Categorías
Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Gobierno y DH Seguimiento de casos Sin categoría

Un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos

El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, se ha caracterizado desde el inicio de su mandato por violar sistemáticamente los derechos humanos de sus gobernados, ya sea por acción u omisión, y sin que a la fecha se haya abierto algún proceso judicial o administrativo que lo investigue ni mucho menos que lo sancione.

La huella indeleble de éste gobierno ha sido el abuso del poder y la discrecionalidad con que maneja los recursos públicos, ejemplos hay muchos. Recordemos el donativo frustrado para la edificación del malogrado templo de los mártires; también las aportaciones millonarias a las actividades del duopolio televisivo con el pretexto de promover el turismo en Jalisco, o los recientes 150 millones de pesos destinados a promover su último informe de gobierno en aras de perfilar su candidatura a la presidencia de la República con cargo al erario. Todos estos gastos verdaderamente ofensivos para sectores sociales que carecen de los bienes más elementales para subsistir.

Sin duda que la utilización de los recursos públicos de la forma con que los ejerce el actual gobierno, atenta contra el derecho al desarrollo de nuestra sociedad, tal es el caso de regatear el presupuesto destinado a la educación que imparte la Universidad de Guadalajara, obligando a nuestros jóvenes a salir a las calle y ejercer su derecho a la protesta social.

Otros sectores sociales que han tenido que salir a las calles a ejercer su derecho a la protesta social, precisamente por el autoritarismo del mandatario, son los habitantes de la población de Tenacatita, quienes fueron desalojados violentamente de sus casas y negocios. También tomaron las calles los opositores del la líneas dos macrobus e igualmente reprimidos. Y qué decir de los y las profesoras de las telesecundarias de la entidad, a quienes se criminalizó y reprimió con la fuerza pública.

En su afán por seguir gobernando a espaldas de la población, actualmente los habitantes de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo mantienen dignamente su lucha contra la construcción de la presa del Zapotillo de la cual no fueron consultados por el gobierno local y federal. Para legitimar aún más su lucha, realizaron una consulta pública con el auspicio del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, resultando que más del 90 % de la población consultada rechazó la construcción de la obra.

Tampoco podemos dejar de mencionar la lucha del Comité Salvabosque el Tigre dos, por defender el Bosque del Nixticuil contra las autoridades de Zapopan y los desarrolladores inmobiliarios que pretenden construir un fraccionamiento de grandes magnitudes, pese al daño al medio ambiente que ello representa. Por mencionar algunos casos también de resistencia civil y pacífica, pero también legal.

El gran empeño del gobierno del estado por ignorar los derechos fundamentales y humanos de quienes habitamos o transitamos Jalisco, como son al acceso a la justicia, a la protesta social, al medio ambiente, al agua, a la cultura, a la educación, a las preferencias sexuales, de las mujeres y a la información, nos pone como sociedad ante la disyuntiva: ser espectadores cómplices de una administración descompuesta moral y éticamente o actuar solidariamente por la defensa de nuestros derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y revertir el actual estado de cosas para bien de la presente y futuras generaciones.

Les invito a consultar la página, el blogs y el facebook del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, muchas gracias.
Categorías
Coyuntura sobre Derechos Humanos Gobierno y DH Seguimiento de casos Sin categoría

Postura ante la salida de funcionario del gobierno del estado de Jalisco que hostiga y amenaza

Guadalajara, Jalisco, 1° de abril 2011

El pasado 27 de marzo, un conjunto de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación denunciamos el hostigamiento, difamaciones y amenazas que Alberto Jiménez Martínez, conocido como “La Antena”, ha llevado a cabo en contra de más de una veintena de trabajadores de los medios. Reconocemos la decisión del Poder Ejecutivo, de aceptar el pasado martes la renuncia de ese personaje a la plaza donde cobraba en la Secretaría de Finanzas.

Aunque la salida de Alberto Jiménez es una medida que habíamos exigido, no es suficiente. Queda pendiente responder el cuestionamiento a la actual Administración estatal, sobre la labor de presión y hostigamiento para el ejercicio periodístico, ejecutada a través de este ex funcionario público. El simple acto administrativo-laboral con el que se quiere zanjar este asunto, no lo aclara.

El Poder Ejecutivo no ha informado, a pesar de las solicitudes que se hicieron por transparencia, las tareas encomendadas a Alberto Jiménez en las plazas a las que estuvo asignado durante los 48 meses en que cobró en el gobierno del estado. En el escueto comunicado oficial, no se explica quiénes eran sus jefes inmediatos y tampoco si la investigación interna, sobre estas maniobras de presión en contra de periodistas, llegará a mandos más altos.

Los trabajadores de los medios de comunicación que firmamos este pronunciamiento, tenemos información e indicios que nos permiten sostener que Alberto Jiménez no actuaba por su cuenta, sino que sus tareas sistemáticas de hostigamiento y difamación (que llegaron a amenazas directas), eran decididas en otras áreas y niveles del Poder Ejecutivo.

En el comunicado de prensa en el que se informa la salida de Alberto Jiménez, el Ejecutivo señala que mantiene su “compromiso y convicción a favor del derecho a la información en un marco de libertad”. Este discurso no corresponde a la realidad, pues funcionarios del Ejecutivo han admitido que la computadora que usó Alberto Jiménez para difamar a través de perfiles falsos de redes sociales y correos electrónicos, pertenece al gobierno del estado. Además, la evidencia de que Alberto Jiménez estaba comisionado a una dependencia ya desaparecida (la Coordinación de Innovación y Desarrollo, suprimida en junio de 2010), habla de una irregularidad administrativa grave, que debe ser investigada y sancionada.

Respetamos el derecho de Alberto Jiménez de emprender las acciones legales que ha anunciado.

Reiteramos que esta no es una pelea de un conjunto de reporteros contra un simple funcionario público; se trata de la defensa del trabajo periodístico sin presiones y, por tanto, de la libertad de expresión y del derecho que tiene la sociedad a ser informada.

Consideramos inadmisible que Alberto Jiménez, el grupo político que le ha pagado servicios en los últimos ocho años o que otros personajes que hacen funciones semejantes a las de “La Antena” en distintos gobiernos o entidades públicas, consideren justificado el acoso, el hostigamiento o la amenaza a alguien por su credo político o militancia.

Así como defendemos la libertad de un trabajo periodístico sin presiones, nos pronunciamos por la defensa de la libertad de expresión y la libertad de profesar el credo o convicción política que cada quien tenga.

La reacción colectiva de trabajadores de medios de la entidad ha motivado que, de oficio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abriera una queja por denuncias de acoso y amenaza. Quienes firmamos este pronunciamiento y quienes se adhieren a él, exhortamos a la CEDHJ a mejorar la aplicación de medidas cautelares que los protocolos nacionales e internacionales ofrecen para casos como este. Lo hacemos con la intención de que dicho esfuerzo ofrecerá herramientas ahora y en el futuro para nosotros y para todos los trabajadores de medios que sean hostigados y amenazados.

Finalmente, los trabajadores de medios que signamos o nos adherimos a este pronunciamiento damos la bienvenida a la crítica, y el debate que este ejercicio colectivo de periodistas ha generado. No avalamos una visión simplista, dicotómica o acartonada entre “puros” e “impuros”, sino que sí estamos abiertamente a favor de un trabajo periodístico honesto y de contenido ético.

Asumimos dicha postura con autocrítica, admitiendo que muchas veces en nuestro trabajo hemos servido, consciente o inconscientemente, al poder y que muchas veces hemos sido simples recaderos de la clase política. Este ejercicio de autocrítica nos motiva a reflexionar sobre nuestra práctica para intentar hace un periodismo más abierto, genuino y menos dependiente de los intereses de los grupos de poder político y económico que hay en el estado.

Firman: Rubén Martín (Público-Milenio); José María Pulido (Tela de Juicio); Cecilia Márquez (Canal 44); Ulises Zamarroni (corresponsal de El Universal); Sonia Serrano Íñiguez (Público-Milenio); Sergio René de Dios Corona (columnista); Rosalinda Ortiz (Epicentro Informativo); Gilberto Pérez Castillo (Marcatextos), Juan Carlos García Partida (La Jornada Jalisco), Raúl Torres (La Jornada Jalisco), Vanesa Robles Aguilar (free lance), Analy Nuño (La Jornada Jalisco), Franco Daniel Gómez (Récord), Agustín del Castillo (Público-Milenio), Ricardo Salazar (Canal 44), Mauricio Ferrer (La Jornada Jalisco), Elizabeth Raygoza (Dirección General de Medios UdeG), Jorge Covarrubias (La Jornada Jalisco), Jesús Estrada (Público-Milenio), Martha Hernández (El Respetable), Gabriela Salazar, Paloma Robles (La Jornada Jalisco), Jade Ramírez (Medios UdeG) y cinco periodistas más de dos medios locales.

Se adhieren Martha Isabel Parra, Ana Laura Chávez, Laura Murillo, Guadalupe Morfín Otero, Laura Murillo
Categorías
Acción urgente Coyuntura sobre Derechos Humanos Gobierno y DH Seguimiento de casos Sin categoría

Alerta Preventiva. Posible represión a opositores a la Presa El Zapotillo, Jalisco

Aproximadamente a las 10:40 de la mañana, 200 personas integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y personas solidarias de otros siete estados, se dirigieron a la cortina de la presa El Zapotillo con el objetivo de detener la obra. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) han continuado la obra pese a que no cuentan con el cambio de uso de suelo; no tienen el permiso del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón para levantar la cortina de 105 metros; además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 35/2009 donde se confirma la violación a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud; asimismo también está el amparo emitido por el Juzgado Primero de Distrito Auxiliar donde exige a CONAGUA, CEA y SEMARNAT la cancelación de la obra. Por información de los mismos afectados tenemos conocimiento de que, aproximadamente a las 12:30 horas tres patrullas de la policía municipal se apostaron cerca de ahí. Aproximadamente a las 17:30 horas 54 elementos de la Policía Estatal y un agente del Ministerio Público se concentraron en los alrededores. Nos preocupa que la concentración de la policía estatal vaya en aumento con miras a reprimir al movimiento opositor a la presa y poner en riesgo la integridad, vulnerando los derechos fundamentales de las y los manifestantes.

Es por esto que instamos a las autoridades correspondientes:

• Garanticen la integridad física y emocional de los integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, así como de las organizaciones que están apoyando. • Se establezca, de manera inmediata, un mecanismo de distensión donde prive el diálogo entre autoridades y los afectados. • Se respete el derecho a la libre expresión y manifestación. • No se criminalice la protesta social y se busque una solución pacífica para resolver las demandas de los manifestantes.

Suscribe esta acción preventiva en la página de la Red “Todos los derechos para todos y todas”
Categorías
Boletín de prensa Gobierno y DH Invitación Seguimiento de casos Sin categoría

Boletín de prensa sobre el caso de Néstor Alan Rodríguez Licea

Han transcurrido cuatro años desde que se inició la lucha por la justicia y en contra de la impunidad en memoria de nuestro hijo Néstor Alan Rodríguez Licea; que nos ha permitido encontrarnos con la solidaridad de personas y organizaciones, para juntos incrementar la conciencia y lograr un primer cambio en la ley a la que se le ha llamado “salvavidas” que incremento las sanciones en contra de personas que conducen en estado de ebriedad; en la cual incluso existió una amplia participación ciudadana, tan necesaria en estos tiempos.

Se ha logrado la reducción notable de muertes de personas en accidentes en las cuales el alcohol tenía una influencia total, sin embargo dejó para después la modificación de otro tipo de leyes y estructuras administrativas de Secretarías como la de Vialidad y Transporte del Estado, de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), e incluso de las policías municipales, que favorecen en este tipo de casos la impunidad y opacidad en la actuación de los servidores públicos de las mismas; aspecto que no puede posponerse por más tiempo.

Nuestra experiencia al defender junto con el Cepad el caso de nuestro hijo, implicó la presentación de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, peticiones al Gobernador del Estado y Congreso del Estado, además de quejas por responsabilidad administrativa ante la propia PGJE e IJCF, las cuales no han tenido los resultados esperados, precisamente por que faltan los mecanismos adecuados y el compromiso de sus funcionarios responsables para oponerse a la impunidad, actualmente en nuestro caso encontramos:

· Que se emitió la Recomendación 30/2009 por parte de la CEDHJ, de forma incompleta y fuera de los plazos oportunos para lograr un deslinde de responsabilidades, con peticiones a las autoridades que no evitan la repetición de los actos.
· Que a petición nuestra y del Cepad, el IJCF sancionó el 6 de septiembre de 2010, con suspensión de ocho días sin goce de sueldo a la perito médico María del Socorro Méndez Herrera y a los químicos Luis Antonio Guzmán Peña y Jesús Reyes de la Torre Villegas, así mismo se impuso cinco días de suspensión a José Luis Morales Ortiz; aspecto que reconocemos a dicha institución, ya que de forma imparcial tramitó e impuso las sanciones.
· Respecto a la PGJE, a cuatro años de ocurridos los hechos, no contamos con información sobre los avances de una supuesta averiguación previa que se inició en la Dirección de Visitaduría, ni tampoco de la existencia de sanciones dentro del Procedimiento Administrativo interno 402/2009 llevado en la Contraloría Interna de esa institución; aspecto que indudablemente vuelve a lesionar nuestro derecho a saber la verdad.

Nuestra familia y el Cepad, continuaremos en la búsqueda de la justicia y el deslinde de responsabilidades, para lograr que el camino logrado incluya aspectos de evaluación, observación y seguimiento de esas instituciones, tarea a la que nos dedicaremos con mayor énfasis en el futuro.

Deseamos compartirles que la muerte de Néstor Alan, nos ha llevado a buscar la esperanza, por lo que como familia acompañamos a otros padres que han sufrido pérdidas similares a la nuestra para lograr ayuda profesional a través de una experta en tanatología, para lo cual pueden comunicarse al teléfono 38256240 ó 33 34 61 28,

Para continuar con la exigencia de justicia e incrementar la memoria, invitamos a medios de comunicación y sociedad en general a repartir volantes con un mensaje de conciencia que hemos preparado, el 26 de noviembre a las 14:00 horas, en el cruce de las avenidas Vallarta y Enrique Díaz de León.

Categorías
Coyuntura sobre Derechos Humanos Gobierno y DH Monitoreo Institucional Notas de prensa Seguimiento de casos Sin categoría

Más allá del incremento de sanciones por conducir en estado de ebriedad.

cepad@cepad.org.mx

La semana pasada se hizo pública la aprobación de un paquete de reformas a leyes (desde la de vialidad hasta el Código Penal) que busca sancionar a los que conduzcan en estado de ebriedad. (ver la nota de Público)

Se disminuyó la tolerancia que contenía la legislación en el consumo de embriagantes (ahora será de mínimo dos o dos copas y media), se incrementaron las multas que pueden llegar hasta más de 11 000 pesos. Dependiendo el caso se puede asegurar el automotor y enviarlo un depósito, ingerir cinco copas con la combinación del volante será considerado como delito.

Si la acumulación de alcohol en la sangre supera los 130 miligramos de alcohol y además se participa en un accidente de tránsito en donde hay lesiones graves u homicidio, automáticamente el conductor perderá el derecho de obtener su libertad bajo (fianza).

La experiencia del Cepad en el seguimiento del caso de Néstor Alan Rodríguez Licea y la atención que hacemos cotidianamente de víctimas de violencia vial, nos indica que de nueva cuenta se busca atender lo urgente, lo cual no es negativo pero se parte de una idea errónea de que la sola existencia de las leyes y el agravamiento de las sanciones crearán en automático las condiciones necesarias para que sean aplicadas por los agentes de la autoridad. Como si el derecho vigente fuera lo mismo que el “derecho viviente”. (el que se exige y se cumple según Victoria Camps).

Por eso la exigencia de que al elaborarse las leyes se cuente con el diagnóstico más detallado posible, incluso con escenarios de aplicación claros y reales, no sólo el de los establecimientos que venden bebidas sino el de las mismas autoridades y consumidores. Un reflejo de lo anterior son las declaraciones del mismo Secretario de Vialidad y Transporte, en las que reconoce que no cuenta con suficientes peritos ni alcoholímetros para cumplir con la ley; eso si tiene un significado más claro: la continuación de la impunidad que por cierto no es remediada por las recientes reformas.

Los casos demuestran que la cadena de corrupción inicia con los Agentes de vialidad al no intervenir de acuerdo a la ley y no levantar las actas de accidentes debidamente, para continuar con los policías los cuales se limitan a ser testigos simples de lo que acontece en las escenas de los accidentes. Los peritos, que por cierto llegan por horas más tarde (cuando ya los efectos del alcohol han sido combatidos por la corrupción); los señores y señoras agentes del ministerio público quienes facilitan más el “procedimiento” a los inculpados, por ejemplo fijándoles rápidamente la fianza, asignándoles prontos abogados defensores, pases de visita a familiares y representantes de las aseguradoras ó incluso colocándolos en la comodidad de un hospital privado, contrario a lo que ocurre con las víctimas y sus familias, quienes son prácticamente olvidadas presencialmente y en sus derechos, como a la información, al buen trato, a la atención médica y psicológica de urgencia, a la básica información del estado de salud de su familiar, pero sobre todo al de la verdad para conocer lo que realmente ocurrió.

Ahora es necesario que el Congreso del Estado se fije como meta supervisar el trabajo legislativo que realizó y lanzar una segunda generación de reformas que propicie deberes más claros a los servidores públicos con las consecuentes sanciones sean estas administrativas o penales; además de considerar con mayor prioridad la atención de los derechos de las víctimas de violencia vial, entre ellos la reparación del daño emergente, ya que a final de cuentas la seguridad también es un deber del Estado que le es encomendado por la sociedad.

Categorías
Boletín de prensa Seguimiento de casos Sin categoría

Boletín de prensa: Se admite recurso de impugnación en la CNDH por caso Néstor Alan Rodriguez.

BOLETÍN DE PRENSA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acepta el recurso de impugnación de los padres de Néstor Alan Rodríguez Licea por deficiencias e irregularidades en la Recomendación 30/2009 de la CEDHJ.

El 29 de diciembre de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco decidió emitir a través de los medios de comunicación y no por un pronunciamiento público, un paquete de cuatro recomendaciones entre ellas la 30/2009, luego de transcurrir más de 1000 días desde que los padres de Néstor Alan Rodríguez Licea presentaran la denuncia ante ese organismo.

La determinación resaltaba el involucramiento de once servidores públicos entre agentes del ministerio público, policías investigadores y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la petición para que se le diera “continuidad” a las denuncias presentadas por la familia en las contralorías internas del Instituto antes mencionado y de la Procuraduría de Justicia, además de solicitarle al entonces Presidente Municipal de Guadalajara la conservación del “Cenotafio” ubicado en los cruces de las avenidas Juárez y Enrique Díaz de León.

Lo que la Recomendación omitió fue fincarle responsabilidad a Fernando Arias Pérez, ex director de Comunicación Social del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Gobernación, al no encontrar pruebas.

Al enterarnos debidamente del contenido de la Recomendación 30/2009, informamos que el 29 de enero de 2010 la familia Rodríguez Licea presentó recurso de impugnación* en la CNDH, por considerar la resolución deficiente e incompleta, además de no modificar las causas que originaron las violaciones a los derechos humanos y omitir de manera grave:

1. Tomar en consideración las más de 100 pruebas que tanto la familia Rodríguez Licea como el CEPAD, presentaron y ofrecieron durante el trámite de la inconformidad, lo que comprueba que en la CEDHJ los quejosos se encuentran indebidamente, obligados a comprobar las violaciones a los derechos humanos de las que fueron sujetos.
2. Deslindar la responsabilidad de once servidores públicos entre ellos Fernando Arias Pérez, ya que evitó “pronunciarse en su contra”, no obstante de que existen suficientes pruebas para ello, lo que contraviene la propia Ley de la CEDHJ respecto a las causas en las que puede concluirse una investigación.
3. Aclarar de acuerdo a las evidencias los términos en que ocurrieron los hechos, ya que en la Recomendación se encuentran francas contradicciones. Por ejemplo, se acredita con nuestras pruebas ofrecidas que una Agente del ministerio público estuvo en dos lugares diferentes, en el mismo instante en que supuestamente actuaba en el accidente en el que perdiera la vida Néstor Alan Rodríguez, y sin embargo en párrafos siguientes exonera a dos policías de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, porque supuestamente el traslado que realizaron de los responsables fue por órdenes de la misma funcionaria.(páginas 134, 135 y 146 de la propia Recomendación)
4. Analizar el cúmulo de violaciones a los derechos humanos como un patrón definido de trasgresión y no de forma separada como un simple caso individual, ya que en la queja se comprobó que una serie de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como de policías de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, se asociaron para beneficiar a los responsables de la muerte de Néstor Alan Rodríguez por la influencia de Fernando Arias Pérez.
5. Solicitar la modificación de leyes y de prácticas del sistema de justicia penal que siguen ocasionando la falta de acceso a la justicia de las víctimas, a una información oportuna y un trato adecuado, lo que resulta inadmisible cuando actualmente la principal causa de muerte de jóvenes en Jalisco son los accidentes de tránsito en donde se involucra el alcohol.

El 23 de marzo de 2010 recibimos por correo postal, el oficio 05628 de Máximo Carvajal Contreras, director general de Quejas y Orientación de la CNDH, el cual informó que el Recurso de Impugnación fue aceptado y que además se requirió un informe sobre las irregularidades a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (anexo).

Actualmente por las gestiones realizadas por el CEPAD, conocemos que el expediente 2010/57/R, se encuentra en estudio para su resolución en la Segunda Visitaduria General de la CNDH; por lo que exigimos al Presidente de la CNDH que analice de acuerdo al marco legal nuestra inconformidad para que se emita la Recomendación correspondiente a la CEDHJ que modifique la irregular e incompleta resolución 30/2009.

Atentamente


Familia Rodríguez Licea
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC
Categorías
Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Coyuntura sobre Derechos Humanos Notas de prensa Seguimiento de casos Sin categoría

La CEDHJ, su defensa virtual y su voto de silencio copartícipe.

http://noalapresaelzapotillo.wordpress.com/ (foto)

El 19 de marzo, el Comité “Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo” hizo un extrañamiento al Presidente de la CEDHJ al descubrir que la Recomendación 35/2009, había sido incluida en el 3er. Informe de labores de la CEDHJ, pero en realidad se había firmado el 31 de diciembre de 2009 y hasta ese momento (casi tres meses) no había sido notificada ni a los quejosos, por cierto más de 300, ni a las autoridades señaladas en la resolución.

Según la nota periodística de La Jornada Jalisco, la Recomendación no podía observarse en la página de internet de la Comisión, ya que para ese día sólo se observaba hasta la número 33/2009. Al contestar los señalamientos Álvarez Cibrián dijo que “por la carga de trabajo” no la había dado a conocer (aunque en realidad lo hizo por correo electrónico), además de señalar en su descargo, que no existía un procedimiento que le exija darlas a conocer en rueda de prensa.

Tenemos pues una triple combinación peligrosa: el retraso intencionado en la publicación de la Recomendación, permitió que los actos continuaran su espiral de afectación a los pobladores, lo que es contradictorio con la función que tiene la CEDHJ de defender e impedir la consumación de las violaciones a los derechos humanos. Simplemente eso se dejó para otros tiempos.

Lo grave es que esto es una constante ya en el trabajo de la CEDHJ: ¿ quién no recuerda el caso del macrolimosnazo de 2008 del que hasta el momento no existe resolución? ó el del joven Néstor Alan Rodríguez, en el que se emitió una Recomendación luego de haber transcurrido más 1000 días de haberse recibido la queja.

La opacidad tampoco es una novedad. ¿ Recuerdan el caso del consejero ciudadano de la propia CEDHJ Alberto Bayardo? A quien la propia institución le negó en reiteradas ocasiones el acceso a la Recomendación 2/2009, sobre el caso de prostitución y pornografía infantil en el que se investiga al Procurador de jalisco, para que finalmente el Instituto de Transparencia le corrigiera la plana.

Por último, tenemos la parte más delicada, la publicidad de la Recomendación 35/2009 por correo electrónico; las resoluciones de un organismo público como la CEDHJ es la máxima herramienta con la que cuenta para hacer un llamado a la corrección, a la denuncia, a la reparación del daño y a la prevención de las violaciones a las libertades fundamentales, por eso cuando se desiste de esa función o se deja pasar la misma por la razón que sea, se demuestra una lenta muerte de los fines de esa Comisión.

Resulta poco creíble el desánimo en la difusión de un asunto de tanta importancia, cuando en el propio Informe de actividades de la CEDHJ se da cuenta de alrededor de 394 entrevistas del personal de la misma; más bien se trata de una omisión declarada.

Por último, es necesario decir que una serie de artículos de la ley (7, fracción XXV, XXVI; 28, fracción III; 76 y 79), le obligan a la CEDHJ la notificación “inmediata” del contenido de la Recomendación a los pobladores de Temacapulín, así como la publicación de la misma y aunque no específica que tenga que ser en “rueda de prensa”, la necesaria defensa que tiene que realizarse por el valor ético de la misma recomendación lo hace necesario, eso sin tomar en cuenta la costumbre que por más de una década de trabajo ha tenido ese organismo en la difusión de las mismas, lo que ahora sorprende es la falta de memoria pasada e inmediata del Presidente de la CEDHJ……Al tiempo.


Categorías
Agenda sobre Derechos Humanos Artículo semanal Boletín de prensa Comunicado Coyuntura sobre Derechos Humanos Informes de Derechos Humanos Seguimiento de casos Sin categoría

Del cinismo a la responsabilidad penal internacional, solo hay un paso.

En el marco de la presentación del tercer informe de actividades del actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el titular de la PGJE Tomás Coronado Olmos, señaló que en Jalisco no se ha comprobado “ni un caso” de tortura.

Señala de manera contradictoria este funcionario, que debido a la falta de pruebas, no se ha sancionado a ningún servidor público de la PGJE ni de otra corporación, asegurando que se han investigado y que los jueces “no han encontrado elementos para configurar el delito”. Según la información recabada por el Cepad publicada y publicada en los Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2006 y 2007-2008, jamás se ha consignado una averiguación previa por actos presuntamente de tortura.

Ya en septiembre de 2009 Emilio González Márquez había señalado igualmente que en Jalisco “no se practica la tortura contra los detenidos”, pero bien vale recordarles a ambos funcionarios (y a los demás) que no sólo deberá ser castigado aquel servidor público que con ese carácter ordene o ejecute la tortura (artículos 2 y 4 de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, vigente desde el 24 de diciembre de 1993), sino también a aquellos que en el ejercicio de sus funciones conozcan (por cualquier medio) de un hecho de tortura y no lo denuncien (artículo 5).

Tanto víctimas y sus familiares han denunciados junto con diversos organismos locales, nacionales e internacionales que la tortura es una práctica recurrente en Jalisco y un método de investigación por parte de agentes de la PGJE, y negar su existencia significa la incapacidad para gobernar y procurar justicia en la entidad.

Sin embargo, las declaraciones de estos funcionarios dejan la posibilidad para que las víctimas de tortura o sus familiares acudan allende las fronteras a reclamar justicia y castigo para los responsables de los sufrimientos físicos y psicológicos, y estamos hablando de la Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción ha sido reconocida por México (ratificado por el Senado de la República el 21 de junio de 2005 el Estatuto de Roma que crea la CPI).

La competencia de este Tribunal se limitara a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, como lo son los de lesa humanidad entre los que se encuentra la tortura (artículo 7, inciso f del Estatuto).

Mientras tanto, la CEDHJ le deberá explicar a la sociedad jalisciense, los criterios utilizados para clasificar las quejas por tortura, por malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes, y por lesiones, pues a partir de la llegada del actual presidente, las quejas disminuyeron hasta quedar borradas del cuadro de supuestas violaciones más frecuentes en el 2007, 2008 y 2009.

Categorías
Coyuntura sobre Derechos Humanos Monitoreo Institucional Notas de prensa Seguimiento de casos Sin categoría

“No son tiempos de guerra”: Cepad

El aumento de la presencia del Ejército fuera de los cuarteles, con motivo del combate a la inseguridad y el crimen organizado, “es cuestionable y debe revisarse”, señaló Carlos Peralta Varela, presidente del consejo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad).

“Nos queda claro que si los militares están en la calle es porque la policía no está a la altura de las circunstancias del país, y hay una necesidad del Poder Ejecutivo de sacar al Ejército de los cuarteles y de violar la propia Constitución, teniéndolos afuera en tiempos que no son de guerra”, indicó.
Público dio a conocer ayer que los patrullajes de militares en ciudades y comunidades de la región aumentaron hasta 70 por ciento desde 2006.
Al respecto, el entrevistado dijo que al cumplir una función que no está prevista en sus responsabilidades, el Ejército pone en riesgo su prestigio. “Está sufriendo el desgaste que durante mucho tiempo sufrió la policía”, dijo. Además “se expone a la corrupción y a incurrir en violaciones a los derechos humanos”.
Peralta Varela resaltó que ante posibles violaciones a los derechos humanos por parte de militares, la población está más vulnerable, pues tiene menos formas de protegerse. “No puede, como en el caso de la policía, meter algunas amparos o denunciar ante algunas instancias”, dijo. Los miembros del Ejército, cuando incurren en delitos o faltas, son juzgados en el fuero militar.
Un ejemplo de los excesos en que puede incurrir el Ejército lo vivieron pobladores de Maltaraña, una empobrecida comunidad del municipio de Jamay, Jalisco (colindante con Michoacán) donde el 1 de junio pasado irrumpió una treintena de efectivos. Los militares se introdujeron a los hogares en presunta búsqueda de drogas y armas, cometieron diversas tropelías y acosaron e intimidaron a sus moradores, en su mayoría mujeres y niños.
Se presentaron 34 quejas por dicho caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que desde diciembre pasado indaga los hechos. Peralta señaló que el Cepad —que documentó los sucesos— tiene la expectativa de que la comisión “no sólo se pronuncie, sino que elabore una recomendación” al respecto.
El entrevistado dijo que la postura del Cepad es “porque se revise” la participación del Ejército en labores de patrullaje que son de la policía. “¿De verdad ésa es la única respuesta que podemos ejercer contra la inseguridad?”, inquirió. A su juicio, no. Pero la pregunta la dejó en el aire. Guadalajara/Maricarmen Rello Ver nota completa en Público.
Categorías
Coyuntura sobre Derechos Humanos Informes de Derechos Humanos Notas de prensa Seguimiento de casos Sin categoría

Ecos del Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2009

Les sugerimos leer la nota de La Jornada Jalisco, que informa sobre la visita que realizarán los y las integrantes del Comité Salvabosque del Nixticuil al Presidente Municipal de Zapopan, para entregarle el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2009 y de esa forma cuente con información oportuna que sea útil para preservar dicho bosque.