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Informes de Derechos Humanos

El Derecho Humano al Agua en Jalisco durante 2018

Carlos A Peralta Varela

Antecedente

Podemos partir de recordar que el artículo 4, párrafo 6, de la Constitución Política de nuestro país (reformada en 2012), garantiza explícitamente el derecho al agua y al saneamiento para todos los mexicanos, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Pero obviamente este derecho no está garantizado para todos los mexicanos y más aún, la calidad del agua está empeorando en algunas partes de la república. Cabe mencionar que la concentración de arsénico y fluoruro en el acuífero Lerma-Chapala –recordemos que de Chapala se manda agua al Área Metropolitana de Guadalajara–, se duplicó en los últimos 14 años, de acuerdo con un estudio realizado hace tres años por el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) (Rodríguez, 2015). En el estudio mencionado se afirma que el acuífero contiene “sustancias nocivas para el ser humano […] que no sólo destrozan la dentadura y el esqueleto de las personas (fluorosis), causan además daño neuronal irreversible, altera el adn, complica los partos y es factor cancerígeno”. Para bien de todos, diferentes agrupaciones ciudadanas han identificado los problemas en torno al agua y los están denunciando para detener su deterioro, pero también para impedir que se continúe atentando contra la calidad de vida de los habitantes de Jalisco.

En el presente escrito se da cuenta de diferentes problemas en torno al agua, denunciados por agrupaciones y comunidades de Jalisco en el pasado 2018.

El derecho humano al agua en Jalisco, durante el año 2018

Preocupaciones desde las organizaciones y colonos

Durante este pasado 2018, en Jalisco se han realizado muchas y muy diversas acciones en relación con el agua, y para denunciar problemas de cantidad o calidad que atentan en contra de la sustentabilidad de las poblaciones o propician la violación de otros derechos como sería el derecho a la salud.

Iniciando el año, en el mes de febrero, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (imdec) en conjunto con la Comisión Especial del Agua del Congreso del Estado de Jalisco, realizaron una reunión de trabajo con agrupaciones sociales y cívicas, para que cada una de ellas planteara sus percepciones en torno a problemas con el agua. Agustín del Castillo, connotado periodista especializado en temas medioambientales, sintetizó lo que afirmaban los colectivos de la siguiente manera: “el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno y sus tres poderes, ha sido ineficiente en gestionar un problema tan fundamental como el agua, en calidad y volumen adecuados, para garantizar el derecho a la salud y al ambiente, sobre todo, de los moradores de asentamientos pobres, rurales o populares-urbanos” (Del Castillo, 2018).

En esa misma reunión, pobladores de colonias populares de Zapopan y Tlaquepaque se quejaron porque, a pesar de vivir en fraccionamientos autorizados por los gobiernos, el agua es muy escaza ya que sólo llega unos minutos al día y no es suficiente. Ante este reclamo, Alejandro Cárdenas, dirigente del Parlamento de Colonias, afirmó que “No es un problema de escasez; es un problema de mala gestión, de buscar siempre resolver con ingeniería lo que es un mal manejo de la cuenca misma, que nos da al menos 30% del agua que consume la ciudad, y que es de excelente calidad” (citado en Del Castillo, 2018). También en esa reunión, Raúl Muñoz Delgadillo, Presidente del Comité Ciudadano en Defensa Ambiental de El Salto, mencionó que otro de los graves problemas del agua en la entidad es la contaminación y las afectaciones que ésta produce en la salud:

Desafortunadamente, tenemos un registro de poco más de 800 personas que han fallecido en los últimos diez años por problemas de salud provocados o agudizados por la contaminación, como cáncer, leucemia, tumores rectales, que eran antes algo muy raro, y la presencia ahora de cáncer de páncreas, que es el que más nos está preocupando, porque es fulminante […] Tan sólo nosotros tenemos un poco más de 750 personas con insuficiencia renal en la zona de la presa del Ahogado (Pereira, 2018).

Si bien es cierto que la contaminación es provocada por diferentes factores, el papel de las industrias en este problema es relevante y no se atiende adecuadamente. El activista mencionó que existen alrededor de 400 grandes empresas –ubicadas en los márgenes del río–, de las cuales solamente 80 cuentan con planta de tratamiento, aunque no se sabe si funcionan regularmente; lo cual nos lleva a suponer que cotidianamente se arrojan descargas industriales con diferentes tipos de contaminantes. Esto sin contar a las pequeñas empresas que están a lo largo de la cuenca, que no son monitoreadas, y cuyas descargas se mezclan con las aguas domésticas, en los drenajes (Pereira, 2018).

Recomendaciones del Observatorio

Para abundar en el complejo panorama en torno a los problemas del agua en la entidad, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco (Observatorio), también en el mes de febrero de 2018 dio a conocer tres bloques de recomendaciones, manifestando diferentes preocupaciones.

Un primer bloque de recomendaciones está dirigido a las autoridades municipales y magistrados del Tribunal Administrativo. Está relacionado con el impacto que genera en los acuíferos de la ciudad el crecimiento vertical en el Área Metropolitana de Guadalajara (amg). La construcción de grandes torres departamentales o administrativas implica excavaciones muy profundas, generalmente para hacer los estacionamientos; el problema es que las excavaciones obstruyen los flujos subterráneos de agua en la metrópoli. Ante ello, el Observatorio recomienda: “Que se prohíba o se suspenda la construcción, sobre mantos y corrientes subterráneas o superficiales –continuas o torrenciales– ya sean torres u obras públicas que impacten el sistema hídrico” (Observatorio, 2018a). Además, se solicita que se establezca un sistema de monitoreo permanente y en tiempo real del ciclo del agua a nivel metropolitano y regional, y que “los Planes de Desarrollo Urbano y Planes Parciales se sustenten en datos técnicos y estudios del ciclo del agua que permitan garantizar la disponibilidad en cantidad y calidad del agua de forma sustentable y sin afectar regiones y/o comunidades distantes” (Observatorio, 2018a).

Otro bloque de recomendaciones se generó en relación con la Región Lagunas, Región Sur y municipios aledaños. Se menciona que durante 2017 se realizaron 1,647 encuestas por parte de la diócesis de Ciudad Guzmán, mediante las vicarías de la región y el Observatorio, para determinar el estado que guardan en cuanto a cantidad, calidad e infraestructura en el tema del agua. En la recomendación se afirmó que “más del 80% de las plantas de tratamiento de agua no operan, que los sistemas de drenaje no terminan en plantas de tratamiento ya que son vertidos sobre arroyos, ríos, valles agrícolas o lagunas. Rastros de matanza e industrias no tienen plantas tratadoras” (Observatorio, 2018b). También se recordó el hecho que, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con fecha 24 de abril de 2017, los acuíferos subterráneos de la región se encuentran en calidad de “sin disponibilidad o sobreexplotados”. En esta línea se describe que “Por otra parte, la demanda de agua para los invernaderos productores de berries y el incremento de grandes áreas de siembra de aguacate, así como la demanda creciente para todas las demás actividades, han generado que los acuíferos se estén abatiendo” (Observatorio, 2018b). Para completar el cuadro, se mencionó otro grave problema: la generación de un “uso sin control de fertilizantes e insecticidas [mismos] que han sido detectados en cuerpos de agua” (Observatorio, 2018b).

Los pobladores de estas comunidades afirman que se está afectando el ecosistema porque ya no llegan los mismos animales a anidar y, debido a la contaminación, ya no es confiable pescar en lagunas como la de Ciudad Guzmán.

El Tribunal Latinoamericano del Agua y el caso de la Ribera de Chapala

El Tribunal Latinoamericano del Agua (tla) es una instancia de carácter internacional, autónoma e independiente, que tiene como propósito la búsqueda de la justicia ambiental. La audiencia pública del tla, en octubre de 2018, tuvo su sede en Jalisco, específicamente, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Esta audiencia fue dirigida a atender los problemas y conflictos hídricos que se han suscitado en territorios indígenas de América Latina. Se presentaron ocho casos provenientes de cuatro países: dos casos de Guatemala, uno de Colombia, otro de Argentina y cuatro casos de diferentes partes de México.

En lo que se refiere concretamente a Jalisco, se presentó el caso de violación al derecho humano al agua y a la calidad de vida en poblaciones indígenas de la Ribera de Chapala, provocado por el Estado mexicano. Las comunidades de Mezcala de la Asunción y San Pedro Itzicán, ambas pertenecientes al municipio de Poncitlán, fueron las que realizaron la denuncia. Ellos son indígenas cocas y tienen una historia centenaria en la ribera.

El Lago de Chapala es el más grande de México, tiene una extensión de 1,740.8 km2 y desde el año 2009 está clasificado como sitio Ramsar,1 por considerarse un humedal de importancia internacional que debería ser conservado con cuidados especiales. También el lago es la mayor fuente de abastecimiento de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara.

El caso se presentó debido a que los pobladores se han enfrentado al incremento sin precedentes de enfermedades renales, lo que ha puesto al estado de Jalisco como uno de los primeros lugares del mundo en incidencia de enfermedad renal crónica, además de daños cerebrales, cáncer y malformaciones genéticas. En un pronunciamiento titulado “Declaratoria de Mezcala” que se dio a conocer en mayo de 2018, representantes de los pueblos de la Ribera de Chapala (Mezcala, San Pedro Itzicán y Agua Caliente), afirmaban que “de 2010 a la fecha van más que 100 personas fallecidas por insuficiencia renal. Tan sólo del 22 de marzo a la fecha (mayo), en San Pedro Itzicán han muerto 3 personas. Los datos son alarmantes. Estamos hablando de la muerte de niñas, niños y jóvenes” (upojas, 2018).

Un primer y grave problema es que las causas de estas enfermedades no han sido cabalmente identificadas, prevenidas y atendidas por las autoridades responsables del estado de Jalisco. En esta línea, investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) consideran que el origen es multifactorial aunque, para los pobladores, estas problemática tienen relación con la calidad del agua de Chapala y el pescado que consumen. Particularmente, en San Pedro Itzicán debe considerarse que la mitad de la población tiene agua entubada de origen termal y la otra mitad tiene agua entubada surtida por pipas. Aunque las autoridades afirman que el agua termal es potable, los pobladores consideran que no es adecuada para el consumo humano a largo plazo debido a la importante cantidad de minerales que contiene.

Sin tener claridad sobre las cifras específicas, las autoridades de salud consideran que existen centenares de casos de insuficiencia renal en el municipio de Poncitlán, en el cual están situados Mezcala y San Pedro. El Dr. Guillermo García, Jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, menciona que “En Jalisco, en el registro que llevamos, la prevalencia en terapia de reemplazo es de alrededor de mil 600 casos por millón de habitantes. En el municipio de Poncitlán anda en 2 mil 500 casos por millón. Esto es una contingencia epidemiológica […]” (El Informador, 2016). Por su parte, el Dr. Felipe Lozano,2 de la Universidad de Guadalajara, asegura que según los estudios realizados a pobladores de esta zona, “La gente está orinando plomo y están orinando molibdeno, otro metal duro que no se produce en el país y que se usa en la industria del acero inoxidable, y también encontramos mercurio […] los resultados, obtenidos hasta diciembre, sugieren que por lo menos 270 de los 950 habitantes de Agua Caliente (población colindante con San Pedro Itzicán), padecen algún grado de daño renal”. Por su parte, el Dr. Alfredo Celis, Director de División del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la UdeG, afirma que:

[En Agua Caliente] Hemos tomado muestra de orina, hemos tomado muestra de tierra. Hemos encontrado cosas que no esperábamos, particularmente en la tierra. Hemos encontrado metales como el Tungsteno que es un metal pesado y duro que se utiliza en la industria de iluminación, hemos encontrado metales que se utilizan en la industria de acero inoxidable […] Suponemos que eso llegó por contaminación. ¿De dónde viene? No lo sabemos todavía. Pudiera ser que en el trayecto del río Lerma que recorre el estado de México, Guanajuato, etc.” (C7 Jalisco, 2017).

La contaminación en el lago es conocida desde hace años, pero y para sustentar el caso, el iteso analizó el monitoreo oficial del agua en el Lago de Chapala realizado por Conagua, que contiene datos desde finales de 2012 hasta febrero de 2018. En el análisis se observó que se han reportado niveles altos y extremadamente altos en algunos de los parámetros físicos, químicos y biológicos medibles conforme a los niveles máximos permitidos en las normas oficiales mexicanas para potabilización del agua y de descargas residuales en aguas nacionales. Particularmente, es muy alta la presencia de coliformes fecales (incluida la Escherichia Coli), las concentraciones históricas promedio rebasan los límites máximos permitidos en normas nacionales e internacionales que determinan la potabilidad del agua, y también lo que se permite en descargas de aguas recién tratadas a cuerpos de agua nacionales (Sánchez et all., 2018).

Cabe mencionar, que a la audiencia del Tribunal se presentó el Ing. Jorge Malagón Díaz, Director General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, designado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para comparecer ante el Tribunal. Declaró que ésta es una de las cuencas más complicadas del país, porque recorre nueve entidades federativas y en su camino recoge todo tipo de contaminantes producto de la actividad humana. Afirmó también que se han realizado múltiples acciones para combatir la contaminación, pero todas ellas se han quedado cortas. El análisis realizado constató lo que el Ing. Malagón mencionó: que sin lugar a duda, el Lago de Chapala está contaminado. Por lo anterior, en relación con el caso, el Tribunal resolvió que:

el Estado mexicano, al promover un modelo urbano-industrial y agro-productivo extractivista que favorece el interés privado por encima del público, ha conllevado al deterioro de la calidad y cantidad del agua en ríos, cuerpos de agua y acuíferos, con graves impactos en la salud humana, en la producción de alimentos y en la conservación de los ecosistemas. Como consecuencia, ha incumplido con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y al medio ambiente y, sobre todo, ha afectado a los grupos sociales más vulnerables como son los pueblos indígenas y campesinos.

Comentarios finales

En Jalisco se están agravando los problemas en relación con la gestión, cantidad y calidad del agua, tanto en el área urbana como en zonas rurales, y si bien se están realizando denuncias al respecto, pareciera que no se hace nada o, por lo menos, no se hace lo suficiente para contrarrestar lo que ocurre. En buena medida, esto se deriva de un modelo de uso poco o nada sustentable, un modelo urbano-industrial y agroproductivo de corte extractivista que está propiciado el continuo deterioro de lagos y acuíferos, y obviamente, está impactando en los ecosistemas y la calidad de vida. El estado de Jalisco, en la práctica, está incumpliendo con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, con lo cual aumenta la afectación a grupos sociales que de por sí eran considerados vulnerables, como son los pueblos indígenas.

En relación con la Ribera de Chapala, se evidenció que el Estado tiene conocimiento de la contaminación y de los niveles a los que llegan ciertos contaminantes, pero también se aprecia que no está entre sus prioridades atender la problemática que padece el lago más grande de México y las comunidades que viven en sus orillas. Se requiere apoyo urgente en temas de salud y de alimentación a las comunidades, también un estudio epidemiológico en la región, pero y sobre todo, una política estructural diferente para impedir más contaminación y empezar a sanear el lago y su ribera.

Referencias

C7, Jalisco (2017). Entrevista al Dr. Alfredo de Jesús Celis, Director de División en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara, Jalisco, 2 de febrero de 2017 (Transcripción del minuto 5’30” al 12’04”). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sEjGcNzwiuE [Accesado el 22 de marzo 2019].

DEL CASTILLO, Agustín. “En la crisis del agua, veinte colectivos toman la palabra” en Milenio, 7 de febrero de 2018. Disponible en: https://www.milenio.com/estados/crisis-agua-veinte-colectivos-toman-palabra [Accesado el 22 de marzo de 2019].

El Informador. “Jalisco, segundo lugar mundial en incidencia renal crónica”. Guadalajara, Jal., 13 de diciembre de 2016. Disponible en: https://www.informador.mx/Jalisco/Jalisco-segundo-lugar-mundial-en-incidencia-renal-cronica-20161213-0141.html [Accesado el 22 de marzo de 2019].

OBSERVATORIO CIUDADANO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE JALISCO (2018a). Recomendaciones para los Presidentes Municipales en Funciones, de: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

OBSERVATORIO CIUDADANO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE JALISCO (2018b). Recomendación Región Lagunas, Región Sur y municipios aledaños.

PEREIRA, Darío. “Mueren 800 por río, dice activista” en Diario ntr, Guadalajara, Jal. 13 de febrero de 2018.

RODRÍGUEZ, Esteban. “Se duplica arsénico en agua” en Periódico El Universal. 1 de diciembre de 2015. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015/12/1/se-duplica-arsenico-en-agua-segun-estudio> [Accesado el 22 de marzo].

SÁNCHEZ, Juan; Saúl Nuño; Juan Martínez y Reimann Ruiz (2018). “Reporte de análisis de datos de calidad del agua del Lago de Chapala”. Departamento de Matemáticas y Física del Tlaquepaque, Jalisco. Disponible en: https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5614/Calidad%20del%20agua%20del%20Lago%20de%20Chapala.pdf?sequence=4.

Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (upojast) (2018). “Declaración de Mezcala”. Primer Encuentro de Pueblos de Jalisco por el Agua, el Territorio y la Vida. 5 de mayo de 2018.

Notas:

1 Ramsar es la ciudad iraní donde en 1971 se llevó a cabo una convención en la que se firmó el tratado intergubernamental al que se le dio su nombre. Esta convención se constituye en el marco de acciones nacionales y de cooperación internacional para la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. Tomado de: <https://laderasur.com/articulo/que-son-los-sitios-ramsar-y-por-que-son-tan-importantes/>.

2 La información que aporta el Dr. Felipe Lozano es tomada de una presentación que realizó en el iteso en febrero de 2018, titulada “Estudio de la enfermedad Renal Crónica de origen inexplicable. Agua Caliente, Mpio. de Poncitlán, Jalisco. Avances del proyecto a febrero 2018”.

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Informes DDHH Jalisco

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2018

Desde el año 2006 el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad) se ha dado a la tarea de publicar un informe anual sobre la situación que guarda el estado de los derechos humanos en Jalisco. Los informes tienen el ánimo de documentar la realidad desde una perspectiva de derechos y bajo el emplazamiento que supone el trabajo de una organización de la sociedad civil. Los informes no son, de ninguna manera, la palabra final sobre lo que ocurre en el estado en materia de derechos humanos, tampoco son ejercicios que agoten el tema. Sin embargo, luego de más de tres lustros de trabajo, estos informes constituyen una evaluación profesional y coherente sobre el estado de cosas en la entidad.

CONTENIDO

  1. El informe del Cepad y la lectura de la realidad a través de una perspectiva de derechos humanos
  2. Los Rostros Invisibles de la Tortura
  3. Libertad de Expresión: Obstáculos y Contexto en 2018
  4. La Defensa de la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán de su Territorio e Identidad
  5. La Lucha Incansable por la Justicia Continúa. Criminalización en Contra de Miembros de la Comunidad Indígena de Mezcala de la Asunción
  6. La Protesta Social en Jalisco: Salir a la Calle Para Exigir Justicia
  7. La Desaparición Forzada de Miguel Ángel: “Fue la Marina”
  8. El Derecho Humano al Agua en Jalisco Durante 2018
  9. En Estado De Alerta. El Complejo Camino de la Solicitud para la Activación de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en Jalisco
  10. La Alerta De Violencia De Género En Jalisco, Vitrina que Exhibió otras Violencias Contra las Mujeres
  11. Éxodo Migrante en su Paso por Guadalajara
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Comunicado

Pronunciamiento del CEPAD del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Pronunciamiento del CEPAD del
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Como cada año, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo fija una postura respecto a la situación que guardan los derechos humanos en Jalisco, sin apartarse de los temas pilares de su actividad como son la desaparición de personas, la tortura, la discriminación, situación de las personas defensoras y periodistas, la libertad de expresión y protesta social, pero sin dejar de solidarizarse y visibilizar las causas de las personas, las organizaciones, los colectivos y los movimientos sociales que luchan frente a la adversidad que representa la corrupción y la impunidad en un ambiente de violencia e inseguridad generalizada.

Lejos parece el día en que la presentación del Informe se hable de buenas noticias, año con año, esto que llamamos crisis en materia de derechos humanos en el país, se ha convertido en los últimos 12 años en la peor tragedia de la que se tenga memoria desde la segunda mitad del siglo XX. Durante el 2017, según los datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue el más violento del que se tenga registros y Jalisco no fue la excepción. En dicho año, se registraron 1,369 homicidios dolosos. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General, se reportaron 3762 personas desaparecidas, de las cuales se iniciaron 3120 carpetas de investigación por ese delito y 0 por desaparición forzada. Respecto a la situación de los feminicidios, en el mismo periodo se registraron 107 casos de acuerdo con cifra dadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), lo que nos demuestra el fracaso de la Alerta de Violencia contra las Mujeres supuestamente implementado por las autoridades estatales, pero persiste la fuerte sospecha que otros casos no fueron clasificados correctamente, por lo que la cifra puede ser mayor.

Por otra parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pone a Jalisco como la tercera entidad del país en el número de quejas en los últimos cinco años. Un caso emblemático para el Cepad, fue la defensa legal emprendida por una pareja que les fue rechazado el derecho a decidir el orden de los apellidos de su menor hija por parte del registro Civil número 1 de Guadalajara, municipio que presume haber suscrito un sinfín de convenios, memorándums y demás compromisos dirigidos contra la discriminación hacia las mujeres. Tuvo que ser un Juez Federal quien le ordenara a la Oficina de Registro de nacimientos que respetara los derechos del padre y de la madre a determinar el orden de los apellidos que llevará su bebé. Tanto la familia como el Cepad, ilusamente pensaron que dicha resolución sentaría un precedente para erradicar la discriminación respecto a la prevalencia del apellido paterno sobre el materno, pues meses después, otra pareja se presentó ante la misma autoridad registral, y les fue negado el registro, pero ahora no por motivos jurídicos, sino bajo el argumento de que “deben conservar el orden armónico de la comunidad”. Tampoco podemos omitir el desdén y la indiferencia de las autoridades municipales y estatales hacia las situación que enfrentan las personas con discapacidad, a quienes, hasta la fecha, no se les garantiza sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales, pues el diseño de las políticas públicas no generan condiciones de respeto a una vida digna, alejadas de la discriminación y de igualdad.

Por otro lado, los temas que también preocupan y ocupan al Cepad, son aquellos donde se ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información, así como el de las personas defensoras de los derechos humanos en la entidad. Con preocupación vemos aquellas declaraciones del entonces presidente municipal de Guadalajara, y actual candidato a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro, donde señaló que “no olvida a quienes lo critican”.

Asimismo, vemos como ,quienes ejercen el periodismo crítico, sufren el despido de sus fuentes de empleo o, en su caso, son demandados por quienes detentan algún tipo de poder político. Tal es el caso del periodista Pedro Mellado, quien fue demandado por el entonces diputado Enrique Audry, de quien documentó algunas irregularidades de quien se dice ser un representante popular; además, se encuentra el caso de la periodista Martha Hernández Fuentes, quien fue retenida de manera arbitraria por policías de Guadalajara cuando registraba el deterioro estructural del mercado Corona. Ambos casos fueron puntualmente registrados por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco. Quienes integramos el Cepad, nos solidarizamos con quienes de manera profesional y ética ejercen el periodismo y rechazamos cualquier intento por acallar las voces comprometidas con la libertad de expresión y el derecho a la información.

En el caso de la personas defensoras, lamentamos profundamente el asesinato de los defensores Miguel Vázquez Torres y de su hermano Agustín, fundadores del Consejo Regional Wixárrika por la Defensa de Wirikuta, crimen ocurrido en el municipio de Tuxpan de Bolaños, al norte de Jalisco. Las autoridades estatales atribuyen su muerte al crimen organizado, lo que de ser así, evidencia el grado de vulnerabilidad que sufren nuestros hermanos y hermanas por defender sus tierras y territorios, ya sea por omisión o complicidad de las mismas autoridades municipales, estatales y federales.

Tampoco podemos omitir mencionar la promesa del entonces candidato a la gubernatura de Jalisco, Aristóteles Sandoval a los y las habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de no inundar sus pueblos, sin embargo, en junio pasado en un acto público y en presencia de personajes de la vida pública de la entidad, se desdijo amenazando que la presa va a 105 metros, contraviniendo la determinación de la SCJN que la cortina de la presa el Zapotillo no debe rebasar los 80 metros.

En el 2017 vivimos el añorado cambio en la CEDHJ, cuyo titular Felipe de Jesús Álvarez Cibrian ejerció por 10 años un cargo que jamás debió ser, pero las complicidades llevaron a que la defensa de los derechos humanos fueran una simulación, su silencio ante las graves violaciones a los derechos humanos deberán ser investigadas. El proceso de sucesión fue, al final de cuentas y para no perder la costumbre, un acuerdo entre las cúpulas políticas representadas en el Congreso local. Es importante mencionar que la DPLF, Idheas Litigio Estratégico, IMDHD y el Cepad, hicimos llegar a cada representante del Legislativo local, un documento titulado El Perfil Ideal para el cargo del /la presidente/a de la CEDHJ 2017-2022, donde se alertó la ausencia de mecanismos para llevar a cabo la Consulta Pública. Ese documento fue también un llamado a las organizaciones y sectores sociales que decidieron participar en el proceso, pues de llevarse a cabo sin definirse cómo se garantizaría ese derecho, se estaría perdiendo la oportunidad de generar condiciones para elegir al mejor perfil para tan importante cargo. Sin demeritar las cualidades del actual presidente de la CEDHJ, las componendas políticas hicieron que llegara al cargo, pero la legitimidad se gana con respuestas, y una de ellas es auditar a la administración anterior, no solo en la cuestión financiera, sino la actuación de ese organismo frente a hechos ocurridos en esos 10 años, así como revisar las quejas y recomendaciones clasificadas por lesiones y abusos de autoridad, y no por tortura.

Es importante recordar que el 31 de agosto pasado, inició los trabajos la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, la cual fue producto de la exigencia de los colectivos de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos y, que sin el fuerte impulso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, no hubiera sido posible darse. Seguimos sin respuesta ante la desaparición de personas en los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta y otros más por parte de elementos de la Marina Armada de México. Tan solo en el 2017 se presentaron 5 quejas ante la CNDH en contra de esa institución por la desaparición de pobladores de esos municipios. Desde que inició labores la FEPD, las familias no solamente han vivido la frustacion y la desilusión, sino también amenazas e indiferencia de los Ministerios Públicos.

Sin duda, sería imposible mencionar cada una de las violaciones a los derechos humanos en Jalisco durante el 2017, y nada podrá impedir revertir el actual estado de cosas, mientras la sociedad siga con una actitud de indolencia ante la tragedia y, lo que es peor, una sociedad civil desorganizada, medios de comunicación a modo, universidades silenciosas y cada persona, espectadora de la indignidad.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Derecho al Agua en Jalisco

LA ONU Y EL DERECHO HUMANO AL AGUA EN JALISCO

Carlos A. Peralta Varela

Anotaciones previas

El presente texto da cuenta de dos tipos de acciones que organismos dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (onu) llevaron a cabo en Jalisco durante el año 2017, ambos en relación con el derecho humano al agua y el saneamiento. Desde mi perspectiva, no sólo se trata de hacer un recuento de los acontecimientos sino de reflexionar críticamente sobre la capacidad o la forma de incidencia que organismos dependientes de la onu pueden tener en suelos mexicanos. Obviamente, la onu incide en nuestro país en diversas problemáticas, muchas más de las aquí expuestas; de hecho, su presencia en 2017 fue significativa en nuestra entidad en asuntos vinculados con las desapariciones; sin embargo, en lo que se refiere al agua, una de sus instancias actuó en forma poco transparente y con una extraña fórmula de subordinación a la posición del gobierno estatal.

Antes de entrar en la reseña de lo acontecido, conviene ofrecer un par de antecedentes. Lo primero es recordar que el artículo 4, párrafo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), reformado en 2012, garantiza explícitamente a todos los mexicanos el derecho al agua y su saneamiento, en cantidad suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin embargo, es evidente que lograr la realización plena de este derecho requiere de voluntad política, destinar los recursos necesarios, políticas públicas explícitas para atender la demanda en relación con el agua y, en contrapartida, también requiere de la capacidad de los pueblos o comunidades para cuidar y exigir sus derechos, entre otros varios aspectos. El agua es vital para la sobrevivencia del ser humano y, desde la perspectiva de los derechos humanos, es esencial para la realización de otros derechos –en realidad todos–, y con ello lograr una buena calidad de vida.

Se puede mencionar, por ejemplo, que en nuestro país se ha trabajado para acercar el agua a la gran mayoría de los hogares; sin embargo, estamos muy lejos de que el sistema público pueda llevar agua verdaderamente potable. Se desconfía sobre la calidad del agua en los hogares de Jalisco. La falta de calidad en el agua nos ha convertido en el país del mundo que más agua embotellada consume. Pero además, también padecemos la falta de agua, sobre todo en hogares de colonias populares pues, aunque tengan llaves de agua, puede llegarles sólo unas horas al día. La escases de agua y su falta de calidad obedecen a múltiples factores que varían de acuerdo a la región en donde se habita.

Debido al discurso de la escasez y por la carencia de recursos, se están abriendo las puertas a la privatización del agua. Leo Heller (2017), relator de la onu para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, realizó una visita oficial a México en mayo de 2017. Posteriormente, hacia finales de año, presentó un informe en el que menciona lo siguiente:

México afronta numerosos desafíos para garantizar el derecho humano al agua potable y el saneamiento a toda su población, buena parte de la cual reside en zonas urbanas periféricas y comunidades rurales muy dispersas en todo el país. Muchos viven en regiones que padecen un nivel alto o muy alto de estrés hídrico, experimentan bajos niveles de desarrollo y se enfrentan a diferentes conflictos socio ambientales y niveles considerables de pobreza, lo cual exige estrategias específicas para la prestación de servicios. En los últimos años estas dificultades han aumentado a causa de un entorno económico en el cual los ingresos gubernamentales se han reducido drásticamente, debido en gran parte a la caída de los precios del petróleo. Los presupuestos federales para servicios esenciales han disminuido significativamente, con reducciones superiores al 37% entre 2016 y 2017 para el sector del agua y el saneamiento, según informaciones recibidas. Esos recortes pueden tener un efecto dramático a corto, mediano y largo plazo en la realización progresiva de los derechos humanos al agua y el saneamiento. Ese impacto negativo podría verse agravado por la situación institucional del sector, que, en palabras de un experto, se encuentra “en cuidados intensivos” debido a las actuales condiciones políticas, financieras y presupuestarias (Heller, 2017:3).

Esta conclusión, emanada del informe, como se puede apreciar, pone el énfasis en la falta de recursos de los gobiernos, lo cual puede abrir la puerta a la privatización. Por otro lado, podríamos decir que identifica la falta de políticas y estrategias específicas para afrontar el estrés hídrico desde una perspectiva de sustentabilidad, como podrían ser el reuso y la lucha por el rescate de ríos, así como para su no contaminación. También reconoce la existencia de conflictos ambientales, en algunos casos por la ya mencionada falta de recursos, pero deja claro que los conflictos surgen en la medida que los proyectos hidráulicos no son adecuadamente gestionados y no se desarrollan verdaderos mecanismos de participación ciudadana. En cualquier caso, hablamos de temas muy complejos que deberían abordarse desde una perspectiva integral.

Para el caso de Jalisco, durante el año de 2017 se mantuvo el conflicto entre las autoridades y poblaciones o comunidades afectadas, y fueron más visibles las controversias y los desacuerdos que los consensos. No en balde se ha impedido –y a la fecha se mantiene el rechazo– el desarrollo y ejecución de algunos proyectos hidráulicos. Además, no podemos dejar de observar que uno de los organismos de la onu fue parte fundamental de este conflicto y, de alguna manera, contribuyó a favorecer una propuesta de privatización del agua y a recrudecer el hostigamiento sobre algunas comunidades afectadas.

La unops y el Río Verde

Como es bien sabido, la cuenca del Río Verde se ha vuelto un espacio en disputa por la distribución de su caudal. Esto surge a partir de un decreto que reparte el agua de este río entre Jalisco y Guanajuato, a partir del cual también se autoriza la construcción de la presa El Zapotillo y de un acueducto –que manejarían empresas privadas– para llevar agua a León. Ante la falta de estudios, considerados confiables, sobre la cantidad de agua realmente disponible en la cuenca, se propuso desde hace varios años realizar un ordenamiento hídrico y ambiental de la cuenca, que ofreciera una visión objetiva, confiable, sustentable e integral sobre las diversas y reales posibilidades de uso, distribución, recuperación o reutilización del agua en todo el territorio.

En 2015, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (imta)1 ofreció información sobre la cantidad de agua que circula por el Río Verde, pero sus conclusiones no fueron aceptadas por pobladores, grupos sociales y empresarios de los Altos de Jalisco. Por ello, el gobernador Aristóteles Sandoval decidió “contratar”, por medio de un acuerdo, los servicios profesionales de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (unops, por sus siglas en inglés) para realizar el estudio conocido como “Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde”, a un costo que para muchos fue sumamente alto. Se erogó la cantidad de 4.65 millones de dólares. Varias organizaciones se ampararon en contra del acuerdo debido al alto costo y la presunta ilegalidad en la forma de contratación (Amparo 1908/2016 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco).

Los resultados del estudio de la unops se presentaron con bombo y platillo el 29 de junio de 2017 en el Palacio de Gobierno. Estos resultados no fueron del todo convincentes para diversos académicos y grupos sociales, pero aún así, sirvieron de base al gobernador para modificar la postura que hasta entonces había mantenido respecto a conservar la presa a 80 metros de altura y evitar con ello la inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Para las organizaciones: Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (imdec); el Colectivo de Abogadxs, y ¡Tómala! Ciudad, el trabajo realizado por la unops dejó mucho qué desear porque no tomó en cuenta la visión, las necesidades y la experiencia de las comunidades. Afirmaron que

La unops se relacionó de la manera más fría y equivocada con las comunidades, incumpliendo sus principios de participación y respeto a los derechos humanos como instancia de las Naciones Unidas, ocasionado el rechazo y la ruptura con la comunidad de Temacapulín en diciembre de 2016, comunidad que nunca les recibió de manera oficial y formal en su territorio y comunidad.2

Por su parte, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco publicó un desplegado acerca de estos resultados, en el cual dio a conocer su molestia por la poca profesionalidad, particularmente en lo que se refiere a los escenarios planteados. Este cuestionamiento parte de que el propio personal de la unops reconoció que tuvo serios problemas para obtener información federal de manera oficial, además de que no fue posible hacer estudios de sondeo, por lo cual, y tan sólo por este hecho, su trabajo no podría considerarse un balance hídrico confiable. El desplegado concluye afirmando que “el estudio de la unops no presenta datos técnicos y científicos precisos, ya que parte del trabajo se basa en elementos subjetivos”.3

Al respecto, y coincidiendo con la postura del Observatorio, el Maestro Mario López, académico y miembro del Grupo del Agua del iteso, descalificó los resultados del balance hídrico debido a que los datos en los que se basó este organismo internacional no están actualizados o son inexistentes.4

Es importante mencionar que el estudio de la unops concluye con la formulación de cinco escenarios prospectivos que, por su relevancia, se convirtieron en el punto de referencia fundamental en relación con la confiabilidad del estudio. Una primera observación fue que estos escenarios son tendenciosos, es decir, fueron pensados para cumplir específicamente con los términos de referencia solicitados/impuestos por el gobierno de Jalisco. Los escenarios no fueron planteados para aclarar la situación del balance hídrico en la cuenca; están formulados para justificar la existencia de la presa que se encuentra en construcción y precisar la altura adecuada. Por ejemplo, en el Escenario 5 –considerado el más viable por la parte gubernamental–, la unops concluye que se debería “construir una cortina a 105 metros para aprovechar un caudal de 7.5 metros cúbicos por segundo”, lo que representa 87% de los 8.6 metros cúbicos por segundo establecidos en el acuerdo previo firmado entre Jalisco, Guanajuato y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En torno a este escenario, se menciona que esta opción ayudaría a mejorar la capacidad de regulación, prolonga la vida útil de la presa, y permitiría acercarse a respetar el acuerdo firmado. Esto quiere decir que no toma en cuenta que el centro del estudio era el balance hídrico en toda la cuenca del río, sino que el escenario más “viable” se reduce a dictaminar cuál debe ser el tamaño de la presa y la cantidad de agua que le puede llegar. Entonces cabe la pregunta: ¿en dónde está el balance hídrico y sustentable de la cuenca?

Otro aspecto poco claro, que desvirtúa el trabajo realizado en relación con los escenarios, se refiere al factor del cambio climático. En particular, el Escenario 5 no lo considera y otros escenarios sí ¿por qué? ¿será que el cambio climático debe tomarse en cuenta sólo en ocasiones? Nos quedó la idea de que fueron los criterios político y económico –por aquello de la infraestructura–, y no el rigor científico, lo que condicionó el desarrollo de los escenarios. En el mismo escenario, al terminar la presentación de la unops, el gobernador afirmó que acataría cabalmente lo propuesto en el Escenario 5, que lamentaba el hecho de que se inundaría Temacapulín, pero que estarían a salvo los derechos humanos, los derechos de reubicación y de indemnización de los habitantes de las comunidades que se inundarían.

Los escenarios del estudio de la unops, acotados y tendenciosos, fueron la plataforma para que el gobierno diera su aval público a obras de infraestructura marcadas por intereses políticos y económicos. Se requiere ampliar mucho más la visión en cuanto al uso del agua, pensar nuevas alternativas formuladas desde una perspectiva integral y, sobre todo, sustentable. Se requiere pensar en perspectiva ecológica y por el bien de la sociedad.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su visita a Temacapulín

El 29 de agosto de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (onu-dh) en México, difundió una nota informativa en la cual menciona que realizarían una misión de observación para conocer la situación de las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, que presuntamente serían desplazadas por la construcción de la presa El Zapotillo. La nota informativa dice que:

los integrantes de la onu-dh sostendrán reuniones de trabajo con representantes de las comunidades antes mencionadas, con sus asesores y con organizaciones de la sociedad civil para recibir información actualizada sobre la situación de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, y la situación de las personas defensoras, en relación con el proyecto de la presa El Zapotillo-Acueducto Zapotillo León. Durante esta misión también se visitarán algunas de las zonas de reasentamiento.

Desde hace años, a través de diferentes medios, se ha denunciado que con engaños o amenazas algunos habitantes de estas tres comunidades han sido presionados para vender sus propiedades y ser reubicados en otros predios. Sin embargo, existe un grupo de habitantes que no piensan dejar sus tierras y están luchando por que no se construya la presa.

Estos habitantes que decidieron no vender, observan a los pobladores que fueron trasladados al predio conocido como Talicoyunque, mismo que es administrado y custodiado por la Comisión Estatal del Agua (cea) de Jalisco. En el predio se construyeron casas con poco espacio para cultivos de traspatio o para tener animales –lo cual es una costumbre de la zona–, difícilmente cuentan con servicios y, debido a que la población está cercada, no cualquiera está en libertad de entrar o salir de ella.

Un aspecto, por demás relevante, fue que los habitantes de Temacapulín, en agosto de 2017, acudieron nuevamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (cedhj), para levantar otra queja debido a una oleada de amenazas e intimidación de las que han sido objeto recientemente. Señalan que el gobierno del estado, y específicamente la Comisión Estatal del Agua (cea), encabezó actos intimidatorios para obligarlos a reubicarse. Esto se observó con mayor fuerza a partir de que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval respaldó los resultados del estudio de la unops y se pronunció en favor de la inundación de los poblados, entre ellos, Temacapulín.5

La visita de representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de la onu-dh se enmarca en esta nueva oleada de amenazas, se manifiesta como una visita para dialogar con los pobladores y sus asesores a fin de intercambiar datos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, tal vez, para inhibir las presiones hacia los pobladores. Cabe mencionar que no les permitieron la entrada a Tlalicoyunque, pero su presencia en la zona cumplió con uno de sus objetivos: los pobladores fueron escuchados por representantes de la onu y se restauró algo de tranquilidad en su cotidianidad.

Comentarios finales

Existe en México el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura (scjn, 2014). En este protocolo se afirma que, en todo momento, se de deben salvaguardar los derechos humanos; esto supone utilizar una técnica jurídica denominada Ponderación, la cual implica: analizar profundamente la situación teniendo como referencia y como misión poner en primer plano a las personas y el catálogo de derechos humanos. En México, en cualquier parte del país y en todas las acciones o políticas públicas, debería privilegiarse a las personas y garantizar lo más ampliamente posible sus derechos. La lucha no es en contra del uso sustentable del agua en Jalisco, es en favor de tener una cultura hídrica que implique el pleno respeto a los derechos humanos.

Es de reconocer que la sociedad, el gobierno y las instituciones del sector han avanzado en la creación de instituciones novedosas que surgen ante situaciones de conflicto; ejemplo de ello es la creación de la Comisión de Cuenca en Cajititlán, conformada por instituciones federales, estatales, municipales y representantes de la sociedad civil, para: 1) implementar programas y acciones de saneamiento; 2) impulsar el ordenamiento y regulación de los usos del agua; 3) procurar el uso eficiente del agua; y 4) promover la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca y la preservación de sus recursos naturales.

Sin embargo, falta mucho para alcanzar un sistema de deliberación efectiva que privilegie el involucramiento de todos los actores relevantes para desarrollar conjuntamente una comprensión compartida de los problemas, su dimensión y potencialidades relacionadas con el agua, de tal forma que se garantice el bienestar social y económico de manera suficiente y equitativa, sin comprometer la viabilidad, la integridad y el futuro de los ecosistemas hidroecológicos. Ésta es una tarea de todos.

Notas:

1 imta 2015, Evaluación de la disponibilidad conforme a la norma nom-011-cna-2000 para el abastecimiento de la zcg. Convenio Núm. cea-imta-001/2014, Jalisco.

unops, 2017, Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca del Río Verde, Gobierno del Estado de Jalisco-Semadet, onu-unops.

2 Tomado de temaca: Boletín de Prensa previo a la presentación de informe final unops, que se dio a conocer el 28 de junio de 2017.

3 Tomado del desplegado publicado en medios de comunicación, por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, el 31 de julio de 2017.

4 Esta afirmación es tomada de la nota de Elsa María Arenas (2017), “Estudio de la unops, a modo: iteso”

[https://www.eloccidental.com.mx/local/estudio-de-la-unops-a-modo-iteso].

5 Ver la referencia en: http://www.milenio.com/region/temaca-presentan-nueva-queja-derechos_humanos-intimidacion-milemio-noticias-jalisco_0_1005499796.html

Bibliografía

Heller, L. (2017). Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a México. Consejo de Derechos Humanos de la onu, 36º período de sesiones, del 11 al 29 de septiembre de 2017. http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1722952.pdf

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Introducción al Informe

INTRODUCCIÓN

Miguel Bazdresch Parada

Vivir en sociedad humana, en contacto cotidiano con personas, exige dos consideraciones permanentes. Una, considerar el propio yo y la dinámica interna de nuestra vida. Otra, considerar la dinámica de las otras personas con las cuales mantengo, creo, disuelvo, construyo o destruyo relaciones mediante interacciones e intercambios.

Bien vista, la vida en sociedad es un movimiento continuo entre yo y los otros. Relaciones sociales, a fin de cuentas. Entrecruzadas con la vida interior de cada uno. No extraña la insistente búsqueda de las sociedades por acompañar esa vorágine relacional con acuerdos entre todos sus miembros para vivir con paz. La multiplicidad de emociones, sentimientos y pensamientos suscitados por los permanentes intentos de entendernos a nosotros mismos y entender a los otros, aun a los más cercanos, puede requerir una energía muy abundante. Tal energía a veces surge a borbotones y la vida en sociedad se torna agresiva e insatisfactoria. Disponer de un arreglo previo en el cual se acordara por los miembros de una sociedad los supuestos y las consecuencias de, por lo menos, algunos de los efectos no pacíficos de esas relaciones sociales, haría menor el desgaste y quizá, sólo quizá, más pacífica la vida de cada uno y de todos en conjunto.

Las sociedades han recurrido a religiones, ideologías, filosofías, teologías y anarquismos para intentar acuerdos satisfactorios en múltiples y variadas ocasiones a lo largo y ancho de la vida de los humanos. El éxito ha sido disímbolo. Las invenciones de la creatividad humana en este asunto han sido probadas y reprobadas. Los pensadores de las diferentes épocas, culturas y latitudes en el mundo debaten con persistencia para encontrar las causas del poco éxito de los humanos en sociedad para encontrar la paz, y tratan de vislumbrar los contenidos de posibles nuevos acuerdos sociales más exitosos. Principios y valores constituyen la materia prima de inventos y debates con los cuales se pueda responder preguntas básicas, tales como: ¿Qué constituye a un ser humano? ¿Cómo consigue una (su) identidad humana? ¿Quién es el otro? ¿Es necesario, es igual, es humano? ¿Hay más de una identidad humana? ¿Es posible una relación pacífica entre uno y otro humano? ¿La paz es un estadío o puede ser permanente? Preguntas para alimentar la búsqueda. Sin duda una búsqueda forjadora de la cultura de pueblos y comunidades.

Uno de los intentos de más larga data y mayor difusión cultural, sin ser universal aún, es la conocida como Derechos Humanos. Se considera que la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789” aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789 en medio del movimiento social de la célebre Revolución Francesa, es el “parteaguas” entre los acuerdos sociales anteriores a la Revolución y los que habrían de seguir.

Vale la pena transcribir aquí el proemio de tal declaración, en el cual se plasman los supuestos del pensamiento que da lugar a este intento – búsqueda de relaciones sociales pacíficas:

Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre, para que esta declaración, constantemente presente para todos los Miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos.

En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del Hombre y del Ciudadano:…1

Otros desarrollos posteriores enriquecen esta declaración fundamental, por ejemplo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791, con la cual se completa aquella parte que la Declaración de 1789 dejó implícita y quizá inacabada: Mujer y ciudadana.

No es momento de detenernos a considerar cada uno de los artículos de ambas declaraciones, y sí de invitar al lector a conocerlos o repasarlos para reconocer la poderosa inspiración del texto completo, hoy aplicable sin lugar a duda, a la interpretación de las relaciones sociales en nuestro país.

El 11vo Informe sobre el estado de los derechos humanos en Jalisco del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, ac (Cepad), el cual tiene en sus manos el amable lector, nos recuerda la célebre y radical consideración de la Asamblea Nacional francesa en la cual afirman que “… la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos…”.

Recientes estudios nacionales e internacionales, investigaciones de diverso calibre, movimientos de la sociedad civil organizada, protestas airadas en la calle, manifiestan el enojo de la sociedad por el enorme menosprecio de los derechos del hombre y de la mujer que rigen las relaciones sociales de los mexicanos. Tanto así, como la aparición de acciones sociales comunales, grupales y aun individuales, plenas de hartazgo frente a la carencia de paz en la vida cotidiana. Entre otras, el informe nos notifica de: “Policías” comunitarias, grupos de civiles armados en defensa de sus familias, fuerzas armadas en la calle y actuantes en medio de la población civil, manifestaciones violentas incluso en lugares antes insospechados tales como escuelas, iglesias y lugares de reunión para la diversión y el descanso. Y sobre todo la creciente ineficacia de los agentes del Estado, desde los niveles altos hasta los puestos de menor responsabilidad, para evitar secuestros, asesinatos, torturas, maltrato a menores, violencia de género y desapariciones forzadas.

Las aportaciones reflexivas y testimoniales de los artículos del Informe del Cepad dan cuenta de una mirada de cuál es la actual vigencia real de los derechos humanos. La mirada no es positiva. Jalisco tiene prácticas cotidianas plenas de violaciones a tales derechos. Es decir, Jalisco, hoy por hoy ha logrado poco éxito en el intento de construir relaciones sociales pacíficas entre amplios sectores de la población. La exigente y justa mirada del Cepad y sus colaboradores, al mismo tiempo nos deja claro las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses, y nos indica el camino por medio del cual podemos iniciar un nuevo intento de construcción de la paz. Nos ayuda a no olvidarlos y a profundizar en sus supuestos y consecuencias en esta hora requerida de un nuevo impulso de reconstrucción de las relaciones entre los seres humanos, de reconsideración de nuestra dinámica interna de cada uno y la dinámica de los otros con quienes intercambiamos, interactuamos, hemos de renovar vínculos, hacer acuerdos para así tejer una vida pacífica en sociedad.

A continuación, se presenta un comentario introductorio a los textos del Informe. El lector podrá valorar el aporte del conjunto de los autores y animarse a profundizar en los mensajes y propuestas de manera más detallada.

Derecho a la vida

Este derecho es el fundamental. Las sociedades concretas no dudan en proclamarlo y defenderlo en leyes y normas. La realidad de la dinámica social contradice ese propósito. A veces, de modos muy agresivos.

Jorge Alonso Sánchez nos advierte el olvido del respeto a la diversidad, a la diferencia, en especial cuando maltratamos a los pueblos primigenios de nuestro territorio. Son mexicanos, son ciudadanos y se les reprime por vivir de un modo diverso, construido en cientos de años y el cual les da respuesta a sus necesidades y a su manera de comprenderse entre sí. Alonso nos recuerda cómo

las políticas neoliberales mercantilizan toda la vida, el planeta entero, y todo su entramado. Los pueblos originarios defienden su existencia y se oponen a la destrucción de la naturaleza… los megaproyectos de las grandes corporaciones avanzan sobre el territorio de los pueblos, los despoja, les impone una cruenta guerra que implica muertos, desaparecidos, esclavizados, desplazados, marginados, explotados, humillados, sojuzgados, etcétera.

Ante el avance unificador e ignorante del valor de la cultura de los pueblos primigenios, Alonso observa y alerta cómo “los pueblos originarios han denunciado continuamente los atropellos y violaciones a sus elementales derechos vitales, pero eso no ha sido suficiente.” Por ejemplo, el sistema electoral en México que “no permitió que una mujer indígena, de abajo, se introdujera en su boleta presidencial.” María de Jesús Patricio, náhuatl de Tuxpan Jalisco, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, nos dice Alonso, “…está realizando una campaña de otro tipo, de los de abajo que están comprendiendo que hay que hacer otro mundo pues el capitalismo está anulando todos los derechos, y atenta contra la vida en el planeta. Se trata de una lucha por la vida y contra la muerte.”

Con un propósito similar, defender el derecho a la vida, Jade Ramírez Cuevas Villanueva describe la lucha de una niña y sus padres por tener nombre propio frente a la ignorancia de funcionarios municipales cuando se oponen a registrar un nombre inusual y plenamente legal. Niña, padre y madre recurrieron a diferentes procesos legales para obtener un mandato judicial que impidiera la violación al derecho al nombre libre, a la plena identidad, a pesar de nacer y vivir en pleno siglo xxi y con normas explícitas a favor de ese derecho. Ramírez concluye con una reflexión:

El sistema social está corroído de desigualdad y trato diferenciado entre hombres y mujeres, entre indígenas y citadinos, entre ricos y personas en pobreza, por valores de un anacrónico contrato social; Así, el anhelo de un estatus equitativo alejado de estereotipos y paradigmas machistas sigue lejos, muy lejos, tanto como para que la simple acción de que cada humano tenga su derecho al nombre que le arrojó el viento, un primer y segundo apellido.

Aristeo López Macías informa sobre la situación de los albergues para niños y niñas en relación con la salvaguarda y cuidado en la protección de los derechos humanos de los niños y niñas a su cargo. En el fondo es el derecho a la continuidad pacífica de la vida.

Ante las evidentes deficiencias de la protección brindada a los derechos de niños y niñas, López Macías se pregunta: “¿Sería posible identificar los intereses comunes entre Gobierno y la Sociedad Civil en favor de nna (Niños, Niñas, Adolescentes)? Es una necesidad identificar problemáticas y convertirlas en política promoviendo su dignidad como sujetos de derecho con base en sus pilares: Interés superior del niño, desarrollo pleno, autonomía progresiva/participación e igualdad y no discriminación.” Los albergues son instituciones necesarias para atender a los menores y jóvenes de familias en situación de vulnerabilidad y carencia. Son una oportunidad para ellos.

Gricelda Torres Zambrano hace presente en su texto “Huérfanos del feminicidio, los niños invisibles” a los niños y niñas víctimas del feminicida, del violento, golpeador o acosador sexual dentro de la familia. Nadie los ve y en los hechos desparecen, excepto para los familiares lastimados o protectores obligados por la desgracia. Considere el lector un par de muestras:

A María Amparo, se le nota la tristeza y el cansancio con sólo mirarla a los ojos. El recuerdo de su hija Betsabé, asesinada hace año y medio por su esposo, es lo que le da fuerza para que sus cinco nietos no queden en el desamparo. “Sí me siento muy triste. Les digo, me siento como cansada. ¡Yo le pido a Dios mucha fortaleza porque a mis niños no los voy a soltar, porque son de mi hija y ellos me reflejan a su madre y yo a ellos los quiero demasiado!”

Un feminicidio deja una estela de dolor en toda la familia. Verónica cuenta que, pese a la sentencia de 25 años de cárcel para el asesino de su hermana, el miedo a que salga y regrese a hacerles daño, es permanente. “Yo no es de que quiera que esté allá y mucho menos. Mi miedo es a que salga porque es una persona sumamente violenta. No nada más lo digo yo por lo que pasó con mi hermana. Todos los vecinos se dieron cuenta, tenía muchos problemas con todo mundo. Y más que nada porque siempre fueron amenazas para nosotros, para toda la familia.”

Otra forma de desprotección de los niños y las niñas, seres humanos, quienes sólo con resiliencia abundante, si eso se pudiera, podrán salir adelante. El Estado burlado y sin encontrar la manera de pacificar esa cultura violenta en los escenarios familiares, muchas veces y mucho tiempo dejados de lado.

Derechos de género

Desde aquella declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en 1791 fue evidente la perspectiva sesgada hacia el ser humano masculino. Desde luego nadie se opone a decir que la mujer es un ser humano con los mismos derechos que el hombre. En la práctica no sucede así.

Paola Lazo Corvera advierte: “La violencia es un hecho social en buena parte aprendida en contextos permeados por desigualdades sociales y discriminación de clase social, género, edad, etnia, capacidades distintas, diferencias religiosas, entre otras… En todos los casos, las violencias están basadas en un desequilibrio de poder.”

Lazo afirma y evidencia en el texto que: “A pesar de las estrategias y acciones a nivel estatal y municipal, existen estudios, análisis y reportes de seguimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil que, unidos a la percepción cotidiana de inseguridad, miedo, violencia y agresión cotidiana que viven las mujeres, ponen en entredicho la eficacia de estas políticas y estrategias.”

No se trata pues de hacer correcciones puntuales o defender “nuevas conductas” ante las mujeres o las niñas. Lazo demuestra que “Las violencias de género están interconectadas y deben conceptualizarse de forma comprehensiva… la violencia de género podría entenderse como un rasgo de identidad cultural casi invisible, tolerado, normalizado por la sociedad y por el Estado; sin embargo, aceptar inmóvil esta visión implicaría resignarse y aceptar que nada se puede hacer para enfrentarla y erradicarla; y claudicar así, a una lucha fundamental para la consolidación de los derechos humanos de las mujeres y la construcción de sociedades justas e igualitarias.”

Se trata pues de luchas, en plural, por una refundación cultural más allá de “compensar” a la mujer con dádivas legales o posturas “de moda”. Se trata de “desarmar” un entramado psicosocial y cultural que en los hechos sostiene y practica una mirada diferente y sesgada en perjuicio de las mujeres.

Esta nueva cultura se hace imperativa ante el texto de Tania Reneaum Panszi. Propone una lectura desde una perspectiva de género del Informe de tortura en Jalisco. A más de los testimonios y quejas de mujeres o sus familiares en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco por las torturas que diversos agentes del Estado cometieron en violación a sus derechos, Tania nos pone en contacto con “los relatos de las diez mujeres que aparecen en el Informe de Amnistía Internacional Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, los cuales “son una clara expresión de la conjunción de la desigualdad de género, con la violencia del Estado hacia las personas privadas de libertad. Tener miedo a los agentes del Estado no debe ser nunca aceptado y siempre será un síntoma vergonzoso del fracaso del estado de derecho.”

En síntesis, la perspectiva de género no lucha sólo contra una anomalía de nuestra sociedad, sino por una nueva cultura, un nuevo estado de derecho construido sobre el supuesto de que el género no es debilidad o fortaleza sino una diferencia esencial identitaria del ser humano y, por tanto, digna de los mismos derechos, deberes, respeto, relaciones, prácticas y ámbitos de desarrollo.

Desapariciones: Nuevas víctimas, nuevos derechos

Desaparecer no es asunto de magia. Es una tragedia, una tragedia que irradia otras tragedias. Anna Karolina Chimiak informa en el texto titulado “La existencia denegada por el Estado. Una obligación impostergable de legislar la declaración de ausencia por desaparición”, de una nueva forma de ser víctima:

Cualquier persona puede convertirse en víctima en cualquier momento y ser desaparecida sin que haya alguna consecuencia… La desaparición de un ser querido ocasiona graves daños e implicaciones profundas en casi todos los aspectos en la vida de las personas cercanas a la persona desaparecida. Las afectaciones se dan en el ámbito personal, el núcleo familiar y en su entorno social, además de tener que enfrentar las diversas consecuencias económicas, jurídicas y/o laborales, generando un calvario de problemas, que no son atendidos por parte del Estado…” Las víctimas de una desaparición incluyen a toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.

La desaparición forzada –aquella consumada por agentes del Estado– o no, es una situación que llama, paradójicamente, a la protección del Estado. Los agentes del Estado por “poder” actúan para desaparecer a personas, y sólo el Estado puede actuar en forma de búsqueda y localización de la víctima de desaparición forzada y “neutralizar y castigar el abuso de poder de sus agentes violadores”. Autoridades internacionales dejan claro, nos recuerda Chimiak, que la “privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano”.

Una forma de evitar más víctimas es que el Estado conceda y proteja la declaración de ausencia del/de la desparecida/o. Ese derecho está pobremente legislado y más pobremente protegido. La “declaración de ausencia”, además de un derecho del ausente, protege a los familiares de la víctima ante la victimización de las instituciones quienes requieren la presencia del ausente.

Por otra parte, atormentar, desaparecer e infundir temor, son actos y consecuencias de la Operación Jalisco, acción gubernamental contra el crimen organizado. La cndh investiga nueve casos de desaparición forzada en Jalisco por soldados; mientras que la cedhj tiene abiertos 49 expedientes por desaparición forzada a cargo de policías estatales y municipales. La zona sur del estado es donde mayor cantidad de denuncias existen. María del Carmen Aggi Cabrera, autora del texto “Violaciones de derechos humanos en la costa sur de Jalisco” comparte testimonios de víctimas, los cuales el lector puede consultar en ese apartado del Informe.

Aggi cita el informe de investigación “Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, publicado en noviembre 2017, elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (wola) que realiza investigación e incidencia a favor de los derechos humanos en las Américas. Ahí se destaca:

La estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente. Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México.2

La violencia engendra violencia y el intento de vivir en paz entre las personas se ve impedido, cuando no retrasado y hasta descalificado, por los actos de los agentes del Estado. Es posible que sólo el enfrentamiento punitivo de la Fuerza del Estado sea necesario. Las evidencias recogidas por Aggi Cabrera lo ponen en duda. Entretanto, los derechos humanos son desconocidos en los hechos.

Derecho al agua y similares

Los servicios públicos han sido por décadas el tema más apremiante para los gobiernos, en especial para los gobiernos subnacionales y locales. Carlos Peralta aporta al Informe datos y reflexiones sobre el servicio y el derecho a tomar, usar y disfrutar del agua, en espacial el agua de calidad óptima para el disfrute y alimentación del ser humano. En Jalisco hace diez años se libra una lucha especial por el agua. Es una lucha técnica, política y ética. El agua para las personas se opone al agua para las empresas. Las decisiones políticas se contraponen a las consideraciones éticas. Y las decisiones técnicas no satisfacen a todos y ponen en riesgo derechos de pueblos enteros. Peralta acota: Por un lado, “políticas públicas explícitas para atender necesidades en relación con el agua y, en contrapartida, capacidad de los pueblos o comunidades para cuidar y exigir sus derechos, entre otros varios aspectos. El agua es vital para… el ser humano y desde la perspectiva de los derechos humanos es esencial para la realización de otros derechos humanos y por eso lograr calidad de vida.”

En Jalisco, y quizá en el país, “estamos muy lejos de que el sistema público pueda llevar agua [a los hogares e industrias] verdaderamente potable. […] La falta de calidad en el agua nos ha convertido en el país del mundo que más agua embotellada consume. Pero, además, también padecemos la falta de agua.” Una vez más, los derechos humanos son el territorio ético de una lucha para forjar rasgos inéditos a “favor de tener una cultura hídrica que implique el pleno respeto a los derechos humanos.”

Derechos cuestionados por los hechos

Elegir al ombudsman de una sociedad es un acto ético, no un acto de poder. Quien vigila a las autoridades en relación con el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales procede desde la ética contenida en esos derechos. Recordemos a la Asamblea Nacional francesa: “…la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos…” Esta y otras claves éticas acumuladas en dos siglos de basar la paz y las relaciones sociales en los derechos humanos es la norma superior de un ombudsman.

César Pérez Verónica escribe sobre la renovación del Ombudsman en Jalisco. Ante la posibilidad de la llegada de una persona decidida por acuerdo político (y no ético) de las fuerzas partidarias presentes en el legislativo, describe detalles de cómo se organizó la Sociedad Civil para promover un proceso transparente. En especial para urgir el cumplimiento de una disposición del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el cual se establece que la elección de este cargo deberá realizarse mediante una consulta pública. Aciertos y errores derivaron, según evalúa Pérez Verónica, en un proceso opaco para la población y las organizaciones ciudadanas interlocutoras de la Comisión responsable en el Congreso del Estado. Así, no se respetó el derecho a elegir un ombudsman de acuerdo con la ética de los mismos derechos humanos.

En otro aspecto, también ético, los procesos prácticos para aplicar la normativa que manda erigir un Sistema Estatal Anticorrupción, en “espejo” casi perfecto de la norma nacional sobre el mismo tema, Augusto Chacón escribe: “Sistemas Anticorrupción ¿Último tren para el estado de derecho?” Ahí destaca lo esencial de la integralidad del combate a la corrupción. De otro modo, alguien hará fallar el sistema. Reflexiona: “Lo que el Sistema pretende es que los cuatro elementos del proceso de gestionar lo público: control, fiscalización, investigación y sanción,3 en los que tienen injerencia diferentes autoridades, en lo nacional y en los estados, se atiendan concertadamente por un Comité Coordinador del que forman parte todas las autoridades involucradas en la persecución y sanción de la corrupción; de manera que los responsables no evadan el fenómeno con el expediente de limitarse a lo que jurídicamente les compete. En tanto la fiscalización, la investigación y la sanción no lleguen a tal amplitud, no estaremos en presencia sino de botones de muestra, no de la prenda completa, y el daño seguirá siendo grande.”

Los hechos, esa realidad ineludible, son los últimos jueces de los intentos pacificadores de las relaciones sociales entre los seres humanos. La lectura y reflexión del Informe ofrece a los lectores trozos de realidades, algunas contundentes, con los cuales valorar el éxito del intento y reconocer las luchas a mantener e insistir. El Informe también ayuda a identificar nuevas oportunidades para iniciar modificaciones a la realidad con otros actos o impulsos favorables a la búsqueda de la paz y de la vida con otros iguales, seres humanos al fin, “según su especie”, tal como reza el texto bíblico: hombres, mujeres, niños, niñas, soldados, marinos, víctimas, victimarios, funcionarios/as, gobernantes, empresarios/as y todos/as los/as demás. Buena lectura y reflexión duradera para todos.

Notas:

1 Ver. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf

2 Informe de wola: Justicia olvidada – La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México por Ximena Suárez-Enríquez y Maureen Meyer Ver: https://www.wola.org/es/analisis/informe-de-wola-justicia-olvidada-la-impunidad-de-las-violaciones-derechos-humanos-cometidas-por-soldados-en-mexico/

3 La lista de leyes y la esquematización del Sistema es aportación del Dr. Jesús Ibarra

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Categorías
Informes de Derechos Humanos

Derechos Humanos en el Sur de Jalisco, 2007 – 2008

Diagnóstico sobre el estado y vigencia de los
Derechos Humanos en el Sur de Jalisco

Jorge E. Rocha Quintero

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD) y el Programa Institucional de los Derechos Humanos y la Paz (PIDHP) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), llevaron a cabo entre los años 2006 y 2007 un trabajo de investigación a la población general del Sur de Jalisco, para desentrañar cuál es la situación de los derechos humanos en esta región del estado, sobre todo lo concerniente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; además de algunos tópicos sobre seguridad pública y participación ciudadana.

Este trabajo de investigación tiene varias virtudes que es preciso señalar y que lo convierte en una información que puede resultar pertinente y oportuna para todas y todos los interesados, tanto en la temática de los derechos humanos, como en las personas que viven o desempeñan sus labores en el Sur de Jalisco.

La primera virtud es que es uno de los trabajos de investigación y de exploración más recientes sobre esta región. Los últimos documentos que se pudieron encontrar fueron realizados entre 2004 y 2005, por lo tanto esta investigación resulta ser una de las más novedosas sobre este territorio. En este sentido el reporte final actualiza datos y situaciones anteriores que se venían dando en el Sur de Jalisco y agrega tópicos que no se habían estudiado anteriormente.

Su segunda virtud: es una investigación que se realizó en clave territorial, que en este caso fue la región administrativa 06 Sur, la cual tiene como sede a Ciudad Guzmán, y que está compuesta por 16 municipios. En otros trabajos se contemplan como regiones de análisis a municipios o incluso pequeñas comunidades. En el presente estudio se retoma la región en su totalidad; y desde lo que se pudo encontrar, hay pocos documentos que tienen esta característica.

La tercera virtud que tiene esta investigación es que es la primera que se realiza con la temática y el abordaje de los derechos humanos. Ya se han elaborado otros trabajos que tomaban como marco de referencia el desarrollo local, la sustentabilidad, la dinámica económica, las cuestiones culturales y todo lo referente a la participación ciudadana, y aunque en algunos de estos estudios se llega a contemplar ciertos derechos, no hay un trabajo que recupere información de éstos de forma integral. Por lo tanto es la primera en su tipo.

Con una particularidad más, y que es su cuarta virtud; y es que no se desarrolla el tema de los derechos humanos con un tratamiento a nivel de casos particulares como comúnmente se hace, sino que se retoma la visión general de la población sobre el tema; lo anterior resulta novedoso en los estudios que tienen como objeto de investigación los derechos humanos.

Por tanto, resulta pertinente y oportuna la realización de este trabajo, que se configura como un estudio pionero y que más que pretender agotar la agenda de investigación en el tema y en la región, lo que se busca es que se susciten más preguntas, más estudios, investigaciones y trabajos que a fin de cuentas redunden en la construcción de una mejor sociedad a partir de generar y socializar información que puede resultar útil para todos los actores sociales que trabajen en la construcción de una sociedad donde se respeten de forma plena y cabal los derechos de todas y todos.

Contexto de la región Sur de Jalisco

Jalisco es un estado de la República mexicana localizado en el occidente del país. Se le ha calificado junto con los estados de Nuevo León, el Estado de México y el Distrito Federal, como uno de los territorios más dinámicos de México. Esta entidad cuenta con una de las ciudades más prósperas en América Latina (la Zona Metropolitana de Guadalajara) y con uno de los centros turísticos más importantes del país (Puerto Vallarta). Jalisco es territorio por el que atraviesan varios de los ejes de crecimiento o corredores del desarrollo más importantes de México.

El primero va desde el estado de Tamaulipas (limítrofe con Texas, Estados Unidos) y desemboca en el puerto de Manzanillo, en el estado de Colima, para salir desde allí al océano Pacífico. El segundo corredor pasa por todo el noroeste de México y tiene como punto de llegada el estado de California, EU. El tercer corredor conecta a la ciudad de Guadalajara con la capital del país, la Ciudad de México. Esta condición ha generado una inserción del estado en los mercados globales de múltiples formas, por ejemplo, alrededor de Guadalajara se intentó desarrollar un complejo parecido al Valle del Silicio en California, Estados Unidos; este proceso generó la instalación de muchas empresas de microelectrónica (IBM, Lucent, Siemens, Sanmina-SCI, Jabil, Flexitronics, entre otras) y la creación de varios parques tecnológicos y de software.

Igualmente, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), tiene como actividades económicas básicas el comercio, el ofrecimiento de servicios especializados, una amplia oferta educativa, turismo y actividades culturales. Sin embargo, además de la industrialización y el ofrecimiento de servicios para todo el Occidente de México, una de las características más importantes de la entidad es la actividad agrícola, pecuaria y forestal. Jalisco es el primer productor de maíz, leche, huevo y carne de cerdo en el país, y se encuentra en los primeros lugares de producción de otros productos agrícolas, entre los que destacan el agave azul, a partir del cual se produce el tequila. Estas actividades también se han incorporado a las lógicas globales, y el Sur del estado es uno de los territorios donde estas dinámicas están más presentes.

Es preciso especificar que el sur de Jalisco, desde una dimensión cultural, abarca un amplio territorio, y que a partir de la regionalización emprendida por el gobierno del estado en 1995, el Sur de Jalisco se dividió en cuatro regiones administrativas: Costa Sur, Sierra de Amula, Sur y Sureste. La región Sur contiene las subregiones denominadas Valles, Domos, Llanos y Altiplano, que en cierta forma agrupan y diferencian espacialmente la identidad cultural, paisajística y productiva al interior de la región. El total de la superficie regional son 6,038 km2 (7% del estado), repartidos en 16 municipios, que según datos del INEGI en 2005 habitaban 312,962 personas. En función de sus características ecológicas, la región contiene tres grandes tipos de unidades espaciales que podemos agrupar en: el Valle de Sayula-Zapotlán, el Llano Grande y las sierras que incluyen Tapalpa, El Tigre, Nevado de Colima y Halo.

La subregión Valles, conformada por los municipios de Zapotlán el Grande, Zapotiltic, Tuxpan, Tonila y Gómez Farías, se encuentra alrededor de 55% de la población regional, orientada principalmente al sector terciario y al desarrollo de actividades industriales y extractivas de material geológico. Esta subregión es la más dinámica y rica económicamente; tomando como referencia la captación de ahorros, representa 70% de toda la región Sur y el ahorro per cápita es cinco veces mayor que en las otras tres subregiones.

La subregión Domos está constituida por los municipios de Amacueca, Atoyac, Sayula, Techaluta, Teocuitatlán y Zacoalco, siguiéndole en importancia económica y demográfica a Valles, en estos municipios habita 28% de la población regional, distribuida de manera más o menos equilibrada entre los sectores productivos. Por las características fisiográficas del lugar, la agricultura se practica de manera intensiva, ya que cuenta con grandes superficies de riego para cultivo de alfalfa para dentro y fuera de la región, así como hortalizas de alto costo para exportación. Asimismo, existe variedad en las actividades primarias incluyendo la recolección y la caza, fenómeno favorecido por la disposición de diferentes ecosistemas que van desde la laguna hasta la montaña. Aunado a esto, la pitaya de Techaluta y los equipales de Zacoalco son productos de larga tradición e identidad, muy reconocidos en todo Jalisco.1

En el Altiplano, compuesto por los municipios de Tapalpa y Atemajac, el turismo es una actividad importante, pero se localiza en unas cuantas localidades, especialmente en las cabeceras. La riqueza paisajística de sus montañas, sumada al turismo, son factores que han detonado un rápido crecimiento poblacional, posicionándolos como los dos municipios con más alto crecimiento demográfico regional entre 1990 y 2000. Esto ha implicado la apertura de muchos fraccionamientos campestres que atraen a personas de otros lugares, sobre todo de la ciudad de Guadalajara. Aunado a lo anterior, está presente el aprovechamiento maderero de los bosques con importantes cacicazgos. En estas condiciones, el cultivo de la papa es de los más importantes desde hace una década.2

La subregión Llanos incluye a los municipios de San Gabriel, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo; como referencia, estos tres municipios tienen en conjunto la misma población que hace diez años. En esta zona, la mayor parte de las tierras productivas son de temporal, donde se cultiva principalmente maíz; el chile, garbanzo y cacahuate son productos con los que la gente identifica al lugar. En estas condiciones unas cuantas agroindustrias han sabido aprovechar la riqueza agrícola del lugar y la disponibilidad de mano de obra, desarrollando infraestructura y acondicionando tierras para cultivo intensivo (incluyendo invernaderos) con resultados excelentes en términos de ganancias.3

El sur de Jalisco cuenta con una historia de movimientos sociales que tienen como origen, tanto a la Iglesia católica y grupos campesinos, como a gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), que han dado pie a una dinámica social intensa y muy particular. La Iglesia goza de una presencia importante a través de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), modelo surgido desde hace 40 años a través de la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres; por parte del gobierno aparecen grupos sociales promovidos por el PRI desde el antiguo movimiento agrarista, y ligados a dos importantes cacicazgos en la región4; finalmente encontramos a los grupos sociales vinculados al PAN, que desde hace 15 años empezaron a gobernar distintos municipios, y que incluso ahora tienen una importante presencia a nivel estatal y nacional.5

En el sur de Jalisco el fenómeno de la alternancia política es notable, ya que sólo un municipio no ha experimentado el cambio de partido en el poder en los últimos años. La razón de los cambios en particular responde a las dinámicas locales, pero sin duda la capacidad de la clase política de cambiar de partido y la conciencia social que se ha generado en la región a través de los trabajos de la Diócesis de Ciudad Guzmán influyen en las posibilidades de la alternancia de partidos.

En la región existe la presencia de actores sociales de especial relevancia: la Diócesis de Ciudad Guzmán, Poder Ciudadano Jalisco, la Red de Alternativas Sustentables Agrícolas, el Sistema de Financiamiento Rural Alternativo y algunas organizaciones civiles como Acción Ciudadana para la Educación, la Democracia y el Desarrollo (ACCEDDE), el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Centro de Apoyo al Movimiento Popular de Occidente (CAMPO). Además, desde hace varios años la universidad ITESO ha trabajado intensamente en procesos de intervención social.

Metodología de la investigación

El diagnóstico se realizó a través de una encuesta de 131 preguntas6, divididas a su vez en cinco dimensiones de trabajo: capacidades humanas básicas; sustentabilidad y medio ambiente; autonomía, participación ciudadana y gobierno local; seguridad pública, delincuencia y sistema de justicia; y por último, género y cultura. Estas dimensiones, a su vez, están compuestas por variables que permiten desagregarse en información, principalmente cuantitativa; las variables fueron retomadas del tesauro de la UNESCO.

La encuesta se aplicó en los 16 municipios de la región Sur de Jalisco, con el siguiente muestreo:

Municipio

N.º de Encuestas

Amacueca

9

Atemajac de Brizuela

10

Atoyac

13

Gómez Farías

20

San Gabriel

21

Sayula

56

Tapalpa

25

Techaluta

5

Teocuitatlán

16

Tolimán

14

Tonila

11

Tuxpan

52

Zacoalco de Torres

41

Zapotiltic

44

Zapotitlán de Vadillo

10

Zapotlán el Grande

153

Total

500

El instrumento fue trabajado entre junio de 2006 y febrero de 2007, principalmente por miembros de Poder Ciudadano Jalisco, del CEPAD y del PIDHP, así como alumnos de la Universidad ITESO, que fungieron como voluntarios o prestadores de servicio social.

El cálculo para estimar el número de encuestas aplicadas, fue por medio de una fórmula de muestra estratificada. En este tipo de trabajos de investigación, cuando una población rebasa las 100 mil personas (como es el caso de la región Sur de Jalisco), el mínimo de la muestra debe ser de 382 personas (con un error máximo aceptable de 5% y un nivel de confianza de 95%)7. Para el caso del presente trabajo, la muestra se llevó hasta las 500 unidades, y el número de encuestas por municipio se hizo de acuerdo al número de población. La designación de los encuestados fue al azar con visita domiciliaria.

Estado y cumplimiento de los derechos humanos en el Sur de Jalisco

Los principales hallazgos de esta investigación se presentan en dos grandes partes: la primera se refiere al nivel de cumplimiento de los derechos humanos estudiados en la investigación y la segunda desentraña las principales dinámicas sociales que muestra esta región a partir de los datos obtenidos. En lo que se refiere a los llamados Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) los principales resultados se detallan a continuación:

Derecho a la alimentación
De acuerdo con la encuesta realizada, para 65% de los entrevistados, los alimentos tienen un alto costo; el 28% afirma que hay una deficiente distribución de los alimentos, ya que para obtenerlos es necesario trasladarse a los espacios urbanos. También resalta que 34% consideran que están mal alimentados. Con esta información se puede inferir que el derecho a la alimentación en el Sur de Jalisco no es universal, ya que se dificulta su acceso por los precios, hay problemas de distribución y la calidad de la alimentación no se cumple a cabalidad.

Derecho a la educación
La encuesta arrojó que sólo 29% de los entrevistados logró concluir la primaria, 28% la secundaria y sólo 20% ha tenido acceso a la educación superior. Con esta información podemos decir que sólo una tercera parte de la población cumplió con la educación que se considera obligatoria. Por lo que nuevamente tenemos que la universalidad de este derecho no se está cumpliendo.

Derecho a la información
En cuanto a este derecho, 70% de los encuestados considera que los municipios del Sur de Jalisco no son transparentes. El 40% afirma que no se informa sobre ningún tema y sólo 9% dice que los gobiernos locales dieron a conocer su información sobre los sueldos de los funcionarios públicos. Los datos de la investigación muestra que el cumplimiento del derecho a la información en esta región tiene un nivel de cumplimiento muy precario.

Derecho a la salud
Este rubro resultó ser uno los derechos que presumiblemente tiene pocas condiciones de cumplimiento. El 22% de la población de esta región no tiene acceso a ningún tipo de servicios de salud. En contra parte 4% paga algún tipo de seguro privado. De la población que sí tiene acceso a estos servicios, 39% acude al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 8% esta afiliado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 38% se atiende en los servicios municipales, ya sea en la Secretaria de Salud o en el Seguro Popular. La información que maneja el INEGI contrasta con estos datos, ya que según ellos 65% se atiende en el IMSS y 11% en el ISSSTE. El problema de salud pública más importante para la población del Sur de Jalisco es el alcoholismo, ya que 90% lo considera así. En el caso de este derecho vital para las personas, hay un problema de universalidad, ya que poco más de una quinta parte de la población no tiene acceso a este derecho. Además sólo 51% (entre IMSS, ISSSTE y seguro privado) cuentan con la seguridad social plenamente cubierta, es decir, la otra mitad de la población está en una situación de vulnerabilidad social.

Derecho al agua
De los encuestados, 52% afirma que hay escasez de agua en la región. Los municipios que más sufren esta situación son: Tuxpan, Zapotlán el Grande, Zapotiltic, Tolimán, Techaluta, Amacueca, Atemajac y Zapotitlán. Además de la escasez, 45% de los encuestados expresó que el pago por el servicio de agua es caro o muy caro. Los datos que muestra la investigación nos llevan a inferir que aproximadamente la mitad de la población del Sur de Jalisco tiene problemas con el acceso al agua. Con lo cual estaríamos ante un nivel de cumplimiento preocupante en torno de este derecho vital.

Derecho al desarrollo
Referente a las dinámicas de desarrollo, 30% de los entrevistados respondió que hacen falta tierras para el desarrollo de la agricultura, 57% comentó que el jitomate es la hortaliza que más se siembra, luego le siguen el agave azul, la papa y las flores. La presencia de monocultivos está en los municipios de Sayula, Tapalpa, Tuxpan y Zapotlán el Grande. Además 75% sigue sembrado de forma convencional, es decir, utilizando fertilizantes y plaguicidas de origen químico. En contra parte sólo 4% trabaja de forma orgánica. Hay que señalar que el Sur de Jalisco es una región donde la economía rural sigue siendo la más importante. Los datos que arroja este trabajo confirman que las dinámicas de desarrollo en la región siguen basadas en un modelo que tiende a una agricultura agroindustrial, basado en el manejo de agroquímicos y en la producción de hortalizas para los mercados urbanos de las metrópolis y para la exportación.

Derecho a un trabajo digno
En lo que concierne a este derecho, 70% de los entrevistados son asalariados y 24% tienen negocios propios. El 67% recibe entre 100 y 1,000 pesos a la semana, 16% gana menos de 100 pesos en el mismo periodo. El 83% de los encuestados percibe entre cero y tres salarios mínimos y 60% trabaja de 40 a 50 horas por semana. En cuanto a la migración, 78% de los entrevistados tiene al menos un pariente que migró a los Estados Unidos y 27% señaló que ha salido de su localidad, al menos una vez, para encontrar trabajo. La información generada en esta investigación muestra que el derecho al trabajo digno en el Sur de Jalisco tiene un nivel de cumplimiento muy bajo, ya que las personas de la región tienen ingresos precarios, y como se venía antes menos de la mitad cuenta con seguridad social. Uno de los efectos evidentes de la falta de cumplimiento de este derecho es el alto porcentaje de migración.

Derecho a la igualdad y la no discriminación
En este apartado se indagó sobre cuestiones de género. El 55% de las mujeres consideran que son discriminadas, mientras que casi 40% de los hombres consideran que hay discriminación hacia a las mujeres. Esta discriminación se traduce en situaciones de desventaja como: remuneración por el trabajo baja (55%), desempleo (52%), no valoración de su contribución social (31%), acoso sexual (29%) y no acceder a puestos de responsabilidad (26%). La mayor parte de las mujeres, de acuerdo a la encuesta, se ocupa en el trabajo doméstico, como jornaleras agrícolas y como empacadoras en las agroempresas. Otro de los resultados que resultan reveladores es que 70% de los entrevistados afirma que existe violencia intrafamiliar.

La modalidad más generalizada es la violencia física. Las conclusiones que arroja esta información es que en el Sur de Jalisco hay un deficiente y preocupante incumplimiento de los derechos de las mujeres, de la igualdad y la no discriminación.

Derecho a un medio ambiente sano
En esta región no se encontró un problema serio en cuanto a la recolección de basura, pero si en su tratamiento, ya que 76% de la población no separa su basura y 73% no la recicla. Igualmente 73% dice que los basureros están al aire libre, 21% afirma que hay residuos peligrosos sin tratamiento, 24% expresa que hay filtraciones de lixiviados al subsuelo y 29% que los basureros están cerca de las poblaciones. Todo esto nos confirma que el cumplimiento de este derecho es deficiente.

Sobre los derechos civiles y políticos

Derecho a la seguridad
De las respuestas obtenidas, 54% de los habitantes de esta región califican su entorno entre inseguro y muy inseguro. Las poblaciones que más expresan esta percepción en orden de importancia son Zapotlán el Grande, Tuxpan, Sayula, Zapotiltic y Zaocoalco de Torres. En cuanto al desempeño de las policías 40% de los pobladores expresa que las corporaciones policíacas incumplen sus responsabilidades y labores básicas, el 53% expresó que conoce casos de tortura y 76% plantea que la policía es corrupta. Sobre los jueces municipales sólo 21% considera que son honestos, pero de esos la mitad cree que son lentos en su desempeño. Los datos que arrojó esta investigación nos muestra cómo el derecho a la seguridad en esta región es poco respetado y la población se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad.

Derecho a la participación
El nivel de participación ciudadana en la región es muy pobre. Las respuestas encontradas para este apartado indican que los pobladores del Sur de Jalisco no consideran estas prácticas como necesarias. Sólo 1% asiste regularmente a las sesiones de Cabildo de su municipio, 89% jamás ha estado en una sesión de este tipo y 76% no conoce los reglamentos municipales. El 77% de los pobladores de la región desconoce las iniciativas ciudadanas que hay en su comunidad y sólo 4% tiene algún tipo de participación ciudadana más activa. Aunque el ejercicio de este derecho está en manos de los habitantes de la región, se puede afirmar que la participación ciudadana es un derecho poco vigente.

Evaluación de las instituciones públicas y de gobierno

La encuesta también recogió información sobre algunas instituciones públicas que están ligadas a la vigencia de los derechos humanos. Los hallazgos fueron los siguientes:

Gobiernos municipales
Los resultados en este apartado muestran que 41% de la población del Sur de Jalisco considera que los gobiernos municipales son corruptos. Además 39% piensa que las prácticas de corrupción son mayores en los trabajos de obra pública. En cuanto a la evaluación que los habitantes de la región dan a sus funcionarios municipales (en el trienio 2003-2006) se considera que: fueron buenos o excelentes en la opinión de 17%, su desempeño fue regular según 44%; y malos o pésimos en 39%. Se puede decir que el nivel de confianza y aceptación de los gobiernos locales en esta región es bastante deficiente.

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ)
La CEDHJ tiene una sede regional en Ciudad Guzmán, por lo que se retomó en la investigación. En cuanto al desempeño de la CEDHJ su valoración fue la siguiente8: 8 ocho de cada 10 encuestados no sabe qué servicios presta esta institución, 55% no ubica dónde se encuentra la sede regional de la CEDHJ, 15% de los pobladores ni siquiera sabe de la existencia de la Comisión y sólo 11% de los encuestados conocía alguna recomendación de la CEDHJ. Es decir, el impacto de la CEDHJ en el Sur de Jalisco es muy pobre y no es una institución que sea una referencia en la región, a pesar de que una de las recomendaciones con mayor trascendencia en la historia de esta institución se originó en esta región9.

Dinámicas y tendencias en materia de derechos humanos el Sur de Jalisco

Al término de este trabajo de investigación se pueden vislumbrar varias tendencias y dinámicas respecto de la vigencia de los derechos humanos en el Sur de Jalisco. Estas tendencias se pueden agrupar en tres grandes grupos:

Deterioro profundo de la vida cotidiana
Si se realiza el recuento de derechos humanos que son insuficientemente cumplidos, que son violados o que no se encuentran en una situación de universalidad, podemos afirmar que la vida cotidiana de los pobladores del Sur de Jalisco se encuentra en un profundo y creciente deterioro. La salud y la educación no son derechos universales, el agua es poco accesible para la mitad de la población y hay contaminación tanto en los procesos de producción agrícola, como en el manejo de los desechos. El modelo de desarrollo no ha respondido a las necesidades sociales del Sur de Jalisco.

Hay una pobreza generalizada que se muestra en los bajos niveles de ingreso y en la carestía de alimentos y servicios. La mitad de la población no cuenta con seguridad social y hay un fuerte problema de violación de derechos de las mujeres que se traduce en discriminación y violencia intrafamiliar. Si se cruzan algunos de los datos que arrojó el estudio en su totalidad, se puede a firmar que aproximadamente 20% de la población sufre una situación de marginación, vulnerabilidad y pobreza extrema.

La migración sin duda es uno de los efectos más notables que produce esta dinámica de deterioro generalizado. Esta región tiene mucho camino por avanzar para lograr la plena vigencia de los derechos humanos.

Debilidad de las instituciones del Estado
Ante una situación de deterioro profundo, las instituciones e instancias del Estado están completamente rebasadas. Los gobiernos municipales son percibidos como corruptos, poco transparentes e ineficientes, por lo menos para la mitad de la población. En contraparte son segmentos muy reducidos de población los que confían en ellos.

Las policías tampoco brindan los servicios que deberían ofrecer. Además de que existe una percepción muy alta de corrupción entre los miembros de las fuerzas del orden. Aparece el dato de que la mitad de los pobladores de la región conocen casos de tortura por parte de las corporaciones policíacas, situación que sin duda se convierte en un “foco rojo”.

En esta misma línea, la CEDHJ tampoco es un referente social ni se perfila como una institución que esté al servicio de la población del Sur. Es notable el desconocimiento que se tiene de este organismo y no se utiliza como una herramienta para hacer vigentes los derechos de esta parte de la población de Jalisco.

Es decir, el andamiaje institucional del Sur de Jalisco tiene una imposibilidad real, en este momento, para convertirse en garantes de los derechos humanos de la población a la que se deben. Esto repercute y alimenta la dinámica de deterioro social que existe, ya que no sólo no garantizan los derechos sociales de la población, sino que se convierten en violadores de los derechos civiles y políticos, con lo que se genera una situación de indefensión ciudadana.

Poca capacidad de defensa de los derechos humanos
A pesar de que en otros estudios sobre la región se documentan casos donde agrupaciones sociales, cooperativas o grupos campesinos han logrado generar dinámicas de desarrollo y de exigencia de derechos, en la población general el nivel de participación y de organización que posibilite la defensa colectiva de los derechos humanos aún es pobre. Se reconocen esfuerzos importantes por parte de actores sociales presentes en la región como la Diócesis de Ciudad Guzmán o algunas organizaciones civiles o movimientos sociales, sin embargo, para la gran mayoría de la población del Sur de Jalisco, estas iniciativas aún son lejanas y lo que se puede ver en los resultados de la investigación es la precaria capacidad de defensa de los derechos humanos en la región.

La combinación de estas tres dinámicas –deterioro de la vida cotidiana, debilidad institucional y poca capacidad de defensa de los derechos-, forman una tríada que se retroalimenta a sí misma y va generando que cada una de esas tendencias se profundice; como consecuencia, el incumplimiento de los derechos también se incrementa.

Conclusiones

Este trabajo de investigación arroja tres conclusiones contundentes: que en la región Sur del estado de Jalisco es evidente un preocupante incumplimiento de los derechos humanos, sobre todo de los DESCA y los civiles y políticos; que las instituciones públicas y del gobierno no tienen la capacidad de garantizar estos derechos, incluso son responsables de la violación de algunos de ellos; y que tampoco la ciudadanía se ha hecho responsable y ha generado acciones y estrategias que le permitan hacer valer sus derechos.

La otra gran conclusión que surge comparando este trabajo con algunos anteriores, es que la tendencia de deterioro social en la región está en aumento. Es decir, no sólo no se ha podido avanzar, sino que se ha retrocedido. Con lo cual se pone en entredicho el modelo de desarrollo que se ha estado aplicando no sólo en la región, sino en todo el estado. Esta situación plantea entonces un reto mayúsculo que implica una estrategia interdisciplinar y compleja de intervención social, entre las que destaca la necesidad de profundizar en varios de los tópicos que este estudio plantea y la posibilidad de generar un trabajo de investigación de corte longitudinal que permita comparar en el tiempo el avance o retroceso en la vigencia de los derechos humanos.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA

1Ochoa, Heliodoro. Escenario del Sur de Jalisco. Inédito, ITESO, México, 2004.

2Op. Cit.

3Op. Cit.

4Las familias García Paniagua (Sayula, Cuautitlán, Autlán) y Zuno Arce (Tuxpan, Zapotlán).

5El actual Secretario de la Secretaria de Agricultura (SAGARPA) a nivel federal (Alberto Cárdenas Jiménez) es parte de este grupo.

6Esta encuesta puede consultarse en la sección de Anexos, de la versión completa del “Diagnóstico sobre el estado y vigencia de los Derechos Humanos en el Sur de Jalisco. DESCA, Seguridad Pública y Participación Ciudadana”. Ver: www.cepad.org.mx/panel/pdf/D.pdf

7La región sur de Jalisco se conforma por 16 municipios, en los que según datos del INEGI en 2005, tiene una población de 312,962 personas.

8Esta apreciación corresponde al periodo anterior a la actual administración, es decir, está referida a la gestión del ombudsman estatal Carlos Manuel Barba García.

9La recomendación 15/98 sobre la situación de los Jornaleros agrícolas migrantes en Sayula, Jalisco se convirtió en un referente sobre casos de DESCA.

 

Bibliografía

Morales, Jaime y Rocha, Jorge. Sustentabilidad rural y desarrollo local en el Sur de Jalisco. ITESO. Tlaquepaque, México. 2006.

Ochoa, Heliodoro. Escenario del Sur de Jalisco. Inédito, ITESO, México, 2004.

Rocha, Jorge. Trabajo, Salud y Globalización. El caso del Sur de Jalisco. En la Revista

Renglones, Nº 57. ITESO. Tlaquepaque, México. Mayo-agosto de 2004.

VVAA. “Diagnóstico sobre el estado y vigencia de los Derechos Humanos en el Sur de Jalisco. DESCA, Seguridad Pública y Participación Ciudadana”. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y Programa Institucional de los Derechos Humanos y la Paz del ITESO. Guadalajara, México. 2008. www.cepad.org.mx/panel/pdf/D.pdf

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2007-2008

Obtenido del Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos 2007 – 2008

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Carlos Peralta COMUNICADO Sala de prensa

El desarrollo y la contaminación del agua

Tlaquepaque Jalisco a 23 de agosto 2017

Por: Dr. Carlos A. Peralta Varela

En otras participaciones he mencionado que el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, forma parte de nuestra Constitución e implica que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Los gobiernos, en el caso mexicano, se han comprometido en asegurar el agua, sin embargo no son igual de corresponsables en lo relativo al saneamiento y tratamiento del agua permitiendo que se viertan contaminadas a los afluentes. Deberíamos considerar seriamente el ciclo urbano del agua que si bien implica llevar casas a los hogares, también obligaría a limpiar el agua que usamos, el tratamiento del agua debe formar parte fundamental, no solo de discurso, en las políticas públicas y deben impactar en los presupuestos.

En el plano internacional, el Objetivo 6 de los llamados Objetivos para el Desarrollo Sustentables acordados en la ONU, considere que se deberá “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. En función de este objetivo, la ONU se propone varias metas, una de ellas es:

“Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial”.

En el caso de México, los gobiernos han puesto el énfasis en desarrollar infraestructura para satisfacer la cobertura del agua (el acceso al agua), pero no le han dado la misma importancia a atender el problema de la contaminación que generan las descargas.

En este sentido podemos mencionar, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, que de los 2,457 municipios y delegaciones de México, solamente 827 (34%) cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales, evidentemente 1,628 que equivalen a 66%, no cuentan con este servicio. La CONAGUA reconoce en términos generales, que sólo el 57.5%2 de las descargas municipales recibe tratamiento, el resto se vierten sin tratamiento en ríos, arroyos, barrancas, lagos o el mar.

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet)3, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), específicamente en los municipios atendidos por el SIAPA, “existen manzanas que no cuentan con la cobertura de alcantarillado. Zapopan es el municipio que concentra el mayor número de manzanas sin cobertura de alcantarillado: 1,598 manzanas con 97,325 habitantes. Le sigue San Pedro Tlaquepaque con 1,285 manzanas y 99,444 habitantes. Tonalá acumula 1,084 manzanas con una población de 48,605 personas, mientras que Guadalajara sólo cuenta con 3 manzanas y una población de 95 personas sin ese servicio. En cuanto al agua residual, se genera en promedio 16, 734 litros por segundo en el AMG, siendo Zapopan el mayor generador de aguas residuales seguido por Guadalajara y Tlajomulco”.

Pero también en el POTmet se nos informa que aproximadamente tratamos la mitad del agua residual generada. Existen 67 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR); de ellas, sólo 36 se encuentran en operación. Su capacidad colectiva de procesamiento es de hasta 9,076 litros de agua, apenas un poco más de la mitad de las aguas residuales producidas. Esta operación acumulada se encuentra en su mayoría en dos macro plantas: El Ahogado y Agua Prieta, que dan cuenta del tratamiento del 23% y el 72% -respectivamente- del volumen tratado en la actualidad. En resumen mandamos a los afluentes miles de litros de agua sin limpiar que contribuyen a la contaminación de nuestro medio ambiente.

Los gobiernos deben considerar una atención más eficiente al tratamiento de las aguas. No es suficiente con posibilitar el acceso porque también es parte del derecho humano considerar el saneamiento del agua. Deben destinarse recursos para tener inspectores y verificar el cumplimiento de las normas, pero también para el funcionamiento de las plantas de tratamiento. Esto también es parte de nuestros derechos.

 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En México, sólo 34 de cada 100 municipios cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales. Comunicado de prensa núm. 127/17. 17 de marzo de 2017

2 Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos Agua y Saneamiento. 2017. México. Página 11 http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

3 Al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) se puede acceder por la página: http://imeplan.mx/

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Informes DDHH Jalisco

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2016

Este documento, así como los tratados, protocolos, instrumentos y acuerdos que le han seguido, muchos para afinarlo y otros tantos para ampliarlo desde la perspectiva de grupos humanos específicos y vulnerabilizados (migrantes, mujeres, discapacitados, indígenas…) y desde temáticas diversas (tortura, desaparición forzada, entre otras) inspiran el trabajo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, ac. ( cepad ), el cual en este décimo Informe da cuenta de la situación en que se encontraban, en Jalisco y durante 2016, algunos de los derechos humanos.

CONTENIDOS

  1. Introducción – Jorge Manuel Narro Monroy
  2. A 10 años de Cepad – Juan S. Larrosa–Fuentes
  3. El Difuso Derecho a hacer Ciudad – Daniela Martin Segura, Paola Payró Alegría y Héctor Castañón Reyes
  4. El Derecho Humano Al Agua En Jalisco. La Mala Calidad Del Agua, Un Problema Que Debe Inquietarnos – Carlos Armando Peralta Varela
  5. Desafios en la Implementación de la AVG En Jalisco – María De La Luz Estrada Mendoza
  6. Huajimic, El Último Reducto Del Invasor – Rubén Edgardo Ávila Tena
  7. La Migración de Retorno en México y Jalisco. Retos y Oportunidades en Tiempos de Incertidumbre – Iliana Martínez Hernández Mejía
  8. Derechos Vs Creencias : ¿Incluir O Segregar? El Debate en Torno al Matrimonio Igualitario en Jalisco – Paola Lazo Corvera
  9. La Política de Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Jalisco – Ana Karla González Lobo
  10. La Secretaría De Salud Jalisco, ¿Objetora De Conciencia? – Martha Patricia Ortega Medellín
  11. Álvarez Cibrián: Una Década De Retroceso – Analy S. Nuño
  12. Acerca de los autores

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