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Boletín de prensa

ONU pide al Estado Mexicano buscar a los Hermanos Camarena

El Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés)  de las Naciones Unidas (ONU) emitió el día 6 de enero acciones para que de manera urgente el Estado Mexicano  busque a José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Avalos Camarena, y Oswaldo Javier Avalos Camarena, quienes desaparecieron el 19 de diciembre de 2019 rumbo a Ocotlán, Jalisco, luego de ser detenidos por policías municipales para una supuesta revisión de rutina.

La familia de los cuatro hermanos Camarena, luego de más de un año de acudir ante autoridades federales, estatales y municipales, e incluso de enviar un telegrama al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para pedir su apoyo para encontrarlos, no han obtenido respuestas que contribuyan a dar con su paradero. Al contrario, sus derechos han sido violentados ya que el Ministerio Público ha cometido malas  prácticas, tales como negarse a entregar las copias de la carpeta de investigación y el no ejecutar acciones inmediatas para su localización o que resulten en una investigación eficiente.  

Pese a las deficiencias en la búsqueda e investigación, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) en febrero de 2020 solicitó que se girara una orden de aprehensión en contra de los policías municipales vinculados con la detención arbitraria de los hermanos Camarena, la cual fue rechazada por el Juzgado de Control y Oralidad con sede en Ocotlán, Jalisco, situación que obstaculiza el acceso a la justicia. A la fecha no se ha abierto el proceso de apelación correspondiente, ni se tiene la certeza de que se haya realizado una nueva solicitud de orden de aprehensión por parte de la FEPD, o acción de tipo alguno que dé seguimiento a este asunto. 

Es por esto que desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), a solicitud de las y los familiares de los Hermanos Camarena, pedimos al CED de la ONU una Acción Urgente con la finalidad de que este organismo internacional intervenga en su búsqueda y localización. En su respuesta exhorta a que el Estado Mexicano realice: 

  • Establezca de manera inmediata una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva de los desaparecidos y para la investigación exhaustiva e imparcial, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en que ocurrieron los hechos. 
  • Que se aseguren dos aspectos sobre dicha estrategia integral: el primero, que ésta sea evaluada periódicamente y cumpla con los requisitos de la debida diligencia para todas las etapas del proceso de búsqueda, así como también asegurando la competencia e independencia de los profesionales intervinientes; el segundo, que se determine las acciones a realizar de manera integrada, eficiente y coordinada, y que su implementación cuente con los medios y procedimientos necesarios y adecuados para localizar a los desaparecidos e investigar su desaparición.
  • Informe sobre las investigaciones realizadas por las Fiscalías a nivel federal y local, la actuación de las comisiones de derechos humanos así como la de búsqueda de personas desaparecidas de Jalisco e informe cómo todas se inscriben en el plan integral de búsqueda
  • Informe por qué le tomó más de un mes a la Policía Investigadora adscrita a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas para realizar acciones de investigación en el lugar de los hechos.
  • Adopte todas las medidas necesarias para investigar y sancionar cualquier actividad o intervención de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda de los desaparecidos,
  • Informe sobre los fundamentos de hecho y de derecho en los que se sustenta el rechazo del Juzgado de Control y Oralidad con sede en Ocotlán para dar curso a la orden de captura de los elementos policiales solicitada por la Fiscalía del estado y además, informe el curso de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
  • Permita la plena participación de los familiares de los desaparecidos en los procesos de búsqueda e investigación, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de la investigación en curso, y se tomen las medidas necesarias para implementar mecanismos de información periódica sobre el estado que guardan. 
  • Adopte todas las medidas cautelares y de protección, que sean necesarias para preservar su vida e integridad personal y permitirles desarrollar las actividades relacionadas con la búsqueda de los desaparecidos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación u hostigamiento.
  • Adopte todas las medidas necesarias para asegurar que los familiares de los desaparecidos, en particular sus hijas e hijos, tengan acceso al apoyo de alimentación, vivienda, salud y educación que requieren para llevar una vida digna. 

El mecanismo de Acción Urgente, establecido en el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, es un mecanismo humanitario donde se insta a los Estados (en este caso México) a que realicen acciones inmediatas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. En diciembre de 2020 el CED manifestó que había llegado a la solicitud de acciones urgentes número mil, siendo México el segundo país con más casos registrados (42%) ante este organismo. 

Hacemos público que el CED dio hasta el 6 de febrero de 2021 para que el Estado Mexicano implemente e informe sobre las medidas adoptadas en el caso.

Exigimos al Gobierno Mexicano el debido cumplimiento de la Acción Urgente para la búsqueda y localización de José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Avalos Camarena, y Oswaldo Javier Avalos Camarena.

Cabe señalar que en Jalisco se conocen casos emblemáticos de emisión de acciones urgentes como la de los tres estudiantes del CAAV, o más recientemente Kenia Duarte Pérez y Karla García Duarte, dos mujeres trans desaparecidas en el municipio de Zapopan, al que se suma ahora el caso de los hermanos Camarena.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD)

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Informes de Derechos Humanos

La desaparición forzada de Miguel Ángel: “Fue la Marina”

Aarón Medina de Niz

Mi hermano Miguel Ángel Medina de Niz, nació el 16 de septiembre de 1981, en el poblado de San Miguel, municipio de Villa Purificación, en el estado de Jalisco, dedicado al comercio y a la ganadería, soltero y padre de dos niñas. Miguel Ángel es el séptimo de once hermanos, hijos de Miguel Medina García y Juana de Niz, ambos originarios de San Miguel, municipio de Villa Purificación Jalisco.

Miguel Ángel cursó hasta los primeros años de secundaria, tiempo después emigró a los Estados Unidos de Norteamérica para buscar un mejor futuro y mejorar su calidad de vida, años más tarde se inició en los negocios del comercio y adquirió la sociedad de una tienda de supermercado en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Tiempo después y con el logró de su trabajo inició otro negocio: la compra y venta de ganado. Ese negocio le dio la solvencia para adquirir un pequeño rancho en el cual fue acumulando su cría de ganado. Por tal motivo, los últimos 5 años Miguel Ángel viajaba 2 o hasta 3 veces por año a su pueblo para estar al pendiente de sus negocios tanto aquí como en los Estados Unidos.

Además del trabajo, a Miguel Ángel le gustaba mucho acudir a las fiestas de su pueblo y en fechas especiales. Desde antes de su desaparición, se caracterizaba por ser un joven muy alegre y entusiasta, le gustaba mucho convivir y pasar momentos agradables con sus amigos y la familia, siempre le buscaba el lado bueno a las cosas, así era su forma de ser aquí y en donde fuera, no tenía ningún tipo de antecedentes en México ni en los Estados Unidos. Miguel Ángel tenía la residencia Norteamericana, y al igual que que allá, en México también cumplía todo tipo de obligaciones frente a las autoridades en todo momento.

Por todo lo anterior, nuestra familia no concibe la idea de que Miguel Ángel no esté junto a nosotros, lo quiere y lo ama, lo extraña. No entendemos las causas por las cuales hoy no esté con nosotros ni sepamos donde está. No podemos creer que alguien haya tenido el corazón y el valor de arrancarlo de su familia, y de que a pesar de que ya trascurrió un año las autoridades no nos digan qué le sucedió a mi hermano.

Nuestra vida era tranquila y agradable, hasta ese horrible día que marcó nuestra existencia y se tornó todo en una angustia y tristeza que nos está secando el alma día con día, para nosotros no hay días de fiesta, no hay navidad, no hay año nuevo, no hay fiesta de cumpleaños, vivimos solo esperando el día en que alguna de las tantas instituciones de gobierno nos hable y nos diga que ya saben donde está o qué le sucedió a mi hermano. Mi madre cada mañana me escribe un mensaje o me llama y me pregunta si aun no hay noticias de su hijo que tanto extraña y necesita, después la escucho llorar y en ese momento se me derrumba el mundo otra vez y vuelvo a sentir el dolor que presencie ese horrible día, no sé que decirle, trato de ser fuerte y decirle que nuestras “honorables instituciones” de gobierno están agotando todas las medidas de búsqueda para dar con mi hermano, pero yo sé que eso es una mentira, ya que yo soy el que cada día me presento a las instalaciones de esas oficinas de gobierno me topo con cada grosería y desplante del personal que se supone trabajan para servir al pueblo, los que se supone que están ahí por vocación y ganas de servir, pero pues es una lastima ver la poca ética y ganas de servir que brinda a los afectados, yo sé que igual que yo hay miles de familias que hoy lloran la perdida de un ser querido, pero eso no es consuelo ni para mi ni para nadie, necesitamos una solución inmediata, gobiernos que de verdad se comprometan con el pueblo, con la gente que sufre y que están viviendo esta pesadilla de tener a un ser querido desaparecido.

A continuación, narraré un poco de lo que sucedió ese día, aunque antes de continuar quiero hacer de su conocimiento que antes de que todo esto pasara, el día 4 de diciembre del 2016 elementos de la Secretaria de Marina Armada de México, entraron a la casa de mi hermano Miguel Ángel, ubicada en el poblado de San Miguel, municipio de Villa Purificación, Jalisco, los cuales entraron sin el consentimiento de mi hermano obviamente sin una orden, ya que mi hermano Miguel Ángel no se encontraba en su casa ese día. El resultado de esa inesperada “visita” fue el robo de todas las pertenencias de mi hermano, ropa, zapatos, electrodomésticos, utensilios de cocina y dinero, así como joyas y otras cosas, derivado de esto mi hermano al día siguiente que se dio cuenta y al haber testigos que observaron este suceso, presentó una queja en la oficina regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, para hacer valer sus derechos.

De igual manera solicitó la apertura de la Carpeta 421-2017, misma que después se remitió a la PGR de Puerto Vallarta, Jalisco. Aclaro que no conozco mucho de esa denuncia así como su estado actual solo sé que se turnó a PGR en Puerto Vallarta Jalisco, algo que quiero comentar y de lo que recuerdo es que en esas fechas fueron varias las personas afectadas por los elementos de la Marina, y casi los mismos daños. Sé que estos acontecimientos sorprendieron mucho a mi hermano ya que el no sabía porque estaba pasando eso, el no tenía nada ilícito ni asuntos pendientes con alguna autoridad, por eso nos tomó de sorpresa todo esto, yo respecto a esto no sé qué pensar, yo después de esto escuché comentarios de personas cercanas y vecinos que decían que alguien le había hecho esa “mala jugada” a mi hermano, también decían que al parecer alguien le tenía envidia a mi hermano y que los malos deseos de algunas personas siempre estaban latentes hacia mi hermano. Yo no se si sea verdad esto, solo comento algo de lo que he escuchado, si fue una mala decisión de esta autoridad que ya mencioné o si fue el mal corazón de alguien para hacerle daño a mi hermano. Yo quiero saber por qué!!

Hechos

Era un ocho de febrero del año 2018, eran las fiestas del famoso carnaval de Autlán de Navarro Jalisco. Mi hermano llegó conmigo uno o dos días antes de que se iniciaran las fiestas, salimos ese día a un evento a la Plaza de Toros y después de ahí nos quedamos unas horas en el lugar que llaman Callejón, después de estar ahí platicando y tomando algunas bebidas con amigas y amigos el se retiró del lugar junto con una amiga, y yo me quedé pues pensé que tal vez regresaría más tarde, pero al ver que no regresó yo me retiré a mi casa de igual manera pensé que tal vez el ya estaría allá, yo llegué a mi casa y al ver que no estaba pensé que tal vez se había ido con alguna amiga a seguir la fiesta, pero a la mañana siguiente al darme cuenta que no estaba, lo empecé a llamar a su celular y a enviarle mensajes pero no contestaba así pasaron las horas y al ver que no teníamos noticias de él, empezamos a buscarlo con amigos y amigas con familiares y conocidos pero fue inútil, yo no supimos más de él, yo no lo podía creer yo seguía insistiendo y seguía llamándole pero al ver que no lo contactaba al día siguiente me presenté en la fiscalía general del estado aquí en Autlán de Navarro Jalisco, se inició la carpeta de investigación 47-2018, por la desaparición de mi hermano, con fecha 09 de febrero del 2019, después acudimos mi hermano Eduardo Medina de Niz a la fiscalía general de la república en la ciudad de Guadalajara y se inició la carpeta de investigación FED-JAL-GDL-0001207-2018, misma que se turnó después a la fiscalía especializada en desaparición forzada en la Ciudad de México, ahí se le asignó en número de Carpeta 402-2018, así como varias quejas que interpuse en derechos humanos, Queja 2606-2018-III por el caso omiso que me hicieron en varias dependencias, así mismo hice del conocimientos a varios colectivos de búsqueda, algunos de ellos son por amor a ellos, CEAV, desaparecidos Jalisco y ONU, acudimos a la Ciudad de México en repetidas ocasiones me presente varias veces en las oficinas de estas dependencias que ya mencioné pero hasta el día de hoy no he tenido ningún dato de mi hermano, en su momento se realizaron todas las pruebas de ADN, así como cuestionarios ante-mortem y post-mortem para poder identificar a mi hermano en algunos de los cuerpos sin vida que se habían estado encontrando. Ya hemos hecho todas y casa una de las sugerencias que nos han dado, pero ya llevamos un año y un mes y aún no sabemos que le sucedió a mi hermano. Me cuesta creer con la facilidad que puede alguien desaparecer del fas de la tierra y que no haya nada que se pueda hacer. Diariamente estoy en contacto ya sea vía telefónica o por medio de mi asesor jurídico con la fiscalía de desaparecidos en México, así como con la fiscalía del Estado de Jalisco, pero siempre me dicen que aún no hay nada, que siguen trabajando en eso, o a veces simplemente no me dicen nada. Yo sé que ya se cuenta con una ley de desaparición forzada, y aunque aún no se en que nos va a beneficiar esa ley, yo les pido a las dependencias competentes que se apeguen a esa ley y busquen la manera de ayudarnos a encontrar a nuestros familiares desaparecidos o en su caso a frenar este terror que se está viviendo hoy en nuestro México.

Yo no me voy a cansar de buscar a mi hermano Miguel Ángel medina de Niz, y lo seguiré buscando hasta encontrarlo, necesito decirle a mi madre que pasó con su hijo.

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Comunicado

Comunicado – La desaparición de Personas en Jalisco frente al proceso de transición del gobierno estatal.

Cepad

 

  • Al Gobernador del Estado de Jalisco

  • Al Secretario General de Gobierno

  • Al Coordinador de Gabinete de Seguridad

  • Al Presidente de la Mesa Directiva de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

  • A las y los diputados/ad de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

  • A la Sociedad Jalisciense

  • A los Medios de Comunicación

La violencia e inseguridad que ha vivido nuestro país durante el último sexenio, no tiene precedente en la historia moderna. En el mes de noviembre de este año, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas observó que en gran parte del territorio del Estado Mexicano se mantiene una situación de desapariciones generalizadas, la impunidad y revictimización. Asimismo, el organismo internacional en su informe destacó el escaso número de condenas por desaparición, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación, así como la falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, características que sin duda alguna describen el contexto de desaparición de personas en el estado de Jalisco.

La grave situación que sufren las y los familiares de personas desaparecidas se evidencia en el número de personas desaparecidas en la entidad. Del 2008 al 31 de octubre del presente año, fueron reportadas como desaparecidas 26 mil 129 personas, de las cuales, 7 mil 124 personas a la fecha no han sido encontradas. De ellas, lo que concierne al sexenio del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz contabilizado del 1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2018, parece aún más grave. Tan sólo en este periodo no se han podido localizar a 5 mil 916 personas, lo que significa que el 83% de las desapariciones ocurridas en los últimos 11 años, sucedieron durante la administración del hoy exgobernador.

Frente a este contexto, se han generado espacios de diálogo entre familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y las autoridades relacionadas con la investigación, búsqueda, identificación y atención a víctimas, a fin de dar seguimiento al tema de la desaparición de personas en la entidad y generar los mecanismos de participación y rendición de cuentas. A lo largo de más de dos años, hemos sostenido procesos de diálogo con el Ejecutivo estatal, lo que a pesar de la mencionada magnitud de las desapariciones de personas en la entidad, resultó en algunos avances sustantivos como la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD-ahora Fiscalía Especial ), la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) y la Comisión Interinstitucional para el seguimiento y fortalecimiento de las mismas.

Con la finalidad de sistematizar esta experiencia y, en particular, recuperar la memoria sobre los procesos participativos, el Cepad elaboró el informe sobre el proceso de creación e implementación de la FEPD ¿El camino hacia la verdad y justicia?, el cual fue entregado el día de hoy al nuevo Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, el Coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Taméz, y al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, Salvador Caro Cabrera. Este documento sistematiza la experiencia y rescata las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los mecanismos participativos, los cuales aspiran responder a las necesidades de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y reflejar la complejidad del contexto de las desapariciones de personas en el estado de Jalisco.

El informe se divide en tres apartados principales en los que se describe de manera detallada: el comienzo de las mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado, el proceso de creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y el proceso de seguimiento a la implementación de la misma. Las tres etapas comparten el mismo objetivo de materializar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de desaparición mediante los procesos de diálogo sostenidos entre familiares de personas desaparecidas, organizaciones de sociedad civil y autoridades locales.

Sin lugar a dudas, estamos en un momento crucial para el seguimiento del tema de las desapariciones en Jalisco, por lo que la lectura integral del Informe del Cepad por parte de las nuevas autoridades estatales resulta indispensable para conocer y entender el contexto de las desapariciones en la entidad, comprender los procesos participativos que se han dado y los grandes esfuerzos que se han realizado para garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de desaparición, así como los principales retos que se han enfrentado y los avances logrados.

Asimismo, junto a la entrega del Informe del Cepad y, frente al proceso de la transición del gobierno, les realizamos a las autoridades correspondientes las siguientes solicitudes:

Primero.- Al Gobernador del Estado de Jalisco, Secretario General de Gobierno y Coordinador de Gabinete de Seguridad:

  • Que otorguen una debida prioridad y atención al tema de las desapariciones de personas y a los procesos de diálogo entre las autoridades locales, las víctimas y la sociedad civil.

  • Que retomen los mecanismos de participación existentes, en particular el mecanismo de la Comisión Interinstitucional creado mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 6 de septiembre de 2018.

Segundo.- A las y los diputados/as de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

  • Que asigne las partidas presupuestales que contemplen los recursos suficientes y necesarios para la adecuada implementación y operación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, incluyendo los recursos humanos, materiales, logísticos y tecnológicos adecuados.

  • Que antes de presentar cualquier propuesta legislativa en materia de desaparición de personas, se familiaricen a profundidad y analicen los mecanismos de participación existentes, así como realicen procesos de consulta amplia, pública, transparente e incluyente con familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que sus actos legislativos respondan a las necesidades reales de las víctimas de desaparición y no carezcan de legitimidad.

 

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Comunicado Personas Desaparecidas

Exigimos a la LXI Legislatura de Jalisco se abstenga de aprobar la Ley de Desaparición hasta consultar con familiares, organizaciones y personas expertas.

COMUNICADO

 

  • A los y las integrantes de la LXI legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
  • A los y las integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco
  • A la Sociedad Jalisciense
  • A los Medios de Comunicación
    PRESENTE:

El pasado 16 de octubre, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco, aprobó el Dictamen de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, el cual fue sometido a la primera lectura del Pleno al día siguiente.

De acuerdo con el transitorio noveno de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las entidades federativas deberían emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la Ley General, término que venció el 15 de julio del presente año. El incumplimiento de dicha obligación por parte del Congreso del Estado evidenció su indiferencia e indolencia respecto a la gravedad de las desapariciones de personas a lo largo y ancho del territorio de Jalisco.

Frente a este contexto, los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, nos preocupa que las y los diputados de la LXI legislatura quieran aprobar un Dictamen en el que evidencian una profunda ignorancia y una falta de comprensión de los objetivos de la Ley General y los estándares internacionales en la materia. Durante el proceso de elaboración de dicho Dictamen no se ha consultado de manera adecuada y transparente a familiares que sufren la desaparición de un ser querido en Jalisco ni a las organizaciones de la sociedad civil, contraviniendo de esa manera los principios fundamentales de transparencia, máxima publicidad y participación conjunta.

Consideramos inaudito que no se hayan respetado los procesos y avances de participación para la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión local de Búsqueda de Personas y la Comisión Interinstitucional que colectivos y organizaciones han realizado en los últimos dos años. La constante indolencia de las autoridades estatales frente a la problemática de graves violaciones a los derechos humanos que aqueja nuestra entidad revela su desinterés por buscar medidas legislativas y presupuestales para garantizar los derechos de familiares de personas desaparecidas al acceso de justicia y a la verdad, y el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas.

De antemano rechazamos la aprobación de una Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, sin la participación de las y los familiares, las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, quien durante estos últimos años ha sido observadora y ha participado en los procesos de justicia y verdad en Jalisco.

Por lo anterior, le exigimos a las y los diputados de la LXI legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

Primero.- Que se abstengan de aprobar la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, hasta en tanto no se abran los espacios con familiares, organizaciones y personas expertas en el tema para una consulta amplia y pública que garantice la participación conjunta.

Segundo.- Que prioricen la socialización de la iniciativa legislativa con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones de Jalisco, para que conozcan la propuesta y puedan realizar sus observaciones junto a especialistas con la finalidad de alcanzar los objetivos de la Ley General y los mayores estándares internacionales en la materia.

Tercero.- Que atiendan todas las observaciones realizadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas, de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas expertas en el tema y de los organismos internacionales de derechos humanos a la iniciativa de Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco a 23 de octubre de 2018.

Por Amor a Ellxs.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, Cladem.
Red de Enlaces Nacionales.
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fundem Región Centro.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan De Larios A.C.
Sabuesos Guerreras A.C.
Colectivo – BCS “SinEllosNO” A.C. (Baja California Sur)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Uniendo Cristales A.C.
Idheas, A.C. Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros.
Las Rastreadoras por la Paz de Sinaloa (Sinaloa).
Una luz de Esperanza, Rastreadores del Sur de Sinaloa (Sinaloa).
Mujeres de Michoacán A.C. (Michoacán).
Voces Unidas por la Vida.
Colectivo Familias Unidas en Busca de una Esperanza (Zacatecas, Zac).
Familiares en Búsqueda María Herrera A.C.
Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, (COFADDEM) “Alzando Voces”
Colectivo Independiente Culiacán, María Herrera
Padres y Madres de Hijos Desaparecidos Culiacán A.C.
Colectivo Familiares Enlaces Xalapa (Xalapa, Ver.)
Colectivo Familias Unidas por Nayarit, CoFaUnNay (Nayarit)
Colectivo Corazones Perdidos Xalapa (Xalapa, Ver.)
Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos
Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos A.C. (Mazatlán, Sin)
Desaparecidos Justicia A.C. (Querétaro)
Familias Unidas en Busca de una Esperanza Zacatecas.
Familiares en Búsqueda María Herrera Xalapa.
La Alameda Morelos.
Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, años 70’s.
Búsqueda de familiares Regresando a casa Morelos A.C.
Colectivo Independiente de Rastreadores de Culiacán, María Herrera.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos En Nuevo León.
Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpo, Gro. y el País.

Guadalupe Valenzuela Palazuelos.
Marcedalia Reyes Gutiérrez.
Laura Curiel.
Susana Guadalupe Ayála B.
Juan Jesús González Tenorio.
Martha Alicia Camacho Loaiza.
Isela Ramírez Jiménez
Ana Isabel Castañeda López.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de  Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

 

 

Comunicado – recibido y sellado por diputados de la LXI Legislatura de Jalisco 23 Octubre de 2018

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Comunicado – Frente a las declaraciones del Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas de Jalisco

Personas Expertas en Acompañamiento Psicosocial en Desaparición Forzada y por Particulares expresan su preocupación frente a declaraciones del Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas de Jalisco

Mayo 15, 2018

  • A los colectivos de familiares de personas desaparecidos del estado de Jalisco y de México
  • A la sociedad en general
  • A los medios de comunicación

El pasado 11 de mayo del presente año, el recién nombrado Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, José Raúl Rivera Rivera, realizó en entrevista para el periódico Mural1, una serie de declaraciones que no sólo son técnicamente incorrectas sino que aúnan a la estigmatización de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y sus acompañantes. Estas declaraciones resultan todavía más preocupantes cuando provienen de un servidor público cuya responsabilidad es la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a los familiares, sus colectivos y organizaciones acompañantes.

Frente a estas graves declaraciones, puntualizamos lo siguiente:

1. El Fiscal utiliza el “Estrés Post Traumático” para deslegitimar las manifestaciones públicas de familiares de personas desaparecidas y estigmatizar a sus acompañantes

En sus declaraciones, el Fiscal define el “Estrés Post Traumático” de la siguiente forma: “Cuando alguien sufre un evento de naturaleza cualquiera, es decir, a mí me golpean afuera de la Fiscalía, o afuera de la Comisión de Derechos Humanos lo que quiero es no volver a pasar por ahí”. A continuación, el Fiscal utiliza este concepto para aseverar que las marchas generan “revictimización de las personas”, que “tantas marchas están vulnerando el aspecto emocional de los familiares de las víctimas” y que “tantas marchas están haciendo sufrir a los familiares”.

Como profesionales en psicología y acompañamiento psicosocial, nos parece importante destacar dos aspectos: el primero es el desconocimiento del Fiscal de esta categoría diagnóstica, pues si bien el Síndrome Estrés Post Traumático incluye síntomas de evitación a estímulos asociados al evento traumático, va más allá de “no querer pasar por ahí”. El segundo aspecto se deriva de las críticas ampliamente documentadas sobre la utilización de esta categoría al referirse a los impactos psicológicos y psicosociales de la desaparición forzada y por particulares, pues invisibiliza la naturaleza dialéctica del trauma entre la dimensión individual y la dimensión social y política de esta la problemática, que hoy en día afecta a los familiares de los más de 30 mil personas desaparecidas. De tal forma que la reduce a un asunto individual y, por lo tanto, al ámbito privado.

Pero lo que resulta realmente grave es que el Fiscal utilice esta terminología para deslegitimar las manifestaciones públicas de las víctimas, tachándolas como formas de revictimización, y estigmatice a los acompañantes y defensores de derechos humanos, pues más adelante afirma que “hay actores que hacen de la manifestación su forma de vida”.

2. La impunidad es la fuente más importante de revictimización para los familiares de personas desaparecidas

Diversos estudios de impacto psicosocial en familiares de personas desaparecidas muestran que la impunidad, entendida como la falta de búsqueda, investigación y sanción a los responsables, mantiene a los familiares en la incertidumbre y los obliga a involucrarse en la búsqueda y la investigación. Esto genera importantes consecuencias, tales como la ruptura del proyecto de vida, el deterioro socioeconómico, la estigmatización y la profundización del duelo congelado.

3. La organización y el apoyo mutuo entre familiares de personas desaparecidas, así como las marchas y manifestaciones públicas son una forma de afrontamiento positivo frente a las desapariciones forzadas y por particulares, así como frente a la impunidad

Con base en nuestra experiencia acompañando innumerables procesos de búsqueda de familiares y colectivos que van desde los casos de los años 70s, los miles de casos derivados a partir de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón en el 2006 y los que continúan ocurriendo en la actual administración, podemos afirmar que la organización y el apoyo mutuo entre familiares constituyen formas de afrontamiento positivo frente a los impactos de las desapariciones y la impunidad. Estos espacios permiten romper el aislamiento y la privatización del daño, fortalecer lazos de apoyo y solidaridad, así como sus demandas de verdad y justicia.

Contrariamente a lo dicho por el funcionario, las marchas, entre otras acciones colectivas, que los familiares llevan a cabo “no los hacen sufrir” sino que se convierten en un sostén subjetivo que les permite seguir viviendo en medio de la peor tragedia y enfrentar el olvido, la impunidad y las injusticias. En el caso específico de Jalisco, vale resaltar actos de memoria que han organizado colectivos y familiares de desaparecidos como el predio “La ley de la verdad” en Lagos de Moreno, la “Glorieta de las y los desaparecidos” en Guadalajara e iniciativas como “Bordamos por la paz”.

Las manifestaciones públicas de exigencia de búsqueda de las personas desaparecidas y de justicia contribuyen a visibilizar la problemática y tienen un sentido reparador en la medida en que abonan a que los hechos no se repitan.

4. Los familiares de personas desaparecidas organizados en colectivos han mostrado una importante capacidad propositiva e incluso han realizado labores de búsqueda e investigación que corresponden al Estado

El Fiscal se expresa en el sentido de que “yo no he visto proposiciones para mejorar el sistema de justicia, yo no he visto que alguien diga ‘vamos ayudar a la Fiscalía’, yo no he visto que digan, ‘vamos a apoyar a la gente que va llegando’, yo no he visto que digan, ‘ah, el fiscal nuevo, hay que ayudarlo’”.

Con estas declaraciones, el Fiscal niega las múltiples acciones que durante años han realizado tanto las familias, como otros actores de la sociedad civil en el ánimo de movilizar el sistema de justicia para responder a este grave fenómeno que no es nuevo ni en Jalisco ni en el país. Por ejemplo, a nivel nacional: el impulso y la participación en la elaboración de la Ley General de Víctimas, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley Federal de Declaración de Ausencia por Desaparición. En el estado de Jalisco, destaca el impulso y la participación de diferentes colectivos de familiares en la creación de su propia Fiscalía y en la elaboración de su Reglamento.

El Fiscal desconoce también que, en muchos casos, las investigaciones y los hallazgos más significativos son llevados a cabo por los familiares, de modo que son ellos y ellas quienes han realizado una parte considerable de las funciones que le corresponderían a la Fiscalía.

Por lo anterior, quienes firmamos este pronunciamiento manifestamos que:

  • Rechazamos el uso de categorías psicopatológicas para deslegitimar las acciones de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y estigmatizar a sus acompañantes y defensores de derechos humanos.

  • Hacemos un llamado al Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco, José Raúl Rivera Rivera, a profundizar en el conocimiento de los impactos psicosociales de la desaparición forzada y por particulares, rectificar sus afirmaciones reconociendo los aportes de los familiares y conducirse con respeto a la dignidad de los familiares de las personas desaparecidas y sus colectivos.

  • Hacemos un llamado a reconocer y favorecer las formas de participación colectiva de los familiares de personas desaparecidas, de acuerdo a su mandato, y evitar la revictimización producto de la impunidad.

Firman:

Integrantes del Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos:

  • Alejandra González Marín (Consultora independiente en atención a víctimas de violencias y graves violaciones de derechos humanos)
  • Alberto Rodríguez Cervantes (Psicólogo y terapeuta familiar, miembro del equipo de acompañamiento psicosocial al colectivo Chihuahua en busca de sus personas desaparecidas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDHEM)
  • Andrea Cárdenas (Psicóloga social, miembro del equipo de acompañamiento psicosocial al colectivo Chihuahua en busca de sus personas desaparecidas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDHEM)
  • Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario
  • Andrea Kenya Sánchez Zepeda (Profesora asociada C ENTS UNAM)
  • Carolina Robledo Silvestre (Catedrática Conacyt- CIESAS)
  • Edith Escareño Granados (Consultora independiente)
  • Eduardo Calderón Domínguez (Consultor independiente)
  • Equipo de Acompañamiento Psicosocial de la Red Unidos por los Derechos Humanos A.C. (Veracruz)
  • Fernanda Peñaloza (Equipo Red Retoño)
  • May-ek Querales Mendoza (Investigadora del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, GIASF)
  • Norma García Flores (Trabajo y Acompañamiento Psicosocial en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C.)
  • Olivia Cortez Corona (Psicóloga del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C.)
  • Paola Alejandra Ramírez González (Psicóloga, Doctorante en Antropología, CIESAS-Ciudad
  • de México, estudiante asociada al GIASF)
  • Rossina Uranga Barri (Psicóloga y terapeuta comunitaria, miembro del equipo de acompañamiento psicosocial al colectivo Chihuahua en busca de sus personas desaparecidas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDHEM)
  • Valeria Moscoso Urzúa (Coordinadora del Área de Trabajo y Acompañamiento Psicosocial, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C.)
  • Ximena Antillón Najlis (Psicóloga, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.)
  • Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.Además de las siguientes organizaciones:
  • Aluna, Acompañamiento Psicosocial A. C.
  • Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad).
  • Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer,
  • (CLADEM, Jalisco)
  • Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas Alzando Voces! Cofaddem
  • Efecto Útil, Monitoreo de Organismo Públicos de Derechos Humanos
  • Genera Alternativas: Espacio para el desarrollo psicosocial A.C
  • Instituto Multidisciplinario de Desarrollo Social, Yocoyani A.C.
  • Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser, Jalisco)Y profesionales solidarios:
  • Adriana Romero Rey (Psicóloga. Maestrante en Derechos Humanos y Políticas Sociales, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires)
  • Amelia Haydée Imbiano (Psicoanalista. Presidente de la Fundación Praxis Freudiana, Buenos Aires)
  • Ana Karen Costet Mejía (Estudiante de la Maestría en Psicología en la Universidad Autónoma de Morelos)
  • Ana Violeta Elizalde Jiménez (Terapeuta infantil)
  • Berenice Mejía Iturriaga (Psicoanalista, Facultad de Psicología UNAM/Sexta Nacional)
  • Camilo Raxá Camacho Jurado (Psicólogo y Etnomusicólogo)
  • Carlos Pimienta (Estudiante de la Maestría en Ciencias, Kinesiología y Estudios en Salud en Queen’s University, Canadá)
  • Dr. Daniel Reyes Lara (Psicólogo social, docente en la Universidad de Guadalajara)
  • Dr. Daniel Vázquez (Profesor Investigador de tiempo completo IIJ-UNAM)
  • Dr. Froylán Enciso (Profesor Investigador con Cátedra Conacyt. Programa de Política de Drogas. Centro de Investigación y Docencia)
  • Dr. Ignacio Irazuzta (Profesor Investigador Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey)
  • Dr. Pau Pérez Sales (Director Centro SiRa. Presidente sección consecuencias psicológicas tortura. Asociación psiquiátrica mundial)
  • Dr. Ricardo Álvarez Gómez (Médico Cirujano UNAM)
  • Dr. Salvador Maldonado Aranda (Centro de Estudios Antropológicos. El Colegio de Michoacán A.C.)Dr. Salvador Salazar Gutiérrez (Profesor-Investigador, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)
  • Dra. Ana Guglielmucci (Investigadora Adjunta CONICET-ICA. Docente del Departamento de Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires)
  • Dra. Anne Huffschmind (Lal FU-Berlin-Freie Universität Berlin)
  • Dra. Carolina Corral Paredes (Posdoctorante Conacyt-CIESAS)
  • Dra. Cath Collins (Observatorio de Justicia Transicional. Universidad Diego Portales Chile y Transitional Justice Institute, Northern Ireland, UK)
  • Dra. Claire Moon (Associate Professor Departament of Sociology. Human Rights London School of Economics and Political Science)
  • Dra. Claudia Mónica Salazar Villava (Profesora Investigadora, UAM-Iztapalapa)
  • Dra. Claudia Zamorano (Profesos Investigadora CIESAS-Ciudad de México)
  • Dra. Diana Alejandra Silva (Profesora Investigadora Invitada UAM-Iztapalapa)
  • Dra. Ileana Diéguez (Profesora Investigadora UAM-Cuajimalpa)
  • Dra. Julia Monárrez (Profesora Investigadora El Colegio de la Frontera Norte)
  • Dra. Lina Rosa Berrío (Catedrática Conacyt CIESAS-Pacífico Sur)
  • Dra. María José Sarrabayrouse Oliveira (Antropóloga. Investigadora Adjunta CONICET
  • Equipo de Antropología Política y Jurídica. Instituto de Ciencias Antropológicas, FfyL, UBA)
  • Dra. María Teresa Sierra (Profesora Investigadora, CIESAS-Ciudad de México)
  • Dra. María Victoria Pita (Investigadora Independiente CONICET. Equipo de Antropología Política y Jurídica. Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Profesora Adjunta Regular, UBA)
  • Dra. Mariana Mora (Profesora Investigadora CIESAS–Ciudad de México)
  • Dra. Mayra Ledesma Arronte (Profesora Investigadora U.V. Programa Universitario por una Cultura de Paz, Xalapa, Veracruz)
  • Dra. Milagros Morales Vázquez (Psicóloga. Profesora Investigadora en la Universidad Autónoma del Carmen)
  • Dra. Morna Macleod (Profesora Investigadora. Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC) Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM)
  • Dra. Natalia De Marinis (Profesora Investigadora, CIESAS-Golfo)
  • Dra. Rachel Sieder (Profesora Investigadora CIESAS-Ciudad de México)
  • Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo (Profesora Investigadora, CIEAS-Ciudad de México)
  • Dra. Sevérine Durin (Profesora Investigadora CIESAS-Noreste)
  • Dra. Silvia Dutrenit (Profesora Investigadora Instituto Mora)
  • Dra. Susana Navarro García (Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial. ECAP. Guatemala)
  • Dulce Laura Melchor Díaz (Psicóloga y consultora independiente)
  • Eva Viridiana Bracamontes García (Psicóloga y estudiante de la Especialización en
  • Educación en Géneros y Sexualidades, Universidad de La Plata)
  • Giobanna Patricia Buenahora Molina (Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, Red Mexciteg)
  • Guadalupe Ortega Rodríguez (Enfermera, Guadalajara)
  • Jesús Eduardo Carretero Luvian (Psicólogo, Guadalajara)
  • Julieta Abrego (Psicoanalista. Docente de la Licenciatura en Psicología Clínica UNACAR-Universidad Autónoma del Carmen)
  • Karina Macías Hernández (Psicóloga. Docente de Bachillerato, Universidad de Guadalajara)
  • Ligia Colmenares Vázquez (Docente e Investigadora UNAM)
  • Lucía Gómez Lvoff (Psicóloga y Antropóloga . Docente en el Colegio Suizo de México)
  • María Ballester Espinoza (Psicoanalista y Escritora)María Fernanda Alatorre Quevedo (Psicóloga, Guadalajara)
  • Mariana García Reyes (Psicóloga, Guadalajara)
  • Mariana Gómez Lovff (Psicóloga. Colegio Suizo de México)
  • Mariana Isabel Plazola Mercado (Psicóloga, Guadalajara)
  • Mauricio González González (ENAH/CEDICAR A.C.)
  • Miriam Aura Gómez Noguez (Psicóloga UNAM y Teóloga Feminista)
  • Mtra. Andrea Kenya Sáchez Zepeda (Profesora Investigadora ENTS UNAM)
  • Mtro. Baruch Martínez Treviño (Practicante de psicoanálisis, psicólogo social, acompañante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León)
  • Omar Eduardo Almeida López (Psicólogo, Guadalajara)
  • Pilar Noriega (Abogada. Ex Comisión de la Verdad en Guerrero)
  • Sandra Odeth Gerardo Pérez (Doctorante en Antropología, CIESAS-Ciudad de México, estudiante asociada al GIASF)
  • Sandra Posadas Pedraza (Psicoanalista, UNAM)
  • Selene Amelco (Consultora Independiente, Oaxaca)
  • Vanessa Maldonado Macedo (Doctorante en Antropología, CIESAS-Ciudad de México. Integrante del Grupo Latinoamericano de Análisis/Acción sobre Mercados Sexuales (GLAM/SEX)

 

¿Quieres saber más sobre la situación de desaparición de personas en Jalisco? Consulta el siguiente informe

Informe “Frente a la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en Jalisco: La lucha por la Verdad y la Justicia”

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Pronunciamiento del CEPAD del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Pronunciamiento del CEPAD del
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Como cada año, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo fija una postura respecto a la situación que guardan los derechos humanos en Jalisco, sin apartarse de los temas pilares de su actividad como son la desaparición de personas, la tortura, la discriminación, situación de las personas defensoras y periodistas, la libertad de expresión y protesta social, pero sin dejar de solidarizarse y visibilizar las causas de las personas, las organizaciones, los colectivos y los movimientos sociales que luchan frente a la adversidad que representa la corrupción y la impunidad en un ambiente de violencia e inseguridad generalizada.

Lejos parece el día en que la presentación del Informe se hable de buenas noticias, año con año, esto que llamamos crisis en materia de derechos humanos en el país, se ha convertido en los últimos 12 años en la peor tragedia de la que se tenga memoria desde la segunda mitad del siglo XX. Durante el 2017, según los datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue el más violento del que se tenga registros y Jalisco no fue la excepción. En dicho año, se registraron 1,369 homicidios dolosos. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General, se reportaron 3762 personas desaparecidas, de las cuales se iniciaron 3120 carpetas de investigación por ese delito y 0 por desaparición forzada. Respecto a la situación de los feminicidios, en el mismo periodo se registraron 107 casos de acuerdo con cifra dadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), lo que nos demuestra el fracaso de la Alerta de Violencia contra las Mujeres supuestamente implementado por las autoridades estatales, pero persiste la fuerte sospecha que otros casos no fueron clasificados correctamente, por lo que la cifra puede ser mayor.

Por otra parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pone a Jalisco como la tercera entidad del país en el número de quejas en los últimos cinco años. Un caso emblemático para el Cepad, fue la defensa legal emprendida por una pareja que les fue rechazado el derecho a decidir el orden de los apellidos de su menor hija por parte del registro Civil número 1 de Guadalajara, municipio que presume haber suscrito un sinfín de convenios, memorándums y demás compromisos dirigidos contra la discriminación hacia las mujeres. Tuvo que ser un Juez Federal quien le ordenara a la Oficina de Registro de nacimientos que respetara los derechos del padre y de la madre a determinar el orden de los apellidos que llevará su bebé. Tanto la familia como el Cepad, ilusamente pensaron que dicha resolución sentaría un precedente para erradicar la discriminación respecto a la prevalencia del apellido paterno sobre el materno, pues meses después, otra pareja se presentó ante la misma autoridad registral, y les fue negado el registro, pero ahora no por motivos jurídicos, sino bajo el argumento de que “deben conservar el orden armónico de la comunidad”. Tampoco podemos omitir el desdén y la indiferencia de las autoridades municipales y estatales hacia las situación que enfrentan las personas con discapacidad, a quienes, hasta la fecha, no se les garantiza sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales, pues el diseño de las políticas públicas no generan condiciones de respeto a una vida digna, alejadas de la discriminación y de igualdad.

Por otro lado, los temas que también preocupan y ocupan al Cepad, son aquellos donde se ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información, así como el de las personas defensoras de los derechos humanos en la entidad. Con preocupación vemos aquellas declaraciones del entonces presidente municipal de Guadalajara, y actual candidato a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro, donde señaló que “no olvida a quienes lo critican”.

Asimismo, vemos como ,quienes ejercen el periodismo crítico, sufren el despido de sus fuentes de empleo o, en su caso, son demandados por quienes detentan algún tipo de poder político. Tal es el caso del periodista Pedro Mellado, quien fue demandado por el entonces diputado Enrique Audry, de quien documentó algunas irregularidades de quien se dice ser un representante popular; además, se encuentra el caso de la periodista Martha Hernández Fuentes, quien fue retenida de manera arbitraria por policías de Guadalajara cuando registraba el deterioro estructural del mercado Corona. Ambos casos fueron puntualmente registrados por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco. Quienes integramos el Cepad, nos solidarizamos con quienes de manera profesional y ética ejercen el periodismo y rechazamos cualquier intento por acallar las voces comprometidas con la libertad de expresión y el derecho a la información.

En el caso de la personas defensoras, lamentamos profundamente el asesinato de los defensores Miguel Vázquez Torres y de su hermano Agustín, fundadores del Consejo Regional Wixárrika por la Defensa de Wirikuta, crimen ocurrido en el municipio de Tuxpan de Bolaños, al norte de Jalisco. Las autoridades estatales atribuyen su muerte al crimen organizado, lo que de ser así, evidencia el grado de vulnerabilidad que sufren nuestros hermanos y hermanas por defender sus tierras y territorios, ya sea por omisión o complicidad de las mismas autoridades municipales, estatales y federales.

Tampoco podemos omitir mencionar la promesa del entonces candidato a la gubernatura de Jalisco, Aristóteles Sandoval a los y las habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de no inundar sus pueblos, sin embargo, en junio pasado en un acto público y en presencia de personajes de la vida pública de la entidad, se desdijo amenazando que la presa va a 105 metros, contraviniendo la determinación de la SCJN que la cortina de la presa el Zapotillo no debe rebasar los 80 metros.

En el 2017 vivimos el añorado cambio en la CEDHJ, cuyo titular Felipe de Jesús Álvarez Cibrian ejerció por 10 años un cargo que jamás debió ser, pero las complicidades llevaron a que la defensa de los derechos humanos fueran una simulación, su silencio ante las graves violaciones a los derechos humanos deberán ser investigadas. El proceso de sucesión fue, al final de cuentas y para no perder la costumbre, un acuerdo entre las cúpulas políticas representadas en el Congreso local. Es importante mencionar que la DPLF, Idheas Litigio Estratégico, IMDHD y el Cepad, hicimos llegar a cada representante del Legislativo local, un documento titulado El Perfil Ideal para el cargo del /la presidente/a de la CEDHJ 2017-2022, donde se alertó la ausencia de mecanismos para llevar a cabo la Consulta Pública. Ese documento fue también un llamado a las organizaciones y sectores sociales que decidieron participar en el proceso, pues de llevarse a cabo sin definirse cómo se garantizaría ese derecho, se estaría perdiendo la oportunidad de generar condiciones para elegir al mejor perfil para tan importante cargo. Sin demeritar las cualidades del actual presidente de la CEDHJ, las componendas políticas hicieron que llegara al cargo, pero la legitimidad se gana con respuestas, y una de ellas es auditar a la administración anterior, no solo en la cuestión financiera, sino la actuación de ese organismo frente a hechos ocurridos en esos 10 años, así como revisar las quejas y recomendaciones clasificadas por lesiones y abusos de autoridad, y no por tortura.

Es importante recordar que el 31 de agosto pasado, inició los trabajos la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, la cual fue producto de la exigencia de los colectivos de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos y, que sin el fuerte impulso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, no hubiera sido posible darse. Seguimos sin respuesta ante la desaparición de personas en los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta y otros más por parte de elementos de la Marina Armada de México. Tan solo en el 2017 se presentaron 5 quejas ante la CNDH en contra de esa institución por la desaparición de pobladores de esos municipios. Desde que inició labores la FEPD, las familias no solamente han vivido la frustacion y la desilusión, sino también amenazas e indiferencia de los Ministerios Públicos.

Sin duda, sería imposible mencionar cada una de las violaciones a los derechos humanos en Jalisco durante el 2017, y nada podrá impedir revertir el actual estado de cosas, mientras la sociedad siga con una actitud de indolencia ante la tragedia y, lo que es peor, una sociedad civil desorganizada, medios de comunicación a modo, universidades silenciosas y cada persona, espectadora de la indignidad.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Declaración de Ausencia por Desaparición

LA EXISTENCIA DENEGADA POR EL ESTADO.
UNA OBLIGACIÓN IMPOSTERGABLE DE LEGISLAR LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN

Anna Karolina Chimiak

En la última década, en el estado de Jalisco desaparecieron 22,415 personas, de las cuales, 4,990 personas permanecen sin localizar. Tan sólo en el año 2017 desaparecieron 3,762 personas (1,336 mujeres y 2,426 hombres) y 1,380 de ellas siguen pendientes de ser encontradas.1 Estos datos evidencian que en los últimos diez años, en la entidad desaparecieron seis personas cada día, y que únicamente durante el año 2017 se reportaron diariamente a diez personas como desaparecidas, cifra que podría ascender significativamente si consideramos la gran cantidad de casos que no fueron denunciados ni reportados.

El estado de Jalisco se ha convertido en una fosa clandestina sin fondo, en la cual, la magnitud de violencia e inseguridad, cada vez más visible y persistente, sigue normalizada y aceptada por la sociedad. En este contexto, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (fgej), que aspira a ser un modelo de búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas a nivel nacional, ha reconocido su indolencia y afirmó vía transparencia que desde la tipificación del delito de desaparición forzada en 2013 hasta finales de 2017 no sólo no se ha emitido alguna sentencia por este delito, sino que ni siquiera se ha comenzado alguna averiguación previa o carpeta de investigación relacionada con esta grave violación a los derechos humanos.2 Esta falta de respuesta por parte de las autoridades, ha generado impunidad absoluta en torno a este delito y coloca a la sociedad en un estado de indefensión, ya que cualquier persona puede convertirse en víctima en cualquier momento y ser desaparecida sin que haya alguna consecuencia.

Mientras las investigaciones están en el olvido, miles de personas cada día recuerdan a sus seres queridos y continúan la lucha incansable para encontrar la verdad y acceder a la justicia. Entre la vida cotidiana que sigue, y la esperanza, las víctimas enfrentan el verdadero infierno, por las consecuencias derivadas de la desaparición de su familiar, apareciendo cada vez más preguntas y obteniendo cada vez menos respuestas.

La desaparición de un ser querido ocasiona graves daños e implicaciones profundas en casi todos los aspectos de la vida de las personas cercanas a la persona desaparecida. Las afectaciones se dan en el ámbito personal, el núcleo familiar y en su entorno social, además de tener que enfrentar las diversas consecuencias económicas, jurídicas y/o laborales, generando un calvario de problemas, que no son atendidos por parte del Estado.

Es por eso que el reconocimiento de las víctimas de desaparición no se limita solamente a las personas desaparecidas, sino que incluye a “toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada” (Convención Internacional, 2008, Art. 24), considerando entonces como víctimas a todas las personas afectadas que pasan por este viacrucis de incertidumbre sobre lo ocurrido.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señala que la “privación contínua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano” (cidh, 2009, párrafo 166) y vulnera múltiples derechos fundamentales de las víctimas, entre ellos el derecho a la integridad psíquica y moral. “La realidad de las desapariciones coloca a las personas ante la imposibilidad de verificar lo sucedido y les condena a un silenciamiento” (Martín, 2010: 72), provocando un duelo inconcluso y congelado, así como una permanente angustia y un sentimiento de desprotección ante la abstención de los avances de investigación (cidh, 1998, párrafo 114).

Las violaciones graves a los derechos humanos, como es la desaparición de un ser querido, marca un antes y un después en la vida de las personas y genera impactos prolongados o, incluso, permanentes (Martín, 2010: 12). Es importante que las afectaciones de esta violación se analicen desde una perspectiva social y que se considere como su base el contexto en el cual se producen, ya que la desaparición afecta de manera diferenciada a cada persona y existen varios factores que influyen en el nivel de su sufrimiento.

La desaparición puede llevar a la sensación de pérdida del sentido de vida, así como la ruptura de las creencias y generar el sentimiento de impotencia. Frecuentemente, los sentimientos oscilan entre la esperanza de encontrar a su familiar con vida y, a la vez, la desesperación y frustración, e incluso, en varias ocasiones, la sensación de culpabilidad por lo ocurrido, o rabia y vengatividad frente a la injusticia de los hechos y la impunidad (Martín, 2010: 21).

Asimismo, las víctimas experimentan alteraciones en el sueño y su estado de ánimo, fatiga, falta de energía, pérdida del apetito y peso, así como múltiples enfermedades físicas como consecuencia de la somatización de las tensiones emocionales. Las secuelas psicológicas y físicas que se presentan son “formas de manifestación de una experiencia traumática o difícil” y constituyen las reacciones normales, no patológicas, frente a los hechos anormales (Martín, 2010: 16). A partir de esto, los proyectos de vida individuales comienzan a cambiar, se desintegran y quebrantan las estructuras de familias, y se alteran las relaciones y dinámicas sociales.

Cabe destacar que las mujeres, niñas y niños se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad y sufren una doble victimización, debido a que, por un lado son víctimas de la desaparición y, por otro, por su condición de ser mujer o menor de edad, requieren de una protección especial y diferenciada por parte del Estado, que no tienen. En este contexto de violencia sistemática en contra de las mujeres y las estructuras de la sociedad patriarcal a la cual pertenecemos, dominada por lo masculino, la desaparición del hombre, quien habitualmente encabeza a la familia y es su proveedor económico principal, expone a las mujeres a nuevas afectaciones, y las obliga a asumir nuevos roles en las familias, sin ningún apoyo institucional.

En los últimos diez años, en el estado de Jalisco, la desaparición de los hombres constituye 56% de los casos, y en su mayoría desaparecen en edad productiva. De tal modo que las familias, tras la desaparición del hombre, se enfrentan a condiciones de pobreza y diversos de sus derechos humanos quedan vulnerados, tales como los derechos a la salud, derecho a la seguridad social o derecho a la educación. El detrimento de la situación económica obliga a las personas dependientes de la persona desaparecida frecuentemente a las mujeres, e incluso a menores de edad a encontrar una nueva fuente de ingresos para sostener a la familia, además de emprender acciones de búsqueda de su ser querido, por lo cual su situación económica se agrava sustancialmente. Las condiciones de inestabilidad financiera se recrudecen aún más dado que las familias no pueden acceder a los beneficios laborales y patrimoniales de los que gozaba la persona desaparecida, lo que en muchas ocasiones conduce a desalojos o pérdida de sus viviendas.

Y por su parte, en el caso de menores de edad, las niñas y los niños se encuentran en una situación de gran indefensión ya que vivir cotidianamente en el entorno que está lleno de sufrimiento e incertidumbre, puede causar afectaciones a su integridad (cidh, 2012, párrafo 287), aunque todavía no tengan la comprensión de los alcances de la desaparición de su familiar. Es de suma relevancia determinar de manera inmediata la situación jurídica de las y los menores de edad para evitar más perjuicios, e incluir las garantías de sus derechos económicos, sociales y culturales.

La desaparición forzada constituye una forma de terrorismo del Estado, y su práctica ha formado parte de su estrategia para infundir miedo e inseguridad en la sociedad (ocanudh, 2009: 2), fragmentando el tejido social y ejerciendo el control sobre cada aspecto de la vida de la población. Es por ello que los impactos de desaparición se observan también en el ámbito social, puesto que las víctimas enfrentan el estigma social y ostracismo por parte de la sociedad con su postura indiferente, pasiva e insensible, así como a la criminalización desde el gobierno para justificar la ausencia de los avances en las investigaciones.

La impunidad, la complicidad y la constante falta de voluntad política para buscar a las personas desaparecidas e investigar sus casos, obliga a sus familiares a investigar por su propia cuenta. El mismo Estado, en vez de cumplir con sus obligaciones, silencia y minimiza los hechos y genera desconfianza hacia las instituciones públicas. Y, aunque la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos y la exigencia de justicia puede fortalecerlas, redignificar su experiencia y ayudar a reconocer su sufrimiento, no obstante, también las pone en riesgo y las revictimiza.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición coloca a las personas en “una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general” (cidh, 2009: párrafos 90 y 101), siendo ésta una consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar y respetar los derechos humanos.

Por lo anterior, el delito de desaparición forzada no sólo es “una de las más graves formas de sustracción de una persona de todo ámbito del ordenamiento jurídico, sino [es] también negar su existencia y dejarla en una suerte de limbo o situación de indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado e inclusive la comunidad internacional” (cidh, 2009: párrafo 90). A la persona desparecida y a su familia se les sitúa en un estado de indefensión. Se vulnera el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona desaparecida, afectando su capacidad de ser titular de sus derechos y obligaciones y de ejercer los recursos legales para su protección, atentando contra su dignidad y la dignidad de sus seres queridos, familiares y personas que tenían el vínculo cercano y afectivo con la persona desaparecida.

La incertidumbre legal creada por la desaparición genera consecuencias jurídicas duraderas debido a la naturaleza prolongada y continua de la violación e impide ejercer los derechos y obligaciones de los cuales la persona desaparecida es titular a lo largo del tiempo. Sus derechos y su patrimonio se quedan congelados, en una situación de abandono y limbo legal, en la cual los familiares de la persona desaparecida no pueden acceder a los beneficios y recursos necesarios para garantizar la continuación de la personalidad jurídica, y garantizarles la seguridad legal y sostenibilidad económica.

En consecuencia, la necesidad de adoptar normas a favor de la protección y el reconocimiento jurídico de las personas desaparecidas, forma parte de la obligación que tiene el Estado de determinar la suerte y el paradero de las víctimas de desaparición y generar todas las medidas legales posibles para asegurar la protección más amplia de los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares.

La suspensión y falta de reconocimiento de los derechos y obligaciones de la persona desaparecida implica múltiples consecuencias legales en materia civil, administrativa, laboral, de seguridad social o fiscal, ya que se detiene su salario y relación laboral y se impide el acceso a las pensiones, prestaciones y acceso a los servicios sociales vinculados al empleo de la persona desaparecida a sus familiares. La supresión de su personalidad jurídica genera la imposibilidad de contar con seguro social y servicios médicos, vulnerando de esta manera las garantías del derecho a la salud de las víctimas.

Asimismo, los familiares se enfrentan a una serie de obstáculos y dificultades para disponer y administrar bienes y propiedades de la persona desaparecida, los cuales, en muchas ocasiones, tienen carácter familiar. No pueden acceder a su cuenta bancaria, ni cobrar los cheques que están registrados a su nombre. En esta misma línea, las víctimas se ven obligadas a realizar varios trámites relacionados con la regulación de la situación matrimonial y determinación de la situación jurídica de las niñas y niños, quienes tienen el derecho de ser reconocidas/os como hijas e hijos de la persona desaparecida, aún en el caso de haber nacido posteriormente a su desaparición, así como el derecho a la educación y a una vida sin violencia y en condiciones dignas.

Para resolver estas dificultades, resulta necesario iniciar el procedimiento de la declaración de ausencia por desaparición. El objetivo de esta figura jurídica es reconocer y dar continuidad a la personalidad jurídica e identidad de la persona desaparecida, así como resolver los problemas que surgen como consecuencia de la desaparición de la persona. La determinación de su situación legal permite garantizar los derechos de las víctimas que resultaron perjudicadas a raíz de la desaparición. Por consiguiente, su función consiste en priorizar y asegurar la protección más amplia de los derechos de familiares y personas cercanas a la persona desaparecida.

Para obtener la declaración de ausencia por desaparición, suelen enfrentarse diversos obstáculos legales y administrativos. En primer lugar, el procedimiento es muy prolongado y no responde a las necesidades urgentes de las víctimas, razón por la cual se deberían acotar los plazos del trámite, y no exigir que transcurra un tiempo determinado, ni fijar periodos de tiempo límites para presentar la solicitud. Asimismo, la institución debería aplicar a cualquier caso de desaparición, tanto ocurrido en el pasado, como aquellos que pudieran darse en el futuro (Grupo de trabajo, 2009, párrafo 30).

Por otro lado, el trámite requiere realizar varios gastos relacionados con el pago por la publicación de los edictos y, en muchas ocasiones, implica la contratación de servicios legales profesionales para formalizarlos. Por lo anterior, resulta necesario que este procedimiento se oriente por el principio de gratuidad y pueda así generar el mínimo impacto económico posible, además, asumiendo que en los casos de desaparición existe una responsabilidad del Estado al no cumplir con la obligación de prevenir las desapariciones y garantizar las condiciones de seguridad; el mismo Estado debe asumir los costos del procedimiento (Verastegui, 2015), idealmente, a través de las poco operativas comisiones de atención a víctimas.

Además, resulta indispensable que la figura de declaración de ausencia incorpore el enfoque diferenciado y la perspectiva de género, reconociendo y generando las medidas para eliminar los obstáculos que las mujeres enfrentan para acceder a recursos jurídicos efectivos. “Estas medidas deberían subsanar la desigualdad de acceso de las mujeres a las instituciones públicas, incluidas las barreras lingüísticas, económicas y culturales” (Grupo de Trabajo, 2013, párrafo 29).

De igual manera, en el procedimiento debe prevalecer el interés superior de las y los menores de edad, e incluir las particularidades de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes y extranjeras desaparecidas en el territorio mexicano, tomando en cuenta la posibilidad de presentar la solicitud de declaración de ausencia por desaparición en los consulados mexicanos en los países correspondientes. Asimismo, el procedimiento debe ser traducido a las lenguas de las comunidades indígenas, tal como estipula la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición del estado de Nuevo León.

Es importante que este procedimiento sea más sencillo y menos burocratizado y formalista, ya que su complejidad y multitud de requisitos afectan la accesibilidad y producen nuevos sufrimientos a las víctimas. Considerando que en muchas legislaciones, la obtención de declaración de ausencia constituye el primer paso en el camino hacia obtener la presunción de muerte, este doloroso proceso profundiza aún más la sensación de desgaste y culpa.

En muchas ocasiones, las personas se ven obligadas a “aceptar” formalmente la muerte de la persona desaparecida, para así poder asumir la manutención de sus seres queridos, a pesar de tener la esperanza continua de encontrarle con vida. Este complejo conflicto moral y emocional genera una “carga desproporcionada para las víctimas” (cidh, 2012: párrafo 7) y en ningún momento responde a la gravedad y naturaleza permanente de la desaparición de personas.

Es importante mencionar que la sentencia de la declaración de ausencia y, en consecuencia, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona desaparecida, no limita las obligaciones del Estado para continuar con la búsqueda de la persona desaparecida, así como con la investigación de las circunstancias de su desaparición, y la sanción de las personas responsables (Grupo de Trabajo, 2013, párrafo 10). El deber de perseguir el delito y localizar a la persona no prescribe y está relacionado directamente con el principio de la presunción de vida, ya que se basa en la expectativa de que la persona desaparecida sea localizada con vida y se reintegre de nuevo en la sociedad. Los efectos de la declaración de ausencia únicamente tienen consecuencias de carácter civil y, por lo tanto, es un proceso independiente del proceso penal. En la misma línea, el trámite en ningún momento debe suprimir la obligación del Estado de reparar el daño de manera integral a las personas afectadas por la violación, ni limitar la obtención de los apoyos y asistencias del sistema de atención a víctimas.

Otro requerimiento que debería contener el procedimiento de declaración de ausencia es el componente de flexibilidad en cuanto a la competencia de jueces en materia civil o familiar, quienes admiten y valoran las solicitudes, y por otro lado, la flexibilidad sobre quiénes pueden promover este trámite, basándose en el concepto más amplio de familiar, es decir, considerándose no solamente a familiares de la persona desaparecida, sino también a las personas quienes tenían una relación cercana o vínculo afectivo con la persona desaparecida, incluyendo a las parejas del mismo sexo (ccc, 2014: 18), tal como se realizó en Colombia, en el artículo tercero de la Ley 1531, que crea la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria.

Asimismo, como personas promoventes se deberían tomar en cuenta a las y los representantes de las víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas asesoras jurídicas de las comisiones de atención a víctimas, tal como, a las y los Ministerios Públicos encargados/as de la investigación de los casos de desaparición de personas, quienes, con el consentimiento de las víctimas, podrían solicitar de oficio, el inicio de este procedimiento.

Una vez valorada y admitida la solicitud, se ha de dar publicidad a través de los edictos en los periódicos de mayor circulación y en los diarios oficiales correspondientes, y el costo de la publicación tendría que ser asumido por el Estado. Si no hay ninguna persona que se oponga o algún otro inconveniente, la declaración de ausencia quedaría judicialmente declarada, confirmando la ausencia formal de la persona desaparecida y generando las consecuencias jurídicas. Este documento podría tener validez oficial ante las autoridades estatales y federales e instituciones privadas, y en aquellos casos en los que se haya obtenido previamente la presunción de muerte o la declaración de ausencia simple, bajo los procedimientos que no respondían a la complejidad de la violación, se tendría que generar un mecanismo de reconversión para que se pueda acceder al procedimiento en condiciones dignas y adecuadas para la situación de la desaparición de personas. En el caso que la persona sea localizada, se deben evaluar las medidas de reversión y cancelación para que la declaración de ausencia quede sin efecto (ccc, 2014: 20).

El cumplimiento del proceso de la declaración de ausencia tendría que permitir nombrar a una persona representante, quien temporalmente pueda ejercer los derechos y obligaciones, así como la administración de los bienes a nombre de la persona desaparecida durante el tiempo que la desaparición permanezca, protegiendo sus intereses y conforme a las necesidades de familiares y personas cercanas de la persona desaparecida (Grupo de Trabajo, 2013, párrafo 9). Asimismo, se habría de determinar la situación de la familia, garantizando su protección más amplia.

Por otro lado, como se ha venido mencionando, dicha figura jurídica tendría la obligación de brindar a las familias la posibilidad de seguir gozando de los beneficios del régimen de seguridad social derivado de la relación laboral de la persona. Es por ello que se considera importante contemplar la posibilidad de que las familias continúen recibiendo el sueldo de la persona desaparecida hasta el momento de ser encontrada.

En este sentido, la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, aprobada en 2014 en el estado de Coahuila, constituye un referente en la materia, y garantiza el cumplimiento de los estándares marcados a nivel internacional. Dicha ley permite a las familias de todas las personas desaparecidas, tanto servidores públicos como las personas contratadas por empresas privadas, seguir obteniendo los salarios hasta su localización, situación que ha generado la oposición del sector privado. Y efectivamente, el principio de solidaridad en el cual se basa la legislación, no debe obligar a los empresarios a asumir los costos económicos de la violencia sostenida por el mismo Estado.

Además, la declaración de ausencia debe tener un efecto de suspensión de las obligaciones de la persona desaparecida y declarar la inexigibilidad temporal de sus responsabilidades. Por ello, los plazos para pagar las deudas y los créditos que la persona desaparecida tenía a su cargo, deberán quedar suspendidos hasta el momento de su localización. Esta situación no siempre resulta justa y adecuada para las personas acreedoras, quienes, como resultado, no tienen garantizados los pagos que les corresponden y quedan desprotegidas. Al igual que en caso del pago de salarios por parte de empresas privadas, eximir las deudas de las personas desaparecidas genera impactos en el sector privado y demuestra que, nuevamente, el Estado se está deslindando de su responsabilidad.

Por su parte, los organismos internacionales de derechos humanos repetidamente han recomendado al Estado mexicano adoptar el procedimiento de declaración de ausencia por desaparición, basado en los principios y objetivos anteriormente mencionados, con “el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y la de sus allegados” (Comité contra la Desaparición Forzada, 2015, párrafo 43) y dar así una respuesta legal ante su ausencia (giei, s/f: 17).

A nivel nacional, la Ley General de Víctimas, en el último párrafo del artículo 21, contempla la creación de la figura de la declaración de ausencia por desaparición, resaltando la importancia de garantizar el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición, e instando a cada una de las entidades federativas a regular el procedimiento en la materia, para conocer y tramitar las acciones judiciales, con la finalidad de “que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar“ (dof, 2013, Art. 21 párrafo 8). Cabe señalar que, a partir de la publicación de la reforma de dicha ley, el 3 de mayo de 2013, los estados contaban con un año para generar una legislación en la materia (dof, 2013, Transitorio segundo), obligación que la mayoría de los estados, incluyendo a Jalisco, hasta la fecha no han cumplido.

Asimismo, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada el 16 de noviembre de 2017, incorpora las recomendaciones internacionales y, en su título cuarto y capítulo tercero, establece las reglas generales para obtener una declaración de ausencia por desaparición y, de esta manera, reconocer la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y asegurar la protección más amplia a sus familiares (lgd, 2017, artículo 145).

La legislación, de acuerdo con los estándares anteriormente señalados, establece los efectos mínimos y los principios de inmediatez, celeridad y gratitud, bajo los cuales se debe regir el procedimiento, y se señala que la conclusión del proceso no produce efectos de prescripción penal ni constituye prueba en otros procesos judiciales. Asimismo, se indica que el trámite se puede comenzar “a partir de los tres meses de que se haya hecho la denuncia o reporte de desaparición, o la presentación de la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o ante un organismo público de protección de los derechos humanos de las Entidades Federativas” (lgd, 2017, artículo 144), lo que reduce las posibilidades de solicitar el trámite por las personas, quienes, por múltiples razones decidieron no interponer una denuncia o queja por la desaparición de su ser querido. Además, la ley obliga a los estados y a la Federación a legislar en dicha materia dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigor, es decir, cuentan con el tiempo para adecuar el marco normativo hasta el 15 de julio de 2018 (lgd, 2017, Transitorio noveno).

A pesar de las recomendaciones establecidas a nivel nacional e internacional, el artículo 14 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco solamente reafirma la importancia de la necesidad del procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición, no obstante, hasta la fecha, a nivel estatal, no se ha creado un marco normativo que reconozca y garantice la continuidad de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, que ponga en el centro las necesidades de las víctimas y evite su revictimización. Esta situación refleja la poca sensibilización e indolencia por parte de las y los diputados locales, así como la falta de voluntad política para privilegiar el tema y proteger la dignidad de las víctimas.

Además de un prolongado, costoso y burocratizado procedimiento de declaración de ausencia simple, previsto en el Código Civil del Estado de Jalisco, el mismo acto legislativo, en su artículo 146, reformado el 25 de abril de 2015, crea la posibilidad de solicitar la declaración de ausencia por el delito de desaparición forzada. El reconocimiento de los hechos de desaparición forzada en la legislación civil parece ser un avance, sin embargo, como se mencionó anteriormente, en Jalisco desde el momento de tipificación del delito de desaparición forzada, hasta el 31 de diciembre de 2017 no se ha abierto ninguna averiguación previa ni carpeta de investigación por esta causa, lo que significa que ningún caso de desaparición ocurrido hasta finales del año pasado, aplicaría para este procedimiento.

Por otra parte, cabe señalar que el artículo que regula esta figura se encuentra en el capítulo que regula la presunción de muerte y establece que para los casos de la privación ilegal de la libertad, secuestro o desaparición forzada aplica la figura de presunción de muerte. Vincular la declaración de ausencia por desaparición con la presunción de muerte, es revictimizante y claramente violatorio al principio de búsqueda de la persona desaparecida con vida. Definitivamente, este artículo no tiene como finalidad el reconocimiento y protección de la personalidad jurídica de la persona desaparecida, sino que la legislación obliga a las familias a iniciar el trámite de presunción de muerte de su ser querido desaparecido solamente para definir la situación legal de sus bienes y derechos y determinar la sucesión, como si la persona estuviera muerta.

Además, los plazos del procedimiento son muy acotados ya que “el término para decretar la presunción de muerte será de tres meses a partir de que se haya denunciado ante la autoridad competente el acto ilícito correspondiente y no exista ningún indicio de que pudiera seguir con vida” (Código Civil del Estado de Jalisco, artículo 146). Se puede observar que el artículo parece ser un simple trámite que niega la existencia de la persona desaparecida, privado de sensibilidad y ajeno a las necesidades de las víctimas.

En este contexto jurídico, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (cedhj), en su Recomendación 20/2016, señala la importancia de legislar el procedimiento de declaración de ausencia por desaparición. Dicha recomendación, derivada de la queja 3319/15/III, se relaciona con las violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública por la desaparición forzada, ocurridos el 24 de mayo de 2015 en el municipio de San Juanito Escobedo, en la región Valles. En el documento se acredita que en la desaparición participaron los elementos policiales de la Dirección de Seguridad Pública de dicha municipalidad, aunque los hechos nunca han sido reconocidos como desaparición forzada por parte de la Fiscalía General.

En uno de los puntos de la Recomendación 20/2016, se ordena al Congreso del Estado impulsar “una reforma legislativa que permita, entre otros aspectos, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para reconocer y resolver sobre las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición(cedhj, 2016:69).

Esta recomendación fue remitida al Congreso a manera de petición el 6 de junio de 2016, y fue aceptada y turnada a las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos. Tan sólo ocho días después, es decir el 14 de junio del mismo año, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, mediante el oficio lxi/cpcelt/608/2016 responde que “dentro del marco jurídico que rige en el estado de Jalisco, se han incorporado ya las disposiciones necesarias en el tema de desaparición de personas para garantizar en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el ámbito Constitucional y legal local, la protección y el ejercicio de los derechos humanos a las personas en el tema descrito por la cedhj”.

Con la finalidad de motivar el cumplimiento de la recomendación y justificar dichas disposiciones, la Comisión enlista diversos derechos constitucionales de las víctimas y personas ofendidas en el proceso penal, incluyendo el derecho a recibir atención psicológica y asesoría jurídica, el derecho a coadyuvar con el Ministerio Público o el derecho a la “reparación del daño”, derechos que son esenciales para las víctimas de desaparición. Sin embargo, no tienen ninguna relación con el objetivo de la recomendación y demuestran una simulación de su cumplimiento.

Lo que provoca un sentimiento de aún más profunda incomprensión y falta de reflexión sobre el punto recomendatorio y, a la vez, el desconocimiento de la problemática de las desapariciones de personas en Jalisco, es el segundo argumento levantado por la Comisión, que supuestamente justifica el cumplimiento de la recomendación. En el oficio se manifiesta que entre “los instrumentos legales para el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas” se encuentra la atribución del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de “tener a su cargo los archivos de identificación criminalística, de voz, de genética humana, de huellas dactilares, huellas balísticas y demás parámetros biométricos necesarios para la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública”.

Por último, se hace referencia al antes mencionado artículo 146 del Código Civil del Estado de Jalisco como el procedimiento expedito con la finalidad de conocer y resolver las acciones judiciales de declaración de ausencia por desaparición, concluyendo el oficio con la constatación que las disposiciones necesarias ya quedaron incorporadas a la legislación local.3

En razón de lo anterior, en el marco del seguimiento a la recomendación, el Coordinador de Seguimiento de la cedhj, Fernando Zambrano Paredes, el 2 de agosto de 2016 declara el cumplimiento satisfactorio de la recomendación debido a que se han incorporado ya las disposiciones necesarias en el tema de desaparición de personas para garantizar en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el ámbito constitucional y legal local, la protección y el ejercicio de los derechos humanos a las personas en el tema que nos ocupa, por lo que archivan el asunto como concluido”.4

Esta situación evidencia la ignorancia sobre la magnitud de desapariciones de personas en la entidad. Tomando en cuenta el número de las personas desaparecidas en el estado y el sinnúmero de las personas afectadas por la desaparición de su ser querido, tanto el Congreso del Estado como el organismo que aspira a proteger y promover los derechos humanos de la población jalisciense, en ningún momento dimensionaron la complejidad de la situación que enfrentan las víctimas. La falta del reconocimiento de la necesidad de un marco normativo que de manera adecuada protegiera la personalidad jurídica de las víctimas y la ausencia del compromiso y las acciones contundentes, revelaron la indolencia, nula voluntad política y persistente complicidad de dichos organismos en generar más afectaciones y violaciones a los derechos de víctimas.

En Jalisco, después del avance histórico de la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, uno de los pasos más importantes a seguir para realmente atender las necesidades de las víctimas de desaparición, es establecer un mecanismo legal que proteja y garantice la continuidad de su personalidad jurídica, considerando la naturaleza prolongada del delito, por lo que generar e implementar una legislación adecuada, que sea armonizada con el marco legal federal y a la vez que tome en consideración la experiencia de otros estados relativa a la aplicación de las leyes en la materia y las adapte al contexto jalisciense, sin duda constituye un reto.

El proceso de creación de la figura de declaración de ausencia por desaparición y el diseño de las políticas públicas correspondientes, se debe basar en el reconocimiento real de las consecuencias de la desaparición y de las necesidades de víctimas, garantizando la participación activa de las personas afectadas por desapariciones y encontrando soluciones reales a los problemas que enfrentan.

Vivimos en un contexto en el cual el Estado padece una enfermedad crónica con síntomas tan tangibles y a la vez tan normalizados, de los cuales cada día leemos en los periódicos, pero, aunque son tan cercanos parecen ajenos y no nos importan. En los últimos diez años el número de personas desaparecidas ha incrementado 275%, lo que significa que en esta deshumanización y descomposición social se encuentran invisibilizadas y desprotegidas miles de personas. La multiplicación de violencia que sufre Jalisco retroalimenta la impunidad y queda descontrolada, puesto que aun el mismo gobierno reconoce que “la ola de violencia no va a terminar” y que no existen indicios de que la situación mejore porque “vienen días complicados” (Partida y Santos, 3 de marzo 2018:30).

Para transformar esta cruel realidad social y legal, y enfrentar la incompetencia e incapacidad del Estado de dar la respuesta integral a las consecuencias de violaciones cometidas bajo su tolerancia, se requiere el involucramiento firme de la sociedad civil. Ahora, más que nunca, es necesario aprender de nuevo a sensibilizarnos y por fin llegar a entender que todas las personas desaparecidas son nuestras y que, sin actuar y exigir, sin resistir, somos cómplices de esta mentira social e institucional, que nos está privando de nuestra humanidad y nuestra dignidad.

Notas:

1 Fiscalía General del Estado de Jalisco (fge). Oficio obtenido a través de la solicitud de transparencia, fg/ut/1846/2018, 27 de febrero de 2018.

2 Fiscalía General del Estado de Jalisco (fge). Oficio obtenido a través de la solicitud de transparencia, fg/ut/1810/2018, 27 de febrero de 2018.

3 Congreso del Estado de Jalisco. Oficio obtenido a través de la solicitud de transparencia, Expediente uti/574/2017, 30 de enero de 2017.

4 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Oficio obtenido a través de la solicitud de transparencia, Expediente ut/013/2017, 27 de enero de 2017.

Bibliografía

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Partida, Juan Carlos y Santos, Javier (2018). “Se recrudecerá la violencia en Jalisco, advierte el gobernador” en La Jornada, 18 de marzo. Consultado en: http://www.jornada.unam.mx/2018/03/08/estados/030n1est el 20 de marzo 2018.

Verastegui González, Jorge. La personalidad jurídica en la desaparición forzada, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 2015. Disponible en: http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-Personalidad-Juridica.pdf

Leyes consultadas:

Ley General de Víctimas, 2013.

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 2017.

Ley Estatal de Atención a Víctimas del estado de Jalisco, 2014.

Código Civil del Estado de Jalisco, 2015.

Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición, 2015, Nuevo León.

Ley 1531, 2012, Colombia.

Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, 2014, Coahuila.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes DDHH Jalisco

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Las aportaciones reflexivas y testimoniales de los artículos del Informe 2017 dan cuenta de una mirada de cuál es la actual vigencia real de los derechos humanos. La mirada no es positiva. Jalisco tiene prácticas cotidianas de violaciones a tales derechos. Es decir, Jalisco, hoy por hoy ha logrado poco éxito en el intento de construir relaciones sociales pacíficas entre amplios sectores de la población. (…) al mismo tiempo nos deja claro las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses, y nos indica el camino por medio del cual podemos iniciar un nuevo intento de construcción de la paz.

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Carta Al Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

El Cepad llama la atención de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, para que se le asigne el presupuesto suficiente que le permita a la Fiscalía General de Jalisco, a las Fiscalías Especializadas y al Instituto Jalisciense de Ciencia Forenses cumplir con sus obligaciones en materia de Desaparición Forzada y Tortura.

(Da click en la imagen para acceder al documento completo)

LXI Legislatura Congreso 2017
Carta Al Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

Otros enlaces de Interés

Informe “Frente a la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en Jalisco: La lucha por la Verdad y la Justicia”

Informe “La impunidad Interminable: La Tortura en Jalisco. Análisis 2010 – 2016”

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Comunicado

Pronunciamiento de Guadalajara – “Frente a la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en Jalisco: La lucha por la Verdad y la Justicia”

Guadalajara, Jalisco a 22 de septiembre de 2017

 

En el marco del Foro “Frente a la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en Jalisco: La lucha por la Verdad y la Justicia”, nos encontramos reunidas organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas de diferentes estados del país, y especialistas en la materia de desaparición de personas, con la finalidad de compartir diferentes experiencias en torno a la grave situación de desapariciones forzadas y por particulares en México y en el estado de Jalisco.

En un país que arrastra, según las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en su último corte de 31 de julio de 2017, 33 mil 482 personas desaparecidas y que además, ha rebasado la cifra 200 mil personas asesinadas, de acuerdo al registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el año de 2006, cuando inició la estrategia de seguridad que ha pretendido combatir el narcotráfico, pero que hasta la fecha se ha visto incapaz de erradicar las desapariciones, homicidios, torturas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, que forman parte del universo de expresiones extremas de violencia. Por el contrario, las graves violaciones a los derechos humanos parecen aumentar día con día, por lo que los esfuerzos realizados por las autoridades si bien han implicado avances, en realidad son relativamente cortos en proporción al tamaño de la crisis humanitaria.

En este contexto, la decisión de realizar el presente Foro en Jalisco ha sido para visibilizar la grave situación que viven las personas desaparecidas y sus familias, al igual que en el resto de los estados de la República.

La ola de violencia desatada en el sexenio anterior de Emilio González Márquez se ha agravado en la presente administración de Aristóteles Sandoval Díaz, con más y más fotografías de personas desaparecidas en espacios públicos y redes sociales, así como el aumento de noticias en los medios sobre hallazgos de cuerpos de manera cotidiana en fosas clandestinas o abandonados en las calles, incluso en las corrientes de los ríos de la entidad.

Las y los familiares de personas desaparecidas hemos emprendido la búsqueda de nuestros seres queridos, así como el acceso a la verdad, justicia y reparación, de manera individual y colectiva, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, ante un Estado que actúa de manera indolente e ineficaz, rayando en lo que se podría clasificar en una complicidad criminal, lo cual favorece la impunidad de los responsables materiales e intelectuales.

Una vez más las familias, las organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia, le exigimos al Estado mexicano:

  1. Que sea aprobada lo antes posible por la Cámara de Diputados la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y que ésta otorgue presupuesto suficiente para su implementación.

 

  1. Que, una vez logrado lo anterior, los congresos de los estados armonicen sus legislaciones al contenido de la Ley General y que aprueben el presupuesto correspondiente para hacerla efectiva.

 

  1. Que se reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para admitir las comunicaciones individuales e interestatales, conforme a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

 

  1. Instamos que los procesos de búsqueda, investigación, de identificación forense, atención a víctimas y reparación del daño sean integrales e incorporen un enfoque diferenciado, que respeten las particularidades de las víctimas niños y niñas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, indígenas.

 

  1. Que se cumpla con las resoluciones dictadas por instancias internacionales en la materia de desaparición de personas del Sistema de Protección de Derechos Humanos Universal e Interamericano.

 

A las autoridades del estado de Jalisco exigimos:

 

  1. Ante la inminente aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que el poder legislativo de Jalisco se dé a la tarea de armonizar legislación local y, en su caso, crear una ley estatal en la materia que se encuentre homologada con esta; y recupere los más altos estándares internacionales.Se hace hincapié en que cualquier intento de legislar en materia de desaparición de personas en el estado de Jalisco, carecerá de legitimidad si no existe una consulta pública, donde se escuche familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia. Por tal motivo, exigimos que la iniciativa anunciada el 14 de septiembre de 2017 por la diputada María del Refugio Ruíz Moreno sea transparentada.

 

  1. Que se genere, en cumplimiento a la obligación impuesta hace 5 años por el artículo 21 de la Ley General de Víctimas y su transitorio noveno de 3 de mayo de 2013, una legislación especial en materia de Ausencia por Desaparición en el estado de Jalisco para que se garantice el pleno reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y que a las personas cercanas a la víctima de desaparición se les otorgue una protección más amplia posible, evitando su revictimización y garantizándoles condiciones dignas y adecuadas para seguir con la búsqueda de sus seres queridos.

 

  1. Que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas garantice la búsqueda inmediata y la investigación de los casos de personas desaparecidas en el estado de Jalisco cercana a las y los familiares, colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Rechazamos cualquier replanteamiento en su constitución orgánica y del contenido de su Reglamento Interno que reduzca sus capacidades y atribuciones.

 

  1. Que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) de Jalisco deje de ser inoperante y consolide un esque­ma de colaboración con la Comisión Ejecutiva a nivel federal, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y dependencias municipales afines, que permita a las víctimas acceder a un modelo de atención equitativa y con atribuciones bien identificadas que se encuentre encaminada a una atención que se complemente entre la variedad de instan­cias existentes en el Estado.

 

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. Cepad
Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. ITESO
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO
Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos CADHAC, y Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de N.L. AMORES.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEHM
Santiago Corcuera Cabezut
Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos Humanos para Todas y Todos” RedTDT
Por Amor a Ellxs
Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, FUNDEJ
Familiares Enlaces Xalapa
Derechos Humanos Tonall A.C.
Observatorio Derechos Humanos Wikipolítica
Colectivo Defendemos el Cerro de la Reina, Tonalá
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM Jalisco.