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Carta abierta: El gobierno federal debe atender la crisis de derechos humanos que afecta a la población y dejar de rechazar con argumentos falaces las conclusiones de la CIDH


6 de octubre de 2015. Sólo unas horas después de recibir las conclusiones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su visita a México, el pasado viernes, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dio a conocer la postura del gobierno federal al respecto y consideró que el informe preliminar de la CIDH “no refleja la realidad del país”. Asimismo, manifestó que las conclusiones fueron producto de “encuentros y entrevistas” en “solo seis de las 32 entidades” y “realizado en un plazo de cinco días”.
Frente a tal postura, recordamos que -como es del conocimiento del gobierno-, las conclusiones de la CIDH se sustentan no sólo en un trabajo de cinco días, sino en la vasta cantidad de información que permanentemente recaba dicha Comisión sobre México y que se ha actualizado durante la visita. 
Durante el actual sexenio, entre otras actividades, la CIDH ha celebrado 23 audiencias públicas sobre México, en las que el Estado ha tenido participación; en 2014 conocía de 130 peticiones y casos mexicanos en las etapas de admisibilidad y fondo; continuamente recibe informes de fuentes gubernamentales y no gubernamentales, supervisa medidas cautelares y el cumplimiento de recomendaciones en diversas entidades federativas y ha sostenido innumerables reuniones con víctimas, organizaciones y autoridades. 
En la visita de la semana pasada, el organismo se entrevistó con más de 100 representantes del Estado y sus equipos, así como con víctimas y organizaciones de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, entre otros.
Recordamos que la formulación de observaciones preliminares es una práctica rutinaria de la CIDH en sus visitas a todos los países, incluyendo visitas pasadas de sus relatorías a México. Por otra parte, las conclusiones que presentó la CIDH hace cuatro días coinciden con las de diversos mecanismos de la ONU. Entre 2014 y 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada encontró que México vive una situación de desapariciones generalizadas en gran parte de su territorio; el Relator sobre Tortura concluyó que ésta es una práctica generalizada; y el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias observó que la impunidad por los homicidios es generalizada. En años recientes el Relator para la Libertad de Expresión identificó a México como el país con más agresiones contra periodistas en América Latina.
Frente a tal panorama, lo que extraña del viernes pasado no es la valoración preliminar de la CIDH, sino que el gobierno federal haya negado la gravedad de la situación actual, incluso caracterizando a víctimas de desaparición forzada como “casos de 2008, 2009, 2010 y 2011”, cuando, además de seguir vigentes los casos de años pasados, han desaparecido casi 12,000 personas de 2013 hasta mediados de 2015 según cifras oficiales. En efecto, en este y otros rubros, el gobierno no citó datos que cuestionaran la información concreta presentada por la CIDH, generalmente derivada no sólo de testimonios y casos sino de estadísticas oficiales.
Las organizaciones y personas abajo firmantes lamentamos que el gobierno federal haya respondido desde una lógica mediática de control de daños, a conclusiones preliminares que atañen a problemas estructurales que afectan a las personas que viven y transitan por territorio mexicano. Al recordar que la invitación de visita que hizo el gobierno a la CIDH, tiene el efecto reglamentario de impedir la incorporación de México en el Capítulo IV del próximo informe anual de ese organismo (dedicado al análisis de las situaciones más graves de la región), la propia invitación se puede entender como una acción para cuidar la imagen internacional del Estado.
Si el gobierno federal verdaderamente pretende “abrir puertas y asumir retos” en materia de derechos humanos, el primer paso es dejar de descalificar a los organismos y personas expertas que documentan la realidad del país. Al contrario, el gobierno debe asumir las conclusiones y recomendaciones de éstos como insumos valiosos, reconociendo la naturaleza de la crisis actual para entonces implementar políticas, programas, leyes y sobre todo prácticas que lleven al efectivo acceso a la verdad, la justicia, la reparación y a la disminución de las violaciones a derechos humanos a lo largo del territorio nacional.
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH)
Alianza Cívica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
Casa de los Derechos de Periodistas
Casa del Migrante de Saltillo
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Centro Heriberto Jara (CESEM)
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barcadh)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Coalición Pro Defensa Del Migrante
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac)
Comité Cerezo México
Comunicación Comunitaria
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca
Disability Rights International (DRI)
Documenta: Análisis y acción para la justicia social
Foro para el Desarrollo Sustentable
Freedom House
Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Fundar: Centro de análisis e investigación
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana
Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura de Diálogo
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Universidad Iberoamericana Puebla
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde)
JASS (Asociadas por lo Justo)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Locallis: Especialistas en desarrollo local
Movimiento Migrante Mesoamericano
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
PEN México
Periodistas de a Pie
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
Red Mexicana de Líderes y Organizaciones de Migrantes 
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México
Red Solidaria Década Contra la Impunidad
Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)
Servicio Jesuita a Migrantes – México
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Sin Fronteras
Dra. Elena Azaola Garrido
Mtra. Alejandra Gonza, Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Washington, Facultad de Derecho
Mtra. Gabriela Morales
Mtro. Miguel Sarre, Profesor numerario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria:
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; PRODH Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Coalición Pro defensa del Migrante de Baja California; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; CMDPDH Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; NALACC Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; SJM México, Servicio Jesuita a Migrantes – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Sin Fronteras, IAP; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés, Consultora; Elba Coria, Consultora; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; Manuel Ángel Castillo, Investigador; Karina Arias, Consultora.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República:
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)



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Carta abierta de las OSC al Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos

México D.F., a 5 de octubre del 2015
Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
Presente
Distinguido Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein:
Las organizaciones que suscribimos la presente, nos dirigimos a Usted con el fin de hacerle llegar información, producto de nuestra labor de investigación, documentación y acompañamiento, de casos que ponen de manifiesto las violaciones a los derechos humanos generalizadas y, en ciertos casos, sistemáticas que se cometen en México.
Como le ha sido manifestado por diversas organizaciones de la sociedad civil mexicanas, durante los últimos 9 años el país ha experimentado un aumento acelerado en los índices de violencia e impunidad. El despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública en el marco de “la guerra contra las drogas” ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos dado que las Fuerzas Armadas no se han limitado únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las policías.
Los saldos de esta estrategia de seguridad han sido devastadores. Desde que fuera implementada esta política de seguridad en 2006, y hasta el momento, se tienen contabilizados: 102,696 homicidios intencionales reportados de acuerdo al Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de los cuales al menos 70,000 son ejecuciones extrajudiciales cometidas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico; 4,055 denuncias directas por tortura ante la Procuraduría General de la República (PGR) de las cuales 1,207 son cometidas por militares; 25,821 personas desaparecidas de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas; 281,418 personas desplazadas internamente a causa de la violencia; 8,595 personas detenidas arbitrariamente bajo la figura del arraigo tan solo a nivel federal; 27 asesinatos y 8 casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras de derechos humanos de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos. Adicionalmente, México ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a nivel mundial y de acuerdo a datos de las Procuradurías de Justicia de los Estados, cada día en México son asesinadas 6 mujeres en el país.
Dichas cifras revelan que México enfrenta una profunda crisis de derechos humanos y que siguen sucediendo hechos atroces en la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto, bajo la cual, no sólo se han cometido graves violaciones a derechos humanos, sino potenciales crímenes de lesa humanidad. Algunos ejemplos recientes son: la ejecución de 22 personas cometida por elementos militares en Tlatlaya, Estado de México en junio de 2014; la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero en septiembre de 2014; la ejecución extrajudicial por fuerzas federales de 16 personas en Apatzingán, Michoacán en enero de 2015; la ejecución por policías federales de 42 personas civiles en Tanhuato, Michoacán en mayo de 2015; la desaparición forzada por elementos militares de 7 personas en Calera, Zacatecas el 4 de julio de 2015, quienes fueron posteriormente encontradas sin vida; la privación arbitraria de la vida de Edilberto Reyes García, de 12 años, en la comunidad indígena de Ostula, Michoacán el pasado 19 de julio; el asesinato – todavía no esclarecido – del periodista veracruzano Rubén Espinosa y el feminicidio de la activista Nadia Vera, así como de Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín en el Distrito Federal el pasado 31 de julio.
Así mismo, de manera preocupante, la masacre a 72 migrantes ocurridas en San Fernando, Tamaulipas cometida en 2010 sigue sin tener ningún avance en la investigación, sanción de responsables y reparación del daño de familias, a pesar de que un año después fueran encontrados 193 restos de personas en 47 fosas clandestinas en el mismo municipio. De manera similar, no ha habido ningún esclarecimiento en relación a los 49 restos de personas, la mayoría de ellas migrantes, encontradas al borde de la carretera en Cadereyta, Nuevo León.
Por otro lado, resulta altamente preocupante la falta de reconocimiento y de un diagnostico nacional confiable sobre la situación real del país y de los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos por parte del Estado mexicano. Esto se ha evidenciado en el creciente desconocimiento de las observaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos por parte del Estado. En febrero de 2015, el Estado mexicano desconoció las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas al sostener que las mismas, “no correspondían con la realidad”. En marzo de 2015, calificó el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura, en su parte referente a México, como “no profesional y poco ético”. En ambas ocasiones, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto no pudo explicar sus cuestionamientos a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas; por el contrario, los hallazgos encontrados por los expertos internacionales, fundamentados en una gran cantidad de datos e investigaciones, simplemente se minimizaron, o se emprendieron campañas de desprestigio en su contra, como fue el caso del Sr. Juan Méndez, titular del procedimiento especial sobre tortura.
De la misma manera, ante la reciente visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México realizada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, el Estado mexicano una vez más desestimó las Observaciones Preliminares sobre la situación de los derechos humanos en México presentadas por este organismo, al considerarlas ajenas a la realidad del país. Cabe destacar que después de haber realizado entrevistas con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno, con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas, y después de haber recabado testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares en la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz, la CIDH constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, los niveles críticos de impunidad y la atención inadecuada e insuficiente que enfrentan las víctimas y familiares de violaciones a derechos humanos. A pesar de ello, para el Estado mexicano las observaciones presentadas por la CIDH resultaron insuficientes para reconocer que México enfrenta una grave situación de derechos humanos y por el contrario, a decir de la interpretación que comunicaron funcionarios de gobierno, las observaciones de este organismo resultaron consideraciones aisladas de casos “extraordinarios”.
Es importante señalar que pese a los repetidos desconocimientos por parte del Estado mexicano en relación a las observaciones de organismos internacionales de derechos humanos, el Gobierno mexicano no ha presentado hasta el momento un diagnóstico, con el rigor metodológico requerido, de la situación que enfrenta el país en materia de derechos humanos. Por el contrario, la reacción que la actual administración ha manifestado ante los organismos internacionales, se ha caracterizado por la negación de la realidad y por una preocupante simulación de “apertura al escrutinio internacional”.
Por si fuera poco, recién hemos identificado que el Estado mexicano pretende silenciar las voces críticas y expertas en la Organización de las Naciones Unidas, a través de la nominación de candidatos que han servido siempre a los intereses del Estado, para integrar los mecanismos que conforman el sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas. Esto se manifestó en la recién y no anunciada sustitución de la candidatura de un renombrado y prestigiado experto en tortura (Miguel Sarre) para ser integrante del Comité contra la Tortura (CAT) por la de un embajador en retiro (Claude Heller) quien no posee ninguna calificación en el tema.
Como Usted sabe, las organizaciones civiles mexicanas tenemos una valoración muy favorable sobre la presencia y utilidad de una Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-México) para auxiliar al país en su conjunto para avanzar la agenda de los derechos humanos. Le agradecemos que todos estos años la Oficina, a pesar de las críticas recientes que le hemos hecho, acompañe los trabajos de las organizaciones de la sociedad civil en el impulso del mejoramiento de la situación de derechos humanos. Celebramos también el hecho que su Oficina trabaje de la mano con víctimas de violaciones a derechos humanos, así como que directamente tenga interlocución con funcionarios de los diferentes poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para cooperar técnicamente ofreciendo insumos del derecho internacional aplicables cuando se discute el fortalecimiento de las políticas en materia de derechos humanos. 
Sabemos que actualmente su Oficina está inmersa en un proceso de negociación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para acordar la renovación de los términos de un acuerdo de cooperación técnica. Estamos seguros que Usted garantizará que dicho acuerdo fortalezca los trabajos de su Oficina en México de manera que ejerza con plenitud su mandato conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Su visita al país resulta de gran relevancia en estos momentos en los que el país atraviesa una crisis tan profunda de derechos humanos, caracterizada por violaciones graves, generalizadas y en ciertos contextos sistemáticas, la debilidad de las instituciones encargadas de su promoción y defensa, incluidos los órganos de procuración e impartición de justicia y el Sistema Ombudsman.
Usted está en la coyuntura precisa para lograr que el fortalecido mandato de su Oficina auxilie a las autoridades mexicanas en la identificación de líneas prioritarias para prevenir, atender, sancionar y reparar a víctimas de violaciones a derechos humanos; por lo que le hacemos un respetuoso exhorto para que:
I. Asuma una posición proactiva en el monitoreo de las violaciones a derechos humanos y en el señalamiento público de las obligaciones del Estado en la materia, por medio de un informe público sobre la situación de los derechos humanos en México, para ser presentado ante los poderes del Estado, así como ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dicho informe, en nuestra opinión, debiera contener mecanismos adecuados para evaluar, entre otros, los avances y retrocesos en las medidas implementadas por el Estado mexicano en cuanto a la investigación, procesamiento, sanción y reparación de violaciones a derechos humanos en el país.
II. Fortalezca las labores de su Oficina en materia de protección de los derechos humanos en el país, particularmente a través del robustecimiento de sus funciones de observación. Estamos convencidos que, con la presencia de funcionarios de su Oficina, se pueden lograr avances en materia de investigación de violaciones graves, al contar con la experiencia que les permite analizar la forma en que las autoridades de investigación procesan dichos casos e identificar acciones prioritarias para mejorar la rendición de cuentas y el acceso a justicia en el país. De la misma forma consideramos muy importante que su oficina haga pronunciamientos públicos. Por ejemplo, al tiempo que se respete la naturaleza de cada asunto, es importante que se den a conocer de manera oportuna los insumos técnicos que su Oficina aporte a procesos legislativos y judiciales a favor de los derechos humanos en el país.
Así mismo, es de suma relevancia que su Oficina tenga una presencia pública activa y relevante, en la que se puedan emitir llamamientos e invitaciones a respetar las obligaciones internacionales cuando se encuentre frente a la actuación deficiente por parte del Estado mexicano en la protección y defensa de los derechos humanos.
III. Brinde apoyo al Estado mexicano para el establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad de violaciones graves de derechos humanos y de casos de corrupción, que funja como un órgano integrado por expertos independientes nombrados por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas cuya finalidad sea fortalecer el derecho de las víctimas a la coadyuvancia en la investigación y persecución penal de violaciones graves a derechos humanos y de coadyuvar con la autoridad en la identificación y sanción de los servidores públicos que transgredan sus obligaciones y responsabilidades en materia de corrupción. 
Por otro lado, a fin de brindarle mayor información en ocasión de su visita a México, le hacemos llegar en anexo nuestros principales hallazgos respecto a la comisión de violaciones graves a derechos humanos en el país, como lo son: ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias como el arraigo, desplazamiento interno forzado, la violencia contra las mujeres y desaparición forzada.
Así mismo, y con la esperanza que su visita a México sea todo un éxito, nos permitimos hacerle llegar información con relación a la alarmante situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos, así como las y los periodistas, la falta de independencia judicial en el proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las violaciones a normas internacionales por el Código de Justicia Militar reformado, así como la violación al derecho a la consulta previa y la criminalización de la defensa del territorio de los pueblos indígenas frente a megaproyectos de inversión e infraestructura.
Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo y le agradecemos de antemano la atención que brinde a la presente. Sin más por el momento le expresamos nuestras más altas muestras de consideración y respeto.
Atentamente,
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos ACUDDEH A.C.
Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM
Casa del Migrante de Saltillo
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM
Católicas por el Derecho a Decidir A.C.
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM)
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Centro Regional de Derechos Humanos “BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO”
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.
DECA Equipo Pueblo, A.C.
Documenta, Análisis y Acción por la Justicia Social
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Espacio DESC)
Freedom House México
Fundación Diego Lucero, FDL
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
ID(H)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C
Incide Social, A.C.
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ., de la Universidad
Iberoamericana Puebla
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMEDDH
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México
Red de Alerta Temprana, RAT
Red de Profesores/as e Investigadores/as de Derechos Humanos en México
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM)
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)
SMR, Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz);  Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

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Separación temporal del Mtro. Francisco Macías Medina, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)

Guadalajara, Jalisco a 1 de octubre de 2015

A los medios de comunicación
A las organizaciones sociales y civiles
A la ciudadanía en general

Asunto: Separación temporal del Mtro. Francisco Macías Medina,
del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)
El Maestro Francisco Macías es uno de los miembros fundadores del CEPAD, y fue el primer director de la organización. Ha permanecido en la misma colaborando activamente como vocal del Consejo Directivo y como asambleísta. Para sus integrantes ha sido importante su presencia puesto que reconocemos en él a una persona tenaz, capaz, conocedora de los derechos humanos y a un compañero solidario con las causas sociales.
A partir de esta fecha, ha decidido incorporarse al servicio público en el Ayuntamiento de Guadalajara, por lo que dejará de ser miembro activo del CEPAD, incluyendo su colaboración ante los medios de comunicación y eventos públicos, en tanto siga en el servicio público.
El CEPAD expresa públicamente el respeto a las decisiones personales de sus integrantes y manifiesta que como pilar fundamental de las actividades de la organización, está la independencia y la autonomía respecto de gobiernos  y partidos políticos.
Las y los asambleístas, así como el equipo operativo del CEPAD, le deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva etapa profesional, con la certeza de que su desempeño ético y su integridad como persona continuarán caracterizándolo. 
Atentamente, 
A nombre del Consejo Directivo
Dr. Carlos Peralta Varela
Presidente del CEPAD, AC

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Autodeterminación de los pueblos versus derechos de las mujeres

Por Gerardo Moya García
Asambleísta del CEPAD

Imagen: Reporte Índigo
Estaba pensando sobre qué escribir…. Hay tanto que decir… Ayotzinapa; las desapariciones forzadas en Jalisco; la intervención en México de las instancias internacionales de derechos humanos; el “aumento” del salario mínimo; la situación de las mujeres; las alertas de género; los resultados electorales, la cooptación de cuadros de la sociedad civil para ocupar cargos públicos….y un largo etcétera. 
Por cierto que el refulgente aumento del salario mínimo a 70.10 pesos diarios y su homologación en toda la República mexicana, me hizo recordar el ejercicio que realicé hace poco más de un año respecto a cuánto requeriría ganar mensualmente un jefe o jefa de familia de cuatro personas para mantenerla de manera elemental pero dignamente. Mi reflexión se publicó en este espacio bajo el nombre de “Lo mínimo del salario mínimo”. Pues bien, según mi ejercicio, el monto mensual resultante implicaría que el salario mínimo fuera de alrededor de 235 pesos diarios, y cómo dije en aquél entonces, saque usted mismo las conclusiones. Y me pregunto: ¿Ya habrán quitado de los reglamentos gubernativos la relación entre el monto de las multas, con los días de salario mínimo?, si no… UFFFF. ¡Qué fiasco nos llevaremos al ver que nuestro salario aumentó al mismo nivel que las multas que tendría que pagarle al Estado por alguna infracción de orden administrativo o penal!
Pero en realidad el tema que más llamó mi atención en los medios es el de una nota titulada: “Misoginia Electoral” de Imelda García, publicada por Reporte Índigo el 29 de septiembre del año en curso. Me llamó la atención por lo que en realidad está detrás. Es un tema delicado que implica lo que llamamos “contraposición de derechos”; es decir, cuando dos o más derechos se contraponen entre sí en una situación real y concreta por la que hay que tomar partido. 
El caso es el de las mujeres que aún en contra de los “usos y costumbres” de sus comunidades de origen, ejercen ciertos derechos que según esos usos y costumbres no les corresponden (o no les deberían de corresponder). Ejemplos en el mundo hay muchos, resaltan los de la tradición conservadora islámica o hindú, pero para no ir tan lejos, les dejo la experiencia local: 
Refiere la nota que en el estado de Chiapas por primera vez, este jueves 1 de Octubre, 35 mujeres tomarán protesta como alcaldesas, lo anterior entre amenazas debido a los usos y costumbres indígenas que establecen que una mujer no puede gobernar una comunidad.
¿Qué prevalece? El respeto a los usos y costumbres de una comunidad indígena que implica el reconocimiento a su derecho a la libre determinación como pueblo con lo que ello implica, o el derecho político de la mujer a votar, ser votada, y a ejercer cargos públicos. 
Creo que desde el ámbito del derecho el tema está entrampado. Derecho individual o derecho colectivo. ¿Vale más el que sea una comunidad que el que sea una persona? ¿Puede un derecho individual ir en contra de la costumbre de una comunidad? 
Sugiero una vía de salida más allá de la contraposición de derechos. Los estudios de género, han desenmascarado que detrás de los usos y costumbres en general se encuentra enquistado en la cultura un “estado patriarcal”; es decir, una cosmovisión, asumida mas no cuestionada, en la que el hombre es superior a la mujer y que como resultado de ello, surgen una serie de roles y estereotipos a cumplir. Por dichos roles y estereotipos, discriminamos, juzgamos, sufrimos y hasta quitamos la vida de otros y otras. 
Mientras no vayamos a la causa que nos hace pensar de la manera que pensamos y la cuestionemos, no somos en realidad “libres” sino esclavos de nuestros propios pensamientos. No somos en realidad “conscientes” sino que vivimos dominados. 
La invitación hoy es a despertar, a cuestionar nuestro propio sistema de pensamiento, a ser libres. 
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BOLETÍN DE PRENSA La Secretaría Ejecutiva y las Organizaciones de Derechos Humanos de la Región Occidente de la Red TDT presentan su Agenda Política 2015-2020 Ante la adversidad y la indignación: La construcción colectiva



Guadalajara, Jalisco.  A 18 de septiembre de 2015

BOLETÍN DE PRENSA

La Secretaría Ejecutiva y las Organizaciones de Derechos Humanos de la Región Occidente de la Red TDT presentan su Agenda Política 2015-2020
Ante la adversidad y la indignación: La construcción colectiva

Vivimos en un país en donde el Estado Mexicano, a través de firmas de tratados, así como la promulgación, modificación y reformas de leyes, pretende convencernos y demostrar a nivel internacional que los derechos humanos son respetados y garantizados. Sin embargo hay muchos casos concretos que contradicen el discurso oficial.
La Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), fundada hace 25 años, que está integrada por 75 organizaciones de Derechos Humanos, en 21 estados del país, tiene una visión crítica sobre la realidad de los Derechos Humanos en México, que no surge sólo por rebeldía o inconformidad. Nuestra inspiración nace del contacto directo y cotidiano que tenemos como testigos y acompañantes tanto de violaciones de derechos humanos, así como de la lucha por la reivindicación y construcción de los mismos.
A partir de dicha experiencia, las organizaciones de la Red TDT consensamos una agenda nacional de derechos humanos. Buscamos que este sea el documento de referencia para establecer las prioridades y los principales temas de debate en torno a la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, que nos sirva como instrumento para hacerlos exigibles y justiciables frente al Estado Mexicano.
Esta agenda no pretende dejar de lado o desdeñar otros problemas que aquejan a las y a los ciudadanos de esta nación, sin embargo, en la Red TDT consideramos que los temas expuestos en ésta representan problemas estructurales y su solución llevaría a generar transformaciones profundas en México.
La construcción de esta Agenda está basada en dos pilares del trabajo de la Red: el quehacer de cada una de las organizaciones que la conforman, y el análisis de la realidad que estas hacen sobre la situación de derechos humanos en México. Fue construida a partir de una metodología derivada de los planteamientos del sociólogo francés Pierre Bourdieu, quien propone analizar la realidad desde la conformación de campos de lucha.
De acuerdo con esta propuesta, la agenda de la Red TDT se construyó con los siguientes campos de lucha:
a) Tierra y Territorio
b) Violencia e Inseguridad
c) Mujeres, género y poblaciones LGBTTTI
d) DESCA y Políticas Públicas
e) Movilidad humana como migración, refugio y desplazamiento
f) Derecho a defender los derechos humanos y la Criminalización de la protesta social.
Con esta agenda las organizaciones que integran la Red TDT reiteran su compromiso con la tarea de buscar la vigencia plena de los derechos para todas y todos los ciudadanos de este país, labor que desarrollan desde hace más de dos décadas. También representa una oportunidad para establecer un diálogo con otros actores sociopolíticos para construir alianzas y convergencias con otras redes, organizaciones, colectivos, movimientos sociales y ciudadanos interesados en la política y que también buscan el pleno respeto de los derechos humanos en México.
Cada uno de los campos de lucha está debidamente desarrollado en un capítulo de este documento. Al principio se expone un apartado general sobre el panorama de los derechos humanos en nuestro país y de la misma manera plantea un pronunciamiento público que es una declaratoria de parte de la Red TDT.

REGIÓN OCCIDENTE DE LA RED TDT

La Red TDT esta dividida en 5 regiones. La Región Occidente está integrada por 10 organizaciones de Derechos Humanos de los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Colima. Como Región nos enfrentamos a patrones comunes estructurales de violación sistemática de los Derechos Humanos.
Particularmente nos preocupa el deterioro absoluto de la seguridad humana que se vive en la Región, en contubernio con grandes intereses trasnacionales e incluso con el crimen organizado; la vulnerabilidad a la se exponen las defensoras y defensores del territorio y los derechos humanos para hacer valer el derecho a defender los Derechos. La legalización del despojo de las tierras y territorios de comunidades indígenas, campesinas y urbanas, despojo que se agudiza con la reciente implementación de la reforma energética así como la mercantilización de la vida a cargo del capital nacional y trasnacional; y finalmente, las condiciones paupérrimas a las que se enfrenta la población mayoritariamente campesina e indígena obligada a migrar.
a) Tierra y Territorio
Las amenazas y ataques a las tierras y territorios de comunidades indígenas, campesinas y urbanos de nuestra Región, así como la destrucción de los equilibrios medioambientales son alarmantes y representativos del imperio otorgado por el Estado Mexicano a los grandes intereses económicos por encima de los derechos de las poblaciones.
Casos como el de la Comunidad Indígena de Zacualpan en Colima, en el que se disputa el agua, elemento esencial para la vida, y minerales preciosos, entidad tan biodiversa en la que el 44% de su territorio está concesionado a explotación minera. En Jalisco casos como la construcción de la Presa El Zapotillo, los despojos a los territorios de los pueblos indígenas Wixaritari y Nahua de Ayotitlán y Tuxpan, así como la grave contaminación industrial del río Santiago, son muestra de que no escapamos del modelo extractivista y de la destrucción del futuro de nuestros hijas e hios, nietas y nietos. Por otro lado, la amenaza de destrucción, también por la minería, del patrimonio de la humanidad del Santuario Wirikuta en San Luis Potosí. La destrucción total del Cerro de San Pedro, ícono y lugar sagrado donde nace el agua que alimenta San Luis Potosí.
b) Violencia e Inseguridad
En la región occidente del país se mantiene la percepción sobre la inseguridad, persiste la impunidad y se vive una permanente sensación de miedo por la violencia. En todos nuestros estados existen víctimas de desaparición, ejecución y diversas fórmulas de desplazamiento atribuidas a los despojos. En este sentido cabe tener presente que Jalisco ocupa un nada honroso segundo o cuarto lugar (dependiendo de los informes) nacional en desapariciones.  Debemos luchar entonces por una seguridad humana en donde la acción por fortalecer la seguridad pública vaya acompañada de la vigencia de los derechos humanos.
c) DESCA y Políticas Públicas
Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son vistos como servicios y no como derechos, por lo cual no se les ha dado la atención necesaria para dar respuesta a estas necesidades. Esto ocasiona no contar con una economía que solvente las necesidades básicas, y con esta deficiencia se deteriora tanto lo social, lo cultural como lo ambiental.

d) Movilidad humana como migración, refugio y desplazamiento
En el campo de lucha de movilidad humana, migración, refugio y desplazamiento, defendemos el derecho a migrar, sin embargo, las migraciones forzadas por causas diversas, como pobreza, violencia, despojo de la tierra y otros factores socio-económicos, son las que llevan a la violación de los derechos fundamentales de distintos grupos y colectivos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad (niños, mujeres, indígenas, migrantes extra continentales, etc). Prima por encima del derecho de las personas el interés de la seguridad del estado, faltando la comprensión de la movilidad humana como un fenómeno trasnacional desprovisto de criterios de seguridad y respeto a los DDHH. Vemos que el refugio es sistemáticamente negado y alejado del debido proceso. En el caso de la migración interna, tiene más importancia la seguridad nacional y económica que la seguridad humana, estos migrantes internos están desprovistos de todo derecho fundamental.
e) Derecho a defender los derechos humanos y la Criminalización de la protesta social
Las personas defensoras de los derechos humanos en nuestra región, al igual que el resto del país, hemos sufrido el acoso, diferentes formas de amenaza, el encarcelamiento, perseguidas, desaparecidas y asesinadas. Es fundamental para la Red TDT que la lucha por la vigencia de los derechos se pueda realizar en un clima de libertad si represión y sin criminalización, por qué solo así se puede construir la democracia.
Atentamente,
Red TDT y Red TDT Región Occidente: Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) / Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C.  (AJAGI) / Comité de Derechos Humanos de Colima, No Gubernamental, A. C. (CIDH) / Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario / Programa Universitario de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana, León / Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. / Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. / Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) / Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO / Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD)

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Presentación de la agenda política 2015-2020 de la Red TDT

La Red TDT tiene el agrado de invitarles a la presentación pública de su libro: Ante la adversidad y la indignación: la construcción colectiva – Agenda política 2015-2020

Esta agenda política es fruto de un intenso proceso de diálogo y construcción crítica en el que las organizaciones partieron de sus realidades para trazar una ruta común con  seis campos de lucha. Así, la Red TDT conmemora su 25 aniversario con un posicionamiento ante las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que enfrenta nuestro país: constituyéndose en  una herramienta para la construcción colectiva de un futuro en donde los DH tengan plena vigencia.
Lugar y fecha:
Casa ITESO Clavigero. José Guadalupe Zuno #2083. Colonia Americana. Guajadalajara, Jalisco.
Viernes 18 de septiembre a las 6pm.
Invita Red TDT región occidente:
– Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara)
– Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI)
– Comité de Derechos Humanos de Colima, No Gubernamental, A. C. (CIDH)
– Respuesta Alternativa, A. C.
– Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Iberamericana de León
– Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
– Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.
– Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C.
– Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C.(IMDEC)
– Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD)
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Conmemorar un año, faltan motivos para festejar

Por Carmen Ruiz Velasco Tapia
Asambleísta de CEPAD
Este 26 de septiembre se cumple el primer aniversario de la tragedia de Ayotzinapa que se suma a miles de tragedias personales, familiares y comunitarias que se han dado a lo largo y ancho del país en los últimos años.
El gobierno mexicano, en vez de atender y resolver estos  y muchos otros sucesos de este tipo, fabrica mentiras históricas que no se sostienen y evidencian su corrupción.  Se gastan fortunas en publicidad sobrevalorando el poder de la mercadotecnia en los medios de comunicación, pretendiendo confundir, desviar y manipular a la opinión pública gracias a esa alianza perversa con las cadenas televisivas, de radio y de prensa escrita que están ejerciendo funciones que no les corresponden. 
El discurso gubernamental además de contrario a la realidad, utiliza un tono triunfalista, como si eso le diera credibilidad. El discurso se ampara en los supuestos planes de austeridad y cambios estructurales. 
Hemos visto que las bardas del estado se elevan cada vez más para que los gritos de furia, de desesperación y auxilio no se oigan. Sin embargo, el movimiento de Ayotzinapa, que representa y congrega también las luchas de muchos movimientos sociales con demandas de justicia,  ya con visibilidad internacional, lejos de acallarse, toma fuerza. No es sólo el número de personas en las calles, es la indignación generalizada en la mayor parte de los estratos de la sociedad mexicana.   
A 205 años de la Independencia de México, como en muchas ocasiones anteriores, en muchos círculos, la celebración es cancelada y es aprovechada como oportunidad para hacer manifiesto el enojo y la indignación hacia el gobierno mexicano. Si hay algo que celebrar, eso sería  la unión que se va formando en la sociedad civil, la solidaridad con las causas y el fortalecimiento que esto produce en la población mexicana.
La indignación mencionada ya traspasa fronteras, tenemos visibilidad internacional por los escándalos de corrupción, violación de los derechos humanos y por el desastre social en que se encuentra nuestro país. Son situaciones claras de la situación de mentira y corrupción ya insostenible al interior y exterior de nuestro país.
Quizá pronto celebremos que en México suceda algo similar al ejemplo de Guatemala, donde la comisión internacional contra la corrupción juzgó al presidente y la vicepresidenta, gracias a una instancia internacional e independiente.
Sin duda, es una buena solución y una gran noticia para los pueblos latinoamericanos. Para implementarla en nuestro país necesitamos, además de una sociedad civil unida y fuerte, que la comunidad internacional sepa lo que sucede realmente en México, no sólo la versión oficial de los acontecimientos.
Aquí es donde las organizaciones de la sociedad civil deben llamar a las puertas apropiadas e informar con verdad y objetividad. 
Por lo pronto, los invito a sumarnos y acercarnos a los distintos eventos, conferencias, películas, marchas y libros, entre otros, que se están produciendo en torno al primer aniversario de la tragedia de Ayotzinapa. Al calce les dejo unos puntos de entrada de los muchos posibles.
Necesitamos derrumbar los muros de la impunidad y de la injusticia. La solidaridad entre mexicanos y la visibilidad internacional son nuestras fortalezas. 
Sobre marcha: http://nipora.com/guadalajara-marcha-por-ayotzinapa-comunidad-cucsh/818507
Sobre video: https://www.facebook.com/events/870113266413153/
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Control del espacio público: Tercer informe sobre protesta social en México
La libertad de expresión y la protesta enfrentan una ofensiva desde el Estado. A partir de diciembre de 2012, México vive un proceso de crisis en materia de libertades democráticas y derechos humanos. La restauración de prácticas autoritarias y el aumento de la violencia, han afectado la vigencia de la democracia. 
Ello genera un contexto político desde el cual funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno descalifican a quienes se manifiestan; minimizan agresiones en su contra; y justifican detenciones arbitrarias y el uso del sistema penal de forma arbitraria.
En este escenario, se integra el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social compuesto por 11 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, vinculados por la defensa de las libertades en el país a través del monitoreo legislativo y el empleo de acciones jurídicas.
El Informe da cuenta del aumento de la violación de derechos humanos en contextos de manifestaciones: leyes que restringen los derechos ciudadanos; imposición de condicionamientos administrativos para la manifestación y el uso del espacio público; las facultades a los cuerpos policiacos para el uso discrecional y arbitrario de la fuerza; y el uso del derecho penal para castigar a manifestantes y personas que documentan las protestas.
Este documento fue construido desde el monitoreo constante de iniciativas legislativas que puedan restringir el derecho a la protesta, así como de eventos en los que se documenta agresiones contra manifestantes y documentadores en distintas partes del país.
De la misma manera, da cuenta del papel preocupante que ha jugado el Poder Judicial de la Federación ante los recursos de amparo interpuestos por diversos colectivos de estudiantes, sindicatos, periodistas y personas defensoras derechos humanos contra leyes que buscan inhibir la manifestación pública en el Distrito Federal, Puebla y Quintana Roo.
En este sentido, el documento analiza como México se inserta en una tendencia global a limitar la fuerza de las expresiones de disenso y las críticas a la gestión gubernamental. En tal contexto, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social refrenda que sin protesta no hay democracia.

Es importante que las autoridades generen condiciones para la garantía y ejercicio de los derechos implicados en las manifestaciones públicas. En la actual crisis de representación política, la protesta social se erige como uno de los pocos mecanismos de control democrático sobre los poderes públicos.
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Las marchas que despertaron a la luz del matrimonio igualitario en Jalisco

Por Paola Lazo Corvera
Asambleísta del CEPAD
Jalisco es un estado lleno de contrastes. Guadalajara, su capital, los sintetiza todos. El 22 de agosto pasado organizaciones de la sociedad civil convocaron a una marcha pacífica a favor del matrimonio igualitario; la consigna principal: “Todos los derechos, todas las familias”. Más de mil personas marchamos buscando la igualdad y la armonización del Código Civil en el Estado de Jalisco a raíz de la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todas las leyes estatales del país que establecen la posibilidad de matrimonio como exclusiva de parejas formadas por un hombre y una mujer.
Se trataba de reivindicar un derecho humano, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a través de una exigencia específica, la del derecho al matrimonio; la de la posibilidad de acceder a seguridad social para sí y para su pareja, la de adoptar si es que así lo desean y la de formar una familia. Generar consciencia de que no existe una sola forma de ser pareja, ni sola una manera de ser familia. Las familias, las personas, los seres humanos somos diversos por naturaleza, y esa diversidad está amparada en el derecho a la igualdad. 
Días antes de la marcha, se entregó al Congreso del Estado un pronunciamiento formal a favor del matrimonio igualitario en Jalisco, en la que 27719 firmantes demandan a los legisladores jaliscienses actuar a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Solicitan en concreto que se reforme el artículo 258 del Código Civil y que se modifique la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y que se estipule como una institución entre dos personas. 
Paradójicamente, un mes antes en esta misma ciudad, se reunieron más de 30 mil personas para marchar en contra del matrimonio igualitario. La marcha unió alrededor de 230 organismos civiles aglutinados en una sola organización denominada “Jalisco es uno por los niños”, que con el respaldo del Arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, en medio de gritos, globos y pancartas defendieron al unísono su noción excluyente de familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, así como el derecho de los niños a tener papá y mamá. 
Pero, ¿qué dice de nosotros como sociedad una marcha organizada con el objetivo de que se le nieguen los derechos a otros y a otras por el simple hecho de considerarlos distintos? ¿dónde caben los derechos de todas las otras personas que conforman diversas maneras de ser y de vivir en familia: las familias encabezadas por una mujer sola o un hombre solo, por abuelos, tíos, hermanos o personas solidarias que se hacen cargo amorosa y pacientemente de la crianza y educación de cientos de miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Detrás de una marcha como ésta se esconde la sombra de una sociedad homofóbica, homogeneizante y patriarcal, que demanda un derecho para unos, a costa de una cínica exclusión de los demás. 
Olvidan que desde el año 2003, mediante la aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, quedó prohibida toda forma de discriminación, entendida como toda distinción basada en el sexo, la opinión, la preferencia o identidad sexual, el estado civil o cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos, así como la igualdad real de oportunidades para todas las personas. Es justo en esta ley que se sostiene el pronunciamiento reciente de la SCJN.
Preocupa contrastar lo que promueve una y otra marcha, y constatar que la que tuvo una mayor convocatoria fue aquella que promovió la discriminación, el odio y la violencia; una que coloca a México en el segundo lugar mundial en crímenes de odio, en donde la homofobia se ha convertido en un mal social que impide que avancemos hacia el respeto, la tolerancia y la valoración de las diferencias, que fomenta el desprecio entre los grupos y personas, legitima la ley del más fuerte, y desconoce la igualdad de derechos, rompiendo así el tejido social que nos une como comunidad. 
Las consignas de lucha por el matrimonio igualitario, en cambio, proclaman que la verdadera familia no discrimina; defienden al Estado laico, reconocen y valoran todos los modelos de familia, y exigen el derecho de todos y todas a todos los derechos. Se trata de que las nuevas generaciones crezcan fortalecidas y sean mejores personas: que no sufran violencia, ni violenten, que no sean discriminadas ni discriminen, y que respeten a cada uno y cada una por lo que son, y no por cómo han decidido vivir o por quién han elegido a amar. 
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Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)
Calle Madero 836, colonia Americana Oriente. CP 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono: +52 33 36134066
www.cepad.org.mx
http://cepadorg.blogspot.mx/

Responsable:
Alberto Guillermo López Ruiz
Coordinador de Comunicación

interlocucion@cepad.org.mx


Guadalajara, Jalisco a 2 de septiembre de 2015

BOLETÍN DE PRENSA

La Comunidad Indígena Coca de Mezcala de Asunción exige justicia para sus integrantes y la restitución de su territorio invadido

En 1999 el empresario Guillermo Moreno Ibarra se apoderó ilegalmente de diez hectáreas del territorio comunal y forestal de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de Asunción, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Como respuesta, las autoridades tradicionales de la comunidad demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario la inmediata restitución de sus tierras. Sin embargo, la demanda fue infructuosa.

Hasta ahora, la falta de una resolución en su contra ha permitido a Moreno Ibarra continuar atentando contra el patrimonio territorial de la comunidad, ha desmontado área forestal y removido suelo para construir una gran mansión bordeada por una malla metálica electrificada, así como creado una brecha exclusiva para que circulen sus vehículos y ha desviado cauces de ríos, todo con la complacencia de las autoridades del municipio de Poncitlán, de la Comisión Nacional de Agua (CNA), de la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente (PROFEPA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Procuraduría Agraria (PA), entre otras.

En el año 2011, al no recibir justicia por parte de las autoridades, la Asamblea de Comuneros de Mezcala ordenó desmontar un panel solar que Moreno Ibarra instaló en su territorio y dejarla a su disposición en la entrada de la Casa Comunal. Dicho panel alimentaba una bomba de agua que desviaba y retenía arroyos que las comunidades de Mezcala y San Juan Tecomatlán utilizaban para sus actividades agrícolas y ganaderas. Inmediatamente después Moreno Ibarra y su prestanombres, Crescenciano Santana, presentaron ante la Agente del Ministerio Público adscrita a Poncitlán, Jalisco, una denuncia penal por robo en contra de Rocío Moreno y cuatro integrantes más de la comunidad, quienes no fueron citados a la integración de la averiguación previa.

Con una indagatoria plagada de irregularidades por parte de la Agente del Ministerio Público, como son las violaciones a los derechos al debido proceso, y a la seguridad jurídica y personal, el expediente fue consignado al Juez Penal de Ocotlán, Oscar Martín Morales Vázquez, quien en lugar de analizar a detalle el expediente y advertir de las inconsistencias jurídicas por parte de la Agente del Ministerio Público giró, de manera irresponsable, ordenes de aprehensión en contra de Rocío Moreno y diez personas más. Los integrantes de la comunidad salieron libres bajo caución después de ser presentados y pagar una exorbitante fianza ante el Juez Penal de Ocotlán.

El pasado 27 de mayo, el mismo Juez dictó sentencia definitiva condenando de manera injusta a los miembros de la comunidad como responsables del delito de daño en las cosas a una pena de entre dos y tres años de prisión y al pago de una multa equivalente a 10 días de salario mínimo.

El día de hoy, fue presentada en Audiencia la apelación en contra de infundada e inmotivada sentencia, cuyos agravios versan sobre las violaciones cometidas al debido proceso y la no aplicación del Protocolo para los casos donde se involucren personas, comunidades y pueblos indígenas, así como de los tratados y convenios internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Actualmente la causa penal de apelación se encuentra en la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

La Comunidad Indígena de Mezcala de Asunción exige a los magistrados de la Sexta Sala que resuelvan aplicando la justicia para sus integrantes, y que, particularmente, implementen el Protocolo de actuación  para quienes imparten justicia en los casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Asimismo, les solicitamos que ejerzan la facultad de interpretar la legislación local conforme a los derechos contemplados en normas e instrumentos internacionales y apliquen el principio pro persona en virtud de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011.
Atentamente
Comunidad Indígena Coca de Mezcala de Asunción
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)