Categorías
Acción urgente Sala de prensa

Se absuelva a integrantes de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de delitos fabricados

AU/CEPAD/01/2015
Guadalajara, Jalisco, a 6 de octubre de 2015

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador del Estado de Jalisco
Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
Magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos Magistrado Presidente de la Sexta Sala Manuel Higinio Ramiro Ramos
Magistrado Celso Rodríguez González
Magistrado Esteban De La A. Robles Chávez

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), es un organismo de la sociedad civil con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, autónomo e independiente, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos. Estamos integrados a la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por 75 organizaciones de la sociedad civil cuya labor fundamental consiste en la promoción y defensa de los derechos humanos en distintas regiones del país. Nuestras actividades se ciñen en lo dispuestos por la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, de las Naciones Unidas. Por tal virtud, acudo ante ustedes a promover la ACCIÓN URGENTE: SE ABSUELVA A INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA COCA DE MEZCALA DE DELITOS FABRICADOS

El CEPAD acompaña jurídicamente a la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de Asunción, Municipio de Poncitlán, Jalisco, en el proceso penal injustamente instaurado en contra de algunos de sus integrantes, acusados por el delito de daños a las cosas en perjuicio del empresario Guillermo Moreno Ibarra, quien desde 1999 se encuentra en posesión ilegal de 10 hectáreas del territorio comunal con la protección de diversa autoridades municipales, estatales y federales. Aunque es una cultura milenaria, la comunidad cuenta con títulos virreinales que datan de 1534 por la corona española y desde 1668 existen documentos que ordenan la restitución de tierras a su favor, reconociéndose sus derechos territoriales y de su isla, así como a sus autoridades comunales.

Antecedentes

A) Ubicada en la ribera norte del Lago de Chapala, la Comunidad Indígena Coca de Mezcala tiene muy presente el movimiento de Independencia, al refugiar a insurgentes buscados por los Realistas tras la derrota de Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Sumada la comunidad Coca a la causa independentista, mantuvo junto con los insurgentes de 1812 a 1816 la defensa de su Isla. Existe un documento del gobierno español donde se compromete a aniquilar al pueblo de Mezcala por ser el único foco de resistencia de los “indios salvajes” en Nueva España. Los pobladores enfrentaron muchas batallas contra militares de la Corona que trajeron marinos incluso desde el puerto de San Blas al “mar chapálico”, y los isleños se hicieron de armas conforme vencían a los españoles. La única arma de Mezcala era la honda, que hasta la fecha se utiliza .

B) En 1999, el empresario Guillermo Moreno Ibarra se apoderó de diez hectáreas del territorio comunal y forestal, motivo por el cual las autoridades indígenas demandaron su inmediata restitución. Después de varios cambios con motivo de los ajustes jurisdiccionales en los Tribunales Unitarios Agrarios, actualmente corresponde conocer al Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, radicado bajo expediente 475/2013. En este procedimiento se dictó sentencia, reconociendo los derechos de la Comunidad Indígena de Mezcala de Asunción, ordenando al Señor Guillermo Moreno Ibarra la desocupación y entrega de la superficie invadida. Con esta sentencia el invasor se inconformó y a la fecha está pendiente se dicte nueva sentencia.

C) Es importante mencionar que a partir de la ilegal ocupación, el invasor ha desmontado un área forestal (bosque) y ha construido una casa en la cima del cerro, resguardada por una malla metálica electrificada y una brecha exclusiva para que circulen sólo sus vehículos. Además ha desviado cauces de barranquillas, todo con la complacencia o permisibilidad de las autoridades del municipio de Poncitlán, Jalisco, de la Comisión Nacional de Agua (CNA), Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente (PROFEPA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Agraria (PA), sin que estas autoridades actuaran, a pesar de las denuncias o quejas presentadas por individuos y el Comisariado del Bienes Comunales.

D) En Asamblea de Comuneros, de fecha 22 de marzo de 2011, se acordó hablar con el invasor Guillermo Moreno Ibarra, para que retirara el panel solar que pretendía instalar en predio “El Comal”, con el propósito de hacer una represa para retener agua y bombearla hasta la finca que construyo en la parte alta del cerro conocido como “El Pandillo”, además provocaría dejar sin agua a los animales de los comuneros y a los que habitan en los cerros cercanos. El 10 de abril de 2011, la asamblea de la comunidad acuerda entrevistarse con el invasor, sin embargo, al pretender hacerlo, en el camino de terracería cerca del predio invadido, fueron recibidos con detonaciones de armas de fuego por personas que se encontraban en las inmediaciones de la casa de Moreno Ibarra. Los hechos fueron denunciados ante la Delegación en Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo la autoridad hasta la fecha ha sido omisa.

Los actos que consideramos dieron motivo a la integración de un juicio injusto, son los siguientes:

Hechos

A) El 14 de abril de 2011, el prestanombres Crescenciano Santana presentó ante la Agente Ministerio Público de Ocotlán, Jalisco, una denuncia en contra de seis integrantes de la Comunidad a la que posteriormente se sumaría el invasor Guillermo Moreno Ibarra. En la integración de la averiguación previa se dieron diversas inconsistencias jurídicas, una de ellas, no menos importante, es que los acusados no fueron citados para que conocieran el contenido de la denuncia, saber quién los acusaba, ni las pruebas que los incriminaban. Es muy importante señalar que en contra de seis de las diez personas no había acusación o querella.

B) La lideresa indígena Rocío Moreno, fue detenida el martes 6 de septiembre del 2011, a las 17:30 horas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por dos agentes de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia. Uno de los agentes se hizo pasar por periodista y, mediante engaños, la citó a través de su teléfono celular para realizarle una entrevista sobre la isla de Mezcala. Estando Rocío Moreno en la puerta del diario Milenio Jalisco, era uno de los dos agentes, haciéndose pasar por miembro de la redacción de dicho periódico, se acercó a ella.

C) El 13 de septiembre de 2011, el Juez Penal resolvió la situación jurídica de Rocío Moreno, dejándola en libertad por falta de elementos para procesar, toda vez que se comprobó que ella, el día de los hechos, estaba en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, atendiendo asuntos escolares. Esta resolución fue apelada por el Agente del Ministerio Público, correspondiendo conocer de la apelación a la Sala Décima Primera, quien confirmó la resolución de libertad. Para evitar su detención, los otros miembros de la comunidad se presentaron al Juez que los requería.

D) El 18 de septiembre de 2011, el Juez Penal resolvió la situación jurídica de los 9 miembros de la Comunidad: Casciano Pérez Magallón, Cirilo Rojas López, Vicente Paredes Perales, Jorge de los Santos Pérez, Manuel Alejandro Jacobo Contreras, José Abraham de la Paz Sanabria, Ismael de los Santos González, Salvador de la Rosa Paredes y Petra Sanabria Claro, decretando auto de formal prisión por el delito de daño en las cosas. Con el depósito de una cuantiosa fianza, fueron dejados en libertad bajo caución.

E) El 27 de mayo de 2015, el Juez Penal de Ocotlán, Jalisco, dictó sentencia en contra de los miembros de la comunidad indígena, teniéndolos responsables del delito de daño en las cosas, condenándose a 8 miembros de la comunidad a la pena de 2 años 6 meses y 15 días de prisión. Esta sentencia fue apelada y en los agravios se hicieron valer las violaciones cometidas al debido proceso y la inobservancia mínima del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.

F) La apelación a la sentencia antes citada, fue turnada a la Sexta Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, integrada por los Magistrados Celso Rodríguez González, Manuel Higinio Ramiro Ramos y Esteban de la Asunción Robles Chávez registrada bajo el Toca número 880/2015. El 2 de septiembre de 2015 se celebró audiencia de vista.

G) Hasta la fecha no se ha dictado sentencia por parte de la Sexta Sala, ni se ha informado el nombre del Magistrado que está a cargo de proponer la sentencia de apelación, esto contraviniendo el derecho a la información que tanto procesados y abogados tenemos en todo tiempo a saber, constituyéndose en una violación al debido proceso.

Por todo lo antes expuesto, exigimos lo siguiente:

Primero. Al Gobernador del Estado de Jalisco, que ordene se investigue los hechos donde interviene el personal del Ministerio Público adscrito a Poncitlán, Jalisco, y determine las violaciones procesales en generadas por el personal, así como al papel que ha jugado el representante social adscrito al Juzgado penal en Ocotlán, Jalisco.

Segundo. Al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, que en el ámbito de su responsabilidad, vigile que se imparta justicia, pronta y expedita, al considerar que miembros de la comunidad indígena han sido injustamente condenados. Así también exigimos dicte medidas necesarias para iniciar procedimiento administrativo en contra del C. Licenciado Oscar Martín Morales Vázquez, Juez de Primera Instancia en Materia Penal en Ocotlán, Jalisco, por las irregularidades graves cometidas y consentidas en el proceso penal de origen y que han derivado en la condena injusta en contra de miembros de la Comunidad Indígena de Mezcala.

Tercero. A los Magistrados integrantes de la sexta sala, exigimos atiendan los agravios planteados, derivados de las violaciones cometidas al debido proceso y a la falta de aplicación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. En consecuencia se absuelva a los condenados (Miembros de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción, Poncitlán, Jalisco) del delito que injustamente se les señala.

Esta petición es formulada bajo el manto de la garantía consagrada en el artículo 8 de la Constitución General de la República.

 

Atentamente
Haz clic para ver firmantes

César Octavio Pérez Verónica
Director ejecutivo
defensa@cepad.org.mx
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD)
Calle Madero 836, colonia Americana Oriente. C.P.44160
Teléfono y fax 52 (33) 3613-4066
Guadalajara, Jalisco. MÉXICO.
https://cepad.org.mx

Los correos a donde hay que dirigir la Acción Urgente

Gobernador del Estado de Jalisco
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Correo electrónico: aristoteles.sandoval@jalisco.gob.mx

http://www.facebook.com/jaristoteles.sandoval
Teléfono: 36681800 extensiones 34814 y 55850

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco:
Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes
presidente@stjjalisco.gob.mx

https://www.facebook.com/SupremoTribunaldeJusticiadelEstadodeJalisco
Teléfono: 12001500 extensión 303

Magistrados integrantes de la Sexta Sala:
Magistrado Presidente Manuel Higinio Ramiro Ramos
maghiginio@stjjalisco.gob.mx
Teléfono: 12001500 extensión 342

Magistrado Celso Rodríguez González
magcelso@stjjalisco.gob.mx
Teléfono: 12001500 extensión 301

Magistrado Esteban De La A. Robles Chávez
magesteban@stjjalisco.gob.mx
Teléfono: 12001500 extensión 344

Categorías
Comunicado Sala de prensa

Separación temporal del Mtro. Francisco Macías Medina del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)

Guadalajara, Jalisco a 1 de octubre de 2015

A los medios de comunicación
A las organizaciones sociales y civiles
A la ciudadanía en general

El Maestro Francisco Macías es uno de los miembros fundadores del CEPAD, y fue el primer director de la organización. Ha permanecido en la misma colaborando activamente como vocal del Consejo Directivo y como asambleísta. Para sus integrantes ha sido importante su presencia puesto que reconocemos en él a una persona tenaz, capaz, conocedora de los derechos humanos y a un compañero solidario con las causas sociales.

A partir de esta fecha, ha decidido incorporarse al servicio público en el Ayuntamiento de Guadalajara, por lo que dejará de ser miembro activo del CEPAD, incluyendo su colaboración ante los medios de comunicación y eventos públicos, en tanto siga en el servicio público.

El CEPAD expresa públicamente el respeto a las decisiones personales de sus integrantes y manifiesta que como pilar fundamental de las actividades de la organización, está la independencia y la autonomía respecto de gobiernos y partidos políticos.

Las y los asambleístas, así como el equipo operativo del CEPAD, le deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva etapa profesional, con la certeza de que su desempeño ético y su integridad como persona continuarán caracterizándolo.

Atentamente
Haz clic para ver firmantes

A nombre del Consejo Directivo

Dr. Carlos Peralta Varela
Presidente del CEPAD, AC

Categorías
Comunicado Sala de prensa

La impunidad no debe prevalecer ante el asesinato del periodista Rubén Espinosa y de cuatro mujeres en la Ciudad de México

(México, D.F.) El viernes 31 de julio cinco personas fueron asesinadas en un departamento ubicado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Según la información conocida hasta el momento, los cuerpos de las víctimas, cuatro mujeres y un hombre, presentaban señales de tortura.

Entre las víctimas se identificó al fotoperiodista Rubén Espinosa, quien colaboraba con la revista Proceso y con la agencia Cuartoscuro, además de que especializaba en la cobertura de protestas y movimientos sociales. Rubén se trasñadó desde hace dos meses a la Ciudad de México en búsqueda de seguridad tras las amenazas de las que había sido objeto en Veracruz. Horas antes de que se comunicase su asesinato, la organización Artículo19, a petición de sus familiares, denunció la desaparición del reportero.

Otra de las víctimas fue la activista y defensora de derechos humanos Nadia Vera, originaria de Chiapas, quien desde hace un año abandonó Veracruz por amanezas en su contra como represalia a protestas coordinadas en dicha entidad como integrante del movimiento Yo Soy 132, entre otros espacios, y quien vivía en la casa donde fueron encontrados los cuerpos.

Estos asesinatos se producen en medio de un contexto de violencia contra las y los periodistas en todo el país, y con especial incidencia en Veracruz, frente a la cual las autoridades tanto estatales como federales han sido incapaces de cumplir sus funciones. La impunidad generalizada, y la propia participación de autoridades son elementos característicos de la gran mayoría de las agresiones. También las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos se han convertido en una constante en los últimos años, especialmente en el marco de la represión violenta a las protestas sociales, y se ha acompañado por la estigmatización y la criminalización por parte de autoridades.

La violencia de género, incluyendo los feminicidios, es también una constante en México, donde, según datos oficiales seis mujeres son asesinadas cada día, sin que la mayoría de los feminicidos sean investigados y esclarecidos.

Estos elementos deben ser plenamente integrados en la investigación de forma complementaria, mientras no se vayan esclareciendo los hechos.

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social condena los asesinatos y llama a las autoridades a realizar una investigación pronta, expedita e imparcial que esclarezca este atroz crimen, y que tenga en cuenta las amenazas recibidas por Rubén a consecuencia de su labor, el contexto de agresiones contra de la prensa y las y los periodistas en Veracruz, la labor de las personas defensoras de derechos humanos y la violencia feminicida, así como la posible participación de servidores públicos en estos hechos, de forma directa o indirecta.

Estos asesinatos resultan especialmente preocupantes, por las amenazas previas y las denuncias públicas realizadas por Rubén y que no fueron correctamente atendidas por las autoridades, que teniendo la responsabilidad de investigar, brindar seguridad y garantizar un ambiente propicio para el ejercicio periodístico, han fallado en sus responsabilidades, incluyendo la responsabilidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR).

Un alto número de periodistas de otras partes del país han tenido que dejar sus estados y trasladarse a otros lugares, principalmente la Ciudad de México, debido a las amenazas y agresiones derivadas del ejercicio de su necesaria y legitima labor. Este ataque envía un claro mensaje de intimidación para todas y todos los periodistas: No existe un lugar seguro para ejercer el periodismo en México.

Es por todo lo anterior, que el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social llama a las autoridades correspondientes:

  • A garantizar los derechos y la protección de las familias de las 5 víctimas, así como de sus compañeras y compañeros; principalmente, su derecho a la participación durante la investigación, el derecho a la verdad y a no ser revictimizadas durante el proceso de obtención de justicia.
  • A no excluir líneas de investigación relacionadas a la labor de periodista y defensora de derechos humanos, sin haberlas agotado previamente durante la investigación.
  • A investigar la posibilidad de que se trate de feminicidios. Es importante destacar que no se trata de posibilidades excluyentes, sino complementarias, como muestran los numerosos casos de violencia de género contra mujeres defensoras y periodistas que se han registrado en los últimos años en México.
  • A considerar la posible existencia de delitos de competencia federal.
Atentamente
Haz clic para ver firmantes

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.

información adicional

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (www.libertadyprotesta.org) es un espacio compuesto por Organizaciones de la Sociedad Civil y personas defensoras del derecho humano a la libertad de expresión y la protesta social.

Una petición llamando a la pronta investigación de estos asesinatos está disponible en el sitio http://chn.ge/1MDcUwT

Categorías
Comunicado Sala de prensa

San Quintín, escenario de nuevos actos de represión y criminalización de la protesta

Las organizaciones que formamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, manifestamos nuestra preocupación ante los hechos recientes de represión en contra de las y los jornaleros en San Quintín, Baja California, los cuales se enmarcan entre las protestas que han realizado en los últimos meses para exigir condiciones laborales dignas.

Frente a la zozobra en la que se encuentran hombres, mujeres, niños y las niñas en San Quintín, hemos tenido conocimiento del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos en los acontecimientos que tuvieron lugar después de que el Subsecretario de Gobernación no acudiera a la mesa de dialogo acordada con las y los jornaleros para el día 8 de mayo.

Ante los sucesos del día  9 de mayo, reprobamos el uso de balas de goma  y armas de fuego por parte de la policía estatal de Baja California, en aparente colaboración con la policía municipal; así como los allanamientos de morada que éstos emprendieron sin orden judicial. Estas acciones en su conjunto dieron como resultado varias decenas de personas heridas, siete de ellas de gravedad, y al menos cinco personas detenidas.

Señalamos que dichos acontecimientos se dan en un contexto de criminalización y represión de la protesta social existente en el país y que incluso fue evidenciado por la CIDH en el informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión recientemente publicado [1]. Por ello, las organizaciones que forman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social manifestamos enérgicamente nuestro rechazo al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de Seguridad Pública. Más aún, resulta preocupante que se privilegie el uso de la fuerza frente a demandas de grupos sociales. Ello es un signo claro de la pérdida de libertades democráticas en el país y el incremento de prácticas autoritarias por parte de autoridades locales y federales, que refuerzan la crisis de derechos humanos en el país.

El diálogo genuino es una obligación del Estado en aras de garantizar los derechos en juego y de construir una verdadera sociedad democrática. En este sentido, seguiremos atentas a los acontecimientos en San Quintín y exigimos que las autoridades cumplan los compromisos que adquirieron con las y los jornaleros, escuchen sus demandas y se tomen las medidas pertinentes para satisfacerlas. Durante el desarrollo de protestas, ante eventuales tensiones, es obligación del Estado el empleo de estrategias de disminución de la intensidad como la negociación y mediación [2].

Así mismo, exigimos que las autoridades encargadas de proteger derechos humanos -específicamente la CNDH- brinden una protección efectiva ante estos hechos. Exigimos también el retiro inmediato de la policía de la zona, el respecto al derecho al debido proceso para las personas detenidas, el cese de la criminalización del derecho a la protesta y la investigación y sanción efectiva contra los responsables del operativo en San Quintín.

[1] EA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual (2014), Relatoría especial para la libertad de expresión.
[2] Informe del Relator especial para los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, 21 de mayo de 2012, A/HRC/20/27, párr. 89.

Atentamente
Haz clic para ver firmantes
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.

Conformado por:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.

Categorías
COMUNICADO Sala de prensa

San Juan de Dios y las Víctimas Inocentes

Análisis de los Disturbios en San Juan de Dios y las Víctimas Inocentes

Salvador López Torres

El Mercado San Juan de Dios, en la Colonia Centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es un espacio público compuesto de una gran cantidad de locales comerciales acondicionados como tiendas especializadas en venta de artículos típicos de nuestra región y del estado de Jalisco, así como de comidas, hierbas medicinales, calzado, bolsas, mochilas, artículos de cuero, ropa, artículos electrónicos, películas, videos, etcétera.

Cerca del mercado existe una zona conocida como “Obregón”; es un espacio localizado en el primer cuadrado de la ciudad. Como zona habitacional, ha desaparecido para convertirse en una eminentemente comercial en la que se encuentra instalada una gran cantidad de negocios especializados en la venta de accesorios de moda, bolsas, mochilas, artículos navideños y deportivos.

Es del conocimiento público que en estas dos zonas comerciales, además de los productos de la región, se expenden algunos productos como réplicas de marcas originales o piratería. Las autoridades municipales, estatales y federales en el ámbito de su competencia, por omisión y complacencia han permitido la creación de una red de negocios, organizados a través de grupos o personas que representan al gremio de comerciantes instalados y ambulantes de estas zonas. Estas organizaciones se han apoderado de la zona y sus operaciones a grado tal, que la autoridad en sus distintos ámbitos de gobierno ha sido rebasada, sometida a los intereses de los comerciantes.

Cada año, en vísperas de las ventas con motivo de la época navideña, las autoridades hacen intentos por confiscar mercancía de dudosa procedencia a través de operativos sorpresa, amenazando con la reubicación y prohibición de instalación del comercio informal, sin embargo, los compromisos creados y la concesión de poder a los grupos o líderes, genera resistencia y oposición.

El 31 de octubre de 2014, elementos de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Administración Tributaria y la Fiscalía General del Estado de Jalisco1, realizaban un operativo de revisión de mercancía en comercios de la zona aledaña al Mercado de San Juan de Dios, que se salió de control cuando los comerciantes protestaron contra los actos de gobierno, tornándose agresivos con las autoridades al grado que incendiaron algunos vehículos oficiales.

La euforia contagió a compradores, clientes y transeúntes, quienes, en solidaridad con los comerciantes, se manifestaron en contra de la autoridad. En la confluencia de las calles Javier Mina y la Calzada Independencia, se localizaba una tienda de conveniencia denominada OXXO, a donde una multitud, aprovechando los disturbios, se introdujo para cometer desmanes y saquearla2.

bombero-víctimas
Foto: Héctor Guerrero

Geovani, a 3 meses de haber cumplido la mayoría de edad, recién integrado a la actividad laboral formal como repartidor de comida en la “Fonda Doña Mari”, ubicada en la confluencia de las calles Héroes y Maestranza, camina por la banqueta de la Calzada Independencia en dirección Sur a Norte junto con Daniel, su compañero de trabajo, después de cumplir con su horario laboral. En el cruce con la calle Francisco I. Madero, se encuentran con un cerco policiaco y son detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Después de algunas advertencias, les piden reconocer haber sido detenidos al salir de la tienda de conveniencia OXXO, con mercancía del propio negocio, a lo cual se niegan; sin embargo, fueron consignados y sometidos a prisión preventiva por casi un año, internados en el Reclusorio Preventivo de la Zona Metropolitana de la Guadalajara y sujetos a un proceso penal.

Lo anterior violó flagrantemente su presunción de inocencia. Su detención fue arbitraria, toda vez que no cometieron ilícito alguno y su captura ocurre en lugar distinto del señalado por los elementos aprehensores; es decir, su detención fue ejecutada fuera del marco normativo.

¿Cuándo podemos considerar que existe una detención arbitraria? Una detención es arbitraria cuando es ejecutada en contra de las disposiciones de derechos humanos. Cuando esto ocurre, decimos que se violan sus derechos, se niegan, se suprimen o se impide su ejercicio.

Cuando, a través de nuestras acciones u omisiones, cometimos una falta o delito, la detención es legal si se ejecuta bajo ciertos requisitos y condiciones que la ley exige; es decir, en un contexto de pleno reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, una detención es arbitraria si:

  • No hay base legal para la privación de tu libertad.
  • Se te detiene por haber ejercido los derechos y libertades que la ley te garantiza3.

Del caso de Fernando Geovani y Luis Daniel, fuimos enterados en el Cepad a través de los medios de comunicación escrita, así como por sus familiares, quienes requirieron de nuestro apoyo y asesoría jurídica. Analizamos la forma y contexto de su detención, asumimos la defensa y diseñamos una estrategia.

En la entrevista personal con los acusados nos dimos cuenta que, en su detención, fueron víctimas de golpes, malos tratos, tortura física y psicológica; que no reconocieron haber cometido el robo de artículos del OXXO y que, no obstante su negativa, fueron consignados y procesados por el delito de robo calificado, que el Código Penal para el Estado de Jalisco considera como grave. Por ello no fue posible conceder el beneficio de salir bajo fianza; es decir, enfrentar el proceso fuera de prisión.

Una vez abierto el proceso, se aportaron como pruebas: el testimonio de quien era la patrona de Geovani hasta el día de su detención; una fotografía tomada en el momento en que ocurre la detención de Geovani y Daniel; el testimonio de quienes tomaron dicha fotografía; tres videos con duración de tres horas, proporcionados por el Jefe del Área Penal de Infraestructura Vial de la Secretaría de Movilidad, en el que aparece la confluencia de las calles Javier Mina y Calzada Independencia, enfocada en la mayor parte de su grabación en la tienda de conveniencia; y el resultado de los interrogatorios practicados a los elementos aprehensores y empleados de la tienda, quienes cayeron en contradicciones.

El resultado de todas las pruebas aportadas advertía que Fernando Geovani y Luis Daniel habían sido injustamente detenidos e incriminados. La reproducción de los videos demostró que mientras ocurrió el saqueo de mercancía a la tienda, no hubo presencia alguna de miembros de corporación policiaca, sin embargo, los aprehensores señalaron haber detenido a Fernando Geovani, Luis Daniel, además de otra persona de nombre Edgar, exactamente al salir de la tienda y haberlos observado con mercancía de este negocio; por lo tanto, se demostró que a la hora indicada no ocurrió esa detención, ni aparece persona alguna saliendo de la tienda.

En los videos de referencia, también se muestra que a la hora en que arriban los elementos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco ya no había personas sacando mercancía de la tienda. Con las testimoniales se acreditó que, el día de los hechos, Fernando Geovani y Luis Daniel estaban en su trabajo mientras ocurría la manifestación y los desmanes acaecidos en la confluencia de las calles Javier Mina y Calzada Independencia. De la misma manera, la fotografía aportada como evidencia y tomada por uno de los testigos, precisamente al momento en que ocurría la detención, permite ver que los acusados fueron detenidos en Calzada Independencia, en el cruce con la calle Francisco I. Madero.

No obstante lo anterior, el Juez Cuarto de lo Penal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco dictó sentencia el 15 de julio de 2015, condenando a Fernando Geovani y Luis Daniel, a cumplir una pena de tres años y el pago de una multa de $672.90, correspondiente a 10 días de salario mínimo, y a Edgar, a cumplir una pena de cinco años y el pago de multa de $1,009.35, correspondiente a 15 días de salario mínimo.

Edgar es un joven que —de acuerdo a la versión de los policías aprehensores— fue detenido también justo saliendo del OXXO en compañía de Fernando Geovani y Luis Daniel; sin embargo, en su declaración preparatoria señaló que fue detenido el día del desorden pero en la Colonia Las Juntas, Municipio de Tlaquepaque, además de que Fernando Geovani y Luis Daniel manifestaron no conocerlo sino hasta el momento en que lo subieron a la patrulla en la que se encontraban, al salir de las oficinas de la Fiscalía General, localizadas entre la calle Libertad y Avenida 16 de Septiembre, también en la Colonia Centro.

Considerando que el Juez de Primera Instancia desestimó las evidencias aportadas, la sentencia fue atacada mediante el recurso de apelación, con el conocimiento de la Primera Sala Especializada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

A partir del análisis de la sentencia, concluimos que la actuación del juzgador fue atendiendo a un aspecto político y no jurídico, con el fin de avalar y justificar la actuación arbitraria de las autoridades del estado.

Los agravios consistieron, precisamente, en la falta de valoración de las pruebas on las que se acreditó que la detención fue arbitraria, y que también demostraban su inocencia en la comisión del delito de robo calificado, no obstante que la Representación Social no aportó pruebas para demostrar su participación en los disturbios y robo de mercancía del negocio en cuestión, siendo obligación de éste acreditar el delito y su responsabilidad. En la búsqueda de la justicia aportamos aquellos medios de prueba idóneos, que a la postre el juzgador no tomó en cuenta, violentando con ello las reglas del debido proceso.

El 29 de octubre de 2015, la Sala pronunció sentencia absolviendo de toda responsabilidad penal a Fernando Geovani y a Luis Daniel, y confirmando la responsabilidad y condena en contra de Edgar.

Las pruebas de descargo que se ofrecieron y desahogaron en el proceso, analizadas por la Sala, fueron suficientes para determinar que se probó que Fernando Geovani y Luis Daniel fueron ajenos a los hechos ocurridos en la tienda OXXO y, en sentido contrario, descalificaron la versión de los policías aprehensores y de los empleados de la tienda al no ser creíbles.

Con esta sentencia se logró probar su inocencia en la comisión del delito de robo, fabricado desde la Fiscalía General del Estado de Jalisco en contubernio con los empleados de la negociación, en el contexto de la represión de una protesta social. El caso de nuestros defendidos sirve como una muestra del excesivo ejercicio de la autoridad por parte del estado.

Al no ser absuelto Edgar en la sentencia, se tramitó un juicio de amparo a su favor —mismo que está pendiente de resolverse—, confiando en que la justicia federal le conceda el amparo y protección por estar desvirtuada la acusación del estado, como se ha mencionado con anterioridad.

tanqueta-víctimas
Foto: Héctor Guerrero

 

Ante un ejercicio distorsionado de la legalidad, es evidente que el estado causó daños físicos y psicológicos en Geovani y Luis Daniel como procesados, y a sus familias como afectados adyacentes, quienes durante el año que transcurrió el proceso penal pasaron por momentos de angustia y temor de que dentro del penal les causaran algún daño; bajo estas circunstancias el estado puso en riesgo la vida e integridad de Geovani y Luis Daniel.

Con el señalamiento público sobre su detención como responsables de los desmanes ocurridos en San Juan de Dios y el saqueo de la tienda OXXO4, el Estado causó daño moral en la persona de Geovani y Luis Daniel al exponerlos a la opinión pública, presentándolos a los medios de comunicación, parados, con sus brazos hacia atrás, en posición conocida como cuando estás esposado.

Con su estrategia represiva, el Estado también causó un daño económico en la persona de Geovani, al mantenerlo sin motivo en prisión preventiva durante un año, dada su ya nacida historia laboral y patrimonial al momento de su detención.

A causa de la acción arbitraria del Estado, se dañaron proyectos de vida, dejando secuelas psicológicas, desconfianza generalizada, problemas económicos a las víctimas y sus familias, etc. Esto sólo podemos combatirlo exigiendo respeto a los derechos fundamentales, ejercitando acciones en contra de un Estado corrupto con el fin de que repare a las víctimas los daños causados, presente disculpas públicas y ofrezca garantías de no repetición de actos represivos como estos, a través de la profesionalización y capacitación de su personal, y con ello, inhibir y desaparecer las malas prácticas de las corporaciones encargadas de la seguridad pública.

 

NOTAS:

1 Datos obtenidos del informe del 31 de octubre de 2015, rendido por elementos de la Fiscalía General, en el que ponen a disposición del Ministerio Público a los jóvenes detenidos. Averiguación Previa 10753/2014, Área de Investigación contra Robo a Casa Habitación y Comercio. Fiscalía General del Estado.

3 Elementos obtenidos del folleto informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

4 El señalamiento público queda manifiesto en diversos medios informativos de la ciudad, como se puede advertir en las siguientes páginas electrónicas:

 

 

Obtenido del Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco, 2015

Categorías
Informes DDHH Jalisco Sala de prensa

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2015