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Informes DDHH Jalisco

Informe sobre el Proceso de Creación e Implementación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. ¿El camino hacia la Verdad y la Justicia?

El objetivo de este informe es recuperar la memoria sobre el proceso de creación e implementación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Se trata de sistematizar la experiencia y rescatar las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los mecanismos participativos que pretenden responder a las necesidades de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y reflejar la complejidad del contexto de las desapariciones de personas en el estado de Jalisco.

El proceso se divide en tres etapas principales: el comienzo de las mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado, el proceso de creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y el proceso de seguimiento a la implementación de la misma. Las tres etapas comparten el mismo objetivo de materializar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de desaparición mediante los procesos de diálogo sostenido entre familiares de personas desaparecidas, organizaciones de sociedad civil y autoridades locales. Cada una de las etapas se caracteriza por nuevas formas de participación y diferentes objetivos.

En el informe se presenta una descripción detallada de cada una de las tres etapas, resaltando los actores involucrados, las actividades y sus avances. Por otro lado, se analizan los principales retos y obstáculos en este proceso de dialogo con las autoridades estatales, a fin de reflexionar sobre la eficacia de la interlocución con los mismos. Finalmente, se lleva a cabo una evaluación general sobre todo el proceso, tratando de sistematizar los aprendizajes y retos más importantes y sentar las bases para buscar nuevas estrategias y construir mecanismos de participación que pudieran ser exitosos no solamente en el estado de Jalisco, sino que puedan servir de ejemplo para otras entidades federativas de México, particularmente en el contexto de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda.

CONTENIDO

GLOSARIO
INTRODUCCIÓN

I. INICIO DE DIÁLOGO: MESAS DE TRABAJO
1. Antecedentes
1.1. Negativa de Expedición de las Copias Certificadas
2. El Camino Hacia el Diálogo
2.1. Rueda de Prensa (15 de Junio de 2016)
2.2. Visita de Jan Jarab, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos en México (6 de Julio de 2016)
3. Mesas de Trabajo
3.1 Primera Mesa de Trabajo (5 de Agosto de 2016)
3.2 La Entrega de Copias Certificadas (1 de Septiembre de 2016)
3.3 La Segunda Mesa de Trabajo (8 de Septiembre de 2016)
3.4 Reunión con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (3 de Octubre de 2016)
3.5 Tercera Mesa de Trabajo (18 de Octubre de 2016)
3.6 Las Mesas de Revisión de Casos (23 y 24 de Noviembre de 2016)
3.7 Cuarta Mesa de Trabajo (15 de Diciembre de 2016)
3.8 Quinta Mesa de Trabajo (24 de Enero de 2017)
4. Reflexiones Sobre el Proceso de las Mesas de Trabajo

II. CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS
1. Contexto en el Año 2017
2. Inicio del Proceso de la Creación De La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas: Elaboración de Diagnósticos
3. Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
4. Selección del Personal de la Dirección General de Análisis y Contexto
5. Capacitaciones
6. Elaboración del Reglamento Interno de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (Mayo – Agosto de 2017)
7. Proceso de Selección de la Persona Titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas
8. Inauguración de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (31 de Agosto de 2017)
9. Reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco
10. Conclusiones

III. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS
1. Mesa de Seguimiento
2. Procesos de Selección de la Persona Titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas
2.1 Segundo Proceso De Selección De La Persona Titular de la Fiscalía Especializada En Personas Desaparecidas (18 De Diciembre De 2017 – 9 De Febrero De 2018)
2.2. Tercer Proceso de Selección (28 de febrero – 16 de abril de 2018)

IV. REFLEXIONES FINALES
1. Contexto en el Año 2018
2. Mesas de Revisión de Casos (22 de Noviembre de 2018)
3. Voz del Colectivo Por Amor A Ellxs
4. Conclusiones

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INFORME

Experiencias de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición ante el contexto de la transición del gobierno

Desaparición de PersonasAnna Karolina Chimiak
Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad

Anunciamos la presentación del informe del Cepad sobre el proceso de la creación e implementación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecida (FEPD). Este documento será público y se entregará el próximo 6 de diciembre al futuro Gobernador, Enrique Alfaro y el futuro Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, a fin de que conozcan los esfuerzos que se realizaron en torno al tema de las desapariciones de personas en Jalisco a lo largo de los últimos dos años, particularmente por familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, para que así entiendan los acuerdos y compromisos asumidos, y den adecuado seguimiento a todos los procesos que se lograron crear.

Con el informe se busca recuperar la memoria sobre el proceso de creación e implementación de la FEPD. A partir de la sistematización de la experiencia y rescatar las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los mecanismos participativos que buscan responder a las necesidades de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y reflejar la complejidad del contexto de las desapariciones de personas en el estado de Jalisco. Es importante mencionar que el estado de Jalisco se ha destacado de manera significativa a nivel nacional con relación a los procesos de diálogo entre las autoridades y familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil.

El documento se divide en tres etapas principales: el comienzo de las mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el proceso de creación de la FEPD y el proceso de seguimiento a la implementación de la misma.

A continuación les compartimos puntos claves de cada una de estas etapas.

El proceso comenzó en el año 2016. En aquel momento no imaginábamos que podríamos llegar a crear una FEPD y los resultados de estas acciones fueron completamente inesperados. No hubiéramos pensando terminar este proceso con una institución encargada de los procesos de búsqueda e investigación, innovadora e inédita a nivel de todo el país.

Pero, ¿cómo llegamos a esto?.

En el año 2016 nos fue negada la expedición de copias certificadas de los expedientes de casos de desaparición de personas debido al “sigilo”, seguridad, riesgo de infiltración, conflictos familiares, entre otras razones. Frente a esta negativa, nos encontrábamos ante un escenario en el que debíamos tomar una decisión estratégica:

1) Presentar amparos por cada negativa a la expedición de las copias certificadas, como violación al derecho a la información y a la verdad; o

2) Buscar una ruta de acciones políticas y no judicializar todos los casos.

Frente a la presión del tiempo y el posible desgaste que pudiera conllevar un proceso jurídico, tomamos, conjuntamente con el Colectivo Por Amor a Ellxs, la decisión de construir una estrategia política. Después, realizamos una rueda de prensa en la cual denunciamos las prácticas violatorias de la FGE y solicitamos la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), la cual fue respaldada con una carta dirigida a su nuevo representante, Jan Jarab.

En el transcurso de tres semanas, se realizó la reunión con Jan Jarab, en el marco de su primera visita fuera de la Ciudad de México. A raíz de esta reunión, comenzaron a llevarse a cabo las mesas de trabajo mensuales entre el colectivo Por Amor a Ellxs, la FGE y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), con la observación y acompañamiento de la ONU-DH y el Cepad. Esto con la finalidad de hacer valer la exigencia al derecho a la verdad y cambiar las malas prácticas institucionales en la búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas.

Los compromisos y acuerdos sostenidos en las cinco mesas mensuales de trabajo hasta el mes de enero de 2017, no resultaron en cambios sustantivos, sin embargo, uno de los logros más significativos de las mesas, fue el anuncio del Fiscal General en diciembre de 2016 de crear un modelo integral de búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas, que recogería las mejores prácticas internacionales en la materia, así como de la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico para conocer a profundidad la situación de las desapariciones de personas en el estado, acciones que dieron inicio a la idea de creación de la FEPD.

El año 2016 fue un año histórico para el tema de las desapariciones de personas en Jalisco. A principios del año no se reconocía en el discurso público la existencia de las desapariciones de personas en la entidad, y a finales del año, se logró institucionalizar los mecanismos de participación y generar un diálogo directo con las autoridades locales, encaminados hacia la creación de la FEPD.

Y ¿cuáles fueron los pasos siguientes?, y ¿cómo logramos la creación de la FEPD?

Durante la segunda etapa del proceso, primero, se realizaron los diagnósticos. Posteriormente, se diseñó la ruta para su creación, adaptada al contexto de Jalisco, con las mejores prácticas internacionales. Segundo, se elaboró el Reglamento Interno de la FEPD, de manera participativa, con colectivos de familiares de personas desaparecidas Fundej y Por Amor a Ellxs, y las organizaciones de la sociedad civil, Cladem y el Cepad. Tercero, participamos en el proceso de diseño de perfiles adecuados y selección de 28 personas profesionistas, quienes actualmente conforman la Dirección de Análisis y Contexto.

Asimismo, hemos participado en 3 procesos de selección de la persona titular de la FEPD y el proceso de selección de la persona coordinadora del Protocolo Alba. Esta experiencia fue completamente nueva para el Cepad, y a su vez, se evidenció que uno de los retos más grandes en la creación de las nuevas instituciones es la falta de los perfiles idóneos y adecuados.

Los esfuerzos participativos se finalizaron con la creación de la FEPD, el 31 de agosto de 2018. La creación de la fiscalía especializada representó un avance tangible y real para atender la complejidad y magnitud de las desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, y responder al contexto de macrociminalidad del estado de Jalisco. La FEPD aspiraba ser un referente nacional en cuanto a los mecanismos de participación y aportes desde los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, situación que tal como señalé previamente, jamás esperábamos en el año 2016 cuando iniciamos el proceso de diálogo con las autoridades.

Sin embargo, aunque el arranque de la FEPD contribuyó a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas de desaparición, por mucho logro que fuera su creación, no podía subsanar de manera inmediata todas las malas prácticas institucionales que la atravesaban por dentro, tampoco disminuir los altos índices de las desapariciones en la entidad.

Por lo anterior, una vez que se concluyeron los procesos de la creación de la FEPD, la concentración de los esfuerzos se dirigió hacia la adecuada implementación de la misma y la correcta aplicación de sus funciones, exigiendo que los cambios no sólo se reflejaran en el centro del estado, sino en todas las regiones de Jalisco. Para esto, se requería buscar un mecanismo de participación y rendición de cuentas transparente y eficaz que pudiera brindar resultados y garantizar que a todos los procesos de participación existentes se les diera una correcta continuación.

Es por eso, que desde el mes de octubre logramos generar un espacio de seguimiento a la implementación de la FEDP a través de la Mesa de Seguimiento que tiene la finalidad de fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación conjunta, así como evaluar el funcionamiento y la eficacia de las actuaciones de la FEPD. Para el Cepad, uno de los objetivos de formar parte de este espacio fue la importancia de adoptar las buenas prácticas de búsqueda e investigación basadas en el concepto de que las desapariciones de personas constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, uno de los objetivos claves de la instalación de la Mesa de Seguimiento fue generar una coordinación adecuada entre las instituciones que se encargaban de los procesos de búsqueda, investigación, identificación de personas y atención a víctimas.

Y cabe preguntar: después de más de dos años de los procesos de participación, ¿dónde estamos ahora?

Es importante reconocer los avances. La creación de la FEDP y la instalación posterior de los mecanismos de seguimiento han sido pasos cruciales y, a su vez, constituyeron una muestra de un compromiso para contribuir a poner fin a la grave problemática de las desapariciones de personas en el estado, y para garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia, a la verdad, la reparación integral del daño y la no repetición de los hechos.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el problema persiste, y no ha sido solucionado a fondo. Los procesos de interlocución con autoridades han tomado tiempo y han sido desgastantes. Y en términos de mejorar la situación de las desapariciones en la entidad y hacer más eficentes los procesos de búsqueda e investigación, la respuesta tampoco no ha sido tan positiva. Esto se demuestra en los números de personas desaparecidas que incrementan año tras año, la ausencia de las sentencias por desaparición, la falta de avances en mayoría de los casos y la deficiente atención a víctimas.

En los últimos 10 años, a partir de 2008 hasta el 30 de septiembre, en Jalisco fueron denunciadas como desaparecidas 25,672 personas, de las cuales 6,850 no han sido encontradas. Cabe destacar que a pesar del acercamiento y diálogo con las autoridades locales, los últimos años acumulan la mayoría de estas desapariciones. El proceso de las mesas de trabajo se dio en el año 2016, en el cual en promedio desaparecían 9 personas al día, en el año 2017 se denunciaba diariamente la desaparición de 10 personas, y en el transcurso de nueve meses del año 2018, hasta el 30 de septiembre, han desaparecido un promedio de hasta 12 personas cada día. Cabe destacar que esta cifra solamente incluye a las personas desaparecidas denunciadas, sin considerar a todas las personas que se encuentran en la llamada “cifra negra”, es decir desapariciones no denunciadas por miedo, temor a represalias o la desconfianza hacia la capacidad de las instituciones de procuración de justicia, entre otras razones.

Y, si bien se creó la FEPD conforme a los más altos estándares internacionales, incluso antes de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición, la institución no ha funcionado de manera adecuada, particularmente por la constante falta de los recursos humanos y materiales. Parece que la postura oficial es mostrar públicamente el compromiso de crear la institución e insertar el discurso de derechos humanos y gravedad de las desapariciones en el debate público, y olvidarse que el objetivo no es crear las nuevas estructuras (que no operan), sino encontrar a las personas desaparecidas, sancionar a las personas responsables, reparar el daño de manera integral y prevenir para que las desapariciones de personas no ocurran nunca más.

Asimismo, vale la pena reflexionar el tema de la participación. Uno de los puntos claves de estos procesos fue que familiares de personas desaparecidas tuvieron en ellos un papel central. El reconocimiento del rol de familiares de personas desaparecidas resulta esencial para lograr avances concretos en materia de búsqueda, investigación, atención a víctimas e identificación de personas. Sin embargo, a lo largo de tiempo nos llegamos a preguntar si realmente es posible generar la confianza con la autoridad, mantener la esperanza, y poder creer en el cumplimiento real de los acuerdos asumidos por el gobierno, después de tantos años de la política del olvido y de negación de la existencia de graves violaciones a los derechos humanos. Y qué impacto realmente pueden tener los mecanismos de participación conjunta, los cuales tan fácilmente se puedan convertir en una simulación, a costo de la legitimidad y el desgaste de las víctimas y de la sociedad civil.

Y a estas reflexiones se suma una de las que más nos preocupan: ¿qué va a pasar con todos estos procesos en el contexto de la transición del gobierno?

Puesto que con la creación de la FEPD y los espacios de participación conjunta que se han generado, se creó una oportunidad histórica para la justicia y la verdad, la cual generó un compromiso institucional para varios actores y, a su vez la esperanza de materializar el acceso efectivo a estos derechos.

Y finalmente, cómo hacer que los mecanismos de participación y los avances provenientes de estos espacios sean duraderos y transexenales. Frente al contexto de las desapariciones generalizadas en la entidad, que se coloca en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número de las personas desaparecidas, donde cualquier persona puede ser víctima de desaparición, en cualquier momento y sin ningún costo, es de suma importancia que el nuevo Gobierno del Estado asuma su responsabilidad en su verdadera dimensión y priorice el tema de las desapariciones, dándoles el debido seguimiento, retomando los mecanismos existentes de participación, reconociendo los avances y atendiendo la gravedad del problema, para que todo lo que se ha hecho no fuera en vano y no resultara violatorio al principio de progresividad. Porque al final, el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral nunca debe de depender de la voluntad política, de los gobiernos y políticos particulares, sino es una obligación constitucional del Estado y su fuente es, ni más o menos, la dignidad inherente de cada persona humana.

*Discurso ofrecido el 28 de noviembre de 2018 en el Foro: Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Aprendizajes y Retos a un Año de su implementación en Jalisco. En la primer mesa con el tema “Experiencias sobre Mecanismos de Participación desde la Sociedad Civil.”

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ENLACES DE INTERÉS

¿Cómo estamos en el estado de Jalisco a un año después de la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición?*

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INFORME

¿Cómo estamos en el estado de Jalisco a un año después de la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición?*

Implementación Ley Desaparición

Anna Karolina Chimiak
Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad

A nivel nacional parece que somos una de las entidades más avanzadas en cuanto a la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Incluso podría decirse que comenzamos a implementar la Ley, aún antes que la misma fuera aprobada, puesto que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) entró en operaciones el 31 de agosto de 2017, y para su creación se tomó en cuenta los estándares que fueron previamente contemplados en su Dictamen.

Asimismo, casi a tiempo, solo a 8 días después de la fecha indicada por los transitorios de la Ley General, se creó la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Jalisco (CBPJ).

Posteriormente, en el mes de agosto de 2018 se concluyó la elaboración de la Convocatoria para conformar el Consejo local Ciudadano, llamado en Jalisco el Consejo Consultivo.

Y en el mes octubre de este año se presentó una propuesta de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares del Estado de Jalisco, la cual preveía la creación del sistema estatal de búsqueda. De igual manera, en noviembre del mismo año surgió otra iniciativa en el Congreso, esta vez sobre la declaración especial de ausencia por desaparición.

Además, a eso no podemos olvidar que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) es la única institución forense a nivel nacional la cual tiene carácter autónomo e independiente, y en las evaluaciones nacionales se posiciona como una de las mejores y más certificadas a nivel del país.

Frente a este escenario, parece que el estado Jalisco asumió de manera ejemplar todos los compromisos marcados por la legislación general en materia de desaparición, y en este momento, reconociendo los avances y aplaudiendo los esfuerzos institucionales, podría concluir el discurso, deseando que ojalá la misma postura tomara también el nuevo gobierno en transición.

Sin embargo, y lamentablemente hay varios peros.

Pero número 1: Falta del presupuesto.

Tanto la FEPD como la CBPJ no cuentan con los recursos técnicos, materiales suficientes y necesarios para cumplir con sus objetivos y responder de manera adecuada al fenómeno de las desapariciones en Jalisco, e incluso por lo anterior ni siquiera pueden implementar sus estructuras marcadas por el Reglamento y por el Decreto respectivamente, eso, pese a múltiples exigencias expresadas mediante los comunicados públicos y en el marco mesas de trabajo y mesas de seguimiento con la FGE y FEPD, así como las mesas de diálogo con la Secretaría General de Gobierno del estado de Jalisco, e incluso las reuniones con el mismo Gobernador. En cada una de estas reuniones, las y los funcionarios públicos se comprometieron a asignar recursos suficientes a estas dos instituciones, e incluso durante los meses de junio y julio, prometieron dotarlas con 100 millones de pesos. No obstante, lo prometido no sucedió y la situación evidenció la indolencia del estado frente a la magnitud de las desapariciones en la entidad y la poca credibilidad en cuanto a la palabra y los compromisos asumidos por las autoridades locales en los espacios de participación conjunta.

Pero número número 2: Falta del personal suficiente, profesionalizado y sensibilizado.

Las dos instituciones, FEPD y CBPJ, no cuentan con el número de personal necesario para su adecuado funcionamiento. Asimismo, a pesar de los cambios y a pesar de las múltiples capacitaciones que se han llevado a cabo, hasta la fecha no se ha logrado romper con las malas prácticas y los vicios institucionales que se han arrastrado por años, lo que evidencian la ausencia de las investigaciones exhaustivas, serias y eficaces y la constante violación de los derechos de víctimas. La pregunta es cuantas capacitaciones más se tendría que llevar a cabo, de los recursos públicos, para contar con un personal profesionalizado, sensibilizado y capacitado. Y si realmente se puede cambiar la manera de trabajar y la manera de pensar de las y los funcionarios públicos quienes toda su vida laboral han sido omisas/os y negligentes.

Pero número 3: Intentos de generar los procesos de selección a modo

La CBPJ fue creada el 24 de abril de 2018, y tras la publicación del Decreto que crea esta institución, el gobierno decidió llevar a cabo un proceso de selección de la persona titular sin considerar los colectivos de familiares de personas desaparecidas ni las organizaciones de la sociedad civil. Frente a esta situación, que resulta claramente violatoria al principio de participación conjunta que rige la Ley General, con los colectivos: Fundej y Por Amor a Ellxos y la organización Cladem Jalisco, decidimos emitir un comunicado en el cual exigimos que el proceso de selección de la persona a cargo de la CBP fuera transparente, con máxima publicidad, y bajo los mecanismos de la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil. A consecuencia de este comunicado, el gobierno de Jalisco respondió de manera positiva, declarando la convocatoria desierta, e iniciando un nuevo proceso de selección, en el cual, conjuntamente con los colectivos tomamos un papel clave: desde el diseño de la convocatoria, diseño de los requisitos del perfil idóneo, elaboración de la metodología de evaluación de perfiles, así como calificación a las personas aspirantes.

Además, cabe señalar, hasta la fecha la CBPJ no cuenta con el Reglamento interno, a pesar de posicionar este tema como una de las exigencias principales en el diálogo sostenido con la Secretaría General de Gobierno.

Pero número 4: No contamos con el Consejo Local Ciudadano

A pesar de concluir la convocatoria para conformar el Consejo Consultivo en el mes de agosto y acordar el mecanismo de selección e incluso consensuar las fechas del proceso, esfuerzo de más de un mes de trabajo colectivo, la convocatoria, sin ninguna justificación, no ha sido publicada.

Pero 5. La violación del principio de la participación conjunta consagrado en el artículo 5 de la LGD

Primero: Las dos propuestas de la ley previamente mencionadas, no han sido debidamente socializadas y consultadas. No se realizó una consulta pública, transparente ni incluyente con familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, lo que resultó violatorio al prinicipio de particiapción conjunta.

Segundo: En la propuesta de Ley estatal en materia de desaparición no se reconocieron y tomaron en cuenta los avances alcanzados por familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil en la materia, ni características propias del contexto del estado de Jalisco, por ejemplo la existencia de la FEPD, la instalación de la Comisión Interinstitucional de seguimiento, o la continuidad de los procesos de selección de las personas titulares de carácter participativo. Afortunadamente, tras las múltiples acciones de incidencia y estrategia de comunicación logramos de manera conjunta frenar la aprobación de dicha ley.

Tercero: De acuerdo con el transitorio noveno de la Ley General en materia de Desaparición, las entidades federativas deberían emitir y en su caso, armonizar la legislación correspondiente dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la Ley General, término que venció el 15 de julio del presente año, y lamentablemente en Jalisco no se ha cumplido con esta obligación, lo que evidenció la indoferencia e indolencia del Congreso del Estado de Jalisco, respecto a la gravedad de las desapariciones de personas en la entidad. Es por esta omisión que hasta la fecha familiares de personas desaparecidas al momento de necesitar contar con la declaración de ausencia por desaparición de su ser querido tienen que pasar por el proceso sumamente burocrático, costoso, prolongado y encaminado hacia la presunción de muerte.

Pero número 6: Crisis forense

Uno de los sucesos que más indignó a la sociedad no solo a nivel estatal sino también nacional e internacional, y demostró la incapacidad y debilidad institucional ante el incremento de violencia en el estado y la crisis de las desapariciones, fue el hallazgo del septiembre de 2018 de los tráileres que contenían cuerpos de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, en condiciones de resguardo inhumanas y degradantes, de los cuales la mayoría no contaban con la totalidad de los registros para su identificación, situación que resultó violatoria al derecho a la verdad, y demostró la ausencia total de coordinación y comunicación entre las instituciones de procuración de justicia estatales.

Pero número 7: La magnitud de las desapariciones en el estado de Jalisco

En el estado vivimos el escenario horroroso de las desapariciones generalizadas y descontroladas. Durante el año 2017, 3,672 personas fueron reportadas como desaparecidas, y no se han logrado localizar a 1,380 personas. Eso significa que en promedio cada día desaparecieron 10 personas. Y para comparar, en el año 2018, tras la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición,, sólo en el periodo de 9 meses, hasta 30 de septiembre, se denunciaron como desaparecidas a 3,255 personas, de las cuales 1,860 personas no han sido encontradas, con la cantidad de 12 personas denunciadas como desaparecidas cada día.

Pero número 8: Impunidad absoluta

Las cifras anteriormente mencionadas se enmarcan en un contexto de impunidad que en caso de las desapariciones resulta absoluta. Desde la tipificación del delito de desaparición forzada en octubre de 2013, hasta la fecha, no se ha logrado sentenciar a ninguna persona por este delito. Cabe resaltar que además de no contar con ni una sentencia por desaparición forzada, en el estado tampoco se cuenta con alguna investigación abierta por este delito.

Pero número 9: Promesas incumplidas

A fin de lograr con un proceso de seguimiento basado en un sustento jurídico, que incluyera la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, y para garantizar una coordinación adecuada entre las instituciones encargadas de los procesos de búsqueda, investigación, identificación de personas y atención a víctimas, tras múltiples exigencias, se logró crear una Comisión Interinstitucional para el Seguimiento de las Acciones Implementadas por el Gobierno del Estado de Jalisco para el Fortalecimiento de la FEPD y de la CBPJ. Al momento de su creación dicha Comisión fue considerada como un avance muy importante y de transcedencia transexenal.

La institución fue instalada el día 27 de septiembre de 2018, y transcurridos 30 días tras su instalación, de acuerdo con los transitorios del Decreto que la creó, se debería haber aprobado su Agenda Única y sus Lineamientos de Operación, hecho que no sucedió. Es por eso que nueavamente exigimos a convocar la reunión para dar seguimiento a los objetivos de la Comisión y aprobar dichos documentos, antes de que comience la administración del nuevo gobierno, a fin de generar un cierre adecuado y digno, y cumplir con los compromisos asumidos en la materia.

Reto número 10: Falta de unión e indiferencia de la sociedad civil.

Me gustaría hacer unas preguntas, ¿porque estamos aquí tan pocas personas?, y ¿porque como sociedad somos tan apáticos e indiferentes? ¿Cómo hacer que los medios de comunicación realmente comprendan el problema y estén al lado de las víctimas.? ¿Cómo las escuelas y las universidades pueden acercarse a esta problemática y generar la conciencia entre las personas jóvenes.? ¿Cómo combatir esta ignorancia de la sociedad y realizar los esfuerzos que no sean tan poco articulados, tan poco persistentes, y que no sean nada más coyunturales?.

Y con estas preguntas y que son a la vez retos enormes que dirijo a cada uno/una de ustedes, me gustaría concluir.

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*Discurso ofrecido el 28 de noviembre de 2018 en el Foro: Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Aprendizajes y Retos a un Año de su implementación en Jalisco. En la segunda mesa con el tema “Ley general en Materia de Desaparición de Personas, Lecciones Aprendidas a un año de su Aprobación.”

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Comunicado

Ayúdanos a Exigir a las y los diputados una Adecuada Ley en Materia de Desaparición

El pasado 16 de Octubre de 2018, el Dictamen de la Ley del Estado de Jalisco sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares y el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso local, pasando directamente al pleno, en un proceso acelerado, priorizando los intereses y negociaciones políticas en vez de necesidades de las víctimas y de la sociedad en conjunto.

Es preocupante que esta propuesta viola el principio de la participación conjunta que rige la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, debido a que el Congreso del Estado fue omiso en socializar la iniciativa y consultarla de manera adecuada y transparente con familiares de personas desaparecidas, así como con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema.

Además en la Propuesta de Ley no se reconocen los avances alcanzados por familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil en la materia, quedando evidenciado que no se contempló en la misma las funciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y los procesos de la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y la Comisión Interinstitucional. Asimismo, esta propuesta de ley contiene diversas deficiencias que no abonan a atender la gravedad y magnitud de la problemática de las desapariciones.

Por lo anterior, el 23 de octubre de 2018 presentamos al Presidente de la Mesa Directiva y a las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, un documento con las Observaciones a la Propuesta de Ley, sin embargo, a pesar de haber recibido el documento en físico, y de diversas llamadas que hemos realizado, hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta respecto a este tema, por el contrario todo parece que las y los diputados buscan aprobar la ley con todas las violaciones y deficiencias que contiene.

¡Ayúdanos!

Ayúdanos a escribir y/o llamar a las y los diputados del Congreso del Estado para exigirles que no aprueben esta ley, ya que es de suma importancia para la sociedad jalisciense que en el contexto de las más de 6 mil personas desaparecidas y la grave crisis forense que atraviesa la entidad, contemos con una legislación adecuada que contrarreste con este grave problema y que cumpla con los estándares internacionales y los que establece la Ley General en la materia.

Por lo anterior, pedimos tu ayuda para hacerles llegar a las y los diputados de la LXI legislatura del Congreso del Estado de Jalisco las siguientes exigencias:

Primero.- Que se abstengan de aprobar la Ley del Estado de Jalisco sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares y el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, hasta en tanto no se abran los espacios de diálogo con familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema para una consulta amplia y pública que garantice la participación conjunta.

Segundo.- Que prioricen la socialización y consulta de la iniciativa legislativa con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones de Jalisco, para que conozcan la propuesta y puedan realizar sus observaciones junto a especialistas, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la Ley General y los mayores estándares internacionales en la materia.

Tercero.- Que atiendan todas las observaciones realizadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas, de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas expertas en el tema y de los organismos internacionales de derechos humanos a la iniciativa de la Ley del Estado de Jalisco sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares y el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas

¡Ayúdanos y Marca la Diferencia!

Ayúdanos a llenar el formulario y enviar las exigencias a las y los Diputados del LXI Legislatura del Congreso del Estado :

Consulta el documento de observaciones entregado a las y los diputados: https://goo.gl/5RMmZ8

Lista de Diputados a los que se les hará llegar las exigencias Ciudadanas:

  • Jorge Arana Arana (PRI) – Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
  • María del Rocío Corona Nakamura (PRI) – Presidenta Comisión Puntos Constitucionales
  • Salvador Álvarez García – Vocal (MC)
  • Salvador Arellano Guzmán – Vocal (PRI)
  • Silvia Cárdenas Casillas – Vocal (NUEVA ALIANZA)
  • Juana Ceballos Guzmán – Vocal (PRI)
  • Hugo Contreras Zepeda – Vocal (PRI)
  • Verónica Franco Villalobos – Vocal (PRD)
  • José Mojica Franco – Vocal (PRI)
  • Liliana Guadalupe Morones Vargas – Vocal (PRI)
  • Patricia Pérez Martínez – Vocal (PAN)
  • Erika Lizbeth Ramírez Pérez – Vocal (PARTIDO VERDE)
  • Hugo René Ruíz Esparza Hermosillo – Vocal (PRI)
  • Augusto Valencia López – Vocal (MC)
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Comunicado Personas Desaparecidas

Exigimos a la LXI Legislatura de Jalisco se abstenga de aprobar la Ley de Desaparición hasta consultar con familiares, organizaciones y personas expertas.

COMUNICADO

 

  • A los y las integrantes de la LXI legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
  • A los y las integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco
  • A la Sociedad Jalisciense
  • A los Medios de Comunicación
    PRESENTE:

El pasado 16 de octubre, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco, aprobó el Dictamen de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, el cual fue sometido a la primera lectura del Pleno al día siguiente.

De acuerdo con el transitorio noveno de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las entidades federativas deberían emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la Ley General, término que venció el 15 de julio del presente año. El incumplimiento de dicha obligación por parte del Congreso del Estado evidenció su indiferencia e indolencia respecto a la gravedad de las desapariciones de personas a lo largo y ancho del territorio de Jalisco.

Frente a este contexto, los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, nos preocupa que las y los diputados de la LXI legislatura quieran aprobar un Dictamen en el que evidencian una profunda ignorancia y una falta de comprensión de los objetivos de la Ley General y los estándares internacionales en la materia. Durante el proceso de elaboración de dicho Dictamen no se ha consultado de manera adecuada y transparente a familiares que sufren la desaparición de un ser querido en Jalisco ni a las organizaciones de la sociedad civil, contraviniendo de esa manera los principios fundamentales de transparencia, máxima publicidad y participación conjunta.

Consideramos inaudito que no se hayan respetado los procesos y avances de participación para la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión local de Búsqueda de Personas y la Comisión Interinstitucional que colectivos y organizaciones han realizado en los últimos dos años. La constante indolencia de las autoridades estatales frente a la problemática de graves violaciones a los derechos humanos que aqueja nuestra entidad revela su desinterés por buscar medidas legislativas y presupuestales para garantizar los derechos de familiares de personas desaparecidas al acceso de justicia y a la verdad, y el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas.

De antemano rechazamos la aprobación de una Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, sin la participación de las y los familiares, las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, quien durante estos últimos años ha sido observadora y ha participado en los procesos de justicia y verdad en Jalisco.

Por lo anterior, le exigimos a las y los diputados de la LXI legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

Primero.- Que se abstengan de aprobar la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, hasta en tanto no se abran los espacios con familiares, organizaciones y personas expertas en el tema para una consulta amplia y pública que garantice la participación conjunta.

Segundo.- Que prioricen la socialización de la iniciativa legislativa con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones de Jalisco, para que conozcan la propuesta y puedan realizar sus observaciones junto a especialistas con la finalidad de alcanzar los objetivos de la Ley General y los mayores estándares internacionales en la materia.

Tercero.- Que atiendan todas las observaciones realizadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas, de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas expertas en el tema y de los organismos internacionales de derechos humanos a la iniciativa de Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco a 23 de octubre de 2018.

Por Amor a Ellxs.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, Cladem.
Red de Enlaces Nacionales.
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fundem Región Centro.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan De Larios A.C.
Sabuesos Guerreras A.C.
Colectivo – BCS “SinEllosNO” A.C. (Baja California Sur)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Uniendo Cristales A.C.
Idheas, A.C. Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros.
Las Rastreadoras por la Paz de Sinaloa (Sinaloa).
Una luz de Esperanza, Rastreadores del Sur de Sinaloa (Sinaloa).
Mujeres de Michoacán A.C. (Michoacán).
Voces Unidas por la Vida.
Colectivo Familias Unidas en Busca de una Esperanza (Zacatecas, Zac).
Familiares en Búsqueda María Herrera A.C.
Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, (COFADDEM) “Alzando Voces”
Colectivo Independiente Culiacán, María Herrera
Padres y Madres de Hijos Desaparecidos Culiacán A.C.
Colectivo Familiares Enlaces Xalapa (Xalapa, Ver.)
Colectivo Familias Unidas por Nayarit, CoFaUnNay (Nayarit)
Colectivo Corazones Perdidos Xalapa (Xalapa, Ver.)
Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos
Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos A.C. (Mazatlán, Sin)
Desaparecidos Justicia A.C. (Querétaro)
Familias Unidas en Busca de una Esperanza Zacatecas.
Familiares en Búsqueda María Herrera Xalapa.
La Alameda Morelos.
Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, años 70’s.
Búsqueda de familiares Regresando a casa Morelos A.C.
Colectivo Independiente de Rastreadores de Culiacán, María Herrera.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos En Nuevo León.
Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpo, Gro. y el País.

Guadalupe Valenzuela Palazuelos.
Marcedalia Reyes Gutiérrez.
Laura Curiel.
Susana Guadalupe Ayála B.
Juan Jesús González Tenorio.
Martha Alicia Camacho Loaiza.
Isela Ramírez Jiménez
Ana Isabel Castañeda López.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de  Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

 

 

Comunicado – recibido y sellado por diputados de la LXI Legislatura de Jalisco 23 Octubre de 2018

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Comunicado

Comunicado – Frente a las declaraciones del Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas de Jalisco

Personas Expertas en Acompañamiento Psicosocial en Desaparición Forzada y por Particulares expresan su preocupación frente a declaraciones del Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas de Jalisco

Mayo 15, 2018

  • A los colectivos de familiares de personas desaparecidos del estado de Jalisco y de México
  • A la sociedad en general
  • A los medios de comunicación

El pasado 11 de mayo del presente año, el recién nombrado Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, José Raúl Rivera Rivera, realizó en entrevista para el periódico Mural1, una serie de declaraciones que no sólo son técnicamente incorrectas sino que aúnan a la estigmatización de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y sus acompañantes. Estas declaraciones resultan todavía más preocupantes cuando provienen de un servidor público cuya responsabilidad es la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a los familiares, sus colectivos y organizaciones acompañantes.

Frente a estas graves declaraciones, puntualizamos lo siguiente:

1. El Fiscal utiliza el “Estrés Post Traumático” para deslegitimar las manifestaciones públicas de familiares de personas desaparecidas y estigmatizar a sus acompañantes

En sus declaraciones, el Fiscal define el “Estrés Post Traumático” de la siguiente forma: “Cuando alguien sufre un evento de naturaleza cualquiera, es decir, a mí me golpean afuera de la Fiscalía, o afuera de la Comisión de Derechos Humanos lo que quiero es no volver a pasar por ahí”. A continuación, el Fiscal utiliza este concepto para aseverar que las marchas generan “revictimización de las personas”, que “tantas marchas están vulnerando el aspecto emocional de los familiares de las víctimas” y que “tantas marchas están haciendo sufrir a los familiares”.

Como profesionales en psicología y acompañamiento psicosocial, nos parece importante destacar dos aspectos: el primero es el desconocimiento del Fiscal de esta categoría diagnóstica, pues si bien el Síndrome Estrés Post Traumático incluye síntomas de evitación a estímulos asociados al evento traumático, va más allá de “no querer pasar por ahí”. El segundo aspecto se deriva de las críticas ampliamente documentadas sobre la utilización de esta categoría al referirse a los impactos psicológicos y psicosociales de la desaparición forzada y por particulares, pues invisibiliza la naturaleza dialéctica del trauma entre la dimensión individual y la dimensión social y política de esta la problemática, que hoy en día afecta a los familiares de los más de 30 mil personas desaparecidas. De tal forma que la reduce a un asunto individual y, por lo tanto, al ámbito privado.

Pero lo que resulta realmente grave es que el Fiscal utilice esta terminología para deslegitimar las manifestaciones públicas de las víctimas, tachándolas como formas de revictimización, y estigmatice a los acompañantes y defensores de derechos humanos, pues más adelante afirma que “hay actores que hacen de la manifestación su forma de vida”.

2. La impunidad es la fuente más importante de revictimización para los familiares de personas desaparecidas

Diversos estudios de impacto psicosocial en familiares de personas desaparecidas muestran que la impunidad, entendida como la falta de búsqueda, investigación y sanción a los responsables, mantiene a los familiares en la incertidumbre y los obliga a involucrarse en la búsqueda y la investigación. Esto genera importantes consecuencias, tales como la ruptura del proyecto de vida, el deterioro socioeconómico, la estigmatización y la profundización del duelo congelado.

3. La organización y el apoyo mutuo entre familiares de personas desaparecidas, así como las marchas y manifestaciones públicas son una forma de afrontamiento positivo frente a las desapariciones forzadas y por particulares, así como frente a la impunidad

Con base en nuestra experiencia acompañando innumerables procesos de búsqueda de familiares y colectivos que van desde los casos de los años 70s, los miles de casos derivados a partir de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón en el 2006 y los que continúan ocurriendo en la actual administración, podemos afirmar que la organización y el apoyo mutuo entre familiares constituyen formas de afrontamiento positivo frente a los impactos de las desapariciones y la impunidad. Estos espacios permiten romper el aislamiento y la privatización del daño, fortalecer lazos de apoyo y solidaridad, así como sus demandas de verdad y justicia.

Contrariamente a lo dicho por el funcionario, las marchas, entre otras acciones colectivas, que los familiares llevan a cabo “no los hacen sufrir” sino que se convierten en un sostén subjetivo que les permite seguir viviendo en medio de la peor tragedia y enfrentar el olvido, la impunidad y las injusticias. En el caso específico de Jalisco, vale resaltar actos de memoria que han organizado colectivos y familiares de desaparecidos como el predio “La ley de la verdad” en Lagos de Moreno, la “Glorieta de las y los desaparecidos” en Guadalajara e iniciativas como “Bordamos por la paz”.

Las manifestaciones públicas de exigencia de búsqueda de las personas desaparecidas y de justicia contribuyen a visibilizar la problemática y tienen un sentido reparador en la medida en que abonan a que los hechos no se repitan.

4. Los familiares de personas desaparecidas organizados en colectivos han mostrado una importante capacidad propositiva e incluso han realizado labores de búsqueda e investigación que corresponden al Estado

El Fiscal se expresa en el sentido de que “yo no he visto proposiciones para mejorar el sistema de justicia, yo no he visto que alguien diga ‘vamos ayudar a la Fiscalía’, yo no he visto que digan, ‘vamos a apoyar a la gente que va llegando’, yo no he visto que digan, ‘ah, el fiscal nuevo, hay que ayudarlo’”.

Con estas declaraciones, el Fiscal niega las múltiples acciones que durante años han realizado tanto las familias, como otros actores de la sociedad civil en el ánimo de movilizar el sistema de justicia para responder a este grave fenómeno que no es nuevo ni en Jalisco ni en el país. Por ejemplo, a nivel nacional: el impulso y la participación en la elaboración de la Ley General de Víctimas, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley Federal de Declaración de Ausencia por Desaparición. En el estado de Jalisco, destaca el impulso y la participación de diferentes colectivos de familiares en la creación de su propia Fiscalía y en la elaboración de su Reglamento.

El Fiscal desconoce también que, en muchos casos, las investigaciones y los hallazgos más significativos son llevados a cabo por los familiares, de modo que son ellos y ellas quienes han realizado una parte considerable de las funciones que le corresponderían a la Fiscalía.

Por lo anterior, quienes firmamos este pronunciamiento manifestamos que:

  • Rechazamos el uso de categorías psicopatológicas para deslegitimar las acciones de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y estigmatizar a sus acompañantes y defensores de derechos humanos.

  • Hacemos un llamado al Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco, José Raúl Rivera Rivera, a profundizar en el conocimiento de los impactos psicosociales de la desaparición forzada y por particulares, rectificar sus afirmaciones reconociendo los aportes de los familiares y conducirse con respeto a la dignidad de los familiares de las personas desaparecidas y sus colectivos.

  • Hacemos un llamado a reconocer y favorecer las formas de participación colectiva de los familiares de personas desaparecidas, de acuerdo a su mandato, y evitar la revictimización producto de la impunidad.

Firman:

Integrantes del Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos:

  • Alejandra González Marín (Consultora independiente en atención a víctimas de violencias y graves violaciones de derechos humanos)
  • Alberto Rodríguez Cervantes (Psicólogo y terapeuta familiar, miembro del equipo de acompañamiento psicosocial al colectivo Chihuahua en busca de sus personas desaparecidas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDHEM)
  • Andrea Cárdenas (Psicóloga social, miembro del equipo de acompañamiento psicosocial al colectivo Chihuahua en busca de sus personas desaparecidas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDHEM)
  • Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario
  • Andrea Kenya Sánchez Zepeda (Profesora asociada C ENTS UNAM)
  • Carolina Robledo Silvestre (Catedrática Conacyt- CIESAS)
  • Edith Escareño Granados (Consultora independiente)
  • Eduardo Calderón Domínguez (Consultor independiente)
  • Equipo de Acompañamiento Psicosocial de la Red Unidos por los Derechos Humanos A.C. (Veracruz)
  • Fernanda Peñaloza (Equipo Red Retoño)
  • May-ek Querales Mendoza (Investigadora del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, GIASF)
  • Norma García Flores (Trabajo y Acompañamiento Psicosocial en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C.)
  • Olivia Cortez Corona (Psicóloga del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C.)
  • Paola Alejandra Ramírez González (Psicóloga, Doctorante en Antropología, CIESAS-Ciudad
  • de México, estudiante asociada al GIASF)
  • Rossina Uranga Barri (Psicóloga y terapeuta comunitaria, miembro del equipo de acompañamiento psicosocial al colectivo Chihuahua en busca de sus personas desaparecidas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDHEM)
  • Valeria Moscoso Urzúa (Coordinadora del Área de Trabajo y Acompañamiento Psicosocial, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C.)
  • Ximena Antillón Najlis (Psicóloga, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.)
  • Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.Además de las siguientes organizaciones:
  • Aluna, Acompañamiento Psicosocial A. C.
  • Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad).
  • Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer,
  • (CLADEM, Jalisco)
  • Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas Alzando Voces! Cofaddem
  • Efecto Útil, Monitoreo de Organismo Públicos de Derechos Humanos
  • Genera Alternativas: Espacio para el desarrollo psicosocial A.C
  • Instituto Multidisciplinario de Desarrollo Social, Yocoyani A.C.
  • Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser, Jalisco)Y profesionales solidarios:
  • Adriana Romero Rey (Psicóloga. Maestrante en Derechos Humanos y Políticas Sociales, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires)
  • Amelia Haydée Imbiano (Psicoanalista. Presidente de la Fundación Praxis Freudiana, Buenos Aires)
  • Ana Karen Costet Mejía (Estudiante de la Maestría en Psicología en la Universidad Autónoma de Morelos)
  • Ana Violeta Elizalde Jiménez (Terapeuta infantil)
  • Berenice Mejía Iturriaga (Psicoanalista, Facultad de Psicología UNAM/Sexta Nacional)
  • Camilo Raxá Camacho Jurado (Psicólogo y Etnomusicólogo)
  • Carlos Pimienta (Estudiante de la Maestría en Ciencias, Kinesiología y Estudios en Salud en Queen’s University, Canadá)
  • Dr. Daniel Reyes Lara (Psicólogo social, docente en la Universidad de Guadalajara)
  • Dr. Daniel Vázquez (Profesor Investigador de tiempo completo IIJ-UNAM)
  • Dr. Froylán Enciso (Profesor Investigador con Cátedra Conacyt. Programa de Política de Drogas. Centro de Investigación y Docencia)
  • Dr. Ignacio Irazuzta (Profesor Investigador Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey)
  • Dr. Pau Pérez Sales (Director Centro SiRa. Presidente sección consecuencias psicológicas tortura. Asociación psiquiátrica mundial)
  • Dr. Ricardo Álvarez Gómez (Médico Cirujano UNAM)
  • Dr. Salvador Maldonado Aranda (Centro de Estudios Antropológicos. El Colegio de Michoacán A.C.)Dr. Salvador Salazar Gutiérrez (Profesor-Investigador, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)
  • Dra. Ana Guglielmucci (Investigadora Adjunta CONICET-ICA. Docente del Departamento de Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires)
  • Dra. Anne Huffschmind (Lal FU-Berlin-Freie Universität Berlin)
  • Dra. Carolina Corral Paredes (Posdoctorante Conacyt-CIESAS)
  • Dra. Cath Collins (Observatorio de Justicia Transicional. Universidad Diego Portales Chile y Transitional Justice Institute, Northern Ireland, UK)
  • Dra. Claire Moon (Associate Professor Departament of Sociology. Human Rights London School of Economics and Political Science)
  • Dra. Claudia Mónica Salazar Villava (Profesora Investigadora, UAM-Iztapalapa)
  • Dra. Claudia Zamorano (Profesos Investigadora CIESAS-Ciudad de México)
  • Dra. Diana Alejandra Silva (Profesora Investigadora Invitada UAM-Iztapalapa)
  • Dra. Ileana Diéguez (Profesora Investigadora UAM-Cuajimalpa)
  • Dra. Julia Monárrez (Profesora Investigadora El Colegio de la Frontera Norte)
  • Dra. Lina Rosa Berrío (Catedrática Conacyt CIESAS-Pacífico Sur)
  • Dra. María José Sarrabayrouse Oliveira (Antropóloga. Investigadora Adjunta CONICET
  • Equipo de Antropología Política y Jurídica. Instituto de Ciencias Antropológicas, FfyL, UBA)
  • Dra. María Teresa Sierra (Profesora Investigadora, CIESAS-Ciudad de México)
  • Dra. María Victoria Pita (Investigadora Independiente CONICET. Equipo de Antropología Política y Jurídica. Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Profesora Adjunta Regular, UBA)
  • Dra. Mariana Mora (Profesora Investigadora CIESAS–Ciudad de México)
  • Dra. Mayra Ledesma Arronte (Profesora Investigadora U.V. Programa Universitario por una Cultura de Paz, Xalapa, Veracruz)
  • Dra. Milagros Morales Vázquez (Psicóloga. Profesora Investigadora en la Universidad Autónoma del Carmen)
  • Dra. Morna Macleod (Profesora Investigadora. Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC) Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM)
  • Dra. Natalia De Marinis (Profesora Investigadora, CIESAS-Golfo)
  • Dra. Rachel Sieder (Profesora Investigadora CIESAS-Ciudad de México)
  • Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo (Profesora Investigadora, CIEAS-Ciudad de México)
  • Dra. Sevérine Durin (Profesora Investigadora CIESAS-Noreste)
  • Dra. Silvia Dutrenit (Profesora Investigadora Instituto Mora)
  • Dra. Susana Navarro García (Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial. ECAP. Guatemala)
  • Dulce Laura Melchor Díaz (Psicóloga y consultora independiente)
  • Eva Viridiana Bracamontes García (Psicóloga y estudiante de la Especialización en
  • Educación en Géneros y Sexualidades, Universidad de La Plata)
  • Giobanna Patricia Buenahora Molina (Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, Red Mexciteg)
  • Guadalupe Ortega Rodríguez (Enfermera, Guadalajara)
  • Jesús Eduardo Carretero Luvian (Psicólogo, Guadalajara)
  • Julieta Abrego (Psicoanalista. Docente de la Licenciatura en Psicología Clínica UNACAR-Universidad Autónoma del Carmen)
  • Karina Macías Hernández (Psicóloga. Docente de Bachillerato, Universidad de Guadalajara)
  • Ligia Colmenares Vázquez (Docente e Investigadora UNAM)
  • Lucía Gómez Lvoff (Psicóloga y Antropóloga . Docente en el Colegio Suizo de México)
  • María Ballester Espinoza (Psicoanalista y Escritora)María Fernanda Alatorre Quevedo (Psicóloga, Guadalajara)
  • Mariana García Reyes (Psicóloga, Guadalajara)
  • Mariana Gómez Lovff (Psicóloga. Colegio Suizo de México)
  • Mariana Isabel Plazola Mercado (Psicóloga, Guadalajara)
  • Mauricio González González (ENAH/CEDICAR A.C.)
  • Miriam Aura Gómez Noguez (Psicóloga UNAM y Teóloga Feminista)
  • Mtra. Andrea Kenya Sáchez Zepeda (Profesora Investigadora ENTS UNAM)
  • Mtro. Baruch Martínez Treviño (Practicante de psicoanálisis, psicólogo social, acompañante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León)
  • Omar Eduardo Almeida López (Psicólogo, Guadalajara)
  • Pilar Noriega (Abogada. Ex Comisión de la Verdad en Guerrero)
  • Sandra Odeth Gerardo Pérez (Doctorante en Antropología, CIESAS-Ciudad de México, estudiante asociada al GIASF)
  • Sandra Posadas Pedraza (Psicoanalista, UNAM)
  • Selene Amelco (Consultora Independiente, Oaxaca)
  • Vanessa Maldonado Macedo (Doctorante en Antropología, CIESAS-Ciudad de México. Integrante del Grupo Latinoamericano de Análisis/Acción sobre Mercados Sexuales (GLAM/SEX)

 

¿Quieres saber más sobre la situación de desaparición de personas en Jalisco? Consulta el siguiente informe

Informe “Frente a la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en Jalisco: La lucha por la Verdad y la Justicia”

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Comunicado

Comunicado, Preocupación ante el incumplimiento de designar al o la titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Jalisco.

COMUNICADO

 

Comunicado Por Amor a EllxsComunicado CepadComunicado Cladem

 

 

 

 

 

Quienes suscribimos el presente comunicado formamos parte del Comité Ad Hoc de Preselección de quien ocupará el cargo de Fiscal Especializado/a en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en cuya convocatoria pública fechada el 28 de febrero de 2018, se establecieron los plazos para cada una de las etapas del proceso  y que tanto los y las aspirantes, como el propio Comité Ad Hoc, la Fiscalía General y el propio Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz tenían que cumplir.

El 12 de abril fue la fecha establecida en la convocatoria para que el Fiscal General en acuerdo con el Gobernador Constitucional, designara a la o el Fiscal Especializa/o en Personas Desaparecidas, sin embargo, dicho anuncio no se realizó. Hasta el momento desconocemos las causas que motivaron al Gobernador omitir el anuncio, incumpliendo de esa forma con el último punto de la clausula décima de la convocatoria.

Consideramos que no anunciar quien se hará cargo de la titularidad de la Fiscalía Especializada en el plazo estipulado genera incertidumbre, tomando en cuenta la grave situación de la desaparición de personas en el estado. No informar las causas o motivos para no hacer publica la designación, es una desatención al Comité Ad Hoc, y particularmente a las y los familiares de personas desaparecidas en Jalisco, quienes están a la expectativa de quien será la persona encargada de garantizarles los derechos a la justicia y a la verdad.

Por lo anterior, exhortamos al Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, que realice la designación de la o el Fiscal Especializado/a en Personas Desaparecidas de manera inmediata, y explique los motivos de la misma.

 

Guadalajara, Jalisco a 14 de abril de 2018

 

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C., Cepad.

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, CLADEM.

Colectivo Por Amor a Ellxs.