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INFORME

En Jalisco las declaraciones y acuerdos realizados por la titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana parecen pesar más que las obligaciones marcadas por las legislaciones generales.

Anna Karolina Chimiak
Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad

En Jalisco las declaraciones y acuerdos realizados por la titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana parecen pesar más que las obligaciones marcadas por las legislaciones generales que deben de ser armonizadas y aplicadas en todo el territorio del país. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas (LGD) fue un logro de varios grupos de familiares de personas desaparecidas, quienes en su búsqueda incansable de sus seres queridos han exigido que el Estado garantice el cumplimiento del derecho a la verdad y a la justicia y su mala aplicación e interpretación parecen dejar en vano los múltiples esfuerzos de las familias y generan graves retrocesos.

En el mes de marzo de este año el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez replicó el discurso planteado a nivel federal de priorizar el tema de las desapariciones en la agenda estatal, mensaje que generó expectativas, sin embargo, a la fecha el mismo no se logró materializar.

El Sistema de (Des)información Sobre Víctimas de Desaparición

Una de las iniciativas anunciadas por el Gobierno local fue transparentar las cifras de las personas desaparecidas en el estado de Jalisco, la cual se concretizó en la plataforma del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID). Sin embargo, en vez de abonar a la máxima publicidad de los datos tan delicados, parece que el gobierno continúa con la misma práctica que predominaba durante las administraciones pasadas, basada en minimizar los números de las personas desaparecidas en la entidad y tratar de demostrar que “en Jalisco no pasa nada”. La plataforma distingue entre las personas pendientes de localizar, las personas desaparecidas y las personas no localizadas. Conforme a la definición del artículo 4 de la LGD, citada en la plataforma, la ausencia de las personas no localizadas no se relaciona con la probable comisión de algún delito. De esta manera, de 7,504 personas pendientes de localizar 5,752 se clasifica como no localizadas.

En este sentido, cabe señalar que el artículo 89 de la misma LGD establece criterios para presumir la comisión de un delito de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, y de este modo, clasificar adecuadamente las personas no localizadas como personas desaparecidas. Según la fracción cuarta de dicho artículo, la presunción del delito se establece “cuando, aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido setenta y dos horas sin tener noticia de la suerte, ubicación o paradero de la persona”. Esto significa que el número de las personas no localizadas sería contabilizado de manera correcta únicamente si todas las 5,752 personas clasificadas en el SISOVID como no localizadas hubieran desaparecido en las últimas setenta y dos horas; hecho que no ocurrió puesto que la plataforma incluye las desapariciones cometidas a partir del año 1977.

Además, la plataforma presenta múltiples discrepancias de las cifras y las mismas no coinciden con los números que proporciona la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) mediante las solicitudes del acceso a la información. A modo de ejemplo, conforme a las respuestas otorgadas por la FEJ en los últimos meses, del 1 de diciembre de 2018 a 31 de mayo de 2019 se lograron localizar a 991 personas, mientras el SISOVID proporciona que se encontraron a 1,595 personas. De igual modo, el Gobernador en su cuenta de Facebook menciona que la eficacia de búsqueda de personas alcanzó más del 50%, sin embargo, con base en los datos de la FEJ, los resultados de búsqueda solamente llegan al 39%. Esta tendencia de disminuir y maquillar las cifras reales de las personas desaparecidas demuestra poca seriedad y falta de responsabilidad del Ejecutivo Estatal por la situación de desaparición de personas en Jalisco.

Cabe señalar que también resulta muy alarmante el resultado de análisis del mapa de municipios de Jalisco relativo a los hombres pendientes de localizar. Su escala comienza el conteo a partir del rubro de 1 a 5 personas, lo que llevaría a la conclusión de suma gravedad que en cada uno de los municipios de Jalisco (salvo los 4 municipios de los cuales la información por razones desconocidas no está disponible) hay entre 1 a 5 hombres que siguen desaparecidos.

Finalmente, no quedan claras ni metodología ni fuentes de información sobre la magnitud de las personas desaparecidas en el estado, así como sigue faltando la información sobre las características de las víctimas y la información de cuántas personas fueron desaparecidas de manera forzada y cuántas a manos de particulares, datos que abonan al derecho a la información y a la verdad de toda la sociedad en conjunto.

Comisión de Búsqueda de… Información

Conforme a la entrevista con Margarita Sierra Díaz de Rivera, difundida durante esta semana por varios medios de comunicación locales (notisistema.com, Lider919, Informador, entre otros), la Comisión de Búsqueda de Personas “no puede llegar a una búsqueda de campo” porque las tareas de “búsqueda de investigación de campo” corresponden a la Fiscalía. La visión presentada por la funcionaria pública implica convertir la institución encargada de búsqueda de personas en una instancia virtual que estaría a cargo de la concentración de diversas bases de datos y brindaría la información a la ciudadanía sobre los contenidos de los registros correspondientes. Lo anterior, lo justificó por las razones de riesgo y mejor infraestructura de la Fiscalía, sin explicar más a fondo cuál es la base real de esta decisión y cuáles son los componentes de análisis de riesgo que se han realizado para llegar a estas conclusiones.

Esta interpretación del Decreto mediante el cual se crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, publicado el 24 de abril de 2018 y la LGD resulta sumamente errónea y demuestra la falta de comprensión de estos dos actos normativos. Si bien, la Comisión de Búsqueda debe de contar con múltiples herramientas relativas al acceso a la información, su función principal no es la búsqueda de gabinete sino la búsqueda en campo, tanto enfocada en vida, como la forense. Conforme al anteriormente mencionado marco legislativo, la Comisión de Búsqueda debe de contar con el área de gestión y procesamiento de información, análisis de contexto, así como grupo(s) especializado(s) de búsqueda, unidades claves y sustantivas para realizar las búsquedas urgentes y eficaces. Sin priorizar el componente operativo de la Comisión de Búsqueda, las búsquedas en campo seguirán realizándose por las brigadas de búsqueda organizadas por familiares de personas desaparecidas debido a la falta de cumplimiento de esta obligación por parte del Estado.

Cabe señalar que la misma LGD establece que la Comisión de Búsqueda debe realizar las acciones para localizar a las personas desaparecidas a partir de un reporte o una noticia, sin tener que presentar una denuncia. Conforme a la declaración de Margarita Sierra, en caso de que solamente la Fiscalía cumpliera con las funciones de las búsquedas en campo, ¿qué pasaría con los casos donde las personas deciden no denunciar pero tienen el derecho a obtener las respuestas inmediatas por parte del Estado sobre la suerte y el paradero de sus familiares?

Las Comisiones de Búsqueda se han creado de manera extraordinaria y emergente a fin de atender la grave crisis de las desapariciones de personas en el país y abonar al derecho a la verdad, considerando las experiencias y recomendaciones a nivel internacional. Las fiscalías y procuradurías encargadas de persecución de delitos y castigo a las personas responsables a lo largo de décadas han sido corrompidas, coludidas y llenas de malas prácticas y vicios institucionales. Debido a esta apuesta por la impunidad del Estado, no se realizaban las investigaciones de manera seria y exhaustiva para no sancionar a personas responsables, y por la misma razón, tampoco se llevaban a cabo las búsquedas adecuadas de las personas desaparecidas.

A la luz de lo anterior, el correcto funcionamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas, apegado a los principios de la LGD y criterios internacionales, resulta ser de suma relevancia en este contexto, donde las personas desaparecidas parecen ser un número que se puede reducir al componente de no localizado, sin dimensionar ni reconocer que la práctica de las desapariciones en Jalisco es generalizada y abarca todos los municipios del estado.

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INFORME Informes de Derechos Humanos

Los Rostros Invisibles de la Tortura

Basado en el testimonio de: Salvador Carmargo

Redacción: Cepad

La mañana del trece de abril de 2014, Luis Enrique Camargo Herrera fue detenido de manera arbitraria en la ciudad de Guadalajara, Jalisco por los policías investigadores Arnoldo Gómez Guzmán, Luis Ángel Hernández Morales y Jorge Luis Castañeda Luévanos, adscritos al Área de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Después de su detención, Luis fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de la calle 14, ubicadas en la colonia Colón Industrial, donde fue torturado física, psicológica y sexualmente durante varias horas con la finalidad de que se declarara culpable de haber cometido un homicidio. Ese día, no solamente cambió la vida de Luis, sino también la de toda su familia, quienes hasta la actualidad sufren las consecuencias de estas graves violaciones de derechos humanos.

Comúnmente se piensa que la tortura solamente afecta a las y los sobrevivientes, es decir, aquellas personas que vivieron en carne propia los golpes, las amenazas y demás vejaciones, invisibilizando los sufrimientos que viven sus familiares, amigos y amigas cercanas, compañeros y compañeras de trabajo y escuela, así como a sus vecinos y vecinas. Sin embargo, al igual que la tortura psicológica, a pesar de que no es evidente, existe, y puede constatarse en el dolor de las y los familiares. Las y los otros que sufren y son violentados sistemáticamente, son los rostros invisibilizados de la tortura.

En este caso, este rostro lleva el nombre de don Salvador Camargo Herrera, papá de Luis, quien desde hace cinco años emprendió su lucha por justicia y verdad. A sus 76 años, don Salvador se mueve despacio pero con firmeza a donde quiera que camina. Apoyado solamente por su bastón llega hasta los lugares más lejanos, entre ellos a la Comisaría de Sentenciados donde su hijo Luis se encuentra privado de la libertad desde 2014.

Incansable en su camino a encontrar justicia para su hijo, don Salvador tocó todas las puertas imaginables, ninguna se abrió para brindarle respuestas. Sin duda, este arduo caminar ha dejado huellas en su vida. Pero no ha sido capaz de quitarle la esperanza ni su manera única de ver el mundo, siempre generosa, aguda y bromista.

Al tener que pasar por estos terribles sucesos, la vida de don Salvador y la de su familia cambió dramáticamente. Enfrentándose a un sistema de justicia fallido en un proceso plagado de irregularidades, y a una sociedad indolente que condena a Luis sin ni siquiera conocerlo, ni saber lo que le pasó.

El sufrimiento de don Salvador comenzó desde el momento que detuvieron a Luis, ya que en ningún momento le permitieron avisar a sus familiares que había sido detenido. Don Salvador cuenta:

“Ellos dicen que me avisaron que Luis fue detenido, pero yo nunca recibí ninguna llamada de Luis. Me apoyé en locatel y ellos me informaron que Luis estaba detenido en Fiscalía. Llamé a la fiscalía y me preguntaron quién era yo y por qué le llamaba. Dije que soy el papa de Luis. Les di mi nombre y número de teléfono sin esperar que ellos iban a utilizar estas informaciones para agregarlas a sus informes diciendo que han dado Luis la oportunidad de llamar a su familia. (…) Fue terrible esa cosa. Es la primera vez que detienen a un familiar mío”.

Para don Salvador, es muy difícil relatar la tortura que vivió Luis; sin embargo, cree que es importante platicarlo para que se conozca la verdad, y que la gente sepa cómo actúan las autoridades. Al respecto, don Salvador narra lo siguiente:

Le dieron como cuatro sesiones de tortura inenarrables, porque le dieron en sus partes toques con una chicharra, le dieron toques en los dos dedos gordos de los pies, le pusieron la chicharra en sus dedos y sus genitales, le dieron golpes en los oídos, cachetadas, le dañaron el tímpano. También le pusieron una manguera en la boca y le pusieron un trapeador encima, le abrieron a la llave para que se ahogara, lo ahogaron, y ya cuando vieron que ya probablemente había fallecido, le sacaron rápido la manguera e hicieron maniobras con el pie, pegándole en la espalda para sacarle el agua y empezó a reaccionar. Es duro contar eso, porque, pobrecito mi hijo (….) es muy difícil.”

El impacto de lo sucedido a Luis es imposible medir. Lo que sí se puede constatar con seguridad es que ha cambiado la vida de él y la de toda su familia. Esto se agrava aún más por el hecho de que Luis sigue privado de su libertad. Como dice don Salvador: “No solamente el interno sufre, acá afuera también. Todos sufrimos bastante.” Luis era el sostén de la familia. Ahora, don Salvador tiene que buscar cómo mantenerse y cómo apoyar a su hijo: “Es un cambio radical después de estar acostumbrado a que él nos sostenía. Y ya me acabé el dinero ahorrado.”

Al hablar de su hijo, don Salvador se reanima, cuenta con orgullo paternal: “Luis se desempeñaba como jardinero y era conocido por la calidad de su trabajo no solamente en su colonia sino por toda Guadalajara”. Un hombre formal y cumplido que apoyaba a su papá y a su familia. En las palabras de don Salvador: “era mi sostén y nunca faltaba nada”. Todo esto cambió, lo que les quedó son las visitas semanales: “Los dos disfrutamos la visita. Está bonito, en esos momentos se nos olvida todo”. Lo anterior, a pesar de la travesía que implica visitar a Luis:

“Primero, desde un día antes tengo que ir al mercado para elegir qué le voy a comprar y preparar la comida. El día siguiente me levanto a las cuatro de la mañana y preparo la comida. A las siete salgo de la casa y tomo dos camiones. Llego allá cerca de las nueve de la mañana. Siempre tengo que esperar a un camión donde pueda tomar asiento porque no puedo ir parado todo el camino. Es un sacrificio llevar las bolsas, sobre todo cuando uno está discapacitado.

A las nueve abren la puerta y permiten la entrada en la penal. Es una lucha diaria, tiene uno que hacer un sacrificio y más si alguien está enfermo como yo. Es difícil todo eso. Y luego voy cargando la comida, tan viejito que estoy. Me dice Luis que no traiga nada, pero pues tengo que llevarle algo, lo que se pueda. Sí es sufrido. Los ricos no entran, pagan y compran su libertad y nosotros que estamos pobrecitos tenemos que soportar todo eso.

A las dos y media nos tenemos que despedir. Es una disciplina muy estricta ahí. Espero que pronto esté afuera mi muchacho. Varias veces voy los martes, los jueves, los sábados y los domingos a visitarlo. Con gusto lo hago para ver a mi muchachote.”

La salud de don Salvador también se ha ido deteriorando, sufre de diabetes, neumonía crónica y tiene problemas cardíacos:

“Además, soy hipertenso y tengo una discapacidad motriz, ya casi no puedo caminar. Las molestias se han agravado desde la detención de Luis. La diabetes ya la tenía antes, pero se incrementa cuando anda uno estresado, con problemas. La verdad es que de ahí para acá mis fuerzas ya no me alcanzan. Antes llevaba 25 o 30 kilos de frutas, de refrescos, de muchas cosas. Pero ya no puedo, solamente llevo la comida y algún refresquito. La situación como la tienen a mi hijo me tiene muy mal.”

A pesar de sus problemas de salud, para don Salvador, la lucha contra la tortura y por la justicia se volvió la razón de seguir, de no rendirse. Está convencido que las autoridades torturan de una manera generalizada:

“Las autoridades dicen que no hay tortura. A todo el mundo lo torturan. Los mismos policías desde cuando aprenden a las personas ya están golpeando. Yo siento que es con mucha hazaña la persecución de las personas. Deben de ser capaces de hacer una investigación real y efectiva, pero no lo hacen.”

Don Salvador afirma lo anterior con mucha certeza, ya que durante los viajes semanales a la penal, se encuentra con personas que están en la misma situación. Gente que tienen seres queridos privados de su libertad y quienes han sido golpeados y torturados.

“Hay mucha gente que sabe. Muchos internos han sido torturados. Hay muchos casos así, de hecho, la mayor parte de los casos le sacan la confesión a base de tortura, no saben ni investigar los policías. Ellos solamente quieren la firma, el resto les importa poco. Pero nunca van a dejar a torturar. A mi hijo, estos investigadores lo llevaron a un tráiler con los ojos vendados y lo amenazaron. Que yo sepa, nunca van a cambiar. Van a simular más las cosas, pero van a aprender otros sistemas, otras formas de robar.”

Por ello, opina que es tiempo de organizarse:

“Quiero convertirme en un activista en pro de los derechos humanos con toda la fuerza que me queda. Yo me encargaría de encontrar las personas que fueron torturados y les paso a las instituciones que verdaderamente defienden los casos.”

Don Salvador quiere ayudar a que la gente no viva las injusticias que él ha soportado durante estos cinco años. El proceso de su hijo ha estado lleno de muchas irregularidades:

Luis nunca fue defendido por un defensor de oficio de la Fiscalía, fue dejado en un estado de indefensión. Nosotros pusimos una queja ante la Procuraduría Social, y la Procuradora Social que estaba, contestó que ahí estaba la firma del defensor y quecon eso bastaba, que él había cumplido con sus obligaciones, pero para nada, él nunca defendió a Luis”.

A pesar éstas y otras irregularidades que hubo en el proceso, la Jueza Décimo Primero de lo Penal, Gabriela Guadalupe de León Carrillo, sentenció a Luis como culpable del homicidio. Esto ha generado una gran impotencia en don Salvador: “Me siento terrible porque la juez siempre ha estado aferrada a que Luis es culpable”.

En este caminar, don Salvador recurrió a otras institucionales, tales como la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ningún lado recibió apoyo o respuestas:

“ Acudí vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y gastos de camiones y sufrimiento, y nada. La CEDHJ que estaba presidida por Álvarez Cibrián, me mandaron un oficio diciendo que iban a archivar la queja hasta que tuvieran mejores pruebas, porque la Juez había opinado que no había sido torturado. Entonces estaba haciendo la Juez el trabajo de la Comisión Estatal.”

Precisamente por esta falta de respuestas, don Salvador cree que la gente no acude a interponer una queja. Además, considera que existe un estigma sobre la tortura, no se habla de esta, no está en la discusión pública y tampoco hay colectivos de personas sobrevivientes y sus familiares en el estado que pudieran conjuntamente exigir cambios reales.

Increíblemente, después de tantos años de haber pasado en el laberinto de la injusticia llamado México, sigue con esperanza. Con la ilusión que otra vida es posible para Luis:

“¡Qué salga! Quizás así se me detienen mis enfermedades. Espero que todo se componga cuando salga. Todavía tenemos mucha fe en la justicia. Eso me ha ayudado a mí para luchar con más ganas, con más coraje tratar de sacarlo.”

Esperamos que esa justicia llegue este año para don Salvador, Luis y para todas aquellas personas que han sido victimas de tortura en nuestro estado. No obstante, no hay certeza que esto suceda. Muestra de ello es la deficiente implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el estado de Jalisco. Así como, el nombramiento en el mes de diciembre del 2018 de Gerardo Octavio Solís Gómez, actual titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a quien le han dirigido múltiples Recomendaciones de organismos locales, nacionales e internacionales por casos de tortura.

Actualmente, Luis sigue privado de su libertad, aunque ahora con el acompañamiento jurídico del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quien interpuso a su favor la demanda de amparo directo en contra de la resolución de apelación dictada por las magistrados de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco— Juan José Rodríguez López, Guillermo Valdez Angulo y Antonio Flores Allende— que confirma la sentencia condenatoria de la Jueza Gabriela Guadalupe de León Carrillo. El Tribunal Colegiado ya ordenó que se repusiera el procedimiento del juicio penal, esto frente a las irregularidades existentes validados por la Jueza.

Sin lugar a dudas, don Salvador y Luis tienen fe en que se haga justicia y que, después de cinco largos y tortuosos años, por fin se reconozca la inocencia de Luis y salga en liberta y que como dice don Salvador, la lucha apenas comienza contra los y la responsable de todo esto, y que jamás haya una víctima más de la crueldad de quienes deberían garantizar la integridad, la vida y la justicia.

Otros enlaces de Interés:

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco, 2018

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INFORME

Discurso presentado durante la Mesa de Diálogo Participativo en torno a la Ley del Estado de Jalisco sobre Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometida por Particulares

Anna Karolina Chimiak

Frente al contexto de las desapariciones cometidas de manera generalizada, con la cifra oficial de más de 7 mil personas desaparecidas en la entidad, se requiere tomar medidas específicas, incluyendo medidas legislativas, para atender de manera adecuada la gravedad y magnitud de la problemática. La urgente armonización del marco normativo estatal y, en concreto, la aprobación de la legislación en materia de desaparición en Jalisco, ha sido una de las exigencias realizadas desde el Cepad a partir de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Si bien se reconoce el esfuerzo de esta Legislatura de dar seguimiento al tema, a nivel del Congreso local es una respuesta muy tardada, considerando que de acuerdo con el transitorio noveno de la misma Ley General, la emisión y, en su caso, la armonización de la legislación estatal se debía de realizar dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigor, término que venció el 15 de julio del año pasado.

Aunado a la importancia de realizar un proceso de consulta real, amplia, pública, transparente y en los tiempos adecuados para familiares de personas desaparecidas, nos preocupa el mismo contenido de la propuesta legislativa del Dictamen de la Ley del Estado de Jalisco sobre Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometidas por Particulares. Tal como señalamos en ocasiones anteriores mediante comunicados, cartas dirigidas al Congreso local y entrevistas realizadas con los medios de comunicación, su contenido evidencia una profunda ignorancia y falta de comprensión de los objetivos de la Ley General en materia de desaparición y los estándares internacionales en la materia. La iniciativa es sumamente incompleta y deficiente, y en vez de abonar a atender la gravedad y magnitud de la problemática de las desapariciones en Jalisco, genera múltiples agravaciones.

Como uno de los puntos principales, consideramos muy grave que la propuesta de ley presenta un profundo desconocimiento de la situación de las desapariciones en la entidad, y no respeta los procesos de participación ni avances que los colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil han logrado en la materia a nivel estatal en los últimos tres años: Particularmente me refiero a la creación de la Fiscalía Especializada (ahora Especial) en Personas Desaparecidas, la elaboración de su Reglamento Interno, los procesos participativos de selección de la persona titular de la misma, los procesos de seguimiento y de selección de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y, finalmente, la creación de la Comisión Interinstitucional de seguimiento a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.

Lo anterior demuestra que no sólo no se ha consultado a familiares de personas desaparecidas al respecto, sino tampoco se ha realizado un diagnóstico real y exhaustivo de la situación de las desapariciones y su seguimiento en el estado. Es de suma importancia dar continuidad a las instituciones creadas y acciones realizadas en la materia y otorgar el reconocimiento a la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil en estos procesos.

Lo que es aún más alarmante, el mismo dictamen olvida regular en su totalidad la estructura y las funciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecida. No considerar dentro de la propuesta estatal en materia de desaparición la estructura y atribuciones de la institución principal encargada de investigar y perseguir los delitos de desaparición, resulta sumamente grave, omiso e ignorante.

En la misma línea, en la propuesta no se contemplan las competencias claras y los mecanismos previstos para garantizar una coordinación eficaz entre todas las instancias responsables de los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas. Consideramos muy importante generar dentro de la ley estatal una clara distribución de competencias a fin de su adecuada coordinación, incluyendo las funciones de las autoridades municipales.

Y, precisamente en este contexto de falta de una adecuada y clara distribución de las funciones en la materia, una de las principales preocupaciones que detectamos al analizar la propuesta de ley se relaciona con la operación del Registro Estatal de Personas Fallecidas y el Banco Estatal de Datos Forenses, como ejemplo. De acuerdo con los artículos 23 al 27 de la iniciativa, la Fiscalía General (actualmente Fiscalía del Estado) estaría a cargo de dichos registros, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sería responsable de su creación y actualización.

Esto resulta muy grave frente al incremento de violencia, el preocupante aumento gradual del número de personas desaparecidas y la crisis forense que predomina en el estado. Dicha situación sin duda alguna favorece la impunidad y facilita el posible deslinde de las responsabilidades de estas dos instituciones, lo que lamentablemente presenciamos en relación al hallazgo de las cajas de refrigeración de los tráileres con cuerpos de personas fallecidas no identificadas y su resguardo de manera cruel, inhumano y degradante, la irregular donación de cuerpos sin identificar a las universidades y la práctica de incineración de más de 1500 cuerpos en el estado, situación sobre la cual publicamos y presentamos un informe a principios de este año, a fin que se detonen procesos de verdad y justicia, incluyendo las instancias internacionales.

Aunado a esto, vemos de suma relevancia establecer las funciones claras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses relativas, precisamente, a los procesos de identificación, resguardo, notificación y entrega de los cuerpos y restos humanos, así como realizar las modificaciones correspondientes a su Ley Orgánica y su Reglamento.

Finalmente, en el documento de las observaciones a la propuesta de la ley, elaborado y entregado por el Cepad y el Colectivo Por Amor a Ellxs a la Legislatura pasada el día 23 de octubre de 2018, el cual también entregamos el día de hoy al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado, Jorge González Arana, señalamos también otros aspectos de la ley, los cuales resultan técnicamente deficientes, sumamente incompletos y, por tanto, pudieran agravar la crisis de desapariciones en la entidad, así como la crisis forense.

Entre algunos de estos aspectos se encuentran los siguientes:

  1. El Dictamen no contempla las cuestiones relacionadas con la prevención y garantías de no repetición relativas a los delitos de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados establecidos en la Ley General en materia de desaparición. Sugerimos que se agregue un capítulo que establezca los aspectos correspondientes, considerando la Ley General y otras disposiciones aplicables, así como las características del contexto del estado de Jalisco.

  2. No se aborda de manera adecuada y suficiente la figura jurídica de la declaración especial de ausencia por desaparición.

  3. Se omite reconocer los derechos de víctimas, en particular, los derechos de acceso y participación en las investigaciones y diligencias, así como los derechos de obtener las medidas de ayuda y asistencia integral, al acompañamiento psicosocial, los derechos a la protección o el derecho a la reparación integral del daño, entre otros.

  4. La Ley carece de perspectiva de género y de un enfoque diferenciado. Sugerimos adecuar la propuesta y, en particular, considerar el interés superior de la niñez y la situación de vulnerabilidad y exposición de riesgo en la cual se encuentran las mujeres, comunidades indígenas, así como las personas migrantes en el estado de Jalisco.

    En la misma linea, cabe señalar que la legislación tampoco contempla los mecanismos e instrumentos existentes en materia de búsqueda y localización de las mujeres, niñas y niños desaparecidos, tales como el Protocolo Alba y la Alerta Amber.

  5. Vemos de suma relevancia incorporar en este Dictamen un capítulo que trate de responsabilidades administrativas y sanciones correspondientes para servidores públicos que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas.

Cabe señalar que las observaciones anteriormente mencionadas constituyen solamente una parte del documento de más de 50 cuartillas entregado al Congreso local, del cual lamentablemente nunca hemos obtenido ninguna respuesta.

Recapitulando lo mencionado hasta ahora, tanto el proceso de creación de la propuesta de ley como su contenido, presentan graves omisiones y deficiencias. Frente a la alarmante cantidad de las observaciones críticas hacia la iniciativa, el evento de la mesa de diálogo participativo se podría considerar como un especie de avance de esta Legislatura para subsanar lo señalado. Sin embargo, tal como se mencionó, preocupa la metodología del evento y la tardanza en convocar a este espacio. Esto no solamente por el ya comentado incumplimiento de la obligación del Congreso de legislar en la materia en 180 días a partir de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición, sino también considerando que el acuerdo legislativo en el cual se decidió e instruyó a realizar “a la brevedad posible” “una consulta amplia” fue aprobado el día 12 de diciembre del año pasado1 y, hasta 4 meses después se logró concretar una primera reunión de dialogo.

Asimismo, se espera y a la vez se exige, que tal como señala el mismo acuerdo legislativo, el proceso de consulta sea “llevado a cabo a través de las mesas de trabajo, foros y diálogos”2, y no se limite solamente al evento del día de hoy con tan limitada participación de las víctimas. Es importante que se tome en cuenta los tiempos, maneras y modos de trabajar de familiares de personas desaparecidas y la sociedad civil en conjunto y realizar la cantidad de mesas de trabajo que sean suficientes y necesarias, que haya un diálogo abierto y con sensibilización y análisis técnico, y no llevar a cabo un proceso acelerado, con premura, en el cual se prioricen los intereses y negociaciones políticas.

De igual modo, consideramos importante que se realice un diagnóstico exhaustivo y que se lleve a cabo un análisis real de las instituciones existentes que dan seguimiento a los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas, a fin de dar a conocer los avances existentes en la materia a nivel local, reconociendo sus alcances y que los mismos sean retomados de manera adecuada en el contenido de la iniciativa de la ley.

Finalmente, nuevamente cabe reiterar la gran importancia de realizar un proceso amplio, participativo, transparente y público de consulta con familiares de personas desaparecidas, personas expertas y las organizaciones de la sociedad civil, garantizando de esta manera el principio de participación conjunta consagrado en el artículo 5 de la Ley General en materia de Desaparición, el cual rige su interpretación, aplicación e implementación. Como se ha dicho, vemos clave socializar la propuesta con un público mucho más amplio y generar las reuniones con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones del estado de Jalisco a fin de establecer los mecanismos adecuados para recibir y atender sus observaciones y conocer las particularidades de los contextos regionales. Exigimos que las y los diputados se abstengan de aprobar el Dictamen de la ley estatal sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares sin antes abrir los espacios de consulta real y garantizar la participación conjunta de las y los familiares de personas desaparecidas de todas las regiones del estado de Jalisco, las organizaciones locales de derechos humanos y con la supervisión y observancia de los organismos internacionales.

Una ley estatal en materia de desaparición sin legitimidad, aprobada bajo un proceso de simulación y presión política, sin realmente reflejar las necesidades de las víctimas, en ningún momento contribuye a garantizar los derechos a la verdad, justicia y la reparación integral, principales exigencias de familiares de personas desaparecidas, las cuales deben ser atendidas de manera integral en esta legislación y deben de constituir sus objetivos principales.

1 Congreso del Estado de Jalisco. Acuerdo Legislativo AL-58-LXII-18 del 12 de diciembre de 2018.

2 Ibidem.

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INFORME

Experiencias de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición ante el contexto de la transición del gobierno

Desaparición de PersonasAnna Karolina Chimiak
Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad

Anunciamos la presentación del informe del Cepad sobre el proceso de la creación e implementación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecida (FEPD). Este documento será público y se entregará el próximo 6 de diciembre al futuro Gobernador, Enrique Alfaro y el futuro Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, a fin de que conozcan los esfuerzos que se realizaron en torno al tema de las desapariciones de personas en Jalisco a lo largo de los últimos dos años, particularmente por familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, para que así entiendan los acuerdos y compromisos asumidos, y den adecuado seguimiento a todos los procesos que se lograron crear.

Con el informe se busca recuperar la memoria sobre el proceso de creación e implementación de la FEPD. A partir de la sistematización de la experiencia y rescatar las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los mecanismos participativos que buscan responder a las necesidades de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y reflejar la complejidad del contexto de las desapariciones de personas en el estado de Jalisco. Es importante mencionar que el estado de Jalisco se ha destacado de manera significativa a nivel nacional con relación a los procesos de diálogo entre las autoridades y familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil.

El documento se divide en tres etapas principales: el comienzo de las mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el proceso de creación de la FEPD y el proceso de seguimiento a la implementación de la misma.

A continuación les compartimos puntos claves de cada una de estas etapas.

El proceso comenzó en el año 2016. En aquel momento no imaginábamos que podríamos llegar a crear una FEPD y los resultados de estas acciones fueron completamente inesperados. No hubiéramos pensando terminar este proceso con una institución encargada de los procesos de búsqueda e investigación, innovadora e inédita a nivel de todo el país.

Pero, ¿cómo llegamos a esto?.

En el año 2016 nos fue negada la expedición de copias certificadas de los expedientes de casos de desaparición de personas debido al “sigilo”, seguridad, riesgo de infiltración, conflictos familiares, entre otras razones. Frente a esta negativa, nos encontrábamos ante un escenario en el que debíamos tomar una decisión estratégica:

1) Presentar amparos por cada negativa a la expedición de las copias certificadas, como violación al derecho a la información y a la verdad; o

2) Buscar una ruta de acciones políticas y no judicializar todos los casos.

Frente a la presión del tiempo y el posible desgaste que pudiera conllevar un proceso jurídico, tomamos, conjuntamente con el Colectivo Por Amor a Ellxs, la decisión de construir una estrategia política. Después, realizamos una rueda de prensa en la cual denunciamos las prácticas violatorias de la FGE y solicitamos la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), la cual fue respaldada con una carta dirigida a su nuevo representante, Jan Jarab.

En el transcurso de tres semanas, se realizó la reunión con Jan Jarab, en el marco de su primera visita fuera de la Ciudad de México. A raíz de esta reunión, comenzaron a llevarse a cabo las mesas de trabajo mensuales entre el colectivo Por Amor a Ellxs, la FGE y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), con la observación y acompañamiento de la ONU-DH y el Cepad. Esto con la finalidad de hacer valer la exigencia al derecho a la verdad y cambiar las malas prácticas institucionales en la búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas.

Los compromisos y acuerdos sostenidos en las cinco mesas mensuales de trabajo hasta el mes de enero de 2017, no resultaron en cambios sustantivos, sin embargo, uno de los logros más significativos de las mesas, fue el anuncio del Fiscal General en diciembre de 2016 de crear un modelo integral de búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas, que recogería las mejores prácticas internacionales en la materia, así como de la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico para conocer a profundidad la situación de las desapariciones de personas en el estado, acciones que dieron inicio a la idea de creación de la FEPD.

El año 2016 fue un año histórico para el tema de las desapariciones de personas en Jalisco. A principios del año no se reconocía en el discurso público la existencia de las desapariciones de personas en la entidad, y a finales del año, se logró institucionalizar los mecanismos de participación y generar un diálogo directo con las autoridades locales, encaminados hacia la creación de la FEPD.

Y ¿cuáles fueron los pasos siguientes?, y ¿cómo logramos la creación de la FEPD?

Durante la segunda etapa del proceso, primero, se realizaron los diagnósticos. Posteriormente, se diseñó la ruta para su creación, adaptada al contexto de Jalisco, con las mejores prácticas internacionales. Segundo, se elaboró el Reglamento Interno de la FEPD, de manera participativa, con colectivos de familiares de personas desaparecidas Fundej y Por Amor a Ellxs, y las organizaciones de la sociedad civil, Cladem y el Cepad. Tercero, participamos en el proceso de diseño de perfiles adecuados y selección de 28 personas profesionistas, quienes actualmente conforman la Dirección de Análisis y Contexto.

Asimismo, hemos participado en 3 procesos de selección de la persona titular de la FEPD y el proceso de selección de la persona coordinadora del Protocolo Alba. Esta experiencia fue completamente nueva para el Cepad, y a su vez, se evidenció que uno de los retos más grandes en la creación de las nuevas instituciones es la falta de los perfiles idóneos y adecuados.

Los esfuerzos participativos se finalizaron con la creación de la FEPD, el 31 de agosto de 2018. La creación de la fiscalía especializada representó un avance tangible y real para atender la complejidad y magnitud de las desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, y responder al contexto de macrociminalidad del estado de Jalisco. La FEPD aspiraba ser un referente nacional en cuanto a los mecanismos de participación y aportes desde los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, situación que tal como señalé previamente, jamás esperábamos en el año 2016 cuando iniciamos el proceso de diálogo con las autoridades.

Sin embargo, aunque el arranque de la FEPD contribuyó a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas de desaparición, por mucho logro que fuera su creación, no podía subsanar de manera inmediata todas las malas prácticas institucionales que la atravesaban por dentro, tampoco disminuir los altos índices de las desapariciones en la entidad.

Por lo anterior, una vez que se concluyeron los procesos de la creación de la FEPD, la concentración de los esfuerzos se dirigió hacia la adecuada implementación de la misma y la correcta aplicación de sus funciones, exigiendo que los cambios no sólo se reflejaran en el centro del estado, sino en todas las regiones de Jalisco. Para esto, se requería buscar un mecanismo de participación y rendición de cuentas transparente y eficaz que pudiera brindar resultados y garantizar que a todos los procesos de participación existentes se les diera una correcta continuación.

Es por eso, que desde el mes de octubre logramos generar un espacio de seguimiento a la implementación de la FEDP a través de la Mesa de Seguimiento que tiene la finalidad de fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación conjunta, así como evaluar el funcionamiento y la eficacia de las actuaciones de la FEPD. Para el Cepad, uno de los objetivos de formar parte de este espacio fue la importancia de adoptar las buenas prácticas de búsqueda e investigación basadas en el concepto de que las desapariciones de personas constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, uno de los objetivos claves de la instalación de la Mesa de Seguimiento fue generar una coordinación adecuada entre las instituciones que se encargaban de los procesos de búsqueda, investigación, identificación de personas y atención a víctimas.

Y cabe preguntar: después de más de dos años de los procesos de participación, ¿dónde estamos ahora?

Es importante reconocer los avances. La creación de la FEDP y la instalación posterior de los mecanismos de seguimiento han sido pasos cruciales y, a su vez, constituyeron una muestra de un compromiso para contribuir a poner fin a la grave problemática de las desapariciones de personas en el estado, y para garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia, a la verdad, la reparación integral del daño y la no repetición de los hechos.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el problema persiste, y no ha sido solucionado a fondo. Los procesos de interlocución con autoridades han tomado tiempo y han sido desgastantes. Y en términos de mejorar la situación de las desapariciones en la entidad y hacer más eficentes los procesos de búsqueda e investigación, la respuesta tampoco no ha sido tan positiva. Esto se demuestra en los números de personas desaparecidas que incrementan año tras año, la ausencia de las sentencias por desaparición, la falta de avances en mayoría de los casos y la deficiente atención a víctimas.

En los últimos 10 años, a partir de 2008 hasta el 30 de septiembre, en Jalisco fueron denunciadas como desaparecidas 25,672 personas, de las cuales 6,850 no han sido encontradas. Cabe destacar que a pesar del acercamiento y diálogo con las autoridades locales, los últimos años acumulan la mayoría de estas desapariciones. El proceso de las mesas de trabajo se dio en el año 2016, en el cual en promedio desaparecían 9 personas al día, en el año 2017 se denunciaba diariamente la desaparición de 10 personas, y en el transcurso de nueve meses del año 2018, hasta el 30 de septiembre, han desaparecido un promedio de hasta 12 personas cada día. Cabe destacar que esta cifra solamente incluye a las personas desaparecidas denunciadas, sin considerar a todas las personas que se encuentran en la llamada “cifra negra”, es decir desapariciones no denunciadas por miedo, temor a represalias o la desconfianza hacia la capacidad de las instituciones de procuración de justicia, entre otras razones.

Y, si bien se creó la FEPD conforme a los más altos estándares internacionales, incluso antes de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición, la institución no ha funcionado de manera adecuada, particularmente por la constante falta de los recursos humanos y materiales. Parece que la postura oficial es mostrar públicamente el compromiso de crear la institución e insertar el discurso de derechos humanos y gravedad de las desapariciones en el debate público, y olvidarse que el objetivo no es crear las nuevas estructuras (que no operan), sino encontrar a las personas desaparecidas, sancionar a las personas responsables, reparar el daño de manera integral y prevenir para que las desapariciones de personas no ocurran nunca más.

Asimismo, vale la pena reflexionar el tema de la participación. Uno de los puntos claves de estos procesos fue que familiares de personas desaparecidas tuvieron en ellos un papel central. El reconocimiento del rol de familiares de personas desaparecidas resulta esencial para lograr avances concretos en materia de búsqueda, investigación, atención a víctimas e identificación de personas. Sin embargo, a lo largo de tiempo nos llegamos a preguntar si realmente es posible generar la confianza con la autoridad, mantener la esperanza, y poder creer en el cumplimiento real de los acuerdos asumidos por el gobierno, después de tantos años de la política del olvido y de negación de la existencia de graves violaciones a los derechos humanos. Y qué impacto realmente pueden tener los mecanismos de participación conjunta, los cuales tan fácilmente se puedan convertir en una simulación, a costo de la legitimidad y el desgaste de las víctimas y de la sociedad civil.

Y a estas reflexiones se suma una de las que más nos preocupan: ¿qué va a pasar con todos estos procesos en el contexto de la transición del gobierno?

Puesto que con la creación de la FEPD y los espacios de participación conjunta que se han generado, se creó una oportunidad histórica para la justicia y la verdad, la cual generó un compromiso institucional para varios actores y, a su vez la esperanza de materializar el acceso efectivo a estos derechos.

Y finalmente, cómo hacer que los mecanismos de participación y los avances provenientes de estos espacios sean duraderos y transexenales. Frente al contexto de las desapariciones generalizadas en la entidad, que se coloca en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número de las personas desaparecidas, donde cualquier persona puede ser víctima de desaparición, en cualquier momento y sin ningún costo, es de suma importancia que el nuevo Gobierno del Estado asuma su responsabilidad en su verdadera dimensión y priorice el tema de las desapariciones, dándoles el debido seguimiento, retomando los mecanismos existentes de participación, reconociendo los avances y atendiendo la gravedad del problema, para que todo lo que se ha hecho no fuera en vano y no resultara violatorio al principio de progresividad. Porque al final, el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral nunca debe de depender de la voluntad política, de los gobiernos y políticos particulares, sino es una obligación constitucional del Estado y su fuente es, ni más o menos, la dignidad inherente de cada persona humana.

*Discurso ofrecido el 28 de noviembre de 2018 en el Foro: Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Aprendizajes y Retos a un Año de su implementación en Jalisco. En la primer mesa con el tema “Experiencias sobre Mecanismos de Participación desde la Sociedad Civil.”

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ENLACES DE INTERÉS

¿Cómo estamos en el estado de Jalisco a un año después de la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición?*

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INFORME

¿Cómo estamos en el estado de Jalisco a un año después de la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición?*

Implementación Ley Desaparición

Anna Karolina Chimiak
Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad

A nivel nacional parece que somos una de las entidades más avanzadas en cuanto a la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Incluso podría decirse que comenzamos a implementar la Ley, aún antes que la misma fuera aprobada, puesto que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) entró en operaciones el 31 de agosto de 2017, y para su creación se tomó en cuenta los estándares que fueron previamente contemplados en su Dictamen.

Asimismo, casi a tiempo, solo a 8 días después de la fecha indicada por los transitorios de la Ley General, se creó la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Jalisco (CBPJ).

Posteriormente, en el mes de agosto de 2018 se concluyó la elaboración de la Convocatoria para conformar el Consejo local Ciudadano, llamado en Jalisco el Consejo Consultivo.

Y en el mes octubre de este año se presentó una propuesta de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares del Estado de Jalisco, la cual preveía la creación del sistema estatal de búsqueda. De igual manera, en noviembre del mismo año surgió otra iniciativa en el Congreso, esta vez sobre la declaración especial de ausencia por desaparición.

Además, a eso no podemos olvidar que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) es la única institución forense a nivel nacional la cual tiene carácter autónomo e independiente, y en las evaluaciones nacionales se posiciona como una de las mejores y más certificadas a nivel del país.

Frente a este escenario, parece que el estado Jalisco asumió de manera ejemplar todos los compromisos marcados por la legislación general en materia de desaparición, y en este momento, reconociendo los avances y aplaudiendo los esfuerzos institucionales, podría concluir el discurso, deseando que ojalá la misma postura tomara también el nuevo gobierno en transición.

Sin embargo, y lamentablemente hay varios peros.

Pero número 1: Falta del presupuesto.

Tanto la FEPD como la CBPJ no cuentan con los recursos técnicos, materiales suficientes y necesarios para cumplir con sus objetivos y responder de manera adecuada al fenómeno de las desapariciones en Jalisco, e incluso por lo anterior ni siquiera pueden implementar sus estructuras marcadas por el Reglamento y por el Decreto respectivamente, eso, pese a múltiples exigencias expresadas mediante los comunicados públicos y en el marco mesas de trabajo y mesas de seguimiento con la FGE y FEPD, así como las mesas de diálogo con la Secretaría General de Gobierno del estado de Jalisco, e incluso las reuniones con el mismo Gobernador. En cada una de estas reuniones, las y los funcionarios públicos se comprometieron a asignar recursos suficientes a estas dos instituciones, e incluso durante los meses de junio y julio, prometieron dotarlas con 100 millones de pesos. No obstante, lo prometido no sucedió y la situación evidenció la indolencia del estado frente a la magnitud de las desapariciones en la entidad y la poca credibilidad en cuanto a la palabra y los compromisos asumidos por las autoridades locales en los espacios de participación conjunta.

Pero número número 2: Falta del personal suficiente, profesionalizado y sensibilizado.

Las dos instituciones, FEPD y CBPJ, no cuentan con el número de personal necesario para su adecuado funcionamiento. Asimismo, a pesar de los cambios y a pesar de las múltiples capacitaciones que se han llevado a cabo, hasta la fecha no se ha logrado romper con las malas prácticas y los vicios institucionales que se han arrastrado por años, lo que evidencian la ausencia de las investigaciones exhaustivas, serias y eficaces y la constante violación de los derechos de víctimas. La pregunta es cuantas capacitaciones más se tendría que llevar a cabo, de los recursos públicos, para contar con un personal profesionalizado, sensibilizado y capacitado. Y si realmente se puede cambiar la manera de trabajar y la manera de pensar de las y los funcionarios públicos quienes toda su vida laboral han sido omisas/os y negligentes.

Pero número 3: Intentos de generar los procesos de selección a modo

La CBPJ fue creada el 24 de abril de 2018, y tras la publicación del Decreto que crea esta institución, el gobierno decidió llevar a cabo un proceso de selección de la persona titular sin considerar los colectivos de familiares de personas desaparecidas ni las organizaciones de la sociedad civil. Frente a esta situación, que resulta claramente violatoria al principio de participación conjunta que rige la Ley General, con los colectivos: Fundej y Por Amor a Ellxos y la organización Cladem Jalisco, decidimos emitir un comunicado en el cual exigimos que el proceso de selección de la persona a cargo de la CBP fuera transparente, con máxima publicidad, y bajo los mecanismos de la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil. A consecuencia de este comunicado, el gobierno de Jalisco respondió de manera positiva, declarando la convocatoria desierta, e iniciando un nuevo proceso de selección, en el cual, conjuntamente con los colectivos tomamos un papel clave: desde el diseño de la convocatoria, diseño de los requisitos del perfil idóneo, elaboración de la metodología de evaluación de perfiles, así como calificación a las personas aspirantes.

Además, cabe señalar, hasta la fecha la CBPJ no cuenta con el Reglamento interno, a pesar de posicionar este tema como una de las exigencias principales en el diálogo sostenido con la Secretaría General de Gobierno.

Pero número 4: No contamos con el Consejo Local Ciudadano

A pesar de concluir la convocatoria para conformar el Consejo Consultivo en el mes de agosto y acordar el mecanismo de selección e incluso consensuar las fechas del proceso, esfuerzo de más de un mes de trabajo colectivo, la convocatoria, sin ninguna justificación, no ha sido publicada.

Pero 5. La violación del principio de la participación conjunta consagrado en el artículo 5 de la LGD

Primero: Las dos propuestas de la ley previamente mencionadas, no han sido debidamente socializadas y consultadas. No se realizó una consulta pública, transparente ni incluyente con familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, lo que resultó violatorio al prinicipio de particiapción conjunta.

Segundo: En la propuesta de Ley estatal en materia de desaparición no se reconocieron y tomaron en cuenta los avances alcanzados por familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil en la materia, ni características propias del contexto del estado de Jalisco, por ejemplo la existencia de la FEPD, la instalación de la Comisión Interinstitucional de seguimiento, o la continuidad de los procesos de selección de las personas titulares de carácter participativo. Afortunadamente, tras las múltiples acciones de incidencia y estrategia de comunicación logramos de manera conjunta frenar la aprobación de dicha ley.

Tercero: De acuerdo con el transitorio noveno de la Ley General en materia de Desaparición, las entidades federativas deberían emitir y en su caso, armonizar la legislación correspondiente dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la Ley General, término que venció el 15 de julio del presente año, y lamentablemente en Jalisco no se ha cumplido con esta obligación, lo que evidenció la indoferencia e indolencia del Congreso del Estado de Jalisco, respecto a la gravedad de las desapariciones de personas en la entidad. Es por esta omisión que hasta la fecha familiares de personas desaparecidas al momento de necesitar contar con la declaración de ausencia por desaparición de su ser querido tienen que pasar por el proceso sumamente burocrático, costoso, prolongado y encaminado hacia la presunción de muerte.

Pero número 6: Crisis forense

Uno de los sucesos que más indignó a la sociedad no solo a nivel estatal sino también nacional e internacional, y demostró la incapacidad y debilidad institucional ante el incremento de violencia en el estado y la crisis de las desapariciones, fue el hallazgo del septiembre de 2018 de los tráileres que contenían cuerpos de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, en condiciones de resguardo inhumanas y degradantes, de los cuales la mayoría no contaban con la totalidad de los registros para su identificación, situación que resultó violatoria al derecho a la verdad, y demostró la ausencia total de coordinación y comunicación entre las instituciones de procuración de justicia estatales.

Pero número 7: La magnitud de las desapariciones en el estado de Jalisco

En el estado vivimos el escenario horroroso de las desapariciones generalizadas y descontroladas. Durante el año 2017, 3,672 personas fueron reportadas como desaparecidas, y no se han logrado localizar a 1,380 personas. Eso significa que en promedio cada día desaparecieron 10 personas. Y para comparar, en el año 2018, tras la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición,, sólo en el periodo de 9 meses, hasta 30 de septiembre, se denunciaron como desaparecidas a 3,255 personas, de las cuales 1,860 personas no han sido encontradas, con la cantidad de 12 personas denunciadas como desaparecidas cada día.

Pero número 8: Impunidad absoluta

Las cifras anteriormente mencionadas se enmarcan en un contexto de impunidad que en caso de las desapariciones resulta absoluta. Desde la tipificación del delito de desaparición forzada en octubre de 2013, hasta la fecha, no se ha logrado sentenciar a ninguna persona por este delito. Cabe resaltar que además de no contar con ni una sentencia por desaparición forzada, en el estado tampoco se cuenta con alguna investigación abierta por este delito.

Pero número 9: Promesas incumplidas

A fin de lograr con un proceso de seguimiento basado en un sustento jurídico, que incluyera la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, y para garantizar una coordinación adecuada entre las instituciones encargadas de los procesos de búsqueda, investigación, identificación de personas y atención a víctimas, tras múltiples exigencias, se logró crear una Comisión Interinstitucional para el Seguimiento de las Acciones Implementadas por el Gobierno del Estado de Jalisco para el Fortalecimiento de la FEPD y de la CBPJ. Al momento de su creación dicha Comisión fue considerada como un avance muy importante y de transcedencia transexenal.

La institución fue instalada el día 27 de septiembre de 2018, y transcurridos 30 días tras su instalación, de acuerdo con los transitorios del Decreto que la creó, se debería haber aprobado su Agenda Única y sus Lineamientos de Operación, hecho que no sucedió. Es por eso que nueavamente exigimos a convocar la reunión para dar seguimiento a los objetivos de la Comisión y aprobar dichos documentos, antes de que comience la administración del nuevo gobierno, a fin de generar un cierre adecuado y digno, y cumplir con los compromisos asumidos en la materia.

Reto número 10: Falta de unión e indiferencia de la sociedad civil.

Me gustaría hacer unas preguntas, ¿porque estamos aquí tan pocas personas?, y ¿porque como sociedad somos tan apáticos e indiferentes? ¿Cómo hacer que los medios de comunicación realmente comprendan el problema y estén al lado de las víctimas.? ¿Cómo las escuelas y las universidades pueden acercarse a esta problemática y generar la conciencia entre las personas jóvenes.? ¿Cómo combatir esta ignorancia de la sociedad y realizar los esfuerzos que no sean tan poco articulados, tan poco persistentes, y que no sean nada más coyunturales?.

Y con estas preguntas y que son a la vez retos enormes que dirijo a cada uno/una de ustedes, me gustaría concluir.

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*Discurso ofrecido el 28 de noviembre de 2018 en el Foro: Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Aprendizajes y Retos a un Año de su implementación en Jalisco. En la segunda mesa con el tema “Ley general en Materia de Desaparición de Personas, Lecciones Aprendidas a un año de su Aprobación.”

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Carlos Peralta INFORME Sala de prensa

El desarrollo y la contaminación del agua

Tlaquepaque Jalisco a 23 de agosto 2017

Por: Dr. Carlos A. Peralta Varela

En otras participaciones he mencionado que el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, forma parte de nuestra Constitución e implica que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Los gobiernos, en el caso mexicano, se han comprometido en asegurar el agua, sin embargo no son igual de corresponsables en lo relativo al saneamiento y tratamiento del agua permitiendo que se viertan contaminadas a los afluentes. Deberíamos considerar seriamente el ciclo urbano del agua que si bien implica llevar casas a los hogares, también obligaría a limpiar el agua que usamos, el tratamiento del agua debe formar parte fundamental, no solo de discurso, en las políticas públicas y deben impactar en los presupuestos.

En el plano internacional, el Objetivo 6 de los llamados Objetivos para el Desarrollo Sustentables acordados en la ONU, considere que se deberá “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. En función de este objetivo, la ONU se propone varias metas, una de ellas es:

“Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial”.

En el caso de México, los gobiernos han puesto el énfasis en desarrollar infraestructura para satisfacer la cobertura del agua (el acceso al agua), pero no le han dado la misma importancia a atender el problema de la contaminación que generan las descargas.

En este sentido podemos mencionar, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, que de los 2,457 municipios y delegaciones de México, solamente 827 (34%) cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales, evidentemente 1,628 que equivalen a 66%, no cuentan con este servicio. La CONAGUA reconoce en términos generales, que sólo el 57.5%2 de las descargas municipales recibe tratamiento, el resto se vierten sin tratamiento en ríos, arroyos, barrancas, lagos o el mar.

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet)3, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), específicamente en los municipios atendidos por el SIAPA, “existen manzanas que no cuentan con la cobertura de alcantarillado. Zapopan es el municipio que concentra el mayor número de manzanas sin cobertura de alcantarillado: 1,598 manzanas con 97,325 habitantes. Le sigue San Pedro Tlaquepaque con 1,285 manzanas y 99,444 habitantes. Tonalá acumula 1,084 manzanas con una población de 48,605 personas, mientras que Guadalajara sólo cuenta con 3 manzanas y una población de 95 personas sin ese servicio. En cuanto al agua residual, se genera en promedio 16, 734 litros por segundo en el AMG, siendo Zapopan el mayor generador de aguas residuales seguido por Guadalajara y Tlajomulco”.

Pero también en el POTmet se nos informa que aproximadamente tratamos la mitad del agua residual generada. Existen 67 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR); de ellas, sólo 36 se encuentran en operación. Su capacidad colectiva de procesamiento es de hasta 9,076 litros de agua, apenas un poco más de la mitad de las aguas residuales producidas. Esta operación acumulada se encuentra en su mayoría en dos macro plantas: El Ahogado y Agua Prieta, que dan cuenta del tratamiento del 23% y el 72% -respectivamente- del volumen tratado en la actualidad. En resumen mandamos a los afluentes miles de litros de agua sin limpiar que contribuyen a la contaminación de nuestro medio ambiente.

Los gobiernos deben considerar una atención más eficiente al tratamiento de las aguas. No es suficiente con posibilitar el acceso porque también es parte del derecho humano considerar el saneamiento del agua. Deben destinarse recursos para tener inspectores y verificar el cumplimiento de las normas, pero también para el funcionamiento de las plantas de tratamiento. Esto también es parte de nuestros derechos.

 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En México, sólo 34 de cada 100 municipios cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales. Comunicado de prensa núm. 127/17. 17 de marzo de 2017

2 Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos Agua y Saneamiento. 2017. México. Página 11 http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

3 Al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) se puede acceder por la página: http://imeplan.mx/

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INFORME Sala de prensa

La oportunidad que nos regala Trump

Desde su campaña política, Donald Trump presentó una opción.

Para muchos con pensamiento conservador, la opción para volver a anagloriarse en valores tradicionales que han existido siempre y continuarán existiendo; algunos de ellos de superioridad frente a otros, otros “diferentes” a ellos, y por tanto inferiores en diversas condiciones: género, raza, apariencia física, origen étnico o nacional. “Otros”, que representan una amenaza (de esas no razonadas, fomentadas por el poder y afianzadas por los medios de comunicación) fruto del miedo, del miedo más primitivo, como la de que “todas y todos” los musulmanes son malos y nos quieren dañar… El mismo miedo y odio no razonado que propagaban los nazis respecto de los judíos o los homosexuales…

Pero no es esa la opción presentada por Trump que quiero resaltar, sino una que pretende encontrar en todos los acontecimientos, encuentros, acciones, una oportunidad de aprendizaje.

La oportunidad es sólo para quien la ve. Si no la sabemos reconocer, nos pasará por enfrente, sin siquiera darnos cuenta y la perderemos.

La oportunidad la representa el volver a reconocer cuáles son aquellos valores o apuestas que construyen un mundo mejor para todos y todas, no sólo para unos cuántos en el poder, o para los miembros de un Estado-nación; la oportunidad de no contestar con una de la misma calidad y calibre, sino con el elegante guante blanco, con la esperanza de que los niños aprenden mejor con el ejemplo de los padres que con reclamos o sermones que nos dividen más, nos laceran más.

La oportunidad es dejar las diferencias que aparentemente nos separan… sí esas de “nosotros somos los buenos y ellos los malos…”, “nosotros somos los sensibles y ellos los insensibles”, “nosotros somos mexicanos y ellos no…” y recordar lo esencial: que todos y todas somos “seres humanos”, más allá de las condiciones o ideologías; y no sólo recordarlo, sino implementarlo, hacerlo vida.

Por lo tanto, podemos ver las acciones realizadas por Trump como “violaciones de derechos humanos” y tendríamos razón, pero ¿Qué hacer frente a ellas? ¿Cómo decidimos verlas? Eso sí está en nuestras manos.

La defensa de los derechos humanos, implica la exigencia de su cumplimiento por parte de todos y todas, pero también implica su ejercicio y respeto. Lo que no se vale es mirar la paja en el ojo ajeno, y dejar de ver la nuestra. Empecemos por nosotros mismos, por lo nuestro, lo inmediato, y muy probablemente el ejemplo impere más que la queja o la simple actitud de víctima frente al mundo. Esa es la oportunidad de aprendizaje que nos regala Trump.

Gerardo Moya García

Asambleísta del CEPAD

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INFORME Sala de prensa

Mirar de frente a la violencia para promover un cambio estructural

Conmoción, impacto, tristeza y hasta sensacionalismo, fueron parte de las reacciones que surgieron frente al terrible acontecimiento ocurrido en días pasados en una escuela privada en la ciudad de Monterrey, en la que un chico de 15 años de edad disparó contra tres de sus compañeros y su maestra, disparándose luego a sí mismo dentro del aula. El suceso, grabado en un vídeo tomado desde una cámara de seguridad, se filtró a las redes sociales, provocando una serie de reacciones encontradas en torno a su difusión, la ética en los medios, y el riesgo grave de contravenir los derechos de la infancia contenidos en diversos tratados internacionales y leyes de nuestro país.

Son muchas las vertientes de análisis que se pueden hacer ante un hecho como éste; los medios y redes sociales se han dedicado a difundir explicaciones simplistas y alarmistas, que tienden a estigmatizar a los jóvenes y sus familias, a censurar imágenes que muestran una realidad que nos negamos a ver, a buscar justificaciones individuales, patologizantes o deterministas que difícilmente nos permitirán comprender las causas de fondo y hacerles frente, y que a fin de cuentas nos llevan a evadir nuestra responsabilidad como sociedad. Pero las cosas no suceden de manera aislada; para que la violencia emerja y se visibilice, se necesita de un contexto social y cultural que la propicie.

No podemos dejar de ver lo que las imágenes y los hechos nos muestran, por más duro que resulte. Hacerlo nos permite intentar desentrañar la violencia: reflejo de una realidad social, política, económica, moral y cultural de la que surgen las causas por las que un muchacho como Federico actuó como lo hizo, sin detenerse a pensar en sus compañeros y compañeras, en el valor de su vida y la de los demás. Hemos de reconocer que como sociedad no supimos construir un entorno que le ofreciera una razón para imaginar un futuro posible y atractivo, que lo anclara a tener ganas de compartir la vida con su familia y amigos.

Desde la sociedad nos corresponde repensar la manera en que convivimos comunitariamente, la forma en que interactuamos en familia, con nuestros vecinos, amigos, alumnos… para buscar estrategias sensatas y sensibles para evitar que ocurran más tragedias como ésta. Reflexionar con seriedad, y evitar hacer juicios simples, que sólo llevan a soluciones superficiales que no logran trasformar las estructuras sociales. Propuestas emergentes como retomar las revisiones de mochilas, colocar detectores de metales o la ridícula idea de instituir escuelas militarizadas para contener a los alumnos problemáticos, sólo logran criminalizar a los jóvenes sin garantizar nuestra seguridad. Y lo que es peor, son medidas que siembran la desconfianza a través de la imposición disciplinaria y que no contribuyen a construir espacios de respeto, libertad y colaboración, tan necesarios para convivir de manera armoniosa unos con otros.

La complejidad a la que apunta esta situación radica principalmente en el significado que le demos al término seguridad y los medios que estemos dispuestos a dejar que las autoridades empleen para garantizarla y promoverla, lo que de manera natural también atañe a la prevención y la forma de atender cualquier situación de crisis que pueda presentarse en este tema. El cómo concibamos la seguridad escolar definirá a quiénes involucremos en su establecimiento y en su atención, así como la forma en cómo se planteen, diseñen y pongan en práctica los programas y acciones de las diversas políticas públicas orientadas a atenderla, pero también las condiciones con que desde las familias, los hogares y los espacios de convivencia estemos dispuestos a configurar y construir.

Diseñar políticas públicas desde un enfoque de Derechos Humanos y desde una perspectiva de Infancia y Juventud implica necesariamente el reconocimiento de las niñas, los niños y las y los jóvenes como sujetos de derechos. No podemos dar prioridad al concepto de escuelas seguras por encima de ellxs, creando ambientes escolares hostiles que inhiben la asistencia regular a la escuela y la posibilidad de aprender en un espacio de respeto de su integridad personal. La revisión de mochilas, los detectores de metal, la presencia policiaca en las escuelas, son a todas luces reflejo de un trato discriminatorio que los vulnera y criminaliza a través de prácticas cotidianas toleradas por las autoridades y por la sociedad. Es el paso inevitable de la condición de ciudadanos plenos a la de sospechosos permanentes.

El problema de la violencia social que vivimos requiere de acciones profundas que promuevan la transformación estructural y cultural de la violencia, que involucren a niños, niñas, jóvenes, profesorado, directivos, padres de familia y autoridades, en el diseño e implementación de mecanismos que permitan el involucramiento activo de todos en un proceso de reconocimiento del problema, para en forma paulatina ir generando acciones no-violentas (para influir en el curso y resolución pacífica de un conflicto), que configuren los espacios escolares, familiares y comunitarios en ambientes de respeto, tolerancia y armonía.

Aumentar nuestra capacidad de escucha, de acercarnos afectivamente a niñxs y jóvenes, conversar con ellxs, compartir la cotidianidad y estar presentes de manera constante, cuestionando los estereotipos que fomenten la violencia, la humillación y la injusticia, ofreciéndoles miradas alternativas de solidaridad y de compromiso social. Se trata de un proceso de conciencia y transformación entre todos los integrantes de la comunidad, que promueva el mejoramiento de la convivencia social, la cultura de la no-violencia y el buen trato entre todos y todas.

Paola Lazo Corvera

Asambleísta del CEPAD

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INFORME Sala de prensa

San Juan de Dios y las Víctimas Inocentes

Análisis de los Disturbios en San Juan de Dios y las Víctimas Inocentes

Salvador López Torres

El Mercado San Juan de Dios, en la Colonia Centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es un espacio público compuesto de una gran cantidad de locales comerciales acondicionados como tiendas especializadas en venta de artículos típicos de nuestra región y del estado de Jalisco, así como de comidas, hierbas medicinales, calzado, bolsas, mochilas, artículos de cuero, ropa, artículos electrónicos, películas, videos, etcétera.

Cerca del mercado existe una zona conocida como “Obregón”; es un espacio localizado en el primer cuadrado de la ciudad. Como zona habitacional, ha desaparecido para convertirse en una eminentemente comercial en la que se encuentra instalada una gran cantidad de negocios especializados en la venta de accesorios de moda, bolsas, mochilas, artículos navideños y deportivos.

Es del conocimiento público que en estas dos zonas comerciales, además de los productos de la región, se expenden algunos productos como réplicas de marcas originales o piratería. Las autoridades municipales, estatales y federales en el ámbito de su competencia, por omisión y complacencia han permitido la creación de una red de negocios, organizados a través de grupos o personas que representan al gremio de comerciantes instalados y ambulantes de estas zonas. Estas organizaciones se han apoderado de la zona y sus operaciones a grado tal, que la autoridad en sus distintos ámbitos de gobierno ha sido rebasada, sometida a los intereses de los comerciantes.

Cada año, en vísperas de las ventas con motivo de la época navideña, las autoridades hacen intentos por confiscar mercancía de dudosa procedencia a través de operativos sorpresa, amenazando con la reubicación y prohibición de instalación del comercio informal, sin embargo, los compromisos creados y la concesión de poder a los grupos o líderes, genera resistencia y oposición.

El 31 de octubre de 2014, elementos de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Administración Tributaria y la Fiscalía General del Estado de Jalisco1, realizaban un operativo de revisión de mercancía en comercios de la zona aledaña al Mercado de San Juan de Dios, que se salió de control cuando los comerciantes protestaron contra los actos de gobierno, tornándose agresivos con las autoridades al grado que incendiaron algunos vehículos oficiales.

La euforia contagió a compradores, clientes y transeúntes, quienes, en solidaridad con los comerciantes, se manifestaron en contra de la autoridad. En la confluencia de las calles Javier Mina y la Calzada Independencia, se localizaba una tienda de conveniencia denominada OXXO, a donde una multitud, aprovechando los disturbios, se introdujo para cometer desmanes y saquearla2.

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Foto: Héctor Guerrero

Geovani, a 3 meses de haber cumplido la mayoría de edad, recién integrado a la actividad laboral formal como repartidor de comida en la “Fonda Doña Mari”, ubicada en la confluencia de las calles Héroes y Maestranza, camina por la banqueta de la Calzada Independencia en dirección Sur a Norte junto con Daniel, su compañero de trabajo, después de cumplir con su horario laboral. En el cruce con la calle Francisco I. Madero, se encuentran con un cerco policiaco y son detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Después de algunas advertencias, les piden reconocer haber sido detenidos al salir de la tienda de conveniencia OXXO, con mercancía del propio negocio, a lo cual se niegan; sin embargo, fueron consignados y sometidos a prisión preventiva por casi un año, internados en el Reclusorio Preventivo de la Zona Metropolitana de la Guadalajara y sujetos a un proceso penal.

Lo anterior violó flagrantemente su presunción de inocencia. Su detención fue arbitraria, toda vez que no cometieron ilícito alguno y su captura ocurre en lugar distinto del señalado por los elementos aprehensores; es decir, su detención fue ejecutada fuera del marco normativo.

¿Cuándo podemos considerar que existe una detención arbitraria? Una detención es arbitraria cuando es ejecutada en contra de las disposiciones de derechos humanos. Cuando esto ocurre, decimos que se violan sus derechos, se niegan, se suprimen o se impide su ejercicio.

Cuando, a través de nuestras acciones u omisiones, cometimos una falta o delito, la detención es legal si se ejecuta bajo ciertos requisitos y condiciones que la ley exige; es decir, en un contexto de pleno reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, una detención es arbitraria si:

  • No hay base legal para la privación de tu libertad.
  • Se te detiene por haber ejercido los derechos y libertades que la ley te garantiza3.

Del caso de Fernando Geovani y Luis Daniel, fuimos enterados en el Cepad a través de los medios de comunicación escrita, así como por sus familiares, quienes requirieron de nuestro apoyo y asesoría jurídica. Analizamos la forma y contexto de su detención, asumimos la defensa y diseñamos una estrategia.

En la entrevista personal con los acusados nos dimos cuenta que, en su detención, fueron víctimas de golpes, malos tratos, tortura física y psicológica; que no reconocieron haber cometido el robo de artículos del OXXO y que, no obstante su negativa, fueron consignados y procesados por el delito de robo calificado, que el Código Penal para el Estado de Jalisco considera como grave. Por ello no fue posible conceder el beneficio de salir bajo fianza; es decir, enfrentar el proceso fuera de prisión.

Una vez abierto el proceso, se aportaron como pruebas: el testimonio de quien era la patrona de Geovani hasta el día de su detención; una fotografía tomada en el momento en que ocurre la detención de Geovani y Daniel; el testimonio de quienes tomaron dicha fotografía; tres videos con duración de tres horas, proporcionados por el Jefe del Área Penal de Infraestructura Vial de la Secretaría de Movilidad, en el que aparece la confluencia de las calles Javier Mina y Calzada Independencia, enfocada en la mayor parte de su grabación en la tienda de conveniencia; y el resultado de los interrogatorios practicados a los elementos aprehensores y empleados de la tienda, quienes cayeron en contradicciones.

El resultado de todas las pruebas aportadas advertía que Fernando Geovani y Luis Daniel habían sido injustamente detenidos e incriminados. La reproducción de los videos demostró que mientras ocurrió el saqueo de mercancía a la tienda, no hubo presencia alguna de miembros de corporación policiaca, sin embargo, los aprehensores señalaron haber detenido a Fernando Geovani, Luis Daniel, además de otra persona de nombre Edgar, exactamente al salir de la tienda y haberlos observado con mercancía de este negocio; por lo tanto, se demostró que a la hora indicada no ocurrió esa detención, ni aparece persona alguna saliendo de la tienda.

En los videos de referencia, también se muestra que a la hora en que arriban los elementos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco ya no había personas sacando mercancía de la tienda. Con las testimoniales se acreditó que, el día de los hechos, Fernando Geovani y Luis Daniel estaban en su trabajo mientras ocurría la manifestación y los desmanes acaecidos en la confluencia de las calles Javier Mina y Calzada Independencia. De la misma manera, la fotografía aportada como evidencia y tomada por uno de los testigos, precisamente al momento en que ocurría la detención, permite ver que los acusados fueron detenidos en Calzada Independencia, en el cruce con la calle Francisco I. Madero.

No obstante lo anterior, el Juez Cuarto de lo Penal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco dictó sentencia el 15 de julio de 2015, condenando a Fernando Geovani y Luis Daniel, a cumplir una pena de tres años y el pago de una multa de $672.90, correspondiente a 10 días de salario mínimo, y a Edgar, a cumplir una pena de cinco años y el pago de multa de $1,009.35, correspondiente a 15 días de salario mínimo.

Edgar es un joven que —de acuerdo a la versión de los policías aprehensores— fue detenido también justo saliendo del OXXO en compañía de Fernando Geovani y Luis Daniel; sin embargo, en su declaración preparatoria señaló que fue detenido el día del desorden pero en la Colonia Las Juntas, Municipio de Tlaquepaque, además de que Fernando Geovani y Luis Daniel manifestaron no conocerlo sino hasta el momento en que lo subieron a la patrulla en la que se encontraban, al salir de las oficinas de la Fiscalía General, localizadas entre la calle Libertad y Avenida 16 de Septiembre, también en la Colonia Centro.

Considerando que el Juez de Primera Instancia desestimó las evidencias aportadas, la sentencia fue atacada mediante el recurso de apelación, con el conocimiento de la Primera Sala Especializada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

A partir del análisis de la sentencia, concluimos que la actuación del juzgador fue atendiendo a un aspecto político y no jurídico, con el fin de avalar y justificar la actuación arbitraria de las autoridades del estado.

Los agravios consistieron, precisamente, en la falta de valoración de las pruebas on las que se acreditó que la detención fue arbitraria, y que también demostraban su inocencia en la comisión del delito de robo calificado, no obstante que la Representación Social no aportó pruebas para demostrar su participación en los disturbios y robo de mercancía del negocio en cuestión, siendo obligación de éste acreditar el delito y su responsabilidad. En la búsqueda de la justicia aportamos aquellos medios de prueba idóneos, que a la postre el juzgador no tomó en cuenta, violentando con ello las reglas del debido proceso.

El 29 de octubre de 2015, la Sala pronunció sentencia absolviendo de toda responsabilidad penal a Fernando Geovani y a Luis Daniel, y confirmando la responsabilidad y condena en contra de Edgar.

Las pruebas de descargo que se ofrecieron y desahogaron en el proceso, analizadas por la Sala, fueron suficientes para determinar que se probó que Fernando Geovani y Luis Daniel fueron ajenos a los hechos ocurridos en la tienda OXXO y, en sentido contrario, descalificaron la versión de los policías aprehensores y de los empleados de la tienda al no ser creíbles.

Con esta sentencia se logró probar su inocencia en la comisión del delito de robo, fabricado desde la Fiscalía General del Estado de Jalisco en contubernio con los empleados de la negociación, en el contexto de la represión de una protesta social. El caso de nuestros defendidos sirve como una muestra del excesivo ejercicio de la autoridad por parte del estado.

Al no ser absuelto Edgar en la sentencia, se tramitó un juicio de amparo a su favor —mismo que está pendiente de resolverse—, confiando en que la justicia federal le conceda el amparo y protección por estar desvirtuada la acusación del estado, como se ha mencionado con anterioridad.

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Foto: Héctor Guerrero

 

Ante un ejercicio distorsionado de la legalidad, es evidente que el estado causó daños físicos y psicológicos en Geovani y Luis Daniel como procesados, y a sus familias como afectados adyacentes, quienes durante el año que transcurrió el proceso penal pasaron por momentos de angustia y temor de que dentro del penal les causaran algún daño; bajo estas circunstancias el estado puso en riesgo la vida e integridad de Geovani y Luis Daniel.

Con el señalamiento público sobre su detención como responsables de los desmanes ocurridos en San Juan de Dios y el saqueo de la tienda OXXO4, el Estado causó daño moral en la persona de Geovani y Luis Daniel al exponerlos a la opinión pública, presentándolos a los medios de comunicación, parados, con sus brazos hacia atrás, en posición conocida como cuando estás esposado.

Con su estrategia represiva, el Estado también causó un daño económico en la persona de Geovani, al mantenerlo sin motivo en prisión preventiva durante un año, dada su ya nacida historia laboral y patrimonial al momento de su detención.

A causa de la acción arbitraria del Estado, se dañaron proyectos de vida, dejando secuelas psicológicas, desconfianza generalizada, problemas económicos a las víctimas y sus familias, etc. Esto sólo podemos combatirlo exigiendo respeto a los derechos fundamentales, ejercitando acciones en contra de un Estado corrupto con el fin de que repare a las víctimas los daños causados, presente disculpas públicas y ofrezca garantías de no repetición de actos represivos como estos, a través de la profesionalización y capacitación de su personal, y con ello, inhibir y desaparecer las malas prácticas de las corporaciones encargadas de la seguridad pública.

 

NOTAS:

1 Datos obtenidos del informe del 31 de octubre de 2015, rendido por elementos de la Fiscalía General, en el que ponen a disposición del Ministerio Público a los jóvenes detenidos. Averiguación Previa 10753/2014, Área de Investigación contra Robo a Casa Habitación y Comercio. Fiscalía General del Estado.

3 Elementos obtenidos del folleto informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

4 El señalamiento público queda manifiesto en diversos medios informativos de la ciudad, como se puede advertir en las siguientes páginas electrónicas:

 

 

Obtenido del Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco, 2015