Por Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta
6 de marzo de 2013
Hace algunas semanas circuló por la mayoría de los medios locales la noticia de que una niña de 9 años de edad había dado a luz en el Hospital de Zoquipan, la nota causó revuelo y comentarios de toda índole tanto por parte de los diversos medios de comunicación, articulistas, autoridades, así como de la gente común, que también se dio a la tarea de hacer públicos sus comentarios a través de las redes sociales o en los espacios que los periódicos y la radio abren al público en general.
Fue sorprendente que la mayor parte de los comentarios y análisis se dieran desde una especie de morbo y chismorreo, sin tener el menor cuidado, preocupación e interés por proteger la integridad, intimidad y dignidad de esta niña, que fue sin lugar a dudas víctima de un abuso sexual.
Se discutió por ejemplo, si en realidad la niña tenía 9, 11 ó 13 años de edad, como si eso fuera importante. Llegué a leer que la niña había consentido el abuso, según comentarios del padrastro (quien hoy se sabe que es el papá biológico de la niña, y que ha sido consignado a prisión por el delito de abuso sexual infantil agraviado). Independientemente de si hubo uso de la fuerza o no, cualquier interacción de índole sexual entre un adulto y un niño o niña, es considerado un abuso sexual. El cuerpo de los niños y las niñas, y su intimidad les pertenecen. Y debe haber siempre límites incluso para las muestras de cariño y afecto de las y los familiares. Nadie puede ser culpado por no haber sido lo suficientemente hábil para escapar de una situación de abuso. La víctima nunca tiene la culpa de una agresión sexual. El único culpable es el agresor. Los abusos sexuales pueden ocurrir a cualquier edad.
Cuando se trata de un agresor que es cercano afectivamente a la víctima, y todos sabemos que es muy común que el agresor sea conocido por la víctima, resulta mucho más difícil para ésta denunciarlo o defenderse, ya que los une un lazo afectivo que funciona como chantaje emocional, persuasión o engaño, y que debido a la desinformación, falta de autoestima o miedo al rechazo, es probable que la víctima tenga menos elementos para poner un lato, y prevenir el abuso.
El pésimo manejo que dieron los medios y las autoridades del caso, puso a esta niña en una situación de doble vulnerabilidad: no sólo fue víctima de un abuso sexual, sino que quedó embarazada como resultado de este abuso, poniendo en riesgo su integridad, su salud, su desarrollo y su estabilidad emocional. Las autoridades y los medios hicieron pública su identidad, cometiendo un gravísimo error, al ponerla en riesgo de ser víctima de rechazo social, segregación y estigmatización.
La falta de cuidados parentales, de protección familiar y de una educación sexual integral, entre otras cosas, provocaron que la niña fuera víctima de una agresión sexual con terribles consecuencias para su vida y por supuesto para la del bebé producto de una relación de abuso, agresión, maltrato físico y emocional. Las consecuencias físicas y psicológicas para ambos serán sin duda difíciles de subsanar.
Este caso y su manejo son un claro ejemplo de la falta de sensibilización y educación en Derechos Humanos que tienen tanto los medios de comunicación, como las autoridades y la ciudadanía en general. Es evidente que su difusión se dio sin conocer los derechos fundamentales de la niña, establecidos en la Convención por los Derechos de los Niños, ratificada por México en el año de 1990, la cual hace referencia a derechos tan importantes como el acceso a una vida libre de violencia, a una familia estable que le brinde cuidados y protección, al respeto a su integridad física y emocional, al manejo confidencial de sus datos y su persona ante situaciones como ésta… derechos que fueron vulnerados con el pésimo manejo que se dio a este asunto tan desafortunado.
Veo con preocupación que el estado mexicano no considera estos hechos como parte de su responsabilidad social y jurídica. Existe un enorme número de niñas y adolescentes convertidas en madres de manera prematura que no son sólo responsabilidad de sus familias, sino también del estado y su protección constituye una importante función social del gobierno. Es urgente que se tomen medidas preventivas, que vayan más allá de las leyes y que puedan atenderse desde la cotidianidad: en la escuela, en los centros de salud, en los parques… a través de programas efectivos de educación sexual integral y de involucramiento de los padres de familia en estos procesos.
Se requieren partidas presupuestales más fuertes para que las autoridades intensifiquen los programas de educación integral en sexualidad, para difundir y prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual entre niñas y adolescentes. Las estrategias educativas no han sido suficientes, ya que tan sólo el año pasado se duplicó la cifra de niñas y adolescentes embarazadas en edad escolar.
Es necesario también que los responsables de los medios de comunicación, así como las oficinas de comunicación social del gobierno del estado, se capaciten y sensibilicen desde un enfoque de derechos, uno que les permita cuidar en todo momento la información que difunden, garantizando que al hacerlo respeten la integridad de las personas y sus derechos fundamentales.
