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La metodología y base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas debe ser publicada para garantizar el derecho a la información y a la verdad

  • Reconocemos el esfuerzo realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda al actualizar información imprescindible para dimensionar la crisis de desaparición de personas en México.
  • Un pendiente inaplazable es transparentar la metodología del RNPDNO y publicar la base de datos en formato abierto para la rendición de cuentas, verificación, contraste de la información y respeto al principio constitucional de máxima publicidad.
  • Como parte de sus obligaciones de transparencia, el gobierno mexicano debe transparentar la metodología del Registro y ofrecerlo en formato abierto para garantizar el derecho a la información y a la verdad de la sociedad mexicana y familiares.

Ante la reciente publicación de la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las organizaciones firmantes reconocemos el esfuerzo realizado por el Gobierno Federal al actualizar información imprescindible para dimensionar la crisis de derechos humanos vinculada con el fenómeno de la desaparición de personas en México.

No obstante, vemos con preocupación que la nueva herramienta no ofrece a la ciudadanía y, sobre todo, a los familiares de las víctimas, la base de datos del Registro en formato de datos abiertos ni metodología para la obtención, validación y publicación de los mismos. Es por ello que exhortamos al Gobierno Federal, a la CNB y a la Fiscalía General de la República (FGR) a que tomen las medidas adicionales necesarias para que la información de éste y los otros registros en materia de desaparición, cumplan con los estándares mínimos de datos abiertos.

Contar con el registro en formato de datos abiertos y la respectiva metodología nos parece crucial por estas tres razones:

  1. Porque es necesario para poder monitorear y contrastar la información oficial. Los datos de personas desaparecidas frecuentemente han estado desactualizados y han tenido casos duplicados, o en el caso de personas migrantes desaparecidas, los datos han sido escasos o inexistentes. Por ello, ha sido necesario que desde la ciudadanía  se escrute y corrobore la calidad e integridad de la información. Es factible realizar una versión pública donde se anonimicen registros individuales sin que exista la necesidad de hacer públicos los nombres de las personas registradas en la herramienta, conforme al procedimiento de «disociación de datos personales» descrito en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
  2. Porque es un insumo indispensable para entender la desaparición en México. Si hacemos un uso eficiente y coherente de la estadística para entender la desaparición podremos identificar patrones de víctimas, patrones de perpetradores y lugares de riesgo. Esto idealmente permitiría, por un lado, destinar recursos de manera más eficiente y, por otro, proteger a la población más vulnerable. Además, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda contempla al RNPDNO en su artículo 48 como una de las herramientas prioritarias del Sistema Nacional de Búsqueda.
  3. Porque es un derecho de las víctimas y de la sociedad: El RNPDNO, en un formato abierto y accesible, es un derecho de las víctimas. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece en su artículo 109 que el Registro Nacional contendrá un apartado de consulta accesible al público general. Y es parte del derecho a la verdad de la sociedad mexicana, establecido en el artículo 18 de la misma ley por los efectos de la magnitud y repetición de casos en México. En este sentido, es un derecho de las víctimas y de la sociedad tener acceso a información abierta y confiable, que no sólo nos permita entender qué está ocurriendo en el país, sino que sirva como memoria colectiva de esta crisis que se ha colado en el corazón de tantas familias.
  4. Porque sin metodología no hay información confiable: La confiabilidad de un proceso tan complejo y con numerosos actores que ingresan la información en tiempo real sólo puede garantizarse con una metodología clara para el ingreso de los mismo y su validación, haciendo posible identificar las responsabilidades de cada nodo e, incluso, errores que puedan surgir de manera oportuna.

A todo esto habría que agregar que el Gobierno mexicano tiene la obligación de proveer a la ciudadanía con estos datos abiertos. Este compromiso está estipulado en al menos cuatro instrumentos:

El Principio 3 de Gobierno Abierto, establece que “Deben ser publicados datos abiertos completos, primarios, desglosados, actuales, con permiso para usar y de conformidad con las normas internacionales para la publicación de datos web.” A pesar de ello —y de otros principios como el de participación, transparencia y rendición de cuentas—, la base de datos en versión pública permanece cerrada y no incorporó recomendaciones que desde colectivos de familiares, organizaciones de la sociedad civil y universidades hemos realizado desde la elaboración del primer RNPED. Ejemplo de ello es que desde 2014, como parte del Segundo Plan de Acción de la Alianza por el Gobierno Abierto, el Gobierno Federal se comprometió a la publicación mensual de estadísticas y bases de datos en formatos abiertos referentes al entonces RNPED. Asimismo, en el actual Cuarto Plan de Acción (2020-2022) de la Alianza se contempla incorporar este registro en una Plataforma nacional cuyo elemento central es la interoperabilidad y el formato de datos abiertos.

La propia Ley General en Materia de Desaparición establece en su Artículo 109 que “El Registro Nacional puede ser consultado en su versión pública, a través de la página electrónica que para tal efecto establezca la Comisión Nacional de Búsqueda, de conformidad con lo que determine el protocolo respectivo y las disposiciones  jurídicas  aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.” Esto implica que se hagan públicas las estadísticas de manera íntegra y con la mayor desagregación posible de acuerdo con los principios previamente mencionados.

Además, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) establece en su artículo 70 fracción XXX que es una obligación de transparencia publicar “las  estadísticas que  [las instituciones] generen  en  cumplimiento  de  sus  facultades,  competencias  o  funciones con la mayor desagregación posible”. De igual manera, los artículos 5º y 115º de la misma ley establecen que “No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad”.

Finalmente, en su artículo 129, la LGTAIP establece que “En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.” En este sentido, publicar la información en formatos abiertos y su metodología sería lo consecuente de acuerdo con el principio de máxima publicidad establecido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia LGTAIP.

Es por ello que las organizaciones abajo firmantes exigimos:

  • A la CNB que publique la base de datos en formato abierto que permita contrastar y verificar la información.
  • A la CNB que publique la metodología del RNPDNO.
  • A las Fiscalías o Procuradurías Estatales que publiquen de manera recurrente y transparente los datos sobre personas desaparecidas con los que cuentan.
  • A la FGR que publique el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas en los términos expresados en este comunicado, mandatado por la Ley General en Materia de Desaparición.
  • A la FGR que publique el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas, mandatado por la Ley General en Materia de Desaparición.
  • Al INAI que asegure el ejercicio del derecho a la información pública y emita recomendaciones y acompañe el proceso de publicación de estas bases de datos.

Organizaciones firmantes:

ALERTA TEMPRANA RED (AT-R)

Actuar Familiares contra la Tortura, (AFT)

Aliadas por la Justicia, A.C. (AxJ)

ARTICLE 19 México y Centroamérica

Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza (AVNQVN)

Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ENVERO)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM)

Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM)

Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres, A.C. (AGCVIM, A.C.)

Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP-Guerrero)

Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD)

A Tu Encuentro

Buscando Desaparecidos México BUSCAME 

Causa Natura

Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, A.C. (CDHAE)

Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, A.C. (CDH C-28 M)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Ku’untik (CDHK)

Centro de Estudios para los Derechos Humanos y la Justicia Ambiental «YURENI», A.C. (CEPDHJA)

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD) 

Centro Diocesano para los Derechos Humanos «Fray Juan de Larios A.C»

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

Colectivo Mariposas Destellando buscando corazones y Justicia

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa”, (CDHBCDO)

Comité de Defensa de Derechos Humanos “Cholollan” (CDHC)

Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM “Alzando Voces” 

Comunidad Raíz Zubia, A.C. (CRZ)

Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FREMEXDEHU)

Daniela Rea, reportera

Data Cívica

Desarrollo Humano Internacional, A.C. (DHI)

Desaparecidos Justicia A. C. Querétaro

Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF)

Equis Justicia para las Mujeres

Foro Permanente de Mujeres Iztacalco, A.C. (FPM-I)

Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C. (FMDVD)

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-FUNDEM) 

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo Léon 

Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL)

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho 

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

GESOC

Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF)

Guerreras En Busca de Nuestros Tesoros AC 

Intersecta

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (LIMEDDH)

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. Filial Oaxaca (LIMEDDH-Oax)

México Evalúa

Movimiento Migrante Mesoamericano

Mujeres Guerrerenses por la Democracia, A.C. (MGD)

Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto (NOSC-AGA)

Organización Político Cultural Cleta (OPC Cleta)

ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas

Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en Guerrero y el País

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Proyecto A dónde van los desaparecidos

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales

REDETAM 

Red Solidaria Década contra la Impunidad, A.C. (RSDI)

Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH)

Regresando a casa Morelos

Sembrando Comunidad

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

SocialTIC

Todas Somos Iguales CDMX

Transparencia Mexicana

Unión de Familias Resilientes Buscando sus Corazones Desaparecidos

Virginia Garay Cázares

Zihuame Xotlametzin, A.C. (ZX)

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PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS HECHOS OCURRIDOS EN GUADALAJARA, JALISCO, EN EL MARCO DE LA PROTESTA SOCIAL POR LA EXIGENCIA DE JUSTICIA PARA GIOVANNI

HECHOS 

De acuerdo con información proporcionada por sus familiares y difundida en medios de comunicación, Giovanni López Ramírez fue detenido de manera arbitraria y violenta el 4 de mayo de 2020 por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; la causa de la detención fue no usar cubrebocas en la vía pública. Al día siguiente, 5 de mayo, su familia tiene conocimiento de que estando bajo custodia de dichas autoridades había sido privado de la vida. Al recibir el cuerpo, los familiares observaron que tenía signos de tortura, entre ellos, una herida por proyectil de arma de fuego en la pierna. Además, se hizo del conocimiento público que el presidente municipal de dicho municipio, a través de un tercero, ofreció a la tía de Giovanni 200 mil pesos para que no difundieran el video y  también amenazó a la familia con matarlos si lo hacían. Ante la falta de respuesta de las autoridades estatales, un mes después la familia decidió difundir en redes sociales y en medios de comunicación el video de la detención donde se observa, como mínimo, el uso desproporcionado de la fuerza. 

Una vez realizada la denuncia pública la Fiscalía del Estado de Jalisco emitió un comunicado donde informó que desde el 5 de mayo había iniciado una carpeta de investigación por lo hechos, sin indicar si se realizaría una investigación por probable tortura y siguiendo los estándares internacionales del Protocolo de Minnesota. Además, esta instancia desmintió la declaración de los familiares al señalar que, en los informes elaborados por la Policía Municipal, no se especificaba como causa de la detención el no uso de cubrebocas. 

Así mismo, en la conferencia de prensa dada el 3 de junio por el Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, y el Coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado, Macedonio Tamez Guajardo, se señala que la Fiscalía, “en primer término”, realizó una investigación documental solicitando “una serie de informes a la autoridad municipal”; se da por sentado que la forma en que ocurrieron los hechos –al menos respecto al motivo de la detención– es la versión de los agentes policiales aprehensores; se señala que los servidores públicos pudieron incurrir en “abuso” “del uso de la fuerza” y “de autoridad”; se indica que serán los peritos quienes determinarán si la muerte de Giovanni fue producto de dicho “uso de la fuerza”; justifican mediante la “secrecía necesaria para el buen desarrollo de la investigación” el no proporcionar información; se indica que los policías involucrados se encuentran “en activo” y se justifica ello con base en la relación contractual que mantiene el gobierno municipal con estos; se indica que “no hubo flagrancia” y con ello se justifican las dilaciones de la investigación; se admite que si bien un mes es un plazo “largo, demasiado largo, quizás” y “un tiempo excesivo” para la integración de la investigación, este plazo se debe a que “hay ocasiones en las que los peritos, los testigos, los médicos, requieren de tiempo para rendir sus informes, en ese sentido no nos gusta apresurarlos, para evitar que se comentan errores”.

La difusión de información sobre el caso y la falta de respuestas satisfactorias de las autoridades responsables de la investigación, derivó en la convocatoria a una manifestación el 4 de junio de 2020 en la capital del estado con el objetivo de exigir justicia para Giovanni. Durante la misma, se desplegaron elementos de los cuerpos de seguridad estatales y municipales quienes, haciendo uso golpes, patadas, uso de gases lacrimógenos, amenazas y otras formas de agresión, dispersaron a las personas que se manifestaban y las persiguieron por las calles aledañas. Hasta el momento de la publicación de este Pronunciamiento, se tiene la información oficial de 27 personas detenidas, 2 mujeres y 25 hombres; seis de estas personas son menores de edad. 

Ante estos hechos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos se desplazaron a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco para documentar los hechos y contribuir a que se garantice el derecho al debido proceso y, en el casos de sus familiares,  el derecho a la información, sin embargo, al realizar sus actividades de observación y documentación, estas defensoras y defensores fueron objeto de amenazas por parte de las autoridades locales. 

CONSIDERACIONES

El 4 de junio de 2020, la Oficina en México del Alto Comisionado para Naciones Unidas recordó a las autoridades del estado de Jalisco que, de acuerdo con el “Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias” –conocido como “Protocolo de Minnesota”–, las muertes ocurridas cuando una persona se encuentra bajo la custodia del Estado se presumen como potencialmente ilícitas y existe una presunción general de la responsabilidad del Estado, salvo que se demuestre lo contrario. Es importante señalar que este, y otro instrumento internacional que establece las directrices para la investigación eficaz de muertes bajo custodia en las que existe un alto grado de sospecha de haber ocurrido tanto tortura como parte de una ejecución extralegal, Protocolo de Estambul, son conocidos por las autoridades del gobierno del estado de Jalisco, pues se mencionan en diferentes instrumentos jurídicos de esta entidad federativa, como el Protocolo de  actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en el Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el 28 de junio de 2018. 

Así, la obligación de los distintos niveles de gobierno del Estado Mexicano, ante los hechos descritos, es realizar una investigación pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial, y transparente, en la que pueden resultar necesarias tanto medidas de investigación rutinarias como técnicas altamente especializadas y mediante una estrategia que incluya la rendición de cuentas por todas las decisiones que tome el equipo de investigación (Protocolo de Minnesota). Esto último es particularmente importante subrayarlo dado que la dimensión que ha tomado el caso justificaría, incluso, la creación de un mecanismo especial imparcial de investigación, dado el interés público (Protocolo de Estambul.  

Por otra parte, las autoridades del estado de Jalisco estaban obligadas a garantizar la libre manifestación y seguridad de las personas que participen en manifestaciones en exigencia de verdad, justicia y reparación para Giovanni y su familia.

PRONUNCIAMIENTO

Ante todo lo expuesto, las manifestaciones públicas de las autoridades responsables de la investigación del caso son altamente preocupantes dado que demuestran que, ante los probables hechos de tortura y ejecución extrajudicial de que fue víctima Giovanni López Ramírez, las autoridades no han seguido las directrices internacionales que garantizarían una investigación seria exhaustiva, violando el derecho de las víctimas a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice su derecho a conocer la verdad, a que se realice con debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones a derechos humanos sufridas por ellas, a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con respeto al debido proceso, sean enjuiciadas y sancionadas, así como obtener una reparación integral por los daños sufridos. Las expresiones del Fiscal del Estado y del Coordinador del gabinete de Seguridad estatal denotan un manejo opaco en la información, un desconocimiento flagrante de los principios que deben guiar la investigación de una muerte bajo custodia policial, se confunde el papel de los peritos forenses al indicar que ellos son quienes determinarán si la muerte de Giovanni fue producto de dicho “uso de la fuerza”, y se reconoce expresamente que no se ha cumplido el principio de inmediatez. 

Por otra parte, el Gobierno del Estado de Jalisco no sólo está violando el derecho de las víctimas a la justicia, sino que incurrió en nuevas violaciones a derechos humanos ante la manifestación pública de indignación por parte de diversos sectores de la sociedad que el 4 de junio de 2020 se manifestaron en  la capital del estado. 

En este sentido, las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades estatales y federales, así como a los Organismos Públicos de Derechos Humanos, lo siguiente:

  1. Reconocer la privación de la vida de Giovanni López Ramírez como resultado de violaciones graves a los derechos humanos y garantizar una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente. 
  2. Garantizar que las investigaciones penales y por violaciones a derechos humanos se realicen conforme a los estándares y protocolos internacionales para casos de muertes potencialmente ilícitas, tales como el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota.
  3. Prevenir la comisión de nuevas violaciones de derechos humanos, garantizando los derechos a la libre manifestación, la seguridad, integridad personal  y libertad de las personas que exigen justicia para Giovanni. 
  4. Iniciar de oficio las carpetas de investigación y quejas correspondientes por probables actos de tortura en el marco de la manifestación del 4 de junio de 2020 en Guadalajara, Jalisco. 
  5. En los casos de personas que denuncien tortura durante su detención, iniciar las investigaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
  6. Garantizar la integridad y el derecho a defender los derechos humanos de las y los integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y periodistas que realizan la documentación las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones del 4 de junio de 2020.

Demandamos una investigación por probables hechos de tortura y ejecución extrajudicial de Giovanni López Ramírez.

Repudiamos la política criminal que aplica el gobierno de Jalisco caracterizada por una violación sistematica a los derechos humanos.

Daremos seguimiento a las detenciones arbitrarias, al uso desproporcionado de la fuerza y probables actos de tortura ocurridos durante la manifestación realizada el 4 de junio de 2020 en Guadalajara, Jalisco.

Atentamente

CENTRO DE JUSTICIA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO A.C.

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

COMITÉ DE DEFENSA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS, GOBIXHA A. C.

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS  TOALTEPEYOLO

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Comunicado Pronunciamiento

El acuerdo para combatir el COVID-19 publicado por el Gobierno de Jalisco necesita un enfoque diferenciado y perspectiva de DDHH para su implementación

Al Gobierno del Estado de Jalisco

A las autoridades municipales del estado de Jalisco

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

A las universidades públicas y privadas

A los medios de comunicación 

A la sociedad jalisciense en general

El pasado 19 de abril, el gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez  publicó en el Periódico Oficial el acuerdo DIELAG ACU 026/2020, mediante el cual decretó diversas medidas obligatorias para prevenir y contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19. 

Dichas medidas consisten en el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública, sitios de consumo y transporte público; el resguardo domiciliario obligatorio; la suspensión de actividades no esenciales; la prohibición de eventos o congregaciones de más de 50 personas; la suspensión de fiestas patronales, festividades cívicas o comunitarias y la prohibición del uso de espacios públicos como parques, jardines, plazas y unidades deportivas.

En este acuerdo también se establece que aquellas personas que no cumplan con las medidas establecidas se les impondrán sanciones de carácter administrativo tales como: amonestación con apercibimiento, multas, clausuras parciales y totales a empresas y establecimientos, y arresto hasta por 36 horas. Asimismo, se menciona que las sanciones se basan en lo establecido en el artículo 417 y 427 de la Ley General de Salud y los artículos 345 y 356 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, y que serán las autoridades municipales las encargadas de verificar el cumplimiento de las medidas.

Desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD), estamos convencidas que, ante la situación de contingencia sanitaria que enfrentamos es indispensable implementar medidas de emergencia para hacer frente a la situación y prevenir un mayor número de contagios. Sin embargo, no debemos olvidar que, tal como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Resolución No. 01/20, las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades, encaminadas a la atención y contención del virus, deben basarse en la protección de la dignidad humana y los derechos humanos que se derivan de la misma, teniendo en consideración el impacto diferenciado de la aplicación de estas en los derechos de los grupos que históricamente han sido discriminados o que se encuentran en especial vulnerabilidad. Además se deben considerar las necesidades de los diferentes grupos de la población, incluyendo a las personas en condición de desigualdad y pobreza, situación de calle, comunidades indígenas y personas migrantes.

En Jalisco, la situación de pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y la falta de vivienda, así como las altas tasas de trabajo informal e ingresos precarios que afectan a un número importante de personas, dificultan e impiden que muchas de ellas no puedan cumplir con las medidas impuestas en el acuerdo publicado desde el gobierno estatal, por lo que advertimos que no está desarrollado acorde a las condiciones sociales de los grupos en situación de vulnerabilidad en la entidad. 

En este sentido, nos preocupa que la implementación del acuerdo derive en la comisión de violaciones a los derechos humanos debido a la ausencia de criterios y reglas de sanción y actuación en el desarrollo de las medidas establecidas,  tales que se podrían manifestar en abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, extorsión, el uso excesivo de la fuerza, actos de discriminación y la comisión de tortura o desaparición forzada. 

Advertimos que dicho documento omite referenciar diversos artículos contenidos en el Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud y el Título Décimo Cuarto y Décimo Quinto de la Ley de Salud del Estado de Jalisco en donde se establecen de manera puntual los criterios y procedimientos en los cuales se basará la decisión sobre la implementación de cada una de las sanciones mencionadas anteriormente, así como el procedimiento que las autoridades deberán llevar a cabo para la imposición de las mismas y los recursos de impugnación que las personas pueden interponer ante estas. Por tanto, nos preocupa que las autoridades municipales del estado apliquen las sanciones de manera arbitraria y que las mismas no se encuentren debidamente fundamentadas y  motivadas, tal como lo exigen las leyes en materia de salud. 

Lo anterior preocupa aún más luego de la información que los medios de comunicación difundieron acerca de la cantidad de personas arrestadas a partir de la publicación del acuerdo. Hasta el momento en el que es publicado este comunicado suman al menos 72 personas arrestadas por supuestamente agredir a elementos de seguridad pública tras el exhorto a utilizar tapabocas, cifra que es alarmante en relación con los cuatro días en los cuales se han venido implementado dichas medidas. Así mismo el 21 de abril Alfaro Ramírez en sus redes sociales informó que a seis personas no se les permitió entrar a la entidad, ya que “presentaban síntomas de que pudieran ser posibles portadores del virus”. Esto constituye actos discriminatorios y violatorios del derecho al libre tránsito, el cual se encuentra contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que sólo puede ser limitado por el Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Además, es importante señalar que este tipo de medidas no se establecieron en el acuerdo promulgado, por lo que carecen de sustento legal. 

Aunado a lo anterior, es preocupante la falta de información sobre las sanciones interpuestas, ya que los datos conocidos hasta el momento solamente han sido difundidos por los medios de comunicación y no es claro el canal institucional a través del cual se  informará a la sociedad en general.

 Además, ante las condiciones en las que se encuentran los lugares de detención en Jalisco, la medida del arresto en lugar de contribuir a la prevención de la propagación del virus, puede generar una mayor posibilidad de contagio entre las personas detenidas.

Lo antes descrito además está encaminado hacia la criminalización de la población y pone en cuestión su eficacia en la prevención de la propagación del virus en la entidad. Por lo tanto, es importante que el Gobierno de Jalisco justifique la implementación de las medidas de manera fundada y motivada a través del uso de la fuerza pública y la limitación de los derechos a la libertad personal y la libertad de tránsito. 

Este último punto cobra aún más relevancia ya que diversos organismos internacionales han manifestado la importancia de que la implementación de todas las medidas de emergencia sean legales, proporcionadas, necesarias, no discriminatorias y que las fuerzas de seguridad deben estar sometidas a los mecanismos de control y rendición de cuentas. Tomando en consideración el contexto y los antecedentes de las graves violaciones a los derechos humanos, “la crisis puede crear un pretexto para adoptar medidas represivas con objetivos, sin relación con la pandemia”, por lo que dichas medidas deben tener un ámbito y una duración específicas y adoptar el enfoque menos intrusivo posible para proteger la salud pública .

Asimismo, a fin de reforzar las garantías de derechos humanos en la aplicación de medidas sanitarias, es esencial contar con claridad en cuanto a las facultades de cada una de las autoridades encargadas de implementarlas. En relación con lo anterior, genera incertidumbre que a pesar de que  la Ley de Salud del Estado de Jalisco de manera clara limita las funciones de la policía municipal en la aplicación de las medidas, otorgándoles solamente un papel auxiliar ante el incumplimiento de las mismas, las autoridades de Jalisco colocan a la policía municipal como la principal responsable de asegurar la implementación del acuerdo. Esto preocupa aún más ante los escenarios que se han dado en los últimos días y previamente señalados, en los cuales resultaron violados múltiples derechos fundamentales de las personas.

Considerando lo anterior y ante la necesidad de contar con medidas claras, oportunas  y eficientes que abonen a la adecuada atención y prevención del Covid-19, desde el CEPAD realizamos las siguientes propuestas:

Al Gobierno del Estado:

Que con base a un diagnóstico exhaustivo sobre los impactos diferenciados del COVID-19 en los distintos municipios de Jalisco y las implicaciones de contagio en las zonas de mayor vulnerabilidad e incidencia, y con la participación de autoridades municipales y la sociedad civil, diseñen y emitan de manera urgente un protocolo homologado de actuación para la implementación de las medidas de seguridad sanitaria.

Este protocolo  debe incluir como mínimo:

  • El listado de las medidas de seguridad sanitaria y las sanciones previstas en caso de su incumplimiento, conforme a la Ley General y Estatal en Materia de Salud.
  • Alcances y criterios para la imposición de cada una de las sanciones.
  • Lineamientos de actuación y mecanismos de coordinación de las autoridades estatales y municipales, detallados y concretos.
  • Una distribución clara de funciones entre las autoridades encargadas de la implementación del protocolo.
  • Un mecanismo de rendición de cuentas y supervisión sobre la implementación de las medidas señaladas en el acuerdo, mismo que sea difundido de manera pública. 
  • La creación de un registro público referente a las medidas de arresto interpuestas.
  • Medidas de protección para las autoridades correspondientes a fin de prevenir contagios del virus.
  • La capacitación de las autoridades sanitarias correspondientes de acuerdo a la norma, con base en los alcances y la aplicación de las medidas señaladas.
  • Criterios de homologación vinculantes para todos los municipios, partiendo de que su aplicación debe tener como base un enfoque diferenciado, considerando las condiciones socio-económicos de la población de cada municipio, así como la presencia de los grupos en situación de vulnerabilidad y la incidencia del COVID-19.
  • Que se asigne a una persona de enlace dentro de cada uno de los ayuntamientos municipales para el seguimiento y supervisión de la implementación del Protocolo.

Resulta esencial que dicho protocolo contenga reglas y disposiciones explícitas a fin de garantizar la certidumbre jurídica y evitar la posibilidad de actuación arbitraria por parte de las autoridades. Asimismo, los lineamientos de actuación deben basarse en lo señalado en los títulos Décimo Cuarto y Décimo Quinto de la Ley de Salud del Estado de Jalisco e incorporar las garantías de derechos humanos y el enfoque diferenciado, considerando la situación de exposición de riesgo y los impactos que se generan en diferentes sectores de la población jalisciense.

Del mismo modo, para una correcta aplicación del protocolo propuesto, se requiere un alto grado de preparación, sensibilización y formación en materia de derechos humanos. Lo anterior, a fin de garantizar un trato basado en la dignidad de las personas y evitar la criminalización e interposición de sanciones de manera arbitraria.

Una vez que el protocolo sea diseñado y desarrollado, se deberá informar de manera periódica a la sociedad en general por todos los medios y canales de difusión disponibles y de mayor alcance, tomando en consideración la condición social de la población jalisciense. 

Además, se deberá informar respecto a las medidas implementadas y los resultados de las mismas, a la luz del principio de máxima publicidad y transparencia, en donde se especifique el dato estadístico de amonestaciones y apercibimientos, cantidad de multas impuestas, establecimientos o comercios clausurados de manera temporal y definitiva, y la cantidad de arrestos llevados a cabo (especificando el tiempo de horas que la persona quedó detenida). Además, toda esta información tendrá que presentarse de manera desglosada por fecha, municipio, sexo y edad de las personas, así como la causa por la cual se impuso la sanción correspondiente, a fin de que se pueda llevar a cabo un control y verificación de las sanciones interpuestas.

Asimismo, tendrá que contribuir a generar medidas que abonen a la educación y al aumento de conciencia social sobre la pandemia, los riesgos de la crisis sanitaria y las formas de prevención, así como la generación de posibilidades de apoyo más integrales a diferentes sectores de la población afectados, y no solamente enfocarse en las medidas de carácter restrictivo a los derechos de las personas.

Será necesario también que se generen mecanismos de participación ciudadana, con la presencia de especialistas en materia de salud, seguridad, derechos humanos y género, entre otras, a fin de formular y evaluar la eficacia y los impactos de las políticas públicas ante la situación de pandemia.

A las autoridades municipales del Estado de Jalisco:

  • Que valoren y evalúen, en conjunto con las autoridades sanitarias a nivel estatal, el papel de la policía como autoridad auxiliar en la examinación y aplicación de las medidas, toda vez que su participación como fuerza de seguridad y su falta de capacitación en prevención sanitaria podrían colocar a las población en una situación de vulnerabilidad. Esto por la experiencia previa del involucramiento de policías en violaciones a derechos humanos, así como la falta de preparación y nulas facultades en la aplicación medidas sanitarias de prevención. Además puede generar contagios en las corporaciones de seguridad al exponerlas de manera innecesaria.
  • Que al momento de la aplicación y control de la implementación de las medidas frente a la pandemia del COVID-19, presten atención especial y diferenciada a las necesidades y los impactos que se generan en diversos grupos de población históricamente discriminados y en especial su situación de vulnerabilidad.
  • Que en la implementación de las medidas frente a la pandemia de COVID-19 consideren la situación de pobreza extrema, la falta de acceso a los servicios básicos y la ausencia de trabajo formal que afecta a gran parte de la población jalisciense.
  • Que elaboren un registro de las medidas y sanciones interpuestas, comtemplando las características mencionadas anteriormente. Este registro deberá ser compartido al gobierno estatal con el fin de que sirva como base para la rendición de cuentas a la ciudadanía.

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco:

  • Que ante las violaciones a los derechos humanos y actos discriminatorios cometidos en el contexto de la pandemia, participe de manera proactiva en el proceso de diseño, implementación y evaluación de un protocolo homologado de actuación a fin de garantizar que el mismo cumpla con los mejores estándares internacionales en la materia e incorpore la perspectiva de derechos humanos.
  • Que genere un mecanismo de seguimiento de carácter continuo de la aplicación de acciones y medidas de seguridad sanitaria por parte de las autoridades estatales y municipales, a fin de garantizar que se encuentren apegadas al respeto de los derechos humanos y, en caso de advertirse que se cometió alguna violación, realicen las acciones jurídicas y públicas correspondientes, y abran las quejas, iniciando con el proceso de integración de las mismas.

A las Universidades Públicas y Privadas:

  • Que contribuyan con el monitoreo y seguimiento de las acciones y medidas implementadas por las diversas autoridades estatales y municipales, a fin de garantizar que éstas se lleven a cabo en consonancia con el respeto de los derechos humanos.
  • Con la finalidad de que la información sobre las medidas de seguridad sanitaria previstas ante la pandemia sean socializadas de manera adecuada con la población jalisciense, que realicen acciones que abonen a la difusión de las mismas a través de sus canales de difusión institucionales, y de esta manera contribuyen en la construcción de conciencia social y el respeto hacia los derechos humanos ante la contingencia.

A la sociedad en general: 

  • A los sectores privilegiados que pueden llevar a cabo el distanciamiento físico, los invitamos a que valoremos las medidas en virtud de la coyuntura que vivimos y ante la amenaza de saturación en los servicios de salud. Esto con el fin de que podamos avanzar solidariamente, y en la medida de nuestras posibilidades y condiciones, hacia una normalización escalonada de las actividades cotidianas después de la fase 3, iniciadas por el gobierno federal este martes 21 de abril.
  • Asumamos un rol responsable desde la sociedad, evitando la incitación desinformada a no tomar las medidas y la criminalización a las poblaciones que no tienen el privilegio de contar con las condiciones socioeconómicas necesarias para llevar a cabo las medidas dictadas. Busquemos generar y consolidar procesos de empatía y solidaridad que se vean materializados en medidas de apoyo social para las personas que se ven más afectadas. En este aspecto, las Organizaciones de la Sociedad Civil y el sector privado tienen funciones esenciales que desempeñar.
  • Ante el preocupante panorama que nos plantea el COVID-19, incluso como un punto de ruptura en la vida cotidiana, desde el CEPAD invitamos a la reflexión que las medidas que tomemos para prevenir contagios se realicen bajo el objetivo de un “distanciamiento físico”, tal como lo propone la Organización Mundial de la Salud (OMS), y no a fin de garantizar un “aislamiento social” al cual se refiere el gobierno estatal. En este sentido, ante la gravedad de la pandemia resulta esencial mantener y fortalecer nuestras relaciones e ir construyendo una sociedad solidaria, consciente y sensible, y en todo lo que hagamos, no olvidarnos que “la amenaza es el virus, no las personas”.

Referencias: 

Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad sanotaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemía de COVID-19. Periódico Oficial del Estado de Jalisco (19/04/20) https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/04-19-20-bis.pdf

Alfaro Ramírez en Twitter (21/04/2020) https://twitter.com/EnriqueAlfaroR/status/1252607160707698688 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Resolución No. 01/20. (10/04/20) https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres (23/04/2020) http://www.onu.org.mx/retroceso-en-los-derechos-humanos-por-pandemia-es-inaceptable-guterres/

Human Rights Watch. “El Salvador: Police Abuses in Covid-19 Response” (15/04/20) https://www.hrw.org/news/2020/04/15/el-salvador-police-abuses-covid-19-response

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Boletín de prensa Pronunciamiento

Exigimos la intervención de la PGR para que investigue la responsabilidad de las autoridades de Jalisco, en el caso de los 300 cuerpos depositados en tráilers.

Guadalajara, Jalisco a 19 de septiembre de 2018

Exigimos la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República para que investiguen las violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad de las autoridades de Jalisco, respectivamente, en el caso de los 300 cuerpos depositados en los tráilers.

  • Que el Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, solicite a la Procuraduría General de la República ejercer la facultad de atracción para que de manera imparcial se investiguen los hechos.
  • Que se destituya al Fiscal General de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez para que no interfiera en las investigaciones.

El Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas “Por Amor por Ellxs” y las organizaciones civiles Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco (Cladem), manifestamos nuestro más profundo rechazo por el trato dado a los 157 cuerpos de personas no identificadas por parte de funcionarios del Gobierno del Estado de Jalisco, personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), incumpliendo con sus obligaciones de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas, actuando de manera inhumana y sin pleno respeto de la dignidad, tratando a las víctimas como objetos de violencia y no sujetos autónomos de derechos.

La anterior situación evidencia la saturación y el rezago en el tema de personas desaparecidas y no identificadas, siendo éste un reclamo durante los últimos años por quienes suscribimos este comunicado, sin que a la fecha se haya materializado en dotar a dichas instituciones involucradas de los recursos humanos y financieros suficientes y necesarios, lo cual demuestra que la magnitud de la violencia, sumado a la problemática de las desapariciones, no es una prioridad para el Gobierno de Jalisco, pero lo que sí sobresale es su incapacidad operativa, debilidad institucional y ausencia de coordinación y comunicación.

Queremos insistir en que la violencia e inseguridad generadas en nuestra entidad en los últimos doce años, es el resultado de la corrupción y la impunidad que ha caracterizado a los gobiernos estatales y municipales, dejando a la sociedad en general a merced de las organizaciones criminales y de la delincuencia común, al grado que desaparecer a una persona no puede tener más consecuencias que la de la conciencia de quien la comete.

Igualmente queremos expresar que los hechos que han indignado a nuestra comunidad, al país y a el resto del mundo donde ha llegado la noticia, representa un ejemplo del trato que las autoridades de la Fiscalía General de Jalisco han dado durante todos estos años a los y las familiares de personas desaparecidas, y su nulo compromiso con las acciones de búsqueda e investigación para dar con el paradero de sus seres queridos.

Debido a la grave situación de violaciones a los derechos humanos en Jalisco, le solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República, que ejerzan sus facultades de atracción y conozcan e investiguen los hechos de los cuerpos depositados en un tráiler, lo anterior por tratarse de acontecimientos de interés y trascendencia pública, y que lastíma la dignidad de una sociedad que se niega a normalizar la violencia, vivir con indiferencia y miedo. En este caso, la situación del abandono de los cadáveres y las condiciones de su resguardo son claramente violatorios a los derechos y principios establecidos en la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda y la Ley General de Salud.

Exigimos que se investiguen de manera exhaustiva y expedita los hechos y se sancione a las personas responsables que conforman el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Gobierno del Estado de Jalisco, para que el caso no quede en la impunidad.

Finalmente, solicitamos que el Secretario General del Gobierno convoque a la reunión de la Comisión Interinstitucional, con la finalidad que exponga a colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil la información relativa al caso.

Colectivo Por Amor a Ellxs.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. Cepad

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, CLADEM.

 

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Pronunciamiento Sin categoría Tortura

Posicionamiento de CEPAD respecto a la iniciativa de Ley Estatal para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura en el estado de Jalisco

En 2010 el CEPAD publicó un documento denominado Análisis de la Tortura en Jalisco 2000-2009[1], cuyos datos y cifras fueron obtenidas en distintas solicitudes de información pública requeridas a las Unidades de Transparencia de organismos y dependencias públicas que tienen bajo sus atribuciones y obligaciones participar en los procesos de investigación, sanción, prevención y erradicación de la práctica de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  
Durante el periodo investigado se registraron 933 expedientes de queja por esta grave violación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), dando un total de 1343 personas las que señalaron haber sido víctimas de tortura. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fue la dependencia con más imputaciones con 803 quejas. Del seguimiento a estos casos el organismo público no ha informado nada.
En el periodo de 2010 hasta abril de 2014 se tienen registradas ante la CEDHJ 49 expedientes de queja (hasta febrero de este año solamente una queja está registrada). El CEPAD ha denunciado públicamente el alarmante e injustificado descenso en el número de quejas por tortura presentadas ante el organismo público desde la entrada de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián (2007 a la fecha). Asimismo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no utiliza el Protocolo de Estambul como herramienta para dictaminar los presuntos actos de tortura, así lo manifestó Carlos Daniel Barba Rodríguez, director de Dictaminación Pericial de dicho instituto, quien sostuvo que “el Protocolo de Estambul como tal no es un documento que te establezca con punto y coma qué es lo que tú tienes que hacer”.[2] Incluso, a petición expresa del CEPAD mediante solicitud de información pública, el propio IJCF respondió que: “… no se practican evaluaciones para determinar la existencia de presunta tortura, por lo que no hay un registro de ello;” [3]
No obstante que el 21 de diciembre de 1993 fue publicada la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura en Jalisco, hasta el día de hoy no se ha investigado ni sancionado a los autores materiales e intelectuales de las miles de víctimas de este flagelo.
Desde luego que el CEPAD saluda cualquier iniciativa que impacte en la eliminación y erradicación de la tortura en Jalisco como es la iniciativa de Ley Estatal para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura. Sin embargo, insistimos que el problema no está en la legislación, sino en la impunidad de los criminales.
Queremos manifestar que quienes integran el Congreso local igualmente están involucrados con que la tortura persista, pues tendiendo las facultades constitucionales para citar a los titulares de las dependencias directamente vinculados con la prevención, investigación, sanción y la reparación del daño, para que expliquen públicamente las razones por las cuales no han implementado las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura (CAT), el Subcomité con la Tortura (OPCAT) y las del Examen Periódico Universal (EPU) todos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ni aplicado la actual legislación contra la tortura.
Se les recuerda a todas las autoridades de Jalisco, que sus obligaciones son: promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, las cuales fueron integradas en el artículo 1º de la Carta General de la República en la reforma constitucional de junio de 2011; asimismo, tienen el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. No cumplir con sus obligaciones y deberes implica impunidad y perpetuar esta grave violación a los derechos humanos en el sistema de justicia en Jalisco.  

[1] El documento puede ser consultado en línea  https://www.cepad.org.mx/panel/novedades/pdf/tortura.pdf
[2] Mural, 29 de septiembre de 2013, Seguridad, página 5.
[3] Respuesta del IJCF a solicitud de información pública, Expediente UT/053/2013, oficio IJCF/UT/178/2013, punto D, fechado el 16 de julio de 2013 y suscrito por la Mtra. Alicia Ortega Solís.