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Comunicado

Comunicado – La desaparición de Personas en Jalisco frente al proceso de transición del gobierno estatal.

Cepad

 

  • Al Gobernador del Estado de Jalisco

  • Al Secretario General de Gobierno

  • Al Coordinador de Gabinete de Seguridad

  • Al Presidente de la Mesa Directiva de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

  • A las y los diputados/ad de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

  • A la Sociedad Jalisciense

  • A los Medios de Comunicación

La violencia e inseguridad que ha vivido nuestro país durante el último sexenio, no tiene precedente en la historia moderna. En el mes de noviembre de este año, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas observó que en gran parte del territorio del Estado Mexicano se mantiene una situación de desapariciones generalizadas, la impunidad y revictimización. Asimismo, el organismo internacional en su informe destacó el escaso número de condenas por desaparición, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación, así como la falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, características que sin duda alguna describen el contexto de desaparición de personas en el estado de Jalisco.

La grave situación que sufren las y los familiares de personas desaparecidas se evidencia en el número de personas desaparecidas en la entidad. Del 2008 al 31 de octubre del presente año, fueron reportadas como desaparecidas 26 mil 129 personas, de las cuales, 7 mil 124 personas a la fecha no han sido encontradas. De ellas, lo que concierne al sexenio del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz contabilizado del 1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2018, parece aún más grave. Tan sólo en este periodo no se han podido localizar a 5 mil 916 personas, lo que significa que el 83% de las desapariciones ocurridas en los últimos 11 años, sucedieron durante la administración del hoy exgobernador.

Frente a este contexto, se han generado espacios de diálogo entre familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y las autoridades relacionadas con la investigación, búsqueda, identificación y atención a víctimas, a fin de dar seguimiento al tema de la desaparición de personas en la entidad y generar los mecanismos de participación y rendición de cuentas. A lo largo de más de dos años, hemos sostenido procesos de diálogo con el Ejecutivo estatal, lo que a pesar de la mencionada magnitud de las desapariciones de personas en la entidad, resultó en algunos avances sustantivos como la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD-ahora Fiscalía Especial ), la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) y la Comisión Interinstitucional para el seguimiento y fortalecimiento de las mismas.

Con la finalidad de sistematizar esta experiencia y, en particular, recuperar la memoria sobre los procesos participativos, el Cepad elaboró el informe sobre el proceso de creación e implementación de la FEPD ¿El camino hacia la verdad y justicia?, el cual fue entregado el día de hoy al nuevo Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, el Coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Taméz, y al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, Salvador Caro Cabrera. Este documento sistematiza la experiencia y rescata las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los mecanismos participativos, los cuales aspiran responder a las necesidades de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y reflejar la complejidad del contexto de las desapariciones de personas en el estado de Jalisco.

El informe se divide en tres apartados principales en los que se describe de manera detallada: el comienzo de las mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado, el proceso de creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y el proceso de seguimiento a la implementación de la misma. Las tres etapas comparten el mismo objetivo de materializar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de desaparición mediante los procesos de diálogo sostenidos entre familiares de personas desaparecidas, organizaciones de sociedad civil y autoridades locales.

Sin lugar a dudas, estamos en un momento crucial para el seguimiento del tema de las desapariciones en Jalisco, por lo que la lectura integral del Informe del Cepad por parte de las nuevas autoridades estatales resulta indispensable para conocer y entender el contexto de las desapariciones en la entidad, comprender los procesos participativos que se han dado y los grandes esfuerzos que se han realizado para garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de desaparición, así como los principales retos que se han enfrentado y los avances logrados.

Asimismo, junto a la entrega del Informe del Cepad y, frente al proceso de la transición del gobierno, les realizamos a las autoridades correspondientes las siguientes solicitudes:

Primero.- Al Gobernador del Estado de Jalisco, Secretario General de Gobierno y Coordinador de Gabinete de Seguridad:

  • Que otorguen una debida prioridad y atención al tema de las desapariciones de personas y a los procesos de diálogo entre las autoridades locales, las víctimas y la sociedad civil.

  • Que retomen los mecanismos de participación existentes, en particular el mecanismo de la Comisión Interinstitucional creado mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 6 de septiembre de 2018.

Segundo.- A las y los diputados/as de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

  • Que asigne las partidas presupuestales que contemplen los recursos suficientes y necesarios para la adecuada implementación y operación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, incluyendo los recursos humanos, materiales, logísticos y tecnológicos adecuados.

  • Que antes de presentar cualquier propuesta legislativa en materia de desaparición de personas, se familiaricen a profundidad y analicen los mecanismos de participación existentes, así como realicen procesos de consulta amplia, pública, transparente e incluyente con familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que sus actos legislativos respondan a las necesidades reales de las víctimas de desaparición y no carezcan de legitimidad.

 

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INFORME

Experiencias de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición ante el contexto de la transición del gobierno

Desaparición de PersonasAnna Karolina Chimiak
Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad

Anunciamos la presentación del informe del Cepad sobre el proceso de la creación e implementación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecida (FEPD). Este documento será público y se entregará el próximo 6 de diciembre al futuro Gobernador, Enrique Alfaro y el futuro Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, a fin de que conozcan los esfuerzos que se realizaron en torno al tema de las desapariciones de personas en Jalisco a lo largo de los últimos dos años, particularmente por familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, para que así entiendan los acuerdos y compromisos asumidos, y den adecuado seguimiento a todos los procesos que se lograron crear.

Con el informe se busca recuperar la memoria sobre el proceso de creación e implementación de la FEPD. A partir de la sistematización de la experiencia y rescatar las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los mecanismos participativos que buscan responder a las necesidades de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y reflejar la complejidad del contexto de las desapariciones de personas en el estado de Jalisco. Es importante mencionar que el estado de Jalisco se ha destacado de manera significativa a nivel nacional con relación a los procesos de diálogo entre las autoridades y familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil.

El documento se divide en tres etapas principales: el comienzo de las mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el proceso de creación de la FEPD y el proceso de seguimiento a la implementación de la misma.

A continuación les compartimos puntos claves de cada una de estas etapas.

El proceso comenzó en el año 2016. En aquel momento no imaginábamos que podríamos llegar a crear una FEPD y los resultados de estas acciones fueron completamente inesperados. No hubiéramos pensando terminar este proceso con una institución encargada de los procesos de búsqueda e investigación, innovadora e inédita a nivel de todo el país.

Pero, ¿cómo llegamos a esto?.

En el año 2016 nos fue negada la expedición de copias certificadas de los expedientes de casos de desaparición de personas debido al “sigilo”, seguridad, riesgo de infiltración, conflictos familiares, entre otras razones. Frente a esta negativa, nos encontrábamos ante un escenario en el que debíamos tomar una decisión estratégica:

1) Presentar amparos por cada negativa a la expedición de las copias certificadas, como violación al derecho a la información y a la verdad; o

2) Buscar una ruta de acciones políticas y no judicializar todos los casos.

Frente a la presión del tiempo y el posible desgaste que pudiera conllevar un proceso jurídico, tomamos, conjuntamente con el Colectivo Por Amor a Ellxs, la decisión de construir una estrategia política. Después, realizamos una rueda de prensa en la cual denunciamos las prácticas violatorias de la FGE y solicitamos la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), la cual fue respaldada con una carta dirigida a su nuevo representante, Jan Jarab.

En el transcurso de tres semanas, se realizó la reunión con Jan Jarab, en el marco de su primera visita fuera de la Ciudad de México. A raíz de esta reunión, comenzaron a llevarse a cabo las mesas de trabajo mensuales entre el colectivo Por Amor a Ellxs, la FGE y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), con la observación y acompañamiento de la ONU-DH y el Cepad. Esto con la finalidad de hacer valer la exigencia al derecho a la verdad y cambiar las malas prácticas institucionales en la búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas.

Los compromisos y acuerdos sostenidos en las cinco mesas mensuales de trabajo hasta el mes de enero de 2017, no resultaron en cambios sustantivos, sin embargo, uno de los logros más significativos de las mesas, fue el anuncio del Fiscal General en diciembre de 2016 de crear un modelo integral de búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas, que recogería las mejores prácticas internacionales en la materia, así como de la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico para conocer a profundidad la situación de las desapariciones de personas en el estado, acciones que dieron inicio a la idea de creación de la FEPD.

El año 2016 fue un año histórico para el tema de las desapariciones de personas en Jalisco. A principios del año no se reconocía en el discurso público la existencia de las desapariciones de personas en la entidad, y a finales del año, se logró institucionalizar los mecanismos de participación y generar un diálogo directo con las autoridades locales, encaminados hacia la creación de la FEPD.

Y ¿cuáles fueron los pasos siguientes?, y ¿cómo logramos la creación de la FEPD?

Durante la segunda etapa del proceso, primero, se realizaron los diagnósticos. Posteriormente, se diseñó la ruta para su creación, adaptada al contexto de Jalisco, con las mejores prácticas internacionales. Segundo, se elaboró el Reglamento Interno de la FEPD, de manera participativa, con colectivos de familiares de personas desaparecidas Fundej y Por Amor a Ellxs, y las organizaciones de la sociedad civil, Cladem y el Cepad. Tercero, participamos en el proceso de diseño de perfiles adecuados y selección de 28 personas profesionistas, quienes actualmente conforman la Dirección de Análisis y Contexto.

Asimismo, hemos participado en 3 procesos de selección de la persona titular de la FEPD y el proceso de selección de la persona coordinadora del Protocolo Alba. Esta experiencia fue completamente nueva para el Cepad, y a su vez, se evidenció que uno de los retos más grandes en la creación de las nuevas instituciones es la falta de los perfiles idóneos y adecuados.

Los esfuerzos participativos se finalizaron con la creación de la FEPD, el 31 de agosto de 2018. La creación de la fiscalía especializada representó un avance tangible y real para atender la complejidad y magnitud de las desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, y responder al contexto de macrociminalidad del estado de Jalisco. La FEPD aspiraba ser un referente nacional en cuanto a los mecanismos de participación y aportes desde los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, situación que tal como señalé previamente, jamás esperábamos en el año 2016 cuando iniciamos el proceso de diálogo con las autoridades.

Sin embargo, aunque el arranque de la FEPD contribuyó a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas de desaparición, por mucho logro que fuera su creación, no podía subsanar de manera inmediata todas las malas prácticas institucionales que la atravesaban por dentro, tampoco disminuir los altos índices de las desapariciones en la entidad.

Por lo anterior, una vez que se concluyeron los procesos de la creación de la FEPD, la concentración de los esfuerzos se dirigió hacia la adecuada implementación de la misma y la correcta aplicación de sus funciones, exigiendo que los cambios no sólo se reflejaran en el centro del estado, sino en todas las regiones de Jalisco. Para esto, se requería buscar un mecanismo de participación y rendición de cuentas transparente y eficaz que pudiera brindar resultados y garantizar que a todos los procesos de participación existentes se les diera una correcta continuación.

Es por eso, que desde el mes de octubre logramos generar un espacio de seguimiento a la implementación de la FEDP a través de la Mesa de Seguimiento que tiene la finalidad de fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación conjunta, así como evaluar el funcionamiento y la eficacia de las actuaciones de la FEPD. Para el Cepad, uno de los objetivos de formar parte de este espacio fue la importancia de adoptar las buenas prácticas de búsqueda e investigación basadas en el concepto de que las desapariciones de personas constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, uno de los objetivos claves de la instalación de la Mesa de Seguimiento fue generar una coordinación adecuada entre las instituciones que se encargaban de los procesos de búsqueda, investigación, identificación de personas y atención a víctimas.

Y cabe preguntar: después de más de dos años de los procesos de participación, ¿dónde estamos ahora?

Es importante reconocer los avances. La creación de la FEDP y la instalación posterior de los mecanismos de seguimiento han sido pasos cruciales y, a su vez, constituyeron una muestra de un compromiso para contribuir a poner fin a la grave problemática de las desapariciones de personas en el estado, y para garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia, a la verdad, la reparación integral del daño y la no repetición de los hechos.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el problema persiste, y no ha sido solucionado a fondo. Los procesos de interlocución con autoridades han tomado tiempo y han sido desgastantes. Y en términos de mejorar la situación de las desapariciones en la entidad y hacer más eficentes los procesos de búsqueda e investigación, la respuesta tampoco no ha sido tan positiva. Esto se demuestra en los números de personas desaparecidas que incrementan año tras año, la ausencia de las sentencias por desaparición, la falta de avances en mayoría de los casos y la deficiente atención a víctimas.

En los últimos 10 años, a partir de 2008 hasta el 30 de septiembre, en Jalisco fueron denunciadas como desaparecidas 25,672 personas, de las cuales 6,850 no han sido encontradas. Cabe destacar que a pesar del acercamiento y diálogo con las autoridades locales, los últimos años acumulan la mayoría de estas desapariciones. El proceso de las mesas de trabajo se dio en el año 2016, en el cual en promedio desaparecían 9 personas al día, en el año 2017 se denunciaba diariamente la desaparición de 10 personas, y en el transcurso de nueve meses del año 2018, hasta el 30 de septiembre, han desaparecido un promedio de hasta 12 personas cada día. Cabe destacar que esta cifra solamente incluye a las personas desaparecidas denunciadas, sin considerar a todas las personas que se encuentran en la llamada “cifra negra”, es decir desapariciones no denunciadas por miedo, temor a represalias o la desconfianza hacia la capacidad de las instituciones de procuración de justicia, entre otras razones.

Y, si bien se creó la FEPD conforme a los más altos estándares internacionales, incluso antes de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición, la institución no ha funcionado de manera adecuada, particularmente por la constante falta de los recursos humanos y materiales. Parece que la postura oficial es mostrar públicamente el compromiso de crear la institución e insertar el discurso de derechos humanos y gravedad de las desapariciones en el debate público, y olvidarse que el objetivo no es crear las nuevas estructuras (que no operan), sino encontrar a las personas desaparecidas, sancionar a las personas responsables, reparar el daño de manera integral y prevenir para que las desapariciones de personas no ocurran nunca más.

Asimismo, vale la pena reflexionar el tema de la participación. Uno de los puntos claves de estos procesos fue que familiares de personas desaparecidas tuvieron en ellos un papel central. El reconocimiento del rol de familiares de personas desaparecidas resulta esencial para lograr avances concretos en materia de búsqueda, investigación, atención a víctimas e identificación de personas. Sin embargo, a lo largo de tiempo nos llegamos a preguntar si realmente es posible generar la confianza con la autoridad, mantener la esperanza, y poder creer en el cumplimiento real de los acuerdos asumidos por el gobierno, después de tantos años de la política del olvido y de negación de la existencia de graves violaciones a los derechos humanos. Y qué impacto realmente pueden tener los mecanismos de participación conjunta, los cuales tan fácilmente se puedan convertir en una simulación, a costo de la legitimidad y el desgaste de las víctimas y de la sociedad civil.

Y a estas reflexiones se suma una de las que más nos preocupan: ¿qué va a pasar con todos estos procesos en el contexto de la transición del gobierno?

Puesto que con la creación de la FEPD y los espacios de participación conjunta que se han generado, se creó una oportunidad histórica para la justicia y la verdad, la cual generó un compromiso institucional para varios actores y, a su vez la esperanza de materializar el acceso efectivo a estos derechos.

Y finalmente, cómo hacer que los mecanismos de participación y los avances provenientes de estos espacios sean duraderos y transexenales. Frente al contexto de las desapariciones generalizadas en la entidad, que se coloca en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número de las personas desaparecidas, donde cualquier persona puede ser víctima de desaparición, en cualquier momento y sin ningún costo, es de suma importancia que el nuevo Gobierno del Estado asuma su responsabilidad en su verdadera dimensión y priorice el tema de las desapariciones, dándoles el debido seguimiento, retomando los mecanismos existentes de participación, reconociendo los avances y atendiendo la gravedad del problema, para que todo lo que se ha hecho no fuera en vano y no resultara violatorio al principio de progresividad. Porque al final, el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral nunca debe de depender de la voluntad política, de los gobiernos y políticos particulares, sino es una obligación constitucional del Estado y su fuente es, ni más o menos, la dignidad inherente de cada persona humana.

*Discurso ofrecido el 28 de noviembre de 2018 en el Foro: Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Aprendizajes y Retos a un Año de su implementación en Jalisco. En la primer mesa con el tema “Experiencias sobre Mecanismos de Participación desde la Sociedad Civil.”

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ENLACES DE INTERÉS

¿Cómo estamos en el estado de Jalisco a un año después de la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición?*

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INFORME

¿Cómo estamos en el estado de Jalisco a un año después de la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición?*

Implementación Ley Desaparición

Anna Karolina Chimiak
Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad

A nivel nacional parece que somos una de las entidades más avanzadas en cuanto a la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Incluso podría decirse que comenzamos a implementar la Ley, aún antes que la misma fuera aprobada, puesto que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) entró en operaciones el 31 de agosto de 2017, y para su creación se tomó en cuenta los estándares que fueron previamente contemplados en su Dictamen.

Asimismo, casi a tiempo, solo a 8 días después de la fecha indicada por los transitorios de la Ley General, se creó la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Jalisco (CBPJ).

Posteriormente, en el mes de agosto de 2018 se concluyó la elaboración de la Convocatoria para conformar el Consejo local Ciudadano, llamado en Jalisco el Consejo Consultivo.

Y en el mes octubre de este año se presentó una propuesta de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares del Estado de Jalisco, la cual preveía la creación del sistema estatal de búsqueda. De igual manera, en noviembre del mismo año surgió otra iniciativa en el Congreso, esta vez sobre la declaración especial de ausencia por desaparición.

Además, a eso no podemos olvidar que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) es la única institución forense a nivel nacional la cual tiene carácter autónomo e independiente, y en las evaluaciones nacionales se posiciona como una de las mejores y más certificadas a nivel del país.

Frente a este escenario, parece que el estado Jalisco asumió de manera ejemplar todos los compromisos marcados por la legislación general en materia de desaparición, y en este momento, reconociendo los avances y aplaudiendo los esfuerzos institucionales, podría concluir el discurso, deseando que ojalá la misma postura tomara también el nuevo gobierno en transición.

Sin embargo, y lamentablemente hay varios peros.

Pero número 1: Falta del presupuesto.

Tanto la FEPD como la CBPJ no cuentan con los recursos técnicos, materiales suficientes y necesarios para cumplir con sus objetivos y responder de manera adecuada al fenómeno de las desapariciones en Jalisco, e incluso por lo anterior ni siquiera pueden implementar sus estructuras marcadas por el Reglamento y por el Decreto respectivamente, eso, pese a múltiples exigencias expresadas mediante los comunicados públicos y en el marco mesas de trabajo y mesas de seguimiento con la FGE y FEPD, así como las mesas de diálogo con la Secretaría General de Gobierno del estado de Jalisco, e incluso las reuniones con el mismo Gobernador. En cada una de estas reuniones, las y los funcionarios públicos se comprometieron a asignar recursos suficientes a estas dos instituciones, e incluso durante los meses de junio y julio, prometieron dotarlas con 100 millones de pesos. No obstante, lo prometido no sucedió y la situación evidenció la indolencia del estado frente a la magnitud de las desapariciones en la entidad y la poca credibilidad en cuanto a la palabra y los compromisos asumidos por las autoridades locales en los espacios de participación conjunta.

Pero número número 2: Falta del personal suficiente, profesionalizado y sensibilizado.

Las dos instituciones, FEPD y CBPJ, no cuentan con el número de personal necesario para su adecuado funcionamiento. Asimismo, a pesar de los cambios y a pesar de las múltiples capacitaciones que se han llevado a cabo, hasta la fecha no se ha logrado romper con las malas prácticas y los vicios institucionales que se han arrastrado por años, lo que evidencian la ausencia de las investigaciones exhaustivas, serias y eficaces y la constante violación de los derechos de víctimas. La pregunta es cuantas capacitaciones más se tendría que llevar a cabo, de los recursos públicos, para contar con un personal profesionalizado, sensibilizado y capacitado. Y si realmente se puede cambiar la manera de trabajar y la manera de pensar de las y los funcionarios públicos quienes toda su vida laboral han sido omisas/os y negligentes.

Pero número 3: Intentos de generar los procesos de selección a modo

La CBPJ fue creada el 24 de abril de 2018, y tras la publicación del Decreto que crea esta institución, el gobierno decidió llevar a cabo un proceso de selección de la persona titular sin considerar los colectivos de familiares de personas desaparecidas ni las organizaciones de la sociedad civil. Frente a esta situación, que resulta claramente violatoria al principio de participación conjunta que rige la Ley General, con los colectivos: Fundej y Por Amor a Ellxos y la organización Cladem Jalisco, decidimos emitir un comunicado en el cual exigimos que el proceso de selección de la persona a cargo de la CBP fuera transparente, con máxima publicidad, y bajo los mecanismos de la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil. A consecuencia de este comunicado, el gobierno de Jalisco respondió de manera positiva, declarando la convocatoria desierta, e iniciando un nuevo proceso de selección, en el cual, conjuntamente con los colectivos tomamos un papel clave: desde el diseño de la convocatoria, diseño de los requisitos del perfil idóneo, elaboración de la metodología de evaluación de perfiles, así como calificación a las personas aspirantes.

Además, cabe señalar, hasta la fecha la CBPJ no cuenta con el Reglamento interno, a pesar de posicionar este tema como una de las exigencias principales en el diálogo sostenido con la Secretaría General de Gobierno.

Pero número 4: No contamos con el Consejo Local Ciudadano

A pesar de concluir la convocatoria para conformar el Consejo Consultivo en el mes de agosto y acordar el mecanismo de selección e incluso consensuar las fechas del proceso, esfuerzo de más de un mes de trabajo colectivo, la convocatoria, sin ninguna justificación, no ha sido publicada.

Pero 5. La violación del principio de la participación conjunta consagrado en el artículo 5 de la LGD

Primero: Las dos propuestas de la ley previamente mencionadas, no han sido debidamente socializadas y consultadas. No se realizó una consulta pública, transparente ni incluyente con familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, lo que resultó violatorio al prinicipio de particiapción conjunta.

Segundo: En la propuesta de Ley estatal en materia de desaparición no se reconocieron y tomaron en cuenta los avances alcanzados por familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil en la materia, ni características propias del contexto del estado de Jalisco, por ejemplo la existencia de la FEPD, la instalación de la Comisión Interinstitucional de seguimiento, o la continuidad de los procesos de selección de las personas titulares de carácter participativo. Afortunadamente, tras las múltiples acciones de incidencia y estrategia de comunicación logramos de manera conjunta frenar la aprobación de dicha ley.

Tercero: De acuerdo con el transitorio noveno de la Ley General en materia de Desaparición, las entidades federativas deberían emitir y en su caso, armonizar la legislación correspondiente dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la Ley General, término que venció el 15 de julio del presente año, y lamentablemente en Jalisco no se ha cumplido con esta obligación, lo que evidenció la indoferencia e indolencia del Congreso del Estado de Jalisco, respecto a la gravedad de las desapariciones de personas en la entidad. Es por esta omisión que hasta la fecha familiares de personas desaparecidas al momento de necesitar contar con la declaración de ausencia por desaparición de su ser querido tienen que pasar por el proceso sumamente burocrático, costoso, prolongado y encaminado hacia la presunción de muerte.

Pero número 6: Crisis forense

Uno de los sucesos que más indignó a la sociedad no solo a nivel estatal sino también nacional e internacional, y demostró la incapacidad y debilidad institucional ante el incremento de violencia en el estado y la crisis de las desapariciones, fue el hallazgo del septiembre de 2018 de los tráileres que contenían cuerpos de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, en condiciones de resguardo inhumanas y degradantes, de los cuales la mayoría no contaban con la totalidad de los registros para su identificación, situación que resultó violatoria al derecho a la verdad, y demostró la ausencia total de coordinación y comunicación entre las instituciones de procuración de justicia estatales.

Pero número 7: La magnitud de las desapariciones en el estado de Jalisco

En el estado vivimos el escenario horroroso de las desapariciones generalizadas y descontroladas. Durante el año 2017, 3,672 personas fueron reportadas como desaparecidas, y no se han logrado localizar a 1,380 personas. Eso significa que en promedio cada día desaparecieron 10 personas. Y para comparar, en el año 2018, tras la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición,, sólo en el periodo de 9 meses, hasta 30 de septiembre, se denunciaron como desaparecidas a 3,255 personas, de las cuales 1,860 personas no han sido encontradas, con la cantidad de 12 personas denunciadas como desaparecidas cada día.

Pero número 8: Impunidad absoluta

Las cifras anteriormente mencionadas se enmarcan en un contexto de impunidad que en caso de las desapariciones resulta absoluta. Desde la tipificación del delito de desaparición forzada en octubre de 2013, hasta la fecha, no se ha logrado sentenciar a ninguna persona por este delito. Cabe resaltar que además de no contar con ni una sentencia por desaparición forzada, en el estado tampoco se cuenta con alguna investigación abierta por este delito.

Pero número 9: Promesas incumplidas

A fin de lograr con un proceso de seguimiento basado en un sustento jurídico, que incluyera la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, y para garantizar una coordinación adecuada entre las instituciones encargadas de los procesos de búsqueda, investigación, identificación de personas y atención a víctimas, tras múltiples exigencias, se logró crear una Comisión Interinstitucional para el Seguimiento de las Acciones Implementadas por el Gobierno del Estado de Jalisco para el Fortalecimiento de la FEPD y de la CBPJ. Al momento de su creación dicha Comisión fue considerada como un avance muy importante y de transcedencia transexenal.

La institución fue instalada el día 27 de septiembre de 2018, y transcurridos 30 días tras su instalación, de acuerdo con los transitorios del Decreto que la creó, se debería haber aprobado su Agenda Única y sus Lineamientos de Operación, hecho que no sucedió. Es por eso que nueavamente exigimos a convocar la reunión para dar seguimiento a los objetivos de la Comisión y aprobar dichos documentos, antes de que comience la administración del nuevo gobierno, a fin de generar un cierre adecuado y digno, y cumplir con los compromisos asumidos en la materia.

Reto número 10: Falta de unión e indiferencia de la sociedad civil.

Me gustaría hacer unas preguntas, ¿porque estamos aquí tan pocas personas?, y ¿porque como sociedad somos tan apáticos e indiferentes? ¿Cómo hacer que los medios de comunicación realmente comprendan el problema y estén al lado de las víctimas.? ¿Cómo las escuelas y las universidades pueden acercarse a esta problemática y generar la conciencia entre las personas jóvenes.? ¿Cómo combatir esta ignorancia de la sociedad y realizar los esfuerzos que no sean tan poco articulados, tan poco persistentes, y que no sean nada más coyunturales?.

Y con estas preguntas y que son a la vez retos enormes que dirijo a cada uno/una de ustedes, me gustaría concluir.

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*Discurso ofrecido el 28 de noviembre de 2018 en el Foro: Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Aprendizajes y Retos a un Año de su implementación en Jalisco. En la segunda mesa con el tema “Ley general en Materia de Desaparición de Personas, Lecciones Aprendidas a un año de su Aprobación.”