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Artículo semanal Jorge Narro Sin categoría Transparencia

Precampañas

Precampañas

Fotos: Internet




Por Jorge Narro Monroy,

Asambleísta del CEPAD AC

El 5 de agosto de 1999 Vicente Fox solicitó licencia al Congreso de Guanajuato para abandonar el cargo de Gobernador para el que había sido electo cuatro años antes. Desde ese momento –en realidad desde 1997, año en que dio a conocer su intención de contender por la Presidencia- hasta junio de 2000, no hizo otra cosa que lo que hoy la legislación electoral llama “actos anticipados de campaña”. Se les adelantó a todos y por ello –y por otras razones- les comió el mandado.

Muy probablemente Fox dio el banderazo de salida a las campañas precoces: a partir –sobre todo- de él, se volvió costumbre el madruguete: comenzar cada vez más temprano la búsqueda pública de la candidatura y del cargo. La inexistencia de reglas lo permitía y, con ello, la ausencia de rendición de cuentas, la ruptura del principio de equidad en los procesos internos de los partidos y la opacidad respecto del origen y destino de los recursos empleados.

Pero los legisladores decidieron acabar con eso: en 2007 el Congreso reformó la Constitución y el Código Electoral (Cofipe) y estableció normas para meter en cintura a los políticos acelerados: ¡Se acabaron las precampañas por la libre! ¡Arriba la transparencia y la equidad!

En Jalisco las precampañas orientadas a la renovación del Congreso local y de los Ayuntamientos, se desarrollan durante un período que inició el pasado 28 de diciembre y terminará el próximo 5 de febrero.

El Código Electoral y de Participación Ciudadana del estado, en su Artículo 230, define como actos de precampaña electoral: “las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular”.

Sin embargo, el Artículo 229, fracción 3, señala que “Una vez iniciadas las precampañas, la propaganda deberá indicar de manera fehaciente que ésta va dirigida a la militancia de su partido político”.

La contradicción la resuelve una norma jerárquicamente superior: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que, en su Artículo 227, fracción 2, dice que en los actos de precampaña “los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato (…)”.

¿Qué queda claro en todo esto?

Que las precampañas son procesos que suponen la existencia de varios aspirantes a una misma candidatura. Procesos de selección –entre varios sujetos- del que sólo resultará un ganador: el candidato. ¿Por qué entonces hace precampaña Ricardo Villanueva, si es el único aspirante del PRI a la candidatura de Presidente Municipal en Guadalajara? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco (IEPC) dijo que no podía y le ordenó quitar diez espectaculares y borrar la propaganda en siete bardas (¿Y lo demás?). Pero después el Tribunal Electoral del Estado revirtió la decisión y repuso la propaganda.

Al IEPC -y al INE- también les corrigió la plana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: ordenó restituir un spot de Enrique Alfaro, precandidato de Movimiento Ciudadano para Guadalajara, que habían “bajado” los dos órganos electorales argumentando que no era claro que se dirigía a los militantes de su partido. ¿Por fin? ¿A qué artículo del Código electoral del estado le creemos? ¿Y a que normatividad: al Código local o a la Ley General? Y si la propaganda se dirige sólo a la militancia, ¿los demás cerramos los ojos y nos tapamos los oídos y pretendemos no haberla visto ni escuchado? ¡Qué absurdo!

Según se ve, la realidad poco ha cambiado en este tema de Fox para acá. Aunque ahora hay reglas, nadie las respeta, empezando por los tribunales electorales, el local y el federal.

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El fetiche de la ley

Mtro. Jorge Narro Monroy, integrante del CEPAD AC
Artículo publicado en el periódico Mural, 26 de mayo de 2014

“¿Mejoró la producción en el campo o se elevó la calidad de vida de los campesinos como efecto de la reforma (…) al ejido? ¿Ha obstaculizado el título IV de la Constitución el tráfico de influencias o la malversación de fondos? ¿La prohibición constitucional de los monopolios, los ha impedido? (…) ¿Disminuyó el poder de las televisoras como efecto de la prohibición de la venta de espacio a partidos (y candidatos)?”

Éstas y otras preguntas se hace la académica María Amparo Casar (“El fetichismo constitucional”, Nexos 422) a propósito de las constantes reformas a la Constitución (614 a sus artículos). Reformas en cuyo potencial transformador –dice- la clase política “tiene una fe ciega”. Y añade: “Aquí es donde entra el fetichismo constitucional. Un fetiche es un objeto de culto al cual se le atribuyen poderes mágicos o sobrenaturales y el fetichismo es la cualidad de un objeto para ostentar un poder que no le pertenece por naturaleza”.

A la Constitución y a sus reformas se les ha atribuido este poder mágico, “pero su transformación en los objetivos que persigue es muy deficiente”. Hay dos maneras, “muy socorridas en el caso de México”, para dejar sin efecto las reformas: la primera es “no emitir las leyes reglamentarias de esas reformas” y la segunda es matarlas “por la vía de los hechos, pues no se proveen los recursos institucionales, materiales y humanos para hacerlas valer”.

¿Pero a cuento de qué viene todo este rollo sobre la utilidad práctica o no de las reformas a la Constitución (o a las constituciones, para no olvidar las de los estados) y a las leyes? Viene a cuento de la discusión, que está por darse en el Congreso local, sobre una iniciativa de la fracción del partido Movimiento Ciudadano (MC) que buscaría reformar la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura. La ley fue promulgada en diciembre de 1993 …y nunca se ha aplicado.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), una organización de la sociedad civil jalisciense dedicada a la defensa de los derechos humanos, acaba de hacer pública su opinión sobre este caso: sobre las reformas a la ley que no transforman nada, sobre el fetichismo…

En 2010 el Cepad reveló que entre 2000 y 2009 se habían registrado, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), 933 expedientes de queja que daban cuenta de un total de mil 343 personas víctimas de tortura. Desde 2010 hasta abril de 2014 son sólo 49 expedientes los que se contabilizan (muy pocos debido a deficiencias –“alarmantes e injustificadas”, califica el Cepad- de la CEDHJ y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses).

No obstante, hasta el día de hoy no se ha investigado ni sancionado a ninguno de los autores materiales e intelectuales de esta práctica, expresa un comunicado emitido por la institución el martes pasado.

Y agrega: “(…) insistimos en que el problema no está en la legislación, sino en la impunidad de los criminales”.

“(…) Quienes integran el Congreso local (…) están involucrados con que la tortura persista, pues teniendo las facultades constitucionales para citar a los titulares de las dependencias directamente vinculadas con la prevención, investigación, sanción y reparación del daño, para que expliquen públicamente las razones por las cuales no han implementado las recomendaciones emitidas por (…) la Organización de las Naciones Unidas (y no) han aplicado la actual legislación contra la tortura, (no lo han hecho)”.

¿Por qué entonces tanto empeño en hacer reformas si la clave no está en ellas sino en su aplicación? Un motivo, dice María Amparo Casar, es que “el costo de aprobarlas es muy bajo y (…) los propios legisladores no se hacen cargo ni de sus implicaciones ni de su viabilidad”.

Bienvenidas las reformas, pero acompañadas de medidas –al alcance del Congreso- que empujen, por ejemplo a la Fiscalía General y a la Comisión estatal de Derechos Humanos, a cumplir con sus obligaciones…

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Artículo semanal Jorge Narro Sin categoría

¿Interés ciudadano en los asuntos públicos?

Mtro. Jorge Narro, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 11 de diciembre de 2013

Es una verdad de Perogrullo afirmar que el desinterés hacia los asuntos públicos, de parte de los ciudadanos, es el mejor caldo de cultivo para el autoritarismo, la corrupción y la impunidad. Sin nuestra desconfianza y apatía respecto de la política, difícilmente Aristóteles Sandoval despilfarraría el dinero de todos haciéndose publicidad, o Emilio González Márquez habría administrado tan torcidamente los dineros para los Juegos Panamericanos, o las últimas –pero no únicas- legislaturas en el Congreso del estado habrían saqueado al erario tan sistemáticamente como lo han hecho.

Y desinterés e inacción respecto de lo que ocurre más allá de los muros del hogar, junto con una severa desconfianza hacia los demás, es lo que muestra la quinta y más reciente Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), levantada en agosto del 2012 y publicada meses después.

Empecemos con el tema del interés.

Lo primero que dice la Encuesta es que casi ocho de cada diez mexicanos se informa de la política a través de la televisión (sólo 5% a través de los periódicos).

En segundo lugar, a la pregunta de “¿Qué tan interesado está Usted en la política?”, casi 84% responde “poco” o “nada”. No es extraño entonces que cuatro de cada diez digan que cuando “está conversando con algunas personas y éstas empiezan a hablar de política… usualmente escucha, pero nunca participa”.

¿Por qué el desinterés? Quizás, entre otras razones, por la enorme desconfianza no sólo hacia los políticos sino, en general, hacia toda la población. Y la política es, por definición, interacción con los otros…

Casi 78% de los entrevistados respondió que “la mayoría de la gente sólo se preocupa por sí misma”. Pero no sólo: 70% dijo que no “se puede confiar en la mayoría de las personas” tal vez porque “si uno no se cuida a sí mismo la gente se aprovechará” (53.7% está convencido de ello).

Así las cosas algo tan preocupante como la inacción, la apatía, el individualismo, no sorprenden en absoluto.

¿Qué tan interesado está usted en los problemas de su comunidad? “Poco”, responde 56.6%. ¡Prácticamente dos de cada tres! Por eso casi 70% responde que no ha participado nunca “como voluntario en alguna actividad a beneficio de la comunidad”.

Y siguen las preguntas: ¿Alguna vez ha participado en actos de apoyo a alguna causa? “No”, dice 8 de cada 10. ¡Actos de apoyo a “alguna” causa, la que sea! ¡NO! insisten también ocho de cada diez. (Y) ¿alguna vez ha tratado de organizarse con otras personas afectadas? La respuesta es obvia: “No”, dicen dos tercios. Imagino que por aquello de que la esperanza muere al último, el encuestador sigue preguntando: Durante el último año, ¿asistió a alguna reunión de (…) agrupación u organización de ciudadanos? ¡NO!, subraya 86% de los interrogados. ¿Y a una asamblea de su comunidad? ¡NO!, reitera 73%

(Pero por lo menos) “¿ha tratado (alguna vez) de mandar cartas a un periódico (…) para resolver un problema que afecta a usted y a otras personas? No, dicen 9 de cada 10. ¿(Y) ha tratado de quejarse ante las autoridades? No, 7 de cada 10. ¿(Y) alguna vez ha tratado de pedir apoyo a alguna asociación civil? No, 8 de cada 10. (Y) ¿alguna vez ha tratado de asistir a manifestaciones? No, 9 de cada 10. ¿(Y) ¿alguna vez ha tratado de llamar a un programa de radio o televisión? No, 92%. ¿(Y) alguna vez ha tratado de firmar cartas de apoyo? No, 8 de cada 10. ¡No, no y no!

¡Con razón! Si no nos interesan los asuntos comunes -los públicos-, por desconfianza hacia los demás o por simple indiferencia, y eso se traduce en quedarnos cruzados de brazos mientras el mundo rueda y el país se deshace en pedazos, ¿cómo esperar que nuestros políticos, nuestros dirigentes sindicales y nuestros grandes empresarios (por supuesto con contadísimas excepciones) no actúen como lobos en medio de un desamparado rebaño?

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Artículo semanal Derecho a la Información Jorge Narro Sin categoría Transparencia

El nuevo titular del ITEI en Jalisco

Por Jorge Narro Monroy, integrante del CEPAD AC





Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 24 de julio de 2013

En abril de 2012, cuando entró en vigor la actual Ley de Información Pública del Estado y sus Municipios, se incluyó un mecanismo para tratar de asegurar que quien alcanzara la presidencia del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (el Itei) no fuera un simple e ignorante buscachambas al servicio de algún partido o personaje político. El mecanismo es un examen elaborado, aplicado y calificado por al menos “cinco instituciones de educación superior o especialistas en materia de información pública con prestigio reconocido a nivel nacional”. Un examen, además, con carácter vinculante; esto es: sólo quien lo apruebe –y con calificación superior a 80 puntos- puede aspirar a la presidencia del Instituto. Nadie más.

El último día de junio pasado Jorge Gutiérrez Reynaga, presidente del Itei desde 2009, terminó su gestión. 18 ciudadanos (entre ellos el propio Gutiérrez) entregaron expedientes y presentaron examen buscando la Presidencia. Sólo tres candidatos obtuvieron la calificación indispensable para pasar a la última etapa, la elección por parte del pleno del Congreso: Alfredo Delgado Ahumada, Cynthia Cantero Pacheco y Héctor Ontiveros Delgadillo.

El electo lo fue por cuatro años: de julio de 2013 a junio de 2017.

Pero las cosas no han sido nada fáciles y, previsiblemente, lo que viene por delante tampoco lo será.

La primera bronca estalló cuando la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información del Congreso del estado, integrada mayoritariamente por legisladores del partido Movimiento Ciudadano, decidió que ninguna institución de educación superior local participaría en el examen a los candidatos. ¡Escándalo! El episodio terminó cuando, como resultado de una impugnación promovida por la diputada del PRD Celia Fausto, el omnipresente Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) ordenó incluir a las universidades locales en el examen.

La siguiente bomba hizo explosión cuando Gutiérrez Reynaga denunció que los exámenes habían sido filtrados previamente a su aplicación, que él había obtenido una calificación mayor a 80, que el examen era confuso al mencionar indiscriminadamente la Ley de Transparencia y la Ley de Información, y que el haber difundido los resultados dañaba su imagen, “mi individualidad que tengo”.

El tercer conflicto puede estar latente.

El 19 de junio la comisión de Participación Ciudadana aprobó el dictamen con los tres aspirantes elegibles para la Presidencia del Itei. El 28 el pleno del Congreso escogió de entre los tres a Cinthya Patricia Cantero.

Pero la designación podría ser impugnada.

Resulta que el artículo 17 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios establece entre los requisitos para ser consejero presidente o ciudadano del Consejo del Instituto el “No haber sido miembro de los órganos de gobierno de algún ente público, durante los seis años anteriores al día de su nombramiento”. Y Cantero trabajó en la Unidad de Transparencia de los Hospitales Civiles.

Aunque a los otros dos finalistas también se les podría poner ese “pero”: Héctor Ontiveros trabajó en la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Zapopan y Alfredo Delgado Ahumada ha sido director jurídico del Itei desde hace varios años.

Y aunque la ley no define qué es un “órgano de gobierno”, existen resoluciones de tribunales que sí lo hacen. Tesis que pueden ser usadas para impugnar la designación del presidente.

¿Son simples anécdotas en la historia de un organismo intrascendente? ¡Para nada! Se trata de conflictos que vulneran aún más el prestigio y la actuación de una institución indispensable para que los jaliscienses sepamos cuánto y en qué se gastan los políticos profesionales nuestros recursos.

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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Jorge Narro Sin categoría

Seguridad pública y derechos humanos

Por Jorge Narro, integrante del CEPAD AC



Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, mayo de 2013

A mediados del pasado mes de febrero apareció en los medios que en el ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, estaba por constituirse un cuerpo de “policía comunitaria”.

El ejido, enclavado en la sierra de Manantlán, en el límite de Jalisco con Colima, es rico en recursos naturales. Rico y agredido por ello. Un ejemplo de ello es el secuestro, en octubre del 2012, de Celedonio Monroy Prudencio, activo defensor de los bienes comunitarios.

Uno de los integrantes del Consejo de Mayores de la comunidad indígena explicaba en una entrevista: “lo que ha habido en la comunidad (…) es saqueo de madera y minerales que se están llevando, y nomás nadie sabe. Nosotros queremos la seguridad de la comunidad. La comunidad está sufriendo saqueos, está sufriendo desapariciones y muertes que no se han aclarado, por eso ya no nos confiamos, queremos la Policía Comunitaria para que la misma comunidad vigile”.

El tema es polémico, habida cuenta de que “policías comunitarias” y grupos de autodefensa se están multiplicando en el país: en 13 estados y 68 municipios, según publicó el diario MURAL apenas el 2 de marzo.

“No hay justificación para que un grupo se haga justicia por propia mano, pero los gobiernos deben cumplir para evitar medidas desesperadas”, opinó Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Y tocó así el centro del asunto: no es lo mismo justicia por propia mano que legítima defensa, justificada por la inacción de las autoridades.

No es lo mismo, pero tampoco es fácil distinguirlas. Pongámonos en el lugar de las víctimas.

Imagine que en su colonia o fraccionamiento o pueblo opera un grupo de ladrones. Imagine que usted acude a la policía. Y resulta que no sólo la policía no detiene a nadie, sino que lo delata a usted frente a los delincuentes. Es que los gendarmes actuaban en complicidad con los ladrones…

Imagine que logra usted que uno de los criminales acabe en manos del Ministerio Público. Y resulta que éste integra mal el expediente, de modo que al llegar al juez el “presunto” queda en libertad. Es que el MP actuaba en complicidad con los ladrones, o secuestradores, o extorsionadores…

Imagine usted que la policía detiene al ladrón y que el MP integra el expediente como Dios manda y además con pruebas contundentes. Pero que el juez en lugar de declarar culpable al asaltante y decretarle el auto de formal prisión, lo deja en libertad. Es que recibía plata o estaba amenazado de plomo por los criminales…
En México, los delitos que no son denunciados (la “cifra negra”) ascendió durante 2011 a 91.6%. En Jalisco se estimaba en 92%.

Las víctimas no denunciaron -entre otras razones- porque lo consideraban una pérdida de tiempo (34.3%) o por falta de confianza en la autoridad (15.6%). Y en los casos en que sí denunciaron, 32.8% decidió no iniciar una averiguación previa en razón de “la actitud hostil por parte de la autoridad”.

Y aun así, habiendo tan pocas denuncias, 99% de éstas no termina en condena y los crímenes quedan impunes, afirmaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en noviembre de 2012. Para el caso de Jalisco el escenario no es más halagüeño: a decir del Observatorio Ciudadano Jalisco cómo Vamos, la impunidad era ligeramente superior a 98%.

Con autoridades negligentes, incompetentes, atemorizadas o cómplices, ¿qué opciones quedan a los ciudadanos amenazados no por la posibilidad de ser víctimas, sino realmente amenazados, realmente victimizados, realmente agraviados?

Entonces aparece la delgadísima línea que separa la legítima defensa de la toma de justicia por propia mano. La delgadísima línea que puede separar a las “policías comunitarias” de algunos grupos de autodefensa. La delgadísima línea que cada vez más comunidades rurales atraviesan porque los gobiernos no cumplen, diría el presidente de la CNDH.

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Jorge Narro Notas de prensa Sin categoría Tortura

Tortura

Jorge Narro Monroy (integrante de la asamblea del CEPAD)
Artículo publicado en el periódico Mural, el 24 de diciembre de 2012

A pesar del subregistro de casos, el número de quejas por tortura y malos tratos hechas llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del 2006 a la fecha ha aumentado casi 500 por ciento.

El pasado 30 de octubre, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, conformada por 73 organizaciones de 21 entidades del País, presentó ante el Comité contra la Tortura de la ONU el documento “Situación de la Tortura en México”.

Según detalles, entre enero de 2007 y finales de febrero de 2012, la CNDH registró 251 casos de tortura. En lo que respecta a tratos inhumanos, crueles y degradantes, estas son las cifras: 330 en 2006, 395 en 2007, 987 en 2008, mil 105 en 2009 y mil 161 en 2010.

Igualmente, de 2006 a la fecha las denuncias en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se han incrementado considerablemente: en 2006 la dependencia fue señalada como responsable en 182 quejas presentadas ante la CNDH, en 2011 la cifra saltó a mil 626. Y en el primer semestre de 2012 ya alcanzaba las mil 164 quejas.

Con todo, a nivel federal y de acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR), entre enero de 1994 y junio de 2010 se condenó sólo a dos personas por el delito de tortura. La misma dependencia informó en su momento que entre el 1 de diciembre del 2006 y el 30 de junio del 2010 se iniciaron 41 investigaciones, de las cuales solamente una fue consignada; es decir: 2.4 por ciento del total.

Respecto del fuero común, el panorama es el mismo: en 2006 hubo dos sentenciados por el delito de tortura; en 2007, cinco; en 2008, cuatro; en 2009, tres; en 2010, seis y en 2011, diez.

En lo que se refiere al Estado de Jalisco, desde la entrada en vigor en 1993 de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, ésta no ha sido aplicada. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Justicia para la Paz y el
Desarrollo AC (Cepad), institución de la sociedad civil que opera en la entidad, a la fecha no existe un caso (al menos uno registrado) en el que se haya aplicado esa ley a agentes del Ministerio Público, a policías investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a miembros de algún cuerpo policiaco o a personal adscrito al sistema penitenciario de la entidad.

Ello, no obstante que el 28 de mayo de 2004, en el marco de la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea realizada en Guadalajara, la Policía estatal torturó a 19 personas, realizó 15 detenciones arbitrarias y 73 retenciones ilegales e infligió tratos crueles, inhumanos y degradantes a 55 personas. Ello, no obstante que el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), organización mexicana que cuenta con peritos especializados en la materia, ha documentado ocho casos en Jalisco a partir del 2006.

En su investigación, el Cepad señala que la mayoría de las quejas y recomendaciones, relacionadas con casos de tortura, emitidas entre 2000 y 2009 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), está dirigida al titular de la PGJE (803 de las 933 quejas registradas). En su conjunto, las recomendaciones señalan a 973 servidores públicos de esa dependencia. Sin embargo, el ombudsman estatal no ha presentado ninguna denuncia formal por tortura. ¿Qué tanto por no “meterse en problemas”” y arriesgar su relección, qué tanto porque la denuncia tiene que ser ante la misma Procuraduría?

Así las cosas, a nadie debe extrañar que en el año 2008 -por ejemplo- sólo una de cada 10 conductas violatorias de la ley haya sido denunciada ante la autoridad encargada de investigarla. Si la PGJE es la más señalada (y no en corrillos sino formalmente y ante la CEDHJ) por practicar la tortura, habría que estar loco para acudir a ella a denunciar un presunto delito. Con un poquitito de mala suerte la víctima vuelve a ser victimizada, ahora por los encargados de indagar sobre su caso.