Sergio René de Dios Corona

En medio de una “profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos” de la población, la violencia en sus diversas manifestaciones contra periodistas mexicanos marcó el año 2018. El ataque expansivo contra los periodistas y el periodismo “representa hoy la amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión en México”, alertó en junio de ese año el Informe Especial sobre la situación de la libertad de expresión en el país, realizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (cidh-oea, 2018).

Aunque extendidos a la población en general, a menudo los hechos de violencia se han dirigido a quienes son más indispensables para dar a conocer la situación de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad, advirtieron en el informe especial los relatores especiales para la libertad de expresión de la cidh, Edison Lanza, y de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y expresión, David Kaye, ambos especialistas en el tema: “Se trata de violencia que busca sofocar el debate público y la participación cívica, que constituye un ataque general a la esencia de la vida democrática en México a nivel local, estatal y nacional” (cidh-oea, 2018).

A su vez, en el Balance 2018 de periodistas asesinados, secuestrados y desaparecidos, la organización Reporteros Sin Fronteras denunció que México “es el país en paz más mortífero para los periodistas”. En México “abundan los predadores de la prensa”. Los periodistas que trabajan en temas relacionados con la corrupción de los políticos, sobre todo los locales, o con el crimen organizado, a menudo son víctimas de intimidaciones, agresiones y asesinatos (Reporteros Sin Fronteras, 2018).

Este mismo balance –que abarca desde el 1 de enero hasta el 1 de diciembre de 2018–, señala que la impunidad debida a la corrupción que reina en todo el país alcanza niveles récord y alimenta ese círculo vicioso de violencia. Hasta ese día, la agrupación contabilizaba nueve periodistas mexicanos asesinados. “Las medidas de protección que se otorgan a los periodistas amenazados a menudo son insuficientes e ineficaces” (Reporteros Sin Fronteras, 2018).

El clima de violencia hacia los periodistas también se registró en las elecciones federales de 2018, además de los comicios en ocho entidades y sus municipios. A pesar de la denuncia, la violencia generalizada en contra de las y los periodistas no ha cesado, incluso, sigue en aumento, también denunció la Red #Rompe el Miedo (rrm).1

Para el proceso electoral, la rrm documentó 185 agresiones en contra de periodistas y otros integrantes de la red, de las cuales 75.9% fueron cometidas por integrantes y candidatos de partidos políticos y por funcionarios públicos, sin que hasta el momento se conozca públicamente si las autoridades correspondientes han iniciado algún proceso que dé seguimiento a las decenas de agresiones perpetradas. “De esta manera, y sin lugar a duda, los contextos electorales se caracterizan por ser los más adversos y violentos contra el ejercicio de la labor informativa en México”, señaló la rrm, integrada por más de 800 periodistas.

Asimismo, añadió en su documento Elecciones 2018, publicado en octubre de ese año, que cada que un periodista sufre alguna agresión “se enfrenta además a violencia institucional en la que se ejerce la impunidad a tal grado, que el proceso de investigación, seguimiento y reparación del daño es revictimizante, tedioso y prácticamente inexistente” (rrm, 2018). Así, en las conclusiones anota que los ataques a la prensa y a quienes comunican, representan hoy en día la mayor amenaza a la libertad de expresión y un menoscabo a la democracia de México.

A pocos días de concluir 2018, los ataques mortales contra periodistas continuaban. El 4 de diciembre, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato en Nayarit de Jesús Alejandro Márquez Jiménez. También recordó que desde enero de ese año se desconocía el paradero del periodista Agustín Silva, desaparecido en Oaxaca. Días más tarde, el 13 de diciembre, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la cidh se sumó a la condena de ese crimen y a otro más, el de Diego García Corona, cometido en el Estado de México.

Con una cifra similar a la del año 2017, al menos 12 periodistas fueron asesinados en México por motivos vinculados a su labor profesional, “lo que sugiere que la violencia contra periodistas continúa afectando de manera grave a la sociedad mexicana”, advirtió la relatoría de la cidh.

El gobierno federal de México creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, sin embargo, es ineficiente y no ha impedido los asesinatos de quienes estaban protegidos, señaló en octubre de 2018 Emmanuel Colombié, Director del despacho Américas, de Reporteros Sin Fronteras.

En octubre de 2018, el Consejo de ese mecanismo alertó que el gobierno federal no entregó los suficientes recursos para que 727 defensores de derechos humanos y periodistas no quedaran sin medidas de protección por lo menos hasta diciembre. De manera “irresponsable”, el gobierno de Enrique Peña Nieto cierra su sexenio incrementando el nivel de riesgo de quienes se encuentran bajo resguardo de dicho mecanismo y “dejando con una mínima capacidad operativa” al equipo de la Coordinación Nacional Ejecutiva.

De los 12 asesinatos de periodistas cometidos en 2018, dos ocurrieron en diciembre, durante la primera semana de gobierno de la nueva administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, surgido del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Las cifras de periodistas asesinados difieren según la fuente: el mecanismo de protección enumera en su sitio web 18 asesinatos de “personas periodistas”, en tanto que otros organismos indican que fueron 12.

La perspectiva de los organismos nacionales

Cada vez que un periodista es asesinado, los organismos internacionales suelen instar a las autoridades mexicanas a fortalecer sus políticas de prevención y protección de todo tipo de violencia contra el gremio y los medios de comunicación, y a investigar de forma completa, efectiva e imparcial los crímenes, esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Sin embargo, la impunidad es el sello de los ataques.

El 2 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) denunció que autoridades de los tres órdenes de gobierno han incumplido su deber de prevenir, investigar y sancionar los crímenes contra los periodistas, lo que ha generado un alto índice de impunidad. De las 176 averiguaciones previas relacionadas con distintos delitos contra periodistas, de acuerdo con la Recomendación General núm. 24 de 2016, de este organismo, “el resultado es trágico” al observar que sólo en 10% de los casos hubo sentencia condenatoria y en 90% restante “impera la impunidad” (cndh, 2018a).

Según la cndh, en los casos de desaparición de periodistas y atentados contra instalaciones de medios informativos, la impunidad es de 100%. Un ejemplo ocurrido en 2018 es que el 20 de diciembre unos desconocidos abandonaron una hielera con una cabeza humana y una pancarta con amenazas contra el periódico Expreso y otros medios informativos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. En 2012, el mismo impreso enfrentó una situación de riesgo, luego de que unos sujetos hiceron estallar un vehículo con explosivos, a pocos metros del sitio en que se localizaron la hielera y la pancarta.

De acuerdo con los datos de la cndh, desde el año 2000 y hasta el 2 de noviembre de 2018, se habían cometido 140 homicidios de periodistas, 21 se encontraban desaparecidos desde 2005 y se habían cometido 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación, contabilizadas a partir de 2006. Detalla que más de la mitad de los homicidios se concentran en cinco entidades: Veracruz (22), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (15) y Chihuahua (14).

En 2018 la cndh emitió tres recomendaciones en las que acreditó violaciones a los derechos humanos en agravio de periodistas: la 88/2018, tras el homicidio en 2004 de un periodista en Tamaulipas; la 89/2018, derivada del asesinato de un periodista en Veracruz en 2016; y la 91/2018, a raíz de tres atentados que se perpetraron contra un periodista de Baja California en 2016 y 2017. La lectura de las recomendaciones evidencia cómo, además de victimados o de ser objeto de agresiones, la exigencia de justicia en cada caso se convierte en un calvario para la familia o el propio agredido, sin que los señalamientos de la cndh necesariamente se cumplan, debido a no ser vinculantes u obligatorios para las autoridades.

En su Informe anual 2018 (cndh, 2018b), presentado en enero de 2019, la cndh actualizó los datos y, en el marco del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, dio a conocer que en el periodo comprendido entre el año 2000 hasta el 20 de diciembre de 2018, se registró un total de 141 homicidios de periodistas, de los cuales 15 casos corresponden a mujeres, lo que equivale a 10.6% de las víctimas.

Como parte de sus acciones, la cndh recurre a las llamadas Medidas Cautelares, mediante las cuales requiere a las autoridades “acciones o abstenciones por parte de las y los servidores públicos a fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos, o la producción de daños de difícil reparación a las personas afectadas, así como para solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron.” (cndh, 2018b).

Dichas solicitudes de medidas precautorias, por parte de esta instancia para proteger periodistas, aumentaron a consecuencia del incremento en la frecuencia y gravedad de las agresiones contra los informadores profesionales. En 2014 sumaron 11; en 2015 se contabilizaron 16; para 2016 llegaron a 27; un año después, la cifra fue de 66 y –siempre al alza– en 2018 se dispararon para alcanzar 96, lo que la cndh calificó como “alarmante”.

A pesar de lo anterior, esta instancia reconoció que implica una “situación estructural de violencia”, que se agudiza y subsiste debido a la impunidad y la autocensura puesto que la mayoría de las entidades federativas no cuentan con agencias especializadas para la investigación de delitos en contra de periodistas y personas defensoras.

Esta circunstancia es preocupante ya que el Estado tiene una responsabilidad, sustentada en sus obligaciones de prevención y protección cuando existe el riesgo de que se produzcan crímenes en contra de periodistas por situaciones concretas en que las autoridades saben o deberían haber sabido que hay un riesgo real e inmediato de que se cometan estos delitos, tal y como fue manifestado por la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la cidh.

En marzo de 2018, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, en su investigación “Soy periodista, no criminal” denunció que si bien los asesinatos y desapariciones de periodistas representan agravios extremos a la libertad de expresión, existen otros procesos de agresión contra el gremio periodístico que transitan de la esfera de violencia física a la digital y a la judicial (Propuesta Cívica, 2018).

Este mismo Centro señaló que, actualmente, la política pública orientada a proteger el ejercicio periodístico se mantiene inacabada, pues se ha enfocado a atender las agresiones físicas, pero ha desatendido los mecanismos jurídicos y judiciales que muchas veces son utilizados como armas de agresión.

“Ejercer este tipo de violencia contra periodistas por su labor de investigación e información, mantiene efectos transgresores de derechos y representa un retroceso en la construcción democrática. Muchas ocasiones puede transitarse de una criminalización o acoso judicial, a una amenaza, hasta llegar incluso a violaciones graves de derechos humanos, como el asesinato o desaparición forzada de quienes ejercen la actividad periodística”(Propuesta Cívica, 2018).

El caso de Jalisco

Es importante recuperar y conocer las condiciones y el ambiente de agresiones en el ámbito nacional hacia la prensa y sus trabajadores, como contexto que permite situar y analizar lo que sucedió en Jalisco durante 2018 en cuanto a la libertad de expresión, un derecho humano fundamental e inalienable, “requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática”, como señala la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada en 2000 por la cidh.

Un rasgo de lo sucedido en el nivel estatal en 2018 son las relaciones ríspidas de una parte de los periodistas y medios informativos con el ahora gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. En pleno proceso electoral, el entonces precandidato por Movimiento Ciudadano (mc) a la gubernatura, se presentó el 3 de enero de ese año en el programa Forma y Fondo, de Radio Metrópoli, a una entrevista con los periodistas Jorge Octavio Navarro y Mario Muñoz Loza.

El alcalde con licencia de Guadalajara llegó molesto, con un “expediente” detallado que contenía la transcripción de 385 menciones, de las cuales, dijo, 342 eran negativas. En el programa reclamó por las opiniones críticas a su gestión al frente del Ayuntamiento, lo que fue un acto intimidatorio hacia ambos informadores. “Traigo una carpeta grandotota porque lo que hice fue ponerme a leer una vez más todos los programas que ustedes hicieron en dos años, que estuvimos revisando, quisiera nada más darles este dato para que entiendan de lo que quiero hablar, ustedes hicieron menciones sobre un servidor en 385 programas, de esas 385 menciones, 342 fueron negativas” (Revista Etcétera, 2018)

Alfaro Ramírez argumentó esa mañana a su favor que, como señaló un organismo, el municipio es el más transparente del país; que ha realizado transmisiones en vivo de sesiones de comisiones de adquisiciones y obras públicas; y rechazó ser autoritario o que no escuche y, sin ofrecer pruebas, mencionó que hay ataques a su administración que vienen con guion promovido desde el Partido Revolucionario Institucional (pri), su partido opositor.

Durante su gestión como presidente municipal de Guadalajara, Alfaro Ramírez no usó su derecho de réplica para precisar, matizar o desmentir las menciones, a pesar de contar con una Dirección de Comunicación Social y a que con recursos del erario pagó a tres empresas que manejan su comunicación e imagen (Indatcom, Eu Zen y La Covacha), incorporadas a su proyecto político desde que fue alcalde de Tlajomulco de Zúñiga.

La construcción del “expediente” personal de ambos periodistas fue la arrogante demostración de un acto de poder ejercido contra opiniones críticas, que recordó las “fichas” que grupos políticos, corporaciones de seguridad y aparatos de inteligencia suelen elaborar de cada periodista para de ser necesario presionarlo, amenazarlo o reprimirlo; fichas que en anteriores sexenios estatales también se elaboraron.

Uno de los antecedentes de la “carpetota” exhibida en el programa radiofónico por Alfaro Ramírez, donde mostró su irritación hacia determinados medios informativos o periodistas, ocurrió meses antes, el 2 de junio de 2017. Durante la inauguración de obras de pavimentación en una colonia tapatía arremetió contra tres medios informativos impresos al declarar frente a los vecinos: “Quiero ver a todos esos que escriben tantas cosas de mí, al Mural, al ntr, a La Crónica, a todas esas basuras que escriben cosas todos los días, denigrando, ofendiendo, atacando. Quiero ver qué han hecho ellos como esto [las obras], que le llegue a los talones para cambiar la realidad” (Montiel, 2017).

Además de reclamar, Alfaro Ramírez habló de cómo se concibe a sí mismo, a su propuesta política y a su grupo político: “Porque somos de las últimas esperanzas que quedan en este país; no exagero, de las últimas esperanzas que quedan, y a veces cuando uno ve eso [las críticas de los medios informativos]; cuando uno se da cuenta que todo el día están dando y dando y dando para ver si te doblas, hay veces que uno termina en la noche y dices, ‘¿qué necesidad tengo de esto’”.

Desde esa visión política escasamente autocrítica, se puede inferir por qué es repelido cualquier comentario o crítica pues –en su lógica– ciertos periodistas y medios informativos atentan contra una de las “últimas esperanzas” que le quedan a México. La relación rasposa con determinados medios informativos y periodistas desde quien asumió la gubernatura de Jalisco el 6 diciembre de 2018, está presente luego de que Alfaro Ramírez suele confundir las críticas con ataques personales e imagina que detrás de todos los cuestionamientos está un grupo o partido político que las atiza.

Otro ingrediente presente en la animadversión a determinados medios y periodistas es que el mandatario estatal continuó con su política de comunicación social de apostarle sobre todo a las redes sociales, y menos a los medios informativos. Con el apoyo de las empresas privadas referidas –algunos de cuyos directivos formaron parte de su administración en Guadalajara–, a sus cuentas subió ese año mensajes o videos de sus actividades, informó parte de su agenda y, también, las convirtió en palestra para el debate, la crítica, los desmentidos y las descalificaciones a sus opositores y a la prensa crítica. Sus posturas públicas fueron replicadas con agrios ataques de seguidores y simpatizantes hacia los periodistas que lo cuestionan, lo que generó un ambiente hostil y campañas de linchamiento contra reporteros.

En un comunicado dirigido al gobernador, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Jalisco, llamó la atención en octubre de 2018 sobre el periodismo crítico como necesario para lograr una sociedad informada y participativa. “La libertad de expresión de las personas que realizan labores periodísticas debe ser respetada por las autoridades, quienes además deben abstenerse de alimentar el odio contra los periodistas y los medios de comunicación en un contexto en que estos son con frecuencia agredidos por realizar su trabajo”. La asociación planteó que esperaba que en el próximo gobierno respetara la labor de este gremio “y a través del Ejecutivo se impulsen iniciativas para protegerlos frente a las amenazas de las que son objeto” (Amedi-Jalisco, 2018).

Igualmente, es común que Alfaro Ramírez pague pautas publicitarias para dar a conocer políticas públicas o fijar sus posturas en redes sociales, interesado en que se difundan más por esa vía. A los medios informativos no siempre envió, en esos casos, comunicados oficiales, sino que en el año analizado su equipo recurrió a utilizar Facebook y Twitter, entre otros medios digitales. Las empresas que manejan su comunicación en realidad son aparatos de propaganda a su servicio personal, que promocionan políticamente al gobernante y brincan a reporteros y medios para proporcionar una supuesta información directa a la sociedad jalisciense, con su versión aséptica y acrítica de la administración, sin que medien preguntas o cuestionamientos incómodos.

La publicidad oficial

El 15 de agosto de 2018 sesionó la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado, buscando cumplir con lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Comunicación Social, que el 11 de mayo de ese mismo año, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, obligó a los Congresos locales a adecuar sus marcos jurídicos en ese tema. La comisión aprobó el dictamen que crea la Ley de Comunicación Social del Estado de Jalisco que aplica “el ordenamiento jurídico de austeridad, pone fin al culto a la personalidad de los gobernantes y funcionarios con el uso de recursos públicos, indica el documento que coloca como sujetos obligados a los poderes públicos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados y autónomos, y municipios”.

Dicho dictamen señala que los recursos que se destinen para la comunicación deberán observar lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, que estipula no rebasar 0.3% del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente. Ese mismo día, en el pleno del Congreso del Estado, se le dio primera lectura; sin embargo, la Legislatura concluyó sus trabajos, y la nueva, que entró en funciones el 1 de noviembre de 2018, no la agendó ese año para su segunda lectura, a fin de que el pleno la discutiera y, en su caso, la aprobara. Es decir, la mantuvo en suspenso.

Días después de tomar posesión como gobernador, Alfaro Ramírez anunció que el presupuesto para comunicación social se reduciría durante su gestión, pero —con la misma política de su antecesor, el priista Aristóteles Sandoval— no precisó los criterios con que se distribuirán esos recursos a los medios informativos de Jalisco y, mediante el decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio 2019 estableció, en el artículo 4, que las partidas 3611, 3631, 3661 y 3691, a través de las cuales se ejercen recursos en materia de comunicación, son de “ampliación automática”.

Es decir, si durante 2019 la administración alfarista dispone de más recursos, podrá ampliar los 240.4 millones de pesos presupuestados para todo el año, con el único limitante de no exceder el equivalente a 0.3 por ciento del presupuesto total, que asciende a 116 mil 946.2 millones de pesos, y que para comunicación social podría llegar a 350.8 millones de pesos (Congreso del Estado de Jalisco, 2018).

Sin la aprobación de la Ley de Comunicación Social del Estado de Jalisco, que especialistas critican por considerar que está peor que la ley federal que entró en vigor el 1 de enero de 2019, la regulación de la distribución de la publicidad oficial en Jalisco está pendiente y, con ello, el riesgo de que se utilice para castigar o premiar a tales o cuales empresas informativas, según sea o no del agrado gubernamental su línea editorial.

Se van profesionales

Desde una perspectiva de la libertad de expresión, que en el caso de los medios informativos exige contar con calificados profesionales de la información, durante el inicio de la actual administración estatal algunos periodistas formados renunciaron a sus empresas contratantes para integrarse a los equipos de las autoridades que triunfaron en las elecciones de 2018. Es el caso, por ejemplo, de periodistas que se sumaron al gobierno estatal y al municipio de Zapopan. Se perdió con eso el oficio y la experiencia acumulada de quienes partieron.

El traspaso de periodistas a la función pública se trata de un fenómeno que se repite desde hace décadas cada tres años, con el cambio de administraciones, en parte derivado de las condiciones de trabajo que prevalecen en Jalisco para los informadores: en muchos casos con bajos sueldos; incertidumbre de su futuro laboral; outsourcing que contrata personal para empresas de comunicación; pagos sin estar en nómina, y por tanto sin prestaciones; en ocasiones, largas jornadas obligadas por tener dos empleos, muchas veces sujetos a malos tratos o líneas editoriales oficialistas; con un ambiente hostil de parte de algunos funcionarios; de linchamientos en redes sociales a su trabajo si es de denuncia, entre otras situaciones adversas.

El entorno laboral en 2018 también tuvo repercusiones en la planta laboral, luego de que ocurrieron recortes de personal en empresas informativas locales, no sólo de reporteros sino de columnistas, como sucedió en Milenio-Jalisco, El Informador y Mural.

Las salas de redacción tienden a achicarse y a incrementar la carga laboral de los periodistas, luego de la crisis que en su modelo de negocios enfrentan las empresas en la transición hacia un periodismo cada vez más digital, pero sin capacidad de allegarse suficientes recursos para operar de manera eficiente en términos informativos y subsistir de forma decorosa con ingresos económicos aceptables.

También en 2018, la libertad de expresión se vio acotada si la revisamos desde la perspectiva del derecho a la información, que cada vez la pervierten más los llamados “sujetos obligados” a través de sus equipos de las Unidades de Transparencia. Ese derecho se usa como un recurso para dosificar la información, ya sea mediante solicitudes de información o la puesta a disposición en los sitios de transparencia. A través de las solicitudes de información, los periodistas enfrentan procesos parajudiciales que los fuerzan a desarrollar habilidades de abogado, lo que complica aún más el acceso en el caso de un ciudadano común.

La práctica seguida desde las unidades de transparencia es que si la información es “comprometedora” desde la visión del funcionario público que no cumple con su responsabilidad, entonces la entrega incompleta, distinta a la solicitada, o responde que no es de su competencia para obligar al solicitante a interponer recurso ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (itei) y así ganar tiempo y, por cansancio, hacer que el reportero se desista. Considerar la información pública como un bien privado prosigue como una práctica en oficinas gubernamentales.

En el comunicado ya citado, la Amedi-Jalisco abordó la transparencia, así como la rendición de cuentas cabal y expedita, que consideró “deben ser los rasgos distintivos de la gestión pública si se pretende, como se ha dicho, lograr una refundación de Jalisco sustentada en los hechos más que en la retórica”. Por ello, consideró necesario asegurar que el (itei) disponga de lo necesario para atender sus obligaciones, incluyendo las relacionadas con la protección de datos personales.

Una queja de reporteros en la actual administración –que se repite de las anteriores– fue que luego de la reingeniería anunciada de las direcciones o coordinaciones de comunicación social estatales, cada vez más se dificulta entrevistar a funcionarios. La descoordinación, las evasivas, las excusas son parte de las vallas para acceder a la información cara a cara o que los funcionarios opinen de tal o cual asunto, salvo cuando se trata de una entrevista “banquetera” o ruedas de prensa convocadas ex profeso.

Posicionamientos

En octubre pasado, la Amedi-Jalisco hizo un llamado al ahora gobernador para que atendiera los desafíos que en materia de libertad de expresión y derecho a la información se vislumbran en los próximos seis años. Uno de ellos se relaciona con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (sjrtv), que debe sobresalir por su autonomía e independencia editorial respecto al poder político. “De ahí la importancia de designar a un director con trayectoria y experiencia reconocida en medios de comunicación que fortalezca el sentido de servicio público que debe tener este Sistema. Es urgente una reforma a su ley orgánica que considere su autonomía de gestión y que lo lleve a ser un vehículo comunicativo y cultural verdaderamente público y de calidad” (Amedi, 2018). Sin embargo, hasta el 31 de diciembre el gobierno estatal aún no nombraba titular al sjrt, que se mantenía a la deriva.

También la Amedi señaló que persiste una brecha tecnológica significativa entre los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara y quienes viven en otras regiones de la entidad. Ante ello, la Amedi-Jalisco consideró urgente “delinear e implementar un plan de infraestructura que propicie y mejore el acceso y el uso universal de las tecnologías de la comunicación entre los habitantes de Jalisco, y que complemente lo hecho a través del proyecto nacional México Conectado u otros que diseñe el próximo gobierno federal” (Amedi, 2018).

Antes de que tomara posesión Alfaro Ramírez, la Amedi-Jalisco puntualizó que el voto de confianza que la ciudadanía emitió a través del sufragio no es un cheque en blanco. Antes bien, es la materialización de las expectativas de un pueblo que sistemáticamente ha sido decepcionado por sus representantes. Estar a la altura de sus necesidades no es una gracia sino la exigencia más elemental.

La libertad de expresión no se mendiga; se ejerce. Está salvaguardada por la Constitución Política del país, que obliga a las autoridades, según el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos, el de expresar, recibir y difundir opiniones, pensamientos e informaciones por cualquier medio posible, sin restricción de fronteras y sin otros límites que los establecidos por la Carta Magna y sus leyes. Corresponde a la sociedad en su conjunto, a los ciudadanos, a los medios informativos y periodistas exigir a las autoridades su cabal cumplimiento.

Finalmente –hay que destacarlo–, son numerosos los periodistas y programas de distintos medios informativos que realizan periodismo de calidad, sustentado en información confiable, en investigaciones periodísticas a fondo, en la independencia de criterio editorial frente a las presiones que surgen, y que con su labor profesional visibilizan y ponen a debate en la esfera pública, temas de interés colectivo. Contribuyen de esa manera a mantener vigente la libertad de expresión y el derecho de los jaliscienses a estar bien informados.

Referencias

AMEDI-JALISCO (2018). “Comunicado sobre llamado al próximo gobierno estatal en materia de derechos a la comunicación de los jaliscienses”. Disponible en: http://www.amedijalisco.org.mx/comunicados/comunicado-sobre-llamado-al-proximo-gobierno-estatal-en-materia-de-derechos-a-la-comunicacion-de-los-jaliscienses/ [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CIDH-OEA (2018). “Informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en México”. Disponible en: http://oas.org/es/cidh/expresion/docs/2018_06_18%20CIDH-UN_FINAL_MX_report_SPA.PDF [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CNDH MÉXICO (2018a). Denuncia CNDH impunidad del 90% en homicidios de periodistas y demanda a las autoridades garantizar investigaciones profesionales y efectivas que consideren la labor de los comunicadores, Comunicado de Prensa DGC/349/18 el 2 de noviembre de 2018, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_349.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CDNH México (2018b). “Informe Anual 2018 de la CNDH”. Disponible en: http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2018/IA_2018.pdf, [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, Decreto 27225/LXII/18 del presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 201, sus anexos y la plantilla de personal, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 22 de diciembre de 2018, disponible en: https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-22-18-vi_1.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

MONTIEL, Adrián. “Alfaro arremete nuevamente contra medios impresos locales” en El Diario ntr – Guadalajara. 2 de junio de 2017.

PROPUESTA CÍVICA (2018). “Soy periodista no criminal”. México, disponible en: http://www.propuestacivica.org.mx/soy-periodista-no-criminal.html [Consultado el 21 de marzo de 2019].

RED ROMPE EL MIEDO (2018). “Informe Elecciones 2018”. Disponible en: https://informaterompeelmiedo.mx/wp-content/uploads/2018/10/RRM-informe-elecciones-2018.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

REPORTEROS SIN FRONTERAS (2018). “Balance de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo”. Disponible en: https://rsf-es.org/_files/200006207-844ad85454/2018_RSF_BALANCE_ANUAL.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

REVISTA ETCÉTERA (2018). “Alfaro saca la ‘lista negra’ de críticas en su contray niega ser intolerante”. Ciudad de México.

Notas:

1 Lo relativo a la Red Rompe el Miedo se puede ver en: <https://twitter.com/rompemiedo>.