Categorías
Comunicado

Siete años sin Osvaldo ¡Hasta encontrarte!

Por: María del Rosario Cervantes Ávila, madre de Osvaldo

22 de julio a las 6 de la mañana. Nuestra última conversación fue cuando te pregunté si estabas listo y dijiste “ahorita te alcanzo” han pasado ya siete años. ¡SIETE AÑOS! 

Y todavía no me alcanzas.

Recuerdo que nos pidieron  esperar  72 horas para tomar la declaración, horas vitales para localizar  a cualquier persona en esta situación y después de siete años estas prácticas  aún no logran erradicarse por completo, aun no se entiende que son horas vitales para localizarlos.  Pensé que después de esa espera entonces ya actuarían,  más no fue así. Pasaron varios días más para que  los agentes pudieran venir a hacer un recorrido por donde caminaste  ese día, días después me dijeron que le asignaron tu caso al “super agente (fulanito) ” es muy bueno, pero en ningún momento tuve conocimiento de  que hubiera realizado alguna diligencia.

Existen protocolos que deben llevarse a cabo en cuanto aceptan la denuncia, como la BÚSQUEDA INMEDIATA, BÚSQUEDA EN VIDA, pero parecen desconocerlos. Al menos en tu caso como en el de muchos, no la hubo, y el tiempo transcurre inclemente para quienes buscamos a un ser querido, porque la huellas se borran, las personas olvidan, se mudan, las colonias cambian, todo sigue su curso.

Ya dejé de contar cuántos ministerios públicos, agentes y policías investigadores han “trabajado” en tu averiguación, lo que no puedo evitar de contar son las omisiones en tu carpeta de investigación, la cantidad de veces que te revictimizan los de antes, los de ahora y quizá los de después.

“Encontrarlos en el menor tiempo posible y preservar sus derechos humanos” dice en las pantallas de la fiscalía especializada en personas desaparecidas mientras usted espera recibir atención.

¿Cuánto tiempo más pasará para encontrarte?, no lo sé cómo tampoco sé si la vida me alcanzara, lo cierto es que aquí seguiré exigiendo respuestas, EXIGIENDO SEAS BUSCADO.

OSVALDO JAVIER HERNANDEZ CERVANTES:  ¡PRESENTE!

OSVALDO JAVIER HERNANDEZ CERVANTES: ¡PRESENTE!         

OSVALDO JAVIER HERNANDEZ CERVANTES: ¡PRESENTE!        

¡NI PERDON, NI OLVIDO! ¡QUEREMOS JUSTICIA Y VERDAD!
HASTA ENCONTRARTE QUERIDO HIJO…   

Categorías
Convocatoria

Convocatoria para el Área de Comunicación

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), es una organización de la sociedad civil con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; autónomo, independiente y profesional, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos con vinculación e interacción con grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales.

El objetivo del área de comunicación del Cepad es sustentar el análisis generado en la organización a través de la creación de contenidos y publicaciones mediante un continuo método de investigación, documentación y análisis sobre los temas prioritarios para la organización.

Puesto: Colaborador/a en el área de comunicación

Objetivo del puesto:

Desarrollar estrategias de comunicación organizacional y social con perspectiva de derechos humanos para posicionar los temas que trabaja el Cepad como la desaparición de personas, tortura, personas defensoras de los DDHH, libertad de expresión, derecho a la protesta social, entre otras.

 

Perfil buscado:

  • Licenciado/a en ciencias de la comunicación o disciplinas afines con experiencia en la comunicación organizacional y social con perspectiva de derechos humanos.
  • Experiencia laboral comprobada de mínimo 2 años.
  • Conocimiento y postura crítica sobre el contexto sociopolítico por el que atraviesa Jalisco y México.
  • Conocimiento general sobre la problemática en derechos humanos en México.

Responsabilidades:

  • Desarrollar estrategias de comunicación social en el marco de la defensa y promoción de derechos humanos en Jalisco.

  • Investigar y sistematizar información pública en la materia.
  • Redactar comunicados y boletines de prensa, así como de notas informativas y periodísticas.

  • Monitorear la prensa y hacer análisis de los temas relacionados con los derechos humanos.

  • Visibilizar los temas y casos que acompañamos para la creación de campañas.

  • Coordinar las acciones de vinculación con los diversos medios de comunicación (prensa, radio, televisión, web).

  • Coordinar el mejoramiento de la página web para el posicionamiento SEO.

  • Coordinar las actividades del diseño gráfico encaminadas a fortalecer la imagen del Cepad.

  • Coordinar la creación y organización de las colecciones físicas y digitales que recopilen la información histórica y de experiencia del Cepad, así como del acervo bibliográfico.

  • Colaborar en la organización de eventos.
  • Documentar las actividades del Cepad a través de fotografías, audios y videos.
  • Generar acciones y materiales integrales para sensibilizar a la opinión pública en materia de derechos humanos, a través del desarrollo de contenidos y publicaciones en nuestros distintos canales: web, redes sociales y blogs.

 

Habilidades profesionales:

  • Claridad para expresar ideas, redactar y comunicar de manera efectiva.

  • Capacidad y habilidad para sintetizar, analizar y ordenar información y contenidos.
  • Excelente redacción y ortografía.
  • Manejo avanzado de paquetería Office (Word, Excel, Power Point e Internet).
  • Entendimiento y experiencia en manejo y análisis de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram).
  • Sensibilidad, empatía y compromiso con las personas y familias que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos.
  • Alto sentido de responsabilidad, profesionalismo y compromiso laboral.
  • Habilidad para el trabajo en equipo.

Habilidades deseables pero no indispensables:

  • Conocimiento básico de Suite Adobe
  • Experiencia en el manejo del sistema operativo Linux.
  • Conocimiento básico de diseño gráfico.

 

Condiciones laborales:

  • La sede del Cepad está en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.

  • Disposición para viajar al interior del estado de Jalisco y dentro del país.

  • Disponibilidad de tiempo completo.

  • Oportunidad de capacitación profesional permanente en DDHH.

  • El contrato será de prueba por 6 meses (contrato de prueba de 6 meses) y con posibilidades de ampliarlo por un año.

  • Sueldo bruto mensual: 14,700.00 MXN.

Las personas interesadas deberán enviar a la dirección electrónica desarrollo@cepad.org.mx la siguiente documentación en formato PDF:

  • Currículum vitae.

  • Una carta de intención de una cuartilla en donde explique su interés en formar parte del Cepad (máximo 1 cuartilla).

  • 2 cartas de recomendación laborales (de preferencia de organizaciones civiles de derechos humanos).

  • Preferentemente copia del Título Profesional, en casos particulares Carta de Pasante.

  • Un ensayo sobre el tema “Comunicación y derechos humanos” con una extensión de máximo 3 cuartillas (tamaño de letra 12, interlineado sencillo).

  • Indicar en el asunto del correo: CONVOCATORIA PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓN

Procedimiento para la selección de aspirantes:

1. Recepción de solicitudes: 4 al 16 de junio de 2019.

2. Revisión de solicitudes y selección de aspirantes al puesto: 17 a 19 de junio de 2019.

3. Notificación a personas aspirantes seleccionadas para la siguiente etapa: 20 de junio de 2019.

4. Entrevistas con candidatas y candidatos seleccionados/as: 20 a 26 de junio de 2019.

5. Selección de una candidata o candidato: 27 de junio de 2019.

6. Notificación a la persona seleccionada: 28 de junio 2019.

7. Inicio de la relación laboral: 01 de julio de 2019.

Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada. La persona aspirante, con su participación y el envío de su aplicación dentro del proceso de convocatoria y contratación, da fe de cumplir con el perfil solicitado y asegura la autenticidad de la información que brinda de todos los soportes documentales que se le puedan solicitar.

Categorías
Convocatoria

Convocatoria para integrar el Área de Defensa

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), es un organismo de la sociedad civil con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; autónomo, independiente y profesional, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos con vinculación e interacción con grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales.

Puesto: Integrante del Área de Defensa (Abogada / Abogado)

Objetivo del Área de Defensa:

Generar e implementar estrategias de litigio que permitan desactivar las causas de la vulneración de los derechos humanos, a fin de impulsar cambios estructurales que proporcionan políticas públicas, legislativas, judiciales y sociales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos mediante la utilización de herramientas jurídicas locales, nacionales e internacionales.

Descripción del puesto:

La persona interesada en la presente convocatoria trabajará de manera proactiva en el diseño, desarrollo e implementación de estrategias de litigio de los casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos, conjuntamente con quienes integran las diferentes áreas de la organización. El o la integrante responderá directamente a la Dirección Ejecutiva y a la persona coordinadora del Área de Defensa.

Funciones y responsabilidades principales:

  • Desarrollar e implementar estrategias de litigio de casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos, conjuntamente con quienes integran las diferentes áreas de la organización.

  • Elaborar documentos jurídicos, tales como demandas, denuncias, amparos, quejas, incluyendo procedimientos en instancias de procuración e impartición de justicia, procedimientos administrativos y otros mecanismos de protección a los derechos humanos.

  • Participar en la elaboración de informes, artículos y documentos de análisis jurídico.

  • Registrar y documentar los casos de violación a los derechos humanos sobre los temas predeterminados por la organización.

  • Proporcionar asesoría legal y acompañamiento jurídico a personas y colectivos de víctimas de violaciones de derechos humanos previamente acordados con el equipo jurídico.

  • Dar seguimiento a los casos presentados por el Cepad ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales locales, nacionales e internacionales.

  • Participar en acciones de incidencia jurídica, como: elaboración de Amicus Curiae, la participación en reuniones con autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, vinculación con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de protección de derechos humanos, entre otras acciones.

  • Representar a la organización en foros, audiencias, clínicas y reuniones de trabajo sobre la defensa, documentación y estrategias de litigio en materia de derechos humanos.

  • Contribuir al cumplimiento de los objetivos del área de defensa y el fortalecimiento de sus procesos organizativos, jurídicos y de documentación.

  • Investigación, búsqueda y análisis de información para brindar insumos a otras áreas del Cepad.

  • Asistir a cursos, talleres, seminarios y otras actividades de capacitación sobre temas de derechos humanos que acuerde junto con la Coordinación del Área de Defensa.

  • Participar en los espacios de planeación, seguimiento y de evaluación de las labores realizadas por el equipo del Cepad.

Perfil solicitado:

  • Licenciatura en derecho titulada o titulado, preferentemente con formación en derechos humanos y derecho internacional.

  • Experiencia de mínimo 4 años en litigio en materia penal (en el anterior y nuevo sistema de justicia), amparo, administrativo y civil (comprobables).

  • Los grados de especialidad: Maestría en derecho penal, procesal, derechos humanos o amparo serán considerados una ventaja.

  • Conocimiento del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos.

  • Conocimiento de los mecanismos locales, nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.

  • Experiencia en atención a víctimas o sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos.

  • Conocimiento del marco normativo local, nacional e internacional en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

  • Capacidad de análisis, síntesis y estrategia para desarrollar argumentos legales convincentes.

  • Capacidad en el diseño de estrategias de defensa jurídica ante órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales.

  • Sensibilidad y capacidad para trabajar con víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

  • Conocimiento del contexto estatal, nacional e internacional de los derechos humanos y capacidad de análisis socio-político desde la perspectiva de los derechos humanos.

  • Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

  • Amplias capacidades para el trabajo en equipo.

  • Capacidad de buen manejo de tiempo y para trabajar bajo presión.

  • Disponibilidad para viajar en el interior del país y el extranjero.

  • Conocimiento y aplicación de la perspectiva de género en el desarrollo del trabajo.

  • Dominio del idioma inglés (nivel intermedio o avanzado).

  • Deseable: Habilidades y disponibilidad para la redacción y traducción de informes, escritos legales, boletines y otros documentos en español e inglés.

Condiciones laborales:

  • La oficina del Cepad está ubicada en Guadalajara, Jalisco, en donde se realiza la mayor parte del trabajo; sin embargo, algunas actividades se llevarán a cabo en otras regiones de la entidad, del país y en el extranjero cuando sea necesario.

  • Trabajo de tiempo completo.

  • Oportunidad de desarrollo profesional.

  • El contrato de trabajo será por 6 meses, con posibilidades de ampliarlo por otro periodo más.

Las personas interesadas deberán enviar a la dirección electrónica: desarrollo@cepad.org.mx la siguiente documentación:

  • Currículum vitae (máximo 3 cuartillas).

  • Una carta de intención en donde explique su interés en formar parte del Cepad (máximo 1 cuartilla).

  • Dos cartas de recomendación laborales (de preferencia de organizaciones civiles de derechos humanos).

  • Copia de la cédula profesional.

  • Un documento realizado por la persona aspirante que acredite sus Capacidades de argumentación jurídica, conocimientos del marco normativo local e internacional en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y jurisprudencia respecto del tema de tortura (máximo 3 cuartillas): tesis, ensayo (evitar publicaciones editadas).

  • Favor de hacer un único documento PDF con toda la documentación y enviar a la siguiente dirección electrónica: desarrollo@cepad.org.mx, e indicando en el espacio de Asunto: Documentación de aspirante para el Área de Defensa.

Procedimiento para la selección de aspirantes al puesto:

  1. Recepción de solicitudes: hasta el 13 de mayo de 2019.
  2. Respuesta a todas las solicitudes indicando en cada caso si el candidato o candidata pasará a la ronda de entrevistas: 14 y 15 de mayo de 2019.
  3. Entrevistas con candidatas y candidatos seleccionados/as: 17, 20 y 21 de mayo de 2019.
  4. Selección de una candidata o candidato: 25 de mayo de 2019.
  5. Incorporación formal al equipo: 3 de junio de 2019.

La persona aspirante asegura la autenticidad de la información que brinda de todos los soportes documentales que se le puedan solicitar.

Nota: Sólo se considerarán postulaciones completas. Por razones institucionales, los plazos aquí descritos podrían ser modificados, en cuyo caso se dará puntual aviso a los participantes de esta convocatoria.

Categorías
Convocatoria

Convocatoria para Integrar el Área de Incidencia

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), es un organismo de la sociedad civil con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; autónomo, independiente y profesional, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya a la defensa de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos con vinculación e interacción con grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales.

Puesto: Integrante del Área de Incidencia

Objetivo del Área de Incidencia:

Definir e implementar las estrategias locales, nacionales e internacionales para el diálogo con víctimas, sobrevivientes, colectivos y movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y con autoridades de los tres niveles de gobierno, que deriven en cambios estructurales y el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.

Descripción del puesto:

La persona interesada en la presente convocatoria trabajará de manera proactiva en el diseño e implementación (en coordinación con otras áreas involucradas) de las estrategias de incidencia a nivel local, nacional e internacional a fin de impulsar la adopción de legislaciones, políticas públicas y prácticas institucionales de conformidad con los ejes temáticos del Cepad, así como llevar a cabo análisis e investigación de la situación de los derechos humanos y del contexto de graves violaciones a los derechos humanos en Jalisco y en México. El o la integrante responderá directamente a la Dirección Ejecutiva y a la persona coordinadora del Área de Incidencia.

Funciones y responsabilidades principales:
  • Participar en la elaboración de artículos, escritos, informes sobre las graves violaciones a los derechos humanos y documentos de análisis socio-político y jurídico.

  • Participar en acciones de incidencia política, así como posicionar casos, temas y problemas de derechos humanos frente a los principales tomadores de decisiones a nivel local, nacional e internacional.

  • Interlocución con autoridades federales, estatales y municipales, así como vinculación y articulación con colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y organismos internacionales de protección de derechos humanos, entre otros.

  • Realizar tareas de investigación, búsqueda, sistematización y análisis de información cualitativa y cuantitativa para el análisis de graves violaciones a los derechos humanos, particularmente lo relativo al tema de las desapariciones de personas.

  • Elaborar las solicitudes de información, sistematización de las respuestas, así como la preparación de recursos de revisión en caso de que la información sea negada por la autoridad correspondiente.

  • Participar en la elaboración y presentación de propuestas y comentarios a iniciativas legislativas.

  • Participar en la elaboración de comunicados, boletines, infografías y publicaciones relacionados con los temas prioritarios del Cepad.

  • Realizar seguimiento puntual de la agenda y acciones relevantes de los mecanismos de protección de la Organización de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

  • Participar en conferencias, coloquios y foros locales, nacionales e internacionales relacionados con los temas prioritarios del Cepad.

  • Participar en los espacios de planeación, seguimiento y de evaluación de las labores realizadas por el equipo del Cepad.

Perfil solicitado:
  • Licenciatura en derecho, ciencias políticas, sociología, relaciones internacionales o áreas afines, titulada o titulado, preferentemente con formación en derechos humanos y derecho internacional.

  • Experiencia previa de mínimo dos años en el ámbito de la defensa y promoción de los derechos humanos.

  • Conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos.

  • Conocimiento del marco normativo local, nacional e internacional en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

  • Experiencia en el manejo fluido de herramientas tecnológicas para la investigación, la sistematización y el análisis cuantitativo y cualitativo de la información. Se valorará la experiencia en manejo de bases de datos.

  • Conocimiento del contexto estatal, nacional e internacional de los derechos humanos y capacidad de análisis socio-político desde la perspectiva de los derechos humanos.

  • Sensibilidad y capacidad para trabajar con víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

  • Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

  • Amplias capacidades para el trabajo en equipo.

  • Capacidad de buen manejo de tiempo y para trabajar bajo presión.

  • Disponibilidad para viajar en el interior del país y el extranjero.

  • Conocimiento y aplicación de la perspectiva de género en el desarrollo del trabajo.

  • Dominio del idioma inglés (nivel intermedio o avanzado).

  • Deseable: Experiencia previa en procesos de articulación para la incidencia en políticas públicas referidas a temas propios de los derechos humanos.

  • Deseable: Habilidades y disponibilidad para redacción y traducción de informes, escritos legales, boletines y otros documentos en español e inglés.

Condiciones laborales:
  • La oficina del Cepad está ubicada en Guadalajara, Jalisco, en donde se realizan la mayor parte del trabajo, sin embargo, algunas actividades se llevarán a cabo en otras regiones de la entidad, del país y del extranjero cuando sea necesario.

  • Trabajo de tiempo completo.

  • Oportunidad de desarrollo profesional.

  • El contrato de trabajo será por 6 meses, y con posibilidades de ampliarlo por otro periodo más.

Las personas interesadas deberán enviar a la dirección electrónica: desarrollo@cepad.org.mx la siguiente documentación, indicando en el espacio de asunto: CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL ÁREA DE INCIDENCIA:

  • Currículum vitae (máximo tres cuartillas).

  • Una carta de intención en donde explique su interés en formar parte del Cepad (máximo 1 cuartilla).

  • 2 cartas de recomendación laborales (de preferencia de organizaciones civiles de derechos humanos).

  • Copia de la cédula profesional.

  • Un documento escrito realizado por la persona aspirante que acredite sus capacidades de argumentación, análisis y redacción sobre el contexto de desapariciones de personas en Jalisco (máximo tres cuartillas).

  • Se valorará el envío de documentos desarrollados por la/el candidata/o en formato digital.

Procedimiento para la selección de aspirantes al puesto:

 

1 – Recepción de solicitudes: del 23 de abril de 2019 al 7 de mayo de 2019.

2 – Revisión de solicitudes y selección de aspirantes al puesto: 8 de mayo de 2019.

3 – Notificación a personas aspirantes seleccionadas para la siguiente etapa: 9 y 10 de mayo de 2019.

4 – Entrevistas con candidatas y candidatos seleccionados/as: 13 y 14 de mayo de 2019.

5 – Análisis y definición de la persona a quien se propondrá el puesto: 15 y 16 de mayo de 2019.

6 – Selección de una candidata o candidato: 17 de mayo de 2019.

7 – Incorporación formal al equipo: 3 de junio de 2019.

Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada. La persona aspirante, con su participación y el envío de su aplicación dentro del proceso de convocatoria y contratación, da fe de cumplir con el perfil solicitado y asegura la autenticidad de la información que brinda y de todos los soportes documentales que se le puedan solicitar.

 

 

 

Categorías
Informes de Derechos Humanos

Libertad de Expresión: Obstáculos y Contexto en 2018

Sergio René de Dios Corona

En medio de una “profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos” de la población, la violencia en sus diversas manifestaciones contra periodistas mexicanos marcó el año 2018. El ataque expansivo contra los periodistas y el periodismo “representa hoy la amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión en México”, alertó en junio de ese año el Informe Especial sobre la situación de la libertad de expresión en el país, realizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (cidh-oea, 2018).

Aunque extendidos a la población en general, a menudo los hechos de violencia se han dirigido a quienes son más indispensables para dar a conocer la situación de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad, advirtieron en el informe especial los relatores especiales para la libertad de expresión de la cidh, Edison Lanza, y de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y expresión, David Kaye, ambos especialistas en el tema: “Se trata de violencia que busca sofocar el debate público y la participación cívica, que constituye un ataque general a la esencia de la vida democrática en México a nivel local, estatal y nacional” (cidh-oea, 2018).

A su vez, en el Balance 2018 de periodistas asesinados, secuestrados y desaparecidos, la organización Reporteros Sin Fronteras denunció que México “es el país en paz más mortífero para los periodistas”. En México “abundan los predadores de la prensa”. Los periodistas que trabajan en temas relacionados con la corrupción de los políticos, sobre todo los locales, o con el crimen organizado, a menudo son víctimas de intimidaciones, agresiones y asesinatos (Reporteros Sin Fronteras, 2018).

Este mismo balance –que abarca desde el 1 de enero hasta el 1 de diciembre de 2018–, señala que la impunidad debida a la corrupción que reina en todo el país alcanza niveles récord y alimenta ese círculo vicioso de violencia. Hasta ese día, la agrupación contabilizaba nueve periodistas mexicanos asesinados. “Las medidas de protección que se otorgan a los periodistas amenazados a menudo son insuficientes e ineficaces” (Reporteros Sin Fronteras, 2018).

El clima de violencia hacia los periodistas también se registró en las elecciones federales de 2018, además de los comicios en ocho entidades y sus municipios. A pesar de la denuncia, la violencia generalizada en contra de las y los periodistas no ha cesado, incluso, sigue en aumento, también denunció la Red #Rompe el Miedo (rrm).1

Para el proceso electoral, la rrm documentó 185 agresiones en contra de periodistas y otros integrantes de la red, de las cuales 75.9% fueron cometidas por integrantes y candidatos de partidos políticos y por funcionarios públicos, sin que hasta el momento se conozca públicamente si las autoridades correspondientes han iniciado algún proceso que dé seguimiento a las decenas de agresiones perpetradas. “De esta manera, y sin lugar a duda, los contextos electorales se caracterizan por ser los más adversos y violentos contra el ejercicio de la labor informativa en México”, señaló la rrm, integrada por más de 800 periodistas.

Asimismo, añadió en su documento Elecciones 2018, publicado en octubre de ese año, que cada que un periodista sufre alguna agresión “se enfrenta además a violencia institucional en la que se ejerce la impunidad a tal grado, que el proceso de investigación, seguimiento y reparación del daño es revictimizante, tedioso y prácticamente inexistente” (rrm, 2018). Así, en las conclusiones anota que los ataques a la prensa y a quienes comunican, representan hoy en día la mayor amenaza a la libertad de expresión y un menoscabo a la democracia de México.

A pocos días de concluir 2018, los ataques mortales contra periodistas continuaban. El 4 de diciembre, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato en Nayarit de Jesús Alejandro Márquez Jiménez. También recordó que desde enero de ese año se desconocía el paradero del periodista Agustín Silva, desaparecido en Oaxaca. Días más tarde, el 13 de diciembre, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la cidh se sumó a la condena de ese crimen y a otro más, el de Diego García Corona, cometido en el Estado de México.

Con una cifra similar a la del año 2017, al menos 12 periodistas fueron asesinados en México por motivos vinculados a su labor profesional, “lo que sugiere que la violencia contra periodistas continúa afectando de manera grave a la sociedad mexicana”, advirtió la relatoría de la cidh.

El gobierno federal de México creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, sin embargo, es ineficiente y no ha impedido los asesinatos de quienes estaban protegidos, señaló en octubre de 2018 Emmanuel Colombié, Director del despacho Américas, de Reporteros Sin Fronteras.

En octubre de 2018, el Consejo de ese mecanismo alertó que el gobierno federal no entregó los suficientes recursos para que 727 defensores de derechos humanos y periodistas no quedaran sin medidas de protección por lo menos hasta diciembre. De manera “irresponsable”, el gobierno de Enrique Peña Nieto cierra su sexenio incrementando el nivel de riesgo de quienes se encuentran bajo resguardo de dicho mecanismo y “dejando con una mínima capacidad operativa” al equipo de la Coordinación Nacional Ejecutiva.

De los 12 asesinatos de periodistas cometidos en 2018, dos ocurrieron en diciembre, durante la primera semana de gobierno de la nueva administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, surgido del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Las cifras de periodistas asesinados difieren según la fuente: el mecanismo de protección enumera en su sitio web 18 asesinatos de “personas periodistas”, en tanto que otros organismos indican que fueron 12.

La perspectiva de los organismos nacionales

Cada vez que un periodista es asesinado, los organismos internacionales suelen instar a las autoridades mexicanas a fortalecer sus políticas de prevención y protección de todo tipo de violencia contra el gremio y los medios de comunicación, y a investigar de forma completa, efectiva e imparcial los crímenes, esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Sin embargo, la impunidad es el sello de los ataques.

El 2 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) denunció que autoridades de los tres órdenes de gobierno han incumplido su deber de prevenir, investigar y sancionar los crímenes contra los periodistas, lo que ha generado un alto índice de impunidad. De las 176 averiguaciones previas relacionadas con distintos delitos contra periodistas, de acuerdo con la Recomendación General núm. 24 de 2016, de este organismo, “el resultado es trágico” al observar que sólo en 10% de los casos hubo sentencia condenatoria y en 90% restante “impera la impunidad” (cndh, 2018a).

Según la cndh, en los casos de desaparición de periodistas y atentados contra instalaciones de medios informativos, la impunidad es de 100%. Un ejemplo ocurrido en 2018 es que el 20 de diciembre unos desconocidos abandonaron una hielera con una cabeza humana y una pancarta con amenazas contra el periódico Expreso y otros medios informativos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. En 2012, el mismo impreso enfrentó una situación de riesgo, luego de que unos sujetos hiceron estallar un vehículo con explosivos, a pocos metros del sitio en que se localizaron la hielera y la pancarta.

De acuerdo con los datos de la cndh, desde el año 2000 y hasta el 2 de noviembre de 2018, se habían cometido 140 homicidios de periodistas, 21 se encontraban desaparecidos desde 2005 y se habían cometido 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación, contabilizadas a partir de 2006. Detalla que más de la mitad de los homicidios se concentran en cinco entidades: Veracruz (22), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (15) y Chihuahua (14).

En 2018 la cndh emitió tres recomendaciones en las que acreditó violaciones a los derechos humanos en agravio de periodistas: la 88/2018, tras el homicidio en 2004 de un periodista en Tamaulipas; la 89/2018, derivada del asesinato de un periodista en Veracruz en 2016; y la 91/2018, a raíz de tres atentados que se perpetraron contra un periodista de Baja California en 2016 y 2017. La lectura de las recomendaciones evidencia cómo, además de victimados o de ser objeto de agresiones, la exigencia de justicia en cada caso se convierte en un calvario para la familia o el propio agredido, sin que los señalamientos de la cndh necesariamente se cumplan, debido a no ser vinculantes u obligatorios para las autoridades.

En su Informe anual 2018 (cndh, 2018b), presentado en enero de 2019, la cndh actualizó los datos y, en el marco del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, dio a conocer que en el periodo comprendido entre el año 2000 hasta el 20 de diciembre de 2018, se registró un total de 141 homicidios de periodistas, de los cuales 15 casos corresponden a mujeres, lo que equivale a 10.6% de las víctimas.

Como parte de sus acciones, la cndh recurre a las llamadas Medidas Cautelares, mediante las cuales requiere a las autoridades “acciones o abstenciones por parte de las y los servidores públicos a fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos, o la producción de daños de difícil reparación a las personas afectadas, así como para solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron.” (cndh, 2018b).

Dichas solicitudes de medidas precautorias, por parte de esta instancia para proteger periodistas, aumentaron a consecuencia del incremento en la frecuencia y gravedad de las agresiones contra los informadores profesionales. En 2014 sumaron 11; en 2015 se contabilizaron 16; para 2016 llegaron a 27; un año después, la cifra fue de 66 y –siempre al alza– en 2018 se dispararon para alcanzar 96, lo que la cndh calificó como “alarmante”.

A pesar de lo anterior, esta instancia reconoció que implica una “situación estructural de violencia”, que se agudiza y subsiste debido a la impunidad y la autocensura puesto que la mayoría de las entidades federativas no cuentan con agencias especializadas para la investigación de delitos en contra de periodistas y personas defensoras.

Esta circunstancia es preocupante ya que el Estado tiene una responsabilidad, sustentada en sus obligaciones de prevención y protección cuando existe el riesgo de que se produzcan crímenes en contra de periodistas por situaciones concretas en que las autoridades saben o deberían haber sabido que hay un riesgo real e inmediato de que se cometan estos delitos, tal y como fue manifestado por la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la cidh.

En marzo de 2018, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, en su investigación “Soy periodista, no criminal” denunció que si bien los asesinatos y desapariciones de periodistas representan agravios extremos a la libertad de expresión, existen otros procesos de agresión contra el gremio periodístico que transitan de la esfera de violencia física a la digital y a la judicial (Propuesta Cívica, 2018).

Este mismo Centro señaló que, actualmente, la política pública orientada a proteger el ejercicio periodístico se mantiene inacabada, pues se ha enfocado a atender las agresiones físicas, pero ha desatendido los mecanismos jurídicos y judiciales que muchas veces son utilizados como armas de agresión.

“Ejercer este tipo de violencia contra periodistas por su labor de investigación e información, mantiene efectos transgresores de derechos y representa un retroceso en la construcción democrática. Muchas ocasiones puede transitarse de una criminalización o acoso judicial, a una amenaza, hasta llegar incluso a violaciones graves de derechos humanos, como el asesinato o desaparición forzada de quienes ejercen la actividad periodística”(Propuesta Cívica, 2018).

El caso de Jalisco

Es importante recuperar y conocer las condiciones y el ambiente de agresiones en el ámbito nacional hacia la prensa y sus trabajadores, como contexto que permite situar y analizar lo que sucedió en Jalisco durante 2018 en cuanto a la libertad de expresión, un derecho humano fundamental e inalienable, “requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática”, como señala la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada en 2000 por la cidh.

Un rasgo de lo sucedido en el nivel estatal en 2018 son las relaciones ríspidas de una parte de los periodistas y medios informativos con el ahora gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. En pleno proceso electoral, el entonces precandidato por Movimiento Ciudadano (mc) a la gubernatura, se presentó el 3 de enero de ese año en el programa Forma y Fondo, de Radio Metrópoli, a una entrevista con los periodistas Jorge Octavio Navarro y Mario Muñoz Loza.

El alcalde con licencia de Guadalajara llegó molesto, con un “expediente” detallado que contenía la transcripción de 385 menciones, de las cuales, dijo, 342 eran negativas. En el programa reclamó por las opiniones críticas a su gestión al frente del Ayuntamiento, lo que fue un acto intimidatorio hacia ambos informadores. “Traigo una carpeta grandotota porque lo que hice fue ponerme a leer una vez más todos los programas que ustedes hicieron en dos años, que estuvimos revisando, quisiera nada más darles este dato para que entiendan de lo que quiero hablar, ustedes hicieron menciones sobre un servidor en 385 programas, de esas 385 menciones, 342 fueron negativas” (Revista Etcétera, 2018)

Alfaro Ramírez argumentó esa mañana a su favor que, como señaló un organismo, el municipio es el más transparente del país; que ha realizado transmisiones en vivo de sesiones de comisiones de adquisiciones y obras públicas; y rechazó ser autoritario o que no escuche y, sin ofrecer pruebas, mencionó que hay ataques a su administración que vienen con guion promovido desde el Partido Revolucionario Institucional (pri), su partido opositor.

Durante su gestión como presidente municipal de Guadalajara, Alfaro Ramírez no usó su derecho de réplica para precisar, matizar o desmentir las menciones, a pesar de contar con una Dirección de Comunicación Social y a que con recursos del erario pagó a tres empresas que manejan su comunicación e imagen (Indatcom, Eu Zen y La Covacha), incorporadas a su proyecto político desde que fue alcalde de Tlajomulco de Zúñiga.

La construcción del “expediente” personal de ambos periodistas fue la arrogante demostración de un acto de poder ejercido contra opiniones críticas, que recordó las “fichas” que grupos políticos, corporaciones de seguridad y aparatos de inteligencia suelen elaborar de cada periodista para de ser necesario presionarlo, amenazarlo o reprimirlo; fichas que en anteriores sexenios estatales también se elaboraron.

Uno de los antecedentes de la “carpetota” exhibida en el programa radiofónico por Alfaro Ramírez, donde mostró su irritación hacia determinados medios informativos o periodistas, ocurrió meses antes, el 2 de junio de 2017. Durante la inauguración de obras de pavimentación en una colonia tapatía arremetió contra tres medios informativos impresos al declarar frente a los vecinos: “Quiero ver a todos esos que escriben tantas cosas de mí, al Mural, al ntr, a La Crónica, a todas esas basuras que escriben cosas todos los días, denigrando, ofendiendo, atacando. Quiero ver qué han hecho ellos como esto [las obras], que le llegue a los talones para cambiar la realidad” (Montiel, 2017).

Además de reclamar, Alfaro Ramírez habló de cómo se concibe a sí mismo, a su propuesta política y a su grupo político: “Porque somos de las últimas esperanzas que quedan en este país; no exagero, de las últimas esperanzas que quedan, y a veces cuando uno ve eso [las críticas de los medios informativos]; cuando uno se da cuenta que todo el día están dando y dando y dando para ver si te doblas, hay veces que uno termina en la noche y dices, ‘¿qué necesidad tengo de esto’”.

Desde esa visión política escasamente autocrítica, se puede inferir por qué es repelido cualquier comentario o crítica pues –en su lógica– ciertos periodistas y medios informativos atentan contra una de las “últimas esperanzas” que le quedan a México. La relación rasposa con determinados medios informativos y periodistas desde quien asumió la gubernatura de Jalisco el 6 diciembre de 2018, está presente luego de que Alfaro Ramírez suele confundir las críticas con ataques personales e imagina que detrás de todos los cuestionamientos está un grupo o partido político que las atiza.

Otro ingrediente presente en la animadversión a determinados medios y periodistas es que el mandatario estatal continuó con su política de comunicación social de apostarle sobre todo a las redes sociales, y menos a los medios informativos. Con el apoyo de las empresas privadas referidas –algunos de cuyos directivos formaron parte de su administración en Guadalajara–, a sus cuentas subió ese año mensajes o videos de sus actividades, informó parte de su agenda y, también, las convirtió en palestra para el debate, la crítica, los desmentidos y las descalificaciones a sus opositores y a la prensa crítica. Sus posturas públicas fueron replicadas con agrios ataques de seguidores y simpatizantes hacia los periodistas que lo cuestionan, lo que generó un ambiente hostil y campañas de linchamiento contra reporteros.

En un comunicado dirigido al gobernador, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Jalisco, llamó la atención en octubre de 2018 sobre el periodismo crítico como necesario para lograr una sociedad informada y participativa. “La libertad de expresión de las personas que realizan labores periodísticas debe ser respetada por las autoridades, quienes además deben abstenerse de alimentar el odio contra los periodistas y los medios de comunicación en un contexto en que estos son con frecuencia agredidos por realizar su trabajo”. La asociación planteó que esperaba que en el próximo gobierno respetara la labor de este gremio “y a través del Ejecutivo se impulsen iniciativas para protegerlos frente a las amenazas de las que son objeto” (Amedi-Jalisco, 2018).

Igualmente, es común que Alfaro Ramírez pague pautas publicitarias para dar a conocer políticas públicas o fijar sus posturas en redes sociales, interesado en que se difundan más por esa vía. A los medios informativos no siempre envió, en esos casos, comunicados oficiales, sino que en el año analizado su equipo recurrió a utilizar Facebook y Twitter, entre otros medios digitales. Las empresas que manejan su comunicación en realidad son aparatos de propaganda a su servicio personal, que promocionan políticamente al gobernante y brincan a reporteros y medios para proporcionar una supuesta información directa a la sociedad jalisciense, con su versión aséptica y acrítica de la administración, sin que medien preguntas o cuestionamientos incómodos.

La publicidad oficial

El 15 de agosto de 2018 sesionó la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado, buscando cumplir con lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Comunicación Social, que el 11 de mayo de ese mismo año, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, obligó a los Congresos locales a adecuar sus marcos jurídicos en ese tema. La comisión aprobó el dictamen que crea la Ley de Comunicación Social del Estado de Jalisco que aplica “el ordenamiento jurídico de austeridad, pone fin al culto a la personalidad de los gobernantes y funcionarios con el uso de recursos públicos, indica el documento que coloca como sujetos obligados a los poderes públicos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados y autónomos, y municipios”.

Dicho dictamen señala que los recursos que se destinen para la comunicación deberán observar lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, que estipula no rebasar 0.3% del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente. Ese mismo día, en el pleno del Congreso del Estado, se le dio primera lectura; sin embargo, la Legislatura concluyó sus trabajos, y la nueva, que entró en funciones el 1 de noviembre de 2018, no la agendó ese año para su segunda lectura, a fin de que el pleno la discutiera y, en su caso, la aprobara. Es decir, la mantuvo en suspenso.

Días después de tomar posesión como gobernador, Alfaro Ramírez anunció que el presupuesto para comunicación social se reduciría durante su gestión, pero —con la misma política de su antecesor, el priista Aristóteles Sandoval— no precisó los criterios con que se distribuirán esos recursos a los medios informativos de Jalisco y, mediante el decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio 2019 estableció, en el artículo 4, que las partidas 3611, 3631, 3661 y 3691, a través de las cuales se ejercen recursos en materia de comunicación, son de “ampliación automática”.

Es decir, si durante 2019 la administración alfarista dispone de más recursos, podrá ampliar los 240.4 millones de pesos presupuestados para todo el año, con el único limitante de no exceder el equivalente a 0.3 por ciento del presupuesto total, que asciende a 116 mil 946.2 millones de pesos, y que para comunicación social podría llegar a 350.8 millones de pesos (Congreso del Estado de Jalisco, 2018).

Sin la aprobación de la Ley de Comunicación Social del Estado de Jalisco, que especialistas critican por considerar que está peor que la ley federal que entró en vigor el 1 de enero de 2019, la regulación de la distribución de la publicidad oficial en Jalisco está pendiente y, con ello, el riesgo de que se utilice para castigar o premiar a tales o cuales empresas informativas, según sea o no del agrado gubernamental su línea editorial.

Se van profesionales

Desde una perspectiva de la libertad de expresión, que en el caso de los medios informativos exige contar con calificados profesionales de la información, durante el inicio de la actual administración estatal algunos periodistas formados renunciaron a sus empresas contratantes para integrarse a los equipos de las autoridades que triunfaron en las elecciones de 2018. Es el caso, por ejemplo, de periodistas que se sumaron al gobierno estatal y al municipio de Zapopan. Se perdió con eso el oficio y la experiencia acumulada de quienes partieron.

El traspaso de periodistas a la función pública se trata de un fenómeno que se repite desde hace décadas cada tres años, con el cambio de administraciones, en parte derivado de las condiciones de trabajo que prevalecen en Jalisco para los informadores: en muchos casos con bajos sueldos; incertidumbre de su futuro laboral; outsourcing que contrata personal para empresas de comunicación; pagos sin estar en nómina, y por tanto sin prestaciones; en ocasiones, largas jornadas obligadas por tener dos empleos, muchas veces sujetos a malos tratos o líneas editoriales oficialistas; con un ambiente hostil de parte de algunos funcionarios; de linchamientos en redes sociales a su trabajo si es de denuncia, entre otras situaciones adversas.

El entorno laboral en 2018 también tuvo repercusiones en la planta laboral, luego de que ocurrieron recortes de personal en empresas informativas locales, no sólo de reporteros sino de columnistas, como sucedió en Milenio-Jalisco, El Informador y Mural.

Las salas de redacción tienden a achicarse y a incrementar la carga laboral de los periodistas, luego de la crisis que en su modelo de negocios enfrentan las empresas en la transición hacia un periodismo cada vez más digital, pero sin capacidad de allegarse suficientes recursos para operar de manera eficiente en términos informativos y subsistir de forma decorosa con ingresos económicos aceptables.

También en 2018, la libertad de expresión se vio acotada si la revisamos desde la perspectiva del derecho a la información, que cada vez la pervierten más los llamados “sujetos obligados” a través de sus equipos de las Unidades de Transparencia. Ese derecho se usa como un recurso para dosificar la información, ya sea mediante solicitudes de información o la puesta a disposición en los sitios de transparencia. A través de las solicitudes de información, los periodistas enfrentan procesos parajudiciales que los fuerzan a desarrollar habilidades de abogado, lo que complica aún más el acceso en el caso de un ciudadano común.

La práctica seguida desde las unidades de transparencia es que si la información es “comprometedora” desde la visión del funcionario público que no cumple con su responsabilidad, entonces la entrega incompleta, distinta a la solicitada, o responde que no es de su competencia para obligar al solicitante a interponer recurso ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (itei) y así ganar tiempo y, por cansancio, hacer que el reportero se desista. Considerar la información pública como un bien privado prosigue como una práctica en oficinas gubernamentales.

En el comunicado ya citado, la Amedi-Jalisco abordó la transparencia, así como la rendición de cuentas cabal y expedita, que consideró “deben ser los rasgos distintivos de la gestión pública si se pretende, como se ha dicho, lograr una refundación de Jalisco sustentada en los hechos más que en la retórica”. Por ello, consideró necesario asegurar que el (itei) disponga de lo necesario para atender sus obligaciones, incluyendo las relacionadas con la protección de datos personales.

Una queja de reporteros en la actual administración –que se repite de las anteriores– fue que luego de la reingeniería anunciada de las direcciones o coordinaciones de comunicación social estatales, cada vez más se dificulta entrevistar a funcionarios. La descoordinación, las evasivas, las excusas son parte de las vallas para acceder a la información cara a cara o que los funcionarios opinen de tal o cual asunto, salvo cuando se trata de una entrevista “banquetera” o ruedas de prensa convocadas ex profeso.

Posicionamientos

En octubre pasado, la Amedi-Jalisco hizo un llamado al ahora gobernador para que atendiera los desafíos que en materia de libertad de expresión y derecho a la información se vislumbran en los próximos seis años. Uno de ellos se relaciona con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (sjrtv), que debe sobresalir por su autonomía e independencia editorial respecto al poder político. “De ahí la importancia de designar a un director con trayectoria y experiencia reconocida en medios de comunicación que fortalezca el sentido de servicio público que debe tener este Sistema. Es urgente una reforma a su ley orgánica que considere su autonomía de gestión y que lo lleve a ser un vehículo comunicativo y cultural verdaderamente público y de calidad” (Amedi, 2018). Sin embargo, hasta el 31 de diciembre el gobierno estatal aún no nombraba titular al sjrt, que se mantenía a la deriva.

También la Amedi señaló que persiste una brecha tecnológica significativa entre los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara y quienes viven en otras regiones de la entidad. Ante ello, la Amedi-Jalisco consideró urgente “delinear e implementar un plan de infraestructura que propicie y mejore el acceso y el uso universal de las tecnologías de la comunicación entre los habitantes de Jalisco, y que complemente lo hecho a través del proyecto nacional México Conectado u otros que diseñe el próximo gobierno federal” (Amedi, 2018).

Antes de que tomara posesión Alfaro Ramírez, la Amedi-Jalisco puntualizó que el voto de confianza que la ciudadanía emitió a través del sufragio no es un cheque en blanco. Antes bien, es la materialización de las expectativas de un pueblo que sistemáticamente ha sido decepcionado por sus representantes. Estar a la altura de sus necesidades no es una gracia sino la exigencia más elemental.

La libertad de expresión no se mendiga; se ejerce. Está salvaguardada por la Constitución Política del país, que obliga a las autoridades, según el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos, el de expresar, recibir y difundir opiniones, pensamientos e informaciones por cualquier medio posible, sin restricción de fronteras y sin otros límites que los establecidos por la Carta Magna y sus leyes. Corresponde a la sociedad en su conjunto, a los ciudadanos, a los medios informativos y periodistas exigir a las autoridades su cabal cumplimiento.

Finalmente –hay que destacarlo–, son numerosos los periodistas y programas de distintos medios informativos que realizan periodismo de calidad, sustentado en información confiable, en investigaciones periodísticas a fondo, en la independencia de criterio editorial frente a las presiones que surgen, y que con su labor profesional visibilizan y ponen a debate en la esfera pública, temas de interés colectivo. Contribuyen de esa manera a mantener vigente la libertad de expresión y el derecho de los jaliscienses a estar bien informados.

Referencias

AMEDI-JALISCO (2018). “Comunicado sobre llamado al próximo gobierno estatal en materia de derechos a la comunicación de los jaliscienses”. Disponible en: http://www.amedijalisco.org.mx/comunicados/comunicado-sobre-llamado-al-proximo-gobierno-estatal-en-materia-de-derechos-a-la-comunicacion-de-los-jaliscienses/ [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CIDH-OEA (2018). “Informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en México”. Disponible en: http://oas.org/es/cidh/expresion/docs/2018_06_18%20CIDH-UN_FINAL_MX_report_SPA.PDF [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CNDH MÉXICO (2018a). Denuncia CNDH impunidad del 90% en homicidios de periodistas y demanda a las autoridades garantizar investigaciones profesionales y efectivas que consideren la labor de los comunicadores, Comunicado de Prensa DGC/349/18 el 2 de noviembre de 2018, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_349.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CDNH México (2018b). “Informe Anual 2018 de la CNDH”. Disponible en: http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2018/IA_2018.pdf, [Consultado el 21 de marzo de 2019].

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, Decreto 27225/LXII/18 del presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 201, sus anexos y la plantilla de personal, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 22 de diciembre de 2018, disponible en: https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-22-18-vi_1.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

MONTIEL, Adrián. “Alfaro arremete nuevamente contra medios impresos locales” en El Diario ntr – Guadalajara. 2 de junio de 2017.

PROPUESTA CÍVICA (2018). “Soy periodista no criminal”. México, disponible en: http://www.propuestacivica.org.mx/soy-periodista-no-criminal.html [Consultado el 21 de marzo de 2019].

RED ROMPE EL MIEDO (2018). “Informe Elecciones 2018”. Disponible en: https://informaterompeelmiedo.mx/wp-content/uploads/2018/10/RRM-informe-elecciones-2018.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

REPORTEROS SIN FRONTERAS (2018). “Balance de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo”. Disponible en: https://rsf-es.org/_files/200006207-844ad85454/2018_RSF_BALANCE_ANUAL.pdf [Consultado el 21 de marzo de 2019].

REVISTA ETCÉTERA (2018). “Alfaro saca la ‘lista negra’ de críticas en su contray niega ser intolerante”. Ciudad de México.

Notas:

1 Lo relativo a la Red Rompe el Miedo se puede ver en: <https://twitter.com/rompemiedo>.

Categorías
INFORME Informes de Derechos Humanos

Los Rostros Invisibles de la Tortura

Basado en el testimonio de: Salvador Carmargo

Redacción: Cepad

La mañana del trece de abril de 2014, Luis Enrique Camargo Herrera fue detenido de manera arbitraria en la ciudad de Guadalajara, Jalisco por los policías investigadores Arnoldo Gómez Guzmán, Luis Ángel Hernández Morales y Jorge Luis Castañeda Luévanos, adscritos al Área de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Después de su detención, Luis fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de la calle 14, ubicadas en la colonia Colón Industrial, donde fue torturado física, psicológica y sexualmente durante varias horas con la finalidad de que se declarara culpable de haber cometido un homicidio. Ese día, no solamente cambió la vida de Luis, sino también la de toda su familia, quienes hasta la actualidad sufren las consecuencias de estas graves violaciones de derechos humanos.

Comúnmente se piensa que la tortura solamente afecta a las y los sobrevivientes, es decir, aquellas personas que vivieron en carne propia los golpes, las amenazas y demás vejaciones, invisibilizando los sufrimientos que viven sus familiares, amigos y amigas cercanas, compañeros y compañeras de trabajo y escuela, así como a sus vecinos y vecinas. Sin embargo, al igual que la tortura psicológica, a pesar de que no es evidente, existe, y puede constatarse en el dolor de las y los familiares. Las y los otros que sufren y son violentados sistemáticamente, son los rostros invisibilizados de la tortura.

En este caso, este rostro lleva el nombre de don Salvador Camargo Herrera, papá de Luis, quien desde hace cinco años emprendió su lucha por justicia y verdad. A sus 76 años, don Salvador se mueve despacio pero con firmeza a donde quiera que camina. Apoyado solamente por su bastón llega hasta los lugares más lejanos, entre ellos a la Comisaría de Sentenciados donde su hijo Luis se encuentra privado de la libertad desde 2014.

Incansable en su camino a encontrar justicia para su hijo, don Salvador tocó todas las puertas imaginables, ninguna se abrió para brindarle respuestas. Sin duda, este arduo caminar ha dejado huellas en su vida. Pero no ha sido capaz de quitarle la esperanza ni su manera única de ver el mundo, siempre generosa, aguda y bromista.

Al tener que pasar por estos terribles sucesos, la vida de don Salvador y la de su familia cambió dramáticamente. Enfrentándose a un sistema de justicia fallido en un proceso plagado de irregularidades, y a una sociedad indolente que condena a Luis sin ni siquiera conocerlo, ni saber lo que le pasó.

El sufrimiento de don Salvador comenzó desde el momento que detuvieron a Luis, ya que en ningún momento le permitieron avisar a sus familiares que había sido detenido. Don Salvador cuenta:

“Ellos dicen que me avisaron que Luis fue detenido, pero yo nunca recibí ninguna llamada de Luis. Me apoyé en locatel y ellos me informaron que Luis estaba detenido en Fiscalía. Llamé a la fiscalía y me preguntaron quién era yo y por qué le llamaba. Dije que soy el papa de Luis. Les di mi nombre y número de teléfono sin esperar que ellos iban a utilizar estas informaciones para agregarlas a sus informes diciendo que han dado Luis la oportunidad de llamar a su familia. (…) Fue terrible esa cosa. Es la primera vez que detienen a un familiar mío”.

Para don Salvador, es muy difícil relatar la tortura que vivió Luis; sin embargo, cree que es importante platicarlo para que se conozca la verdad, y que la gente sepa cómo actúan las autoridades. Al respecto, don Salvador narra lo siguiente:

Le dieron como cuatro sesiones de tortura inenarrables, porque le dieron en sus partes toques con una chicharra, le dieron toques en los dos dedos gordos de los pies, le pusieron la chicharra en sus dedos y sus genitales, le dieron golpes en los oídos, cachetadas, le dañaron el tímpano. También le pusieron una manguera en la boca y le pusieron un trapeador encima, le abrieron a la llave para que se ahogara, lo ahogaron, y ya cuando vieron que ya probablemente había fallecido, le sacaron rápido la manguera e hicieron maniobras con el pie, pegándole en la espalda para sacarle el agua y empezó a reaccionar. Es duro contar eso, porque, pobrecito mi hijo (….) es muy difícil.”

El impacto de lo sucedido a Luis es imposible medir. Lo que sí se puede constatar con seguridad es que ha cambiado la vida de él y la de toda su familia. Esto se agrava aún más por el hecho de que Luis sigue privado de su libertad. Como dice don Salvador: “No solamente el interno sufre, acá afuera también. Todos sufrimos bastante.” Luis era el sostén de la familia. Ahora, don Salvador tiene que buscar cómo mantenerse y cómo apoyar a su hijo: “Es un cambio radical después de estar acostumbrado a que él nos sostenía. Y ya me acabé el dinero ahorrado.”

Al hablar de su hijo, don Salvador se reanima, cuenta con orgullo paternal: “Luis se desempeñaba como jardinero y era conocido por la calidad de su trabajo no solamente en su colonia sino por toda Guadalajara”. Un hombre formal y cumplido que apoyaba a su papá y a su familia. En las palabras de don Salvador: “era mi sostén y nunca faltaba nada”. Todo esto cambió, lo que les quedó son las visitas semanales: “Los dos disfrutamos la visita. Está bonito, en esos momentos se nos olvida todo”. Lo anterior, a pesar de la travesía que implica visitar a Luis:

“Primero, desde un día antes tengo que ir al mercado para elegir qué le voy a comprar y preparar la comida. El día siguiente me levanto a las cuatro de la mañana y preparo la comida. A las siete salgo de la casa y tomo dos camiones. Llego allá cerca de las nueve de la mañana. Siempre tengo que esperar a un camión donde pueda tomar asiento porque no puedo ir parado todo el camino. Es un sacrificio llevar las bolsas, sobre todo cuando uno está discapacitado.

A las nueve abren la puerta y permiten la entrada en la penal. Es una lucha diaria, tiene uno que hacer un sacrificio y más si alguien está enfermo como yo. Es difícil todo eso. Y luego voy cargando la comida, tan viejito que estoy. Me dice Luis que no traiga nada, pero pues tengo que llevarle algo, lo que se pueda. Sí es sufrido. Los ricos no entran, pagan y compran su libertad y nosotros que estamos pobrecitos tenemos que soportar todo eso.

A las dos y media nos tenemos que despedir. Es una disciplina muy estricta ahí. Espero que pronto esté afuera mi muchacho. Varias veces voy los martes, los jueves, los sábados y los domingos a visitarlo. Con gusto lo hago para ver a mi muchachote.”

La salud de don Salvador también se ha ido deteriorando, sufre de diabetes, neumonía crónica y tiene problemas cardíacos:

“Además, soy hipertenso y tengo una discapacidad motriz, ya casi no puedo caminar. Las molestias se han agravado desde la detención de Luis. La diabetes ya la tenía antes, pero se incrementa cuando anda uno estresado, con problemas. La verdad es que de ahí para acá mis fuerzas ya no me alcanzan. Antes llevaba 25 o 30 kilos de frutas, de refrescos, de muchas cosas. Pero ya no puedo, solamente llevo la comida y algún refresquito. La situación como la tienen a mi hijo me tiene muy mal.”

A pesar de sus problemas de salud, para don Salvador, la lucha contra la tortura y por la justicia se volvió la razón de seguir, de no rendirse. Está convencido que las autoridades torturan de una manera generalizada:

“Las autoridades dicen que no hay tortura. A todo el mundo lo torturan. Los mismos policías desde cuando aprenden a las personas ya están golpeando. Yo siento que es con mucha hazaña la persecución de las personas. Deben de ser capaces de hacer una investigación real y efectiva, pero no lo hacen.”

Don Salvador afirma lo anterior con mucha certeza, ya que durante los viajes semanales a la penal, se encuentra con personas que están en la misma situación. Gente que tienen seres queridos privados de su libertad y quienes han sido golpeados y torturados.

“Hay mucha gente que sabe. Muchos internos han sido torturados. Hay muchos casos así, de hecho, la mayor parte de los casos le sacan la confesión a base de tortura, no saben ni investigar los policías. Ellos solamente quieren la firma, el resto les importa poco. Pero nunca van a dejar a torturar. A mi hijo, estos investigadores lo llevaron a un tráiler con los ojos vendados y lo amenazaron. Que yo sepa, nunca van a cambiar. Van a simular más las cosas, pero van a aprender otros sistemas, otras formas de robar.”

Por ello, opina que es tiempo de organizarse:

“Quiero convertirme en un activista en pro de los derechos humanos con toda la fuerza que me queda. Yo me encargaría de encontrar las personas que fueron torturados y les paso a las instituciones que verdaderamente defienden los casos.”

Don Salvador quiere ayudar a que la gente no viva las injusticias que él ha soportado durante estos cinco años. El proceso de su hijo ha estado lleno de muchas irregularidades:

Luis nunca fue defendido por un defensor de oficio de la Fiscalía, fue dejado en un estado de indefensión. Nosotros pusimos una queja ante la Procuraduría Social, y la Procuradora Social que estaba, contestó que ahí estaba la firma del defensor y quecon eso bastaba, que él había cumplido con sus obligaciones, pero para nada, él nunca defendió a Luis”.

A pesar éstas y otras irregularidades que hubo en el proceso, la Jueza Décimo Primero de lo Penal, Gabriela Guadalupe de León Carrillo, sentenció a Luis como culpable del homicidio. Esto ha generado una gran impotencia en don Salvador: “Me siento terrible porque la juez siempre ha estado aferrada a que Luis es culpable”.

En este caminar, don Salvador recurrió a otras institucionales, tales como la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ningún lado recibió apoyo o respuestas:

“ Acudí vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y gastos de camiones y sufrimiento, y nada. La CEDHJ que estaba presidida por Álvarez Cibrián, me mandaron un oficio diciendo que iban a archivar la queja hasta que tuvieran mejores pruebas, porque la Juez había opinado que no había sido torturado. Entonces estaba haciendo la Juez el trabajo de la Comisión Estatal.”

Precisamente por esta falta de respuestas, don Salvador cree que la gente no acude a interponer una queja. Además, considera que existe un estigma sobre la tortura, no se habla de esta, no está en la discusión pública y tampoco hay colectivos de personas sobrevivientes y sus familiares en el estado que pudieran conjuntamente exigir cambios reales.

Increíblemente, después de tantos años de haber pasado en el laberinto de la injusticia llamado México, sigue con esperanza. Con la ilusión que otra vida es posible para Luis:

“¡Qué salga! Quizás así se me detienen mis enfermedades. Espero que todo se componga cuando salga. Todavía tenemos mucha fe en la justicia. Eso me ha ayudado a mí para luchar con más ganas, con más coraje tratar de sacarlo.”

Esperamos que esa justicia llegue este año para don Salvador, Luis y para todas aquellas personas que han sido victimas de tortura en nuestro estado. No obstante, no hay certeza que esto suceda. Muestra de ello es la deficiente implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el estado de Jalisco. Así como, el nombramiento en el mes de diciembre del 2018 de Gerardo Octavio Solís Gómez, actual titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a quien le han dirigido múltiples Recomendaciones de organismos locales, nacionales e internacionales por casos de tortura.

Actualmente, Luis sigue privado de su libertad, aunque ahora con el acompañamiento jurídico del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quien interpuso a su favor la demanda de amparo directo en contra de la resolución de apelación dictada por las magistrados de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco— Juan José Rodríguez López, Guillermo Valdez Angulo y Antonio Flores Allende— que confirma la sentencia condenatoria de la Jueza Gabriela Guadalupe de León Carrillo. El Tribunal Colegiado ya ordenó que se repusiera el procedimiento del juicio penal, esto frente a las irregularidades existentes validados por la Jueza.

Sin lugar a dudas, don Salvador y Luis tienen fe en que se haga justicia y que, después de cinco largos y tortuosos años, por fin se reconozca la inocencia de Luis y salga en liberta y que como dice don Salvador, la lucha apenas comienza contra los y la responsable de todo esto, y que jamás haya una víctima más de la crueldad de quienes deberían garantizar la integridad, la vida y la justicia.

Otros enlaces de Interés:

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco, 2018

Categorías
Informes de Derechos Humanos

El informe del Cepad y la lectura de la realidad a través de una perspectiva de derechos humanos

Juan S. Larrosa-Fuentes

 

Desde el año 2006 el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad) se ha dado a la tarea de publicar un informe anual sobre la situación que guarda el estado de los derechos humanos en Jalisco. Los informes tienen el ánimo de documentar la realidad desde una perspectiva de derechos y bajo el emplazamiento que supone el trabajo de una organización de la sociedad civil. Los informes no son, de ninguna manera, la palabra final sobre lo que ocurre en el estado en materia de derechos humanos, tampoco son ejercicios que agoten el tema. Sin embargo, luego de más de tres lustros de trabajo, estos informes constituyen una evaluación profesional y coherente sobre el estado de cosas en la entidad.

El entorno y sus problemas pueden ser evaluados a través de una multiplicidad de métodos y perspectivas. Una vía de entrada puede ser a través de la contemplación de la realidad y bajo una perspectiva mística. Otra vía es a través de la ciencia, que su mirada puede estar sujeta a cuantificar la realidad, o bien a cualificarla. Podría enumerar muchos ejemplos más, que combinen métodos y perspectivas. Lo que importa mencionar aquí es que en el informe que anualmente elabora el Cepad, lo decisivo es evaluar la realidad desde la perspectiva de los derechos humanos.

Ahora bien, ¿qué es una evaluación de la realidad desde este emplazamiento? Este método tiene, al menos, tres características esenciales. La primera es que su mirada parte de la situación existencial de los seres humanos en su entorno; la evaluación pues, inicia desde un lugar en específico: el de las personas. De esta perspectiva se desprende la segunda, pues estas personas son sujetos de derechos. Todos los seres humanos, por su mera existencia, tienen derechos que son universales e inalienables. Luego de muchas décadas de luchas políticas, sociales y culturales, estos derechos están plasmados en tratados internacionales, constituciones políticas y leyes, documentos en los que se glosan y explican sus características. Finalmente, la tercera característica es la perspectiva crítica, que tiene que ver con la idea de que el orden de cosas siempre es susceptible de transformarse y mejorar. Contraria a una perspectiva conservadora que busca mantener el orden de cosas, la crítica siempre está en búsqueda de señalar e iluminar las injusticias e inequidades sociales.

Las historias y análisis que contiene este informe tienen una relación con el contexto de violaciones de derechos humanos a nivel local, pero también ecos de la situación que se vive en los niveles nacional y global. Por ejemplo, es evidente que la seguridad pública es uno de los problemas más importantes en México. Las instancias encargadas de tutelar el derecho a la vida, al libre tránsito y a la seguridad están rebasadas por la corrupción endémica de las instituciones, así como por la falta de recursos humanos y económicos. En este gran tema de la seguridad pública, el informe presenta dos artículos que retratan el horror que muchos ciudadanos viven día con día. El libro abre con el relato “Los rostros invisibles de la tortura”, en el que Salvador Camargo narra la violación a los derechos humanos de su hijo, quien ha sido torturado por corporaciones policiales. Este texto ofrece un emplazamiento distinto para denunciar violaciones a derechos humanos, pues quien habla es un familiar de una víctima de tortura quien explica lo difícil que es vivir a sabiendas de que uno de sus hijos ha sido privado de su libertad y vejado físicamente.

Desde que comenzó la malhadada “guerra contra el narcotráfico”, el número de personas que han sido asesinadas, desaparecidas, lesionadas y desplazadas se ha incrementado año con año. Miles de individuos y sus familiares sufren por esta situación de violencia que, lejos de detenerse y controlarse, se ha multiplicado en el tiempo y el espacio. En el sexto artículo del informe, Aaron Medina de Niz ofrece su testimonio, como el de alguien que pertenece a una familia en la que de un día para otro desaparece uno de sus miembros. En el texto “La desaparición forzada de Miguel Ángel”, Aaron narra la desaparición de su hermano. En su relato explica el sufrimiento de una familia que todos los días busca información sobre Miguel Ángel, y detalla la decepción y angustia que provocan las instituciones de justicia que, indolentes, corruptas y rebasadas en su capacidad, se limitan a decir que no hay información.

Al momento de escribir estas líneas, el número de mujeres desaparecidas en Jalisco aumentó significativamente y una ola de acusaciones en contra de hombres que ejercieron violencia física, psicológica y política en contra de mujeres apareció en Twitter bajo la etiqueta #MeToo. Si la seguridad para la población general se ha deteriorado en los últimos quince años, la seguridad para las mujeres está en peor forma. En Jalisco, diversos colectivos de activistas han denunciado la violencia en contra de las mujeres. Al respecto, el informe del Cepad ofrece dos capítulos que muestran las diversas luchas de los colectivos que buscan reivindicar estos derechos. En el capítulo 8, “En estado de alerta. El complejo camino de la solicitud para la activación de la alerta de violencia de género contra las mujeres en Jalisco”, Jacqueline Galaviz, hace un puntal recuento de los múltiples esfuerzos y dificultades que se han enfrentado en el estado para crear dispositivos institucionales que contengan y reviertan los procesos de violencia que se viven en nuestro entorno. En sintonía con este texto, Paola Lazo Corvera, en el capítulo 9, que lleva por nombre “La alerta de violencia de género en Jalisco, vitrina que exhibió otras violencias contra las mujeres”, ofrece un análisis de lo que pasó después de la activación de la alerta y explica que todavía hay un largo trecho en el camino por tutelar y reivindicar los derechos humanos de las mujeres en nuestra entidad.

En otro orden de cosas, que va más allá del nivel nacional, como humanidad estamos inmersos en procesos continuos, cotidianos y violentos de lucha por recursos naturales. En este contexto es común el despojo de recursos por parte de gobiernos y corporaciones a pueblos originales. En el capítulo número 3, “La defensa de la comunidad de San Lorenzo Atzqueltan, de su territorio e identidad”, Carlos Chávez ofrece un pormenorizado relato sobre el histórico hostigamiento al pueblo de Atzqueltan, el cual ha sido objeto de despojos territoriales. Durante 2018, esta comunidad sufrió hechos violentos, como la privación de la libertad de dos de sus líderes. A partir de la resistencia del pueblo, así como de la observación de organizaciones de derechos humanos, estas personas fueron liberadas. Sin embargo, la disputa por las tierras está lejos de resolverse, por lo que seguirá siendo un problema en tiempos venideros. En el capítulo 4, Salvador López, presenta el artículo “La lucha incansable por la justicia continúa. Criminalización en contra de miembros de la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción”. Esta narración ofrece información sobre el estado de cosas de las batallas jurídicas que los pueblos originarios de la Mezcala han entablado por preservar y recuperar su territorio y cultura. No es la primera vez que un informe del Cepad contiene información sobre este caso, por lo que se recomienda a lectores interesados revisar informes anteriores para conocer el desarrollo de la lucha en Mezcala. En el capítulo 7, Carlos Peralta Varela presenta el artículo “El derecho humano al agua en Jalisco durante 2018”, en el que hace una radiografía sobre este recurso natural en la entidad y en particular, presenta una radiografía crítica sobre el estado de contaminación que vive el lago de Chapala.

En nuestro país, pero también en buena parte del mundo, la libertad de expresión vive momentos difíciles. En el caso mexicano asistimos a un escenario en el cual los periodistas viven una gran vulnerabilidad a su seguridad personal, pues muchos han sido asesinados por el crimen organizado y otros tanto han sido violentados física y psicológicamente por gobiernos locales. Por si esto fuera poco, la estabilidad laboral de los periodistas es poca, pues los medios de comunicación viven, desde hace más de una década, en una crisis relacionada con su modelo de negocios. Por otro lado, se ha generado un fuerte clima de polarización entre las élites políticas y los ciudadanos que hace difícil la sana posibilidad de debates y deliberaciones públicas. Sobre estos temas, el informe del Cepad contiene dos textos. El primero de ellos es el capítulo 2, redactado por Sergio René de Dios y titulado “Libertad de expresión: obstáculos y contexto en 2018”. En este texto, el periodista describe y analiza la situación de la libertad de expresión el estado, en donde los periodistas viven cotidianamente las situaciones descritas con anterioridad. El segundo de estos textos aparece en el capítulo 5, “La protesta social en Jalisco: salir a la calle para exigir justica”, de José Carlos Toral, en el que se hace un puntual recuento de las manifestaciones sociales en el estado, muchas de ellas relacionadas con violaciones a derechos humanos descritas en el resto de los artículos del informe, como son las manifestaciones por las desapariciones y violencia feminicida, por despojos de territorios y recursos naturales, entre otros temas.

Finalmente, Heriberto Vega Villaseñor cierra el informe con el capítulo “Éxodo migrante en su paso por Guadalajara” en el que se contextualiza la caravana de migrantes que salió de varios países de Centroamérica con rumbo a Estados Unidos y que pasó por la capital del estado de Jalisco. El caso de la caravana migrante ejemplifica claramente las consecuencias de poblaciones que viven bajo largos periodos de violación a sus derechos humanos. Ante la desesperación de vivir en un entorno que carece se seguridad, de estabilidad económica y laboral, y de condiciones para vivir en paz y tranquilidad, muchas personas se han organizado para buscar una mejor vida en Estados Unidos.

Los informes del Cepad han buscado evaluar la realidad de Jalisco a partir de una mirada que privilegia ver desde los sujetos, y bajo una perspectiva crítica de derechos humanos. A diferencia de otros informes sobre la realidad, en los ejercicios del Cepad las y los lectores encontrarán textos que no se conforman con recolectar y sistematizar cifras estadísticas sobre los problemas del estado, sino que tejen narraciones a partir de la mirada de aquellos que han sufrido violaciones a sus derechos fundamentales. Los casos que se presentan enfatizan en la necesidad y relevancia de nombrar los problemas de una comunidad en clave de derechos humanos, pues no es lo mismo reportar la muerte de mujeres, que señalar que en Jalisco desaparecen y mueren las mujeres en un contexto de violencia feminicida; no es lo mismo reportar sobre la existencia de litigios por tierras en zona rurales, que entender estos procesos jurídicos como una defensa del territorio por parte de pueblos originales; no es lo mismo nombrar los problemas de contaminación de cuerpos de agua, que pensar en que esa contaminación viola derechos fundamentales de una comunidad. En resumen: la forma en cómo nombramos las cosas, también construye y transforma la realidad. En este plano es en el que operan los informes del Cepad: como una estrategia de defensa de derechos humanos en el plano discursivo, que complementa las acciones de litigio estratégico que cotidianamente se trabajan en esta organización.

 

ENLACES DE INTERÉS

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2018

Categorías
Informes DDHH Jalisco

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2018

Desde el año 2006 el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad) se ha dado a la tarea de publicar un informe anual sobre la situación que guarda el estado de los derechos humanos en Jalisco. Los informes tienen el ánimo de documentar la realidad desde una perspectiva de derechos y bajo el emplazamiento que supone el trabajo de una organización de la sociedad civil. Los informes no son, de ninguna manera, la palabra final sobre lo que ocurre en el estado en materia de derechos humanos, tampoco son ejercicios que agoten el tema. Sin embargo, luego de más de tres lustros de trabajo, estos informes constituyen una evaluación profesional y coherente sobre el estado de cosas en la entidad.

CONTENIDO

  1. El informe del Cepad y la lectura de la realidad a través de una perspectiva de derechos humanos
  2. Los Rostros Invisibles de la Tortura
  3. Libertad de Expresión: Obstáculos y Contexto en 2018
  4. La Defensa de la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán de su Territorio e Identidad
  5. La Lucha Incansable por la Justicia Continúa. Criminalización en Contra de Miembros de la Comunidad Indígena de Mezcala de la Asunción
  6. La Protesta Social en Jalisco: Salir a la Calle Para Exigir Justicia
  7. La Desaparición Forzada de Miguel Ángel: “Fue la Marina”
  8. El Derecho Humano al Agua en Jalisco Durante 2018
  9. En Estado De Alerta. El Complejo Camino de la Solicitud para la Activación de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en Jalisco
  10. La Alerta De Violencia De Género En Jalisco, Vitrina que Exhibió otras Violencias Contra las Mujeres
  11. Éxodo Migrante en su Paso por Guadalajara

Categorías
Comunicado Tortura

A un año de la aprobación de la Ley General contra la Tortura, instituciones del más alto nivel incumplen y violan la norma

Ciudad de México a 25 de junio de 2018. Este 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, se cumple un año de la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General). A pesar de los avances en la materia, instituciones de alto nivel como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia han tomado acciones regresivas o abiertamente violatorias de la nueva norma que obstaculizan la erradicación de la tortura en el país.

En ese sentido, resulta sumamente preocupante la adopción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una tesis de jurisprudencia que contradice la regla absoluta de considerar inadmisible cualquier prueba obtenida bajo tortura, la cual es una obligación reconocida en la Ley General, pero también un deber preexistente del Estado mexicano de acuerdo al Derecho Internacional. La tesis, que representa una regresión frente a la jurisprudencia previa del Máximo Tribunal, dispone que no es necesario reponer un proceso penal donde la persona sentenciada afirma que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura, salvo que exista autoincriminación (normalmente una confesión)1. Este lenguaje deja abierta la posibilidad de utilizar declaraciones obtenidas bajo tortura distintas a una confesión, por ejemplo, cuando se detiene y tortura a un grupo de personas para que se inculpen mutuamente, como ha ocurrido en un sinnúmero de casos conocidos por las organizaciones firmantes.

Por otra parte, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia anunció en febrero de 2018 que había adoptado – mediante un proceso opaco – un nuevo Protocolo Homologado para la investigación de la tortura. Mientras la Ley establece que la denuncia de tortura llevará a una investigación realizada por la Fiscalía Especializada competente, el Protocolo dispone que el o la agente del Ministerio Público que reciba la noticia de tortura realizará una suerte de pre-investigación sin fundamento en norma alguna, y sólo en caso de considerar que existe una presunción de tortura, enviará el caso a la Fiscalía Especializada para que esta lo investigue y lo registre con fines estadísticos2. Así, el Protocolo crea una nueva categoría discriminatoria aplicable solamente a víctimas de tortura, al inventar nuevos procedimientos a agotarse antes de abrir una investigación. El Protocolo es actualmente objeto de un juicio de amparo que señala su incompatibilidad con la Ley General, con el nuevo sistema de justicia penal y con el derecho internacional.

En relación a otras acciones requeridas por la nueva Ley General, recordamos que este año se instaló el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuyos resultados dependerán del apoyo que reciba del presidente del Comité, que a la vez es presidente de la CNDH, y de la articulación de su aparato ejecutivo con otros actores, incluyendo a las defensorías públicas, que deben coadyuvar en la prevención de la tortura, y las fiscalías, que deben actuar para proteger la integridad de las personas privadas de la libertad en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Por otra parte, resulta cuestionable la falta de avances y de transparencia en el diseño del Programa Nacional contra la tortura previsto en la Ley General contra la tortura.

En conclusión, las organizaciones firmantes consideramos alarmante que diversas instituciones que deberían ser las primeras en comprometerse con el nuevo modelo contra la tortura lo desconozcan en sus acciones. Cumplir la Ley General y erradicar la tortura como estrategia de fabricación de pruebas, represión o con cualquier otro fin debería ser un elemento prioritario y fundamental de la agenda de justicia y seguridad ciudadana de todas aquellas personas que busquen ocupar cargos de elección popular el próximo 1º de julio, especialmente en el caso de los candidatos presidenciales.

Es por ello que, en este Día de Apoyo a las Víctimas de Tortura, hacemos un enérgico llamado a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular a comprometerse con el cumplimiento de la Ley General contra la Tortura, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal, y exigimos a las autoridades estatales y federales adoptar inmediatamente acciones encaminadas a erradicar la tortura, tal como lo mandata la legislación aplicable.

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Francia)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social
Equis, Justicia para las Mujeres
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j.
Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana
Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

1 TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO. Tesis: 1a./J. 101/2017 (10a.) Registro: 2015603.

ENLACES DE INTERÉS

Informe “La impunidad Interminable: La Tortura en Jalisco. Análisis 2010 – 2016”

Categorías
Comunicado

Pronunciamiento del CEPAD del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Pronunciamiento del CEPAD del
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Como cada año, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo fija una postura respecto a la situación que guardan los derechos humanos en Jalisco, sin apartarse de los temas pilares de su actividad como son la desaparición de personas, la tortura, la discriminación, situación de las personas defensoras y periodistas, la libertad de expresión y protesta social, pero sin dejar de solidarizarse y visibilizar las causas de las personas, las organizaciones, los colectivos y los movimientos sociales que luchan frente a la adversidad que representa la corrupción y la impunidad en un ambiente de violencia e inseguridad generalizada.

Lejos parece el día en que la presentación del Informe se hable de buenas noticias, año con año, esto que llamamos crisis en materia de derechos humanos en el país, se ha convertido en los últimos 12 años en la peor tragedia de la que se tenga memoria desde la segunda mitad del siglo XX. Durante el 2017, según los datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue el más violento del que se tenga registros y Jalisco no fue la excepción. En dicho año, se registraron 1,369 homicidios dolosos. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General, se reportaron 3762 personas desaparecidas, de las cuales se iniciaron 3120 carpetas de investigación por ese delito y 0 por desaparición forzada. Respecto a la situación de los feminicidios, en el mismo periodo se registraron 107 casos de acuerdo con cifra dadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), lo que nos demuestra el fracaso de la Alerta de Violencia contra las Mujeres supuestamente implementado por las autoridades estatales, pero persiste la fuerte sospecha que otros casos no fueron clasificados correctamente, por lo que la cifra puede ser mayor.

Por otra parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pone a Jalisco como la tercera entidad del país en el número de quejas en los últimos cinco años. Un caso emblemático para el Cepad, fue la defensa legal emprendida por una pareja que les fue rechazado el derecho a decidir el orden de los apellidos de su menor hija por parte del registro Civil número 1 de Guadalajara, municipio que presume haber suscrito un sinfín de convenios, memorándums y demás compromisos dirigidos contra la discriminación hacia las mujeres. Tuvo que ser un Juez Federal quien le ordenara a la Oficina de Registro de nacimientos que respetara los derechos del padre y de la madre a determinar el orden de los apellidos que llevará su bebé. Tanto la familia como el Cepad, ilusamente pensaron que dicha resolución sentaría un precedente para erradicar la discriminación respecto a la prevalencia del apellido paterno sobre el materno, pues meses después, otra pareja se presentó ante la misma autoridad registral, y les fue negado el registro, pero ahora no por motivos jurídicos, sino bajo el argumento de que “deben conservar el orden armónico de la comunidad”. Tampoco podemos omitir el desdén y la indiferencia de las autoridades municipales y estatales hacia las situación que enfrentan las personas con discapacidad, a quienes, hasta la fecha, no se les garantiza sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales, pues el diseño de las políticas públicas no generan condiciones de respeto a una vida digna, alejadas de la discriminación y de igualdad.

Por otro lado, los temas que también preocupan y ocupan al Cepad, son aquellos donde se ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información, así como el de las personas defensoras de los derechos humanos en la entidad. Con preocupación vemos aquellas declaraciones del entonces presidente municipal de Guadalajara, y actual candidato a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro, donde señaló que “no olvida a quienes lo critican”.

Asimismo, vemos como ,quienes ejercen el periodismo crítico, sufren el despido de sus fuentes de empleo o, en su caso, son demandados por quienes detentan algún tipo de poder político. Tal es el caso del periodista Pedro Mellado, quien fue demandado por el entonces diputado Enrique Audry, de quien documentó algunas irregularidades de quien se dice ser un representante popular; además, se encuentra el caso de la periodista Martha Hernández Fuentes, quien fue retenida de manera arbitraria por policías de Guadalajara cuando registraba el deterioro estructural del mercado Corona. Ambos casos fueron puntualmente registrados por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco. Quienes integramos el Cepad, nos solidarizamos con quienes de manera profesional y ética ejercen el periodismo y rechazamos cualquier intento por acallar las voces comprometidas con la libertad de expresión y el derecho a la información.

En el caso de la personas defensoras, lamentamos profundamente el asesinato de los defensores Miguel Vázquez Torres y de su hermano Agustín, fundadores del Consejo Regional Wixárrika por la Defensa de Wirikuta, crimen ocurrido en el municipio de Tuxpan de Bolaños, al norte de Jalisco. Las autoridades estatales atribuyen su muerte al crimen organizado, lo que de ser así, evidencia el grado de vulnerabilidad que sufren nuestros hermanos y hermanas por defender sus tierras y territorios, ya sea por omisión o complicidad de las mismas autoridades municipales, estatales y federales.

Tampoco podemos omitir mencionar la promesa del entonces candidato a la gubernatura de Jalisco, Aristóteles Sandoval a los y las habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de no inundar sus pueblos, sin embargo, en junio pasado en un acto público y en presencia de personajes de la vida pública de la entidad, se desdijo amenazando que la presa va a 105 metros, contraviniendo la determinación de la SCJN que la cortina de la presa el Zapotillo no debe rebasar los 80 metros.

En el 2017 vivimos el añorado cambio en la CEDHJ, cuyo titular Felipe de Jesús Álvarez Cibrian ejerció por 10 años un cargo que jamás debió ser, pero las complicidades llevaron a que la defensa de los derechos humanos fueran una simulación, su silencio ante las graves violaciones a los derechos humanos deberán ser investigadas. El proceso de sucesión fue, al final de cuentas y para no perder la costumbre, un acuerdo entre las cúpulas políticas representadas en el Congreso local. Es importante mencionar que la DPLF, Idheas Litigio Estratégico, IMDHD y el Cepad, hicimos llegar a cada representante del Legislativo local, un documento titulado El Perfil Ideal para el cargo del /la presidente/a de la CEDHJ 2017-2022, donde se alertó la ausencia de mecanismos para llevar a cabo la Consulta Pública. Ese documento fue también un llamado a las organizaciones y sectores sociales que decidieron participar en el proceso, pues de llevarse a cabo sin definirse cómo se garantizaría ese derecho, se estaría perdiendo la oportunidad de generar condiciones para elegir al mejor perfil para tan importante cargo. Sin demeritar las cualidades del actual presidente de la CEDHJ, las componendas políticas hicieron que llegara al cargo, pero la legitimidad se gana con respuestas, y una de ellas es auditar a la administración anterior, no solo en la cuestión financiera, sino la actuación de ese organismo frente a hechos ocurridos en esos 10 años, así como revisar las quejas y recomendaciones clasificadas por lesiones y abusos de autoridad, y no por tortura.

Es importante recordar que el 31 de agosto pasado, inició los trabajos la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, la cual fue producto de la exigencia de los colectivos de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos y, que sin el fuerte impulso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, no hubiera sido posible darse. Seguimos sin respuesta ante la desaparición de personas en los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta y otros más por parte de elementos de la Marina Armada de México. Tan solo en el 2017 se presentaron 5 quejas ante la CNDH en contra de esa institución por la desaparición de pobladores de esos municipios. Desde que inició labores la FEPD, las familias no solamente han vivido la frustacion y la desilusión, sino también amenazas e indiferencia de los Ministerios Públicos.

Sin duda, sería imposible mencionar cada una de las violaciones a los derechos humanos en Jalisco durante el 2017, y nada podrá impedir revertir el actual estado de cosas, mientras la sociedad siga con una actitud de indolencia ante la tragedia y, lo que es peor, una sociedad civil desorganizada, medios de comunicación a modo, universidades silenciosas y cada persona, espectadora de la indignidad.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017