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Artículo semanal Jorge Narro Sin categoría Transparencia

Precampañas

Precampañas

Fotos: Internet




Por Jorge Narro Monroy,

Asambleísta del CEPAD AC

El 5 de agosto de 1999 Vicente Fox solicitó licencia al Congreso de Guanajuato para abandonar el cargo de Gobernador para el que había sido electo cuatro años antes. Desde ese momento –en realidad desde 1997, año en que dio a conocer su intención de contender por la Presidencia- hasta junio de 2000, no hizo otra cosa que lo que hoy la legislación electoral llama “actos anticipados de campaña”. Se les adelantó a todos y por ello –y por otras razones- les comió el mandado.

Muy probablemente Fox dio el banderazo de salida a las campañas precoces: a partir –sobre todo- de él, se volvió costumbre el madruguete: comenzar cada vez más temprano la búsqueda pública de la candidatura y del cargo. La inexistencia de reglas lo permitía y, con ello, la ausencia de rendición de cuentas, la ruptura del principio de equidad en los procesos internos de los partidos y la opacidad respecto del origen y destino de los recursos empleados.

Pero los legisladores decidieron acabar con eso: en 2007 el Congreso reformó la Constitución y el Código Electoral (Cofipe) y estableció normas para meter en cintura a los políticos acelerados: ¡Se acabaron las precampañas por la libre! ¡Arriba la transparencia y la equidad!

En Jalisco las precampañas orientadas a la renovación del Congreso local y de los Ayuntamientos, se desarrollan durante un período que inició el pasado 28 de diciembre y terminará el próximo 5 de febrero.

El Código Electoral y de Participación Ciudadana del estado, en su Artículo 230, define como actos de precampaña electoral: “las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular”.

Sin embargo, el Artículo 229, fracción 3, señala que “Una vez iniciadas las precampañas, la propaganda deberá indicar de manera fehaciente que ésta va dirigida a la militancia de su partido político”.

La contradicción la resuelve una norma jerárquicamente superior: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que, en su Artículo 227, fracción 2, dice que en los actos de precampaña “los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato (…)”.

¿Qué queda claro en todo esto?

Que las precampañas son procesos que suponen la existencia de varios aspirantes a una misma candidatura. Procesos de selección –entre varios sujetos- del que sólo resultará un ganador: el candidato. ¿Por qué entonces hace precampaña Ricardo Villanueva, si es el único aspirante del PRI a la candidatura de Presidente Municipal en Guadalajara? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco (IEPC) dijo que no podía y le ordenó quitar diez espectaculares y borrar la propaganda en siete bardas (¿Y lo demás?). Pero después el Tribunal Electoral del Estado revirtió la decisión y repuso la propaganda.

Al IEPC -y al INE- también les corrigió la plana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: ordenó restituir un spot de Enrique Alfaro, precandidato de Movimiento Ciudadano para Guadalajara, que habían “bajado” los dos órganos electorales argumentando que no era claro que se dirigía a los militantes de su partido. ¿Por fin? ¿A qué artículo del Código electoral del estado le creemos? ¿Y a que normatividad: al Código local o a la Ley General? Y si la propaganda se dirige sólo a la militancia, ¿los demás cerramos los ojos y nos tapamos los oídos y pretendemos no haberla visto ni escuchado? ¡Qué absurdo!

Según se ve, la realidad poco ha cambiado en este tema de Fox para acá. Aunque ahora hay reglas, nadie las respeta, empezando por los tribunales electorales, el local y el federal.

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Artículo semanal Derecho a la Información Jorge Narro Sin categoría Transparencia

El nuevo titular del ITEI en Jalisco

Por Jorge Narro Monroy, integrante del CEPAD AC





Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 24 de julio de 2013

En abril de 2012, cuando entró en vigor la actual Ley de Información Pública del Estado y sus Municipios, se incluyó un mecanismo para tratar de asegurar que quien alcanzara la presidencia del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (el Itei) no fuera un simple e ignorante buscachambas al servicio de algún partido o personaje político. El mecanismo es un examen elaborado, aplicado y calificado por al menos “cinco instituciones de educación superior o especialistas en materia de información pública con prestigio reconocido a nivel nacional”. Un examen, además, con carácter vinculante; esto es: sólo quien lo apruebe –y con calificación superior a 80 puntos- puede aspirar a la presidencia del Instituto. Nadie más.

El último día de junio pasado Jorge Gutiérrez Reynaga, presidente del Itei desde 2009, terminó su gestión. 18 ciudadanos (entre ellos el propio Gutiérrez) entregaron expedientes y presentaron examen buscando la Presidencia. Sólo tres candidatos obtuvieron la calificación indispensable para pasar a la última etapa, la elección por parte del pleno del Congreso: Alfredo Delgado Ahumada, Cynthia Cantero Pacheco y Héctor Ontiveros Delgadillo.

El electo lo fue por cuatro años: de julio de 2013 a junio de 2017.

Pero las cosas no han sido nada fáciles y, previsiblemente, lo que viene por delante tampoco lo será.

La primera bronca estalló cuando la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información del Congreso del estado, integrada mayoritariamente por legisladores del partido Movimiento Ciudadano, decidió que ninguna institución de educación superior local participaría en el examen a los candidatos. ¡Escándalo! El episodio terminó cuando, como resultado de una impugnación promovida por la diputada del PRD Celia Fausto, el omnipresente Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) ordenó incluir a las universidades locales en el examen.

La siguiente bomba hizo explosión cuando Gutiérrez Reynaga denunció que los exámenes habían sido filtrados previamente a su aplicación, que él había obtenido una calificación mayor a 80, que el examen era confuso al mencionar indiscriminadamente la Ley de Transparencia y la Ley de Información, y que el haber difundido los resultados dañaba su imagen, “mi individualidad que tengo”.

El tercer conflicto puede estar latente.

El 19 de junio la comisión de Participación Ciudadana aprobó el dictamen con los tres aspirantes elegibles para la Presidencia del Itei. El 28 el pleno del Congreso escogió de entre los tres a Cinthya Patricia Cantero.

Pero la designación podría ser impugnada.

Resulta que el artículo 17 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios establece entre los requisitos para ser consejero presidente o ciudadano del Consejo del Instituto el “No haber sido miembro de los órganos de gobierno de algún ente público, durante los seis años anteriores al día de su nombramiento”. Y Cantero trabajó en la Unidad de Transparencia de los Hospitales Civiles.

Aunque a los otros dos finalistas también se les podría poner ese “pero”: Héctor Ontiveros trabajó en la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Zapopan y Alfredo Delgado Ahumada ha sido director jurídico del Itei desde hace varios años.

Y aunque la ley no define qué es un “órgano de gobierno”, existen resoluciones de tribunales que sí lo hacen. Tesis que pueden ser usadas para impugnar la designación del presidente.

¿Son simples anécdotas en la historia de un organismo intrascendente? ¡Para nada! Se trata de conflictos que vulneran aún más el prestigio y la actuación de una institución indispensable para que los jaliscienses sepamos cuánto y en qué se gastan los políticos profesionales nuestros recursos.

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Artículo semanal Derecho a la Información Sin categoría Transparencia

Por un ITEI que tutele el derecho a la información de los jaliscienses

Por Juan Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC



Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 15 mayo de 2013

La semana pasada, la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Jalisco, publicó la convocatoria para elegir a un nuevo Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado (ITEI). Este proceso no es menor y requiere del ojo crítico de la sociedad, pues de ello depende que este instituto continúe por un camino de baja autonomía y rendimiento o que por el contrario, se convierta en un espacio que marque un claro contrapeso a los poderes públicos.

Luego que durante el primer lustro del siglo XXI en Jalisco se viviera un importante desarrollo de la transparencia en el estado, en tiempos recientes hemos observado claros retrocesos, como fue la elección de Jorge Gutiérrez Reynaga, actual presidente del ITEI o la aprobación de una nueva ley de transparencia en 2011, que de un plumazo eliminó una serie de derechos que los jaliscienses teníamos con la ley promulgada en 2005.

En julio de 2009, los entonces diputados del Congreso de Jalisco, eligieron a Gutiérrez Reynaga, luego de un proceso plagado de irregularidades y poco transparente. Los expedientes de los contendientes no fueron analizados a profundidad y muchos de los participantes fueron desestimados por cuestiones políticas, cuando tenían méritos suficientes para ganar la convocatoria. Al final, los diputados dejaron a la suerte la elección  y recurrieron a la insaculación. Curiosamente, quien resultó electo fue Jorge Gutiérrez Reynaga, un funcionario con muy poca experiencia en el tema de la transparencia y  con un perfil público bajo. En otras palabras, Gutiérrez Reynaga cumplió con un perfil ubicado en las antípodas de Augusto Valencia, anterior presidente del Instituto.

Esta elección, sin duda, marcó el rumbo del ITEI desde entonces. Gutiérrez Reynaga llegó al instituto a poner orden en las finanzas, a realizar nuevas contrataciones y a “cumplir” con su trabajo. Por el contrario, no buscó hacer frente a los grandes escándalos de corrupción del gobierno del estado, como fue el caso de los Juegos Panamericanos, ni tampoco presionó para que el Congreso o del Poder Judicial transparentaran su actuación. No buscó reducir los sueldos de los empleados del ITEI, mucho menos una nómina onerosa y que tiene por objetivo pagar favores a los distintos partidos políticos. En 2011, cuando el Congreso dio el albazo con la aprobación de una contrarreforma, la voz del ITEI fue tímida y complaciente con el poder.

Pero lo más importante, desde 2009 tenemos en el ITEI a un funcionario público que, como un buen cuenta chiles, solo se ha dedicado a administrar una institución que maneja un gran presupuesto. Por el contrario, no se ha constituido en un defensor del derecho a la información de los jaliscienses quienes queremos saber las cuentas del Congreso, los gastos de comunicación social de los municipios o las cuentas finales de los Panamericanos. Al día de hoy, eso, y muchas cosas más, no las sabemos.

Por estas razones, el proceso de elección del presidente del ITEI es de suma importancia para la vida pública del estado. Estamos ante un escenario de continuidad o de cambio. Es tiempo, entonces, de exigirles a los diputados que busquen el mejor perfil para dirigir una institución fundamental de la democracia jalisciense.