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Discurso

Discurso presentado en el ciclo de videoconferencias: Visiones de Paz: transiciones entre la violencia y la paz en América Latina de CALAS

Policía y paz: Propuestas para superar la violencia policiaca

México a lo largo de los últimos años se ha destacado por altos índices de violencia policial y violaciones a los derechos humanos, y en lo particular graves violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de las autoridades policiales de todos los niveles de gobierno, de tal manera que las mismas quedan normalizadas ante la sociedad y naturalizadas por el Estado. Entre ellas podemos destacar detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, o desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, incluyendo las muertes sucedidas bajo custodia policial. 

Estos comportamientos se cometen de manera generalizada por parte de policías preventivas, municipales, estatales o ministeriales, y los mismos comúnmente se realizan en contra de los grupos de población más vulnerables e históricamente discriminados. En muchas ocasiones son resultado de infiltración de policías, así como su colusión y complicidad con la delincuencia organizada, lo que convierte a las corporaciones de seguridad pública en las entes que actúan en función del cumplimiento de los objetivos ilícitos de los grupos del crimen organizado. 

Las actividades que realizan policías en México se basan en el uso excesivo de la fuerza empleada para ejercer poder, mostrar prepotencia arraigada en la cultura policial por décadas, controlar a la población, intimidar, o como medio de discriminación, incluyendo discriminación racial, siendo lejanas de construir una relación horizontal, basada en confianza y proximidad.

Esta grave crisis de policías queda fomentada por la corrupción e impunidad casi absoluta, que incentivan y abonan al encubrimiento y la comisión de las violaciones a los derechos humanos, lo que se refleja en los altos índices de violencia y emergencia en materia de derechos humanos, así como representa el fracaso de las políticas de seguridad pública, demostrando la incapacidad del Estado de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales.

Este recrudecimiento de violencia policial pudimos observar en los últimos meses en varios estados de México, y en concreto, durante las manifestaciones en el estado de Jalisco, donde se evidenció un marco social y estructural vulnerable que favoreció la comisión de violaciones a los derechos humanos a manos de policías, y hasta la captura del aparato del estado por parte del crimen organizado.

Para hablar de abusos policiacos en Jalisco es importante mencionar un acuerdo del Gobernador del Estado emitido ante el contexto de la pandemia por el COVID 19, mediante el cual se decretó diversas medidas obligatorias para prevenir y contener la transmisión del virus, por ejemplo el uso obligatorio de cubrebocas. En el mismo decreto se establecieron las sanciones a aquellas personas que no cumplan con dichas medidas, donde entre las sanciones previstas fue el arresto hasta 36 horas, y además se designó a policías municipales como responsables de garantizar y verificar el cumplimiento de estas medidas, sin considerar sus antecedentes de abusos y sin prever ningún mecanismo de supervisión en cuanto a su actuación.

Tras la publicación del acuerdo, preocupaba en concreto la sanción del arresto que autorizaba el despliegue de la fuerza pública de las autoridades municipales con el pretexto de la pandemia, la falta de su capacitación y preparación para cumplir con estas tareas, la ausencia de transparencia y rendición de cuentas, situación que podía derivar en la comisión descontrolada, desproporcionada e invisibilizada de abusos policíacos y violaciones graves a los derechos humanos. Además, se presentaba el riesgo de que este acuerdo podría afectar y reprimir principalmente los sectores de población más vulnerables. 

Con el paso de tiempo dichas preocupaciones se materializaron, lo que resultó en múltiples detenciones arbitrarias, los actos de discriminación, la criminalización a las personas de escasos recursos, o violación de los derechos a la libertad, integridad personal, libre tránsito, o hasta el derecho a la vida, tal como sucedió con el caso de detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de Giovanni Lopéz, cometido por policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Este grave hecho, y los intentos de encubrirlo por parte de las autoridades estatales, desataron una fuerte indignación y descontento social, lo que generó una serie de protestas sociales.

Fueron tres días de principales manifestaciones (los días 4,5 y 6 de junio de 2020), durante los cuales se empleó el uso excesivo de la fuerza y se cometieron violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de policías estatales y municipales, en muchas ocasiones en contra de las personas que ni siquiera tenían la intención de participar en el acto de manifestación pacífica.

El primer día, 4 de junio, la manifestación se concentró en la parte histórica del centro de Guadalajara, principalmente afuera del palacio de gobierno: hubo varios enfrentamientos y se utilizó por parte de policías municipales y estatales en contra de las personas el gas lacrimógeno, las bombas molotov, los palos y piedras, y en algunas fotos se identificaron las armas de fuego. Ese día se realizaron las detenciones arbitrarias de 28 personas, incluyendo 2 mujeres y 6 personas menores de edad.

El siguiente día, 5 de junio, la manifestación se realizó principalmente en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), en la zona industrial de Guadalajara. Desde antes de que iniciara el acto de protesta, diferentes elementos sobre todo de policía ministerial de la Fiscalía, incluyendo varias personas vestidas de civil, con la infraestructura y capacidad correspondiente al estado, comenzaron a generar acciones de golpear a las personas que se encontraban cerca del lugar de la concentración con palos tipo bats de metal y de madera, y llevarlas a fuerza en las camionetas pick up, así como camionetas de repostería o panadería, sin placas o insignias. 

Lo que ocurrió el 5 de junio fue una acción preparada, organizada y fríamente planificada, realizada bajo los órdenes de reprimir y violentar el derecho a la libre protesta social, pero también para generar el miedo e incluso desaparecer a las personas, lo que se reflejó en testimonios sobre amenazas de matar a las personas privadas de la libertad o de entregarlas al crimen organizado. Las personas fueron llevadas a las llamadas jaulas de metal, de las instalaciones de la FEJ, y posteriormente, a las zonas alejadas del centro, peligrosas y de noche, dejándolas completamente incomunicadas, sin dinero y celulares, con una gran exposición de poder convertirse en víctimas de más delitos y violaciones a los derechos humanos. 

Finalmente, el 6 de junio, se realizaron actos de manifestación, sobre todo en el centro histórico de Guadalajara, y la acción de protesta culminó en la detención de 6 personas, la mayoría de ellas sin ninguna relación con las protestas. A estas personas se les violentaron los derechos a la defensa adecuada, debido proceso, derecho a la información, comunicación con sus familiares y representantes legales, y fueron víctimas de tortura, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Es importante resaltar que durante estos tres días se cometieron graves violaciones a los derechos humanos a manos de policías municipales, ministeriales y estatales, mismos que constituyen los actos de tortura y desaparición forzada.

¿Por qué la desaparición forzada? Si bien las personas fueron liberadas y localizadas y su desaparición duró un par de horas, esto no borra el hecho ya cometido ni la desprotección de derechos de las personas desaparecidas, su incomunicación, y el desconocimiento sobre su suerte y paradero en tiempo determinado. Asimismo, conforme a las convenciones internacionales en materia de desaparición forzada, tanto la Interamericana, como la del Sistema de Naciones Unidas, y de acuerdo con la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se cumplieron tres elementos de conducta necesarios para que la desaparición forzada se actualice: 1. La privación de la libertad personal; 2. La participación de agentes estatales en los hechos de manera directa o con su aquiescencia, tolerancia o autorización; 3. La falta de información, ocultamiento sobre el paradero de la víctima o la negativa a reconocer la privación de la libertad. En este sentido, cabe señalar que nunca se realizó registro de detención de las personas privadas de la libertad el 5 de junio, los autores de los hechos nunca se identificaron de manera oficial, no se presentó a las personas ante la autoridad correspondiente de manera inmediata, no se expusieron motivos por los cuales se realizó la detención, y además, sobre los hechos del 5 de junio y las desapariciones y detenciones ocurridas este día, el gobierno del estado nunca ha brindado una información oficial y hubo una clara abstención de proporcionarla o incluso en primeros días, de reconocer lo ocurrido.

¿Y porqué hablamos de tortura? Los sucesos ocurridos particularmente los hechos del 5 y 6 de junio constituyen actos de tortura toda vez que encuadran con la definición de tortura establecida en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, misma que está armonizada con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en donde podemos destacar el cumplimiento de los siguientes elementos que actualizan la comisión de tortura: 1. La comisión de los actos por la o el servidor público (en este caso, a manos de policías ministeriales o municipales); 2. La finalidad del acto que puede tener carácter muy amplio (para el 5 de junio podría señalarse el objetivo de obtener la información, castigar a las personas por atreverse a acudir a manifestarse, castigo indirecto por las agresiones cometidas en contra de los policías en la manifestación del 4 de junio o para evitar que las personas llegaran a la concentración, y en cuanto al día 6 de junio, para incriminar a las personas de delitos que no cometieron); 3. El impacto del acto perpetrado de ocasionar dolor o sufrimiento físico o psicológico en una persona, ya que se generaron diversos daños en la integridad física y emocional de las personas sobrevivientes.

¿Y qué pasó después y porqué las reformas o las declaraciones públicas sobre la transformación de policías no se materializan y no dan resultados sustantivos? En caso de manifestaciones en concreto, el mismo Gobernador de Jalisco y el titular de la FEJ reconocieron que en los hechos del 5 de junio participó el crimen organizado, infiltrado entre policías ministeriales, demostrando el descontrol total sobre el sistema de procuración de justicia. No obstante, nunca se asumió la responsabilidad del Estado en lo sucedido, no se reconoció la comisión de tortura y despariciones forzadas, y tampoco se realizó las investigaciones correspondientes, o ante una situación de tanta gravedad no se reconoció la responsabilidad de personas superiores jerárquicos quienes tenían conocimiento o deberían haber sabido sobre la acción de represión planeada por el personal bajo su mando. 

Dicha situación representa el escenario cotidiano de impunidad casi absoluta para las violaciones graves a los derechos humanos y la ausencia de investigaciones serias, exhaustivas e imparciales, sobre todo cuando el autor de los hechos es un/una servidor público, y en este caso policía. Estas deficiencias sistémicas en la procuración y administración de justicia abonan a que los hechos se sigan repitiendo y corrompen aún más las corporaciones policíacas, facilitando el crecimiento de las estructuras y formas de actuación ilícitas. 

Ante esta grave crisis de seguridad pública, la corrupción y vínculos de policías y todo el aparato del Estado con grupos criminales, y ante este gran desafío de cómo generar el cambio de actuación y fortalecimiento de policías, el discurso oficial se basa en la narrativa de mejora o hasta éxito en materia de seguridad pública, invisibilizando la verdadera dimensión de violencia y sus impactos, militarizando el país y minimizando la debilidad institucional de corporaciones de seguridad pública. 

En este sentido, finalizando, sin reconocimiento de todos los desafíos y fracasos en materia de seguridad pública, y sin asumir la responsabilidad por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos a manos de policías y las omisiones en generar las condiciones adecuadas de proteger la vida e integridad de las personas, no es posible cambiar el paradigma de seguridad y superar la violencia policíaca (respondiendo a la pregunta del panel). Como primer paso, el Estado tiene que reconocer y asumir la responsabilidad, y generar acciones contundentes y coordinadas para desmantelar y erradicar las estructuras de macrocriminalidad,  reformar y fortalecer los procesos de procuración de justicia para revertir la impunidad, y reparar de manera integral a las víctimas, generando las medidas de no repetición y prevención (no represión) que pudieran abonar a los cambios estructurales. Ante la complejidad del contexto mexicano, sin avances en materia de justicia, sin verdadera coordinación y sin una política integral en materia de seguridad pública, incluyendo los verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana, no es posible avanzar en crear condiciones para garantizar seguridad pública y crear una policía “pacífica”.

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COMUNICADO

Discurso presentado durante la Mesa de Diálogo Participativo en torno a la Ley del Estado de Jalisco sobre Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometida por Particulares

Anna Karolina Chimiak

Frente al contexto de las desapariciones cometidas de manera generalizada, con la cifra oficial de más de 7 mil personas desaparecidas en la entidad, se requiere tomar medidas específicas, incluyendo medidas legislativas, para atender de manera adecuada la gravedad y magnitud de la problemática. La urgente armonización del marco normativo estatal y, en concreto, la aprobación de la legislación en materia de desaparición en Jalisco, ha sido una de las exigencias realizadas desde el Cepad a partir de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Si bien se reconoce el esfuerzo de esta Legislatura de dar seguimiento al tema, a nivel del Congreso local es una respuesta muy tardada, considerando que de acuerdo con el transitorio noveno de la misma Ley General, la emisión y, en su caso, la armonización de la legislación estatal se debía de realizar dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigor, término que venció el 15 de julio del año pasado.

Aunado a la importancia de realizar un proceso de consulta real, amplia, pública, transparente y en los tiempos adecuados para familiares de personas desaparecidas, nos preocupa el mismo contenido de la propuesta legislativa del Dictamen de la Ley del Estado de Jalisco sobre Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometidas por Particulares. Tal como señalamos en ocasiones anteriores mediante comunicados, cartas dirigidas al Congreso local y entrevistas realizadas con los medios de comunicación, su contenido evidencia una profunda ignorancia y falta de comprensión de los objetivos de la Ley General en materia de desaparición y los estándares internacionales en la materia. La iniciativa es sumamente incompleta y deficiente, y en vez de abonar a atender la gravedad y magnitud de la problemática de las desapariciones en Jalisco, genera múltiples agravaciones.

Como uno de los puntos principales, consideramos muy grave que la propuesta de ley presenta un profundo desconocimiento de la situación de las desapariciones en la entidad, y no respeta los procesos de participación ni avances que los colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil han logrado en la materia a nivel estatal en los últimos tres años: Particularmente me refiero a la creación de la Fiscalía Especializada (ahora Especial) en Personas Desaparecidas, la elaboración de su Reglamento Interno, los procesos participativos de selección de la persona titular de la misma, los procesos de seguimiento y de selección de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y, finalmente, la creación de la Comisión Interinstitucional de seguimiento a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.

Lo anterior demuestra que no sólo no se ha consultado a familiares de personas desaparecidas al respecto, sino tampoco se ha realizado un diagnóstico real y exhaustivo de la situación de las desapariciones y su seguimiento en el estado. Es de suma importancia dar continuidad a las instituciones creadas y acciones realizadas en la materia y otorgar el reconocimiento a la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil en estos procesos.

Lo que es aún más alarmante, el mismo dictamen olvida regular en su totalidad la estructura y las funciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecida. No considerar dentro de la propuesta estatal en materia de desaparición la estructura y atribuciones de la institución principal encargada de investigar y perseguir los delitos de desaparición, resulta sumamente grave, omiso e ignorante.

En la misma línea, en la propuesta no se contemplan las competencias claras y los mecanismos previstos para garantizar una coordinación eficaz entre todas las instancias responsables de los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas. Consideramos muy importante generar dentro de la ley estatal una clara distribución de competencias a fin de su adecuada coordinación, incluyendo las funciones de las autoridades municipales.

Y, precisamente en este contexto de falta de una adecuada y clara distribución de las funciones en la materia, una de las principales preocupaciones que detectamos al analizar la propuesta de ley se relaciona con la operación del Registro Estatal de Personas Fallecidas y el Banco Estatal de Datos Forenses, como ejemplo. De acuerdo con los artículos 23 al 27 de la iniciativa, la Fiscalía General (actualmente Fiscalía del Estado) estaría a cargo de dichos registros, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sería responsable de su creación y actualización.

Esto resulta muy grave frente al incremento de violencia, el preocupante aumento gradual del número de personas desaparecidas y la crisis forense que predomina en el estado. Dicha situación sin duda alguna favorece la impunidad y facilita el posible deslinde de las responsabilidades de estas dos instituciones, lo que lamentablemente presenciamos en relación al hallazgo de las cajas de refrigeración de los tráileres con cuerpos de personas fallecidas no identificadas y su resguardo de manera cruel, inhumano y degradante, la irregular donación de cuerpos sin identificar a las universidades y la práctica de incineración de más de 1500 cuerpos en el estado, situación sobre la cual publicamos y presentamos un informe a principios de este año, a fin que se detonen procesos de verdad y justicia, incluyendo las instancias internacionales.

Aunado a esto, vemos de suma relevancia establecer las funciones claras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses relativas, precisamente, a los procesos de identificación, resguardo, notificación y entrega de los cuerpos y restos humanos, así como realizar las modificaciones correspondientes a su Ley Orgánica y su Reglamento.

Finalmente, en el documento de las observaciones a la propuesta de la ley, elaborado y entregado por el Cepad y el Colectivo Por Amor a Ellxs a la Legislatura pasada el día 23 de octubre de 2018, el cual también entregamos el día de hoy al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado, Jorge González Arana, señalamos también otros aspectos de la ley, los cuales resultan técnicamente deficientes, sumamente incompletos y, por tanto, pudieran agravar la crisis de desapariciones en la entidad, así como la crisis forense.

Entre algunos de estos aspectos se encuentran los siguientes:

  1. El Dictamen no contempla las cuestiones relacionadas con la prevención y garantías de no repetición relativas a los delitos de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados establecidos en la Ley General en materia de desaparición. Sugerimos que se agregue un capítulo que establezca los aspectos correspondientes, considerando la Ley General y otras disposiciones aplicables, así como las características del contexto del estado de Jalisco.

  2. No se aborda de manera adecuada y suficiente la figura jurídica de la declaración especial de ausencia por desaparición.

  3. Se omite reconocer los derechos de víctimas, en particular, los derechos de acceso y participación en las investigaciones y diligencias, así como los derechos de obtener las medidas de ayuda y asistencia integral, al acompañamiento psicosocial, los derechos a la protección o el derecho a la reparación integral del daño, entre otros.

  4. La Ley carece de perspectiva de género y de un enfoque diferenciado. Sugerimos adecuar la propuesta y, en particular, considerar el interés superior de la niñez y la situación de vulnerabilidad y exposición de riesgo en la cual se encuentran las mujeres, comunidades indígenas, así como las personas migrantes en el estado de Jalisco.

    En la misma linea, cabe señalar que la legislación tampoco contempla los mecanismos e instrumentos existentes en materia de búsqueda y localización de las mujeres, niñas y niños desaparecidos, tales como el Protocolo Alba y la Alerta Amber.

  5. Vemos de suma relevancia incorporar en este Dictamen un capítulo que trate de responsabilidades administrativas y sanciones correspondientes para servidores públicos que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas.

Cabe señalar que las observaciones anteriormente mencionadas constituyen solamente una parte del documento de más de 50 cuartillas entregado al Congreso local, del cual lamentablemente nunca hemos obtenido ninguna respuesta.

Recapitulando lo mencionado hasta ahora, tanto el proceso de creación de la propuesta de ley como su contenido, presentan graves omisiones y deficiencias. Frente a la alarmante cantidad de las observaciones críticas hacia la iniciativa, el evento de la mesa de diálogo participativo se podría considerar como un especie de avance de esta Legislatura para subsanar lo señalado. Sin embargo, tal como se mencionó, preocupa la metodología del evento y la tardanza en convocar a este espacio. Esto no solamente por el ya comentado incumplimiento de la obligación del Congreso de legislar en la materia en 180 días a partir de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición, sino también considerando que el acuerdo legislativo en el cual se decidió e instruyó a realizar “a la brevedad posible” “una consulta amplia” fue aprobado el día 12 de diciembre del año pasado1 y, hasta 4 meses después se logró concretar una primera reunión de dialogo.

Asimismo, se espera y a la vez se exige, que tal como señala el mismo acuerdo legislativo, el proceso de consulta sea “llevado a cabo a través de las mesas de trabajo, foros y diálogos”2, y no se limite solamente al evento del día de hoy con tan limitada participación de las víctimas. Es importante que se tome en cuenta los tiempos, maneras y modos de trabajar de familiares de personas desaparecidas y la sociedad civil en conjunto y realizar la cantidad de mesas de trabajo que sean suficientes y necesarias, que haya un diálogo abierto y con sensibilización y análisis técnico, y no llevar a cabo un proceso acelerado, con premura, en el cual se prioricen los intereses y negociaciones políticas.

De igual modo, consideramos importante que se realice un diagnóstico exhaustivo y que se lleve a cabo un análisis real de las instituciones existentes que dan seguimiento a los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas, a fin de dar a conocer los avances existentes en la materia a nivel local, reconociendo sus alcances y que los mismos sean retomados de manera adecuada en el contenido de la iniciativa de la ley.

Finalmente, nuevamente cabe reiterar la gran importancia de realizar un proceso amplio, participativo, transparente y público de consulta con familiares de personas desaparecidas, personas expertas y las organizaciones de la sociedad civil, garantizando de esta manera el principio de participación conjunta consagrado en el artículo 5 de la Ley General en materia de Desaparición, el cual rige su interpretación, aplicación e implementación. Como se ha dicho, vemos clave socializar la propuesta con un público mucho más amplio y generar las reuniones con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones del estado de Jalisco a fin de establecer los mecanismos adecuados para recibir y atender sus observaciones y conocer las particularidades de los contextos regionales. Exigimos que las y los diputados se abstengan de aprobar el Dictamen de la ley estatal sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares sin antes abrir los espacios de consulta real y garantizar la participación conjunta de las y los familiares de personas desaparecidas de todas las regiones del estado de Jalisco, las organizaciones locales de derechos humanos y con la supervisión y observancia de los organismos internacionales.

Una ley estatal en materia de desaparición sin legitimidad, aprobada bajo un proceso de simulación y presión política, sin realmente reflejar las necesidades de las víctimas, en ningún momento contribuye a garantizar los derechos a la verdad, justicia y la reparación integral, principales exigencias de familiares de personas desaparecidas, las cuales deben ser atendidas de manera integral en esta legislación y deben de constituir sus objetivos principales.

1 Congreso del Estado de Jalisco. Acuerdo Legislativo AL-58-LXII-18 del 12 de diciembre de 2018.

2 Ibidem.