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Informes de Derechos Humanos

Éxodo Migrante en su Paso por Guadalajara

Dr. Heriberto Vega Villaseñor

El presente texto busca dar cuenta de lo que fue el paso del éxodo migratorio centroamericano por la zona metropolitana de Guadalajara entre los días 10 y 19 de noviembre de 2018, y valorar cuál fue la situación de los derechos humanos de las personas migrantes. Para ello se presentan como contexto: algunos sucesos importantes para reconocer la ruta y ritmo de los diferentes contingentes que cruzaron el territorio mexicano en modo de caravana; un acercamiento a las posibles causas del éxodo migratorio; la postura de los gobiernos de la región ante estos eventos; una revisión de la ayuda humanitaria con sus vicisitudes; y finalmente, la reflexión acerca de la situación de los derechos humanos en estos acontecimientos.

A este movimiento de personas desplazadas centroamericanas se le nombró Caravana Migrante en alusión a otras movilizaciones que en años anteriores se realizaron en fechas eminentemente religiosas: Semana Santa (Viacrucis Migrante) o bien, en torno a la fiesta de la Virgen de Guadalupe (Caravana Migrante). Es una estrategia de paso, particularmente por el territorio mexicano, que ofrece protección ante los peligros de ataque por parte del crimen común, del crimen organizado o de autoridades corruptas y abusivas. Sin embargo, se trata más bien de un movimiento de desplazados que se asemeja a un éxodo, a una salida forzada por las condiciones de precariedad o de violencia en los lugares de origen. De ahí que una de las notas particulares de este movimiento fue la intención, no de cruzar de manera clandestina hacia Estados Unidos, sino de solicitar la condición de refugiado, es decir, buscar una forma regular de internamiento en el país de destino.

Entre las fuentes para obtener información para este trabajo, es importante resaltar los testimonios de personas que compartieron generosamente sus experiencias y aprendizajes: Iliana Martínez y Sofía de la Peña, del Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso) y voluntarios de la misma institución; Manuela Camus, investigadora en El Refugio; el P. Alberto Ruiz, Saraí Ruiz, Eloísa, Joel y Janet del equipo de El Refugio; así como Caty, Fabiola, Miguel y personas migrantes entrevistadas. Sin sus aportes no hubiera sido posible este trabajo de recuperación de la experiencia y de compartir reflexiones.

Sucesos importantes

De acuerdo a los datos que se han podido obtener1 fue el 5 de octubre cuando se convocó a la “Marcha del Migrante” a través de las redes sociales. Fue un movimiento que se gestó en Honduras y tuvo como lema: “No nos vamos porque queremos: nos expulsa la violencia y la pobreza”. Las notas coinciden en que esta convocatoria fue organizada por el exdiputado hondureño del opositor Partido Libre, Bartolo Fuentes, quien también labora como periodista.

13 de octubre: inicia la caravana con cerca de 1,300 personas (mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados) y a lo largo del camino se integraron más personas, sumando alrededor de 2 mil.

16 de octubre: Bartolo Fuentes fue detenido y deportado a Honduras. Trump amenaza con quitar el financiamiento y ayuda a Honduras si no se detenían. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lanza un llamado para que reconsideraran su salida. A la frontera con México llegan unas 4,000 personas que esperaban en el puente internacional; sin embargo, algunos deciden pasar aún sin los trámites necesarios. Por su parte, el gobierno mexicano envía agentes del Instituto Nacional de Migración (inm) y a la Policía Federal (pf) para “controlar” y organizar la entrada de las personas migrantes.

17 de octubre: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) solicita medidas cautelares para la protección de la “Caminata del Migrante”. Se realiza una reunión entre Marcelo Ebrard y los gobiernos de Honduras y Guatemala para analizar la situación y promover que la migración fuera optativa y no obligada.

18 de octubre: personas migrantes tiran la valla fronteriza y cruzan más de 1,600 al municipio de Suchiate. Algunos intentan cruzar por el río Suchiate y la Policía Federal los contuvo con gases lacrimógenos, lo que dio ocasión a una respuesta con piedras y otros objetos. Las imágenes se difundieron ampliamente. En redes sociales se intensifican los comentarios xenofóbicos como no se había presentado en ocasiones anteriores, como si se hiciera eco de la postura del presidente estadounidense hacia los migrantes.

19 de octubre: México abre las puertas del puente sobre el río Suchiate y el grueso de la caravana pudo cruzar a este país.

20 de octubre: desde Honduras, inicia la Segunda Caravana Migrante.

21 de octubre: se denuncia que 1,699 personas alojadas en la Expo Mesoamericana, en Tapachula, Chiapas (instalaciones de la feria adaptadas como albergue), fueron retenidas sin poder salir, y se dijo que 495 fueron retornadas a su país. Posteriormente se reanuda la marcha hacia Huixtla, muchos se trasladan en camiones de carga. Muere un hondureño al caer de un automóvil. En Huixtla, algunos fueron fumigados con insecticidas con pretexto de combatir una plaga de mosquitos.

26 de octubre: se da la controversia por actuación de agentes del inm contra dos migrantes. Enrique Peña Nieto anuncia el plan “Estás en tu casa”, ofreciendo acceso a empleo temporal, salud y educación a quien hiciera la solicitud de refugio en México y se encontrara en Chiapas o en Oaxaca.

28 de octubre: La Segunda Caravana se enfrenta a la policía guatemalteca en la frontera con México; muere un joven hondureño a causa de una bala de goma. En México había fuerte presencia policial, los migrantes intentan pasar nadando por el río. Hay presencia humanitaria del gobierno de la cdmx en Oaxaca. Se evalúa lo necesario para recibirlos en la capital mexicana.

29 de octubre: el gobierno hondureño exige esclarecer la muerte de Henry y exhorta nuevamente a su población para que regrese. Sale la Tercera Caravana desde San Salvador, con casi 300 migrantes.

30 de octubre: la Tercera Caravana llega a Tecún Umán e ingresa al día siguiente a territorio mexicano a través del río. El operativo realizado con un helicóptero generaba olas y vientos que hacían peligroso el cruce. Interviene la cndh. El inm informa que 4,076 migrantes retornaron de manera voluntaria, mientras que en medios la primera caravana se contabilizaba en 7,000 integrantes y la segunda en 1,500 personas.

31 de octubre: sale una cuarta caravana de migrantes desde El Salvador, con un aproximado de 800 migrantes salvadoreños. Al paso de las caravanas se sumaron migrantes que estaban ya en territorio mexicano, tanto centroamericanos como mexicanos. Hubo apoyo por parte de camioneros, traileros, personas altruistas, casas de migrantes y de algunas autoridades.

1 de noviembre: el gobierno mexicano informa que 2,934 personas habían solicitado la condición de refugiado.

2 de noviembre: la primera caravana llega a Veracruz. El gobernador Yunes prometió 150 camiones para el traslado y luego desistió, creando confusión; continúa su viaje caminando por la carretera federal hacia Veracruz y Oaxaca.

8 de noviembre: los migrantes fueron a las oficinas de la onu y de la Organización Internacional de las Migraciones (oim) para exigir 370 autobuses. Fueron acompañados por activistas de Pueblos Sin Fronteras.2 Su petición fue rechazada. La tercera caravana, salvadoreña, alcanzó a la segunda en Matías Romero, Oaxaca.

9 de noviembre: salieron más de 2,000 personas migrantes hacia Querétaro en diversos medios de transporte, sobre todo de carga. Ingresa una quinta caravana de cerca de 250 salvadoreños por el río Suchiate. La pf interviene y los traslada a Tapachula para que tramiten la solicitud de refugio a fin de que pudieran permanecer en el país.

10 de noviembre: en la madrugada salieron más de 6,000 migrantes de la Ciudad de México con dirección a Querétaro con la intención de llegar a Tijuana. Otros estaban ya en camino. Ese día llega un grupo importante de la caravana a Guadalajara, fueron instalados en el Auditorio Benito Juárez. Previamente se dio una organización, convocada por el gobierno del estado, con organizaciones civiles de atención a personas migrantes (fm4, El Refugio Casa del Migrante, scalabrinianos, etc.) y la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Una avanzada de la caravana migrante, compuesta por 85 personas, en su mayoría integrantes del movimiento lgbt, llegaron a Tijuana. Allí, fueron transportados en autobuses hacia la colonia Playas de Tijuana, donde una organización de Texas les había rentado una casa grande. Los vecinos de Playas de Tijuana protestan por la presencia de estas personas en su colonia mientras los migrantes eran entrevistados por periodistas.

12 de noviembre: en Guadalajara, continúa la atención en el Auditorio Benito Juárez. Se dan algunas tensiones entre personas migrantes con vecinos. Se hace la negociación de la salida con Pueblos Sin Fronteras. Cambio de actitud en el discurso gubernamental en el sentido de retirar los apoyos ofrecidos.

13 de noviembre: salida en la madrugada de camiones con personas migrantes desde la ciudad de Guadalajara, supuestamente hasta Ixtlán del Río, Nayarit, pero son dejados en El Arenal (primera caseta de la autopista hacia Nayarit). Se cierra el albergue en el Auditorio y los migrantes se trasladan por sus propios medios hasta la caseta para reunirse con el resto del contingente. Algunos consiguieron raites y apoyo de la sociedad civil para continuar el trayecto.

De acuerdo con los medios de comunicación, la estrategia de los gobiernos de Sonora y Sinaloa fue facilitar a los migrantes transporte, alimentos y atención médica, para que ninguno de los viajantes permaneciera en cualquiera de los municipios de ambas entidades.

14 de noviembre: ante el cambio de disposición del gobierno de Jalisco para dar apoyo a la caravana, se inicia una campaña promovida por agentes de la sociedad civil para dar apoyo en alimento y transporte a las personas que venían en una segunda caravana; estos apoyos fueron coordinados y administrados por Caritas de Guadalajara.

Ya en Tijuana, residentes de la colonia Playas de Tijuana se manifestaron contra la presencia de migrantes y después de realizar un mitin en la delegación, un pequeño grupo de manifestantes llegó hasta el faro para agredir a las personas migrantes.

En la noche, el secretario de Desarrollo Social del Municipio de Tijuana anuncia la apertura de un albergue que estaría a cargo de la directora del dif municipal, pero con bastantes deficiencias, por lo que una gran mayoría de los migrantes durmieron nuevamente en el faro de Playas de Tijuana, en un contexto de contradicciones entre la ayuda humanitaria y posiciones xenofóbicas.

Posibles causas o “causantes”de este éxodo migratorio

Acerca de las causas de este éxodo centroamericanos se plantearon escenarios más bien contradictorios. Es real que el contexto de la salida fue el de las elecciones legislativas en Estados Unidos y que el discurso del inquilino de la Casa Blanca era de alerta contra la “invasión” de centroamericanos y un llamado a fortalecer la seguridad de la frontera sur, con lo cual pretendía sacar provecho político para obtener votos. A la postre, los republicanos mantuvieron la mayoría en el Senado, pero perdieron el control del Congreso, así que el resultado no fue tan favorable para esos intereses.

De otra parte, había un grupo de analistas, como Alfredo Jalife, que afirmaron que el éxodo migrante fue financiado por los enemigos del presidente de Estados Unidos, en concreto por George Soros, con la intención de desestabilizar a ese gobierno. Así que estarían dos contrapropuestas.

Sin embargo, lo que se puede confirmar, de acuerdo a los testimonios de las personas migrantes, es que la descomposición social es a la base de las condiciones que empujan la salida de la gente: falta de empleo, salarios muy precarios, inseguridad laboral y la muy creciente criminalidad que acaba suplantando la función del Estado en zonas importantes del país. Las acciones criminales van desde el reclutamiento forzado, la violencia callejera hasta acciones como es el “impuesto de guerra” o “cobro de piso” a quienes tienen alguna actividad económica, por más pequeña que sea. En otros casos se trata de desplazados de zonas campesinas por la siembra masiva de la palma africana o de regiones en que ahora se promueven desarrollos turísticos, forzando al desalojo de algunos pobladores originarios.

También están las políticas antimigrantorias que han sido resultado de lo que Julia Monárrez (2018) ha denominado como estado necropolítico patriarcal, es decir, un estado que origina “políticas de muerte” y se abroga el derecho de dar vida o muerte a sus poblaciones, especialmente a quienes se les niega ser sujetos de derechos; un Estado que operativiza las diferentes formas de opresión: clase, género, raza, nacionalidad, en contra de quienes carecen de poder y son vulnerables, como las personas migrantes. De ahí que sea necesario caracterizar, aunque someramente, la postura de los gobiernos involucrados.

La postura de los gobiernos de la región

La postura de los gobiernos centroamericanos parece más bien de complicidad con el gran capital, o bien, de derrota. En el caso de Honduras no se debe olvidar que fue la plataforma de Estados Unidos para los contras de la revolución sandinista en Nicaragua, que en 2009 se dio el golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya por parte de los militares ante la sospecha de reeleccionismo y que el actual presidente fue uno de los diputados opositores de Zelaya, y contra ello, hizo modificar la Constitución para reelegirse, en acusación de fraude en 2017, y así asegurar dos periodos que abarcan desde 2014 hasta 2022, contando con el aval del gobierno estadounidense. La consigna de salida de los migrantes hondureños era claramente en contra del presidente Juan Orlando Hernández.

En el caso de El Salvador, el movimiento se puede relacionar con una tradición migratoria, por un lado, pero también con la descomposición social por otro. Tal como se recoge en los testimonios, el poder de las maras se ha vuelto amenazante para la paz y en muchos casos letal para la vida. Ante la convocatoria en redes para integrar una caravana hacia Estados Unidos, la respuesta no se hizo esperar; se reunieron en San Salvador y a lo largo del camino se les fueron integrando más personas.

El gobierno guatemalteco, por su parte, intentó hacer una contención de la caravana en su frontera, sobre todo al deportar al diputado Bartolo Fuentes, y después, en la segunda caravana, al hacer disparos con balas de goma que culminaron con la muerte de un hondureño. Sin embargo, también hubo población guatemlateca que se integró al contingente, aunque en un número menor. La presencia de nicaragüenses fue casi nula, a pesar de que el país atraviesa por una confrontación social con el presidente Ortega, quien ha realizado actos represivos a lo largo del país; es sabido que buena parte de su flujo migratorio se orienta más bien hacia Costa Rica o Panamá.

El gobierno mexicano se encontraba en un contexto de transición en el cambio de poderes que se podía traducir, por una parte, en un cierto vacío de presupuestos y de dirección: por un lado, parecía responder a las presiones de Estados Unidos, y por otro, parecía querer empatar con los planteamientos humanitarios del gobierno entrante, así que tuvo una postura ambigua entre la contención y la oferta de apoyos a las personas migrantes. De ahí la presencia masiva de la pf en la frontera de Ciudad Hidalgo; las acciones de amedrentamiento en el río Suchiate y en algunos puntos del camino; en la práctica, la detención en el albergue habilitado en Tapachula; y al mismo tiempo, el lanzamiento de programas de inserción laboral y de atención a las solicitudes de la condición de refugiado.

En México también hubo comportamientos contrastantes por parte de los gobernadores de los estados por donde iban cruzando los diversos contingentes. Con una oscilación entre el apoyo decidido y la omisión de facto, se puede considerar que en el sur tuvieron más contacto y roces con las personas migrantes. En la Ciudad de México se habilitó un gran albergue, aunque con algunos problemas de operación. En los estados del bajío se destacó más la acción de la sociedad civil. En Jalisco se dio una posición ambigua: de una solidaridad protagónica al desencanto y, en una segunda instancia, a la protección mínima con actuación clara de la sociedad civil. En los estados del Pacífico se optó por facilitar los recursos necesarios para acelerar el paso de las personas migrantes, ofreciendo apoyos en puntos del camino donde se hizo enlace de trasporte pagado por el gobierno. En Tijuana fue particularmente negativo el discurso xenófobo del alcalde y la postura omisa del gobernador.

La población mexicana tuvo una actuación que puede calificarse entre solidaria –por acciones concretas en donativos y atención directa a las personas migrantes–, y por otro lado hubo –sobre todo en redes sociales y en comentarios de los medios de comunicación en Internet– un discurso xenofóbico y discriminador a un grado como no se había presentado en otras ocasiones. Eso dio ocasión a que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) tuviera que lanzar un comunicado3 contradiciendo discursos descalificadores como: “son delincuentes”, “no es problema de México”, “primero atender a los mexicanos” o “es una invasión”.

El gobierno de Estados Unidos, como se ha hecho mención, fue el gran promotor de la xenofobia y de la politización del éxodo de centroamericanos con fines electorales. Amenazó con quitar apoyos a los países de origen (Honduras y El Salvador) como a los de tránsito (Guatemala y México). Especialmente, mantuvo una postura de descalificación hacia el gobierno mexicano por no haberlos contenidos de forma contundente, y acentúo el discurso de la importancia del muro para contener, ya no a la migración mexicana sino a la centroamericana. Quizá éste fue el único cambio en su planteamiento. Y a la llegada de las personas migrantes a la frontera continuó con su discurso criminalizador, represivo y con una práctica de ralentización en los procesos de atención a las solicitudes de la condición de refugiado o de la deportación con razones poco claras.

La ayuda humanitaria en Guadalajara

Para la organización de la ayuda, el gobierno del estado tuvo un papel protagónico, particularmente a través del Instituto Jalisciense para los Migrantes, y convocar a organizaciones de la sociedad civil con experiencia en este tipo de atención (El Refugio Casa del Migrante, misioneros scalabrinianos, académicos de universidades locales), siendo fm4 Paso Libre el interlocutor más directo. De parte del gobierno, hiceron presencia tanto el área de seguridad pública como de salud. También se dio una participación destacada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El acuerdo fue que se habilitaría el Auditorio Benito Juárez como albergue con capacidad para unas 5,000 personas, y que ahí se concentraría toda la atención; además, se invitó a la población a hacer donativos y a ofrecerse como voluntarios.

El acondicionamiento como albergue fue de muy buen nivel, bien coordinado y con una respuesta generosa de una buena parte de la sociedad tapatía. Así, la llegada de los primeros grupos tuvo lugar el sábado 10 de noviembre y de inmediato la policía y Protección Civil organizaron su traslado al albergue, en donde fueron atendidos con alimento, espacios de descanso, aseo, atención médica y en algunos casos, de trámites migratorios. Para el día siguiente, la coordinación siguió siendo muy efectiva, especialmente se notó la experiencia de fm4 en voluntariado, con una participación ciudadana sumamente nutrida. No obstante, comenzaron a darse algunos brotes de alerta, tanto por la incomodidad de algunos vecinos –que acusaron incluso de brotes de enfermedades respiratorias como de conflictos suscitados desde el interior de la caravana– debido a ciertas actitudes de descortesía, envalentonamiento, desorden de algunos migrantes, sobre todo jóvenes, que no siguieron las reglas de operación del albergue. Así, el lunes 12 las tensiones parecieron crecer y se dio un cambio en la postura gubernamental. Se realizaron diálogos con los líderes de la caravana, en especial con activistas de Pueblos Sin Fronteras, y se acordó que habría una salida del Auditorio Benito Juárez el martes 13 de noviembre. Según el registro de gobierno, se dio atención a cerca de 6,000 personas.

Entre algunas claves de comprensión acerca de la dificultad de atención a las personas migrantes en las caravanas, conviene considerar los tres aspectos siguientes:

En primer lugar, los contingentes de las distintas caravanas tuvieron un punto de encuentro más o menos fugaz en la Ciudad de México, cuyo gobierno parecía ser el mejor preparado, pero que en la práctica mostró ciertas deficiencias en la atención inicial. De manera que su paso por los diferentes estados fue desigual, por ello, era difícil hacer cálculos precisos del número de personas a atender en cada punto.

En segundo lugar está el hecho de que normalmente las personas migrantes en tránsito buscan llegar con la mayor rapidez a la frontera, de ahí que en muchos momentos son los hombres, sobre todo los jóvenes, quienes acaban imponiendo el ritmo, y se dejan de lado las necesidades de niños, mujeres o familias. De ahí que estos grupos experimentaran un mayor grado de cansancio y necesidades de atención especializada.

Y en tercer lugar, habría que sumar que no venían como un solo bloque, sino que iban formando grupos organizados con sus respectivos líderes, a veces desde los lugares de origen, o bien con activistas que se les unieron, como Pueblos Sin Fronteras y otros, por lo cual era difícil lograr acuerdos comunes.

Esa forma de actuación hizo que, aunque hubo algún momento en que estuvieron juntos, no siempre se tomaban decisiones para todos, sino que aplicaban para unos grupos solamente. Así, algunos tomaron la decisión de salir de la Ciudad de México y tomar el camino hacia Tijuana, con lo cual la ruta a seguir sería la llamada “Ruta de Occidente”. Ante esta situación, en la zona metropolitana de Guadalajara se tomaron medidas para darles atención.

Una reflexión final sobre los derechos humanos de las personas migrantes y la solidaridad

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2018) elaboró un informe especial sobre la Caravana de Migrantes y ahí destacó que los derechos en operación durante ese cruce por el país fueron:

• Derecho a la seguridad de las personas en contexto de migración.

• Integridad personal.

• Derechos de la niñez.

• Derecho al debido proceso legal en las detenciones.

• Derecho a la protección de la salud.

• Derecho a solicitar y recibir refugio.

• Derecho al retorno.

Se podría decir que en un primer momento estos derechos estuvieron garantizados en Jalisco, con la conjunción de esfuerzos por parte del gobierno y la sociedad civil organizada. Sin embargo, los conflictos generados, en parte por las reglas de operación un tanto restrictivas del albergue en el Auditorio Benito Juárez, como por la negligencia y arbitrariedad del gobierno de Aristóteles Sandoval con la falta de respeto de algunas personas migrantes, hicieron que derechos como el de la seguridad, la integridad personal y los de la niñez quedaran debilitados en los momentos críticos en que se dio la orden de cierre del albergue y se dejó a las personas migrantes a su suerte en la caseta de El Arenal, o simplemente se les conminó a salir sin ofrecer mayor apoyo para su traslado.

Ante esta postura de abandono hubo personas, grupos e instancias que asumieron la responsabilidad de atender y ayudar a quienes estaban en necesidad. Fue el caso de organizaciones de la sociedad civil como Caritas, el iteso, El Refugio Casa del Migrante, fm4, académicos y estudiantes de la Universidad de Guadalajara, así como personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que urgieron a la ciudadanía y lograron apoyos para atender y movilizar a las personas más vulnerables que pernoctaron en El Arenal.

En la segunda caravana, cuando la atención se dio en El Refugio Casa del Migrante, se puede destacar la atención especial al derecho de protección de la salud en cuanto que se dio atención médica a quienes lo solicitaron y se hizo una canalización muy importante de personas enfermas a distintos hospitales públicos de la localidad. También se cuidó la seguridad de las personas en contexto de migración al conceder lugares que ofrecieran protección en los momentos de descanso, como fue la habilitación de los templos. Se cuidó igualmente la integridad personal al tener un proceso permanente de promoción de la solidaridad de la comunidad con las personas migrantes, así como la preservación de los derechos de la niñez al ofrecer una atención especial a los lugares en donde se instalaron menores, aún estando acompañados.

De manera especial, se puede destacar el cuidado al derecho a solicitar y recibir refugio. Aspecto que se ha venido atendiendo en El Refugio desde el año 2016, cuando iniciaron trámites de personas solicitantes; en 2017, al habilitar una sección especial de la casa para alojar a quienes estaban en esos procesos, y cuando se recibieron traslados de personas desde Tapachula y se les acompañó hasta obtener la condición de refugiado. Con la recepción de la segunda caravana se dio atención a quienes iniciaron trámites migratorios y se hizo un compromiso para acompañarlos hasta el final del proceso. Y, sin duda, se reconoce el trabajo sistemático de asesoría jurídica en fm4 Paso Libre desde 2015.

En la acción concreta, se pudo observar en la primera caravana un protagonismo del estado en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, procurando un paso seguro, ordenado, con apoyo de cientos de ciudadanos donantes o dispuestos a servir como voluntarios. Sin embargo, fue un gobierno que quizá tuvo poca capacidad de tolerancia ante reclamos, exigencias y algunas actitudes irrespetuosas de algunas personas migrantes o sus dirigentes, sumado a las presiones de algunos vecinos inconformes o de los discursos xenófobos (miedo al extranjero), aporofóbicos (de rechazo al pobre) en redes sociales, lo que le llevó a un cambio de la actitud, desde una hospitalaria hacia al cierre abrupto del albergue en el auditorio Benito Juárez, así como el posterior abandono de las personas migrantes a su suerte en la caseta de El Arenal. Un manejo más inteligente, y el saber confiar en la experiencia de las organizaciones que trabajan con personas migrantes, hubiera servido de apoyo para esos momentos de tensión.

La presencia de las personas nos pone ante el espejo. Nos reflejan nuestras actitudes ante la humanidad. Y el paso de este éxodo migratorio por nuestra ciudad nos mostró imágenes a veces contrarias y contradictorias. De un lado, la disposición para acoger, para compartir y para facilitar el viaje; y de otro, un discurso discriminatorio, xenófobo y aporofóbico –como sostiene la filósofa Adela Cortina (2017)–, que en alguna medida propició un clima de riesgo y de desconfianza hacia las personas migrantes.

Para la segunda caravana se notó claramente la acción de la sociedad civil organizada. Fue ese soporte el que facilitó que la atención emergente en El Refugio se realizara de manera adecuada a las necesidades que se presentaron. Aquí quedó de manifiesto un trabajo previo de construcción del tejido social y de solidaridad con las personas migrantes por parte de la parroquia con la comunidad del Cerro del Cuatro. No sólo se tuvo un fuerte apoyo externo, también las personas de la comunidad llevaron donativos y se ofrecieron como voluntarios para servir en las diversas tareas que se fueron presentando. Por ello se pudo ofrecer una estancia lo más digna posible, así como una salida ordenada y segura. Este cuidado fue también visible en la atención a quienes llegaron a La Joya para ser trasladados en autobuses hacia los límites con Nayarit. El protagonismo estuvo ahora en manos de ciudadanos organizados solidariamente y con apoyo de instancias de gobierno como Protección Civil y la policía.

Entre las personas migrantes se pudo observar un perfil muy diverso, como sucede en cualquier grupo humano. Entre los hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad o familias, estaba el común denominador de querer pasar a Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida o simplemente para vivir, ante la amenaza de muerte en sus países de origen. Entre ellos había actitudes de agradecimiento y de colaboración; también algunos –la minoría– tuvieron actitudes fuera de lugar, de exigencias exageradas o de falta de respeto, tanto a la autoridad como a quienes les ofrecían ayuda humanitaria. Es la condición humana y también lo que se denomina como el habitus migrante (Vega, 2018): la condición de sobrevivencia con altos niveles de vulnerabilidad que lleva a asumir formas de comportamiento, a veces moralmente cuestionables, que no corresponden necesariamente a lo que se haría en una condición normal de convivencia, pero que en esta situación se consideran necesarias para mantenerse con vida.

También entre las personas migrantes se podían encontrar distintos niveles de comprensión y análisis de su propia condición migratoria. Había personas que revelaban un conocimiento profundo de las causas del desplazamiento y tenían mucha claridad sobre el procedimiento y los objetivos a alcanzar. Otros parecían tener sólo la experiencia de la pobreza y la exposición al peligro en sus lugares de origen, aunque no pudieran explicarlo con un discurso muy elaborado. Y sus diferentes procesos y actitudes salían a la luz en el contexto de convivencia. Entre los dirigentes se destacó la presencia de activistas de Pueblos Sin Fronteras, sus actitudes de liderazgo también tuvieron aspectos de ambigüedad pues no siempre supieron obtener lo mejor para las personas migrantes, como fue el caso de las negociaciones fallidas con el gobierno del estado de Jalisco mientras estuvieron en el auditorio Benito Juárez, o por algunas actitudes cuestionables en la coordinación de las personas migrantes.

Finalmente, volvemos a resaltar el valor de la postura humanista de la población mexicana en estos procesos de desplazados que mueve a estos éxodos migratorios. El gran apoyo en el Auditorio Benito Juárez, con grandes recursos y una organización que facilitó la presencia de voluntarios en los diferentes momentos de la atención. Y en El Refugio, la solidaridad inteligente de una sociedad civil que hizo frente a la crisis, que supo sumar esfuerzos que podían haber quedado aislados y contó con una comunidad, la del Cerro del Cuatro, que abrió su corazón y puso a disposición sus brazos para ofrecer desde sus estructuras mínimas un apoyo que hizo posible el aseguramiento de los derechos de las personas migrantes en su estancia y salida del albergue.

Referencias

Arroyo, Emely; Brenda Cano; Dolores París y Rubén Ruíz (19 de noviembre de 2018). Cronología de la Caravana Migrante. El Colegio de la Frontera Norte. Disponible en: http://observatoriocolef.org/infograficos/cronologia-de-la-caravana-centroamericana/ [Consultado el 5 de enero de 2019].

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2018). Informe Especial. Participación de la cndh en la Audiencia Regional: Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de Migrantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Especial, México: cndh.

Cortina, Adela (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. Barcelona: Paidós.

El Informador (10 de noviembre de 2018). “Entran primeros migrantes de Caravana a Guadalajara. Disponible en: https://www.informador.mx/jalisco/Entran-primeros-migrantes-de-Caravana-a-Guadalajara-20181110-0069.html [Consultado el 3 de enero de 2019].

Forbes Staff (23 de octubre de 2018). “9 preguntas que te ayudarán acomprender la Caravana Migrante”. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/9-preguntas-que-te-ayudaran-a-entender-la-caravana-de-migrantes/ [Consultado el 6 de enero de 2019].

Luna, Adriana (13 de noviembre de 2018). “La ruta de los migrantes. Caravana Migrante deja Guadalajara”. Periódico Excelsior. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/caravana-migrante-deja-guadalajara/1278180 [Consultado el 3 de enero de 2019].

Madrazo Lajous, A., J.E. Monárrez Fragoso, M. Camus Bergareche, y S. Maldonado Aranda (2019) “Discrepancias en torno a la Ley de Seguridad Interior”. Encartes Antropológicos, 01, pp. 169-181.

Sosa Cabrios, Andrea (12 de noviembre de 2018) “Carvana migrante, un mes de travesía… y lo que falta. Periódico El Sur. Disponible en: https://suracapulco.mx/2018/11/12/caravana-migrante-un-mes-de-travesia-y-lo-que-falta/ [Consultado el 4 de enero de 2019].

Vega, Heriberto (2018). Migración de tránsito y acción humanitaria. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara.

Notas:

1 Las fuentes son de tipo hemerográfico, de los testimonios recogidos y de los registros personales.

2 Pueblos Sin Fronteras es una organización que surge en Estados Unidos en los años 2000, su propósito es lograr la apertura de fronteras para facilitar la inmigración y luchar por los derechos de los migrantes. Entre sus principales actividades se encuentran: la organización de protestas contra las políticas antiinmigrantes en Estados Unidos, organización de caravanas desde Centroamérica, construcción de refugios en el camino y brinda asesoría legal para los migrantes.

3 Se refiere al comunicado “Mitos y realidades sobre la Caravana migrante y las personas refugiadas”.

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En Estado de Alerta. El Complejo Camino de la Solicitud para la Activación de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en Jalisco

Jaqueline Galaviz

Introducción

La violencia contra las mujeres no es la coyuntura del momento. Feminicidios, desapariciones, intentos de secuestro, trata, violencia sexual, y en general la violencia feminicida,1 no es un problema nuevo sino una constante y terrible realidad en México donde, de acuerdo con onu Mujeres, nueve mujeres son asesinadas cada día.

En México existe un mecanismo muy particular y reconocido a nivel internacional para enfrentar y erradicar la violencia feminicida sistemática que se da en un territorio y tiempo determinado: la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (avgm). Dicho mecanismo está contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (lgamvlv)2 y que de acuerdo con el artículo 23 tendrá como objetivo: “garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos”.3

La Secretaría de Gobernación, dependencia responsable de los procesos de alerta, a la fecha ha admitido la solicitud de avgm para 27 entidades federativas.4 Actualmente se tienen 18 avgm activadas en 17 estados, tres en proceso de evaluación y en otras nueve entidades se presentó la solicitud, pero no fue declarada.5

La avgm es un mecanismo de acciones emergentes, sin embargo, la realidad es que el proceso de solicitud y su activación no ha sido sencillo ni expedito, el promedio de tiempo que transcurre desde que se admite la solicitud hasta que se activa es de cerca de 21 meses.

Además de la temporalidad, otro de los elementos que dificulta el proceso de avgm son los vacíos que tienen tanto la lgamvlv como su Reglamento, pues no establecen un mecanismo de seguimiento claro para el monitoreo de las acciones que deben ejecutar las autoridades. Asimismo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) tampoco cuenta con una metodología estratégica y homogénea de seguimiento. Lo anterior propicia que los procesos en cada entidad federativa sean tan diversos, particulares y sujetos a discrecionalidad. Qué tanto se pueda avanzar dependerá de factores tan subjetivos como la voluntad y prioridad política de las autoridades.

Ejemplo de lo anterior es el caso de Jalisco, donde finalmente el 30 de noviembre de 2018 se declara la activación de la avgm tras un proceso complejo de dos años. Tomó todo ese tiempo activar la declaratoria en un estado que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh, 2016), se encuentra en tercer lugar nacional en violencia contra las mujeres. Además, la entidad figura en segundo lugar en violencia escolar, tercer lugar en violencia comunitaria, cuarto lugar en violencia en la pareja, y los niveles de violencia laboral y obstétrica se encuentran por encima de la media nacional.6

 

Mecanismo local. Alerta de Violencia Contra las Mujeres (avcm)

La autoalerta

Entre las particularidades que tiene el proceso de alerta en Jalisco está que es el único estado en el país que, además del mecanismo federal, ha activado una alerta de violencia bajo su legislación local. No obstante, dicho proceso reflejó las complicaciones de que una misma autoridad sea juez y parte.

Mientras a mediados de 2015 distintas organizaciones aliadas7 hacían pública su intención de solicitar la declaratoria de alerta ante autoridades federales debido al incremento de la violencia feminicida en Jalisco, las autoridades locales declaraban que el estado se encontraba por debajo de la media nacional en feminicidios, minimizando con ello la gravedad del problema.

Sorpresivamente, en agosto de ese año el entonces gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, anunció la posibilidad de activar la alerta con el mecanismo local contemplado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Jalisco. El 8 de febrero de 2016 el gobernador informó la activación de la alerta local en ocho municipios del estado,8 es decir, que el Gobierno de Jalisco se “autoalertó”, porque en este esquema el gobierno no sólo es el responsable de ejecutar las acciones recomendadas, sino también es quien evalúa la efectividad y avance de las mismas.9

Durante los meses siguientes, las autoridades informaron, a través del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Cepaevim), sobre las acciones realizadas en el marco de la alerta local; lo anterior, en una dinámica que no permitió la participación de las organizaciones ni reflejó resultados realmente medulares. Ante el contexto mencionado, las organizaciones aliadas, en conjunto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ocnf), Amnistía Internacional (ai) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh), sostuvieron reuniones con el gobierno del estado durante cuatro meses, en los que solicitaron se emitiera el decreto oficial que diera sustento jurídico a las acciones de la alerta. Asimismo, propusieron establecer mesas de trabajo para la asesoría técnica. Tras un proceso desgastante e improductivo, el 23 de noviembre de 2016, mediante un oficio, se le comunicó al gobernador la dificultad para continuar participando en las mesas debido a la ausencia de avances concretos.10

 

Mecanismo Federal. Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, avgm

De la solicitud de activación

El mismo 23 de noviembre de 2016 las organizaciones católicas por el Derecho a Decidir, A.C. y Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C., con el acompañamiento de las organizaciones aliadas,11 presentaron legalmente ante Conavim la solicitud de declaratoria por violencia feminicida, en particular por la desaparición de mujeres y niñas, feminicidios y víctimas de violencia sexual, para diez municipios del estado de Jalisco.12

El 5 de diciembre del mismo año, la Conavim resolvió el acuerdo de admisibilidad de la avgm/09/2016 para el estado de Jalisco. El día 12 de diciembre quedó conformado el Grupo de Trabajo13 que durante un mes realizó una investigación, de la que resultó el Informe “Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres para el Estado de Jalisco”. Dicho documento señaló que en Jalisco “existe un contexto cultural, social e institucional complejo, que coloca a las mujeres en situación de vulnerabilidad, lo que contribuye a que se generen condiciones idóneas para producir y reproducir la violencia contra las mismas”.14 Para enfrentar dicha violencia emitieron 12 recomendaciones que el gobierno de Jalisco tendría que implementar en un periodo de seis meses.

Entre las principales recomendaciones contenidas en el Informe están: adoptar medidas para la investigación con debida diligencia, crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, fortalecer la Unidad de Investigación de Trata de Personas, dotar de capacidades a la entonces Unidad de Personas Desaparecidas, fortalecer el Protocolo Alba, revisar y modificar el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio con Perspectiva de Género del Estado de Jalisco, implementar el Programa Estatal de Interrupción Legal del Embarazo (ile), capacitar al personal de salud en la aplicación de la nom-046, fortalecer el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (ijcf), la revisión de la Guía de órdenes de protección, y capacitar en la materia al funcionariado público.15

En marzo de 2017 el gobernador respondió a Conavim aceptando el Informe, no sin antes expresar inquietud e inconformidad respecto al proceso de realización y aprobación del mismo. En un escenario de mucha tensión entre el gobierno del estado y las organizaciones peticionarias, empezaba una etapa de dos años que durante muchos momentos tuvo resistencias, desgastes y retrocesos, pero que poco a poco fue generando avances en la colaboración conjunta.

Para dichos avances fue esencial que desde la Conavim se estableciera un mecanismo de seguimiento que incluyó al Grupo de Trabajo, a la oacnudh, organizaciones peticionarias y, eventualmente, a personas expertas. Con lo anterior se pudo ir revisando avances periódicos y no tener que esperar los seis meses de plazo para conocer la situación. Paralelamente, se establecieron mesas técnicas de trabajo con el Poder Judicial, la Fiscalía, el Legislativo, la Secretaría de Salud, la Secretaría General de Gobierno y una mesa más con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; en ellas se solicitó la presencia específica de funcionarias/os clave para la toma de decisiones y la operatividad de las acciones, esto ayudó a dar un seguimiento puntual y práctico a algunas recomendaciones.

En octubre de 2017, el gobierno del estado envío su informe de avances de cumplimiento tras el plazo de seis meses. El escenario era complejo para las organizaciones peticionarias pues, por un lado, en ese momento había que pugnar por la activación de la declaratoria, y por otro, seguir empujando de manera coordinada con el gobierno del estado algunos avances importantes que estaban en fase de construcción o reformulación mediante una posible prórroga. En febrero de 2018, durante la sesión de revisión del informe de cumplimiento, el Grupo de Trabajo acordó emitir una extensión de tres meses al gobierno de Jalisco para que diera cumplimiento a las acciones pendientes; para ello establecieron nuevos indicadores, focalizando los esfuerzos en ocho medidas a implementar durante ese periodo.16

Para julio de 2018 la Conavim recibe el informe final de cumplimiento por parte del gobierno de Jalisco y, posteriormente, se genera injustificadamente un periodo de meses de dilación para realizar la valoración y dictamen frente a los avances reportados. Por su parte, las organizaciones peticionarias realizaron un informe sombra a través de entrevistas, visitas in situ a varios municipios y la documentación de casos. En el informe mencionado se expuso la persistente situación de violencia feminicida, a pesar de las acciones de la avgm; la información fue remitida al Grupo de Trabajo para su consideración frente a la emisión del Dictamen.

En octubre pasado, finalmente se realizó la sesión del Dictamen en la que, una vez revisados los avances del gobierno de Jalisco, el Grupo de Trabajo resolvió que de las ocho propuestas planteadas en febrero se consideraban cuatro como cumplidas, dos parcialmente cumplidas y dos no cumplidas. Un mes después, la Secretaría de Gobernación (Segob) resolvió que debido a que las acciones parcialmente cumplidas o no cumplidas son relevantes para que las mujeres en Jalisco vivan libres de violencia, se activaba la avgm en Jalisco dado el contexto de gravedad y resolvió instar al gobierno del estado diera continuidad a las acciones con medidas estructurales.

 

Avances y resultados más relevantes del proceso de solicitud a la activación

A modo de resumen, a continuación se enuncian, por un lado, algunos de los avances más significativos en esta etapa de dos años desde la solicitud hasta la activación de la avgm, y por otro, se mencionan ciertas complicaciones que se observan en su ejecución.

En torno a los avances en materia de investigación del delito de feminicidio, se logró la modificación al delito en el Código Penal; con ello se remueven complicaciones subjetivas, además de la complejidad de acreditar las razones de género. Asimismo, se adecuó y publicó en 2018 el nuevo Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio. No obstante, el conocimiento y aplicación de las herramientas mencionadas no ha permeado en los ministerios públicos; además, de acuerdo con las organizaciones peticionarias, en algunos municipios se continuaba registrando como homicidios los casos de muertes violentas de mujeres, y no como feminicidios.17

Con respecto a la situación de mujeres desaparecidas, se logró finalmente que el gobierno estatal hiciera un reconocimiento del problema, y posteriormente, del Protocolo Alba. Empero, lo anterior no ha generado mejoras sustanciales en la búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. Las organizaciones peticionarias señalaron en su informe sombra, que “no se habían realizado los cambios administrativos correspondientes, ni las reformas necesarias, como ampliar el catálogo de servicios y la contratación de personal especializado para el correcto funcionamiento del protocolo”.18 Al respecto, cabe señalar que a mediados de febrero de 2019 la Coordinación del Protocolo Alba sigue sin contar con una persona titular con el perfil requerido para el cargo.

Sobre la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, se lograron avances fundamentales como la creación y publicación de la Guía y el Programa para la Interrupción Legal del Embarazo en los Servicios de Salud del Estado de Jalisco (Programa ile),19 así como la contratación de organizaciones y personas expertas para capacitar en el ile y la nom-046 al personal médico. Lo anterior generó un incremento de personal no objetor de conciencia para la aplicación de la ile. Un pendiente en este tema es la modificación al Código Penal para que la violación a menores de edad sea considerada como violación y no como abuso sexual infantil, puesto que actualmente esa situación, además de violatoria de derechos humanos, dificulta que las niñas y adolescentes víctimas puedan acceder a la ile.20

Por su parte, las organizaciones documentaron que en algunas regiones sanitarias el personal desconocía el Programa ile, además de que no se cuenta con personal preparado y sensibilizado para el acompañamiento y contención a las víctimas. Asimismo, persisten grandes estigmas que impiden contar con personal suficiente para la aplicación de la ile, lo que genera que las víctimas se vean obligadas a viajar a Guadalajara por sus propios medios para solicitar los servicios.

Como se observa en los párrafos anteriores, podemos dar cuenta de que, aunque hubo mejoras sustanciales, en la práctica persisten retos que imposibilitan se logre un cambio real en la situación de violencia que viven las niñas, adolescentes y mujeres en Jalisco.

 

Elementos clave en el complejo proceso de la avgm en Jalisco

Este periodo de dos años no fue un proceso de mejoras ascendentes sino de altibajos. Contó con elementos que permitieron generar ciertas mejoras importantes, y que dejaron varias lecciones aprendidas. Entre esos elementos tenemos:

 

• El establecimiento por parte de Conavim de un mecanismo de seguimiento que sesionó periódicamente, evitando así que pasan seis meses para conocer las acciones ejecutadas.

• La participación de las organizaciones peticionarias dentro del mecanismo de seguimiento, ya que estar ahí permite a las organizaciones enterarse de lo que en el estado va ejecutando, pero también, ir acompañando y corrigiendo de manera más puntual.21

• Otro elemento fue la creación de mesas de trabajo técnico por tema o dependencia. De acuerdo con Luz Estrada, Coordinadora del ocnf,22 la creación de mesas de trabajo técnico temporales para las acciones que implican más dificultad en su ejecución y, con objetivos de trabajo muy específicos, fueron elementos esenciales para generar resultados concretos. Menciona, por ejemplo, la mesa con la Secretaría de Salud, que sesionó tres veces y se pudo avanzar sustancialmente en la nom-046 y el Programa ile.

• La priorización de medidas, particularmente las relacionadas directamente con feminicidio, desaparición y atención a víctimas de violencia sexual. Esto permitió focalizar esfuerzos y empujar acciones en problemas urgentes. Fue fundamental retomar experiencias de otros estados y de acuerdo con el ocnf; la estrategia de priorizar medidas se aprendió como resultado del acompañamiento en el proceso del Estado de México.

• Otro de los elementos básicos para el éxito o fracaso del proceso es la persona que se designe representante del estado en cuestión. En Jalisco, quien lideró el proceso previo a la activación de la avgm desde el gobierno del estado fue Erika Loyo, entonces presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (ijm). Para lograr avanzar fue esencial se le diera el respaldo y facultades desde el Ejecutivo para convocar a las y los titulares de distintas dependencias y secretarías, así como para señalarles que tenían una obligación de cumplimiento de las acciones.

• El papel de Conavim como ente rector. El rol que asuman las autoridades federales en los procesos de avgm es vital para el avance y ejecución de las acciones. Particularmente en el caso de Jalisco, en los momentos en que la Conavim asumió este papel, facilitó el diálogo entre autoridades estatales y organizaciones peticionarias. De acuerdo con Luz Estrada, al ejercer la Conavim un carácter rector –no sólo coordinando o supervisando–, empuja a que las autoridades en los estados asuman las recomendaciones; asimismo, puede facilitar que se tenga el apoyo de las autoridades federales si alguna medida lo requiere.

 

Las organizaciones peticionarias, como parte de un proceso autoreflexivo, han mencionado que faltó empujar, más que en todas las acciones, se considere la situación particular de violencia que viven las mujeres lesbianas. Cabe señalar que Jalisco es el primer estado que considera esta situación en el Informe del Grupo de Trabajo; y es que “para las mujeres lesbianas, el espacio público alberga obstáculos y desventajas dobles” (Lagarde, 2014:169).

 

Contexto actual. Fase de implementación

La activación de la alerta en Jalisco se da unos días previos al cambio de gobierno del estado. Actualmente estamos en un contexto diferente donde no sólo cambió el titular y el partido político al frente del Ejecutivo, sino que además tiene una estructura orgánica distinta.23

A casi tres meses de su activación, no se observa una estrategia definida para el seguimiento de la avgm. El contexto es preocupante tras el desmantelamiento que se da con la decisión del gobernador Enrique Alfaro de extinguir el ijm,24 dependencia que venía liderando el proceso; actualmente es incierto qué dependencia estará a cargo del proceso.

Y si bien la Conavim debe establecer el mecanismo de seguimiento en el que el Grupo de Trabajo se convierte ahora en el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario,25 el gobierno de Jalisco no debe esperar a que esto suceda para dar puntual seguimiento y ejecución de las acciones.

El gobierno actual tiene que emitir su plan de trabajo para el cumplimiento de las acciones señaladas en la Resolución de la avgm, debe señalar presupuestos y dependencias responsables para su ejecución; de acuerdo con Luz Estrada es indispensable ubicar qué le corresponde a cada Poder y señalar quién del Ejecutivo, Legislativo y Judicial será responsable del seguimiento de la avgm. Además, el gobierno tiene que tomar en cuenta los avances previamente generados y empujar las acciones en las medidas que quedaron en fases intermedias.

En mayo de 2019 el gobierno de Jalisco debe enviar un informe a Conavim respecto del cumplimiento de las siguientes acciones: fortalecer el ijcf, mejorar la emisión y seguimiento de órdenes de protección, garantizar la correcta aplicación de la nom-046, contar con personal suficiente en todas las regiones sanitarias del estado para la aplicación del ile, contar con un banco estatal con información constante y disponible para monitorear la violencia contra las mujeres, generar que la Dirección de Análisis y Contexto tenga competencias claras y se refuerce su vinculación con agencias del ministerio público,26 crear un área especializada con perspectiva de género dentro de la fgej para la atención de casos de muertes violentas de mujeres, y garantizar la operatividad del Protocolo Alba y su Comité Técnico, de conformidad a la Sentencia Campo Algodonero.27

 

Conclusiones

La avgm es un mecanismo que ha permitido visibilizar problemáticas graves que ponen en riesgo la vida de las mujeres, genera medidas urgentes que buscan corregir la política pública y reformar los marcos legales que violentan los derechos humanos de las mujeres; en el caso de Jalisco ha propiciado que se obtengan avances que las organizaciones feministas venían exigiendo por años y no habían logrado concretarse.

El gobierno del estado tiene señaladas las medidas a ejecutar; no es momento de empezar de cero sino de revisar las experiencias de lo que funciona y lo que no. Hay además disposición en las organizaciones para seguir empujando y acompañando.28 Estar presentes en los procesos de alerta, además de una demanda de las organizaciones, ha sido también una observación del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw por sus siglas en inglés) al Estado mexicano.29

El gobierno tiene la obligatoriedad de cumplir y lograr avances que disminuyan el contexto de violencia contra las mujeres, lo anterior no sólo podría lograr mejores condiciones que garanticen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sino que además se podría evitar que se solicite nuevamente el mecanismo de avgm para el estado de Jalisco. De acuerdo con Luz Estrada “estamos en un momento en el que hay herramientas para implementar, lo cual es una ventaja, pero es desventaja si la autoridad no lo ve”.

Por último, a las compañeras feministas en Jalisco, aunque la situación es complicada tras las terribles formas en las que se ha dado la extinción del ijm, y a pesar del contexto de tensión, confrontación y desgaste que ha generado, la experiencia en el proceso de la alerta nos recuerda la importancia de estar unidas. Como diría Marcela Lagarde, es momento de hacer sinergia, vivimos “en un México donde todo se combate […] todo se ataca, nada se previene […] no se tocan las estructuras de corrupción y violencia porque sobre ellos está cimentado el profundo y caótico estado social” (Lagarde, 2014:173). Las dinámicas patriarcales están presentes en nuestros entornos todos los días, por ello hagamos sinergia “como encuentro plural y dialógico entre ciudadanas, mujeres de base, aquellas que están en los gobiernos y tienen responsabilidades de género que ejecutar, mujeres políticas y las que están en partidos políticos […] hagamos el esfuerzo de articular visiones y acciones en pos de superar lo fragmentario y excluyente […] el momento actual es apremiante y solo es un instante del tiempo secular” (Lagarde, 2014:178).

Referencias

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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (2016). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh). Presentación Primeros resultados/boletín 18 de agosto de 2017. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf [Consultado el 15 de enero de 2019].

LAGARDE, Marcela (2014). “Sinergia feminista para los derechos humanos de las mujeres” en Silvia López, Elizabeth Maier, María Luisa Tarrés y Gisela Zaremberg (coords.) 15 años de políticas de igualdad. Los alcances, los dilemas y los retos. México: El Colegio de México, pp. 165-181.

ONU MUJERES_MÉXICO; UNFPA-MÉXICO, ONU-DH-MéXICO (2018). “México ante la cedaw”. Disponible en: http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/11/mexico%20ante%20la%20cedaw%202018%20web.pdf?la=es&vs=3528 [Consultado el 19 de enero de 2019].

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw), Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité cedaw. cedaw/c/mex/co/9 (2018). Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México 25 de julio de 2018.

RAMÍREZ, Gloria (coord.) (2018). “Recomendaciones de la Sociedad Civil al Comité cedaw ante el 9º Informe Periódico del Estado Mexicano 2018”. (En línea). Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/MEX/INT_CEDAW_NGO_MEX_31431_S.pdf [Consultado el 17 de enero de 2019].

Leyes

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Congreso del Estado de Jalisco. Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 1 de noviembre de 2008. Disponible en: congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Reglamentos/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia.doc [Consultado el 8 de enero de 2019].

Oficios, dictamen, entre otros documentos oficiales publicados por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim)

[Todos disponibles en: http://portales.segob.gob.mx/es/Transparencia/AVGM_Jalisco (Accesado en distintas ocasiones durante diciembre de 2018 y enero de 2019)].

Actas Primera, Segunda, Quinta, Sexta Sesión y acta de dictamen del Grupo de Trabajo que da seguimiento a la avgm para el Estado de Jalisco.

Documento de organizaciones peticionarias “Informe contexto violencia feminicida en Jalisco”.

Documento “Dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del Informe emitido por el Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de avgm para el Estado de Jalisco”.

Informe del Cumplimiento de los Indicadores de la avgm por parte del Gobierno del Estado de Jalisco con fecha 31 de julio de 2018.

Informe “Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres para el Estado de Jalisco” con fecha del 11 de enero de 2017.

Oficio de Conavim No. cnpevm/1526-1/2016, Acuerdo de Admisibilidad respecto de la solicitud de AVGM en el Estado de Jalisco con fecha del 05 de diciembre de 2016.

Oficio de Conavim No. cnpevm/1639/2018 para la notificación al Gobierno de Jalisco sobre activación de declaratoria de avgm con fecha del 30 de noviembre de 2018.

Oficio de Conavim No. cnpevm/1640/2018 para la notificación a organizaciones peticionarias sobre activación de declaratoria de avgm en Jalisco con fecha del 30 de noviembre de 2018.

Oficio del Gobierno del Estado de Jalisco sobre aceptación del Informe de avgm 195/DPG/IJM/2017, con fecha 29 de marzo de 2017.

Oficio de organizaciones peticionarias para solicitar la avgm para el Estado de Jalisco con fecha del 23 noviembre de 2016.

Oficio de Resolución de la Segob respecto de la avgm para Jalisco, con fecha 20 de noviembre de 2018.

Oficios de Voto razonado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de Patricia Orteha Medellín, ambos con fecha del 29 de octubre de 2018.

Notas:

1 De acuerdo con la lgamvlv, en su artículo 21, la “Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

2 H. Congreso de la Unión (2007). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Capítulo V. De la violencia feminicida y de la avgm.

3 Ibídem, artículo 23.

4 Información oficial sobre los procesos de AVGM en México: https://www.gob.mx/conavim/articulos/guia-practica-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-avgm?idiom=es (consultado el 30 de enero de 2019).

5 Entidades con avgm activa: Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz (cuenta con dos Alertas activas una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), y Zacatecas; entidades con procedimientos en trámite: Ciudad de México, Puebla y Edomex; entidades donde no se resolvió no declarar: Baja California, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.

6 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf (consultado el 15 de enero de 2019).

7 Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem-Jalisco), Colectivo Lésbico Tapatío (Coleta), Calle Sin Acoso Gdl, Yocoyani, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser-Jalisco) y AI.

8 Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca.

9 La activación se da tras el informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (gim), en el cual establecen 17 conclusiones y recomendaciones a las autoridades. Para más información, consultar el portal https://juntxs.jalisco.mx/ (consultado el 15 de enero de 2019).

10 Para más información sobre el proceso de alerta local consultar: María Guadalupe Ramos (2016). “Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco”. En Cepad, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2015, y María de la Luz Estrada (2017) “Desafíos en la implementación de la avg en Jalisco”, en Cepad Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2016.

11 El ocnf, la Agenda Feminista de la defensa de los derechos de las mujeres “Leticia Galarza Campos (Cefem, A.C.), Cladem, El Círculo de Estudios Feministas “Las Irreverentes”, Ddser Jalisco, el Colectivo ¡Queremos seguir vivas!, Yocoyani, A.C., el Colectivo Calle Sin Acoso Gdl y Coleta.

12 Los municipios a que se refieren son: Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Lagos de Moreno, Zapotlán el Grande, Mezquitic, El Salto y Puerto Vallarta. En Alerta local no se contemplaba a los municipios de Zapotlán el Grande, Mezquitic y Lagos de Moreno, pero sí Ameca.

13 Además de las autoridades y organismos que incluye el artículo 36 como integrantes del Grupo de Trabajo, estuvieron como personas académicas: Ana Gilda Lozano, representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, y Martha Patricia Ortega, de la Universidad de Guadalajara; y del nivel nacional: Lourdes Angulo, de la Universidad Pedagógica Nacional y Ernesto Silva de la Universidad Autónoma de México. Cabe destacar que en este proceso se cuenta por primera vez dentro del Grupo de Trabajo con el acompañamiento de la oacnudh como organismo internacional experto, el cual elaboró una serie de indicadores para el cumplimiento de las acciones de la avgm, su participación sería clave durante todo el proceso.

14 Informe “Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres para el Estado de Jalisco”. (2016). p. 51.

15 Para conocer todas las recomendaciones, consultar el apartado “Conclusiones” del Informe “Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres para el Estado de Jalisco” Disponible en: https://juntxs.jalisco.mx/sites/default/files/paginas/archivos/informe_avgm_jalisco_notificaci_n.pdf.

16 Las propuestas hechas por el Grupo de Trabajo para la etapa de prórroga son en torno a investigación y sanción del delito de feminicidio, búsqueda y localización mujeres desaparecidas, implementación del Programa ile, banco de datos de casos de violencia contra las mujeres, campañas de difusión de derechos humanos de las mujeres, emisión y seguimiento de órdenes de protección, ijcf e institucionalización de las acciones del seguimiento de las acciones de la alerta.

17 Documento elaborado por las organizaciones peticionarias “Información contexto de violencia feminicida en Jalisco”.

18 Ibídem, p. 6.

19 De acuerdo con el artículo 229 del Código Penal, en Jalisco el aborto es legal bajo tres causales: por violación, cuando haya peligro de muerte o de un grave daño a la salud de la mujer embarazada; el Programa se crea para la adecuada aplicación de la ILE en los casos mencionados.

20 En 2017 el gobierno del estado emitió una circular a todo el personal médico, estableciendo que se debía implementar el ile a menores víctimas de violación o abuso sexual infantil.

21 En Jalisco dos ejemplos fueron el Diagnóstico de muertes violentas de mujeres y los Protocolo Alba y de Feminicidio. En un primer momento, el gobierno del estado presentó documentos que no cumplían con los objetivos solicitados, e incluso en el caso de los Protocolos se publicaron versiones en 2017 que no tenían los estándares requeridos, posteriormente se instalaron mesas para su adecuación, publicándose nuevamente el 28 de junio de 2018.

22 A lo largo del presente trabajo se hace referencia a observaciones aportadas por parte de María de la Luz Estrada, Coordinadora del ocnf, obtenidas mediante una entrevista telefónica realizada el 4 de febrero de 2019.

23 El 5 de diciembre de 2018, mediante el Decreto 27213/lxii/18, se crea la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que deroga la anterior y modifica la estructura del Ejecutivo.

24 El pasado 31 de enero el gobierno del estado publica en el Periódico Oficial el Decreto 27228/lxii/19, mediante el cual se extingue el ijm.

25 Artículo 38 Bis del Reglamento de la lgamvlv.

26 El 18 de diciembre de 2018 las organizaciones peticionarias entregaron al gobernador del estado un oficio solicitando se establezca el carácter vinculante de la Dirección de Análisis y Contexto, se fortalezcan sus recursos humanos, materiales, técnicos y económicos y que la Dirección dependa directamente del Fiscal General. No han tenido respuesta.

27 Documento de Resolución de la Segob respecto de la avgm para Jalisco, con fecha del 20 de noviembre de 2018.

28 El 14 de diciembre de 2018 las organizaciones peticionarias entregaron un oficio al Ejecutivo del Estado solicitando se instale una mesa de alto nivel para la elaboración del plan de trabajo, a fin de dar cumplimiento a las medidas con indicadores de resultados, dos meses después se sigue sin tener respuesta a la solicitud.

29 El Estado mexicano debe velar porque dentro del mecanismo de Alerta se tenga “la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos del mundo académico y defensores de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia”. Comité cedaw. cedaw/c/mex/co/9. Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México (2018). Párrafo 24, inciso “e”.

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Informes de Derechos Humanos

La AVG en Jalisco. Vitrina que Exhibió otras Violencias contra las Mujeres

Paola Lazo Corvera

La Alerta de Violencia y los derechos sexuales y reproductivos

En México aún no existen las condiciones para erradicar la violencia hacia las mujeres o de género. Reconocer que ésta atenta contra los derechos humanos, es fundamental para que la exigencia de que todas las mujeres puedan vivir una vida libre de agresiones comience a ser atendida eficazmente. La gran cantidad de casos de niñas, jóvenes y mujeres que resultan embarazadas a partir de un ataque sexual es un indicador de que el Estado falla, primero, en resguardar su integridad y su seguridad, y después, al no garantizar el acceso adecuado a servicios de anticoncepción de emergencia e interrupción del embarazo en casos de violación.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017), cada día 99 mujeres son víctimas de delitos sexuales y cada 40 minutos ocurre una violación dentro del territorio nacional; 41% de las mujeres mexicanas ha sido víctima de asalto sexual en alguna etapa de su vida, y 15 de cada 100 mujeres que actualmente tienen entre 20 y 24 años, fueron madres antes de ser mayores de edad (Endireh, 2016). El Estado de México ocupa el primer lugar en violencia sexual hacia las mujeres y Jalisco se encuentra entre las cinco entidades con más delitos sexuales registrados. “La violencia contra las mujeres ha tenido un largo camino para ser reconocida como una problemática social. Transitó de ser violencia doméstica o intrafamiliar para reconocerse como violencia de género, es decir, la violencia que viven las mujeres por su propia condición de ser mujeres” (Ramos Ponce y Núñez, 2016:127).

Desde el año 2008 México cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, única en su tipo en América Latina y el Caribe. Esta ley es una herramienta de defensa, protección y prevención; asimismo, es un instrumento para propiciar los cambios estructurales que como país necesitamos si es que el fin es eliminar la violencia de género, ya que armoniza instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belem do Pará), entre otros estándares internacionales de derechos de las mujeres.

Uno de los grandes aportes de la mencionada ley es la inclusión del mecanismo de Alerta de Violencia de Género (avg) en su artículo 22, el cual introduce una serie de acciones emergentes que el gobierno debe realizar para atender y erradicar la situación de vesania feminicida en regiones específicas del país.

En abril de 2009 se publicó la nom-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, que establece los servicios de salud a los que tienen derecho las mujeres víctimas de una violación sexual, entre ellos, la interrupción legal del embarazo (ile). Esta norma obliga a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud a prestar el servicio. Desde su publicación ha tenido un fuerte rechazo y cientos de médicos se rehúsan a cumplirla arguyendo su derecho de objeción de conciencia.

Por su parte, la Ley General de Víctimas (2013) define las obligaciones y compromisos en materia de atención y protección a víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos. A partir de ésta, en el año 2016 se modifica la nom-046-SSA2-2005 para homologar su contenido, estableciendo que las autoridades de salud debían proporcionar los servicios de interrupción legal del embarazo de manera expedita para cualquier mujer víctima de ataque sexual, sin poner de por medio ningún requisito o restricción y sin necesidad de que la víctima demuestre haber sido agredida sexualmente o que esto deba ser verificado por las autoridades.

En Jalisco, el 8 de febrero de 2016, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, emitió la declaratoria de Alerta de Violencia Contra las Mujeres (avcm) en ocho municipios del estado: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca. Esta declaratoria surgió a partir de una ley local (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, 2008a) y de su reglamento.1 Sustentado en dichos documentos jurídicos, el gobernador puede declarar la Alerta de Violencia con la intención de garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos (Ramos Ponce y Núñez, 2016).

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2008) señala que se deberá emitir una declaración de alerta de violencia cuando “los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado” (Art. 24, Frac. ii). Sin embargo, la ley no define qué debe entenderse por “paz social”, aunque pareciera estar relacionada con el hecho de garantizar el bienestar de las personas, el respeto a su dignidad, la posibilidad de ejercer sus derechos humanos y la existencia de un Estado de derecho (Navarrete, 2018). Una declaratoria de avg, es un recordatorio al Estado de un deber incumplido a favor de las mujeres: asegurar su derecho a vivir sin violencia (ídem.).

Fue así que en el estado de Jalisco se instauró el mecanismo de la avcm, y el 19 de agosto de 2015 el gobernador impulsó la conformación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (gim) integrado por cinco representantes de la academia2 y con la participación de personal de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Jalisciense de las Mujeres y las secretarías de Educación y de Salud de Jalisco; además, participan como observadores del proceso: el Instituto de Transparencia e Información Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Navarrete, 2018).

El grupo trabajó durante más de tres meses para elaborar un informe sobre la situación de la violencia de género y feminicida en el estado, a partir de un análisis del programa y las acciones emergentes implementadas por el gobierno, en el que señaló la falta de incidencia efectiva de las mismas.

Un asunto que visibiliza la poca importancia que la alerta tuvo para el gobierno estatal, fue el hecho de que la avcm no se publicó en su momento en el periódico oficial, sino que quedó en un mero aviso mediático: “los anuncios oficiales giraban en torno a cuentas alegres y avances sustanciales, de tal manera que se presentaba el semáforo con avances de 57% en el cumplimiento de la alerta” (Ramos Ponce y Núñez, 2016:136). Al respecto, Patricia Ortega, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), refiere que “quien sabe de esto dice que, sin decreto, no hay forma de concretar las medidas, pues no se asigna presupuesto, ni hay forma de que todas las instancias de gobierno se sientan obligadas a cumplirlas. Es decir, no se cuenta con la base para lograr que sea una directriz de la política pública estatal, sino que se deja su cumplimiento a la buena voluntad de las y los funcionarios/as en turno” (2018:186). El mecanismo se publicó en el Periódico Oficial del Estado casi 300 días después de haberse instaurado el mecanismo la avcm.

Actualmente Jalisco cuenta con dos mecanismos de alerta: la Alerta de Violencia Contra las Mujeres (avcm), de nivel estatal (febrero, 2016), y uno del ámbito federal, la Alerta de Violencia de Género (avg) (noviembre, 2018). No obstante, resulta necesario que estas alertas no sean reducidas a un tema de seguridad, sino que se requiere ampliar la mirada e integrar la perspectiva de derechos y de género en su diseño, implementación, seguimiento y evaluación.

Un logro local que es preciso resaltar, es que Jalisco hizo un aporte sustancial al proceso de la alerta cuando incluyó los Derechos Sexuales y Reproductivos, enfatizando que el incumplimiento de la nom-046 es una de las más graves violencias que viven niñas, jóvenes y mujeres, quienes después de sufrir violencia sexual experimentan violencia institucional y de Estado al no poder acceder a la interrupción legal de un embarazo consecuencia de una violación. Desde una perspectiva de derechos humanos y desde cualquier visión, es de celebrar que Jalisco decretara el Programa para la Interrupción Legal del Embarazo en los Servicios de Salud del Estado de Jalisco, en octubre de 2017, y que se empezara a construir el camino para el cumplimiento efectivo de la nom-046.

El Programa de ile en Jalisco. Logro en papel, frustrado en su aplicación

Patricia Ortega (2018) sostiene que la posibilidad de implementar los servicios de interrupción legal del embarazo conforme a la nom-046 y su respectivo programa de ile, tiene que ver con una primera conquista: que el gobierno estatal declarara el mecanismo de Alerta de Violencia Contra las Mujeres (avcm). Ésta significó el reconocimiento de que vivimos en una cultura machista y así dejó de considerarse una demanda exclusiva de las feministas, para pasar a ser un elemento con el cual definir la política pública. Esta situación generó a su vez un movimiento solidario entre mujeres en los diferentes municipios, en instancias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, población en general y en organismos nacionales e internacionales (Ortega, 2018).

Sin embargo, este camino no estuvo exento de retos y escollos. Uno fue la coordinación entre las instancias de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en temas de violencia contra las mujeres; éstas, después de un largo trance –aderezado también por la inoperancia de los gobiernos, y ante lo urgente de la situación–, mantuvieron la disposición para involucrarse interinstitucionalmente y atender una problemática, que si bien ha sido generada por una violencia estructural como parte de la cultura machista, corresponde primordialmente al gobierno contenerla y resolverla (ídem.).

La entonces presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (ijm), Erika Loyo, señala que en un principio hubo enormes resistencias, internas e institucionales, para la aplicación de la nom-046. Había falta de información y comprensión de la Norma, y pensaron que la manera de contrarrestar esta resistencia era la capacitación; empero, se enfrentaron con el hecho de que este proceso de capacitación no significaba necesariamente mayor conocimiento, interiorización o disposición para la aplicación de la Norma. El personal de salud no cambiaba de percepción, tampoco entendía de fondo cómo tenía que llevarse a cabo el procedimiento, y en cuáles condiciones técnicas y de respeto habría de hacerse. No existía un cuadro técnico de mando y operación que permitiera al personal entender qué iba primero y qué después, para atender con calidad y sensibilidad a las usuarias (Erika Loyo, entrevista, 27 de enero 2019).

Dentro de las recomendaciones específicas del gim y el compromiso asumido por el gobierno del estado, se estableció la creación del Programa de Interrupción Legal del Embarazo para las causales contenidas en el Art. 229 del Código Penal del estado de Jalisco, a saber: “Es lícito interrumpir un embarazo si es producto de una violación, si pone en riesgo la salud o la vida de la mujer”. Los datos obtenidos de la investigación del gim evidenciaron que, en el estado, las niñas y mujeres víctimas de violación sexual terminan por parir a los hijos/as de los violadores (ídem). La medida contó con la apertura del ijm y del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; así inició el proceso para la elaboración de la Guía de Interrupción Legal del Embarazo para la causal de violación.

Sin embargo, el proceso estuvo empantanado por la oposición hacia el tema que mostraron varias organizaciones del Consejo Social del ijm, así como de una parte importante de la delegación de la Secretaría de Salud Jalisco (ssj), quienes también se resistieron al cumplimiento de la ley y, en especial, a ceñirse a la nom-046. En este sentido, fue esencial la intervención y gestión de Erika Loyo, presidenta del ijm, quien logró convencer a su Consejo y a los representantes de la ssj de la importancia de garantizar la defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual, y finalmente se configuró una propuesta consensuada con las y los integrantes de la mesa y el “compromiso” de la ssj de cumplirla (Ortega, 2018).

En opinión de Erika Loyo el avance fue lento, con muchas presiones y dificultades; reconoce que un factor crucial para la aplicación Norma fue la publicación de una circular oficial –por insistencia de las organizaciones de la sociedad civil– en la que el propio secretario de salud, Dr. Antonio Cruces Mada, indicó que la nom-046 era una regulación que debía aplicarse “sí o sí”. El 28 de septiembre de 2017 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco la “Circular para la operación de los servicios de salud relacionados con la Interrupción Voluntaria e Interrupción Legal del Embarazo” (dirigida a todas las regiones sanitarias y hospitalarias del estado); un mes después, en el mismo Periódico Oficial apareció la publicación del Programa Estatal del ile (Erika Loyo, entrevista citada).

Sombras y penumbras. Implementación de la nom-046 y el Programa ile

Uno de los contextos en los que se materializa la violencia hacia las mujeres en la entidad ha sido el campo médico y de atención a la salud. La incapacidad en la aplicación del Art. 229 del Código Penal del estado de Jalisco es una muestra de ello: “Es lícito interrumpir un embarazo si es producto de una violación, si pone en riesgo la salud o la vida de la mujer”. Entre las deficiencias en la implementación de la nom-046 y del Programa ile en Jalisco, el trabajo de Patricia Ortega (2018) recupera múltiples violaciones a los derechos humanos de niñas, jóvenes y mujeres víctimas de violación que han solicitado la atención médica, psicológica y legal posterior a la agresión vivida; entre ellas, el hecho de que se les requiera interponer una denuncia, contrario a lo establecido en la nom-046; además, que reciban atención basada en prejuicios, información no científica ni laica, carente de perspectiva de género, así como la exigencia de que las víctimas declaren ante Ministerio Público como un requisito para autorizar el procedimiento de ile.

La experiencia de varias de las chicas y mujeres que han solicitado atención y apoyo pone en evidencia que la ssj no cuenta aún con suficiente personal capacitado, sensibilizado y no objetor de conciencia, que pueda atender adecuadamente estos casos. En ocasiones, el proceso químico se desecha para seguir el instrumentado, por tratarse del que las y los médicos conocen y dominan, y no porque sea el más conveniente para la víctima; esta situación hace que el procedimiento sea tortuoso, doloroso, invasivo y agresivo, especialmente cuando se trata de niñas o jovencitas víctimas de violencia sexual (Ortega, 2018).

En palabras de Erika Loyo, el logro del Programa ile en Jalisco no exime a las instituciones de reconocer los grandes problemas operativos que enfrentaron, que fueron parte de las causas por las cuales el gobierno federal decretó la Alerta. La negación de la atención era común y hubo muchos casos de mujeres que tuvieron que trasladarse a Guadalajara en lugar de recibir la atención médica en sus regiones. Esta situación se debió en gran medida a la resistencia médica en los programas regionales. Hubo múltiples acciones que buscaron derogar la Circular y el Programa del ile, entre ellas, la fuerte presión ejercida por organizaciones de corte conservador como Pro Vida, que intentaron desacreditar el programa y su aplicación. Otro problema está relacionado con las raíces de la resistencia entre los médicos, quienes desde su formación profesional desconocen la Norma y no han recibido sensibilización en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Este tipo de intransigencias también se encontraron en instancias fuera del sector salud, como la Fiscalía, el Sistema dif y Ciudad Niñez, en donde existen vacíos para la operacionalización de la Norma y del Programa (Erika Loyo, entrevista citada).

Entre las acciones violatorias a los derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres, Ortega (2018:190-191) observa las siguientes:

• Solicitud de recolección de “los restos” del aborto para análisis de adn con el fin de corroborar quién es el padre.

• Personal hospitalario poniendo en duda la palabra de la víctima.

• Atención psicológica ofreciendo información tendenciosa: “ahorita no se siente nada, pero en dos semanas se van a sentir los movimientos del bebé y se verá la imagen en el ecosonograma”.

• Intimidación a la madre de la víctima por parte del personal de salud al señalar como diferente la versión de la niña a la suya, y referirlo como una posible complicación para la autorización del procedimiento.

• Exigencia por parte del personal médico de que la víctima relate detalladamente “todo” lo sucedido (doble victimización).

• Explicaciones médicas del procedimiento con elementos descriptivos innecesarios al tratarse de una menor de edad, utilizando información no científica, ni laica.

• Negación del personal médico a asentar en el expediente la realización de una interrupción legal por causal violación.

• Negar medicamento para el dolor durante el procedimiento (los manuales de ile señalan que el ibuprofeno no se contraindica con ningún otro).

Estas situaciones ponen en evidencia lo urgente de la sensibilización, la formación y la capacitación técnica y humana, así como el imperativo de supervisar al personal de salud para que su atención se ciña a los estándares médicos de calidad y, sobre todo, de trato digno, respetuoso y garante de los derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres víctimas de agresión sexual. Es ineludible que exista colaboración y exigencia por parte de las autoridades para el adecuado cumplimiento de la Norma, unida a una firme labor para derribar –con información científica sostenida en una perspectiva de derechos humanos y de género– las resistencias y evasivas para atender la ley, así como las barreras para el acceso a la justicia, y erradicar la violencia institucional, los tratos crueles e inhumanos hacia las víctimas de violencia sexual.

Otra de las limitantes de la implementación del Programa de ile con base en la nom-046, ha sido la objeción de conciencia (Art. 18) del personal médico;3 en este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (cedaw) ha mostrado preocupación con respecto a la manera en que ésta se utiliza como justificación para no atender a mujeres que por distintas razones requieren interrumpir su embarazo conforme a las causales de ley.

La objeción de conciencia implica el reconocimiento del derecho a la libertad de conciencia, y significa que el personal médico y de enfermería puede abstenerse de realizar actividades que consideran contrarias a sus creencias personales, incluidas las religiosas. La objeción de conciencia es de índole individual, razón por la cual sólo el personal que participe de manera directa en el procedimiento de aborto puede ser objetor de conciencia, no así el personal administrativo. Las instituciones de salud no pueden declararse objetoras, por el contrario, están obligadas a contar en todo momento con personal no objetor para garantizar el servicio de interrupción del embarazo bajo las causales establecidas por la ley. Si por algún motivo justificado no se puede proporcionar este servicio a la usuaria, la institución tiene la obligación de referirla de inmediato a otra unidad de salud en la que sí reciba la atención que necesita (gire, 2018c).

En abril de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) otorgó dos amparos a mujeres víctimas de violación sexual a quienes se les negó el acceso a la interrupción legal del embarazo en los servicios públicos de salud, aun cuando dicha posibilidad es un derecho de las víctimas en todo el país, de acuerdo con la Ley General de Víctimas y a la nom-046 (gire, 2018a). La scjn afirmó que dicha negación constituye una violación de derechos humanos y que las autoridades de salud están obligadas a lo siguiente:

• Las autoridades sanitarias a quienes acudan mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y están embarazadas, producto de dicho acto, deben atender de manera eficiente e inmediata la solicitud, a fin de no permitir que las consecuencias físicas, psicológicas, económicas y sociales, derivadas de la agresión sexual se sigan desplegando en el tiempo, lo que conlleva no solo a prestar la atención y observación médica necesarias, sino a la materialización de tal interrupción legal del embarazo si ésta es solicitada por la víctima.

A través de estas resoluciones, el máximo tribunal de este país confirma la obligación legal de los prestadores de servicios de salud de garantizar el acceso al aborto en caso de violación sexual y, por extensión, en los demás casos que estén dentro de las causales establecidas en los códigos penales. De esta manera, la objeción de conciencia no debe –ni puede– ser empleada si vulnera los derechos reproductivos de las mujeres (gire, 2018a).

Conclusiones

Parece que el camino continuará tortuoso ¿hacia dónde transitar?

Desde noviembre de 2016, ante la lentitud e incumplimiento de varias de las recomendaciones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (gim), las organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), iniciar el proceso de implementación de la Alerta federal por violencia de Género en Jalisco. La exigencia de esta Alerta significa una firme señal de que el gobierno estatal y los municipales involucrados han sido incapaces de resolver o disminuir la violencia contra las mujeres en Jalisco (Ortega, 2018). Dos años después, en noviembre de 2018, casi al cierre de gestión del gobierno de Aristóteles Sandoval, el gobierno federal emitió la Alerta de Violencia de Género para el estado de Jalisco, misma que a la fecha en que se escribe este artículo (febrero, 2019), aún no ha sido puesta en marcha por el nuevo gobierno estatal.

El fortalecimiento de la operación del Programa Estatal de Interrupción Legal del Embarazo para atender las causales legales en Jalisco de acuerdo al Código Penal vigente, ha estado entre las recomendaciones del gim, que señala el necesario desarrollo de estrategias que hagan posible la verdadera aplicación del Programa de ile, con su correspondiente campaña de difusión, capacitación y sensibilización de todo el personal que tiene contacto con las usuarias, la adquisición de medicamentos para la realización de procedimientos químicos de ile –menos invasivos para el cuerpo de la mujer–, así como la urgencia de contar siempre con personal No Objetor en las clínicas y centros hospitalarios que brinden el servicio de manera inmediata, y sin poner en riesgo la salud de las mujeres (Ortega, 2018).

El panorama para el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desde el marco de la Ley General de Víctimas y la nom-046, sigue siendo oscuro a pesar de que institucionalmente se han generado los recursos y las estrategias a través de las cuales debiera ser posible arrojar luz en el camino. Es indudable que hoy en día existen muchas más personas informadas y sensibles al tema de aborto legal y seguro en las propias instituciones nacionales y estatales; sin embargo, la resistencia política, social y cultural continúa presente, sostenida en una estructura patriarcal y machista que se expresa concretamente en la posibilidad o no de atender a las mujeres, adolescentes y niñas embarazadas víctimas de violación.

Algunas de las acciones y determinaciones del nuevo gobierno estatal, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, son poco alentadoras. Preocupa la decisión arbitraria de extinguir el Instituto Jalisciense de las Mujeres, ya que pone en riesgo la continuidad de los avances y logros conquistados en materia de derechos humanos de las mujeres; es una pérdida significativa la autonomía institucional con que contaba el ijm en su calidad de Organismo Público Descentralizado (opd), que incidirá negativamente en el compromiso por cumplir con las exigencias de la Alerta de Violencia de Género federal que debieran atenderse en un lapso de cinco meses, y que su implementación efectiva se ha postergado debido al cambio de gobierno. A casi tres meses de que la Secretaría de Gobernación emitió la alerta (noviembre, 2018), las autoridades estatales que en diciembre del mismo año asumieron el gobierno de Jalisco, apenas delinean las acciones que llevarán a cabo para atenderla. Alarma, también, la disminución en la asignación del presupuesto para atención a la situación en materia de derechos de las mujeres, señalada en un estudio realizado por Sonia Serrano y colaboradores (El Diario ntr, 30 de enero de 2019): “Los recursos para el área que se encargará de la agenda de género se redujeron y la mayor parte del presupuesto de la Secretaría de Igualdad Sustantiva se irá a programas de apoyo para otros sectores como jóvenes, indígenas y migrantes”; el documento también apunta una reducción en el dinero etiquetado para el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género, que pasó de 15 millones de pesos en 2018, a un monto de 14 millones para el desarrollo de las estrategias específicas que permitan cumplir con lo que exige la avg en 2019.

La impunidad, que es norma en Jalisco, por supuesto agrava la violencia feminicida, porque enfrentarla requiere de protocolos particulares de actuación, no únicamente para sancionarla sino para prevenirla y erradicarla, además de aplicar adecuada y oportunamente la herramienta de búsqueda de mujeres desaparecidas (Protocolo Alba). El gobierno de Enrique Alfaro deberá informar, a los seis meses de iniciada su gestión, cuáles han sido los avances alcanzados en materia de violencia de género y violencia feminicida al Sistema Nacional de Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. No obstante, si evaluamos los signos que su naciente gestión ha emitido, hasta hoy es difícil imaginar un reporte que apunte con certeza hacia la senda que lleve a la conquista de una vida libre de violencia para las mujeres jaliscienses.

El cumplimiento de la avg en forma integral, atendiendo los aspectos estructurales desde los que emergen y se sostienen las violencias de género, requiere mirar más allá del ámbito de seguridad y supone tejer, con perspectiva de género y derechos humanos, los nodos que, en conjunto, resarzan las múltiples violencias que padecen las mujeres, la desigualdad social y la discriminación. La avg no es sólo reactiva, implica entender que el problema de agresión y violencia que viven las mujeres en México y en Jalisco tiene un costo altísimo para la sociedad y asimismo para cada mujer, joven y niña que es víctima. Ambas, la sociedad y cada mujer, pierden integridad; de ahí que las organizaciones de la sociedad civil resistan y mantengan con firmeza su lucha, animadas por la convicción insondable de que todas y cada una de las mujeres que viven y transitan en nuestro estado merecen ser libres, sentirse seguras, confiadas y experimentar paz en sus relaciones, en su cotidianidad.

Es menester abrir nuevas rutas para la comprensión del fenómeno y para ampliar el análisis y la discusión en torno al acceso diferenciado de las mujeres a una vida libre de violencia y, en los casos de agresión sexual, a la interrupción legal y segura del embarazo, situación que afecta de manera desigual y discriminatoria a las mujeres que residen fuera de las grandes ciudades y, especialmente, a aquellas que provienen de sectores más desfavorecidos. Los datos e información actualizada, fruto de estudios e investigaciones especializadas, permiten valorar con mayor objetividad el grado de cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) en el estado de Jalisco, así como de la implementación de la nom-046; también aportan elementos para que las y los tomadores de decisión en el ámbito de políticas públicas, impulsen acciones emergentes para la eliminación de la violencia de género y feminicida en la entidad, así como para que impulsen la armonización de las legislaciones relativas a la interrupción legal del embarazo, de acuerdo a las causales vigentes en el estado, reconociéndola como un derecho sexual de las mujeres en condiciones de justicia e igualdad.

La justicia y la solidaridad son compromisos; más aún, son condiciones sine qua non para llamarnos sociedad que hemos marginado y, hoy, por muchas circunstancias, especialmente por la violencia contra las mujeres, nos interpelan, de uno en una y como colectividad: las instituciones con mayor énfasis, y las y los ciudadanos somos corresponsables del nivel de indefensión en el que las mujeres deben hacer su vida y aportar significativamente a la de los demás; hoy toca mirarlas y reconocerlas desde el principio ético del respeto absoluto a la vida de las mujeres.

Referencias

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Notas:

1 Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Jalisco, Arts. 7 y 8, 2008b.

2 Guadalupe Ramos, Pablo Moloeznik, Raquel Padilla, Patricia Ortega y Ana Gilda Lozano.

3 En el nivel nacional, en marzo 2018, se reformó la Ley General de Salud para incluir la Objeción de Conciencia como un derecho de las y los médicos del Sistema Nacional de Salud. El partido que impulsó dicha reforma, Partido Encuentro Social (pes), es considerado “el primer partido confesional de la democracia mexicana, brazo político de las iglesias evangélicas del país” (Aguilar Camín, 2018).

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Informes de Derechos Humanos

El Derecho Humano al Agua en Jalisco durante 2018

Carlos A Peralta Varela

Antecedente

Podemos partir de recordar que el artículo 4, párrafo 6, de la Constitución Política de nuestro país (reformada en 2012), garantiza explícitamente el derecho al agua y al saneamiento para todos los mexicanos, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Pero obviamente este derecho no está garantizado para todos los mexicanos y más aún, la calidad del agua está empeorando en algunas partes de la república. Cabe mencionar que la concentración de arsénico y fluoruro en el acuífero Lerma-Chapala –recordemos que de Chapala se manda agua al Área Metropolitana de Guadalajara–, se duplicó en los últimos 14 años, de acuerdo con un estudio realizado hace tres años por el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) (Rodríguez, 2015). En el estudio mencionado se afirma que el acuífero contiene “sustancias nocivas para el ser humano […] que no sólo destrozan la dentadura y el esqueleto de las personas (fluorosis), causan además daño neuronal irreversible, altera el adn, complica los partos y es factor cancerígeno”. Para bien de todos, diferentes agrupaciones ciudadanas han identificado los problemas en torno al agua y los están denunciando para detener su deterioro, pero también para impedir que se continúe atentando contra la calidad de vida de los habitantes de Jalisco.

En el presente escrito se da cuenta de diferentes problemas en torno al agua, denunciados por agrupaciones y comunidades de Jalisco en el pasado 2018.

El derecho humano al agua en Jalisco, durante el año 2018

Preocupaciones desde las organizaciones y colonos

Durante este pasado 2018, en Jalisco se han realizado muchas y muy diversas acciones en relación con el agua, y para denunciar problemas de cantidad o calidad que atentan en contra de la sustentabilidad de las poblaciones o propician la violación de otros derechos como sería el derecho a la salud.

Iniciando el año, en el mes de febrero, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (imdec) en conjunto con la Comisión Especial del Agua del Congreso del Estado de Jalisco, realizaron una reunión de trabajo con agrupaciones sociales y cívicas, para que cada una de ellas planteara sus percepciones en torno a problemas con el agua. Agustín del Castillo, connotado periodista especializado en temas medioambientales, sintetizó lo que afirmaban los colectivos de la siguiente manera: “el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno y sus tres poderes, ha sido ineficiente en gestionar un problema tan fundamental como el agua, en calidad y volumen adecuados, para garantizar el derecho a la salud y al ambiente, sobre todo, de los moradores de asentamientos pobres, rurales o populares-urbanos” (Del Castillo, 2018).

En esa misma reunión, pobladores de colonias populares de Zapopan y Tlaquepaque se quejaron porque, a pesar de vivir en fraccionamientos autorizados por los gobiernos, el agua es muy escaza ya que sólo llega unos minutos al día y no es suficiente. Ante este reclamo, Alejandro Cárdenas, dirigente del Parlamento de Colonias, afirmó que “No es un problema de escasez; es un problema de mala gestión, de buscar siempre resolver con ingeniería lo que es un mal manejo de la cuenca misma, que nos da al menos 30% del agua que consume la ciudad, y que es de excelente calidad” (citado en Del Castillo, 2018). También en esa reunión, Raúl Muñoz Delgadillo, Presidente del Comité Ciudadano en Defensa Ambiental de El Salto, mencionó que otro de los graves problemas del agua en la entidad es la contaminación y las afectaciones que ésta produce en la salud:

Desafortunadamente, tenemos un registro de poco más de 800 personas que han fallecido en los últimos diez años por problemas de salud provocados o agudizados por la contaminación, como cáncer, leucemia, tumores rectales, que eran antes algo muy raro, y la presencia ahora de cáncer de páncreas, que es el que más nos está preocupando, porque es fulminante […] Tan sólo nosotros tenemos un poco más de 750 personas con insuficiencia renal en la zona de la presa del Ahogado (Pereira, 2018).

Si bien es cierto que la contaminación es provocada por diferentes factores, el papel de las industrias en este problema es relevante y no se atiende adecuadamente. El activista mencionó que existen alrededor de 400 grandes empresas –ubicadas en los márgenes del río–, de las cuales solamente 80 cuentan con planta de tratamiento, aunque no se sabe si funcionan regularmente; lo cual nos lleva a suponer que cotidianamente se arrojan descargas industriales con diferentes tipos de contaminantes. Esto sin contar a las pequeñas empresas que están a lo largo de la cuenca, que no son monitoreadas, y cuyas descargas se mezclan con las aguas domésticas, en los drenajes (Pereira, 2018).

Recomendaciones del Observatorio

Para abundar en el complejo panorama en torno a los problemas del agua en la entidad, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco (Observatorio), también en el mes de febrero de 2018 dio a conocer tres bloques de recomendaciones, manifestando diferentes preocupaciones.

Un primer bloque de recomendaciones está dirigido a las autoridades municipales y magistrados del Tribunal Administrativo. Está relacionado con el impacto que genera en los acuíferos de la ciudad el crecimiento vertical en el Área Metropolitana de Guadalajara (amg). La construcción de grandes torres departamentales o administrativas implica excavaciones muy profundas, generalmente para hacer los estacionamientos; el problema es que las excavaciones obstruyen los flujos subterráneos de agua en la metrópoli. Ante ello, el Observatorio recomienda: “Que se prohíba o se suspenda la construcción, sobre mantos y corrientes subterráneas o superficiales –continuas o torrenciales– ya sean torres u obras públicas que impacten el sistema hídrico” (Observatorio, 2018a). Además, se solicita que se establezca un sistema de monitoreo permanente y en tiempo real del ciclo del agua a nivel metropolitano y regional, y que “los Planes de Desarrollo Urbano y Planes Parciales se sustenten en datos técnicos y estudios del ciclo del agua que permitan garantizar la disponibilidad en cantidad y calidad del agua de forma sustentable y sin afectar regiones y/o comunidades distantes” (Observatorio, 2018a).

Otro bloque de recomendaciones se generó en relación con la Región Lagunas, Región Sur y municipios aledaños. Se menciona que durante 2017 se realizaron 1,647 encuestas por parte de la diócesis de Ciudad Guzmán, mediante las vicarías de la región y el Observatorio, para determinar el estado que guardan en cuanto a cantidad, calidad e infraestructura en el tema del agua. En la recomendación se afirmó que “más del 80% de las plantas de tratamiento de agua no operan, que los sistemas de drenaje no terminan en plantas de tratamiento ya que son vertidos sobre arroyos, ríos, valles agrícolas o lagunas. Rastros de matanza e industrias no tienen plantas tratadoras” (Observatorio, 2018b). También se recordó el hecho que, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con fecha 24 de abril de 2017, los acuíferos subterráneos de la región se encuentran en calidad de “sin disponibilidad o sobreexplotados”. En esta línea se describe que “Por otra parte, la demanda de agua para los invernaderos productores de berries y el incremento de grandes áreas de siembra de aguacate, así como la demanda creciente para todas las demás actividades, han generado que los acuíferos se estén abatiendo” (Observatorio, 2018b). Para completar el cuadro, se mencionó otro grave problema: la generación de un “uso sin control de fertilizantes e insecticidas [mismos] que han sido detectados en cuerpos de agua” (Observatorio, 2018b).

Los pobladores de estas comunidades afirman que se está afectando el ecosistema porque ya no llegan los mismos animales a anidar y, debido a la contaminación, ya no es confiable pescar en lagunas como la de Ciudad Guzmán.

El Tribunal Latinoamericano del Agua y el caso de la Ribera de Chapala

El Tribunal Latinoamericano del Agua (tla) es una instancia de carácter internacional, autónoma e independiente, que tiene como propósito la búsqueda de la justicia ambiental. La audiencia pública del tla, en octubre de 2018, tuvo su sede en Jalisco, específicamente, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Esta audiencia fue dirigida a atender los problemas y conflictos hídricos que se han suscitado en territorios indígenas de América Latina. Se presentaron ocho casos provenientes de cuatro países: dos casos de Guatemala, uno de Colombia, otro de Argentina y cuatro casos de diferentes partes de México.

En lo que se refiere concretamente a Jalisco, se presentó el caso de violación al derecho humano al agua y a la calidad de vida en poblaciones indígenas de la Ribera de Chapala, provocado por el Estado mexicano. Las comunidades de Mezcala de la Asunción y San Pedro Itzicán, ambas pertenecientes al municipio de Poncitlán, fueron las que realizaron la denuncia. Ellos son indígenas cocas y tienen una historia centenaria en la ribera.

El Lago de Chapala es el más grande de México, tiene una extensión de 1,740.8 km2 y desde el año 2009 está clasificado como sitio Ramsar,1 por considerarse un humedal de importancia internacional que debería ser conservado con cuidados especiales. También el lago es la mayor fuente de abastecimiento de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara.

El caso se presentó debido a que los pobladores se han enfrentado al incremento sin precedentes de enfermedades renales, lo que ha puesto al estado de Jalisco como uno de los primeros lugares del mundo en incidencia de enfermedad renal crónica, además de daños cerebrales, cáncer y malformaciones genéticas. En un pronunciamiento titulado “Declaratoria de Mezcala” que se dio a conocer en mayo de 2018, representantes de los pueblos de la Ribera de Chapala (Mezcala, San Pedro Itzicán y Agua Caliente), afirmaban que “de 2010 a la fecha van más que 100 personas fallecidas por insuficiencia renal. Tan sólo del 22 de marzo a la fecha (mayo), en San Pedro Itzicán han muerto 3 personas. Los datos son alarmantes. Estamos hablando de la muerte de niñas, niños y jóvenes” (upojas, 2018).

Un primer y grave problema es que las causas de estas enfermedades no han sido cabalmente identificadas, prevenidas y atendidas por las autoridades responsables del estado de Jalisco. En esta línea, investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) consideran que el origen es multifactorial aunque, para los pobladores, estas problemática tienen relación con la calidad del agua de Chapala y el pescado que consumen. Particularmente, en San Pedro Itzicán debe considerarse que la mitad de la población tiene agua entubada de origen termal y la otra mitad tiene agua entubada surtida por pipas. Aunque las autoridades afirman que el agua termal es potable, los pobladores consideran que no es adecuada para el consumo humano a largo plazo debido a la importante cantidad de minerales que contiene.

Sin tener claridad sobre las cifras específicas, las autoridades de salud consideran que existen centenares de casos de insuficiencia renal en el municipio de Poncitlán, en el cual están situados Mezcala y San Pedro. El Dr. Guillermo García, Jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, menciona que “En Jalisco, en el registro que llevamos, la prevalencia en terapia de reemplazo es de alrededor de mil 600 casos por millón de habitantes. En el municipio de Poncitlán anda en 2 mil 500 casos por millón. Esto es una contingencia epidemiológica […]” (El Informador, 2016). Por su parte, el Dr. Felipe Lozano,2 de la Universidad de Guadalajara, asegura que según los estudios realizados a pobladores de esta zona, “La gente está orinando plomo y están orinando molibdeno, otro metal duro que no se produce en el país y que se usa en la industria del acero inoxidable, y también encontramos mercurio […] los resultados, obtenidos hasta diciembre, sugieren que por lo menos 270 de los 950 habitantes de Agua Caliente (población colindante con San Pedro Itzicán), padecen algún grado de daño renal”. Por su parte, el Dr. Alfredo Celis, Director de División del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la UdeG, afirma que:

[En Agua Caliente] Hemos tomado muestra de orina, hemos tomado muestra de tierra. Hemos encontrado cosas que no esperábamos, particularmente en la tierra. Hemos encontrado metales como el Tungsteno que es un metal pesado y duro que se utiliza en la industria de iluminación, hemos encontrado metales que se utilizan en la industria de acero inoxidable […] Suponemos que eso llegó por contaminación. ¿De dónde viene? No lo sabemos todavía. Pudiera ser que en el trayecto del río Lerma que recorre el estado de México, Guanajuato, etc.” (C7 Jalisco, 2017).

La contaminación en el lago es conocida desde hace años, pero y para sustentar el caso, el iteso analizó el monitoreo oficial del agua en el Lago de Chapala realizado por Conagua, que contiene datos desde finales de 2012 hasta febrero de 2018. En el análisis se observó que se han reportado niveles altos y extremadamente altos en algunos de los parámetros físicos, químicos y biológicos medibles conforme a los niveles máximos permitidos en las normas oficiales mexicanas para potabilización del agua y de descargas residuales en aguas nacionales. Particularmente, es muy alta la presencia de coliformes fecales (incluida la Escherichia Coli), las concentraciones históricas promedio rebasan los límites máximos permitidos en normas nacionales e internacionales que determinan la potabilidad del agua, y también lo que se permite en descargas de aguas recién tratadas a cuerpos de agua nacionales (Sánchez et all., 2018).

Cabe mencionar, que a la audiencia del Tribunal se presentó el Ing. Jorge Malagón Díaz, Director General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, designado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para comparecer ante el Tribunal. Declaró que ésta es una de las cuencas más complicadas del país, porque recorre nueve entidades federativas y en su camino recoge todo tipo de contaminantes producto de la actividad humana. Afirmó también que se han realizado múltiples acciones para combatir la contaminación, pero todas ellas se han quedado cortas. El análisis realizado constató lo que el Ing. Malagón mencionó: que sin lugar a duda, el Lago de Chapala está contaminado. Por lo anterior, en relación con el caso, el Tribunal resolvió que:

el Estado mexicano, al promover un modelo urbano-industrial y agro-productivo extractivista que favorece el interés privado por encima del público, ha conllevado al deterioro de la calidad y cantidad del agua en ríos, cuerpos de agua y acuíferos, con graves impactos en la salud humana, en la producción de alimentos y en la conservación de los ecosistemas. Como consecuencia, ha incumplido con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y al medio ambiente y, sobre todo, ha afectado a los grupos sociales más vulnerables como son los pueblos indígenas y campesinos.

Comentarios finales

En Jalisco se están agravando los problemas en relación con la gestión, cantidad y calidad del agua, tanto en el área urbana como en zonas rurales, y si bien se están realizando denuncias al respecto, pareciera que no se hace nada o, por lo menos, no se hace lo suficiente para contrarrestar lo que ocurre. En buena medida, esto se deriva de un modelo de uso poco o nada sustentable, un modelo urbano-industrial y agroproductivo de corte extractivista que está propiciado el continuo deterioro de lagos y acuíferos, y obviamente, está impactando en los ecosistemas y la calidad de vida. El estado de Jalisco, en la práctica, está incumpliendo con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, con lo cual aumenta la afectación a grupos sociales que de por sí eran considerados vulnerables, como son los pueblos indígenas.

En relación con la Ribera de Chapala, se evidenció que el Estado tiene conocimiento de la contaminación y de los niveles a los que llegan ciertos contaminantes, pero también se aprecia que no está entre sus prioridades atender la problemática que padece el lago más grande de México y las comunidades que viven en sus orillas. Se requiere apoyo urgente en temas de salud y de alimentación a las comunidades, también un estudio epidemiológico en la región, pero y sobre todo, una política estructural diferente para impedir más contaminación y empezar a sanear el lago y su ribera.

Referencias

C7, Jalisco (2017). Entrevista al Dr. Alfredo de Jesús Celis, Director de División en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara, Jalisco, 2 de febrero de 2017 (Transcripción del minuto 5’30” al 12’04”). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sEjGcNzwiuE [Accesado el 22 de marzo 2019].

DEL CASTILLO, Agustín. “En la crisis del agua, veinte colectivos toman la palabra” en Milenio, 7 de febrero de 2018. Disponible en: https://www.milenio.com/estados/crisis-agua-veinte-colectivos-toman-palabra [Accesado el 22 de marzo de 2019].

El Informador. “Jalisco, segundo lugar mundial en incidencia renal crónica”. Guadalajara, Jal., 13 de diciembre de 2016. Disponible en: https://www.informador.mx/Jalisco/Jalisco-segundo-lugar-mundial-en-incidencia-renal-cronica-20161213-0141.html [Accesado el 22 de marzo de 2019].

OBSERVATORIO CIUDADANO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE JALISCO (2018a). Recomendaciones para los Presidentes Municipales en Funciones, de: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

OBSERVATORIO CIUDADANO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE JALISCO (2018b). Recomendación Región Lagunas, Región Sur y municipios aledaños.

PEREIRA, Darío. “Mueren 800 por río, dice activista” en Diario ntr, Guadalajara, Jal. 13 de febrero de 2018.

RODRÍGUEZ, Esteban. “Se duplica arsénico en agua” en Periódico El Universal. 1 de diciembre de 2015. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015/12/1/se-duplica-arsenico-en-agua-segun-estudio> [Accesado el 22 de marzo].

SÁNCHEZ, Juan; Saúl Nuño; Juan Martínez y Reimann Ruiz (2018). “Reporte de análisis de datos de calidad del agua del Lago de Chapala”. Departamento de Matemáticas y Física del Tlaquepaque, Jalisco. Disponible en: https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5614/Calidad%20del%20agua%20del%20Lago%20de%20Chapala.pdf?sequence=4.

Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (upojast) (2018). “Declaración de Mezcala”. Primer Encuentro de Pueblos de Jalisco por el Agua, el Territorio y la Vida. 5 de mayo de 2018.

Notas:

1 Ramsar es la ciudad iraní donde en 1971 se llevó a cabo una convención en la que se firmó el tratado intergubernamental al que se le dio su nombre. Esta convención se constituye en el marco de acciones nacionales y de cooperación internacional para la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. Tomado de: <https://laderasur.com/articulo/que-son-los-sitios-ramsar-y-por-que-son-tan-importantes/>.

2 La información que aporta el Dr. Felipe Lozano es tomada de una presentación que realizó en el iteso en febrero de 2018, titulada “Estudio de la enfermedad Renal Crónica de origen inexplicable. Agua Caliente, Mpio. de Poncitlán, Jalisco. Avances del proyecto a febrero 2018”.

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La desaparición forzada de Miguel Ángel: “Fue la Marina”

Aarón Medina de Niz

Mi hermano Miguel Ángel Medina de Niz, nació el 16 de septiembre de 1981, en el poblado de San Miguel, municipio de Villa Purificación, en el estado de Jalisco, dedicado al comercio y a la ganadería, soltero y padre de dos niñas. Miguel Ángel es el séptimo de once hermanos, hijos de Miguel Medina García y Juana de Niz, ambos originarios de San Miguel, municipio de Villa Purificación Jalisco.

Miguel Ángel cursó hasta los primeros años de secundaria, tiempo después emigró a los Estados Unidos de Norteamérica para buscar un mejor futuro y mejorar su calidad de vida, años más tarde se inició en los negocios del comercio y adquirió la sociedad de una tienda de supermercado en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Tiempo después y con el logró de su trabajo inició otro negocio: la compra y venta de ganado. Ese negocio le dio la solvencia para adquirir un pequeño rancho en el cual fue acumulando su cría de ganado. Por tal motivo, los últimos 5 años Miguel Ángel viajaba 2 o hasta 3 veces por año a su pueblo para estar al pendiente de sus negocios tanto aquí como en los Estados Unidos.

Además del trabajo, a Miguel Ángel le gustaba mucho acudir a las fiestas de su pueblo y en fechas especiales. Desde antes de su desaparición, se caracterizaba por ser un joven muy alegre y entusiasta, le gustaba mucho convivir y pasar momentos agradables con sus amigos y la familia, siempre le buscaba el lado bueno a las cosas, así era su forma de ser aquí y en donde fuera, no tenía ningún tipo de antecedentes en México ni en los Estados Unidos. Miguel Ángel tenía la residencia Norteamericana, y al igual que que allá, en México también cumplía todo tipo de obligaciones frente a las autoridades en todo momento.

Por todo lo anterior, nuestra familia no concibe la idea de que Miguel Ángel no esté junto a nosotros, lo quiere y lo ama, lo extraña. No entendemos las causas por las cuales hoy no esté con nosotros ni sepamos donde está. No podemos creer que alguien haya tenido el corazón y el valor de arrancarlo de su familia, y de que a pesar de que ya trascurrió un año las autoridades no nos digan qué le sucedió a mi hermano.

Nuestra vida era tranquila y agradable, hasta ese horrible día que marcó nuestra existencia y se tornó todo en una angustia y tristeza que nos está secando el alma día con día, para nosotros no hay días de fiesta, no hay navidad, no hay año nuevo, no hay fiesta de cumpleaños, vivimos solo esperando el día en que alguna de las tantas instituciones de gobierno nos hable y nos diga que ya saben donde está o qué le sucedió a mi hermano. Mi madre cada mañana me escribe un mensaje o me llama y me pregunta si aun no hay noticias de su hijo que tanto extraña y necesita, después la escucho llorar y en ese momento se me derrumba el mundo otra vez y vuelvo a sentir el dolor que presencie ese horrible día, no sé que decirle, trato de ser fuerte y decirle que nuestras “honorables instituciones” de gobierno están agotando todas las medidas de búsqueda para dar con mi hermano, pero yo sé que eso es una mentira, ya que yo soy el que cada día me presento a las instalaciones de esas oficinas de gobierno me topo con cada grosería y desplante del personal que se supone trabajan para servir al pueblo, los que se supone que están ahí por vocación y ganas de servir, pero pues es una lastima ver la poca ética y ganas de servir que brinda a los afectados, yo sé que igual que yo hay miles de familias que hoy lloran la perdida de un ser querido, pero eso no es consuelo ni para mi ni para nadie, necesitamos una solución inmediata, gobiernos que de verdad se comprometan con el pueblo, con la gente que sufre y que están viviendo esta pesadilla de tener a un ser querido desaparecido.

A continuación, narraré un poco de lo que sucedió ese día, aunque antes de continuar quiero hacer de su conocimiento que antes de que todo esto pasara, el día 4 de diciembre del 2016 elementos de la Secretaria de Marina Armada de México, entraron a la casa de mi hermano Miguel Ángel, ubicada en el poblado de San Miguel, municipio de Villa Purificación, Jalisco, los cuales entraron sin el consentimiento de mi hermano obviamente sin una orden, ya que mi hermano Miguel Ángel no se encontraba en su casa ese día. El resultado de esa inesperada “visita” fue el robo de todas las pertenencias de mi hermano, ropa, zapatos, electrodomésticos, utensilios de cocina y dinero, así como joyas y otras cosas, derivado de esto mi hermano al día siguiente que se dio cuenta y al haber testigos que observaron este suceso, presentó una queja en la oficina regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, para hacer valer sus derechos.

De igual manera solicitó la apertura de la Carpeta 421-2017, misma que después se remitió a la PGR de Puerto Vallarta, Jalisco. Aclaro que no conozco mucho de esa denuncia así como su estado actual solo sé que se turnó a PGR en Puerto Vallarta Jalisco, algo que quiero comentar y de lo que recuerdo es que en esas fechas fueron varias las personas afectadas por los elementos de la Marina, y casi los mismos daños. Sé que estos acontecimientos sorprendieron mucho a mi hermano ya que el no sabía porque estaba pasando eso, el no tenía nada ilícito ni asuntos pendientes con alguna autoridad, por eso nos tomó de sorpresa todo esto, yo respecto a esto no sé qué pensar, yo después de esto escuché comentarios de personas cercanas y vecinos que decían que alguien le había hecho esa “mala jugada” a mi hermano, también decían que al parecer alguien le tenía envidia a mi hermano y que los malos deseos de algunas personas siempre estaban latentes hacia mi hermano. Yo no se si sea verdad esto, solo comento algo de lo que he escuchado, si fue una mala decisión de esta autoridad que ya mencioné o si fue el mal corazón de alguien para hacerle daño a mi hermano. Yo quiero saber por qué!!

Hechos

Era un ocho de febrero del año 2018, eran las fiestas del famoso carnaval de Autlán de Navarro Jalisco. Mi hermano llegó conmigo uno o dos días antes de que se iniciaran las fiestas, salimos ese día a un evento a la Plaza de Toros y después de ahí nos quedamos unas horas en el lugar que llaman Callejón, después de estar ahí platicando y tomando algunas bebidas con amigas y amigos el se retiró del lugar junto con una amiga, y yo me quedé pues pensé que tal vez regresaría más tarde, pero al ver que no regresó yo me retiré a mi casa de igual manera pensé que tal vez el ya estaría allá, yo llegué a mi casa y al ver que no estaba pensé que tal vez se había ido con alguna amiga a seguir la fiesta, pero a la mañana siguiente al darme cuenta que no estaba, lo empecé a llamar a su celular y a enviarle mensajes pero no contestaba así pasaron las horas y al ver que no teníamos noticias de él, empezamos a buscarlo con amigos y amigas con familiares y conocidos pero fue inútil, yo no supimos más de él, yo no lo podía creer yo seguía insistiendo y seguía llamándole pero al ver que no lo contactaba al día siguiente me presenté en la fiscalía general del estado aquí en Autlán de Navarro Jalisco, se inició la carpeta de investigación 47-2018, por la desaparición de mi hermano, con fecha 09 de febrero del 2019, después acudimos mi hermano Eduardo Medina de Niz a la fiscalía general de la república en la ciudad de Guadalajara y se inició la carpeta de investigación FED-JAL-GDL-0001207-2018, misma que se turnó después a la fiscalía especializada en desaparición forzada en la Ciudad de México, ahí se le asignó en número de Carpeta 402-2018, así como varias quejas que interpuse en derechos humanos, Queja 2606-2018-III por el caso omiso que me hicieron en varias dependencias, así mismo hice del conocimientos a varios colectivos de búsqueda, algunos de ellos son por amor a ellos, CEAV, desaparecidos Jalisco y ONU, acudimos a la Ciudad de México en repetidas ocasiones me presente varias veces en las oficinas de estas dependencias que ya mencioné pero hasta el día de hoy no he tenido ningún dato de mi hermano, en su momento se realizaron todas las pruebas de ADN, así como cuestionarios ante-mortem y post-mortem para poder identificar a mi hermano en algunos de los cuerpos sin vida que se habían estado encontrando. Ya hemos hecho todas y casa una de las sugerencias que nos han dado, pero ya llevamos un año y un mes y aún no sabemos que le sucedió a mi hermano. Me cuesta creer con la facilidad que puede alguien desaparecer del fas de la tierra y que no haya nada que se pueda hacer. Diariamente estoy en contacto ya sea vía telefónica o por medio de mi asesor jurídico con la fiscalía de desaparecidos en México, así como con la fiscalía del Estado de Jalisco, pero siempre me dicen que aún no hay nada, que siguen trabajando en eso, o a veces simplemente no me dicen nada. Yo sé que ya se cuenta con una ley de desaparición forzada, y aunque aún no se en que nos va a beneficiar esa ley, yo les pido a las dependencias competentes que se apeguen a esa ley y busquen la manera de ayudarnos a encontrar a nuestros familiares desaparecidos o en su caso a frenar este terror que se está viviendo hoy en nuestro México.

Yo no me voy a cansar de buscar a mi hermano Miguel Ángel medina de Niz, y lo seguiré buscando hasta encontrarlo, necesito decirle a mi madre que pasó con su hijo.

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La Protesta Social en Jalisco, Salir a la Calle para Exigir Justicia

José Carlos Rodríguez Toral

Bienvenidos los conflictos. En las sociedades democráticas, los conflictos son un motor de cambio al poner de manifiesto y hacer evidentes las desigualdades y necesidades que afectan a un sector de la sociedad. Cuando grupos sociales protestan, toman las calles, hacen plantones o viralizan en redes sociales sus exigencias, se abre una posibilidad para transformar la sociedad y reducir los desequilibrios que ocasionan injusticias o sufrimiento.

Los conflictos no son negativos en sí mismos, el problema está cuando la violencia y la polarización se imponen frente a las posibles soluciones y vías para transformar la situación. Para que cada conflicto que surge en una sociedad sea una oportunidad para mejorar, es importante tener presentes las necesidades y desigualdades que están detrás.

“Muchos conflictos que se dan entre las personas, los grupos o las naciones, y que, en ocasiones, derivan en hechos de violencia, mantienen estrecha relación con necesidades no satisfechas en alguna(s) de las partes implicadas en ellos” (Pérez Viramontes, 2018:181). La protesta social, derivada del derecho a la Libertad de Expresión que tiene cualquier grupo o individuo en una sociedad democrática, es una de las herramientas a las que acuden los grupos sociales para presentar de forma pública esas necesidades no satisfechas y la importancia de actuar frente a ellas.

En este artículo buscamos presentar un panorama general de la protesta social en Jalisco durante el año 2018, a través de un repaso por las distintas movilizaciones sociales que denunciaron casos de violencia, discriminación, despojo y otros conflictos todavía vigentes en el estado y cuyas necesidades no satisfechas comprenden un reto que va más allá del poder y las instituciones del Estado, un reto que apela a la sociedad en su conjunto. Destacamos tres temas en torno a los cuales se vivió un incremento de la protesta durante 2018: las desapariciones, la violencia contra las mujeres y las afectaciones al medio ambiente.

¿Por qué protesta la ciudadanía en Jalisco?

La Dirección General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político, de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, es la dependencia encargada de coordinar la atención de las peticiones que se formulen en las manifestaciones sociales, conflictos político-sociales o situaciones contingentes que se presenten en el estado. Según una base de datos, entregada por dicha dirección vía transparencia (Expediente ut/sgg/140/2019), durante 2018 el gobierno de Jalisco tuvo conocimiento de 186 marchas y manifestaciones, en las que asegura haber tenido diálogo y gestionado soluciones con distintas instancias municipales o federales.

Hay una gran variedad de temas y casos por los que la ciudadanía jalisciense protestó públicamente. Destaca la inseguridad, conflictos por tierras, contaminación del río Santiago, asuntos laborales, el mal servicio del transporte público y la exigencia de mejoras puntuales en servicios básicos como agua potable, educación y vialidad.

La enorme mayoría de las protestas registradas por el gobierno de Jalisco se realizaron en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que da una muestra del centralismo en el estado, pues la ciudadanía de las distintas regiones ha tenido que movilizarse a la capital del estado para que sus exigencias y necesidades sean escuchadas. Es el caso de habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que desde hace más de una década se oponen a la presa El Zapotillo; de agricultores del sur del estado, de municipios como Sayula y Tecalitlán, quienes exigen la regularización del uso de cañones antigranizo; o campesinos de Acatlán de Juárez y Atizapán el Alto que se movilizaron a la capital por casos de despojos de tierras. Mención aparte merecen las familias de personas desaparecidas en distintas regiones de Jalisco, que se unieron a las manifestaciones en Guadalajara para exigir justicia y visibilizar los casos concretos de personas que siguen sin ser localizadas por las autoridades.

El gobierno del Estado tuvo noticia de únicamente tres manifestaciones fuera de la capital jalisciense: las encabezadas por poblaciones wixárikas de los municipios de Mezquitic y Bolaños para exigir la restitución de tierras, principalmente en poder de ganaderos de Huajimic, Nayarit; las marchas de normalistas de Atequiza para exigir mejores condiciones de las instalaciones y la salida del director; y la protesta de habitantes del fraccionamiento Los Ruiseñores, en Tala, por el mal servicio de transporte.

La manifestación más recurrente fue por el conflicto de tierras del Aeropuerto de Guadalajara pues, en al menos 41 ocasiones, integrantes del ejido El Zapote protestaron para exigir el pago de los terrenos expropiados desde la década de 1950.

Otro conflicto que se arrastra desde hace años es el de la Reforma Educativa, por el que jaliscienses salieron a la calle al menos ocho veces, especialmente académicos del Colegio de Bachilleres e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para pedir la reinstalación de profesores cesados por negarse a la evaluación educativa y exigir la derogación de la legislación aprobada en 2013.

Más allá del número de movilizaciones y el lugar de origen de las personas afectadas, hubo tres temas que destacamos por el incremento de protestas, el impulso que recibieron desde la sociedad civil organizada y las reacciones por parte del poder político ante las exigencias: las desapariciones en Jalisco, la violencia contra las mujeres y las afectaciones al medio ambiente debido al crecimiento urbano.

Protestas por las personas desaparecidas: de los estudiantes del CAAV al “tráiler de la muerte”

“Queridos todos. Soy Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Zavala Aguilar, desaparecido el 17 de enero del 2011, en el municipio de Tonalá. Es la primera vez que me siento acompañada y les agradezco de todo corazón que estén aquí” (Ríos, 2018:5). Con estas palabras se presentó la integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, durante la manifestación más nutrida que ha tenido el estado sobre el tema de las desapariciones.

Doce mil personas se reunieron el 26 de abril de 2018 para exigir justicia y manifestar su indignación ante las desapariciones, especialmente las forzadas, en las que están involucrados trabajadores del estado. Pero como señaló Guadalupe Aguilar, que lleva más de ocho años en la búsqueda de su hijo, las movilizaciones nunca habían tenido tal respaldo social, a pesar de que las denuncias por desaparición se han duplicado en los últimos diez años y que colocan a Jalisco dentro de los tres primeros estados en número de desapariciones (Cepad, 2018). ¿Qué ocurrió para que la sociedad jalisciense saliera a las calles frente a un problema que tiene años afectando a miles de familias?

Sin duda, la desaparición de tres estudiantes fue un factor que detonó la indignación.

El lunes 19 de marzo de 2018, tres estudiantes de cine, Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, fueron desaparecidos en circunstancias que hasta la fecha no han sido esclarecidas en su totalidad por las autoridades.

A pesar de que testigos denunciaron los hechos alrededor de las ocho de la noche de ese día al teléfono de emergencias 911, las autoridades llegaron tres horas después al punto de Periférico Poniente, en el municipio de Tonalá, donde un grupo de sujetos armados se llevaron por la fuerza a Javier, Daniel y Marco (Rodríguez, 2018a). Esta falta de acción inmediata para buscar a los tres jóvenes fue la primera de una serie de irregularidades cometidas por el gobierno de Jalisco frente al caso.

Mientras la Fiscalía General del Estado centraba sus indagatorias en la familia de uno de los jóvenes (Reza, 2018), estudiantes y maestros del Centro de Arte Audiovisual (caav) y de universidades como el iteso, la Universidad de Guadalajara y el tec de Monterrey, celebraron asambleas conjuntas para organizar acciones frente al tema, punto clave para incrementar la protesta por las desapariciones y crear presión política a las autoridades a fin de que dieran resultados.

Los estudiantes arrancaron con la difusión masiva del caso, pero también se reunieron con las familias agrupadas en los colectivos Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, con años de acción frente a las omisiones de la autoridad en las investigaciones, para crear conciencia sobre el tema, solidarizarse con las familias y preparar protocolos de prevención y actuación inmediata frente a una desaparición.

Estas asambleas derivaron no sólo en acción y reflexión por parte de estudiantes sobre el tema de la desaparición, sino también visibilizaron otros aspectos como la violencia contra estudiantes, el acoso en el interior de los planteles y la necesidad de organizarse para buscar soluciones más allá de las que pudieran ofrecer las autoridades.

En cuanto a la protesta, desde el 22 de marzo comenzaron las primeras movilizaciones para exigir la aparición con vida de Marco, Javier y Daniel, y la presión fue en aumento conforme pasaban los días. Durante una manifestación el 24 de marzo, estudiantes rebautizaron la Glorieta de los Niños Héroes, como la glorieta “de las y los desaparecidos”, un acto simbólico de mucha fuerza al apropiarse de un espacio público en una zona de alto tráfico en la ciudad, que desde entonces se ha convertido en el lugar donde familias cuelgan mantas con información y fotografías de sus seres queridos desaparecidos, donde suelen iniciar o terminar las marchas por los desaparecidos y que mantiene las fotografías de Marco, Daniel y Javier como un recordatorio permanente de su ausencia.

Un mes después de la desaparición de los estudiantes del caav, el gobierno de Jalisco pretendió dar por cerrado el caso al darlos por muertos, ante supuestas declaraciones de jóvenes que dijeron asesinarlos y sus cuerpos fueran diluidos en ácido. La noticia golpeó anímicamente a estudiantes y sociedad movilizada, quienes esa misma noche se manifestaron en silencio frente a Casa Jalisco, en medio de un ambiente de tristeza, con veladoras en las manos, pero también con las dudas respecto a la investigación que les daba por muertos y la exigencia de que investigadores independientes intervinieran en el caso (Toral, 2018c).

En ese ambiente, donde el gobierno daba a los jóvenes por muertos y la sociedad exigía una investigación independiente, se dio la histórica manifestación del 26 de abril de 2018, una protesta sin precedentes, donde alrededor de 12 mil personas se unieron a las familias afectadas por las desapariciones al grito de “¡No están solas!”.

Expertos en derechos humanos (Toral, 2018d) encontraron similitudes entre la investigación oficial del gobierno de Jalisco sobre los tres estudiantes del caav y la correspondiente a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues en ambos casos faltaron los restos de las víctimas, hubo declaraciones autoinculpatorias donde se presumen torturas y elementos de seguridad del Estado participaron activamente o por omisión en la dilación de la búsqueda e investigación.

Finalmente, se confirmaron las dudas sobre la versión oficial que presentaba el gobierno de Aristóteles Sandoval como definitivas y que daban por muertos a Daniel, Javier y Marco. Tras la queja de las familias por inconsistencias en el caso, y gracias a la intervención del Comité contra de la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, la Fiscalía General de la República reabrió el caso y lo atrajo al ámbito federal, con el compromiso de reanudar las tareas de búsqueda con vida de los estudiantes de cine (Gobierno del Estado de Jalisco, 2019).

A mediados de 2018, la revelación de que cientos de cuerpos sin identificar se amontonaban en cajas de tráileres ante la falta de capacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para procesarlos, despertó nuevamente la indignación de la sociedad frente al tema de las desapariciones, mientras el escándalo llegaba al nivel internacional (Reina, 2018). Familias de personas desaparecidas salieron nuevamente a las calles a protestar por la falta de recursos para hacer frente al problema y por el despido injustificado de quien encabezaba el Instituto de Ciencias Forenses.

A lo largo del año continuaron las protestas por las desapariciones, que superan los 6 mil casos sólo durante el último sexenio. Durante las protestas se dejó de manifiesto que la principal necesidad que está detrás del descontento es la falta de acceso a la Justicia, lo que genera impunidad para los responsables de cometer el delito de desaparición.

También se visibilizaron necesidades puntuales y concretas que será necesario resolver para poder transformar el conflicto sobre las desapariciones en Jalisco. La necesidad que se realicen búsquedas inmediatas de las personas desaparecidas y que sean independientes al proceso de investigación criminal, llevó a la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda y su correspondiente organismo nacional, aunque esas instituciones todavía están lejos de recibir los recursos financieros y humanos suficientes para hacer frente al tamaño del problema.

Otra necesidad principal es la de un banco nacional de datos genéticos, pues los familiares de personas desaparecidas todavía están obligados a desplazarse para entregar sus muestras de adn en los lugares donde son encontradas fosas clandestinas o donde hay cuerpos sin identificar, lo que los expone a una revictimización, y plantea dificultades a quienes tienen menos recursos. Esto se relaciona con la necesidad de personal en las instituciones públicas que atienda, con trato humano, sensibilidad y en una cantidad suficiente para hacer esperar lo menos posible a las familias que se enfrentan a una desaparición.

Las protestas por desapariciones en Jalisco durante 2018 también trajeron aprendizajes, como la necesidad de que la sociedad se organice frente a la inseguridad, que se implementen medidas de prevención y acción frente alguna contingencia, como ocurrió a raíz de las asambleas estudiantiles.

Y quizás el aprendizaje social más importante de todos fue la certeza de que, en las condiciones actuales, cualquier persona está expuesta a una desaparición en Jalisco, aprendizaje resumido en la consigna que miles de personas gritaron durante las manifestaciones por los estudiantes del caav: ¡No son tres, somos todos!

Con esa frase tiraban por tierra el discurso oficial que desde hace tiempo y sin importar los colores partidistas, afirman que quien es desaparecido o asesinado es porque andaba en “malos pasos”. La violencia está presente en la realidad cotidiana de miles de jaliscienses y en las protestas había testimonios de hermanas, vecinos, amigos, compañeras de personas desaparecidas, casos que contradecían el “se están matando entre ellos”. El que cientos de jóvenes se sintieran identificados con Marco, Daniel y Javier hizo que salieran a las calles como nunca había sucedido.

Aunque desde el año 2008, la cifra de denuncias por personas desaparecidas en Jalisco supera los mil casos anuales, y desde 2016 son más de tres mil denuncias por año (Cepad, 2018), no se habían visto manifestaciones tan masivas como las de 2018. Sin embargo, la gran mayoría protestó de manera coyuntural y con el paso del tiempo dejaron de sumarse. Con la cercanía de las elecciones, también hubo grupos políticos que aprovecharon el momento, pero la mayoría salió a las calles a gritar por una injusticia sin acciones a largo plazo.

Hizo falta crear los lazos de confianza y solidaridad organizada entre la sociedad civil que protestaba y las víctimas de la desaparición, los cientos de familias que buscan a sus seres queridos. Hubo personas que a raíz de esas y otras protestas comenzaron a vincularse con los colectivos de Por Amor a Ellxs o Fundej, a crear resonancia de sus exigencias, a organizarse para hacer frente al problema, pero la gran mayoría se sumó únicamente a las manifestaciones, a lanzar gritos para exigir justicia, pero frente a gobiernos de oídos sordos. Queda el reto pendiente, para la mayoría de nosotros, de pasar de la indignación y la protesta, a sumarnos a la resistencia y la organización.

El derecho a una vida libre de violencia

Las mujeres protagonizaron protestas a lo largo de 2018 en torno a su derecho a una vida libre de violencia. Los feminicidios, el acoso sexual y el aborto fueron algunos temas que llevaron a las mujeres a las calles.

El 28 de septiembre, cientos de mujeres la mayoría de ellas muy jóvenes pintaron de verde la avenida Juárez, en el Centro de Guadalajara, en el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. Fue un ambiente festivo, donde las mujeres bailaron al ritmo de la batucada mientras exigían el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 046 que, entre otras cosas, garantiza el acceso a la interrupción del embarazo a víctimas de violación.

Las manifestantes se solidarizaron con las mujeres que han sido presas por abortar, las que han muerto por someterse a una práctica clandestina y las que han sido obligadas a ejercer una maternidad que no eligieron.

Estas manifestaciones no surgieron de forma espontánea, sino a partir de grupos de mujeres que se reúnen constantemente a discutir y aprender de manera colectiva sobre sus derechos. Mujeres que ocupan cada vez más espacios en ámbitos de toma de decisiones y espacios de poder donde históricamente han sido relegadas, y que por tanto incomodan a muchos sectores.

Estos grupos de mujeres también protestaron por el acoso sexual, una práctica que hasta hace muy poco era vista como algo normal. Las intensas movilizaciones de grupos feministas frente a casos de acoso sexual generaron un quiebre en instituciones como la Universidad de Guadalajara. El cese de dos académicos renombrados, Horacio Hernández Casillas y Eliseo López Cortés, hubiera sido inexplicable sin la presión que ejercieron grupos de mujeres solidarias con quienes padecieron palabras ofensivas, amenazas, tocamientos y el menosprecio.

Previo a la salida de los profesores acosadores, hubo protestas en los centros universitarios e inclusive en el propio edificio administrativo de la Universidad, mesas redondas, asambleas universitarias y mucho activismo a través de redes sociales.

La crisis política en el interior de la mayor universidad pública del estado, a raíz de las denuncias por acoso, obligó a las autoridades de la UdeG a crear un protocolo para la denuncia y actuación frente a casos de acoso, además de la Defensoría de los Derechos Universitarios. El empoderamiento y la confianza de las mujeres dentro de la universidad pública llevó a que sólo en 2018 se superara el número de denuncias por acoso y hostigamiento sexual presentadas los diez años previos (Toral, 2018a).

Frente al feminicidio, la forma más extrema de la violencia de género, el 21 de mayo feministas, familiares y amigos de las víctimas marcharon con rumbo al Parque Revolución, donde colocaron una cruz color rosa de la cual colgaron listones morados con los nombres de algunas de las más de mil 500 mujeres que han sido asesinadas en Jalisco durante las últimas dos décadas (Rodríguez, 2018b).

Al develar el memorial, familiares de las víctimas del feminicidio resaltaron las deficiencias en las órdenes de protección emitidas por las autoridades de seguridad, así como la negativa de los agentes del Ministerio Público a procesar los delitos como feminicidios, lo que minimiza la gravedad del problema cuando se revisan las cifras.

En las manifestaciones por feminicidios en Jalisco resuenan nombres como el de Imelda Virgen, profesora de la Universidad de Guadalajara asesinada por su marido y que es considerado el primer feminicidio en Jalisco tras la tipificación del delito, o el de Alexandra Castellanos, quien varias ocasiones denunció formalmente agresiones físicas por parte de su expareja sentimental, quien finalmente le quitó la vida en diciembre de 2017.

Un punto clave de las protestas frente a la violencia contra las mujeres es su capacidad para apelar al resto de la sociedad respecto a la cultura machista que persiste en prácticamente cualquier ámbito, especialmente el político, y a la necesidad de un cambio cultural en los roles de género que impiden a las mujeres alcanzar la plena libertad.

Ya desde finales de 2018, grupos feministas advirtieron un posible retroceso en su participación política. El 8 de noviembre, una decena de activistas se concentraron afuera de la oficina de transición del entonces gobernador electo, Enrique Alfaro, para entregarle una carta con mil firmas de respaldo, donde le exigían garantizar la paridad de género en su gabinete, fortalecer al Instituto Jalisciense de las Mujeres y garantizar su autonomía (Toral, 2018b).

Fue premonitorio de lo que a inicios de 2019 se concretó como un albazo del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano para desaparecer el mecanismo de adelanto para las mujeres que fue creado en Jalisco apenas en el año 2001.

Sin duda, la protesta de las mujeres será fundamental para visibilizar los problemas que enfrenta más de la mitad de la población jalisciense y transformar una cultura que las violenta y excluye de la toma de decisiones.

En una etapa de regresión en los derechos de las mujeres en Jalisco con la desaparición de instituciones, de unidades de género o la reducción de recursos para atender la violencia contra las mujeres, es importante que las mujeres levanten la voz y hagan manifiesto su enojo ante la clase gobernante que toma las decisiones.

Pero también para señalar a la sociedad. Muchas mujeres refieren cómo han tenido que enfrentar el rechazo en relaciones amorosas, familiares o con amistades por señalar micromachismos, por denunciar a quien acosa o por decir abiertamente que están a favor de que cada mujer decida sobre su propio cuerpo frente a un embarazo no deseado. Ese choque social y cultural, que muchas veces es intergeneracional, también es parte de la protesta, cimbra a una sociedad conservadora como la jalisciense y abre grietas de cambio.

Y como pasó con generaciones atrás con su lucha, las mujeres de hoy siembran el cambio para quienes vienen detrás, al salir a las calles a abrazar el “Yo sí te creo”, al protestar para que respeten sus cuerpos, sus decisiones, a gritar porque no tienen garantizado el derecho a la vida.

La defensa de las áreas verdes y la criminalización de la protesta

Aunque la mayoría de las protestas que hemos destacado terminan de forma pacífica, aún hay autoridades que recurren al uso de la fuerza para acallar voces disidentes que afectan intereses económicos o políticos.

Eso es lo que ocurrió a inicios de junio, cuando la protesta de vecinos de Arboledas del Sur, en Guadalajara, por defender el área verde ubicada al centro de su colonia, terminó con la detención de nueve personas por parte de la policía municipal.

Como parte de una política para redensificar la ciudad, el Ayuntamiento de Guadalajara actualizó los planes parciales de desarrollo urbano. En muchas zonas se realizaron cambios que permitieron la construcción de torres de más de diez niveles en zonas tradicionalmente ocupadas por casas de uno o dos niveles. Decenas de colonias se han organizado desde entonces para oponerse a construcciones que consideran nocivas.

Uno de los casos más llamativos se presentó en Arboledas del Sur, donde 60% de un bosque urbano de 7 hectáreas, hasta entonces clasificado como espacio verde y abierto, fue reclasificado para permitir comercios, servicios y edificios de hasta ocho pisos de altura (Líder Informativo, 2018).

El cambio en los planes parciales de desarrollo era un eslabón más en una trama legal iniciada por la empresa Desarrollos Inmobiliarios de 10, en connivencia con las autoridades municipales, para quedarse con parte del terreno, en una ciudad con un grave déficit de áreas verdes (Rodríguez, 2017).

Ante la supuesta pérdida legal de la totalidad del área verde, a pesar de que la empresa nunca tuvo posesión del terreno, la autoridad municipal llegó a un acuerdo judicial para intercambiar parte del bosque por obras de rehabilitación en el resto del terreno. Para impedir que se concretara el acuerdo y evitar afectaciones al bosque urbano que han cuidado y disfrutado por décadas, los vecinos se manifestaron en el parque para evitar las obras de remodelación, que incluían caminos de cemento, baños y áreas de juegos infantiles. El conflicto escaló de nivel hasta que el 11 de junio decenas de policías antimotines se presentaron en el lugar de la protesta y se llevaron detenidas a nueve personas, incluidos jóvenes que defendían un parque en el que jugaron desde pequeños (Álvarez, 2018).

La protesta se trasladó a la Calle 14, sede de la Fiscalía General del Estado, donde vecinos exigieron la libertad de los detenidos, mientras las obras de construcción de caminos continuaban en Arboledas del Sur.

La libertad de los detenidos coincidió con una resolución judicial hasta entonces inesperada, por autoridades municipales y la empresa, que concedió una suspensión de plano a la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan, que asegura tener derecho sobre el área verde en disputa y busca que se conserve como espacio abierto (Del Castillo, 2018).

Los habitantes de Arboledas del Sur se mantienen en alerta para reiniciar la lucha si continúa el intento por despojarles de su área verde, y con su protesta hacen visible la necesidad de privilegiar el medio ambiente y los espacios comunitarios sobre los intereses inmobiliarios y el beneficio económico de unos cuantos.

Al inicio de este texto, afirmamos que los conflictos son un motor de cambio social al poner de manifiesto necesidades y desigualdades no resueltas. Durante 2018, la sociedad jalisciense protestó por temas como la desaparición, la violencia contra las mujeres y el despojo de áreas verdes, visibilizando desigualdades que viven miles de personas desaparecidas que no son buscadas, mujeres que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, y comunidades que enfrentan despojos frente al poder del dinero.

Uno de los principales retos para quienes forman parte de esas protestas y luchan por acortar esas desigualdades, es la necesidad de articularse, crear lazos y empujar en conjunto. La fuerza de la protesta social se hace más necesaria frente a los nuevos gobiernos con tendencias autoritarias, que fortalecen sus vínculos con grupos de poder fáctico, empresarial o criminal que empujan en sentido contrario.

Referencias

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Informes de Derechos Humanos

Criminalización en Contra de Miembros de la Comunidad Indígena de Mezcala de la Asunción

Salvador López Torres

La comunidad indígena de Mezcala de la Asunción está localizada en la ribera norte del Lago de Chapala, que por división territorial y organización política y administrativa corresponde al Municipio de Poncitlán, Jalisco. Sus habitantes se definen como pueblo coca, debido a que mantienen vigentes costumbres y tradiciones de esta vertiente indígena. El poblado de Mezcala se localiza aproximadamente a 75 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, teniendo como vecinas las comunidades de Tlachichilco del Carmen, San Juan Tecomatlán, San Nicolás y Ojo de Agua. Por su orografía, representa un gran atractivo residencial tanto de interés local y nacional como internacional; por ello, algunas de las comunidades vecinas se han visto invadidas por empresas inmobiliarias. Precisamente, ésta es una de las luchas actuales que enfrenta la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción.

En lo particular, un caso se refiere al empresario de nombre Guillermo Ibarra Moreno, quien, en el año 1999, sin la aprobación y consentimiento de la Asamblea de Bienes Comunales, se posesionó de una superficie aproximada de 10 hectáreas de uso común, localizadas en el predio denominado “El Pandillo”. El señor Ibarra Moreno ha pretendido justificar su posesión manifestando que lo hizo en alianza y acuerdo con el señor Crescenciano Santana Sánchez, originario de la comunidad; sin embargo, esta condición no concede derecho a ocupar tierras de uso comunal.

En consecuencia, la Asamblea de Comuneros decide iniciar juicio por restitución de tierras, presentando una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito Quince, con el fin de hacer respetar y reivindicar los derechos de la comunidad. En el juicio agrario se decretaron medidas precautorias para parar obras o construcciones en el predio en disputa mientras estuviera vigente el conflicto. No obstante, el señor Ibarra Moreno continuó diversas obras: la construcción de una casa en la cima del cerro, desmonte y tala de árboles diversos, propios de la región. Además de las acciones mencionadas, los invasores han ejecutado actos de agresión, intimidación y amenazas en contra de miembros de la comunidad, que al paso del tiempo fueron incrementándose en contubernio y complacencia de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno.

En febrero de 2011, miembros de la comunidad se dieron cuenta de que en el predio “El Pandillo” se había colocado una torre de fierro. Al ponerlo a consideración de la Asamblea de Comuneros, deciden avisar al responsable para que la retire; en caso contrario, la pondrían a disposición de la autoridad. Al no haber respuesta, el 10 de abril de 2011, en cumplimiento de los acuerdos de asamblea tomados de conformidad con los usos y costumbres de la comunidad, atendiendo a la libre determinación y, ante todo, a la defensa de sus tierras, se optó por dar cumplimiento al acuerdo de asamblea para retirar la torre de fierro. A partir de la ejecución de ese acuerdo se intensificaron las agresiones en contra de personas de la comunidad, negando el paso y acceso a tierras de uso común, amenazas con gente armada en la zona invadida, ponchaduras de llantas de vehículos de las personas que se atrevían a subir con sus camionetas al área invadida, siendo evidente que estas acciones provenían del señor Ibarra Moreno. No obstante, un hecho que llamó la atención de la comunidad y la ha afectado profundamente fue la forma en que se ejecutó la detención de Rocío Moreno.

Rocío Moreno es una persona originaria de Mezcala y descendiente de comuneros. Aunque radica en la comunidad, en el año 2011 se encontraba cursando una maestría, por lo que viajaba constantemente Guadalajara para tomar sus clases y asesorías; debido a ello, algunos días no regresaba a la comunidad, pero como parte de su preparación profesional desarrollaba actividades educativas con niñas y niños de la localidad. El día 10 de abril de ese año, (día en que se retira la torre de fierro), Rocío Moreno asiste a sus clases en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (cucsh), dejando evidencia de ello en la lista de registro; por la tarde noche aprovecha su estancia y acude a un evento social, del cual conservó evidencia de los boletos de ingreso, y considerando que al día siguiente tiene otro compromiso, decide permanecer en la ciudad, en casa de un familiar. El día 11 de abril, después de las 11:00 horas, está en sesión de tutoría con el asesor de trabajo de grado y por la tarde regresa a la comunidad.

La detención de Rocío Moreno

El 6 de septiembre de 2011, Rocío recibe una llamada en su teléfono móvil, de parte de una persona que dijo trabajar para el periódico Milenio, solicitando una entrevista para el día siguiente a las 12:00 horas, con el fin de platicar sobre los antecedentes de Mezcala, así como de la problemática que enfrentaba. Por ser tema de interés colectivo, lo comenta con algunos miembros de la comunidad, quienes estuvieron de acuerdo, y de manera puntual Rocío acude a la cita en calle Calzada del Águila número 81, Colonia Moderna. Estando justo en la banqueta, frente a las puertas del domicilio, es abordada por dos personas, quienes manifiestan ser policías investigadores y le anuncian que está detenida porque el Juez Penal de Ocotlán solicitaba su aprehensión por un problema de tierras. Sin más explicación es esposada, y con actos de violencia la obligan a subir a una camioneta pick up para después de 15 minutos dejarla en los separos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle 14, número 2550, Zona Industrial, en la ciudad de Guadalajara.

El día 8 de septiembre de 2011, siendo las 8:00 horas, a bordo de una camioneta pick up de cuatro puertas, con cuatro personas a bordo, Rocío es llevada a la ciudad de Ocotlán, dejándola en la cárcel municipal. Después de tres horas, dos personas con vestimenta de policías la llevan a unas cuadras de distancia, a una finca que le dicen es el Juzgado Penal de Ocotlán. Ya en las instalaciones, la ponen frente a una persona en un escritorio; en ese momento es enterada de que su detención obedece a una denuncia presentada por el invasor Guillermo Ibarra Moreno y el señor Crescenciano Santana Sánchez, por daños ocasionados a una torre de fierro.

Injusta acusación

La acusación de personas de la Comunidad Indígena de Mezcala de la Asunción, se documentó en la Averiguación Previa 1327/2011, integrada por la Lic. Lucero Moreno Murguía, Agente del Ministerio Público de Poncitlán. Esta averiguación se hizo del conocimiento del abogado Óscar Martín Morales Vázquez, Juez Penal de Ocotlán, en donde se abrió el expediente 318/2011-C, ordenándose aprehensión y, al cumplirse ésta de forma parcial sólo en contra de Rocio Moreno. Considerando que el día de los hechos y actos de la denuncia Rocío Moreno estuvo en un lugar distinto, se solicitó ampliar plazo para que el Juez recibiera pruebas consistentes en documentos y testimonial de personas con las que Rocío Moreno estuvo. De esa manera se demostró que Rocío no estuvo en el lugar y no pudo ejecutar actos ilícitos como lo señalaron sus acusadores. Así, el 13 de septiembre de 2011 el Juez Óscar Martín Morales Vázquez decretó su libertad inmediata por falta de elementos para procesarla.

Actuación arbitraria para incriminar a miembros de la comunidad

Al momento de coordinar desde el Cepad la defensa de Rocío Moreno, se analizaron las constancias de la averiguación previa 1327/2011 y el proceso penal 318/2011-C, de las que se conoció la existencia de una orden de aprehensión, también en contra de otras personas de la comunidad acusadas de los mismos hechos y por el mismo delito de haber participado de forma conjunta en los daños a una torre de fierro: Casiano Pérez Magallón, Cirilo Rojas López, Salvador Moreno Campos, Vicente Paredes Perales, Jorge de los Santos Pérez, Ismael de los Santos, José Abraham de la Paz Sanabria, Salvador de la Rosa Paredes, Manuel Alejandro Jacobo Contreras y Petra Sanabria Claro.

Complicidad institucional

En la defensa de Rocío se acreditó que no estuvo en el lugar donde se cometió el delito. Con ello se evidenció que las actuaciones practicadas en la averiguación previa estaban fabricadas con la complicidad de la Lic. Moreno Murguía, Agente del Ministerio Público en Poncitlán, con la finalidad de causar un perjuicio; y conforme se fueron analizando, quedó claro el uso que Guillermo Moreno Ibarra hizo de las instituciones de justicia con el fin de conseguir un beneficio personal.

De la revisión de actuaciones en la defensa de Rocío nos percatamos que desde el 18 de julio de 2011, el Lic. Óscar Martín Morales Vázquez, Juez Penal de Ocotlán, había resuelto un primer intento de consignación de la averiguación previa 1327/2011, negando obsequiar orden de aprehensión por considerar que no estaban acreditados los elementos del delito de Robo Calificado (apoderamiento de una torre de fierro), en perjuicio de Crescenciano Santana Sánchez y Guillermo Moreno Ibarra, de manera que decide regresar las actuaciones al Agente del Ministerio Público, negando acciones en contra de los miembros de la comunidad de Mezcala de la Asunción.

Violación a las reglas del proceso para incriminar

No obstante lo anterior, el señor Moreno Ibarra no se dio por vencido en su intención de causar perjuicios a la libertad de los miembros de la comunidad de Mezcala, y con el acuerdo de la Lic. Moreno Murguía, el día 16 de agosto de 2011, exactamente con las mismas actuaciones que integraron la averiguación previa con las que había ejercitado acción penal, de nuevo emite determinación, consignando las actuaciones ante el Juez de lo Criminal en Ocotlán, en esta ocasión ya no por el delito de Robo Calificado, sino por el delito de Daño en las Cosas (causado a una torre de fierro). Es importante resaltar esta irregularidad y se califica así ya que los datos que se requieren para determinar la existencia del delito de Robo Calificado y el de Daño en las Cosas, no guardan similitud como para confundir los elementos que integran un delito y el otro.

Luego del análisis de actuaciones, se pudo advertir una serie de irregularidades desde la integración de la averiguación previa, dejando en evidencia que la representación social sirvió como agencia de presión para responder a los intereses del señor Guillermo Moreno Ibarra, y no como organismo encargado de la investigación criminal y el ejercicio de la acción penal. De las irregularidades detectadas en lo que llevamos narrado, se advierte la falta de citación a los miembros de la comunidad para estar enterados del inicio y motivo de la acusación, siendo un derecho de toda persona para comparecer ante el Ministerio Público o cualquier autoridad ante la que se ha iniciado un procedimiento, para que las partes puedan estar en igualdad de condiciones para defenderse.

Ahora bien, se pudo advertir una violación grave a los derechos humanos de las personas al comparar la denuncia y acusación con las órdenes de aprehensión, resulta que los señores Crescenciano y Guillermo denunciaron a Casiano Pérez Magallón, Cirilo Rojas López, Rocío Moreno, Salvador Moreno Campos, Vicente Paredes Perales, Jorge de los Santos e Ismael de los Santos; y de manera inexplicable, al poner la acusación ante el Juez Penal de Ocotlán, la Lic. Moreno Murguía incluye a Salvador de la Rosa Paredes, Manuel Alejandro Jacobo Contreras, José Abraham de la Paz Sanabria y Petra Sanabria Claro, siendo que estas personas no estaban en la denuncia o querella.

Ésta es una actuación irregular del Agente del Ministerio Público, es un verdadero atropello a las reglas del debido proceso y a los derechos humanos, al solicitar orden de aprehensión en contra de personas sobre las que no hay denuncia o querella. La situación es peor en el caso del señor Salvador Moreno Campos, puesto que tenía cinco años residiendo en Estados Unidos y en donde vive hasta la fecha, sin enterarse de la acusación y del proceso penal en su contra.

Los integrantes de la comunidad mencionados, una vez enterados de la existencia de ordenes de aprehensión en su contra, y confiados de su inocencia en relación con los hechos, de manera voluntaria se presentaron ante el Juez y ofrecieron pruebas dentro del término constitucional. Sin embargo, estas pruebas no fueron tomadas en cuenta y se determina que si existen datos que los hacen responsables de haber causado daños a una torre de fierro, ordenando el inicio del proceso penal y merecedores de privación de la libertad. Sin embargo, considerando que por el delito del que se les acusaba podrían estar en libertad mediante el depósito de una fianza, la comunidad y personas voluntarias hicieron un esfuerzo conjunto y lograron reunir el monto para que enfrentaran el proceso en libertad, con la condición de acudir a firmar los días lunes primeros de cada mes ante el Juez de lo Penal de Ocotlán.

En el proceso penal se aportaron diversas pruebas para acreditar inocencia en los hechos, además de otras pruebas para demostrar la falsedad de testigos y de documentos que proporcionaron los denunciantes; sin embargo, el 27 de mayo de 2015, el Lic. Óscar Martín Morales Vázquez, Juez Penal de Ocotlán, dicta sentencia definitiva, decretando su responsabilidad en la comisión del delito de daño en las cosas, condenándolos a una pena restrictiva de la libertad.

Mediante el recurso de apelación, se solicitó que la autoridad superior revisara la sentencia y el desarrollo del proceso al considerar que se violentaron derechos humanos de los miembros de la comunidad por no reconocer y considerar en su trato y actuación que los actos denunciados se originaron por acuerdos de la Asamblea de Comuneros atendiendo a los usos, costumbres y tradiciones indígena, su autoadscripción y libre determinación; por lo tanto, debió atender el caso de conformidad con el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas; además de la violación a las reglas del debido proceso desde la averiguación previa y durante el proceso penal, por ejemplo: que las personas acusadas no fueron citadas a declarar; que no existe una denuncia o querella en contra de algunas personas; que uno de los acusados no reside en el país; que los documentos presentados para acreditar la existencia y propiedad de una torre de fierro eran copias de facturas expedidas por negocios no existentes; que los testigos declararon exactamente en el mismo sentido, además de señalar que escucharon y conocieron los hechos cuando se encontraban a un kilómetro de distancia; que el avalúo del bien mueble (torre de fierro) fue emitido por personas de la población de Poncitlán, no expertas en valuación de bienes; que la inspección de la torre de fierro se desarrolla fuera de la jurisdicción de la autoridad; que no se identifica una torre de fierro, y que las pruebas aportadas por la defensa no fueron valoradas.

El recurso de apelación se relaciona con la inconformidad que se tiene por la forma de atender y resolver el conflicto legal, e implica generar un nuevo expediente que conoce la autoridad superior del juzgador original, de tal manera que correspondió conocer el caso a los magistrados Manuel Higinio Ramiro Ramos, Celso Rodríguez González y Esteban de la Asunción Robles, integrantes de la Sexta Sala Especializada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y el 6 de noviembre de 2015 dictaron resolución, modificando el sentido de la sentencia pronunciada por el mencionado Juez Penal de Ocotlán, absolviendo a los acusados del delito de daño en las cosas. El argumento principal para la absolución fue la carencia de requisitos de procedibilidad, indispensables para la persecución del delito, que es la querella de la parte ofendida como titular legítimo de ese derecho, considerando que los señores Guillermo y Crescenciano no acreditaron afectación en su patrimonio, puesto que las facturas que aportaron a su denuncia son copias simples que demuestran la compra de material de fierro.

Inconformes, los señores Crescenciano Santana Sánchez y Guillermo Moreno Ibarra promovieron un juicio de amparo en contra de la sentencia. En esta ocasión correspondió conocer el caso a los Magistrados José Felix Dávalos Dávalos, Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas y José Guadalupe Hernández Torres, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y en su momento concedieron el amparo, a fin de que la Sexta Sala dejara sin efectos la sentencia y dictara una nueva, después de analizar de nueva cuenta el expediente.

En cumplimiento de lo anterior, los magistrados integrantes de la Sexta Sala, el 5 de agosto de 2016 dictan nueva sentencia y vuelven a señalar que la sentencia del Juez Penal de Ocotlán se modifica, debiendo absolver a los procesados por el delito de daño en las cosas. El argumento principal para absolver a las personas de la Comunidad de Mezcala de la Asunción es que las pruebas ofrecidas de la causa no eran idóneas, no reunían los requisitos legales, además de ser insuficientes como para dictar una sentencia condenatoria.

Los señores Santana Sánchez y Moreno Ibarra, no conformes con esta nueva determinación, promueven un segundo juicio de amparo en contra de la sentencia citada, con lo cual el caso regresa a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, esta vez concediendo el amparo a los demandantes, a fin de que los magistrados de la Sexta Sala dejaran sin efecto la sentencia de fecha 5 de agosto de 2016, y en su lugar se dictara una nueva sentencia.

Cumpliendo con lo ordenado en juicio de amparo, el 26 de abril de 2017 los magistrados de la Sexta Sala dictan resolución absolviendo a los procesados del delito de daño en las cosas. El argumento principal para absolver fue que ni los denunciantes ni los testigos de cargo señalaron específicamente la forma de ejecución de la conducta reprochable, ni la participación en ella de los procesados en lo individual.

Por tercera ocasión, los señores Santana Sánchez y Moreno Ibarra se inconforman con la sentencia antes citada y promueven un juicio de amparo directo, que corresponde conocer nuevamente a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, quienes resolvieron conceder el amparo, a fin de que los magistrados de la Sexta Sala dejaran sin efectos la sentencia del 26 de abril de 2017 y se dictara una nueva sentencia.

En cumplimiento de la orden de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el 17 de mayo de 2018 los magistrados de la Sexta Sala dictan sentencia, en esta ocasión –contraria a sus propias decisiones, convicciones y argumentos–, y lisa y llanamente confirman aquella cuestionada sentencia definitiva del 27 de mayo de 2015, pronunciada por Óscar Martín Morales Vázquez, Juez Penal del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán.

Señalo que los magistrados de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco en esta ocasión dictaron una sentencia en contra de sus propias decisiones, porque en tres sentencias anteriores dictadas en el mismo caso y por los mismos hechos, tuvieron claro y así lo resolvieron, que los señores Crescenciano Santana Sánchez y Guillermo Moreno Ibarra no contaban con documentos para acreditar que eran dueños de la torre de fierro; que las pruebas ofrecidas no fueron ideales para acreditar que se causó un daño en su propiedad; y que nadie señaló la manera como cada persona causó daños a una propiedad ajena, y por ello los acusados eran inocentes del delito de daño a las cosas.

Confirmar sin explicación y argumentos una sentencia condenatoria originada de un proceso penal plagado de irregularidades y omisiones, es consentir violaciones a los derechos humanos de los miembros de la comunidad coca de Mezcala de la Asunción; por ello se promovió a su favor un juicio de amparo que, actualmente, de nueva cuenta corresponde conocer a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, registrado con el expediente número 249/2018.

Consideramos que la sentencia afecta los derechos humanos de los miembros de la comunidad coca de Mezcala de la Asunción, por lo que se refiere al derecho de audiencia violado desde la integración de la averiguación previa y que tuvo consecuencias en el proceso penal que no se corrigieron y así se han venido validando por los distintos impartidores de justicia. Desde su comparecencia ante el juez y en todo el proceso, las autoridades han considerado a los denunciados como responsables de un delito.

Por las características propias de las comunidades indígenas, las autoridades han sido omisas en juzgar los actos denunciados tomando en cuenta los usos y costumbres de toda comunidad indígena, violando así el derecho de “autoidentificación o autoadscripción, a la libre determinación, en relación con el derecho a aplicar sus propios sistemas normativos, tomar decisiones sobre la forma de garantizar el respeto al orden interno de la comunidad, acceder de manera plena a la jurisdicción del Estado”.

El 15 de febrero de 2019 se dictó el acuerdo indicando: “túrnense a la ponencia de la licenciada Ana Victoria Cárdenas Muñoz, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente […]”.

Considerando que el acto que origina el ejercicio de la acción penal deriva de decisiones tomadas de conformidad con los usos y costumbres de la comunidad indígena, por ello exigimos de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito:

• Analizar el caso atendiendo a lo dispuesto en el Protocolo de atención para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas, además del análisis exhaustivo de las actuaciones que integran el proceso de origen.

• Considerar las violaciones al debido proceso cometidas desde la integración de la averiguación previa y durante el proceso seguido ante el Juzgado de lo Penal de Ocotlán.

• Se atiendan de manera diligente los conceptos de violación expuestos en nuestra demanda, en los que se advierten irregularidades cometidas en la averiguación, avalados por el juzgado de primera instancia y de la Sala Penal, como una de las malas prácticas institucionales identificadas históricamente en los procesos en contra de miembros de comunidades indígenas, acciones que dañan la vida interna de las comunidades, así como la libertad personal de sus miembros.

• Reconocer, restablecer y reparar los derechos violentados y sus afectaciones materiales e inmateriales a los miembros de la Comunidad Indígena de Mezcala de la Asunción, mediante la concesión del amparo y protección de la justicia federal.

• Atendiendo los meritos del caso, someter a consideración de las y los integrantes de la Primera Sala de la Supema Corte de Justicia de la Nación, el ejercicio de la facultad de atracción y en su caso se remita expediente con el fin de que resuelva el juicio de amparo directo 249/2018.

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Informes de Derechos Humanos

La Defensa de la Comunidad de San Lorenzo de Azqueltán

Carlos Chávez Reyes

La defensa de su territorio emprendida por la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán, representa, por sus características, una historia muy especial al significar, al mismo tiempo, un complejo proceso de recuperación identitaria y reconformación de poderes en toda una región.

Antecedentes

Como en casi toda la geografía nacional, el Pueblo Tepecano de Azqueltán, a través de una larga historia, fue sometido sistemáticamente a un intenso y violento despojo de sus tierras y cultura hasta quedar profundamente reprimido y dividido por un grupo de familias de caciques, dueños del poder económico y político en la región.

El desprecio de los derechos ancestrales de la comunidad por parte de las autoridades, fue uno de los mecanismos del despojo. Los miembros de la comunidad reclamaron ante el Estado Mexicano el Reconocimiento y Titulación de sus Bienes Comunales (RTBC), reservado a las comunidades con posesiones de origen inmemorial. No obstante, las instancias Federales, Estatales y Municipales se unieron para revertir dicho RTBC a la dotación de ejidos. Esta dotación está dirigida a comunidades o campesinos sin tierra, que no cuentan con el reconocimiento de posesión ancestral, hecho muy significativo desde el punto de vista legal.

Algunas referencias sobre los orígenes del Pueblo de Azqueltán nos hablan del vínculo entre la cultura y la lengua tepehuana del norte y la tepecana del sur, cuyas diferencias son tan mínimas que antropólogos como John Alden Mason los consideran como una única etnia con dos núcleos geográficos distintos.

La Nación Tepehuana hasta poco antes de la llegada de los españoles, era la más extensa territorialmente del norte de México. Los primeros misioneros en llegar en 1581, fueron los frailes Pedro del Monte y Andrés de Medina. Por sus relatos y otras referencias, como los escritos revisados por el Padre Nicolás Valdés, las coincidencias lingüísticas y de la historia oral, sabemos que los tepehuanos tenían su espacio territorial desde Azqueltán al norte, hasta San Cristóbal de la Barranca al sur, en las cercanías de Guadalajara, la Sierra de Morones al oriente, y a la de los Wixarika en el poniente.

Fue hasta 1777 cuando la Corona Española otorgó títulos Virreinales a San Lorenzo de Azqueltán reconociéndoles la posesión de 94,400 hectáreas. Aún con sus Títulos, los despojos nunca pararon, primero de los colonos, después de hacendados. Tan es así que transcurrieron poco más de 150 años cuando la comunidad retomó gestiones agrarias ya ante el Estado Mexicano moderno en 1952, exigiendo la restitución de las tierras perdidas en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y presentando como fundamento de su derecho sus títulos coloniales. Fue hasta 1954 cuando la SRA reconoció la autenticidad de los títulos de la comunidad.

Posteriormente, en 1959, estudios técnicos de la SRA determinaron que de las 94,400 hectáreas reconocidas en los títulos virreinales, solo podrían restituirles 9,086 hectáreas, que sumadas a las 2,375 hectáreas que le quedaban a la comunidad en posesión, significaría que la Comunidad de Azqueltán llegara a recuperar la posesión de sólo 11,461 hectáreas.

En 1961, el Cuerpo Consultivo Agrario de la SRA, por ilegales tecnicismos revirtió el trámite de restitución de la comunidad al de dotación de ejidos, aun cuando la comunidad tiene títulos virreinales que acreditan su carácter indígena, despojándola con ello de la condición ancestral de su territorio. Ese mismo año, sectores de la comunidad mostraron su inconformidad con la acción arbitraria de quitarles el carácter de comunidad por el de ejido.

Este es un momento clave del proceso de Azqueltán, pues a partir de esto, poco a poco comenzaron a formarse dos grupos, quienes se opusieron rotundamente a que se les impusiera la condición de ejidatarios y quienes comenzaron a aceptar la idea de convertirse en ejidatarios. Esta situación fue sistemáticamente manipulada por diferentes actores, entre los que se encuentran los grupos caciquiles, sus operarios en las comunidades cooptados con prebendas, las autoridades municipales que siempre pertenecen a alguna de las familias dominantes e, incluso, las autoridades agrarias que, con sus omisiones, su corrupción y larguísimos tiempos para la aplicación de la justicia, incubaron y propiciaron las condiciones para la agudización de la injusticia, la división y la violencia en Azqueltán.

Con motivo de esto, la indignación fue creciendo hasta que en 1981, la comunidad interpuso un Amparo en contra de la acción del gobierno de cambiar de trámite de restitución a dotación de ejido, por considerar que viola sus derechos colectivos. Trece años después, en 1994, la SRA por orden de los Tribunales, determinó que no procedía la orden de reversión de trámites de restitución a dotación de 1961, pero solo por cuestiones de procedimiento, por lo que ordenó reponer el mismo.

Finalmente, luego de otros 6 años, en el 2000 se dotó a San Lorenzo de 1,096 hectáreas. Los beneficiarios fueron los miembros del grupo de habitantes que se opusieron a aceptar esta supuesta solución y se decidieron a reivindicar su carácter comunitario e indígena, por lo que no aceptaron incorporarse al censo del ejido.

Más allá de la absurda dotación que, además fue entregada en los terrenos más escabrosos, en realidad, lo grave fue que ésta ha sido usada por los caciques de Villa Guerrero y algunos habitantes de Azqueltán cercanos a los primeros, para nuevas invasiones en los terrenos comunales.

Aunque, desde entonces, la violencia se ha incrementado en contra de los líderes comunitarios, con mucha más fuerza creció también la organización comunitaria determinada a hacer valer sus derechos e identidad. Así, desde principios de los noventa, la asamblea comunitaria decidió albergar a un grupo pequeño de familias wixáritari, pero que ha crecido mucho al pasar del tiempo, quienes no solo se sumaron a la resistencia y defensa del territorio y sus recursos, sino que aportan la gran herencia cultural prehispánica que el Pueblo Wixárika ha preservado. Desde entonces, se ha dado un profundo proceso de reconstitución territorial y cultural en el Pueblo de Azqueltán que ha fortalecido y retroalimentado las capacidades de organización y resistencia frente al acoso de los poderosos grupos caciquiles.

El proceso actual

Fruto de la lucha de la comunidad es la demanda de RTBC que, en febrero de 2015, se interpuso ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XVI de Guadalajara. En esta se reivindican 38,240 hectáreas, pues la comunidad decidió que solo buscarán el reconocimiento del territorio que ocupan actualmente y no las más de 94,400 de su título virreinal, pues ya hay poblados enteros se han instalado en su territorio original, incluida la cabecera municipal de Villa Guerrero.

El proceso jurídico sigue su marcha, si bien con la lentitud con la que suelen desarrollarse estos procedimientos. Lo grave es que la oposición de los grupos adversarios a la comunidad se va volviendo cada vez más encarnizada conforme avanza el juicio. Por otro lado, se profundizan sólidamente los reclamos comunitarios de sus derechos indígenas ligados al alcance de la territorialidad, autonomía, manejo de recursos naturales, autoridades propias, etc.

La gravedad de las violencias ejercidas contra las reivindicaciones comunitarias creció de forma alarmante durante 2017 y 2018. Esta situación de alto riesgo, puso en alerta y provocó intervenciones específicas de las Comisiones de Derechos Humanos Estatal (CEDHJ) y Nacional (CNDH), de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y también del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

El problema de la violencia llegó a un punto culminante el 19 de abril de 2018, cuando fueron privados de su libertad dos de las autoridades comunitarias más prominentes, Catarino Aguilar Márquez y Noé Aguilar Rojas. Gracias al monitoreo constante de las organizaciones mencionadas, la respuesta de todos estos organismos fue inmediata y exigieron urgentemente a los tres niveles de Gobierno que dieran con el paradero de Catarino y Noé y que se investigaran los hechos.

Durante casi 24 horas no hubo ninguna noticia de las autoridades comunitarias que se encontraban privadas de su libertad, y fue notable que poco después de la emisión de una estricta comunicación de las oficinas de la OACNUDH desde Ginebra, Suiza, se recibió la noticia de que Catarino y Noé habían sido liberados. La presión llegó directamente al grupo de sicarios que los tenía retenidos en una zona aislada en las montañas, lo cual se supo después por las instrucciones que recibían por radio los autores materiales de los hechos, varias de las cuales Catarino y Noé pudieron escuchar.

La Misión Civil de Observación de la Red TDT

El hecho propició la decisión de la Red TDT de crear la Misión Civil de Observación de Azqueltán que se concretó en mayo de 2018, y el cual ha permanecido en el seguimiento activo de la evolución de la situación de derechos humanos en Azqueltán. En la Misión participan la Secretaría Ejecutiva de la Red, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), la Red Solidaria por los Derechos Humanos en Michoacán, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Programa de Derechos Humanos y Paz del ITESO y la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, A.C. (AGAJI).

Además de establecer y mantener un contacto directo, permanente y activo con la comunidad, la Misión ha mantenido contacto con las autoridades de primer nivel del Gobierno del Estado de Jalisco y del Municipio, así como con la amplia coordinación y colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Las actividades iniciaron en el periodo del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y con su administración se logró establecer que la situación de constante violación a los derechos humanos de la comunidad indígena de Azqueltán, en el Municipio de Villa Guerrero, deriva de una dinámica histórica de abusos de poder, que requiere de una acción decidida del Estado para la reestructuración social y la redistribución de poder en favor del Pueblo Indígena agraviado. Y que, una vez que la Comunidad ha recurrido a las instancias legales para la solución a sus reivindicaciones, es el Estado quien debe garantizar la paz en la región, disuadiendo con rigor toda acción violenta y estimulando la solución pacífica y legal de las controversias.

Durante el periodo comprendido entre mayo y diciembre, fue posible abatir casi completamente la dinámica de violencia que se había venido registrando y se concretaron acciones políticas y programas sociales que contribuyeron a una re-nivelación social y el empoderamiento debido a la Comunidad.

El 18 de septiembre tuvimos una reunión con el actual Secretario General de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza, y otros miembros del equipo del Gobernador electo Enrique Alfaro. Junto al Dr. Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la CEDHJ, les dimos a conocer la situación que la Misión Civil de Observación encontró en San Lorenzo de Azqueltán y el proceso construido junto con la administración del Gobierno Estatal saliente. Lo anterior, con la finalidad de poder retomarlo a la brevedad posible, una vez que entraran en funciones en diciembre.

Lamentablemente, hasta la fecha no ha sido posible reanudar la comunicación con el nuevo gobierno, pese a que se ha solicitado otra reunión con Ibarra Pedroza. Esperamos que podamos acordar las medidas de seguimiento correspondientes de manera oportuna con la nueva administración.

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Informes de Derechos Humanos

Libertad de Expresión: Obstáculos y Contexto en 2018

Sergio René de Dios Corona

En medio de una “profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos” de la población, la violencia en sus diversas manifestaciones contra periodistas mexicanos marcó el año 2018. El ataque expansivo contra los periodistas y el periodismo “representa hoy la amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión en México”, alertó en junio de ese año el Informe Especial sobre la situación de la libertad de expresión en el país, realizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (cidh-oea, 2018).

Aunque extendidos a la población en general, a menudo los hechos de violencia se han dirigido a quienes son más indispensables para dar a conocer la situación de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad, advirtieron en el informe especial los relatores especiales para la libertad de expresión de la cidh, Edison Lanza, y de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y expresión, David Kaye, ambos especialistas en el tema: “Se trata de violencia que busca sofocar el debate público y la participación cívica, que constituye un ataque general a la esencia de la vida democrática en México a nivel local, estatal y nacional” (cidh-oea, 2018).

A su vez, en el Balance 2018 de periodistas asesinados, secuestrados y desaparecidos, la organización Reporteros Sin Fronteras denunció que México “es el país en paz más mortífero para los periodistas”. En México “abundan los predadores de la prensa”. Los periodistas que trabajan en temas relacionados con la corrupción de los políticos, sobre todo los locales, o con el crimen organizado, a menudo son víctimas de intimidaciones, agresiones y asesinatos (Reporteros Sin Fronteras, 2018).

Este mismo balance –que abarca desde el 1 de enero hasta el 1 de diciembre de 2018–, señala que la impunidad debida a la corrupción que reina en todo el país alcanza niveles récord y alimenta ese círculo vicioso de violencia. Hasta ese día, la agrupación contabilizaba nueve periodistas mexicanos asesinados. “Las medidas de protección que se otorgan a los periodistas amenazados a menudo son insuficientes e ineficaces” (Reporteros Sin Fronteras, 2018).

El clima de violencia hacia los periodistas también se registró en las elecciones federales de 2018, además de los comicios en ocho entidades y sus municipios. A pesar de la denuncia, la violencia generalizada en contra de las y los periodistas no ha cesado, incluso, sigue en aumento, también denunció la Red #Rompe el Miedo (rrm).1

Para el proceso electoral, la rrm documentó 185 agresiones en contra de periodistas y otros integrantes de la red, de las cuales 75.9% fueron cometidas por integrantes y candidatos de partidos políticos y por funcionarios públicos, sin que hasta el momento se conozca públicamente si las autoridades correspondientes han iniciado algún proceso que dé seguimiento a las decenas de agresiones perpetradas. “De esta manera, y sin lugar a duda, los contextos electorales se caracterizan por ser los más adversos y violentos contra el ejercicio de la labor informativa en México”, señaló la rrm, integrada por más de 800 periodistas.

Asimismo, añadió en su documento Elecciones 2018, publicado en octubre de ese año, que cada que un periodista sufre alguna agresión “se enfrenta además a violencia institucional en la que se ejerce la impunidad a tal grado, que el proceso de investigación, seguimiento y reparación del daño es revictimizante, tedioso y prácticamente inexistente” (rrm, 2018). Así, en las conclusiones anota que los ataques a la prensa y a quienes comunican, representan hoy en día la mayor amenaza a la libertad de expresión y un menoscabo a la democracia de México.

A pocos días de concluir 2018, los ataques mortales contra periodistas continuaban. El 4 de diciembre, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato en Nayarit de Jesús Alejandro Márquez Jiménez. También recordó que desde enero de ese año se desconocía el paradero del periodista Agustín Silva, desaparecido en Oaxaca. Días más tarde, el 13 de diciembre, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la cidh se sumó a la condena de ese crimen y a otro más, el de Diego García Corona, cometido en el Estado de México.

Con una cifra similar a la del año 2017, al menos 12 periodistas fueron asesinados en México por motivos vinculados a su labor profesional, “lo que sugiere que la violencia contra periodistas continúa afectando de manera grave a la sociedad mexicana”, advirtió la relatoría de la cidh.

El gobierno federal de México creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, sin embargo, es ineficiente y no ha impedido los asesinatos de quienes estaban protegidos, señaló en octubre de 2018 Emmanuel Colombié, Director del despacho Américas, de Reporteros Sin Fronteras.

En octubre de 2018, el Consejo de ese mecanismo alertó que el gobierno federal no entregó los suficientes recursos para que 727 defensores de derechos humanos y periodistas no quedaran sin medidas de protección por lo menos hasta diciembre. De manera “irresponsable”, el gobierno de Enrique Peña Nieto cierra su sexenio incrementando el nivel de riesgo de quienes se encuentran bajo resguardo de dicho mecanismo y “dejando con una mínima capacidad operativa” al equipo de la Coordinación Nacional Ejecutiva.

De los 12 asesinatos de periodistas cometidos en 2018, dos ocurrieron en diciembre, durante la primera semana de gobierno de la nueva administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, surgido del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Las cifras de periodistas asesinados difieren según la fuente: el mecanismo de protección enumera en su sitio web 18 asesinatos de “personas periodistas”, en tanto que otros organismos indican que fueron 12.

La perspectiva de los organismos nacionales

Cada vez que un periodista es asesinado, los organismos internacionales suelen instar a las autoridades mexicanas a fortalecer sus políticas de prevención y protección de todo tipo de violencia contra el gremio y los medios de comunicación, y a investigar de forma completa, efectiva e imparcial los crímenes, esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Sin embargo, la impunidad es el sello de los ataques.

El 2 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) denunció que autoridades de los tres órdenes de gobierno han incumplido su deber de prevenir, investigar y sancionar los crímenes contra los periodistas, lo que ha generado un alto índice de impunidad. De las 176 averiguaciones previas relacionadas con distintos delitos contra periodistas, de acuerdo con la Recomendación General núm. 24 de 2016, de este organismo, “el resultado es trágico” al observar que sólo en 10% de los casos hubo sentencia condenatoria y en 90% restante “impera la impunidad” (cndh, 2018a).

Según la cndh, en los casos de desaparición de periodistas y atentados contra instalaciones de medios informativos, la impunidad es de 100%. Un ejemplo ocurrido en 2018 es que el 20 de diciembre unos desconocidos abandonaron una hielera con una cabeza humana y una pancarta con amenazas contra el periódico Expreso y otros medios informativos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. En 2012, el mismo impreso enfrentó una situación de riesgo, luego de que unos sujetos hiceron estallar un vehículo con explosivos, a pocos metros del sitio en que se localizaron la hielera y la pancarta.

De acuerdo con los datos de la cndh, desde el año 2000 y hasta el 2 de noviembre de 2018, se habían cometido 140 homicidios de periodistas, 21 se encontraban desaparecidos desde 2005 y se habían cometido 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación, contabilizadas a partir de 2006. Detalla que más de la mitad de los homicidios se concentran en cinco entidades: Veracruz (22), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (15) y Chihuahua (14).

En 2018 la cndh emitió tres recomendaciones en las que acreditó violaciones a los derechos humanos en agravio de periodistas: la 88/2018, tras el homicidio en 2004 de un periodista en Tamaulipas; la 89/2018, derivada del asesinato de un periodista en Veracruz en 2016; y la 91/2018, a raíz de tres atentados que se perpetraron contra un periodista de Baja California en 2016 y 2017. La lectura de las recomendaciones evidencia cómo, además de victimados o de ser objeto de agresiones, la exigencia de justicia en cada caso se convierte en un calvario para la familia o el propio agredido, sin que los señalamientos de la cndh necesariamente se cumplan, debido a no ser vinculantes u obligatorios para las autoridades.

En su Informe anual 2018 (cndh, 2018b), presentado en enero de 2019, la cndh actualizó los datos y, en el marco del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, dio a conocer que en el periodo comprendido entre el año 2000 hasta el 20 de diciembre de 2018, se registró un total de 141 homicidios de periodistas, de los cuales 15 casos corresponden a mujeres, lo que equivale a 10.6% de las víctimas.

Como parte de sus acciones, la cndh recurre a las llamadas Medidas Cautelares, mediante las cuales requiere a las autoridades “acciones o abstenciones por parte de las y los servidores públicos a fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos, o la producción de daños de difícil reparación a las personas afectadas, así como para solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron.” (cndh, 2018b).

Dichas solicitudes de medidas precautorias, por parte de esta instancia para proteger periodistas, aumentaron a consecuencia del incremento en la frecuencia y gravedad de las agresiones contra los informadores profesionales. En 2014 sumaron 11; en 2015 se contabilizaron 16; para 2016 llegaron a 27; un año después, la cifra fue de 66 y –siempre al alza– en 2018 se dispararon para alcanzar 96, lo que la cndh calificó como “alarmante”.

A pesar de lo anterior, esta instancia reconoció que implica una “situación estructural de violencia”, que se agudiza y subsiste debido a la impunidad y la autocensura puesto que la mayoría de las entidades federativas no cuentan con agencias especializadas para la investigación de delitos en contra de periodistas y personas defensoras.

Esta circunstancia es preocupante ya que el Estado tiene una responsabilidad, sustentada en sus obligaciones de prevención y protección cuando existe el riesgo de que se produzcan crímenes en contra de periodistas por situaciones concretas en que las autoridades saben o deberían haber sabido que hay un riesgo real e inmediato de que se cometan estos delitos, tal y como fue manifestado por la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la cidh.

En marzo de 2018, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, en su investigación “Soy periodista, no criminal” denunció que si bien los asesinatos y desapariciones de periodistas representan agravios extremos a la libertad de expresión, existen otros procesos de agresión contra el gremio periodístico que transitan de la esfera de violencia física a la digital y a la judicial (Propuesta Cívica, 2018).

Este mismo Centro señaló que, actualmente, la política pública orientada a proteger el ejercicio periodístico se mantiene inacabada, pues se ha enfocado a atender las agresiones físicas, pero ha desatendido los mecanismos jurídicos y judiciales que muchas veces son utilizados como armas de agresión.

“Ejercer este tipo de violencia contra periodistas por su labor de investigación e información, mantiene efectos transgresores de derechos y representa un retroceso en la construcción democrática. Muchas ocasiones puede transitarse de una criminalización o acoso judicial, a una amenaza, hasta llegar incluso a violaciones graves de derechos humanos, como el asesinato o desaparición forzada de quienes ejercen la actividad periodística”(Propuesta Cívica, 2018).

El caso de Jalisco

Es importante recuperar y conocer las condiciones y el ambiente de agresiones en el ámbito nacional hacia la prensa y sus trabajadores, como contexto que permite situar y analizar lo que sucedió en Jalisco durante 2018 en cuanto a la libertad de expresión, un derecho humano fundamental e inalienable, “requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática”, como señala la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada en 2000 por la cidh.

Un rasgo de lo sucedido en el nivel estatal en 2018 son las relaciones ríspidas de una parte de los periodistas y medios informativos con el ahora gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. En pleno proceso electoral, el entonces precandidato por Movimiento Ciudadano (mc) a la gubernatura, se presentó el 3 de enero de ese año en el programa Forma y Fondo, de Radio Metrópoli, a una entrevista con los periodistas Jorge Octavio Navarro y Mario Muñoz Loza.

El alcalde con licencia de Guadalajara llegó molesto, con un “expediente” detallado que contenía la transcripción de 385 menciones, de las cuales, dijo, 342 eran negativas. En el programa reclamó por las opiniones críticas a su gestión al frente del Ayuntamiento, lo que fue un acto intimidatorio hacia ambos informadores. “Traigo una carpeta grandotota porque lo que hice fue ponerme a leer una vez más todos los programas que ustedes hicieron en dos años, que estuvimos revisando, quisiera nada más darles este dato para que entiendan de lo que quiero hablar, ustedes hicieron menciones sobre un servidor en 385 programas, de esas 385 menciones, 342 fueron negativas” (Revista Etcétera, 2018)

Alfaro Ramírez argumentó esa mañana a su favor que, como señaló un organismo, el municipio es el más transparente del país; que ha realizado transmisiones en vivo de sesiones de comisiones de adquisiciones y obras públicas; y rechazó ser autoritario o que no escuche y, sin ofrecer pruebas, mencionó que hay ataques a su administración que vienen con guion promovido desde el Partido Revolucionario Institucional (pri), su partido opositor.

Durante su gestión como presidente municipal de Guadalajara, Alfaro Ramírez no usó su derecho de réplica para precisar, matizar o desmentir las menciones, a pesar de contar con una Dirección de Comunicación Social y a que con recursos del erario pagó a tres empresas que manejan su comunicación e imagen (Indatcom, Eu Zen y La Covacha), incorporadas a su proyecto político desde que fue alcalde de Tlajomulco de Zúñiga.

La construcción del “expediente” personal de ambos periodistas fue la arrogante demostración de un acto de poder ejercido contra opiniones críticas, que recordó las “fichas” que grupos políticos, corporaciones de seguridad y aparatos de inteligencia suelen elaborar de cada periodista para de ser necesario presionarlo, amenazarlo o reprimirlo; fichas que en anteriores sexenios estatales también se elaboraron.

Uno de los antecedentes de la “carpetota” exhibida en el programa radiofónico por Alfaro Ramírez, donde mostró su irritación hacia determinados medios informativos o periodistas, ocurrió meses antes, el 2 de junio de 2017. Durante la inauguración de obras de pavimentación en una colonia tapatía arremetió contra tres medios informativos impresos al declarar frente a los vecinos: “Quiero ver a todos esos que escriben tantas cosas de mí, al Mural, al ntr, a La Crónica, a todas esas basuras que escriben cosas todos los días, denigrando, ofendiendo, atacando. Quiero ver qué han hecho ellos como esto [las obras], que le llegue a los talones para cambiar la realidad” (Montiel, 2017).

Además de reclamar, Alfaro Ramírez habló de cómo se concibe a sí mismo, a su propuesta política y a su grupo político: “Porque somos de las últimas esperanzas que quedan en este país; no exagero, de las últimas esperanzas que quedan, y a veces cuando uno ve eso [las críticas de los medios informativos]; cuando uno se da cuenta que todo el día están dando y dando y dando para ver si te doblas, hay veces que uno termina en la noche y dices, ‘¿qué necesidad tengo de esto’”.

Desde esa visión política escasamente autocrítica, se puede inferir por qué es repelido cualquier comentario o crítica pues –en su lógica– ciertos periodistas y medios informativos atentan contra una de las “últimas esperanzas” que le quedan a México. La relación rasposa con determinados medios informativos y periodistas desde quien asumió la gubernatura de Jalisco el 6 diciembre de 2018, está presente luego de que Alfaro Ramírez suele confundir las críticas con ataques personales e imagina que detrás de todos los cuestionamientos está un grupo o partido político que las atiza.

Otro ingrediente presente en la animadversión a determinados medios y periodistas es que el mandatario estatal continuó con su política de comunicación social de apostarle sobre todo a las redes sociales, y menos a los medios informativos. Con el apoyo de las empresas privadas referidas –algunos de cuyos directivos formaron parte de su administración en Guadalajara–, a sus cuentas subió ese año mensajes o videos de sus actividades, informó parte de su agenda y, también, las convirtió en palestra para el debate, la crítica, los desmentidos y las descalificaciones a sus opositores y a la prensa crítica. Sus posturas públicas fueron replicadas con agrios ataques de seguidores y simpatizantes hacia los periodistas que lo cuestionan, lo que generó un ambiente hostil y campañas de linchamiento contra reporteros.

En un comunicado dirigido al gobernador, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Jalisco, llamó la atención en octubre de 2018 sobre el periodismo crítico como necesario para lograr una sociedad informada y participativa. “La libertad de expresión de las personas que realizan labores periodísticas debe ser respetada por las autoridades, quienes además deben abstenerse de alimentar el odio contra los periodistas y los medios de comunicación en un contexto en que estos son con frecuencia agredidos por realizar su trabajo”. La asociación planteó que esperaba que en el próximo gobierno respetara la labor de este gremio “y a través del Ejecutivo se impulsen iniciativas para protegerlos frente a las amenazas de las que son objeto” (Amedi-Jalisco, 2018).

Igualmente, es común que Alfaro Ramírez pague pautas publicitarias para dar a conocer políticas públicas o fijar sus posturas en redes sociales, interesado en que se difundan más por esa vía. A los medios informativos no siempre envió, en esos casos, comunicados oficiales, sino que en el año analizado su equipo recurrió a utilizar Facebook y Twitter, entre otros medios digitales. Las empresas que manejan su comunicación en realidad son aparatos de propaganda a su servicio personal, que promocionan políticamente al gobernante y brincan a reporteros y medios para proporcionar una supuesta información directa a la sociedad jalisciense, con su versión aséptica y acrítica de la administración, sin que medien preguntas o cuestionamientos incómodos.

La publicidad oficial

El 15 de agosto de 2018 sesionó la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado, buscando cumplir con lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Comunicación Social, que el 11 de mayo de ese mismo año, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, obligó a los Congresos locales a adecuar sus marcos jurídicos en ese tema. La comisión aprobó el dictamen que crea la Ley de Comunicación Social del Estado de Jalisco que aplica “el ordenamiento jurídico de austeridad, pone fin al culto a la personalidad de los gobernantes y funcionarios con el uso de recursos públicos, indica el documento que coloca como sujetos obligados a los poderes públicos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados y autónomos, y municipios”.

Dicho dictamen señala que los recursos que se destinen para la comunicación deberán observar lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, que estipula no rebasar 0.3% del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente. Ese mismo día, en el pleno del Congreso del Estado, se le dio primera lectura; sin embargo, la Legislatura concluyó sus trabajos, y la nueva, que entró en funciones el 1 de noviembre de 2018, no la agendó ese año para su segunda lectura, a fin de que el pleno la discutiera y, en su caso, la aprobara. Es decir, la mantuvo en suspenso.

Días después de tomar posesión como gobernador, Alfaro Ramírez anunció que el presupuesto para comunicación social se reduciría durante su gestión, pero —con la misma política de su antecesor, el priista Aristóteles Sandoval— no precisó los criterios con que se distribuirán esos recursos a los medios informativos de Jalisco y, mediante el decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio 2019 estableció, en el artículo 4, que las partidas 3611, 3631, 3661 y 3691, a través de las cuales se ejercen recursos en materia de comunicación, son de “ampliación automática”.

Es decir, si durante 2019 la administración alfarista dispone de más recursos, podrá ampliar los 240.4 millones de pesos presupuestados para todo el año, con el único limitante de no exceder el equivalente a 0.3 por ciento del presupuesto total, que asciende a 116 mil 946.2 millones de pesos, y que para comunicación social podría llegar a 350.8 millones de pesos (Congreso del Estado de Jalisco, 2018).

Sin la aprobación de la Ley de Comunicación Social del Estado de Jalisco, que especialistas critican por considerar que está peor que la ley federal que entró en vigor el 1 de enero de 2019, la regulación de la distribución de la publicidad oficial en Jalisco está pendiente y, con ello, el riesgo de que se utilice para castigar o premiar a tales o cuales empresas informativas, según sea o no del agrado gubernamental su línea editorial.

Se van profesionales

Desde una perspectiva de la libertad de expresión, que en el caso de los medios informativos exige contar con calificados profesionales de la información, durante el inicio de la actual administración estatal algunos periodistas formados renunciaron a sus empresas contratantes para integrarse a los equipos de las autoridades que triunfaron en las elecciones de 2018. Es el caso, por ejemplo, de periodistas que se sumaron al gobierno estatal y al municipio de Zapopan. Se perdió con eso el oficio y la experiencia acumulada de quienes partieron.

El traspaso de periodistas a la función pública se trata de un fenómeno que se repite desde hace décadas cada tres años, con el cambio de administraciones, en parte derivado de las condiciones de trabajo que prevalecen en Jalisco para los informadores: en muchos casos con bajos sueldos; incertidumbre de su futuro laboral; outsourcing que contrata personal para empresas de comunicación; pagos sin estar en nómina, y por tanto sin prestaciones; en ocasiones, largas jornadas obligadas por tener dos empleos, muchas veces sujetos a malos tratos o líneas editoriales oficialistas; con un ambiente hostil de parte de algunos funcionarios; de linchamientos en redes sociales a su trabajo si es de denuncia, entre otras situaciones adversas.

El entorno laboral en 2018 también tuvo repercusiones en la planta laboral, luego de que ocurrieron recortes de personal en empresas informativas locales, no sólo de reporteros sino de columnistas, como sucedió en Milenio-Jalisco, El Informador y Mural.

Las salas de redacción tienden a achicarse y a incrementar la carga laboral de los periodistas, luego de la crisis que en su modelo de negocios enfrentan las empresas en la transición hacia un periodismo cada vez más digital, pero sin capacidad de allegarse suficientes recursos para operar de manera eficiente en términos informativos y subsistir de forma decorosa con ingresos económicos aceptables.

También en 2018, la libertad de expresión se vio acotada si la revisamos desde la perspectiva del derecho a la información, que cada vez la pervierten más los llamados “sujetos obligados” a través de sus equipos de las Unidades de Transparencia. Ese derecho se usa como un recurso para dosificar la información, ya sea mediante solicitudes de información o la puesta a disposición en los sitios de transparencia. A través de las solicitudes de información, los periodistas enfrentan procesos parajudiciales que los fuerzan a desarrollar habilidades de abogado, lo que complica aún más el acceso en el caso de un ciudadano común.

La práctica seguida desde las unidades de transparencia es que si la información es “comprometedora” desde la visión del funcionario público que no cumple con su responsabilidad, entonces la entrega incompleta, distinta a la solicitada, o responde que no es de su competencia para obligar al solicitante a interponer recurso ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (itei) y así ganar tiempo y, por cansancio, hacer que el reportero se desista. Considerar la información pública como un bien privado prosigue como una práctica en oficinas gubernamentales.

En el comunicado ya citado, la Amedi-Jalisco abordó la transparencia, así como la rendición de cuentas cabal y expedita, que consideró “deben ser los rasgos distintivos de la gestión pública si se pretende, como se ha dicho, lograr una refundación de Jalisco sustentada en los hechos más que en la retórica”. Por ello, consideró necesario asegurar que el (itei) disponga de lo necesario para atender sus obligaciones, incluyendo las relacionadas con la protección de datos personales.

Una queja de reporteros en la actual administración –que se repite de las anteriores– fue que luego de la reingeniería anunciada de las direcciones o coordinaciones de comunicación social estatales, cada vez más se dificulta entrevistar a funcionarios. La descoordinación, las evasivas, las excusas son parte de las vallas para acceder a la información cara a cara o que los funcionarios opinen de tal o cual asunto, salvo cuando se trata de una entrevista “banquetera” o ruedas de prensa convocadas ex profeso.

Posicionamientos

En octubre pasado, la Amedi-Jalisco hizo un llamado al ahora gobernador para que atendiera los desafíos que en materia de libertad de expresión y derecho a la información se vislumbran en los próximos seis años. Uno de ellos se relaciona con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (sjrtv), que debe sobresalir por su autonomía e independencia editorial respecto al poder político. “De ahí la importancia de designar a un director con trayectoria y experiencia reconocida en medios de comunicación que fortalezca el sentido de servicio público que debe tener este Sistema. Es urgente una reforma a su ley orgánica que considere su autonomía de gestión y que lo lleve a ser un vehículo comunicativo y cultural verdaderamente público y de calidad” (Amedi, 2018). Sin embargo, hasta el 31 de diciembre el gobierno estatal aún no nombraba titular al sjrt, que se mantenía a la deriva.

También la Amedi señaló que persiste una brecha tecnológica significativa entre los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara y quienes viven en otras regiones de la entidad. Ante ello, la Amedi-Jalisco consideró urgente “delinear e implementar un plan de infraestructura que propicie y mejore el acceso y el uso universal de las tecnologías de la comunicación entre los habitantes de Jalisco, y que complemente lo hecho a través del proyecto nacional México Conectado u otros que diseñe el próximo gobierno federal” (Amedi, 2018).

Antes de que tomara posesión Alfaro Ramírez, la Amedi-Jalisco puntualizó que el voto de confianza que la ciudadanía emitió a través del sufragio no es un cheque en blanco. Antes bien, es la materialización de las expectativas de un pueblo que sistemáticamente ha sido decepcionado por sus representantes. Estar a la altura de sus necesidades no es una gracia sino la exigencia más elemental.

La libertad de expresión no se mendiga; se ejerce. Está salvaguardada por la Constitución Política del país, que obliga a las autoridades, según el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos, el de expresar, recibir y difundir opiniones, pensamientos e informaciones por cualquier medio posible, sin restricción de fronteras y sin otros límites que los establecidos por la Carta Magna y sus leyes. Corresponde a la sociedad en su conjunto, a los ciudadanos, a los medios informativos y periodistas exigir a las autoridades su cabal cumplimiento.

Finalmente –hay que destacarlo–, son numerosos los periodistas y programas de distintos medios informativos que realizan periodismo de calidad, sustentado en información confiable, en investigaciones periodísticas a fondo, en la independencia de criterio editorial frente a las presiones que surgen, y que con su labor profesional visibilizan y ponen a debate en la esfera pública, temas de interés colectivo. Contribuyen de esa manera a mantener vigente la libertad de expresión y el derecho de los jaliscienses a estar bien informados.

Referencias

AMEDI-JALISCO (2018). “Comunicado sobre llamado al próximo gobierno estatal en materia de derechos a la comunicación de los jaliscienses”. Disponible en: http://www.amedijalisco.org.mx/comunicados/comunicado-sobre-llamado-al-proximo-gobierno-estatal-en-materia-de-derechos-a-la-comunicacion-de-los-jaliscienses/ [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CIDH-OEA (2018). “Informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en México”. Disponible en: http://oas.org/es/cidh/expresion/docs/2018_06_18%20CIDH-UN_FINAL_MX_report_SPA.PDF [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CNDH MÉXICO (2018a). Denuncia CNDH impunidad del 90% en homicidios de periodistas y demanda a las autoridades garantizar investigaciones profesionales y efectivas que consideren la labor de los comunicadores, Comunicado de Prensa DGC/349/18 el 2 de noviembre de 2018, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_349.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CDNH México (2018b). “Informe Anual 2018 de la CNDH”. Disponible en: http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2018/IA_2018.pdf, [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, Decreto 27225/LXII/18 del presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 201, sus anexos y la plantilla de personal, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 22 de diciembre de 2018, disponible en: https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-22-18-vi_1.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

MONTIEL, Adrián. “Alfaro arremete nuevamente contra medios impresos locales” en El Diario ntr – Guadalajara. 2 de junio de 2017.

PROPUESTA CÍVICA (2018). “Soy periodista no criminal”. México, disponible en: http://www.propuestacivica.org.mx/soy-periodista-no-criminal.html [Consultado el 21 de marzo de 2019].

RED ROMPE EL MIEDO (2018). “Informe Elecciones 2018”. Disponible en: https://informaterompeelmiedo.mx/wp-content/uploads/2018/10/RRM-informe-elecciones-2018.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

REPORTEROS SIN FRONTERAS (2018). “Balance de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo”. Disponible en: https://rsf-es.org/_files/200006207-844ad85454/2018_RSF_BALANCE_ANUAL.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

REVISTA ETCÉTERA (2018). “Alfaro saca la ‘lista negra’ de críticas en su contray niega ser intolerante”. Ciudad de México.

Notas:

1 Lo relativo a la Red Rompe el Miedo se puede ver en: <https://twitter.com/rompemiedo>.

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INFORME Informes de Derechos Humanos

Los Rostros Invisibles de la Tortura

Basado en el testimonio de: Salvador Carmargo

Redacción: Cepad

La mañana del trece de abril de 2014, Luis Enrique Camargo Herrera fue detenido de manera arbitraria en la ciudad de Guadalajara, Jalisco por los policías investigadores Arnoldo Gómez Guzmán, Luis Ángel Hernández Morales y Jorge Luis Castañeda Luévanos, adscritos al Área de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Después de su detención, Luis fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de la calle 14, ubicadas en la colonia Colón Industrial, donde fue torturado física, psicológica y sexualmente durante varias horas con la finalidad de que se declarara culpable de haber cometido un homicidio. Ese día, no solamente cambió la vida de Luis, sino también la de toda su familia, quienes hasta la actualidad sufren las consecuencias de estas graves violaciones de derechos humanos.

Comúnmente se piensa que la tortura solamente afecta a las y los sobrevivientes, es decir, aquellas personas que vivieron en carne propia los golpes, las amenazas y demás vejaciones, invisibilizando los sufrimientos que viven sus familiares, amigos y amigas cercanas, compañeros y compañeras de trabajo y escuela, así como a sus vecinos y vecinas. Sin embargo, al igual que la tortura psicológica, a pesar de que no es evidente, existe, y puede constatarse en el dolor de las y los familiares. Las y los otros que sufren y son violentados sistemáticamente, son los rostros invisibilizados de la tortura.

En este caso, este rostro lleva el nombre de don Salvador Camargo Herrera, papá de Luis, quien desde hace cinco años emprendió su lucha por justicia y verdad. A sus 76 años, don Salvador se mueve despacio pero con firmeza a donde quiera que camina. Apoyado solamente por su bastón llega hasta los lugares más lejanos, entre ellos a la Comisaría de Sentenciados donde su hijo Luis se encuentra privado de la libertad desde 2014.

Incansable en su camino a encontrar justicia para su hijo, don Salvador tocó todas las puertas imaginables, ninguna se abrió para brindarle respuestas. Sin duda, este arduo caminar ha dejado huellas en su vida. Pero no ha sido capaz de quitarle la esperanza ni su manera única de ver el mundo, siempre generosa, aguda y bromista.

Al tener que pasar por estos terribles sucesos, la vida de don Salvador y la de su familia cambió dramáticamente. Enfrentándose a un sistema de justicia fallido en un proceso plagado de irregularidades, y a una sociedad indolente que condena a Luis sin ni siquiera conocerlo, ni saber lo que le pasó.

El sufrimiento de don Salvador comenzó desde el momento que detuvieron a Luis, ya que en ningún momento le permitieron avisar a sus familiares que había sido detenido. Don Salvador cuenta:

“Ellos dicen que me avisaron que Luis fue detenido, pero yo nunca recibí ninguna llamada de Luis. Me apoyé en locatel y ellos me informaron que Luis estaba detenido en Fiscalía. Llamé a la fiscalía y me preguntaron quién era yo y por qué le llamaba. Dije que soy el papa de Luis. Les di mi nombre y número de teléfono sin esperar que ellos iban a utilizar estas informaciones para agregarlas a sus informes diciendo que han dado Luis la oportunidad de llamar a su familia. (…) Fue terrible esa cosa. Es la primera vez que detienen a un familiar mío”.

Para don Salvador, es muy difícil relatar la tortura que vivió Luis; sin embargo, cree que es importante platicarlo para que se conozca la verdad, y que la gente sepa cómo actúan las autoridades. Al respecto, don Salvador narra lo siguiente:

Le dieron como cuatro sesiones de tortura inenarrables, porque le dieron en sus partes toques con una chicharra, le dieron toques en los dos dedos gordos de los pies, le pusieron la chicharra en sus dedos y sus genitales, le dieron golpes en los oídos, cachetadas, le dañaron el tímpano. También le pusieron una manguera en la boca y le pusieron un trapeador encima, le abrieron a la llave para que se ahogara, lo ahogaron, y ya cuando vieron que ya probablemente había fallecido, le sacaron rápido la manguera e hicieron maniobras con el pie, pegándole en la espalda para sacarle el agua y empezó a reaccionar. Es duro contar eso, porque, pobrecito mi hijo (….) es muy difícil.”

El impacto de lo sucedido a Luis es imposible medir. Lo que sí se puede constatar con seguridad es que ha cambiado la vida de él y la de toda su familia. Esto se agrava aún más por el hecho de que Luis sigue privado de su libertad. Como dice don Salvador: “No solamente el interno sufre, acá afuera también. Todos sufrimos bastante.” Luis era el sostén de la familia. Ahora, don Salvador tiene que buscar cómo mantenerse y cómo apoyar a su hijo: “Es un cambio radical después de estar acostumbrado a que él nos sostenía. Y ya me acabé el dinero ahorrado.”

Al hablar de su hijo, don Salvador se reanima, cuenta con orgullo paternal: “Luis se desempeñaba como jardinero y era conocido por la calidad de su trabajo no solamente en su colonia sino por toda Guadalajara”. Un hombre formal y cumplido que apoyaba a su papá y a su familia. En las palabras de don Salvador: “era mi sostén y nunca faltaba nada”. Todo esto cambió, lo que les quedó son las visitas semanales: “Los dos disfrutamos la visita. Está bonito, en esos momentos se nos olvida todo”. Lo anterior, a pesar de la travesía que implica visitar a Luis:

“Primero, desde un día antes tengo que ir al mercado para elegir qué le voy a comprar y preparar la comida. El día siguiente me levanto a las cuatro de la mañana y preparo la comida. A las siete salgo de la casa y tomo dos camiones. Llego allá cerca de las nueve de la mañana. Siempre tengo que esperar a un camión donde pueda tomar asiento porque no puedo ir parado todo el camino. Es un sacrificio llevar las bolsas, sobre todo cuando uno está discapacitado.

A las nueve abren la puerta y permiten la entrada en la penal. Es una lucha diaria, tiene uno que hacer un sacrificio y más si alguien está enfermo como yo. Es difícil todo eso. Y luego voy cargando la comida, tan viejito que estoy. Me dice Luis que no traiga nada, pero pues tengo que llevarle algo, lo que se pueda. Sí es sufrido. Los ricos no entran, pagan y compran su libertad y nosotros que estamos pobrecitos tenemos que soportar todo eso.

A las dos y media nos tenemos que despedir. Es una disciplina muy estricta ahí. Espero que pronto esté afuera mi muchacho. Varias veces voy los martes, los jueves, los sábados y los domingos a visitarlo. Con gusto lo hago para ver a mi muchachote.”

La salud de don Salvador también se ha ido deteriorando, sufre de diabetes, neumonía crónica y tiene problemas cardíacos:

“Además, soy hipertenso y tengo una discapacidad motriz, ya casi no puedo caminar. Las molestias se han agravado desde la detención de Luis. La diabetes ya la tenía antes, pero se incrementa cuando anda uno estresado, con problemas. La verdad es que de ahí para acá mis fuerzas ya no me alcanzan. Antes llevaba 25 o 30 kilos de frutas, de refrescos, de muchas cosas. Pero ya no puedo, solamente llevo la comida y algún refresquito. La situación como la tienen a mi hijo me tiene muy mal.”

A pesar de sus problemas de salud, para don Salvador, la lucha contra la tortura y por la justicia se volvió la razón de seguir, de no rendirse. Está convencido que las autoridades torturan de una manera generalizada:

“Las autoridades dicen que no hay tortura. A todo el mundo lo torturan. Los mismos policías desde cuando aprenden a las personas ya están golpeando. Yo siento que es con mucha hazaña la persecución de las personas. Deben de ser capaces de hacer una investigación real y efectiva, pero no lo hacen.”

Don Salvador afirma lo anterior con mucha certeza, ya que durante los viajes semanales a la penal, se encuentra con personas que están en la misma situación. Gente que tienen seres queridos privados de su libertad y quienes han sido golpeados y torturados.

“Hay mucha gente que sabe. Muchos internos han sido torturados. Hay muchos casos así, de hecho, la mayor parte de los casos le sacan la confesión a base de tortura, no saben ni investigar los policías. Ellos solamente quieren la firma, el resto les importa poco. Pero nunca van a dejar a torturar. A mi hijo, estos investigadores lo llevaron a un tráiler con los ojos vendados y lo amenazaron. Que yo sepa, nunca van a cambiar. Van a simular más las cosas, pero van a aprender otros sistemas, otras formas de robar.”

Por ello, opina que es tiempo de organizarse:

“Quiero convertirme en un activista en pro de los derechos humanos con toda la fuerza que me queda. Yo me encargaría de encontrar las personas que fueron torturados y les paso a las instituciones que verdaderamente defienden los casos.”

Don Salvador quiere ayudar a que la gente no viva las injusticias que él ha soportado durante estos cinco años. El proceso de su hijo ha estado lleno de muchas irregularidades:

Luis nunca fue defendido por un defensor de oficio de la Fiscalía, fue dejado en un estado de indefensión. Nosotros pusimos una queja ante la Procuraduría Social, y la Procuradora Social que estaba, contestó que ahí estaba la firma del defensor y quecon eso bastaba, que él había cumplido con sus obligaciones, pero para nada, él nunca defendió a Luis”.

A pesar éstas y otras irregularidades que hubo en el proceso, la Jueza Décimo Primero de lo Penal, Gabriela Guadalupe de León Carrillo, sentenció a Luis como culpable del homicidio. Esto ha generado una gran impotencia en don Salvador: “Me siento terrible porque la juez siempre ha estado aferrada a que Luis es culpable”.

En este caminar, don Salvador recurrió a otras institucionales, tales como la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ningún lado recibió apoyo o respuestas:

“ Acudí vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y gastos de camiones y sufrimiento, y nada. La CEDHJ que estaba presidida por Álvarez Cibrián, me mandaron un oficio diciendo que iban a archivar la queja hasta que tuvieran mejores pruebas, porque la Juez había opinado que no había sido torturado. Entonces estaba haciendo la Juez el trabajo de la Comisión Estatal.”

Precisamente por esta falta de respuestas, don Salvador cree que la gente no acude a interponer una queja. Además, considera que existe un estigma sobre la tortura, no se habla de esta, no está en la discusión pública y tampoco hay colectivos de personas sobrevivientes y sus familiares en el estado que pudieran conjuntamente exigir cambios reales.

Increíblemente, después de tantos años de haber pasado en el laberinto de la injusticia llamado México, sigue con esperanza. Con la ilusión que otra vida es posible para Luis:

“¡Qué salga! Quizás así se me detienen mis enfermedades. Espero que todo se componga cuando salga. Todavía tenemos mucha fe en la justicia. Eso me ha ayudado a mí para luchar con más ganas, con más coraje tratar de sacarlo.”

Esperamos que esa justicia llegue este año para don Salvador, Luis y para todas aquellas personas que han sido victimas de tortura en nuestro estado. No obstante, no hay certeza que esto suceda. Muestra de ello es la deficiente implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el estado de Jalisco. Así como, el nombramiento en el mes de diciembre del 2018 de Gerardo Octavio Solís Gómez, actual titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a quien le han dirigido múltiples Recomendaciones de organismos locales, nacionales e internacionales por casos de tortura.

Actualmente, Luis sigue privado de su libertad, aunque ahora con el acompañamiento jurídico del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quien interpuso a su favor la demanda de amparo directo en contra de la resolución de apelación dictada por las magistrados de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco— Juan José Rodríguez López, Guillermo Valdez Angulo y Antonio Flores Allende— que confirma la sentencia condenatoria de la Jueza Gabriela Guadalupe de León Carrillo. El Tribunal Colegiado ya ordenó que se repusiera el procedimiento del juicio penal, esto frente a las irregularidades existentes validados por la Jueza.

Sin lugar a dudas, don Salvador y Luis tienen fe en que se haga justicia y que, después de cinco largos y tortuosos años, por fin se reconozca la inocencia de Luis y salga en liberta y que como dice don Salvador, la lucha apenas comienza contra los y la responsable de todo esto, y que jamás haya una víctima más de la crueldad de quienes deberían garantizar la integridad, la vida y la justicia.

Otros enlaces de Interés:

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco, 2018