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Es tiempo de la no violencia-activa

Paz y Justicia con dignidad, es la exigencia insistente que escuchamos en el marco de esta caminata que lleva consigo el dolor de 40 mil vidas humanas perdidas, de cientos de personas desaparecidas. Rostros de una infancia a la que no pudimos garantizarles un futuro, familias de defensores y defensoras que buscan consuelo ante el espacio dejado, poetas y escritores, como Javier Sicilia que ha solicitado el silencio para redescubrir el sentido de nuestra acción.

Las organizaciones y algunas personas, acompañan, se suman. En otros lugares convocan cuando el llamado ya fue hecho desde hace tiempo en nuestras propias vivencias y de diversas maneras.

La ruta es clara: transitar del grito de ¡Estamos hasta la madre! al silencio que dice mucho, que nos cuestiona e invita a actuar, a emplazar a los que han hecho de una forma de vida la violencia visible y la que se promuee desde las sedes de decisiones económicas y políticas, entre las que se incluye al narcotráfico.

¿Cómo hacerlo o cuál es el punto de partida?. La respuesta aunque no es sencilla, tiene que surgir del convencimiento de que todos los seres humanos tenemos el poder de transformar situaciones y comportamientos violentos, de romper con la inercia de que se trata de la única alternativa (esto es lo que nos impide otorgar la comprensión que solicita Felipe Calderón). Por eso la marcha en silenciodebe provocar en nuestras personas la convicción de que podemos cambiar el rumbo más allá de nuestras diferencias reconocidas.

Lo segundo, es buscar alternativas, aún a costa de riesgos o sufrimientos (Juan Pablo Lederach, 1995), pero que tengan como fin la inclusión de todas las peraonas y la búsqueda de alternativas desde nosotros mismos, es decir autogestivas, en pleno ejercicio de nuestra autonomìa y solidaridad con los otros.

Esto implica buscar siempre la justicia como condición esencial, además de afirmar la humanidad de cada persona. Es importante tener claro todas las consecuencias de la violencia en cifras e imágenes, pero también que nos impide coincidir como personas.

Otro de los componentes es insistir y no colaborar con auqellas estructuras, instituciones u organismos sociales y políticos que propician la explotación, desigualdad y el aprovechamiento de unos cuantos sobre otros.

Entre más seamos los que demandemos el cambio, será menos necesaria la violencia.

“La máxima debilidad de la violencia consiste en que es una espiral descendente que engendra exageradamente lo que pretende destruir. […] Por medio de la violencia se mata al que odia, pero no se mata el odio […] Devolver violencia por violencia la multiplica, incrementando la profunda oscuridad de una noche ya carente de estrellas. La oscuridad no puede eliminar la oscuridad; sólo la luz puede hacer eso. El odio nunca puede terminar con el odio; sólo el amor puede hacer eso.” Martin Luther King, Jr. 1967.

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Boletín de prensa sobre el caso de Néstor Alan Rodríguez Licea

Han transcurrido cuatro años desde que se inició la lucha por la justicia y en contra de la impunidad en memoria de nuestro hijo Néstor Alan Rodríguez Licea; que nos ha permitido encontrarnos con la solidaridad de personas y organizaciones, para juntos incrementar la conciencia y lograr un primer cambio en la ley a la que se le ha llamado “salvavidas” que incremento las sanciones en contra de personas que conducen en estado de ebriedad; en la cual incluso existió una amplia participación ciudadana, tan necesaria en estos tiempos.

Se ha logrado la reducción notable de muertes de personas en accidentes en las cuales el alcohol tenía una influencia total, sin embargo dejó para después la modificación de otro tipo de leyes y estructuras administrativas de Secretarías como la de Vialidad y Transporte del Estado, de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), e incluso de las policías municipales, que favorecen en este tipo de casos la impunidad y opacidad en la actuación de los servidores públicos de las mismas; aspecto que no puede posponerse por más tiempo.

Nuestra experiencia al defender junto con el Cepad el caso de nuestro hijo, implicó la presentación de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, peticiones al Gobernador del Estado y Congreso del Estado, además de quejas por responsabilidad administrativa ante la propia PGJE e IJCF, las cuales no han tenido los resultados esperados, precisamente por que faltan los mecanismos adecuados y el compromiso de sus funcionarios responsables para oponerse a la impunidad, actualmente en nuestro caso encontramos:

· Que se emitió la Recomendación 30/2009 por parte de la CEDHJ, de forma incompleta y fuera de los plazos oportunos para lograr un deslinde de responsabilidades, con peticiones a las autoridades que no evitan la repetición de los actos.
· Que a petición nuestra y del Cepad, el IJCF sancionó el 6 de septiembre de 2010, con suspensión de ocho días sin goce de sueldo a la perito médico María del Socorro Méndez Herrera y a los químicos Luis Antonio Guzmán Peña y Jesús Reyes de la Torre Villegas, así mismo se impuso cinco días de suspensión a José Luis Morales Ortiz; aspecto que reconocemos a dicha institución, ya que de forma imparcial tramitó e impuso las sanciones.
· Respecto a la PGJE, a cuatro años de ocurridos los hechos, no contamos con información sobre los avances de una supuesta averiguación previa que se inició en la Dirección de Visitaduría, ni tampoco de la existencia de sanciones dentro del Procedimiento Administrativo interno 402/2009 llevado en la Contraloría Interna de esa institución; aspecto que indudablemente vuelve a lesionar nuestro derecho a saber la verdad.

Nuestra familia y el Cepad, continuaremos en la búsqueda de la justicia y el deslinde de responsabilidades, para lograr que el camino logrado incluya aspectos de evaluación, observación y seguimiento de esas instituciones, tarea a la que nos dedicaremos con mayor énfasis en el futuro.

Deseamos compartirles que la muerte de Néstor Alan, nos ha llevado a buscar la esperanza, por lo que como familia acompañamos a otros padres que han sufrido pérdidas similares a la nuestra para lograr ayuda profesional a través de una experta en tanatología, para lo cual pueden comunicarse al teléfono 38256240 ó 33 34 61 28,

Para continuar con la exigencia de justicia e incrementar la memoria, invitamos a medios de comunicación y sociedad en general a repartir volantes con un mensaje de conciencia que hemos preparado, el 26 de noviembre a las 14:00 horas, en el cruce de las avenidas Vallarta y Enrique Díaz de León.

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Invitación a la presentación del informe del Centro prodh

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Presentación del Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2009 en el Iteso.

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cepad@cepad.org.mx

BOLETÍN DE PRENSA

En el marco de la conmemoración del fallecimiento de Néstor Alan Rodríguez Lícea, su familia y organizaciones declaran el 26 de noviembre como el Día de las y los jóvenes víctimas de accidentes de tránsito.

A tres años de lo ocurrido, prevalece la impunidad en contra de los funcionarios involucrados en lo ocurrido.

El 26 de noviembre de 2006, con la injusta pérdida de la vida de Néstor Alan Rodríguez Licea, su familia inició la lucha por la justicia y en contra de la impunidad, que en muy poco tiempo logró sumar voluntades de vecinos, personas y organizaciones, porque en realidad se trata de una causa común que nos duele a todos y todas.

Desafortunadamente a tres años de lo ocurrido, observamos que las muertes injustas continúan, ya que sólo durante el 2009 han ocurrido 590 decesos por accidentes de tránsito, en los que de acuerdo a informes oficiales existió la presencia del alcohol en un 35 % de los casos; por ello las autoridades de salud en el estado comienzan a llamarle epidemia.

Para evitar que las y los jóvenes víctimas de accidentes de tránsito se conviertan sólo en una estadística más, sin nombre y sin rostro, la familia Rodríguez Licea y el CEPAD, declaramos el 26 de noviembre, como un día que los conmemore. Para ello informamos a la sociedad y a la opinión pública que abrimos la línea telefónica de la organización y el correo electrónico defensa@cepad.org.mx, así como nuestros espacios en las redes sociales, para registrar todos aquellos casos en los que además de la pérdida de la vida de personas, exista impunidad por parte de las autoridades de procuración y administración de justicia.

La familia Rodríguez Licea informa que continuará sus acciones en favor del acompañamiento de aquellas madres y padres que han sido despojados de sus hijos injustamente; lucharemos porque se mejore el marco legal y se respeten nuestros derechos al acceso a la justicia y a la verdad, pero sobre todo buscaremos que se fortalezca la memoria de la sociedad como la mejor forma de repudiar esos actos injustos.

En noviembre del 2008, el CEPAD informó a la opinión pública que el caso reflejaba tres omisiones generales: la falta de oportunidad para practicar la alcoholemia, el trato privilegiado hacia los detenidos, y una ausencia de atención y reparación del daño para los deudos del joven, además de la evidente corrupción.

Desde entonces la familia Rodríguez Licea junto con el CEPAD realizamos diversas peticiones a Emilio González Márquez, gobernador del estado de Jalisco, así como a los presidentes del Congreso del Estado, del Supremo Tribunal de Justicia y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, para buscar el deslinde de responsabilidades de cualquier tipo en lo ocurrido, la reparación del daño y el cambio de las causas que motivan la impunidad del caso.

Respecto a las dichas gestiones informamos:

* El 10 de julio de 2009, el Juez Octavo de lo Penal dentro del proceso 710/2006-B, dictó sentencia condenatoria de tres años de prisión a Christian Arias de la Torre y Francisco Xavier Álvarez del Castillo Iñiguez, por los delitos de homicidio imprudencial y daños en las cosas, la cual fue confirmada en noviembre por magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.
* Que a tres años de ocurridos los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, ha sido incapaz de resolver la queja 2600/2006-II y dictar la Recomendación respectiva, lo que comprueba su alejamiento de la sociedad.
* Que desde septiembre y octubre de 2009, respectivamente, las áreas de contraloría interna del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Procuraduría General de Justicia, iniciaron por el impulso de la familia Rodríguez Licea y el CEPAD investigaciones administrativas en contra de su respectivo personal.
* Que si bien es cierto en el Congreso del Estado, actualmente existen avances para fortalecer las facultades de la autoridad que evitan el uso del alcohol en conductores, en lo que se refiere a la petición de la familia Rodríguez Licea que buscaba mejoras legislativas fue inexplicablemente extraviada y por tanto nunca se le dio trámite, lo que cuestiona sin lugar a dudas el papel de nuestros “representantes”.

Invitamos a los medios de comunicación y a la sociedad para acudir el 26 de noviembre en el cruce de las avenidas Vallarta y Enrique Díaz de León, a las 2:00 de la mañana, hora en que ocurrió el accidente, para elevar nuestras oraciones por Néstor Alan y las víctimas de accidentes, mientras que de 13:00 a 15:00 horas, la familia y personas solidarias repartirán volantes que buscan crear conciencia en nuestra sociedad.

Atentamente

Familia Rodríguez Licea
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC

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Boletín de prensa

· Tribunal Federal confirma que fue ilegal la elección celebrada por el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) para suplir a una consejera propietaria.

· Le ordena al Consejo Ciudadano de la CEDHJ dejar insubsistente la sesión extraordinaria.

El pasado 21 de abril de 2008 se celebró sesión ordinaria del Consejo ciudadano de la CEDHJ en la que se trataron puntos diversos entre los que se encontraba la aprobación y aceptación de la renuncia de María Esther Cortés García Lozano al cargo de consejera ciudadana propietaria. Posteriormente convocó a una sesión extraordinaria para el 29 de abril de 2008 donde se eligió de manera ilegal al consejero Arturo Feuchter Díaz como sucesor de García Lozano.

El 23 de mayo de 2008, la consejera Paola Lazo Corvera demandó ante un Juez Federal[1] la nulidad de la elección debido a las serias violaciones a los derechos humanos de las mujeres, ya que no se privilegió la equidad de género así como la legalidad cometidas por el Consejo Ciudadano y su presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrían, entre las que se encontraron las violaciones a las garantías de legalidad y el debido proceso. El 30 de septiembre de 2008 el Juez resolvió dejar insubsistente el acta del 29 de abril del 2008, donde se designó –con el voto de calidad de Álvarez Cibrían- al consejero Arturo Feuchter Díaz como consejero propietario en lugar de la consejera García Lozano.

El 25 de septiembre de 2009, el Tercer Tribunal Federal -quién resolvió en definitiva el recurso de revisión[2]– confirmó dejar insubsistente el acta de la sesión extraordinaria[3] del Consejo Ciudadano en el que se designó a Arturo Feuchter Díaz.

La resolución del Tribunal Federal deja de manifiesto el incumplimiento del presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrían para garantizar y defender los derechos humanos de una integrante del Consejo Ciudadano, pues ejerció una facultad que únicamente le corresponde al Congreso local, esto es, conocer de las renuncias de los y las consejeras ciudadanas de la CEDHJ.[4]

Es importante recordar que el Consejo Ciudadano de la CEDHJ es un espacio donde se expresa y representa la pluralidad de la sociedad jalisciense, cuya actuación debe ser transparente, pública y responsable de proponer las directrices de la institución, para defender, promover, garantizar y respetar los derechos humanos de quienes vivimos o transitamos en Jalisco.

El Cepad considera que esta violación se suma a otra serie de ilegalidades cometidas por el titular de la CEDHJ en el ejercicio de sus funciones, tal como se acredita con la sentencia a favor de la consejera Paola Lazo, y las denuncias por diversas organizaciones de derechos humanos de Jalisco.

Por lo tanto, la consejera ciudadana Paola Lazo Corvera y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD), manifestamos lo siguiente:

1. Con la resolución de un Tribunal Federal de dejar insubsistente la sesión extraordinaria 233/2008 del Consejo Ciudadano de la CEDHJ por considerar haberse violado los derechos fundamentales de una de sus integrantes, se acredita la ineficiente labor de su titular Felipe de Jesús Álvarez Cibrían al frente de este organismo.

2. Solicitamos al Congreso del Estado de Jalisco, que reconozca el nombramiento de Paola Lazo Corvera como consejera suplente de María Esther Cortés García Lozano, aprobado por la Quincuagésima Séptima Legislatura mediante el Acuerdo Legislativo 1307/05 del 28 de noviembre de 2005.

3. Además, deberá exhortar al Consejo Ciudadano de la CEDHJ, para que respete el nombramiento designado por esa Soberanía, y le tome protesta como consejera propietaria a Paola Lazo Corvera, mismo que deberá concluir el 28 de noviembre de 2010.

4. Exigimos a dicho órgano legislativo para que realice una evaluación exhaustiva del trabajo que hasta el momento ha realizado la CEDHJ, convocando para tal efecto a las organizaciones de la sociedad civil de Jalisco.

Invitamos a la ciudadanía interesada, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación para que asistan a la sesión extraordinaria del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, que se llevará a cabo hoy 30 de septiembre a las 18 horas, donde se deberá dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Federal.

[1] Juicio de amparo 1195/2008, visto en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa en Jalisco.
[2] Amparo en revisión 535/2008 del Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa en Jalisco.
[3] Acta 233/2008 de la sesión extraordinaria del Consejo Ciudadano celebrada el 29 de abril de 2008.
[4] Artículo 35, fracción XV de la Constitución Política del estado de Jalisco.
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A 5 años de distancia

cepad@cepad.org.mx

Después de aquel 28 de mayo de 2004, creíamos quienes constatamos las graves violaciones a los derechos humanos de decenas de jóvenes, que las autoridades estatales y municipales habían alcanzado los límites de la brutalidad pero nos hemos equivocado irremediablemente.

Los innumerables actos de tortura ocurridos esos fatídicos días dentro de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia, no han sido investigados pese a las exigencias de organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos para procesar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, cuantificar la reparación del daño a las víctimas y la implementación de medidas de no repetición.

En Jalisco las cosas no han cambiado, actualmente nos seguimos encontrando con múltiples testimonios de quienes han sufrido la terrible experiencia de ser torturados en los últimos días, meses y años, pero el ingrediente adicional, es que nos encontramos con que el presidente del organismo público de derechos humanos se jacta de haber disminuido y casi desterrado dichas prácticas de las instituciones de seguridad de Jalisco, por supuesto incluyendo a la Procuraduría.


Tampoco está para olvidarse los actos de discriminación contra jóvenes de otras entidades de la República y del extranjero, algunos de ellos participantes en la marcha, otros no pero igualmente detenidos por no ser de acá. Ayudó en eso algunos medios de comunicación quienes fomentaron la discriminación y la xenofobia. A nuestra mente viene la entrevista al entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña a finales de 2004, quien nos hizo recordar a Díaz Ordaz, al asumir la responsabilidad de las autoridades participantes aquel 28 de mayo, bajo el argumento de defender a los y las jaliscienses de ataques del “exterior”.

Respetar los derechos humanos no es prioridad de las autoridades en Jalisco, eso nos obliga a las organizaciones de la sociedad civil a profesionalizar nuestras actividades. La lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos nos implica la aplicación de nuevas estrategias jurídicas y políticas de corto, mediano y largo aliento, así como diseñar alianzas con otras organizaciones que le apuesten a la incidencia estructural del actual estado de cosas.

Los invitamos a la presentación del Informe de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, el que será presentado en Guadalajara en la casa “Clavijero”, el 3 de junio de 2009 a las 9:30 horas, en el que por cierto fue invitado el Cepad a facilitar una perspectiva local. ¡ ahí nos veremos !

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Invitación para procuradores de fondos