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Artículo semanal Derecho a la Información Juan Larrosa Sin categoría

El caso #Aristegui desde una perspectiva de derechos

El caso #Aristegui desde una perspectiva de derechos humanos

Foto: Carlos Sánchez Pimienta
Por Juan S. Larrosa Fuentes,
Asambleísta de CEPAD AC.


En días recientes nos enteramos que, por segunda ocasión, concluyeron las transmisiones del programa de noticias dirigido por Carmen Aristegui en Noticias MVS. El término de las relación laboral entre Aristegui y MVS ha sido polémica, pues la periodista ha señalado que el origen de esta ruptura es de orden político y la empresa sostiene que se trata de una desavenencia laboral entre particulares. Más allá de esta disputa, hay algo incontrovertible: la oferta periodística nacional se ha quedado sin uno de los pocos equipos de reporteros que ofrecía, cotidianamente y no sin estar exento de errores, un trabajo periodístico profesional y crítico frente al poder político.

El caso Aristegui se ha discutido intensamente y se han construido diversas interpretaciones. Uno de los debates más intensos ocurre entre aquellos que señalan que este caso puede considerarse como un atentado en contra de derechos constitucionales y entre quienes no lo consideran así. Quisiera, en este caso, argumentar que el caso Aristegui sí puede considerarse como un atentado en contra de los derechos fundamentales.

El Artículo 6 de la Constitución Mexicana señala que todos los mexicanos tienen derecho al libre acceso a información plural y oportuna. Por otro lado, la Constitución señala que “la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información […]”

El caso de Carmen Aristegui sirve para ejemplificar una de las contradicciones de las sociedades democráticas contemporáneas: la construcción y desarrollo de sistemas de comunicación social que tiene la tarea de ofrecer un servicio público, pero que son administrados por empresas privadas. El periodismo es una práctica que produce información política, económica y cultural, para que los ciudadanos puedan obtener conocimientos de su entorno y evaluarlo. Este conocimiento debe servirles para entender su vida, para decidir sus formas de participación política y para tomar las decisiones que más le convengan.

El problema es que ese servicio público, el cual está garantizado por la Constitución, está sujeto a las decisiones de intereses privados, ya sea de familias dinásticas que controlan grandes empresas comunicacionales, o de corporaciones trasnacionales, que lo mismo producen y transmiten mensajes en México, que en otras partes del mundo. El Estado mexicano no está garantizando que la radiodifusión se preste en condiciones de competencia y calidad y fomentando la pluralidad de la información, porque el interés principal ha sido defender los derechos, pero de las empresas privadas que ofertan información. Por ello, el caso Aristegui es relevante, pues opera como evidencia de un sistema de comunicación que privilegia la generación de ganancias económicas y supedita el servicio público.

Carmen Aristegui y su equipo tienen grandes oportunidades por delante. Será interesante ver cómo se defenderán legalmente, especialmente si argumentan su caso como una violación a derechos fundamentales. Por lo pronto, vale la pena señalar que el caso Aristegui es paradigmático porque si ella y su equipo salen del aire, las opciones de periodismo crítico en México se ven reducidas drásticamente. Y se ven reducidas no porque Aristegui y compañía serán periodistas superdotados, sino porque hay muy pocos espacios para periodistas críticos en el sistema de comunicación mexicano. 
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Artículo semanal Derecho a la Información Juan Larrosa Sin categoría

#Ayotzinapa: comunicar no es gobernar

Juan S. Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC
28 de octubre de 2014

Foto: Carlos Sánchez Pimienta


Las protestas en redes virtuales y en las plazas públicas sobre el caso Ayotzinapa tuvieron eco en la prensa internacional y medios como The Economist, The New York Times o The New Yorker retomaron críticamente el tema. En estos medios se publicaron diversas informaciones, análisis y opiniones sobre Ayotzinapa. Entre todo este mar de noticias, diversos artículos publicados en la prensa internacional resaltaron las contradicciones de la realidad mexicana. Por un lado, en el verano de 2014 Enrique Peña Nieto operó una serie de reformas en el Congreso mexicano que fueron alabadas en el extranjero. Gracias a una estrategia de relaciones públicas apareció una narrativa periodística que nombró a todos estos cambios como el “Mexican Moment”, o el gran momento mexicano. En contra parte, meses después de las transformaciones legislativas, el gobierno enfrenta una de las crisis de seguridad pública más grandes de los últimos años y la narrativa pasó del “Mexican Moment” al “Mexican Murder”. En cuestión de días la estrategia de relaciones públicas de Peña Nieto fue anulada por el caso Ayotzinapa.
El cuento del “Mexican Moment” nos recuerda que la historia se repite. Hace veinte años el gobierno federal, luego de conducir una serie de reformas estructurales, presumía que México estaba por entrar al primer mundo. Después vino el levantamiento zapatista y terribles magnicidios que destruyeron el esfuerzo legislativo y de relaciones públicas de los jóvenes tecnócratas y neoliberales. Veinte años después, utilizaron la misma estrategia para pactar y legislar, para comunicar y convencer. Sin embargo, se volvieron a tragar el cuento que dice que gobernar es comunicar. Se volvieron a tragar el cuento que dice que una estrategia de comunicación basta para convencer al mundo que la realidad es otra. Basta con rehacer la fachada de la casa, pintar las paredes y colocar duela falsa para que los vecinos vean nuestra prosperidad, no importa que la casa no tenga cimientos y que en el sótano, húmedo e inmundo, viva la mayor parte de nuestra familia. La comunicación, en política, puede engañar, pero no puede suplantar la realidad. Ahora, las portadas de Time y Rolling Stone que reprodujeron el copete de Peña Nieto, confirman la banalidad y ligereza de la estrategia de comunicación gubernamental.

El Estado moderno nació para garantizar seguridad al cuerpo de las personas, para asegurar que estos cuerpos no serían maltratados o destruidos, para garantizar la libre circulación de estos cuerpos y que sus bienes materiales serían respetados. El inaceptable truco comunicativo de hace veinte años, como el de ahora, es el de crear un escenario en el que aparentemente el Estado mexicano cumple con sus funciones y garantiza estos derechos. Las reformas estructurales actualizaron las reglas de un sistema viejo y que le costaba seguir operando bajo un paradigma neoliberal. Sin embargo, esta actualización no buscó transformar los equilibrios de poder. Las reformas remodelaron la casa, pero ni siquiera se atrevieron a abrir el sótano. En esa lógica una pieza crítica publicada en la prensa estadounidense puede mover más hilos en el gobierno mexicano que la desaparición de 43 personas.
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Artículo semanal Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco Coyuntura sobre Derechos Humanos Juan Larrosa Sin categoría

Álvarez Cibrián, el férreo defensor del derecho a la alimentación de la clase política jalisciense

Juan S. Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC
22 de julio de 2014

En días recientes regresaron a la agenda mediática las críticas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En esta ocasión las críticas se enfocaron a los despilfarros económicos que el presidente de la comisión lleva a cabo en comidas y banquetes, gracias a la publicación de sendas investigaciones periodísticas de Reporte Índigo y El Informador en las que documentan el trabajo del ombudsman local a favor de la defensa del derecho a la alimentación de la clase política jalisciense. Sin embargo, las críticas a la comisión no se agotan ahí. Por donde se le vea, el trabajo de esta institución es indefendible. En meses recientes han ocurrido intensos debates en torno a la discriminación o la seguridad pública y la comisión ha brillado por su ineficiencia, por su falta de interés, por su falta de sensibilidad o por su supina ignorancia.
Volver a hablar de la comisión puede resultar cansón, especialmente porque ya se ha documentado a través de diversas investigaciones periodísticas y académicas la ineficacia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tan solo el CEPAD ha documentado las inconsistencias en el proceso de elección del ombudsman, su falta de trabajo e interés en temas tan importantes como el de la tortura o la discriminación, su indolencia ante las realidades ambientales o indígenas, o sus deficiencias en el trabajo general de resolución de quejas y elaboración de recomendaciones. Sin embargo, aunque resulte repetitivo, sigue siendo relevante señalar críticamente que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no sirve, no funciona. Finalmente es una institución que utiliza recursos públicos y que debe un elemental proceso de transparencia, pero especialmente de rendición de cuentas.
No obstante, los problemas de la CEDHJ no responden exclusivamente a su diseño institucional. El trabajo del presidente de la comisión ha sido terrible. Es importante no olvidar los siguientes datos. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián llegó a la presidencia de la comisión con muy poca experiencia académica y práctica en el campo de los derechos humanos. Llegó cuestionado al puesto, tanto así que en las dos ocasiones que ha rendido protesta ante el Congreso, diversas organizaciones civiles y ciudadanos se han manifestado en su contra. Tiene diversas acusaciones por su manejo autoritario del Consejo Ciudadano. Y ahora vuelve a ser cuestionado por el manejo discrecional del presupuesto para pagar comidas a funcionarios públicos, tal como si fuera un jeque.
La megalomanía de Álvarez Cibrián, así como la falta de capacitación e interés en torno al tema de los derechos humanos no nada más se observan en el ejemplo gastronómico, también se pueden encontrar en otros ejemplos, como la página web de la comisión. Basta hacer un simple análisis visual para ver que en todas las fotografías que se despliegan en la página principal aparece la imagen del presidente, siempre vestido con trajes y rodeado por personas que le saludan, sonríen o arropan.  Su nombre, Álvarez Cibrián, es el único escrito página principal. Para rematar, debajo de sus fotos, está el icono de un hombre trajeado, que evidentemente es él, con un papel enrollado en su mano derecha. Debajo del icono y en mayúsculas, aparece un rótulo que dice “EL DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DE JALISCO”. El icono enlaza a una página que comienza con una fotografía de Álvarez Cibrián en un plano contrapicado, un plano que sirve para denotar poder y control. Después viene una descripción de su credenciales académicas y una serie de vagos e indocumentados elogios como “ha cursado más de cien programas académicos” o que es el “único jalisciense que ha presidido el Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos que afilia a todos los ombudsman del país”. Las imágenes de la página web hablan por sí solas.
El resto de la página web es similar y gira en torno a la figura de Álvarez Cibrián. Los ciudadanos jalisciense no encontrarán una página útil y que les dé un servicio. Tampoco encontrarán cuáles son los planes y acciones del presidente para la defensa de los derechos humanos de la jaliscienses. Mucho menos encontrarán documentos críticos sobre la administración pública estatal, la actuación de funcionarios públicos, o sobre los contenidos de leyes que violen los derechos humanos, que no los tutelen, o que les falte un proceso de armonización. Los ciudadanos encontrarán una página que, acorde con los tiempos políticos, garantiza el derecho a la buena imagen de los políticos. Lo anterior no es tan grave, pues estamos hablando de una página web. El problema es que esta página es parte de una realidad más amplia en la que existe un manejo autoritario, patrimonialista y oficialista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

A casi veinte años de la creación de la CEDHJ es evidente que hace falta una evaluación crítica de esta organización y que esta evaluación sea la base para un rediseño institucional que prevea, entre otras cosas, los mecanismos que eviten la proliferación de funcionarios públicos como Álvarez Cibrián y que abran las puertas al trabajo por la defensa de los derechos humanos. De lo contrario, lo mejor será que la comisión se convierta en un restaurante de lujo al que solamente puedan acudir políticos jaliscienses.
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Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Juan Larrosa Sin categoría

28 de mayo en Guadalajara: pensamiento único y represión

Mtro. Juan S. Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, 26 de mayo de 2014

En una entrevista realizada un par de años antes de su muerte, Stuart Hall realizó una serie de balances críticos sobre las raíces y tradiciones de los Estudios Culturales. En esas conversaciones habló de la influencia que el marxismo tuvo en esta corriente de pensamiento e investigación, particularmente en su versión británica. Entre otras cosas Hall dijo sentirse orgulloso del desarrollo metodológico del análisis de coyuntura. Aunque no fue Hall quien inventó este término, pues reconoce que anteriormente ya había sido utilizado por Marx, pero especialmente por Gramsci, sí fue él quien lo desarrolló como una herramienta de análisis dentro de los Estudios Culturales. Según Stuart Hall, una coyuntura es un punto de quiebre o ruptura en el devenir histórico. En estos quiebres se condensan una serie de hechos, generalmente contradictorios, que describen densamente la realidad y sus transformaciones. Las coyunturas pueden analizarse desde múltiples dimensiones, pero Hall, dada su inclinación por la cultura, vivió pendiente de las transformaciones ideológicas y se preguntaba sobre las ideas o costumbres de su tiempo, y quién las creaba, modificaba o controlaba. A un decenio de los lamentables hechos ocurridos el 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, vale la pena preguntarse qué pasó entonces en clave de análisis de coyuntura.

En mayo de 2004 Guadalajara fue sede de la tercera cumbre América Latina, Caribe y Unión Europea. Anteriormente esta cumbre había sido celebrada en Brasil y en España. Luego de la edición en Guadalajara, la cumbre se llevó a cabo en 2006 en Viena, en 2008 en Perú, en 2010 una vez más en Madrid y en 2013 en Chile, aunque en la última edición el nombre de la cumbre cambió a Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. El objetivo de estas cumbres ha sido la creación de una zona de libre comercio entre América Latina y la Unión Europea. Hasta la fecha este tratado económico no se ha creado. Antes de comenzar la cumbre de Guadalajara se esperaba que para 2010 la zona comercial estuviera abierta, pero al finalizar la reunión, las expectativas eran mucho más pesimistas. Lo cierto es que Europa desde hace años ha estado ocupada por sus distintas crisis políticas y económicas, las cuales han desplazado cualquier interés real por sus relaciones con América Latina.

En la cumbre del 2004 llegaron a Guadalajara los presidentes de distintos países de Europa y de América Latina. La ciudad fue resguardada por fuerzas policiales y durante una semana muchas calles y plazas públicas fueron cerradas. La reunión internacional atrajo la mirada de diversos grupos de protesta internacionales, nacionales y locales, quienes también llegaron a Guadalajara para manifestar su desacuerdo con las políticas internacionales de libre comercio y globalización. Durante toda la primera década del siglo XXI este tipo de protestas fueron comunes en todo el mundo y tuvieron como origen la mítica manifestación de Seattle, en 1999, en el marco de una reunión de la Organización Mundial del Comercio. Estas manifestaciones también tuvieron en común la participación de un grupo conocido como el bloque negro, altamente violento, así como fuertes dosis de represión por parte de los Estados. Sin duda, esta serie de manifestaciones también conocidas como el Movimiento de Resistencia Global, fueron las precursoras de los movimientos de protesta de la segunda década del siglo XXI como Occupy Wall Street, los indignados españoles, los pingüinos chilenos o el #YoSoy132 en México.

En el marco de las protestas en contra de la cumbre celebrada en Guadalajara, el 28 de mayo de 2004 hubo una manifestación que fue duramente reprimida por el gobierno del estado de Jalisco. El saldo fue de 120 personas detenidas y una veintena de policías heridos. Organizaciones civiles como la Coordinadora 28 de mayo o el Cepad, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, documentaron que casi medio centenar de los detenidos fueron sometidos a torturas y tratos crueles y una decena de personas fue encarcelada sin el debido proceso.

El “28 de mayo” es una coyuntura que marcó la historia de Guadalajara. La parte más evidente es que fue una coyuntura en la que hubo una violación masiva de derechos humanos, tal como ya ampliamente se ha documento. Sin embargo, el “28 de mayo” también condensa muchos de los rasgos generales de la política y la cultura en Guadalajara de los primeros años del siglo XXI. El “28 de mayo” condensa el giro neoliberal que dio el mundo en décadas anteriores y que precisamente estuvo marcado por un intenso y desigual proceso de globalización económica y cultural, que a nivel local se pudo observar en la creación del famoso “Sillicon Valley” en El Salto o la llegada de empresas trasnacionales a la ciudad. Desde un punto de vista cultural, el reajuste neoliberal y globalizatorio trajo el desarrollo de Guadalajara como una marca, bien para el desarrollo de una cumbre entre mandatarios, o bien para albergar un torneo internacional de golf, los Juegos Panamericanos, y ahora la famosa Ciudad Digital. En el tintero se han quedado muchos otros proyectos, como el famoso museo Guggenheim y otros van a atrasados, como el polémico Santuario de los Mártires. Por otra parte, el “28 de mayo” condensa prácticas políticas autoritarias. En el sexenio de Francisco Ramírez Acuña no nada más ocurrió esta represión, está también el caso del Tlajomulcazo, una auténtica celada a un movimiento cultural como el de la música electrónica y las fiestas rave. En tiempos de Emilio González fue proverbial aquella frase de “a mí, lo que unos poquitos dicen, me vale madre”, y después a una parte de esos poquitos que conforman la sociedad les llamó “opositodos” y luego dijo que otros poquitos le “deban asquito”.

No son pocos los que han criticado las manifestaciones en contra de la globalización y las descalifican por su violencia y contradicciones. Sin embargo, es claro que el “28 de mayo” es una coyuntura que nos recuerda que no vivimos en una sociedad en donde se acepte la proliferación de discursos críticos, mucho menos de diálogos públicos para construir colectivamente el entorno. Es evidente que el modelo de desarrollo impulsado en los últimos años ha estado lejos de ser la panacea para Guadalajara. El Sillicon Valley tapatío nunca trajo dinero y trabajo digno para la clase trabajadora, los Juegos Panamericanos no le “cambiaron el rostro a Guadalajara” y la cumbre de 2004 no logró un tratado de libre comercio con Europa. En cambio, las manifestaciones políticas y culturales que critican el estado de cosas, han sido ridiculizadas, excluidas y reprimidas.