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COMUNICADO DE PRENSA
RNDDHM manifiesta preocupación por seguridad
 de la  periodista y defensora Jade Ramírez
25 de agosto de 2015.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) integrada por 180 defensoras de derechos humanos de 22 estados y el Distrito Federal, manifestamos nuestra preocupación por la seguridad de la periodista y defensora de los derechos humanos Jade Ramírez, quien también se desempeñó como Consejera en la Junta de Gobierno del Mecanismo Gubernamental de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de noviembre de 2012 a agosto de 2015.
De acuerdo a la información compartida por la periodista Jade Ramírez a la RNDDHM, existe un temor fundado de riesgo, dado el rol desempeñado como Consejera Ciudadana en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de DH y Periodistas, sobre todo debido a que durante los meses de marzo a julio -principalmente-,   la periodista fue objeto de diversas agresiones como intento de allanamiento y amenaza de muerte a través de un mensaje dejado en el buzón de la puerta de su casa el 7 de marzo de 2015; así como diversos  actos de intimidación relacionados con su papel crítico al interior del Consejo Consultivo del Mecanismo.
En ese sentido el pasado lunes 10 de agosto de 2015 fue hecho de nuestro conocimiento que Jade Ramírez presentó -con carácter de irrevocable- su renuncia  al Mecanismo.
Ante ello, como defensoras de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por Jade Ramírez  y alertamos ante cualquier tipo de agresión en su contra.
La situación de riesgo casi permanente en el que se encuentra Jade Ramírez, tanto por su labor periodística como por su labor para visibilizar violaciones a los derechos humanos en diversas partes de nuestro país; así como la falta de garantías de seguridad en México, la ha obligado a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, dada la situación de violencia y el contexto que vivimos en México en materia de libertad de expresión, las 180 defensoras de derechos humanos que conformamos las RNDDHM:

Manifestamos nuestra preocupación por la seguridad de la periodista Jade Ramírez y respaldamos su trayectoria y labor.

Nos manifestamos y responsabilizamos a las autoridades federales de cualquier tipo de agresión en su contra y nos mantendremos alertas de la seguridad y bienestar de la periodista.

Visibilizaremos la situación de riesgo de la periodista y defensora de los derechos Humanos Jade Ramírez ante instancias y organismos internacionales.
Atentamente,
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 180 defensoras de derechos humanos de 99 diversas organizaciones, ubicadas en 22 estados de la República y el Distrito Federal: Agnieszka Raczynska (México D.F.); Aidé García (Católicas por el Derecho a Decidir, México D.F.); Alba Cruz (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Alejandra Ancheita (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC), México D.F.); Alejandra Nuño (México D.F.); Alexandra Garita (México D.F.); Alicia Leal Puerta, (Alternativas Pacíficas, México D.F.); Aline Castellanos (Herramientas para el Buen Vivir A.C., Oaxaca); Alma Ángelica Barraza Gómez (Sinaloa); Alma Delia Rodriguez Alor (Organización Tendremos Alas A.C.,Veracruz); Amelia Guadalupe Ojeda Sosa (Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE), Yucatán); América del Valle Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Ana Karen López Quintana  (Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Tamaulipas); Ana Lidia Murillo Camacho (Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Sinaloa); Ana María Hernández Cárdenas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Anaís Palacios Pérez (Colectivo por la Paz Región Xalapa, Veracruz); Analia Penchaszadeh (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Andrea Acevedo García (Mariposas Tlahuicas AC, Morelos); Andrea Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Guerrero); Ángeles López (Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Guanajuato); Angélica Araceli Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México); Atziri Ávila (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Aurora  Montaño (México D.F.); Axela Romero Cárdenas (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, México D.F.); Beatriz Hernández Bautista (Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género !Nduva Ndandi!, Oaxaca); Bettina Cruz Velázquez (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca); Blanca Martínez (Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Coahuila); Blanca Mesina (Baja California); Blanca Velázquez (Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), Puebla); Carina González Luis (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Carolina Cantú (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero); Carolina Coppel Urrea (Ambulante Más Allá (cine documental), México DF); Carolina Ramírez (Aura A.C., Veracruz); Cecilia Espinosa Martínez (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Cecilia Oyorzabal Gómez (Agencia Timomatchtikan,Puebla); Cirenia Celestino Ortega (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Clara G. Meyra Segura (Proyecto de Acompañamiento Psicosocial ALUNA, México, D.F.); Claudia Ángel (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C., México D.F.); Claudia Erika Centeno Zaldívar (México D.F.); Clemencia Correa (Proyecto de Acompañamiento Psicosocial ALUNA, México, D.F.); Concepción Felix Corral (Sí Hay Mujeres en Durango AC, Durango); Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Nuevo León); Cristina Auerbach (Familia Pasta de Conchos, Coahuila); Cristina Cruz López (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH); Cristina Hardaga Fernández (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.);  Dalí Ángel Pérez, (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), A.C, Oaxaca); Daptnhe Cuevas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, México D.F.); Daniela  Fonkatz (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Diana Damián Palencia (Formación y Capacitación AC (FOCA), Chiapas); Diana López Santiago (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Dolores González (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ), México D.F.); Dora Ávila (Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, Oaxaca); Elena Tapia Vásquez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Elga Aguilar (Comité Cerezo México, México D.F.); Elizabeth Ferreras (Defensa Jurídica y Educación para Mujeres S.C. Vereda Themis, México D.F.); Elizabeth Robles (Servicio Desarrollo y Paz, A.C., Coahuila); Emelia Ortiz (Campaña Si no están ellas no estamos todas, Oaxaca); Emilia González Tercero (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC), Chihuahua); Esmeralda López Martínez (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Estrella Soria (México D.F.); Fabiola González Barrera (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Fátima Ojeda (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Felicitas Martínez Solano (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero); Flavia Ester Anau (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C.,Oaxaca); Gabriela Aguilar Martín (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México); Gabriela Morales Gracia (Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, México D.F.); Georgina Vargas Vera (Guanajuato); Gloria Muñoz Ramírez (Desinformémonos, México D.F.); Griselda Sánchez Miguel (Oaxaca); Guadalupe García Álvarez (Mujeres Luchas y Derechos para todos, Estado de México); Guadalupe Hernández Hernández (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Guadalupe López (Lesbianas en Patlatonalli, Jalisco); Harmida Rubio Gutiérrez (Veracruz); Hermelinda Tiburcio Cayetano (Kinal Antzetik, Guerrero); Icela Jaimes (Colectivo Raíz, Aguascalientes); Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Indira de Jesús Luis Aquino (Oaxaca); Ingrid López Miguel (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Irma Estrada Martínez (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México D.F.); Ixchel Carrasco Arias (Enlace, Comunicación y Capacitación, Guerrero); Janette Corzo (APRENDAMOS); Johana Belén Sánchez Rojas (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, México D.F.); Juliana García Quintanilla (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C., Morelos); Julieta Hernández Camargo (Si hay Mujeres en Durango, Durango); Julisa Bivian Luis  Hernández (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Laura Carlsen (Programa de las Américas, México D.F.); Laura García (Semillas, México D.F.); Laura Gutiérrez (Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Baja California); Laura Salas (La Sandía Digital, México D.F.); Laura Velázquez (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.); Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora); Lidia Alpizar (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Lorena Wolffer (México D.F.); Lorena Fuentes (Semillas, México D.F.); Lorena Maribel Peralta Rojas (México D.F.); Loreto Bravo (Palabra Radio, Oaxaca); Lucía Lagunes Huerta (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Lulú V. Barrera (Luchadoras, México D.F.); Luz Estela Castro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua); Ma. Hilda de la Vega (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua); Magdalena Santos (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Malú García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Chihuahua); María Luisa Aguilar Rodríguez (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero); Margarita Avalos (Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C., Baja California); Margarita Guadalupe Martínez (Chiapas); María Guadalupe Ramos Ponce (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México, Jalisco); María Paula Castañeda (México D.F.); María Rosa Guzmán Valdez (Red de Promotoras de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el Estado Jalisco, Jalisco); María Trinidad Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Martha Figueroa (COLEM Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas); Martha Graciela Ramos Carrasco (Mujeres por México en Chihuahua, Chihuahua); Martha Pérez Pineda (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Martha Sánchez Soler (Movimiento Migrante Mesoamericano, México D.F.); Martha Solórzano (Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad A.C., Sonora); Marusia López (Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS-Mesoamérica), México D.F.); Matilde Pérez Romero (Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en Chilapa de Álvarez, Guerrero); Mayela García Ramírez (Colectivo de Investigación, Desarrollo y entre Mujeres A.C., Veracruz); Melissa A. Vertiz Hernández (México D.F.); Minerva Nora Martínez (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Miriam González Sánchez (Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), México D.F.); Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa, Veracruz); Nadia Maciel (Guerrero); Nadín Reyes Maldonado (Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, México D.F.); Nallely Tello (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Nancy Pérez (Sin Fronteras A.C., México D.F.); Nerida Gaspar Castillo (Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C, Baja California); Nora Bucio (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Morelos); Nora María Vargas Contreras (Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS), Michoacán); Norma Mesino (Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Guerrero);Obtilia Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Guerrero); Ofelia Cesáreo Sánchez (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero); Paloma Estrada Muñoz (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.,Morelos); Patricia Matías López (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C., Oaxaca); Patricia Yllescas (México D.F.); Reyna Martínez Hernández (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Reyna Ramírez Sánchez, Colectivo de Obreras Insumisas To Tlaktole Calaki Mo Yolo, AC., Puebla; Rogelia González Luis (Grupo de Mujeres 8 de marzo, Oaxaca); Rosa María Laguna Gómez (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México, Jalisco); Rosario Pacheco Leal (Alternativas Pacíficas, Nuevo León); Ruth Fierro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua); Sanjuana Martínez (Nuevo León); Salomé Almaráz (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán); Sara Méndez (Comité de  Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Sara Montes Ramírez (Colectivo Raíz de Aguascalientes, AC., Aguascalientes); Sayuri Herrera Román (México D.F.); Silvia Alejandra Holguin Cinco  (Centro de Derechos Humanos de la Mujeres de Chihuahua (CEDEHM), Chihuahua); Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Guerrero); Silvia Núñez Esquer (Sonora); Silvia Pérez Yescas (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), A.C, Oaxaca); Siria Solís Solís (El Barzón Chihuahua, Chihuahua); Susana Mejía (Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres A.C. (CADEM), Puebla); Tania Ramírez (Directora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sor Juana /Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) México D.F.); Teresa Emeterio Martínez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Teresa Guardián (Cherán, Michoacán); Teresa Zúñiga (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitarios (IMDEC), Jalisco); Theres Hoechli (Oaxaca); Valentina Rosendo Cantú (Guerrero); Verónica Corchado (Colectiva: Arte, Comunidad y Equidad, Grupo Articulación Justicia en Juárez, Chihuahua); Verónica Cruz (Las Libres, Guanajuato); Verónica Rodríguez Jorge (Amnistía Internacional México, México D.F.); Verónica Vidal (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Ximena Andión (EQUIS: Justicia para las Mujeres, México D.F); Ximena Cortez (Rosas Chillante, Colectivo Feminista Socialista, México D.F.); Xóchitl Ramírez (Yotlakat Non Siwatl, Atzin Desarrollo Comunitario, Guerrero); Yanimiriam Valdez Baca (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua); Yanina Flores (Semillas, México D.F.); Yesica Sánchez Maya (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Yunuhen Rangel Medina (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Zulma Méndez (Pacto por la Cultura y Red Mesa de Mujeres, Chihuahua).
Para mayor información
Atziri Ávila
Coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México
Celular: 951 253 60 82
rednacionaldedefensorasmexico@
Facebook: Red Defensoras Dh México
Twitter:@RedDefensorasMx

Santo Tomas 209, Col. Xochimilco C.P. 68040 Oaxaca, México.

Comunicado también disponible en
https://es.scribd.com/doc/276061040/150825-COMUNICADO-Preocupacion-Por-La-Periodista-Jade-Ramirez-RNDDHM
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Décadas, generaciones y años: Desigualdad de las mujeres en México

Por Rosa Gutiérrez
Asambleísta del CEPAD AC
Generaciones y generaciones, años y años y las mujeres seguimos padeciendo desde menores salarios, limitaciones para aspirar a cargos jerárquicos, políticos y distintos a los que tradicionalmente hemos desempeñado, sobrecarga de trabajo, y hasta la invasión de nuestra vida privada con el cumplimiento de exámenes de no embarazo.
De acuerdo con el INEGI en su estudio “Mujeres y Hombres en México 2014” las mujeres representamos el 51.2 por ciento de la población, es decir que somos 105 mujeres por cada 100 hombres.
En casa nuestras actividades se duplican, nos hemos incorporado al mercado laboral y de todas formas recae en nosotras las actividades domésticas no remuneradas. Por cada 10 horas de trabajo de una mujer, el hombre labora 8.6. El informe menciona que si tradujéramos en pesos las labores domésticas, éstas serían equivalentes a una quinta parte del producto interno bruto (PIB).
Para 2014 una cuarta parte de los hogares en México tenía como jefa a una mujer; sin embargo en los hogares con jefatura masculina, los hombres tienen la titularidad de la propiedad en 91.3 por ciento de los casos.
Nuestra participación política está descafeinada, el estudio indica que en el Senado, del total de las 64 Comisiones Ordinarias sólo 19 son presididas por una mujer. En la Cámara de Diputados y Diputadas de 56 Comisiones, sólo 13 son presididas por mujeres.
Al cuadro desalentador le podemos agregar que siete de cada 10 mujeres nos sentimos inseguras al salir a la calle; seis cuando hay que usar el transporte público y cuatro de cada 10 cuando asistimos a los parques o centros recreativos.
Hombres y mujeres somos parte del patriarcado, lo vivimos, no necesariamente lo hacemos consciente, lo padecemos y lo reproducimos. Conviene recordar que en materia de derechos humanos, el Estado mexicano y sus gobiernos tienen la obligación a nivel internacional de generar condiciones de igualdad para las mujeres.
El artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), menciona: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios […] basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos […]. Y en materia laboral el artículo 11 establece: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos.

Vivimos en un país donde ser mujer joven, tener buena apariencia, y no tener familia aminora los riesgos de padecer discriminación laboral; y en realidad yo me estoy preguntando: Si somos mayoría, si tenemos un papel tan importante en la sociedad, si generamos nuestros propios ingresos económicos ¿por qué seguimos padeciendo, viviendo, soportando, aguantando que nos discriminen por ser mujeres, que nos paguen menos por ser mujeres, que nos dejen exclusivamente el cuidado del hogar y de los hijos e hijas por ser mujeres?

¿Por qué seguimos tolerando que la sociedad en su conjunto nos trate y pague como si fuéramos seres inferiores?
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La radiodifusión pública es un derecho ciudadano, no un botín político

Por Juan S. Larrosa-Fuentes
Asambleísta del CEPAD AC

La administración del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión durante el gobierno de Aristóteles Sandoval ha sido un desastre. Al respecto, vale la pena hacer un recuento de daños. Cuando Sandoval comenzó su gobierno, decidió poner al frente a Sergio Ramírez Robles, quien llegó al puesto sin ningún tipo de experiencia en la administración de radiodifusoras y televisoras públicas. Además, comenzó a operar precedido por una muy mala reputación, pues en su anterior encargo de trabajo como director de comunicación social del gobernador poblano Rafael Moreno Valle, sobresalió por demandar a periodistas críticos del poder público.
A las semanas de haber llegado a su nuevo encargo al frente del sistema, Ramírez Robles decidió hacer cambios radicales sin ningún tipo de planeación. En pocas semanas cambió el nombre y la imagen institucional del sistema, al cual llamó simplemente como C7 y resolvió que la nueva imagen tendría que llevar los colores rojo y gris, característicos del nuevo gobierno priísta. Además, en una idea que él consideró revolucionaria, estableció una programación “multiplataforma”, que no fue otra cosa que la reproducción de los mismos contenidos a través de las estaciones de radio, televisión y del portal de Internet. Con esta medida eliminó parte de la diversidad que había en las parrillas de programación de radio y televisión.
Meses después, en septiembre de 2013 el Congreso del estado modificó la ley que regula al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, a propósito de los cambios que trajo la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ésta pudo ser una oportunidad para democratizar y modernizar el funcionamiento de la radiodifusión pública en Jalisco. Sin embargo, el gobernador y los diputados locales hicieron sólo las modificaciones necesarias para armonizar la ley local con la federal. Luego de esta reforma, se estableció un consejo consultivo a modo del gobierno del estado, se creó un código de ética—que en realidad es una copia de un documento de la UNESCO, y comenzó a operar el defensor de las audiencias, que en menos de dos años ha tenido a cuatro ombudsman distintos.
Finalmente, unos meses antes de que comenzaran las elecciones intermedias de 2015, Ramírez Robles abiertamente declaró que C7 hacía una televisión de Estado. Cuando llegó el periodo electoral, como buena televisión de Estado (autoritario), Ramírez Robles, en complicidad con el ombudsman y el Consejo Directivo, decidió que C7 debía cancelar toda cobertura periodística durante las elecciones, pues había riesgo de que su trabajo se considerara como propaganda. Así, de un día para otro, C7 dejó de informar a los jaliscienses sobre temas electorales. La lógica de su decisión fue impecable y sus temores no estaban infundados. Hasta el más despistado podría ver las contradicciones de un sistema de radiodifusión que se jacta de hacer un trabajo periodístico profesional y equilibrado, pero que al mismo tiempo tiene en su imagen institucional los colores del partido de gobierno y un director que abiertamente declara que produce televisión de estado.
Éste último caso es grave, pues C7 dejó de transmitir información periodística durante las elecciones y con ello afectó el derecho a la información de los jaliscienses. Fue así como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco (Amedi Jalisco), decidieron tomar acciones en contra de la decisión de eliminar la información electoral de las estaciones públicas de radio y televisión que administra el gobierno del estado de Jalisco. Al respecto se han interpuesto quejas en contra de la decisión de C7 ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el Instituto Nacional Electoral, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hasta ahora, estas instituciones han dado respuestas evasivas a las quejas presentadas por CEPAD y Amedi Jalisco. A grandes rasgos, la respuesta de estas instituciones encargadas de defender los derechos de los ciudadanos mexicanos, se puede resumir en que se declaran incompetentes para abordar el caso. Como en una burocracia kafkiana contestaron: “este problema no lo puedo resolver yo, acuda a la ventanilla siguiente”.
A mitad de su periodo como gobernador, Aristóteles Sandoval todavía tiene el tiempo suficiente para rectificar sus erradas decisiones con respecto a la radiodifusión pública en Jalisco. Hay dos elementos que el gobernador debe tomar en cuenta para transformar esta situación. La primera es evaluar el perfil y el trabajo de los directivos del sistema de comunicación y cerciorarse que todos tengan experiencia en el campo de la radiodifusión pública y, sobre todo, que cuenten con buena reputación. La segunda es que promueva una reforma legislativa del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. En esta reforma, se debe dotar de una independencia política a esta institución, para que deje de estar atada, como hasta ahora, a las decisiones unilaterales del gobernador; además, se debe otorgar una autonomía financiera, de tal manera que factores políticos no intervengan en la negociación presupuestal de este medio de comunicación.

Para rectificar la operación del sistema de comunicación pública del estado de Jalisco no hace falta descubrir el hilo negro. Hay una amplia literatura sobre el tema y existen múltiples experiencias de medios públicos democráticos y ejemplares. Por ejemplo, en días recientes la UNESCO publicó el documento Principios y “buenas practicas” para los medios públicos en América Latina, escrito por Martín Becerra y Silvio Waisbord. Este documento de veinte cuartillas establece los parámetros ideales de un sistema de comunicación público y expone algunas características de los casos ejemplares. Luego de leer el documento, queda clarísimo que C7 no cumple con ningún de los parámetros y podría clasificarse como un caso de lo que no se debe de hacer en materia radiodifusión pública. Entre otras cosas, este catálogo de principios dice que los medios deben tener independencia editorial y financiera, autonomía frete a gobiernos y corporaciones, pluralidad de contenidos y diversidad en su programación, así como una cultura rendición de cuentas.
En fin, la transformación de la comunicación pública de Jalisco no es un problema económico (véase la cantidad de dinero que los gobiernos gastan en publicidad oficial), tampoco es un problema técnico (como decía, hay mucha literatura al respecto), mucho menos es un problema profesional (en Guadalajara abundan buenos periodistas, editores y productores). El problema es político y tiene que ver con el uso discrecional de recursos públicos para el beneficio del gobierno del estado y de unos cuantos servidores públicos. El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión debe ser una institución que preste un servicio público que tenga como principio la tutela del derecho a la información de los ciudadanos.  
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Un dictamen que propone una Ley contra la discriminación inconsistente e inoperante.

Un dictamen que propone una Ley contra la discriminación inconsistente e inoperante.

 

Foto: archivo.

Por Gerardo Moya García,
Asambleísta del CEPAD AC.
En versión del 11 de mayo pasado, las comisiones de Equidad de Género; Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos; Derechos Humanos; y para el Desarrollo Humano y la Familia, emitieron el dictamen de decreto que expide la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Jalisco.
Lo anterior, de manera aislada, sin haber dialogado, consultado, o acordado con aquellas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de grupos vulnerables, y que llevamos más de 12 años dialogando con diversas legislaturas precisamente para la aprobación de una ley de esta naturaleza.

Un elemento que resulta redundante, es el otorgar atribuciones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para tramitar quejas por actor discriminatorios, ya que es algo que la CEDHJ puede y debe hacer desde su creación en 1993. Lo más grave a nivel de competencias y que evidencia el desconocimiento y falta de asesoramiento a los y las diputadas firmantes del decreto de referencia es la atribución que le otorgan en el artículo 45, en el sentido de que ésta reciba, tramite y concluya quejas en contra de particulares, y proponga la imposición de sanciones a los mismos (artículo 57).

El espíritu que dio fundamento a la figura del Ombudsman desde 1804, es el de ser un supervisor de la administración pública que fuera ágil y sin mayores trámites para aquellos actos u omisiones cometidos por servidores públicos que violen derechos humanos. Así lo recoge el artículo 102 constitucional que crea con rango constitucional tanto la Comisión Nacional de los Derechos humanos en 1992, como a los organismos autónomos estatales.

El capítulo que prevé las posibles conductas discriminatorias se puede ampliar y mejorar. Cuenta con tan solo 37 fracciones, de las 52 que tiene la propuesta de iniciativa de Ley del Colectivo “Jalisco Incluyente”, colectivo de organismos por la equidad y contra de la discriminación.
En cuanto al órgano regulador de la Ley, el dictamen refiere la creación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco, en cuyo artículo 33 se propone conformar por el mismísimo Gobernador del Estado (o quién él designe en caso de no poder asistir) y otros 6 consejeros representantes de diversos entes públicos. En contraparte se prevé que sean 4 consejeros “ciudadanos”, eso sí, elegidos por el Congreso del Estado a partir de las ternas que nuevamente le presente el Gobernador.  Evidente inequidad e inoperancia, no sólo por su constitución, sino porque los cargos serían honoríficos; es decir, trabajarían gratuitamente.

Lo anterior resulta contradictorio con las “amplias atribuciones y obligaciones que se le otorgan al Consejo” en su artículo 34, y con la periodicidad ordinaria de sus reuniones (cada tres meses).

La buena aportación quecontempla el dictamen es aquella que se encuentra en el artículo transitorio séptimo, en el que ordena que se adecuen los ordenamientos legales estatales y municipales para que sean contemplados como actos u omisiones de carácter administrativo los señalados en el dictamen. Lo anterior da pie a que considerados faltas administrativas, puedan entonces sí, abrirse procedimientos en contra de personas físicas y jurídicas privadas (empresas), en los que los órganos ya dispuestos para ello, tales como los Juzgados Municipales, tengan facultades para imponer sanciones, no así la citada CEDHJ.
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Otro balance


Otro balance



Por Jorge Narro Monroy,
Asambleísta del CEPAD AC.


Estos son días de evaluaciones, balances, críticas y autocríticas sobre el reciente proceso electoral, cuya jornada culminante fue el domingo 7.

Quiero compartir un par de reflexiones.

Primera: La abstención.

A escala nacional, 53% de los ciudadanos con credencial de elector vigente no participó en la elección de diputados federales. En Jalisco: 49% no acudió a las urnas. Las cifras no son nuevas y, por ello, nos hemos acostumbrado a ellas: “Es normal. En las elecciones intermedias, como no está en juego la Presidencia (o la Gubernatura), la participación baja”, decimos resignados. Pero, ¿debemos resignarnos? ¿El asunto es como para tomarse con filosofía? Supongamos que de ese poco más o menos 50% de mexicanos y jaliscienses, 10% (¡y exagero!) se haya abstenido consciente y deliberadamente de votar. Queda 40%. 40% que se desentendió de la más elemental, la mínima forma de democracia que existe: la electoral. Estamos hablando de 2 millones 695 mil jaliscienses y de 44 millones 255 mil mexicanos a los que tiene sin cuidado la elección de sus gobernantes.


Segunda reflexión: Cuatro hechos que, a mi juicio, caracterizaron estas elecciones intermedias.

El primero, la derrota del PRI en Guadalajara.

La derrota de Villanueva coloca a Alfaro, y ahora con muchas más posibilidades que en 2012, como el aspirante más fuerte a la Gubernatura de Jalisco. Se repitió mucho y con razón: en 2015 se jugaba el 2018. Aristóteles Sandoval, mientras tanto, se queda sin el futuro que soñaba: la candidatura a la Presidencia de la República en 2018. Ya lo decía Papá Leonel cuando exhortaba a sus huestes a llevar a Villanueva a la alcaldía tapatía: “El proyecto es Aristóteles”.

El segundo, el golpe al bipartidismo.

Jalisco pertenecía al grupo (mayoritario) de entidades federativas en donde el poder político se disputa entre dos partidos; en nuestro caso, entre el PRI y el PAN. El PRI (o, mejor dicho, su abuelo, su padre y él) gobernó desde 1929 hasta 1995, en que perdió ante el PAN la Gubernatura, las alcaldías más importantes y la mayoría en el Congreso. El blanquiazul regresó el cetro al PRI, en 2009 en la zona metropolitana de Guadalajara y en 2012 en Casa Jalisco. El 7 de julio arribó un tercer actor, surgido en el escenario apenas en 2012: Movimiento Ciudadano o, mejor dicho, el alfarismo (porque no es sólo Enrique Alfaro o sólo él y su grupo).

El tercero, los candidatos independientes.

En un extremo, “Lagrimita” y/o Guillermo Cienfuegos. En el otro: Pedro Kumamoto. El payaso, acusado de comparsa del PRI y reinstalado en su candidatura merced a una muy cuestionable decisión del Tribunal Electoral federal, pertenece, por más que se haya ostentado como “independiente”, al rincón más obscuro y sórdido de la política convencional. Kumamoto, en cambio, representa su antípoda: sin dinero, sin padrinos, sin televisoras, sin violar la ley, con la sola tenacidad y la pura creatividad de su joven equipo, logró el apoyo mayoritario de los electores del hasta hace días más panista distrito del país.

El cuarto, la conducta de las autoridades electorales.

Muy lamentable. Muy, muy lamentable. Las autoridades administrativas (INE e IEPC), las jurisdiccionales (Tribunal Electoral local y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y las penales (Fiscalías -federal y estatal- especializadas en delitos electorales) hicieron un papel verdaderamente lastimoso. Dos casos pusieron en evidencia su inoperancia –y respecto de algunas de ellas, su complicidad-: el Partido Verde y su desvergonzada y sistemática violación a la Constitución y a la ley; y Papá Leonel y su intolerable exhortación a los operadores del PRI en Guadalajara a cometer (en sus propias palabras) “una acción ilegal, ilícita el día de la elección”. Dos casos en los que los delincuentes electorales se salieron con la suya…
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¡Se abre convocatoria para integrar el área de defensa del Cepad!

¡Se abre convocatoria para integrar el área de

 defensa del Cepad!

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), es un organismo de la sociedad civil con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, autónomo, independiente y profesional, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos con vinculación e interacción con grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales.
Puesto: Abogada / Abogado 
Tipo: Tiempo completo por seis meses, con posibilidad de renovar dos años más. 
Ubicación: Guadalajara, Jalisco. 
Funciones y responsabilidades principales:
  • Elaborar documentos, demandas, denuncias, artículos, informes de casos y otros escritos jurídicos fundamentados en el derecho internacional de los derechos humanos.
  • Registrar y documentar casos de violación a los derechos humanos.
  • Proporcionar asesoría legal a personas y colectivos víctimas de violaciones de derechos humanos.
  • Seguimiento de los casos presentados por el CEPAD ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales locales, nacionales e internacionales.
  • Representar a la organización en foros, audiencias, clínicas y reuniones de trabajo sobre la defensa, documentación y estrategias de litigio en materia de derechos humanos.
  • Interlocución e intercambio de información con las personas o comunidades víctimas y contrapartes en otros Estado del país.
  • Investigación, búsqueda y análisis de información.
  • Asistir a cursos, talleres, seminarios y otras actividades de capacitación sobre temas de derechos humanos.
  • Capacidad para trabajar en equipo inter-disciplinario.
Requisitos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en litigios en materia de amparo administrativo, penal y civil.
  • Capacidad de expresión oral y escrita.
  • Contar con cédula profesional.
  •  Conocimiento en materia de derecho internacional de derechos humanos e interés en su defensa.
  • Conocimiento en mecanismos locales, nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.
  • Capacidad de análisis y síntesis.
  • Proactividad, creatividad y trabajo en equipo.
  • Disposición para viajar al interior de Jalisco, el país y fuera de él.
  • Experiencia en atención con víctimas y sus familias.

Los y las interesadas deberán enviar:  

  1.  Currículum vitae.
  2. Tres referencias (de preferencia de organizaciones civiles de derechos humanos).
  3. Una carta de intención de una cuartilla en donde explique su interés en la defensa de los derechos humanos.
Por favor enviar los documentos a la siguiente dirección electrónica:coordinacion@cepad.org.mx, e indicando en el espacio de Asunto: Documentación de aspirante para el área de defensa.

 Se recibirán CV únicamente del 12 al 20 de junio de 2015.

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Y después de las elecciones, ¿qué?. La relación de la sociedad civil con los nuevos gobiernos

Y después de las elecciones, ¿qué?
 La relación de la sociedad civil con los nuevos gobiernos

Por Carmen Ruíz Velasco Tapia, 
Asambleísta de CEPAD AC.


El domingo pasado,  los ciudadanos expresamos  con nuestro voto, el deseo por buscar otras formas y rumbos que le permitan aspirar a un mejor futuro.
Sin duda, el común denominador fue el gran descontento con la forma en que los partidos políticos han manejado los destinos de nuestro país y por ello, los ciudadanos apostamos por los cambios.

Los resultados nos dicen que viviremos un panorama político inédito, especialmente en Jalisco; y con nuevos actores, que incluyen a un diputado independiente.
Los ciudadanos les hemos dado la oportunidad de estar en el poder, la oportunidad de hacer las cosas diferentes.

Es también, momento y oportunidad de que en la sociedad civil actuemos de diferente forma. Ya no podemos dejar que el gobierno “se gobierne”.
Hoy, contamos con una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil que desde diferentes ámbitos, han atendido necesidades y carencias de grupos vulnerables, sustituyendo o complementando al Estado, y  han acumulado experiencia y herramientas importantes para incidir en el desarrollo de nuestra entidad.

Tan sólo en el IJAS se tienen registradas más de 800 organizaciones  que trabajan a favor de los menos favorecidos, pero hay muchas más organizaciones inmersas en la ciencia, la cultura, el desarrollo comunitario, entre otros temas,  que han hecho grandes aportes para reducir la gran desigualdad social que vive nuestro estado.

A partir de su experiencia, capacidad y sensibilidad, las organizaciones tienen ahora la oportunidad de generar nuevas formas de relacionarse con los gobiernos, de tal manera que se implementen mecanismos de interacción más horizontales. Lograr una fórmula de interacción donde sea tomada en cuenta la experiencia y capacidad de cada organización para que en forma conjunta, realmente como asociados, se pueda colaborar en generar mejores políticas públicas, que se pueda incidir en las acciones cotidianas y estratégicas de los municipios y, de ser posible, del ámbito estatal.

Esta coyuntura también ofrece un momento estratégico para que los gobiernos reconozcan la centralidad de los derechos humanos y los incluyan de manera explícita en sus políticas públicas. Este aspecto es importante para atender a una sociedad que cotidianamente ve violados sus derechos de diferentes formas y en diversas circunstancias.

A través del voto, esta sociedad tan violentada le está dando la oportunidad a los gobernantes para que respeten, promuevan y garanticen sus derechos humanos.
El pasado domingo los ciudadanos votaron, y con su voto manifestaron que asumen la oportunidad de participar. Sería importante que esta participación se refleje también en la vigilancia cotidiana de los actos de autoridad, que los ciudadanos asuman el compromiso de vigilar para que las autoridades electas trabajen contra la discriminación, la desigualdad, brinden apoyos al desarrollo de los más necesitados, atiendan la calidad de vida y en general, se respeten los derechos humanos de todos los habitantes de la entidad.

En esta nueva relación entre sociedad y gobierno, seguramente hay muchos retos que enfrentar pero también hay muchas más formas creativas por descubrir.
Así mismo, tendrán que renovarse las formas de relación con el gobierno de muchos otros sectores, como son por ejemplo el sector productivo, la academia, los medios de comunicación, por mencionar algunos. Mucho trabajo por hacer….


La invitación es  pues, aprovechar el momento coyuntural, la oportunidad  de construir una nueva relación entre sociedad civil y los nuevos gobiernos.
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La oportunidad de que Jalisco dé el sí a la igualdad

Por: Paola Lazo Corvera,
 Asambleísta de CEPAD AC.



El pasado 17 de mayo se celebró el día Internacional contra la homofobia y la transfobia, en un día simbólico que conmemora el que hace 21 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se puso a tono con esta celebración, vistiéndose de colores al admitir una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que demanda la anulación del artículo 260 del Código Civil del estado de Jalisco que rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo.
 
Hacer inválida esta legislación en Jalisco y sentar un precedente, requiere que ocho de los once ministros de la Corte, voten a favor. Si llegara a lograrse esta exigencia de cambios al Código Civil, se estaría impulsando la protección jurídica, la igualdad de oportunidades y la posibilidad de ejercer el derecho de constituir legalmente una pareja, independientemente del sexo de los contrayentes.
 
Para sorpresa de muchos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) recientemente se posicionó en torno al tema, y a través de su titular reconoció que el Código Civil de Jalisco deberá modificarse ya que su artículo 260 es a todas luces discriminatorio al considerar al matrimonio sólo entre un hombre y una mujer.
 
Por estas mismas fechas, la Comisión de Equidad de Género aprobó el dictamen para expedir la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación, el cual recoge diversas iniciativas presentadas por grupos ciudadanos desde hace varios años, así como las observaciones y propuestas hechas por los diputados de todas las fracciones parlamentarias, y que por falta de voluntad política y de un enfoque de derechos humanos, no ha sido aún respaldada y aprobada. Esta Ley busca promover y garantizar la igualdad de trato y oportunidades, el respeto a los derechos y libertades de personas, comunidades y grupos vulnerables, y podrá ser votada en el Pleno del Congreso en las próximas semanas. A su vez, la Ley permitiría establecer un protocolo de actuación para la discriminación, ya que aún cuando la discriminación está penada, ni el Ministerio Público ni las autoridades correspondientes saben a ciencia cierta qué es discriminación y cuáles son los actos discriminatorios. Un dato contundente al respecto es el que coloca a México en el segundo lugar en crímenes de odio por homofobia, unido a la violencia y discriminación cotidiana que existe hoy en día hacia la comunidad LGTB.
 
Dentro del ejercicio del derecho al matrimonio igualitario lo que ha provocado mayores resistencias, tiene que ver con el hecho de que las parejas homosexuales puedan tener o adoptar hijos/as, justificando desde un prejuicio su discriminación, y en la mayoría de los casos sin tener conocimiento de cómo ha sido en realidad el desarrollo de las y los hijos de parejas homosexuales.
 
Algunas de las problemáticas que atraviesa la noción de matrimonio entre parejas del mismo sexo y que es indispensable reconocer desde una visión de derechos humanos, es el respeto a la diversidad sexual, a la preferencia y/o identidad sexual, favorecer el desarrollo de capacidades y empoderamiento de grupos vulnerables, la no discriminación o estigma, el derecho a la toma de decisiones respecto a la sexualidad, a decidir casarse o no, a formar una familia, tener o no hijos, a la adopción y a la autonomía personal para decidir sobre su proyecto de vida.
 
 
Hace apenas unos días el mundo celebró con alegría la aprobación que hizo Irlanda a través de un referéndum del matrimonio igualitario, reconociendo la unión de parejas del mismo sexo en su Carta Magna y concediendo la misma protección constitucional que al matrimonio convencional. Las y los Irlandeses pusieron ejemplo de respeto y valoración a la diversidad, al votar de manera solidaria una reforma constitucional que permita que todas las parejas que desean unirse en matrimonio puedan hacerlo con base en la igualdad de condiciones, oportunidades y derechos. Ojalá en Jalisco demos pronto ese gran paso, y propiciemos el respeto y la igualdad para erradicar la discriminación en todas sus formas de expresión. 
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Aniversario de la represión del 28 de mayo.

Aniversario de la represión del 28 de mayo

Foto: internet.

Se cumplieron 11 años de aquel 28 de mayo, donde se “institucionalizó” la detención arbitraria, la criminalización de la protesta social, la incomunicación, la discriminación y la tortura en Jalisco, por lo que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD) lamenta que hasta la fecha sigan impunes las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra centenares de jóvenes.
Es importante recordar el contexto: El 28 de mayo de 2004 Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea se reunieron en Guadalajara en la III Cumbre sobre relaciones multilaterales de comercio. En ese marco se realizaron diversas actividades por parte de organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas y de resistencia en contra del sistema neoliberal imperante, así como para demostrar que otros mundos son posibles al impuesto por quienes acaparan la riqueza global.
Hace 11 años las dos Cumbres concluían sus trabajos, la oficial y la alterna, la primera en el Instituto Cultural del Hospicio Cabañas, y la otra, en las calles de Guadalajara, donde se fijaría un posicionamiento político a cargo del entonces líder boliviano sindicalista Evo Morales.
Sin embargo, el posicionamiento jamás llegó a leerse, la manifestación fue reprimida por el gobierno de Jalisco, encabezado por Francisco Ramírez Acuña. Se pudo documentar por organizaciones locales, nacionales e internacionales, ese día marcó la historia de la ciudad como uno de los eventos de violaciones a los derechos humanos más graves que se hayan visto en Guadalajara en el presente siglo, donde se registraron hasta 120 detenciones, 73 retenciones ilegales, 75 casos de trato degradante, 73 incomunicados, a decenas de mujeres se les obligó a desnudarse frente a los policías del Estado y 19 casos de tortura por lo menos.
Se cumplieron 11 años de 28 de mayo en Guadalajara, sin que a la fecha hayan sido investigados y sancionados los elementos de la policía de Guadalajara encabezados en ese entonces por Luis Carlos Nájera, actual Fiscal General de Jalisco, ni los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la entonces Procuraduría General de Justicia de Jalisco, ambas dependencias fusionadas en la Fiscalía General.
Hoy en día, algunos de los jóvenes detenidos injustamente hace 11 años continúan sujetos a procesos penales, mientras que las autoridades responsables continúan desempeñando cargos públicos y en la impunidad total.
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Las desapariciones de Jalisco

Las desapariciones de Jalisco

Por Jorge Narro Monroy,
 Asambleísta del CEPAD AC.
Publicado en el diario Mural, 4 de mayo de 2015

El martes pasado, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organización de la sociedad civil dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, presentó su informe sobre la situación de éstos en Jalisco durante 2014. Se trató del séptimo ejercicio, único en el Estado.

El título que hoy lleva este espacio es el de uno de los diez artículos contenidos en el informe del Cepad. Fue escrito por el doctor Darwin Franco, periodista y académico en el ITESO y en la Universidad de Guadalajara y miembro del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (Fundej).

El texto es contundente y no necesita comentarios. Así que recogeré, de manera textual, algunas de sus principales afirmaciones. Estremecen. Indignan.

1. Hasta el 31 de enero del año pasado, Jalisco contaba -según información oficial- con 2,647 desaparecidos. La cifra hace del Estado el segundo lugar nacional en lo relativo a este fenómeno, “tan sólo por debajo de Tamaulipas (…) y por encima de estados que presentan fuertes niveles de violencia como Michoacán o Guerrero”.

2. “Las desapariciones en Jalisco se han ido incrementando año con año. De acuerdo (también) con cifras oficiales de la Fiscalía General de Jalisco, obtenidas a través de su Unidad de Transparencia, en Jalisco se han presentado, desde el año 2006, 13 mil 739 indagatorias por desaparición de personas. El 66% corresponde a los años 2006-2012 (administración de Emilio González Márquez) y el 34% restante se concentra en tan sólo dos años, 2013 y 2014 (administración de Aristóteles Sandoval). Así que la herencia que dijo recibir el actual Gobernador cuando se le cuestionó (sobre el) tema, se ha multiplicado de manera considerable bajo su mandato”.

3. “Del total de indagatorias que se presentaron en la Fiscalía General (…) se desprenden un total de 14,932 personas desaparecidas. Sin embargo y pese a todas las denuncias realizadas por sus familias, las autoridades insisten (…) en que de este total han logrado encontrar a 12,285 (11 mil 815 con vida y 470 sin vida).

“Esto significaría que la Fiscalía, en (este) rubro, logra 89% de efectividad, lo cual resulta complicado y difícil de aceptar porque en la Agencia del Ministerio Público 12/C -especializada en desapariciones-, tan sólo (hay) cuatro agentes investigadores.

“Si su efectividad (…) fuese cierta, cada uno de estos súper agentes habría resuelto 3 mil 71 casos. Es decir: (uno al día) desde el 1 de enero del 2006 hasta el 31 de enero de 2014”.
4. “Aun si este grado de efectividad (…) fuera cierto, aun existirían en Jalisco 2,647 personas que no han sido encontradas (…).

“¿Si el nivel de efectividad es tan alto (…) por qué no deja de crecer este problema? ¿En realidad regresaron a casa las 11 mil 815 personas que la Fiscalía (dice haber localizado) con vida? ¿No será (…) que se está queriendo minimizar (el) problema a través de la facultad que le da el artículo 103 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco al Ministerio Público y que le permite disponer (archivar) las averiguaciones previas que en más de un año no cuentan con elementos suficientes para ejercer la acción penal?”

5. “Cansadas de esperar las respuestas que la autoridad les ha negado de manera sistemática, las familias que integran Fundej han decidido caminar juntas (…) para afrontar (de manera colectiva) las violaciones a sus derechos humanos.

“Saben que (…) éstos les serán irremediablemente violentados cuando acudan a la Agencia del Ministerio Público 12/C de la Fiscalía General, a la Fiscalía de Derechos Humanos, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos e, inclusive, a la Delegación Regional en Jalisco de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (…)”.

O -añado- cuando acudan al Gobernador Sandoval: Mes y medio después de haber solicitado una entrevista con él, las familias de Fundej siguen esperando respuesta…