señalado por el Cepad en su informe sobre la Tortura en Jalisco, donde documentamos que es una práctica cotidiana en las corporaciones policiales, en la que habían resultado afectadas en una década más de 1000 personas, 79 de ellas niños y niñas.
Parte de las formas en que actualmente se combate la inseguridad, es el incremento de la militarización invisible en la entidad, que arrojó hasta octubre de 2011, 81 inconformidades ante la CNDH, algunas de ellas por desapariciones forzadas.
Defensores, defensoras y periodistas, sufrieron atentados que limitaron su trabajo y nuestras libertades. Los periodistas se enfrentaron además con un gobierno que origina, desarrolla y dirige los ataques a través de funcionarios, que luego con su misma anuencia se convierten en entes “privados” responsables de continuar los ataques, que por cierto no cesaron durante 2011.
Por último, en lo que se refiere a las instituciones que deberían garantizarnos la Justicia, hoy por hoy, tenemos un Poder Judicial paralizado y sumido en sus conflictos internos, así como con graves señalamientos de corrupción, que nos hace pensar en su falta de evolución.
Contamos con una CEDHJ, pero solamente actuando como un membrete mediático, en el que sus pronunciamientos y recomendaciones, no tienen ningún impacto, sobre todo por su falta de autonomía, al ceder más tiempo a reuniones coin actores de partidos políticos o de las aspiraciones a puestos de elección popular de sus integrantes, que a una verdadera defensa con ética de los derechos humanos de las y los jaliscienses.
La publicidad gubernamental no se equivoca, los logros son decorativos y de espectáculo, pero no en el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar, promover y respetar nuestras libertades básicas.
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Coyuntura sobre Derechos Humanos Gobierno y DH Sin categoría Tortura

La tortura evidente en la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco

Las y los invitamos a consultar la opinión de esta mañana, respecto a la ejecución extrajudicial de un familiar de un interno evadido de Puente Grande.

Queda claro que la policía actual actúa sin control y fuera de una corporación de seguridad, además de ejecutar actos que violan de manera grave los derechos humanos.

El Cepad, documentó en su informe sobre la tortura, que esta se practicaba de forma sistemática, lo cuales visible en el presente caso.

Lo más lamentable es que no existe garantía de una investigación, pronta, completa y eficaz, ya que tanto la PGJE, la SSP, como la CEDHJ, no han proporcionado garantías al respecto.

Aquí la nota de la periodista Gricelda Torres de Notisistema.

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Ni Justicia, ni paz, ni consuelo.

Foto:Limeddh

Mucho se comenta en los medios de comunicación sobre la situación de millones de jóvenes en nuestro país, se dice que los ha impactado con mayor severidad la falta de empleo y oportunidades, al grado de que les hemos creado una etiqueta social llamándolos “ninis” ( ni estudian, ni trabajan) a manera de justificación desde nuestro lenguaje.

Hoy comentaremos la situación de algunos de ellos, pero de esos que nacieron en un estado de la República cuyo índice de desarrollo humano es más parecido al de un país del continente Africano que de una nación en “desarrollo”, lo que en automático significa carecer del mínimo de condiciones para tener un futuro digno. Aún así y a pesar de que provienen de familias de campesinos sueñan con lograr un cambio a través de la educación.

En otros tiempos, se construyeron 17 Normales Rurales con un modelo propio de instrucción para formar al profesorado (en Atequiza, Jalisco por ejemplo) del cual egresaron muchos educadores y líderes de movimientos sociales. Una de ellas se ubica en Ayotzinapa, municipio de Chilpancingo, Guerrero, que recibe a cientos de estudiantes.

Con las nuevas “perspectivas” educativas, cada vez es menor el apoyo desde los gobiernos y las posibilidades de trabajo de sus egresados, por lo que el desmantelamiento de su modelo social y el deterioro de sus instalaciones es una constante que les impide continuar con su sueño.

Por eso los estudiantes han aprendido en la lectura de la historia de sus antepasados y de su propia vida, que protestar es la base de todos los derechos humanos y es una libertad indispensable para exigir el cumplimiento de lo que les corresponde, de lo que nos corresponde.

Salieron el día de ayer a cerrar una carretera, aunque pareciera bajo nuestra percepción una acción extrema, violenta y criticable, en realidad no lo es cuando existen muy pocas alternativas para solucionar sus problemas y ser escuchados, pero sobre todo cuando existen causas justas que deberían de tener soluciones por parte de las autoridades.

Solicitaban simplemente una audiencia donde se atendieran sus demandas, entre ellas la del cambio de Director. Querían que los escucharan, para que los vieran como lo que son: ciudadanos, personas con derechos y un futuro deseable. No como una carga para un erario que “enriquece sólo a unos cuantos”.

Sin embargo, la respuesta del gobierno de su estado fue la clásica y tradicional, la que obedece a tiempos en los que la represión era la “ley” y que parece que han regresado para no irse jamás, independientemente de los colores y matices de los actores políticos.

Basta recordar los hechos del 28 de mayo en Guadalajara ó los sucesos con los pobladores de Atenco, para confirmar lo anterior.

A la policía le bastó una “luz verde” para cegar injustamente la vida de Jorge Alexis Herrera Pino y de Gabriel Echeverría de Jesús, así como detener y torturar a otros 24. Al fin y al cabo la etiqueta social les confirmaba su calidad de no personas.

De acuerdo a una nota periodística (La Jornada) la orden era restablecer la paz, según lo dicho por el general Ramón Arreola Ibarría, ahora ex subsecretario de seguridad pública. ¿Con dos muertos?, Le preguntaba la prensa, a lo que respondió molesto: “Establecer la paz con 800 seudoestudiantes que están tapando el paso”.

El mensaje es muy claro: nos encontramos ante un Estado que no dialoga, no resuelve los problemas de fondo, reprime a los diferentes, sobre a todo a aquellos que tienen futuro, no admite la diversidad de ideas, criminaliza y hace invisibles a las personas aún en su propia muerte, pero sobre todo no hace justicia.

El suceso tiene que motivarnos a realizar una enérgica condena a lo sucedido, porque se trata de jóvenes que son el presente de nuestra sociedad, además si autorizamos la criminalización de la protesta no existirá espacio para exigir los derechos humanos, porque si no decimos un ¡ya basta ! terminaremos por ser complices de lo que sucede.

No permitamos un estado que no proporcione, justicia, paz y consuelo.

Jorge y Gabriel, así como Don Nepomuseno Moreno y Don Trinidad de la Cruz, no debieron morir.

Es momento de actuar a través de la información, indignación y solidaridad con ellos.