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Boletín de prensa Sala de prensa

Exigencia de una sentencia protectora y garante de los derechos del pueblo Coca de Mezcala

Guadalajara, Jalisco a 12 de marzo de 2019

La Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción, Jalisco y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), convocamos a los medios de comunicación a la Rueda de Prensa con motivo de los alcances de la sentencia que próximamente dictarán los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal de Jalisco, en la que revocarán o confirmarán la injusta resolución de los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, del 25 de junio de 2018, que condena a once comuneros de Mezcala a penas privativas de la libertad y al pago de la reparación del daño a las cosas, en un proceso plagado de violaciones procesales.

Fecha: Miércoles 13 de Marzo de 2019
Hora: 10:00 am.
Lugar: Casa CEM, Centro de Cultura y Educación Ambiental
Domicilio: Av. Chapultepec Sur #376, esquina Guadalupe Zuno, colonia Americana.
Guadalajara, Jalisco. México. (google maps)

Los Magistrados de la Sexta Sala confirmaron la cuestionada sentencia de fecha 27 de mayo de 2015, pronunciada por el juez Oscar Martín Morales Vázquez, Juez Penal del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Jalisco, donde se destacan las violaciones a los derechos humanos procesales de integrantes de la comunidad indígena de Mezcala.

Por lo anterior, la comunidad indígena de Mezcala, a través de sus representantes, convocan a la Rueda de Prensa donde expresarán su posicionamiento frente al próximo fallo, y las acciones respecto a la situación de su territorio que ha sido invadido desde 1999.

 

Para más información,
escríbenos a comunicacion@cepad.org.mx
Oficina del Cepad
Teléfono: 01 (33) 3613 4066

Manuel Jacobo
Miembro de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción
Celular: (045) 33 2076 7676

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Comunicado Personas Desaparecidas Sala de prensa

Ley de desaparición… ¡ YA !

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México
exige que se apruebe la Ley de Desaparición inmediatamente
y que cuente con presupuesto para operar

Ciudad de México, agosto 29, 2017.

Desde el 2015 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (movNDmx) articula a más de 40 colectivos de familiares de personas desaparecidas para generar una propuesta de Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares que tiene como principal característica una Comisión Nacional de Búsqueda. A dos años de la propuesta y de arduas negociaciones con el Senado de la República y Gobierno Federal, estamos a la espera que la Cámara de Diputados dictamine la Ley en las primeras semanas de septiembre de 2017.

Hoy, en el día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en un contexto en donde las desapariciones en México aumentan considerablemente día a día, las Familias del movNDmx estamos realizando actividades en Saltillo, Torreón, La Laguna, Piedras Negras, Nuevo León, Zacatecas, Guadalajara, Ciudad Juárez y Ciudad Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Coatzacoalcos y en la Ciudad de México, para exigir a la Cámara de Diputados que dictamine de forma inmediata la Ley de Desaparición y que asegure que la misma cuente con suficiente presupuesto para operar adecuadamente en cuento entre en vigor. La voluntad política del Estado se verá reflejada tanto en la aprobación de la Ley como en facilitar todos los recursos a su alcance para que ésta se implemente de forma adecuada.

También, las familias pedimos que la Ley no se someta a cambios, ya que, ya ha sido discutida, negociada y consensada por las familias, el Senado de la República y Gobierno Federal, por dos años. Las familias, las víctimas de desaparición y el país no podemos esperar más para tener la Ley de Desaparición. El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las miles de personas desaparecidas en el país y sus familias y en unos días las Diputadas y los Diputados tendrán la oportunidad de cumplir uno de los compromiso que tienen con las familias y aprobar la Ley.

El país necesita una Ley que sea un instrumento que impulse la transformación tan anhelada que esperamos como familias. Sería una legislación que de implementarse correctamente y con un presupuesto suficiente podría romper el círculo histórico de dolor, impunidad, revictimización y miedo, además podría abrir una rendija de luz, una satisfacción mínima en comparación al dolor de perder a un ser querido, será una herramienta necesaria para no perder la esperanza de tener justicia y reparación.

Además, en este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, quienes integramos el movNDmx nos sumamos a la campaña de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para pedir que México reconozca la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias individuales. Ante la impunidad existente en México las familias también queremos tener la opción de recurrir a los mecanismos internacionales especializados de la ONU para hacer valer nuestros derechos.

Por último, dedicamos este día a:

  • Nuestros Desaparecidos por Motivos Políticos de los 60, 70 y 80, los buscamos.
  • Nuestros hermanos indígenas de la guerra de contrainsurgencia de los 90 en Chiapas, los buscamos
  • Nuestros hermanos de iguala, los buscamos
  • Nuestros hermanos migrantes de México y Centroamérica, los Buscamos
  • A todas las personas desaparecidas en México, las buscamos
  • Porque nos faltan a todas y todos ¡No pararemos hasta encontrarlas y encontrarlos!

Atentamente:

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES (Nuevo León); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD); Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo el Solecito de Veracruz; Colectivo Solecito Córdoba; Colectivo Solecito Cardel; Colectivo Solecito Tierra Blanca; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, “Alzando Voces” COFADDEM (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A. C.; Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Familiares de Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Familiares de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM) (Chihuahua); Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Familiares Enlaces Xalapa (Veracruz); Búsqueda María Herrera Xalapa; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos –Región Sureste (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos – Región Laguna (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Colectivo Madres Unidas (Chihuahua); Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala; COFAMIPRO- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras; COFAMICENH- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras; Plataforma de Víctimas de Desaparición en México (Distrito Federal); Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C.; Red Eslabones por los Derechos Humanos: Eslabones Nuevo León, Eslabones Estado de México, Eslabones Morelos y Eslabones Michoacán; Red Nacional de Enlaces;  Regresando a Casa Morelos; Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C.; Voces Unidas por la Vida, Sinaloa.

Organizaciones de la sociedad civil que acompañan al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

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Carlos Peralta COMUNICADO Sala de prensa

El desarrollo y la contaminación del agua

Tlaquepaque Jalisco a 23 de agosto 2017

Por: Dr. Carlos A. Peralta Varela

En otras participaciones he mencionado que el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, forma parte de nuestra Constitución e implica que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Los gobiernos, en el caso mexicano, se han comprometido en asegurar el agua, sin embargo no son igual de corresponsables en lo relativo al saneamiento y tratamiento del agua permitiendo que se viertan contaminadas a los afluentes. Deberíamos considerar seriamente el ciclo urbano del agua que si bien implica llevar casas a los hogares, también obligaría a limpiar el agua que usamos, el tratamiento del agua debe formar parte fundamental, no solo de discurso, en las políticas públicas y deben impactar en los presupuestos.

En el plano internacional, el Objetivo 6 de los llamados Objetivos para el Desarrollo Sustentables acordados en la ONU, considere que se deberá “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. En función de este objetivo, la ONU se propone varias metas, una de ellas es:

“Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial”.

En el caso de México, los gobiernos han puesto el énfasis en desarrollar infraestructura para satisfacer la cobertura del agua (el acceso al agua), pero no le han dado la misma importancia a atender el problema de la contaminación que generan las descargas.

En este sentido podemos mencionar, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, que de los 2,457 municipios y delegaciones de México, solamente 827 (34%) cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales, evidentemente 1,628 que equivalen a 66%, no cuentan con este servicio. La CONAGUA reconoce en términos generales, que sólo el 57.5%2 de las descargas municipales recibe tratamiento, el resto se vierten sin tratamiento en ríos, arroyos, barrancas, lagos o el mar.

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet)3, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), específicamente en los municipios atendidos por el SIAPA, “existen manzanas que no cuentan con la cobertura de alcantarillado. Zapopan es el municipio que concentra el mayor número de manzanas sin cobertura de alcantarillado: 1,598 manzanas con 97,325 habitantes. Le sigue San Pedro Tlaquepaque con 1,285 manzanas y 99,444 habitantes. Tonalá acumula 1,084 manzanas con una población de 48,605 personas, mientras que Guadalajara sólo cuenta con 3 manzanas y una población de 95 personas sin ese servicio. En cuanto al agua residual, se genera en promedio 16, 734 litros por segundo en el AMG, siendo Zapopan el mayor generador de aguas residuales seguido por Guadalajara y Tlajomulco”.

Pero también en el POTmet se nos informa que aproximadamente tratamos la mitad del agua residual generada. Existen 67 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR); de ellas, sólo 36 se encuentran en operación. Su capacidad colectiva de procesamiento es de hasta 9,076 litros de agua, apenas un poco más de la mitad de las aguas residuales producidas. Esta operación acumulada se encuentra en su mayoría en dos macro plantas: El Ahogado y Agua Prieta, que dan cuenta del tratamiento del 23% y el 72% -respectivamente- del volumen tratado en la actualidad. En resumen mandamos a los afluentes miles de litros de agua sin limpiar que contribuyen a la contaminación de nuestro medio ambiente.

Los gobiernos deben considerar una atención más eficiente al tratamiento de las aguas. No es suficiente con posibilitar el acceso porque también es parte del derecho humano considerar el saneamiento del agua. Deben destinarse recursos para tener inspectores y verificar el cumplimiento de las normas, pero también para el funcionamiento de las plantas de tratamiento. Esto también es parte de nuestros derechos.

 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En México, sólo 34 de cada 100 municipios cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales. Comunicado de prensa núm. 127/17. 17 de marzo de 2017

2 Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos Agua y Saneamiento. 2017. México. Página 11 http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

3 Al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) se puede acceder por la página: http://imeplan.mx/

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COMUNICADO Sala de prensa

La oportunidad que nos regala Trump

Desde su campaña política, Donald Trump presentó una opción.

Para muchos con pensamiento conservador, la opción para volver a anagloriarse en valores tradicionales que han existido siempre y continuarán existiendo; algunos de ellos de superioridad frente a otros, otros “diferentes” a ellos, y por tanto inferiores en diversas condiciones: género, raza, apariencia física, origen étnico o nacional. “Otros”, que representan una amenaza (de esas no razonadas, fomentadas por el poder y afianzadas por los medios de comunicación) fruto del miedo, del miedo más primitivo, como la de que “todas y todos” los musulmanes son malos y nos quieren dañar… El mismo miedo y odio no razonado que propagaban los nazis respecto de los judíos o los homosexuales…

Pero no es esa la opción presentada por Trump que quiero resaltar, sino una que pretende encontrar en todos los acontecimientos, encuentros, acciones, una oportunidad de aprendizaje.

La oportunidad es sólo para quien la ve. Si no la sabemos reconocer, nos pasará por enfrente, sin siquiera darnos cuenta y la perderemos.

La oportunidad la representa el volver a reconocer cuáles son aquellos valores o apuestas que construyen un mundo mejor para todos y todas, no sólo para unos cuántos en el poder, o para los miembros de un Estado-nación; la oportunidad de no contestar con una de la misma calidad y calibre, sino con el elegante guante blanco, con la esperanza de que los niños aprenden mejor con el ejemplo de los padres que con reclamos o sermones que nos dividen más, nos laceran más.

La oportunidad es dejar las diferencias que aparentemente nos separan… sí esas de “nosotros somos los buenos y ellos los malos…”, “nosotros somos los sensibles y ellos los insensibles”, “nosotros somos mexicanos y ellos no…” y recordar lo esencial: que todos y todas somos “seres humanos”, más allá de las condiciones o ideologías; y no sólo recordarlo, sino implementarlo, hacerlo vida.

Por lo tanto, podemos ver las acciones realizadas por Trump como “violaciones de derechos humanos” y tendríamos razón, pero ¿Qué hacer frente a ellas? ¿Cómo decidimos verlas? Eso sí está en nuestras manos.

La defensa de los derechos humanos, implica la exigencia de su cumplimiento por parte de todos y todas, pero también implica su ejercicio y respeto. Lo que no se vale es mirar la paja en el ojo ajeno, y dejar de ver la nuestra. Empecemos por nosotros mismos, por lo nuestro, lo inmediato, y muy probablemente el ejemplo impere más que la queja o la simple actitud de víctima frente al mundo. Esa es la oportunidad de aprendizaje que nos regala Trump.

Gerardo Moya García

Asambleísta del CEPAD

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COMUNICADO Sala de prensa

Mirar de frente a la violencia para promover un cambio estructural

Conmoción, impacto, tristeza y hasta sensacionalismo, fueron parte de las reacciones que surgieron frente al terrible acontecimiento ocurrido en días pasados en una escuela privada en la ciudad de Monterrey, en la que un chico de 15 años de edad disparó contra tres de sus compañeros y su maestra, disparándose luego a sí mismo dentro del aula. El suceso, grabado en un vídeo tomado desde una cámara de seguridad, se filtró a las redes sociales, provocando una serie de reacciones encontradas en torno a su difusión, la ética en los medios, y el riesgo grave de contravenir los derechos de la infancia contenidos en diversos tratados internacionales y leyes de nuestro país.

Son muchas las vertientes de análisis que se pueden hacer ante un hecho como éste; los medios y redes sociales se han dedicado a difundir explicaciones simplistas y alarmistas, que tienden a estigmatizar a los jóvenes y sus familias, a censurar imágenes que muestran una realidad que nos negamos a ver, a buscar justificaciones individuales, patologizantes o deterministas que difícilmente nos permitirán comprender las causas de fondo y hacerles frente, y que a fin de cuentas nos llevan a evadir nuestra responsabilidad como sociedad. Pero las cosas no suceden de manera aislada; para que la violencia emerja y se visibilice, se necesita de un contexto social y cultural que la propicie.

No podemos dejar de ver lo que las imágenes y los hechos nos muestran, por más duro que resulte. Hacerlo nos permite intentar desentrañar la violencia: reflejo de una realidad social, política, económica, moral y cultural de la que surgen las causas por las que un muchacho como Federico actuó como lo hizo, sin detenerse a pensar en sus compañeros y compañeras, en el valor de su vida y la de los demás. Hemos de reconocer que como sociedad no supimos construir un entorno que le ofreciera una razón para imaginar un futuro posible y atractivo, que lo anclara a tener ganas de compartir la vida con su familia y amigos.

Desde la sociedad nos corresponde repensar la manera en que convivimos comunitariamente, la forma en que interactuamos en familia, con nuestros vecinos, amigos, alumnos… para buscar estrategias sensatas y sensibles para evitar que ocurran más tragedias como ésta. Reflexionar con seriedad, y evitar hacer juicios simples, que sólo llevan a soluciones superficiales que no logran trasformar las estructuras sociales. Propuestas emergentes como retomar las revisiones de mochilas, colocar detectores de metales o la ridícula idea de instituir escuelas militarizadas para contener a los alumnos problemáticos, sólo logran criminalizar a los jóvenes sin garantizar nuestra seguridad. Y lo que es peor, son medidas que siembran la desconfianza a través de la imposición disciplinaria y que no contribuyen a construir espacios de respeto, libertad y colaboración, tan necesarios para convivir de manera armoniosa unos con otros.

La complejidad a la que apunta esta situación radica principalmente en el significado que le demos al término seguridad y los medios que estemos dispuestos a dejar que las autoridades empleen para garantizarla y promoverla, lo que de manera natural también atañe a la prevención y la forma de atender cualquier situación de crisis que pueda presentarse en este tema. El cómo concibamos la seguridad escolar definirá a quiénes involucremos en su establecimiento y en su atención, así como la forma en cómo se planteen, diseñen y pongan en práctica los programas y acciones de las diversas políticas públicas orientadas a atenderla, pero también las condiciones con que desde las familias, los hogares y los espacios de convivencia estemos dispuestos a configurar y construir.

Diseñar políticas públicas desde un enfoque de Derechos Humanos y desde una perspectiva de Infancia y Juventud implica necesariamente el reconocimiento de las niñas, los niños y las y los jóvenes como sujetos de derechos. No podemos dar prioridad al concepto de escuelas seguras por encima de ellxs, creando ambientes escolares hostiles que inhiben la asistencia regular a la escuela y la posibilidad de aprender en un espacio de respeto de su integridad personal. La revisión de mochilas, los detectores de metal, la presencia policiaca en las escuelas, son a todas luces reflejo de un trato discriminatorio que los vulnera y criminaliza a través de prácticas cotidianas toleradas por las autoridades y por la sociedad. Es el paso inevitable de la condición de ciudadanos plenos a la de sospechosos permanentes.

El problema de la violencia social que vivimos requiere de acciones profundas que promuevan la transformación estructural y cultural de la violencia, que involucren a niños, niñas, jóvenes, profesorado, directivos, padres de familia y autoridades, en el diseño e implementación de mecanismos que permitan el involucramiento activo de todos en un proceso de reconocimiento del problema, para en forma paulatina ir generando acciones no-violentas (para influir en el curso y resolución pacífica de un conflicto), que configuren los espacios escolares, familiares y comunitarios en ambientes de respeto, tolerancia y armonía.

Aumentar nuestra capacidad de escucha, de acercarnos afectivamente a niñxs y jóvenes, conversar con ellxs, compartir la cotidianidad y estar presentes de manera constante, cuestionando los estereotipos que fomenten la violencia, la humillación y la injusticia, ofreciéndoles miradas alternativas de solidaridad y de compromiso social. Se trata de un proceso de conciencia y transformación entre todos los integrantes de la comunidad, que promueva el mejoramiento de la convivencia social, la cultura de la no-violencia y el buen trato entre todos y todas.

Paola Lazo Corvera

Asambleísta del CEPAD

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Comunicado Sala de prensa

Comunicado FLEPS Protestas 2017 | Frente por la Libertad de Expresión exhorta a todas las autoridades a garantizar la protesta social

Ciudad de México, 4 de enero de 2017.- Derivado de la noticia dada por la Secretaría de Hacienda sobre el aumento del 20% en los precios de la gasolina a partir del 1° de enero de 2017, la reacción de amplios sectores de la sociedad ha sido de descontento y rechazo ante las implicaciones económicas que representa en los hogares mexicanos, por lo que desde el comienzo de este año se han organizado diversas protestas en la mayoría de los estados de la República.

Esta inconformidad social se ha traducido en una serie de manifestaciones, a través de marchas, tomas simbólicas de gasolineras, bloqueos en carreteras, así como plantones frente a edificios gubernamentales, además de existir diversas convocatorias en redes sociales para seguir ejerciendo el derecho a la protesta.

Hasta el día de hoy, en la mayoría de las entidades de la República, al menos 28, se están realizando protestas; es decir, en casi todo el país la gente está expresando su inconformidad, siendo los estados de Chihuahua, Morelos, estado de México, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Zacatecas, Tamaulipas, Chiapas, Michoacán, Campeche, Sonora, Tlaxcala, Durango, Oaxaca, Yucatán, Nayarit, Tabasco y Baja California.

Ante ello, resulta preocupante que desde los primeros días de estas múltiples protestas, ya se han presentado en varias entidades, algunas actuaciones contrarias a la plena garantía de la libertad de expresión por parte de agentes policiales de diversas corporaciones del país, reportándose detenciones, uso de gas lacrimógeno y de equipo antimotines, contra personas manifestantes. Tan sólo el 2 de enero se informó sobre la detención de 6 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional durante protestas en la delegación Iztapalapa, Ciudad de México; así como 5 personas detenidas en Guadalajara y otras 5 después de un bloqueo en la carretera México-Toluca.

Asimismo, en el Estado de México se reportó a través de videos publicados en redes sociales que en Tultitlán y Coacalco se presentaron detonaciones de armas de fuego en el contexto de protestas. De igual forma, se informó que en Mazatlán, Sinaloa, la policía municipal y ministerial reprimieron las manifestaciones que se presentaban en la planta de Pemex La Esperanza del Libramiento Luis Donaldo Colosio. En León, Guanajuato, se registraron actos intimidatorios por parte de las policías estatales contras personas manifestantes contra el aumento del transporte público.

Estos son algunos de los hechos que se han presentado durante los dos primeros días del 2017 en el contexto de las protestas contra el aumento de los precios a la gasolina en México y derivado de las reformas estructurales implementadas por el Estado mexicano, en particular la reforma energética, resulta preocupante que la criminalización contra quien ejerce su derecho a la manifestación siga presentándose en distintas parte del país.

Por lo anterior, las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) hacemos un llamado general a todas las autoridades del país, tanto a nivel federal, estatal y municipal, a que cumplan con sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos, respetando el ejercicio de la libertad de expresión de todas las personas que a lo largo del país se están manifestando contra el alza de precios a la gasolina y se abstengan de toda aquella actuación que vulnere la libertad, seguridad e integridad de quienes se manifiesten.

Asimismo, exigimos a las distintas corporaciones policiales, tanto a nivel estatal como municipal, así como a la Policía Federal, a que se abtengan de realizar cualquier conducta que derive en algún uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública, debiendo privilegiar en todo momento el diálogo y velar por la seguridad de las personas, conforme a sus obligaciones legales y protocolarias, en atención a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.

De igual forma, exhortamos a los organismos estatales de derechos humanos, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que cumplan con su mandato de protección, a efecto de que envíen personal a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas, además de solicitar, conforme a sus facultades legales, las medidas precautorias correspondientes para que las autoridades garanticen y velen por el pleno desarrollo del derecho a la protesta, evitando cualquier acto u omisión que vaya en detrimento de la seguridad, libertad e integridad de las personas.

En México existe un contexto adverso para el pleno ejercicio de la libertad de expresión, habiendo una tendencia cada vez más creciente de medidas que buscan limitar esta libertad, tales como iniciativas o leyes que pretenden regular las manifestaciones conteniendo restricciones desproporcionales, así como agresiones por parte de diversas autoridades en contextos de protesta, tales como detenciones arbitrarias, encapsulamientos, utilización de armas letales y, en general, uso excesivo de la fuerza pública. Por tanto, las autoridades debe cumplir con su mandato de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; particularmente, el derecho a la protesta social, necesario en toda sociedad democrática.

Atentamente
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Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social:
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de DerechosHumanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C.,Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Espacio Libre Independiente Marabunta A.C., Resonar.

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Comunicado Sala de prensa

Carta de apoyo a FUNDEJ contra la cremación de cuerpos no identificados

Guadalajara, Jalisco a 10 de Diciembre del 2015

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz  Gobernador Constitucional de Jalisco

Lic. Jesús Eduardo Almaguer Ramírez Fiscal General del Estado de Jalisco

Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. (Ley General de Víctimas, Artículo 05.)

Con gran indignación nos hemos enteramos que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) ha entregado cenizas de personas presuntamente desaparecidas a familiares que integran Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ). Este hecho violenta los derechos de las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos, quienes se encuentran protegidas por la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.

Algunas de las violaciones que este hecho encierra son las siguientes:

  • Desconocemos que la FGE haya determinado la actuación de todas las diligencias necesarias para la protección, en su máximo posible, de la vida e integridad física y psicológica de las víctimas de desaparición.
  • Tenemos información de que la FGE nunca les comunicó a los familiares de las víctimas que se hayan llevado a cabo exhumaciones en cementerios o fosas clandestinas en donde hubieran indicios de que los cuerpos de sus familiares pudieran encontrarse ahí.
  • La FGE tampoco les informó a los familiares qué tipos de protocolos, procedimientos, y pruebas técnicas y científicas habría de llevar a cabo para lograr la plena identificación y determinación de aquellos cuerpos y/u osamentas encontradas.
  • Consideramos que el estudio de perfil genético es una garantía necesaria para asegurar la identidad de la persona fallecida cuando existen dudas sobre la misma. Esto exige a la autoridad a que se realicen dichos estudios para asegurar la tranquilidad y dignidad de las víctimas.
  • La autoridad nunca respetó la dignidad de las víctimas ni sus costumbres y tradiciones religiosas y culturales con la entrega de esas cenizas.Para esto, basta el ejemplo de la señora Ana Enamorado que, si bien vio fotografías de alguien que podría ser su hijo, aseguró que las fotos no eran pruebas suficientes puesto que ella necesitaba tener pruebas forenses para confirmar que el difunto era su hijo, lo cual es entendible porque para una madre o un padre una prueba de perfil genético puede ser la garantía requerida para constatar esa triste realidad.Por lo anterior, exigimos que por respeto a las víctimas y al dolor que conlleva la tragedia de la desaparición de un ser querido, no se vuelvan a entregar cenizas si no existe una plena identificación vía pruebas técnicas y científicas. Del mismo modo, exigimos que la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se apeguen a los protocolos de derechos humanos, aseguren el acceso a la justicia y a la verdad de los familiares de las víctimas, y determinen con toda certeza que los cuerpos o restos humanos encontrados corresponden a los desaparecidos.
Atentamente
Haz clic para ver firmantes

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC.

Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz – ITESO

Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

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Boletín de prensa Sala de prensa

Miembros de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala quedan absueltos de los delitos fabricados es su contra

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz  Gobernador Constitucional de Jalisco

Lic. Jesús Eduardo Almaguer Ramírez Fiscal General del Estado de Jalisco

El 6 de noviembre de 2015 los magistrados que integran la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justica del Estado de Jalisco, Manuel Higinio Ramiro Ramos (presidente), Celso Rodríguez González y Estaban de la Asunción Robles Chávez, absolvieron del delito de daño en las cosas que les fue imputado de manera infundada a nueve integrantes de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción.

Lo anterior se ubica dentro del marco de la lucha por su libertad y su territorio que la Comunidad lleva en contra del empresario Guillermo Moreno Ibarra, quien desde 1999 ha mantenido una invasión de nueve hectáreas de territorio comunal con el apoyo y anuencia de autoridades estatales y municipales.

En 2011 Moreno Ibarra, junto con su prestanombres, Crescenciano Santana, interpusieron las denuncias ante la Agente del Ministerio Público, adscrita a Poncitlán, Jalisco, Lucero Moreno Murguía, por el delito de robo de un panel solar que el invasor instaló dentro del territorio comunal sin la autorización de la Asamblea de Mezcala. El panel, que alimentaba una bomba de agua que desviaba y retenía arroyos que las comunidades de Mezcala y San Juan Tecomatlán utilizaban para sus actividades agrícolas y ganaderas, fue desmontado y puesto a la disposición de Moreno Ibarra afuera de la Casa Comunal por orden de la Asamblea de Mezcala.

El 27 de mayo de 2015, el Juez Penal del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Jalisco, Oscar Martín Morales Vázquez sentenció a los comuneros a penas privativas de la libertad y al pago de la reparación del daño, avalando las siguientes irregularidades, contenidas en el expediente de la averiguación previa realizada por la agente Moreno Murguía:

  • Violaciones al debido proceso (desde la agencia del Ministerio Público y por el Juez Penal de Ocotlán).
  • Derecho de Audiencia.
  • Violaciones a la seguridad jurídica y personal de los acusados.
  • Privación ilegal de la libertad en contra de Rocío Moreno, miembro de la comunidad.
  • No aplicación del Protocolo para los casos donde se involucren personas, comunidades y pueblos indígenas.
  • No aplicación de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos indígenas de los que el Estado Mexicano es parte.

El 2 de septiembre de 2015, los comuneros de Mezcala acompañados jurídicamente por el CEPAD, interpusieron la apelación donde se hicieron notar todas irregularidades mencionadas.

Los magistrados de la Sexta Sala que determinaron absolver de los delitos imputados a integrantes de la Comunidad, señalaron las irregularidades de la Ministerio Público de Poncitlán, Lucero Moreno Murguía, sin embargo, omitieron deliberadamente analizar el papel del Juez Penal del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Jalisco, Oscar Martín Morales Vázquez, quién fue el responsable de someterlos a 4 años de proceso injusto y sentenciar a penas antes mencionadas.

La falta de rigor y calidad de la sentencia por parte de los magistrados, no sentó algún precedente judicial relevante para los pueblos y comunidades indígenas de Jalisco. Este caso se enmarca dentro de la  criminalización de la protesta social por quienes defienden sus derechos humanos individuales y colectivos, como son a la preservación de sus territorios, bosques, aguas y culturas en contra de los abusos de los poderes públicos y económicos que imperan en la entidad y en todo México.

Atentamente
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Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

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Comunicado Sala de prensa

La Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción recibe fallo favorable en juicio agrario contra Guillermo Moreno Ibarra

Guadalajara, Jalisco, México a 11 de noviembre de 2015

El conflicto agrario que la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción tiene desde 1999 contra el empresario Guillermo Moreno Ibarra por la invasión que éste realizó a una superficie aproximada de nueve hectáreas de territorio comunal, se endureció a partir de que el 10 de septiembre de 2014 el Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, con sede en Guadalajara, Jalisco, dentro del juicio 475/2013, dictó una sentencia definitiva que declaraba procedente la acción de restitución a favor de la comunidad y condenando a Moreno Ibarra y a su prestanombres, Crescenciano Santana Sánchez, a que desocuparan y entregaran el terreno invadido.

Inconformes con esa resolución, Moreno Ibarra y Santana Sánchez solicitaron la revisión de la sentencia al Tribunal Superior Agrario, con sede en el Distrito Federal. El Tribunal aceptó hacer la revisión, bajo el expediente 470/14-15, y ordenó la reposición del procedimiento con el argumento de que Moreno Ibarra probó su condición de comunero de Mezcala y, por tanto, tenía derechos sobre el territorio en cuestión.

La Comunidad, en respuesta a la resolución del Tribunal Superior Agrario, promovió un juicio de amparo, bajo el expediente 222/2015-2, alegando que en el tiempo de la invasión, Moreno Ibarra no tenía la condición de comunero y que, además, ningún particular puede tener posesión del territorio comunal pues éste es para uso y goce exclusivo de la Comunidad.
En este juicio de amparo el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Arturo Murguía Mesina, dictó el 19 de octubre de 2015 la resolución respectiva que concede razón y justicia a la Comunidad, al ordenar al Tribunal Superior Agrario dejar sin efecto la sentencia que establece reponer el procedimiento agrario, y dictar una nueva sentencia en la que no considere el argumento de Moreno Ibarra por no tener calidad de comunero al momento en que invadió el terreno comunal. La Comunidad ahora está a la espera de que el Tribunal Superior Agrario dicte una nueva sentencia en la que considere los lineamientos marcados por el Juez Tercero de Distrito.

Con esto la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción dio un gran paso en su batalla por proteger su tierra y su libertad.

Información proporcionada por miembros de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción y el abogado Rubén Ávila Tena, defensor de la Comunidad contra el despojo de su territorio.

 

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Para mayor información contactar a:
Abogado Rubén Ávila Tena
Celular: 3336677902

Vicente Paredes Perales (vocero de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción)
Celular: 3313259551

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Acción urgente Sala de prensa

Se absuelva a integrantes de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de delitos fabricados

AU/CEPAD/01/2015
Guadalajara, Jalisco, a 6 de octubre de 2015

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador del Estado de Jalisco
Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
Magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos Magistrado Presidente de la Sexta Sala Manuel Higinio Ramiro Ramos
Magistrado Celso Rodríguez González
Magistrado Esteban De La A. Robles Chávez

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), es un organismo de la sociedad civil con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, autónomo e independiente, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos. Estamos integrados a la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por 75 organizaciones de la sociedad civil cuya labor fundamental consiste en la promoción y defensa de los derechos humanos en distintas regiones del país. Nuestras actividades se ciñen en lo dispuestos por la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, de las Naciones Unidas. Por tal virtud, acudo ante ustedes a promover la ACCIÓN URGENTE: SE ABSUELVA A INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA COCA DE MEZCALA DE DELITOS FABRICADOS

El CEPAD acompaña jurídicamente a la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de Asunción, Municipio de Poncitlán, Jalisco, en el proceso penal injustamente instaurado en contra de algunos de sus integrantes, acusados por el delito de daños a las cosas en perjuicio del empresario Guillermo Moreno Ibarra, quien desde 1999 se encuentra en posesión ilegal de 10 hectáreas del territorio comunal con la protección de diversa autoridades municipales, estatales y federales. Aunque es una cultura milenaria, la comunidad cuenta con títulos virreinales que datan de 1534 por la corona española y desde 1668 existen documentos que ordenan la restitución de tierras a su favor, reconociéndose sus derechos territoriales y de su isla, así como a sus autoridades comunales.

Antecedentes

A) Ubicada en la ribera norte del Lago de Chapala, la Comunidad Indígena Coca de Mezcala tiene muy presente el movimiento de Independencia, al refugiar a insurgentes buscados por los Realistas tras la derrota de Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Sumada la comunidad Coca a la causa independentista, mantuvo junto con los insurgentes de 1812 a 1816 la defensa de su Isla. Existe un documento del gobierno español donde se compromete a aniquilar al pueblo de Mezcala por ser el único foco de resistencia de los “indios salvajes” en Nueva España. Los pobladores enfrentaron muchas batallas contra militares de la Corona que trajeron marinos incluso desde el puerto de San Blas al “mar chapálico”, y los isleños se hicieron de armas conforme vencían a los españoles. La única arma de Mezcala era la honda, que hasta la fecha se utiliza .

B) En 1999, el empresario Guillermo Moreno Ibarra se apoderó de diez hectáreas del territorio comunal y forestal, motivo por el cual las autoridades indígenas demandaron su inmediata restitución. Después de varios cambios con motivo de los ajustes jurisdiccionales en los Tribunales Unitarios Agrarios, actualmente corresponde conocer al Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, radicado bajo expediente 475/2013. En este procedimiento se dictó sentencia, reconociendo los derechos de la Comunidad Indígena de Mezcala de Asunción, ordenando al Señor Guillermo Moreno Ibarra la desocupación y entrega de la superficie invadida. Con esta sentencia el invasor se inconformó y a la fecha está pendiente se dicte nueva sentencia.

C) Es importante mencionar que a partir de la ilegal ocupación, el invasor ha desmontado un área forestal (bosque) y ha construido una casa en la cima del cerro, resguardada por una malla metálica electrificada y una brecha exclusiva para que circulen sólo sus vehículos. Además ha desviado cauces de barranquillas, todo con la complacencia o permisibilidad de las autoridades del municipio de Poncitlán, Jalisco, de la Comisión Nacional de Agua (CNA), Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente (PROFEPA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Agraria (PA), sin que estas autoridades actuaran, a pesar de las denuncias o quejas presentadas por individuos y el Comisariado del Bienes Comunales.

D) En Asamblea de Comuneros, de fecha 22 de marzo de 2011, se acordó hablar con el invasor Guillermo Moreno Ibarra, para que retirara el panel solar que pretendía instalar en predio “El Comal”, con el propósito de hacer una represa para retener agua y bombearla hasta la finca que construyo en la parte alta del cerro conocido como “El Pandillo”, además provocaría dejar sin agua a los animales de los comuneros y a los que habitan en los cerros cercanos. El 10 de abril de 2011, la asamblea de la comunidad acuerda entrevistarse con el invasor, sin embargo, al pretender hacerlo, en el camino de terracería cerca del predio invadido, fueron recibidos con detonaciones de armas de fuego por personas que se encontraban en las inmediaciones de la casa de Moreno Ibarra. Los hechos fueron denunciados ante la Delegación en Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo la autoridad hasta la fecha ha sido omisa.

Los actos que consideramos dieron motivo a la integración de un juicio injusto, son los siguientes:

Hechos

A) El 14 de abril de 2011, el prestanombres Crescenciano Santana presentó ante la Agente Ministerio Público de Ocotlán, Jalisco, una denuncia en contra de seis integrantes de la Comunidad a la que posteriormente se sumaría el invasor Guillermo Moreno Ibarra. En la integración de la averiguación previa se dieron diversas inconsistencias jurídicas, una de ellas, no menos importante, es que los acusados no fueron citados para que conocieran el contenido de la denuncia, saber quién los acusaba, ni las pruebas que los incriminaban. Es muy importante señalar que en contra de seis de las diez personas no había acusación o querella.

B) La lideresa indígena Rocío Moreno, fue detenida el martes 6 de septiembre del 2011, a las 17:30 horas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por dos agentes de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia. Uno de los agentes se hizo pasar por periodista y, mediante engaños, la citó a través de su teléfono celular para realizarle una entrevista sobre la isla de Mezcala. Estando Rocío Moreno en la puerta del diario Milenio Jalisco, era uno de los dos agentes, haciéndose pasar por miembro de la redacción de dicho periódico, se acercó a ella.

C) El 13 de septiembre de 2011, el Juez Penal resolvió la situación jurídica de Rocío Moreno, dejándola en libertad por falta de elementos para procesar, toda vez que se comprobó que ella, el día de los hechos, estaba en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, atendiendo asuntos escolares. Esta resolución fue apelada por el Agente del Ministerio Público, correspondiendo conocer de la apelación a la Sala Décima Primera, quien confirmó la resolución de libertad. Para evitar su detención, los otros miembros de la comunidad se presentaron al Juez que los requería.

D) El 18 de septiembre de 2011, el Juez Penal resolvió la situación jurídica de los 9 miembros de la Comunidad: Casciano Pérez Magallón, Cirilo Rojas López, Vicente Paredes Perales, Jorge de los Santos Pérez, Manuel Alejandro Jacobo Contreras, José Abraham de la Paz Sanabria, Ismael de los Santos González, Salvador de la Rosa Paredes y Petra Sanabria Claro, decretando auto de formal prisión por el delito de daño en las cosas. Con el depósito de una cuantiosa fianza, fueron dejados en libertad bajo caución.

E) El 27 de mayo de 2015, el Juez Penal de Ocotlán, Jalisco, dictó sentencia en contra de los miembros de la comunidad indígena, teniéndolos responsables del delito de daño en las cosas, condenándose a 8 miembros de la comunidad a la pena de 2 años 6 meses y 15 días de prisión. Esta sentencia fue apelada y en los agravios se hicieron valer las violaciones cometidas al debido proceso y la inobservancia mínima del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.

F) La apelación a la sentencia antes citada, fue turnada a la Sexta Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, integrada por los Magistrados Celso Rodríguez González, Manuel Higinio Ramiro Ramos y Esteban de la Asunción Robles Chávez registrada bajo el Toca número 880/2015. El 2 de septiembre de 2015 se celebró audiencia de vista.

G) Hasta la fecha no se ha dictado sentencia por parte de la Sexta Sala, ni se ha informado el nombre del Magistrado que está a cargo de proponer la sentencia de apelación, esto contraviniendo el derecho a la información que tanto procesados y abogados tenemos en todo tiempo a saber, constituyéndose en una violación al debido proceso.

Por todo lo antes expuesto, exigimos lo siguiente:

Primero. Al Gobernador del Estado de Jalisco, que ordene se investigue los hechos donde interviene el personal del Ministerio Público adscrito a Poncitlán, Jalisco, y determine las violaciones procesales en generadas por el personal, así como al papel que ha jugado el representante social adscrito al Juzgado penal en Ocotlán, Jalisco.

Segundo. Al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, que en el ámbito de su responsabilidad, vigile que se imparta justicia, pronta y expedita, al considerar que miembros de la comunidad indígena han sido injustamente condenados. Así también exigimos dicte medidas necesarias para iniciar procedimiento administrativo en contra del C. Licenciado Oscar Martín Morales Vázquez, Juez de Primera Instancia en Materia Penal en Ocotlán, Jalisco, por las irregularidades graves cometidas y consentidas en el proceso penal de origen y que han derivado en la condena injusta en contra de miembros de la Comunidad Indígena de Mezcala.

Tercero. A los Magistrados integrantes de la sexta sala, exigimos atiendan los agravios planteados, derivados de las violaciones cometidas al debido proceso y a la falta de aplicación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. En consecuencia se absuelva a los condenados (Miembros de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción, Poncitlán, Jalisco) del delito que injustamente se les señala.

Esta petición es formulada bajo el manto de la garantía consagrada en el artículo 8 de la Constitución General de la República.

 

Atentamente
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César Octavio Pérez Verónica
Director ejecutivo
defensa@cepad.org.mx
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD)
Calle Madero 836, colonia Americana Oriente. C.P.44160
Teléfono y fax 52 (33) 3613-4066
Guadalajara, Jalisco. MÉXICO.
https://cepad.org.mx

Los correos a donde hay que dirigir la Acción Urgente

Gobernador del Estado de Jalisco
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Correo electrónico: aristoteles.sandoval@jalisco.gob.mx

http://www.facebook.com/jaristoteles.sandoval
Teléfono: 36681800 extensiones 34814 y 55850

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco:
Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes
presidente@stjjalisco.gob.mx

https://www.facebook.com/SupremoTribunaldeJusticiadelEstadodeJalisco
Teléfono: 12001500 extensión 303

Magistrados integrantes de la Sexta Sala:
Magistrado Presidente Manuel Higinio Ramiro Ramos
maghiginio@stjjalisco.gob.mx
Teléfono: 12001500 extensión 342

Magistrado Celso Rodríguez González
magcelso@stjjalisco.gob.mx
Teléfono: 12001500 extensión 301

Magistrado Esteban De La A. Robles Chávez
magesteban@stjjalisco.gob.mx
Teléfono: 12001500 extensión 344