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En 19 años contra la tortura no hubo averiguaciones previas.

En nota de El Informador, se cita el Informe sobre la situación de la Tortura 2000-2009 y se afirma que la impunidad es permanente y fomentada por agentes del Ministerio Público, peritos y en general en el sistema de justicia penal.
Para la CEDHJ, se trata solamente de que la PGJE es juez y parte, cuando en realidad las personas han dejado de denunciar esta violación de lesa humanidad, aspecto en el cual también es responsable la CEDHJ.
Las y los invitamos a leer la nota.
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Una nueva ley ¿nueva esperanza?.

En pleno proceso electoral y con notas de prensa más bien discretas, se promulgó por parte del Gobierno Federal la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Federalización de Delitos cometidos contra Periodistas.(ver micrositio)
Se trata de un instrumento que llega de manera tardía, luego de más de 565 agresiones en contra de periodistas del 2009 al 2011, 13 de los cuales se llevaron a cabo en Jalisco.
De todos los ataques,  27 cegaron injustamente la vida de comunicadores, como fue el caso del periodista José Emilio Galindo de Radio Universidad de Guadalajara, crimen que hasta la fecha permanece en la impunidad.
Aunque el Presidente de la República en su discurso afirmó que tanto defensores como periodistas no están solos y que no se puede permitir su silenciamiento o pasividad por las amenazas a que se encuentran sujetos, la realidad que permea en las diversas localidades del país nos dicen lo contrario.
Basta con revisar lo sucedido el sábado pasado durante la marcha llamada de la “macromentada” en contra de Emilio González Márquez, cuando un sujeto ligado con lazos de parentesco con un aspirante al gobierno de Jalisco, con el más alto grado de intolerancia agrede a una persona de la tercera edad que manifestaba sus ideas a través de una sencilla pero denunciante cartulina. Al realizar su trabajo el reportero gráfico José María Martínez del diario Milenio, fue agredido físicamente ante la mirada de policías municipales que sólo actuaron hasta que existió la petición de los restantes colegas del periodista. Es así que Jalisco coloca en este nuevo panorama su primer caso que deberá ser investigado por la endeble Fiscalía especializada en Delitos contra Periodistas de la PGR.
El hecho pudiera pasar por un simple incidente, pero han sido reiterados los ataques a periodistas: se encuentran pendientes en esa procuraduría federal el caso Jade Ramírez, que ya tiene un largo tiempo en ella;  o que decir del caso de Alberto Jiménez Martínez “La Antena”, el cual con la autorización del Gobierno de Jalisco, con oficina y salario, atacaba a varios periodistas; o el del también reportero gráfico Darío Pereira, quien fue detenido arbitrariamente “ por equivocación” y amedrentado por policías investigadores.
La labor del periodismo o defensor o defensora de los derechos humanos, no se encuentra reconocida por el poder público, más bien existe una relación utilitaria hacia los temas que le dan contenido, prueba de ello es que ambos temas prácticamente se encuentran ausentes incluso de las propuestas de todos los candidatos y candidatas a cargos de elección popular.
Mientras no se combata la corrupción e impunidad que reina desde las estructuras del Estado y que han provocado el 53 % de los ataques, será difícil confiar en esas instancias que tendrán que ganar credibilidad.
Los defensores y defensoras, las y los periodistas trabajaremos para acompañarnos, protegernos y autodefendernos.
Reprobamos los ataques a los periodistas de México y en especial de Jalisco,
Exigimos que se aclaren todos y cada uno de los ataques a los y las periodistas, de manera completa y eficaz, sobre todo el caso del homicidio de José Emilio Galindo, porque sin libertad de expresión no puede ni siquiera pensarse en un Estado democrático.

Imágen: Cencos

Les sugerimos ver el documental “Silencio Forzado” sobre el tema
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Más allá del incremento de sanciones por conducir en estado de ebriedad.

cepad@cepad.org.mx

La semana pasada se hizo pública la aprobación de un paquete de reformas a leyes (desde la de vialidad hasta el Código Penal) que busca sancionar a los que conduzcan en estado de ebriedad. (ver la nota de Público)

Se disminuyó la tolerancia que contenía la legislación en el consumo de embriagantes (ahora será de mínimo dos o dos copas y media), se incrementaron las multas que pueden llegar hasta más de 11 000 pesos. Dependiendo el caso se puede asegurar el automotor y enviarlo un depósito, ingerir cinco copas con la combinación del volante será considerado como delito.

Si la acumulación de alcohol en la sangre supera los 130 miligramos de alcohol y además se participa en un accidente de tránsito en donde hay lesiones graves u homicidio, automáticamente el conductor perderá el derecho de obtener su libertad bajo (fianza).

La experiencia del Cepad en el seguimiento del caso de Néstor Alan Rodríguez Licea y la atención que hacemos cotidianamente de víctimas de violencia vial, nos indica que de nueva cuenta se busca atender lo urgente, lo cual no es negativo pero se parte de una idea errónea de que la sola existencia de las leyes y el agravamiento de las sanciones crearán en automático las condiciones necesarias para que sean aplicadas por los agentes de la autoridad. Como si el derecho vigente fuera lo mismo que el “derecho viviente”. (el que se exige y se cumple según Victoria Camps).

Por eso la exigencia de que al elaborarse las leyes se cuente con el diagnóstico más detallado posible, incluso con escenarios de aplicación claros y reales, no sólo el de los establecimientos que venden bebidas sino el de las mismas autoridades y consumidores. Un reflejo de lo anterior son las declaraciones del mismo Secretario de Vialidad y Transporte, en las que reconoce que no cuenta con suficientes peritos ni alcoholímetros para cumplir con la ley; eso si tiene un significado más claro: la continuación de la impunidad que por cierto no es remediada por las recientes reformas.

Los casos demuestran que la cadena de corrupción inicia con los Agentes de vialidad al no intervenir de acuerdo a la ley y no levantar las actas de accidentes debidamente, para continuar con los policías los cuales se limitan a ser testigos simples de lo que acontece en las escenas de los accidentes. Los peritos, que por cierto llegan por horas más tarde (cuando ya los efectos del alcohol han sido combatidos por la corrupción); los señores y señoras agentes del ministerio público quienes facilitan más el “procedimiento” a los inculpados, por ejemplo fijándoles rápidamente la fianza, asignándoles prontos abogados defensores, pases de visita a familiares y representantes de las aseguradoras ó incluso colocándolos en la comodidad de un hospital privado, contrario a lo que ocurre con las víctimas y sus familias, quienes son prácticamente olvidadas presencialmente y en sus derechos, como a la información, al buen trato, a la atención médica y psicológica de urgencia, a la básica información del estado de salud de su familiar, pero sobre todo al de la verdad para conocer lo que realmente ocurrió.

Ahora es necesario que el Congreso del Estado se fije como meta supervisar el trabajo legislativo que realizó y lanzar una segunda generación de reformas que propicie deberes más claros a los servidores públicos con las consecuentes sanciones sean estas administrativas o penales; además de considerar con mayor prioridad la atención de los derechos de las víctimas de violencia vial, entre ellos la reparación del daño emergente, ya que a final de cuentas la seguridad también es un deber del Estado que le es encomendado por la sociedad.

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Informe ¿sobre el trabajo de la CEDHJ ó sobre el estado en el que se encuentran los derechos humanos en Jalisco?

Foto: Ocho Columnas.

El día de ayer el Presidente de la CEDHJ presentó el tercer informe de su gestión, del que surgen dudas importantes por la carencia de un diagnóstico sobre el estado de los derechos humanos en Jalisco, su dispersión en el abordaje de temas de los que carece de datos y el excesivo análisis cuantitativo, con énfasis en su insistente petición de presupuesto.

Hay que preguntarse si los datos realmente reflejan lo que en lo cotidiano se vive en distintos ambientes de Jalisco; sobre todo cuando observamos luchas de ejidatarios por defender sus tierras, grupos de personas defendiendo los últimos recursos naturales, ciudadanos y ciudadanas que toman la calle ante la falta de escucha a sus peticiones de mejores servicios o seguridad, pueblos indígenas a los que no se les consulta una idea de “desarrollo”; muertes violentas de mujeres simplemente por su condición, entre otros.

Cabe entonces la pregunta sobre ¿en qué lugar se encuentra el trabajo de defensa de los derechos humanos de la CEDHJ?, la respuesta por el momento es imposible saberla, ante un discurso que si se trasladara a la información proporcionada por una dependencia de gobierno, no existiría francamente diferencia.

Eso nos hace recordar las características que debe tener un verdadero Ombudsman en su función: Independencia de los poderes, trayectoria, programa de acción, vinculación con la sociedad civil, conocimiento del marco jurídico, así como transparencia y rendición de cuentas.

Por lo menos en esos seis aspectos la CEDHJ tiene deficiencias que han sido públicamente documentadas: su falta de independencia caracterizada simplemente con la simple presencia ayer del Procurador de Justicia, en investigación todavía por actos de pedrastia y corrupción de menores; los constantes ataques a los que realizamos labores de defensa aspecto documentado en el

informe de la oficina del Alto Comisionado para los DH de la ONU y su desconocimiento del marco jurídico, sobre todo el internacional, como en el caso reciente de la demanda de grupos de diversidad ante el posicionamiento del Gobierno de Jalisco por los matrimonios entre personas del mismo sexo, al cual respondió que “no era tema de su agenda”.


La CEDHJ se caracteriza por archivar tres cuartas partes de las quejas que recibe; de las que restan solamente en un 0.48 % legan a ser Recomendación, de acuerdo a los datos del
Informe sobre la situación de los derechos humanos de Jalisco 2009 del Cepad.
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“No son tiempos de guerra”: Cepad

El aumento de la presencia del Ejército fuera de los cuarteles, con motivo del combate a la inseguridad y el crimen organizado, “es cuestionable y debe revisarse”, señaló Carlos Peralta Varela, presidente del consejo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad).

“Nos queda claro que si los militares están en la calle es porque la policía no está a la altura de las circunstancias del país, y hay una necesidad del Poder Ejecutivo de sacar al Ejército de los cuarteles y de violar la propia Constitución, teniéndolos afuera en tiempos que no son de guerra”, indicó.
Público dio a conocer ayer que los patrullajes de militares en ciudades y comunidades de la región aumentaron hasta 70 por ciento desde 2006.
Al respecto, el entrevistado dijo que al cumplir una función que no está prevista en sus responsabilidades, el Ejército pone en riesgo su prestigio. “Está sufriendo el desgaste que durante mucho tiempo sufrió la policía”, dijo. Además “se expone a la corrupción y a incurrir en violaciones a los derechos humanos”.
Peralta Varela resaltó que ante posibles violaciones a los derechos humanos por parte de militares, la población está más vulnerable, pues tiene menos formas de protegerse. “No puede, como en el caso de la policía, meter algunas amparos o denunciar ante algunas instancias”, dijo. Los miembros del Ejército, cuando incurren en delitos o faltas, son juzgados en el fuero militar.
Un ejemplo de los excesos en que puede incurrir el Ejército lo vivieron pobladores de Maltaraña, una empobrecida comunidad del municipio de Jamay, Jalisco (colindante con Michoacán) donde el 1 de junio pasado irrumpió una treintena de efectivos. Los militares se introdujeron a los hogares en presunta búsqueda de drogas y armas, cometieron diversas tropelías y acosaron e intimidaron a sus moradores, en su mayoría mujeres y niños.
Se presentaron 34 quejas por dicho caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que desde diciembre pasado indaga los hechos. Peralta señaló que el Cepad —que documentó los sucesos— tiene la expectativa de que la comisión “no sólo se pronuncie, sino que elabore una recomendación” al respecto.
El entrevistado dijo que la postura del Cepad es “porque se revise” la participación del Ejército en labores de patrullaje que son de la policía. “¿De verdad ésa es la única respuesta que podemos ejercer contra la inseguridad?”, inquirió. A su juicio, no. Pero la pregunta la dejó en el aire. Guadalajara/Maricarmen Rello Ver nota completa en Público.
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La discriminación y la reciente controversia presentada por el Gobernador de Jalisco en contra de las reformas en el DF que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A propósito de la discusión sobre las recientes reformas en el Código Civil del Distrito Federal para permitir a personas del mismo sexo contraer matrimonio y la posibilidad de adoptar, conviene recordar los trabajos del Colectivo Jalisco Incluyente, conformado por organizaciones civiles de diversidad sexual, de mujeres, asistenciales y de atención a discapacitados, quienes con una visión de futuro concluyeron que la discriminación constituía uno de los principales obstáculos sociales.

Intentaron durante el ejercicio de prácticamente dos legislaturas que se aprobara una iniciativa de Ley que previniera y sancionara la discriminación, pero que otorgara herramientas a cualquier persona para quejarse y buscar una reparación por un acto de ese tipo. Ahora sabemos que la negativa para reconocer derechos de esa importancia tenía una clara intención de futuro.

El absurdo “blindaje” en la Constitución Política de Jalisco para proteger la vida desde la concepción contrario a los avances internacionales en torno a los derechos de las mujeres y ahora la supuesta defensa de la “familia” emprendida por Emilio González Márquez, son prueba de ello.

Es indispensable aclarar algunos conceptos que se han visto en el debate:

1. Cuando se habla de un Estado de Derecho de acuerdo a lo que ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a conducirse de tal forma que se respete y garantice “el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” sin discriminación alguna. (Caso Velásquez Rodríguez, nota 249, supra, párr. 167); por tanto uno de sus elementos es precisamente la igualdad de derechos de sus integrantes, que es lo que busca una reforma de ese tipo sin tomar otra consideración que el propio equilibrio social.

2. El constitucionalista italiano Luigi Ferrajoli, de visita la semana pasada por nuestro país, al contestar a la misma pregunta precisó: “no es el consenso de la mayoría el que legitima los derechos fundamentales. Son legítimos porque garantizan igualdad. No importa que sean contramayoritarios si cumplen con esa función”. Recomendamos ampliamente la entrevista que le realizó Carmen Aristegui.

3. La controversia constitucional (se encuentra considerada en el artículo 105 fracción I de la Constitución) es una acción que es presentada por un agravio en contra de una entidad federativa y busca poner en el debate judicial disposiciones que presuntamente contravienen la constitución o el federalismo, por lo que especialistas consideran que también es un mecanismo para defender la garantía de los derechos humanos. Por su importancia, no debió de interponerse sin reconocer la diversidad propia de Jalisco, aspecto que sí se realizó en el Distrito Federal.

Lo más grave son los argumentos que expresa Emilio González en la demanda, al destacar por ejemplo su temor a la aplicación de la ley en este territorio, con lo que se busca “evitar” que personas del mismo sexo contraigan matrimonio y luego adquieran derechos, o que sólo existen en Jalisco familias nucleares, para rematar el que las uniones entre personas del mismo sexo obedecen a intereses particulares y no públicos, aunque estos últimos hayan sido dictados bajo una moral individual y no social que son las que exige el derecho; porque pudiéramos llegar al grado como dice Efraín González Morfín hasta de penalizar los “malos pensamientos”.

Basta con leer el artículo 1º de la Constitución Federal, para darnos cuenta que la acción judicial presentada por Emilio González Márquez y otros gobernadores, son una clara aceptación de la existencia de la discriminación desde el poder político. Hay que estar atentos porque puede presentarse cabalmente una inconformidad ante el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la que se busque la reparación.

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Comentarios de la prensa a la carta del CEPAD

“Preocupa al organismo la actitud de autoridades hacia el tema

Desde 1993 la PGJ no ha investigado ni un caso de tortura, asegura Cepad
Raúl Torres-La Jornada Jalisco
En contradicción a lo declarado por el gobernador Emilio González en cuanto a que en Jalisco no hay tortura, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) asegura que durante la actual administración estatal, a pesar de las denuncias de tortura interpuestas ante distintas dependencias, el gobierno del estado no se ha preocupado por iniciar una sola investigación al respecto”.
La carta también es comentada el día de hoy en la columna llamada Ágora de Juan Carlos G. Partida.
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Foro: Evaluación sobre el Sistema Ombudsman en el estado a través de observación y análisis de casos”.

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), la Universidad de Guadalajara, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Vigía Ciudadano del Ombudsman, capítulo Jalisco, tienen el agrado de invitarle a la siguiente presentación:

“Evaluación sobre el Sistema Ombudsman en el estado a través de observación y análisis de casos”.

El evento será presidido por académicos de la Universidad Iteso y la Universidad de Guadalajara, así como miembros del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC.

La presentación se llevará a cabo el 12 de agosto de 2008, de 10:00 a 12:00 horas en la Casa ITESO-Clavijero, ubicada en la Av. José Guadalupe Zuno No. 2083, entre Marsella y Chapultepec.

Favor de confirmar su asistencia al correo electrónico cepad@cepad.org.mx
o bien al teléfono 36134066.

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Una buena noticia en la lucha por la defensa de los derechos humanos

El pasado martes 5 de agosto, se presentó en la Ciudad de México, en el Marco de la Conferencia Internacional sobre el Sida, el caso de un militar que vive con Vih y que fue dado de baja del Ejército. Bien, pues la buena nueva es que luego de seis años, este militar recibió una resolución judicial favorable .para ser restituido en su puesto de trabajo.

Lo anterior fue gracias al trabajo del militar y de tres organizaciones civiles que trabajaron en conjunto en pro de la defensa de los derechos humanos: el Centro de Atención Integral en Vih-Sida, AC (Vihas de Vida), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). Normalmente, los comunicados de las organizaciones son para denunciar violaciones, hoy les queremos comunicar esta buena noticia.

Para conocer más a detalle el caso, les invitamos a consultar el boletín de prensa y la sistematización de todo este proceso en un documento de trabajo. Toda esta información la encontrarán en la página del Cepad: www.cepad.org.mx.

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Bloguividentes queridos y añorados:

Para todos los que tienen tiempo: échense una pestañita por mí, que bien que me hace falta, pero no importa la tentación que ponga Morfeo sobre mis párpados, estoy decidida a entregarles la recopilación de noticias recientes sobre Derechos Humanos. Así que comencemos…

Desafortunadamente han ordenado auto de formal prisión a indígenas de Me´paa, según nos informa la Red Nacional TDTT, asimismo han lanzado una acción urgente porque presos indígenas han sido maltratados en el CERESO 5 en Chiapas. En el documento se menciona: “Los precisos y malandrines contratados para golpearnos, llegaron a nuestro lugar de trabajo donde laboramos hamacas, para decirnos que no teníamos derecho a trabajar en ese lugar y que no tenemos derecho a nada. Cuando comenzó la agresión, los custodios que se encontraban en el lugar de los hechos, no intervinieron para resguardar el orden y nuestra integridad física, sino que solamente presenciaron la golpiza que nos dieron los precisos y los 20 presos armados con palos, siendo notoria su complicidad con ellos”. Por ultimo la red dio a conocer un boletín en el que retoma la discusión de la ley que permite la interrupción legal del embarazo en el distrito federal y aseveran que representa un avance para los derechos humanos de las mujeres. Respecto a este tema el Fray Vitoria dedico su artículo de la semana, el cual puede ser leido aquí.

Dando un pequeño viaje por el sitio de la CNDH podemos encontrar que en los pasados ocho días ha existido bastante movimiento en la institución, se han puesto en la Web varios boletines que abordan los siguientes temas: La vulnerabilidad de los derechos de niñas y niños, la recomendación para Marcelo Ebrard por la muerte de un hombre en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y el inicio de un programa piloto de empleo temporal en apoyo a migrantes indocumentados.

Mientras tanto en tierras jaliscienses las recomendaciones de la CEDHJ son para el alcalde de Tequila, al patronato del DIF municipal y al procurador de justicia. Asimismo se realizó una conferencia para tratar el caso por el desalojo en Nextipac, dirigida al presidente municipal de Zapopan, Jalisco. Y para terminar con la CEDHJ déjenme que les cuente que existe un boletín en que habla sobre el presidente de la CEDHJ y su presencia en la aprobación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otro más acerca de la intervención de la CEDHJ en Tepatitlán.

En cuanto CLADEM también nos dan algunas novedades, tienen dos acciones urgentes una sobre los/as fiscales permanecen en huelga de hambre y una más referente a los indígenas Me´paa, además de tener dos boletines provenientes del Paraguay y dos informes: El primero aborda la discriminación hacia la mujer mientras que el segundo es un listado de Temas Críticos propuestos por CLADEM-Ecuador al Comité de la CEDAW.

Esta semana CEJIL nos dice que desea hacer pública la labor de Monseñor Gerardi en su lucha por la búsqueda de la verdad, la cual se encuentra plasmada en el informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala Nunca Más.

Por lo pronto es toda la información encontrada pero no duden que la siguiente semana ya les tendremos nuevas noticias, boletines y acciones urgentes.