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COMUNICADO

Experiencias de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición ante el contexto de la transición del gobierno

Desaparición de PersonasAnna Karolina Chimiak
Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad

Anunciamos la presentación del informe del Cepad sobre el proceso de la creación e implementación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecida (FEPD). Este documento será público y se entregará el próximo 6 de diciembre al futuro Gobernador, Enrique Alfaro y el futuro Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, a fin de que conozcan los esfuerzos que se realizaron en torno al tema de las desapariciones de personas en Jalisco a lo largo de los últimos dos años, particularmente por familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, para que así entiendan los acuerdos y compromisos asumidos, y den adecuado seguimiento a todos los procesos que se lograron crear.

Con el informe se busca recuperar la memoria sobre el proceso de creación e implementación de la FEPD. A partir de la sistematización de la experiencia y rescatar las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los mecanismos participativos que buscan responder a las necesidades de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y reflejar la complejidad del contexto de las desapariciones de personas en el estado de Jalisco. Es importante mencionar que el estado de Jalisco se ha destacado de manera significativa a nivel nacional con relación a los procesos de diálogo entre las autoridades y familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil.

El documento se divide en tres etapas principales: el comienzo de las mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el proceso de creación de la FEPD y el proceso de seguimiento a la implementación de la misma.

A continuación les compartimos puntos claves de cada una de estas etapas.

El proceso comenzó en el año 2016. En aquel momento no imaginábamos que podríamos llegar a crear una FEPD y los resultados de estas acciones fueron completamente inesperados. No hubiéramos pensando terminar este proceso con una institución encargada de los procesos de búsqueda e investigación, innovadora e inédita a nivel de todo el país.

Pero, ¿cómo llegamos a esto?.

En el año 2016 nos fue negada la expedición de copias certificadas de los expedientes de casos de desaparición de personas debido al “sigilo”, seguridad, riesgo de infiltración, conflictos familiares, entre otras razones. Frente a esta negativa, nos encontrábamos ante un escenario en el que debíamos tomar una decisión estratégica:

1) Presentar amparos por cada negativa a la expedición de las copias certificadas, como violación al derecho a la información y a la verdad; o

2) Buscar una ruta de acciones políticas y no judicializar todos los casos.

Frente a la presión del tiempo y el posible desgaste que pudiera conllevar un proceso jurídico, tomamos, conjuntamente con el Colectivo Por Amor a Ellxs, la decisión de construir una estrategia política. Después, realizamos una rueda de prensa en la cual denunciamos las prácticas violatorias de la FGE y solicitamos la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), la cual fue respaldada con una carta dirigida a su nuevo representante, Jan Jarab.

En el transcurso de tres semanas, se realizó la reunión con Jan Jarab, en el marco de su primera visita fuera de la Ciudad de México. A raíz de esta reunión, comenzaron a llevarse a cabo las mesas de trabajo mensuales entre el colectivo Por Amor a Ellxs, la FGE y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), con la observación y acompañamiento de la ONU-DH y el Cepad. Esto con la finalidad de hacer valer la exigencia al derecho a la verdad y cambiar las malas prácticas institucionales en la búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas.

Los compromisos y acuerdos sostenidos en las cinco mesas mensuales de trabajo hasta el mes de enero de 2017, no resultaron en cambios sustantivos, sin embargo, uno de los logros más significativos de las mesas, fue el anuncio del Fiscal General en diciembre de 2016 de crear un modelo integral de búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas, que recogería las mejores prácticas internacionales en la materia, así como de la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico para conocer a profundidad la situación de las desapariciones de personas en el estado, acciones que dieron inicio a la idea de creación de la FEPD.

El año 2016 fue un año histórico para el tema de las desapariciones de personas en Jalisco. A principios del año no se reconocía en el discurso público la existencia de las desapariciones de personas en la entidad, y a finales del año, se logró institucionalizar los mecanismos de participación y generar un diálogo directo con las autoridades locales, encaminados hacia la creación de la FEPD.

Y ¿cuáles fueron los pasos siguientes?, y ¿cómo logramos la creación de la FEPD?

Durante la segunda etapa del proceso, primero, se realizaron los diagnósticos. Posteriormente, se diseñó la ruta para su creación, adaptada al contexto de Jalisco, con las mejores prácticas internacionales. Segundo, se elaboró el Reglamento Interno de la FEPD, de manera participativa, con colectivos de familiares de personas desaparecidas Fundej y Por Amor a Ellxs, y las organizaciones de la sociedad civil, Cladem y el Cepad. Tercero, participamos en el proceso de diseño de perfiles adecuados y selección de 28 personas profesionistas, quienes actualmente conforman la Dirección de Análisis y Contexto.

Asimismo, hemos participado en 3 procesos de selección de la persona titular de la FEPD y el proceso de selección de la persona coordinadora del Protocolo Alba. Esta experiencia fue completamente nueva para el Cepad, y a su vez, se evidenció que uno de los retos más grandes en la creación de las nuevas instituciones es la falta de los perfiles idóneos y adecuados.

Los esfuerzos participativos se finalizaron con la creación de la FEPD, el 31 de agosto de 2018. La creación de la fiscalía especializada representó un avance tangible y real para atender la complejidad y magnitud de las desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, y responder al contexto de macrociminalidad del estado de Jalisco. La FEPD aspiraba ser un referente nacional en cuanto a los mecanismos de participación y aportes desde los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, situación que tal como señalé previamente, jamás esperábamos en el año 2016 cuando iniciamos el proceso de diálogo con las autoridades.

Sin embargo, aunque el arranque de la FEPD contribuyó a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas de desaparición, por mucho logro que fuera su creación, no podía subsanar de manera inmediata todas las malas prácticas institucionales que la atravesaban por dentro, tampoco disminuir los altos índices de las desapariciones en la entidad.

Por lo anterior, una vez que se concluyeron los procesos de la creación de la FEPD, la concentración de los esfuerzos se dirigió hacia la adecuada implementación de la misma y la correcta aplicación de sus funciones, exigiendo que los cambios no sólo se reflejaran en el centro del estado, sino en todas las regiones de Jalisco. Para esto, se requería buscar un mecanismo de participación y rendición de cuentas transparente y eficaz que pudiera brindar resultados y garantizar que a todos los procesos de participación existentes se les diera una correcta continuación.

Es por eso, que desde el mes de octubre logramos generar un espacio de seguimiento a la implementación de la FEDP a través de la Mesa de Seguimiento que tiene la finalidad de fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación conjunta, así como evaluar el funcionamiento y la eficacia de las actuaciones de la FEPD. Para el Cepad, uno de los objetivos de formar parte de este espacio fue la importancia de adoptar las buenas prácticas de búsqueda e investigación basadas en el concepto de que las desapariciones de personas constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, uno de los objetivos claves de la instalación de la Mesa de Seguimiento fue generar una coordinación adecuada entre las instituciones que se encargaban de los procesos de búsqueda, investigación, identificación de personas y atención a víctimas.

Y cabe preguntar: después de más de dos años de los procesos de participación, ¿dónde estamos ahora?

Es importante reconocer los avances. La creación de la FEDP y la instalación posterior de los mecanismos de seguimiento han sido pasos cruciales y, a su vez, constituyeron una muestra de un compromiso para contribuir a poner fin a la grave problemática de las desapariciones de personas en el estado, y para garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia, a la verdad, la reparación integral del daño y la no repetición de los hechos.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el problema persiste, y no ha sido solucionado a fondo. Los procesos de interlocución con autoridades han tomado tiempo y han sido desgastantes. Y en términos de mejorar la situación de las desapariciones en la entidad y hacer más eficentes los procesos de búsqueda e investigación, la respuesta tampoco no ha sido tan positiva. Esto se demuestra en los números de personas desaparecidas que incrementan año tras año, la ausencia de las sentencias por desaparición, la falta de avances en mayoría de los casos y la deficiente atención a víctimas.

En los últimos 10 años, a partir de 2008 hasta el 30 de septiembre, en Jalisco fueron denunciadas como desaparecidas 25,672 personas, de las cuales 6,850 no han sido encontradas. Cabe destacar que a pesar del acercamiento y diálogo con las autoridades locales, los últimos años acumulan la mayoría de estas desapariciones. El proceso de las mesas de trabajo se dio en el año 2016, en el cual en promedio desaparecían 9 personas al día, en el año 2017 se denunciaba diariamente la desaparición de 10 personas, y en el transcurso de nueve meses del año 2018, hasta el 30 de septiembre, han desaparecido un promedio de hasta 12 personas cada día. Cabe destacar que esta cifra solamente incluye a las personas desaparecidas denunciadas, sin considerar a todas las personas que se encuentran en la llamada “cifra negra”, es decir desapariciones no denunciadas por miedo, temor a represalias o la desconfianza hacia la capacidad de las instituciones de procuración de justicia, entre otras razones.

Y, si bien se creó la FEPD conforme a los más altos estándares internacionales, incluso antes de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición, la institución no ha funcionado de manera adecuada, particularmente por la constante falta de los recursos humanos y materiales. Parece que la postura oficial es mostrar públicamente el compromiso de crear la institución e insertar el discurso de derechos humanos y gravedad de las desapariciones en el debate público, y olvidarse que el objetivo no es crear las nuevas estructuras (que no operan), sino encontrar a las personas desaparecidas, sancionar a las personas responsables, reparar el daño de manera integral y prevenir para que las desapariciones de personas no ocurran nunca más.

Asimismo, vale la pena reflexionar el tema de la participación. Uno de los puntos claves de estos procesos fue que familiares de personas desaparecidas tuvieron en ellos un papel central. El reconocimiento del rol de familiares de personas desaparecidas resulta esencial para lograr avances concretos en materia de búsqueda, investigación, atención a víctimas e identificación de personas. Sin embargo, a lo largo de tiempo nos llegamos a preguntar si realmente es posible generar la confianza con la autoridad, mantener la esperanza, y poder creer en el cumplimiento real de los acuerdos asumidos por el gobierno, después de tantos años de la política del olvido y de negación de la existencia de graves violaciones a los derechos humanos. Y qué impacto realmente pueden tener los mecanismos de participación conjunta, los cuales tan fácilmente se puedan convertir en una simulación, a costo de la legitimidad y el desgaste de las víctimas y de la sociedad civil.

Y a estas reflexiones se suma una de las que más nos preocupan: ¿qué va a pasar con todos estos procesos en el contexto de la transición del gobierno?

Puesto que con la creación de la FEPD y los espacios de participación conjunta que se han generado, se creó una oportunidad histórica para la justicia y la verdad, la cual generó un compromiso institucional para varios actores y, a su vez la esperanza de materializar el acceso efectivo a estos derechos.

Y finalmente, cómo hacer que los mecanismos de participación y los avances provenientes de estos espacios sean duraderos y transexenales. Frente al contexto de las desapariciones generalizadas en la entidad, que se coloca en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número de las personas desaparecidas, donde cualquier persona puede ser víctima de desaparición, en cualquier momento y sin ningún costo, es de suma importancia que el nuevo Gobierno del Estado asuma su responsabilidad en su verdadera dimensión y priorice el tema de las desapariciones, dándoles el debido seguimiento, retomando los mecanismos existentes de participación, reconociendo los avances y atendiendo la gravedad del problema, para que todo lo que se ha hecho no fuera en vano y no resultara violatorio al principio de progresividad. Porque al final, el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral nunca debe de depender de la voluntad política, de los gobiernos y políticos particulares, sino es una obligación constitucional del Estado y su fuente es, ni más o menos, la dignidad inherente de cada persona humana.

*Discurso ofrecido el 28 de noviembre de 2018 en el Foro: Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Aprendizajes y Retos a un Año de su implementación en Jalisco. En la primer mesa con el tema “Experiencias sobre Mecanismos de Participación desde la Sociedad Civil.”

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ENLACES DE INTERÉS

¿Cómo estamos en el estado de Jalisco a un año después de la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición?*

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Boletín de prensa

Boletín de Prensa – Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Guadalajara Jalisco a 19 de Abril de 2018

 

BOLETÍN DE PRENSA

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

 

El Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017, muestra la actual vigencia de los derechos humanos en nuestro estado. La mirada no es positiva. Jalisco tiene prácticas cotidianas de violaciones a tales derechos. Es decir, Jalisco, hoy por hoy ha tenido poco éxito en el intento de construir relaciones sociales pacíficas entre amplios sectores de la población. Las aportaciones reflexivas y testimoniales desde la mirada de cada artículo de este informe dan cuenta de las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses.

  • Jorge Alonso Sánchez nos advierte el olvido del respeto a la diversidad, a la diferencia, en especial cuando maltratamos a los pueblos primigenios de nuestro territorio.
  • Jade Ramírez Cuevas Villanueva describe la lucha de una niña y sus padres por tener nombre propio frente a la ignorancia de funcionarios municipales cuando se oponen a registrar un nombre inusual y plenamente legal.
  • Aristeo López Macías se pregunta: “¿Sería posible identificar los intereses comunes entre Gobierno y la Sociedad Civil en favor de Niños, Niñas, Adolescentes?
  • Gricelda Torres Zambrano hace presente a los niños y niñas víctimas del feminicida, del violento, golpeador o acosador sexual dentro de la familia.
  • Paola Lazo Corvera afirma y evidencia que: La inseguridad, miedo, violencia y agresión cotidiana que viven las mujeres, ponen en entredicho la eficacia de las políticas y estrategias estatales y municipales.
  • Tania Reneaum Panszi nos da una Visión del Informe de Tortura en Jalisco presentado por el Cepad el pasado septiembre de 2017, desde una Perspectiva de Género con relatos que son una clara expresión de la conjunción de la desigualdad de género.
  • Anna Karolina Chimiak señala la magnitud de las consecuencias tras la desaparición de un familiar. Desaparecer no es asunto de magia. Es una tragedia, una tragedia que irradia otras tragedias.
  • María del Carmen Aggi Cabrera recoge evidencias que ponen en duda las estrategias de seguridad militarizada, mostrando que los derechos humanos son desconocidos en los hechos.
  • Carlos Peralta aporta reflexiones sobre el derecho a tomar, usar y disfrutar del agua, mientras que en Jalisco hace diez años se libra una lucha técnica, política y ética, donde el agua para las personas se opone al agua para las empresas.
  • César Pérez Verónica escribe sobre la elección del Ombudsman en Jalisco, ante la posibilidad de la llegada de una persona decidida por acuerdo político y no ético.
  • Augusto Chacón destaca lo esencial de la integralidad del combate a la corrupción. De otro modo, alguien hará fallar el sistema.

 

La presentación del informe está a cargo de Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés); Carmen Aggi, directora editorial de “Letra Fría”; Augusto Chacón, director de la organización Jalisco Cómo Vamos, AC; Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del Cepad, y César Octavio Pérez Verónica, director ejecutivo del Cepad.

Este informe nos deja claro las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses, y nos indica el camino por medio del cual podemos iniciar un nuevo intento de construcción de la paz. El Informe también ayuda a identificar nuevas oportunidades para iniciar modificaciones a la realidad con otros actos o impulsos favorables a la búsqueda de la paz.

 

 

Enlace de descarga del Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Para más información favor de ponerse en contacto con Octavio Figueroa del Área de Comunicación

comunicacion@cepad.org.mx

Calle Garibaldi 641, Colonia Centro.

Guadalajara, Jalisco, México

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Sistemas Anticorrupción

SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN
¿ÚLTIMO TREN PARA EL ESTADO DE DERECHO?

Augusto Chacón Benavides

Como cuando se trata de lo que las personas piensan o sienten nunca se sabe, este texto comienza con una advertencia liminar: no hagan caso a Enrique Peña Nieto, sobre todo en lo que se refiera a la historia, al presente y al futuro de sus gobernados, perdón, de los más de 120 millones que forman una sociedad que prácticamente podría prescindir de no pocos de sus gobiernos por todo el país, y del de Peña Nieto en particular. ¿A qué llamamos gobierno si en tantas materias de la vida nacional optamos por no hacer caso del presidente y de una legión de gobernantes junto a él?

Si Vargas Llosa se refirió a la cadena de regímenes que aquí han detentado el poder como “la dictadura perfecta” (el pan ya probó que el mecanismo no es monopolio del pri), desde la mirada que conoce por la experiencia cotidiana, bien podemos enmendar la plana al escritor: somos una dictadura perfecta si sólo tomamos en cuenta los mecanismos gruesos del juego de poder entre la clase política; en cambio, somos un mosaico de contradicciones si vamos de territorio en territorio, de cacicazgo en cacicazgo. La gente de bien no necesita autoridades, más todavía, trata de evadirlas todo lo posible para hacer lo suyo sin sobresaltos; y la gente de mal, los criminales y sus socios en el sistema institucional, de bala en bala, de delito en delito, imponen su versión de gobierno en regiones-estado que ya pueden presumir la posesión de territorios, reglas propias, economía –incluso global–, colecta de impuestos y que poseen una base social amplia que se ensancha activamente ante la promesa que reciben muchos individuos de ganar más, de tener más, sin más compromiso que estar dispuesto a perder la libertad, o la vida; y también se amplía pasivamente, por las amenazas implícitas –a veces explícitas– con las que vive el resto en esas regiones: pueden perder todo si no agachan la cabeza, si no se adaptan a las condiciones que les imponen.

Perdón por la digresión, pero es útil para hacer énfasis: no hagan caso a Peña Nieto, la corrupción no es una de las señales que disemine el núcleo de las células de cualquiera que cuente con un documento que lo identifique como mexicano o mexicana; es la savia que intencionalmente hacen circular quienes obtienen dividendos, poder y dinero al mantener el estatus quo.

La expresión del presidente; el imperio creciente del crimen organizado; la justicia sólo al alcance del mejor postor; la gente valiéndose de medios que zigzaguean entre el orden jurídico y lo ajeno a éste; en la economía o al tener como cliente al gobierno, o para protegerse, o para edificar sus casas, o para tener servicios que debían ser púbicos, o para reducir las sospechosas monsergas de la burocracia y el sistema político-económico entero, que se contenta con la vitalidad que mantiene si la capa más tenue de la sociedad está satisfecha. Todas éstas son algunas de las secuelas de una tara que no atendimos a tiempo y que hoy es una especie de pariente cercana: se parece un tanto a nosotros, su hablar es familiar, se adapta a nuestras necesidades, de repente nos viene bien y por eso, a pesar de que huele mal, que no es bien vista y de que nos avergüenzan sus modos, la toleramos en casa, por la que deambula con desparpajo aunque hagamos muecas cuando la tenemos cerca. El tiempo pasa y ella, la corrupción, como si nada; a últimas fechas luce más lozana, tal vez porque los corruptos han ganado en cinismo.

Pero ambas nociones, la que reza que la corrupción es consustancial a la mexicanidad, y la que sugiere que nomás tiene un aire a nosotros, son generalizaciones peligrosas que la aproximan a ganar el rango de ineluctable. Lo cierto es que la corrupción es efecto del autoritarismo que en los albores de la era postrevolucionaria armó el esquema para que de manera “civilizada” los generales, sus bandos y sus allegados, se repartieran el botín de guerra –o sea, el país– montados en una rueda de la fortuna en la que, giro a giro, a cada cual tocaba su tajada; mientras el resto de los mexicanos contemplaba el espectáculo, por si algunas migajas caían. Y sucedía, sucede en unos sexenios más que en otros. Así, el axioma “no quiero que me den, sino que me pongan donde hay”, se volvió plegaria. Pero los mandamases no perdieron de vista que la república se ostentaba democrática: cualquiera podía, puede aproximarse a la ventura que desde el poder público se reparten unos cuantos, a condición de valerse del salvoconducto: “de a cómo no”,1 para lo mucho, para lo poco y también para lo que ellos –quienes rigen– hagan lo que por ley están obligados.

Este modo corrupto que los poderosos impusieron, suelta reflejos perversos por todas partes (en los servicios públicos, en el “combate a la pobreza”, en la educación, en la procuración e impartición de justicia, en la salud…). Pero es verdad también que por todas partes, en los gobiernos y fuera de ellos, desde hace años hay un hartazgo activo que se enuncia con un “ya estuvo suave del festín al que se entregan los que están montados en la rueda de la fortuna”. Hartazgo que atestiguamos en el emerger de la sociedad civil que interviene, critica, sanciona –con lo que tiene a la mano– y exige, favorecida por la complicidad de quienes desde dentro del sistema sí quieren mudar el estado de cosas. Los efectos de esta insurgencia los percibimos en avances políticos, digamos, con sus fallas y simulaciones, en los candidatos independientes; en algunos gestos de la democracia electoral; en la libertad de expresión; a escala del discurso y de modificaciones legales, aunque lejanas de cumplirse en el día a día. Notamos esos efectos en los derechos humanos y la rendición de cuentas, y en los señalamientos cada vez más precisos hacia los corruptos, que –ni modo– a pesar de lo bien sustentados que estén, no llegan a estar en proporción directa con las acciones de investigación y sanción.

Aunque la sociedad civil organizada ha ganado en paciencia, ha aprendido a apreciar sus logros –por pequeños que puedan lucir–, asimismo, tampoco se deja engañar: entiende que eso que puede calibrarse como conquista puede no ser más que una concesión cosmética de los poderosos, que no entraña que el sistema mute radicalmente, es decir, lo que en la ciencia política popular se conoce como “dar atole con el dedo”.

Con esto en los cálculos previos, organizaciones de la sociedad civil, centros de educación superior y grupos empresariales impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (sna), asidos a avances previos impulsados por la presión de la misma sociedad civil, como la legislación para normar la participación ciudadana, que le dio legalidad al mecanismo de pasar leyes de interés para los ciudadanos mediante la colecta de firmas de personas del común, con lo que se puso en los códigos nacionales la famosa “Ley 3 de 3” o Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ahora es parte de la trama jurídica del sna.

La idea de que sea un sistema el que lleve al país a clausurar la corrupción nació del diseño de los organismos civiles, educativos y empresariales, en diálogo con el Congreso de la Unión y con el Poder Ejecutivo. A lo largo de casi cien años no conseguimos inhibir la corrupción, pero sí embrollar las leyes y las competencias que sobre ella tienen las distintas autoridades, con lo que perseguir ese delito, esos delitos, era más complicado que poner una nave tripulada en Marte. Podemos tener una idea de esto a partir de la lista de leyes que hubieron de modificar o crear, para tener, en el papel, el sna: la ya citada Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el Código Penal; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y claro, la Constitución general de la república. Lo que el Sistema pretende es que los cuatro elementos del proceso de gestión de lo público: control, fiscalización, investigación y sanción,2 en los que tienen injerencia diferentes autoridades tanto en lo nacional como en los estados, se atiendan por todas concertadamente mediante un Comité Coordinador, de manera que los responsables no evadan el fenómeno con el expediente de limitarse a lo que jurídicamente les compete. Una muestra: un gobernador o un presidente municipal –es indistinto– llegan al cargo luego de haber señalado a sus antecesores por malos manejos, y los dejan, por lo menos, en calidad de sospechosos de corrupción; pasado algún tiempo, se les cuestiona sobre las consecuencias de esas acusaciones y sin sonrojarse responden: “puse las denuncias correspondientes, todo está en manos de la Fiscalía”; o sea, perdido para la causa anticorrupción, de lo que resulta que una inmensa mayoría afirme que estamos inundados por la corrupción, y por supuesto, por la impunidad. En ese Comité Coordinador participa –gran logro– un integrante de la sociedad civil, que además preside al Sistema completo.

¡Magnífico!, se le puede antojar a cualquiera exclamar. Pero es sólo en el papel. El Sistema Nacional enfrenta escollos, unos con los que debemos ser comprensivos ya que es una institución nueva, y otros de los que ya conocemos y nos toca ser intolerantes: el presidente de la República, su equipo y ciertas facciones del Congreso de la Unión, simplemente han ignorado su compromiso, el clamor unánime y –según la costumbre– han urdido, con las leyes en la mano, para que el Sistema no termine de entrar en funciones, con todo y que una de sus partes (la Auditoría Superior de la Federación), con su trabajo ha dado pie para que medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales hayan evidenciado actos corruptos de gran envergadura, que hacen echar en falta que el Sistema no esté íntegro: aún se señala a funcionarios públicos, a individuos, pero sin ir al fondo, a la trama entera de la corrupción que –intuimos– incluye a sujetos y empresas fuera de los gobiernos. En tanto la fiscalización, la investigación y la sanción no lleguen a tal amplitud, no estaremos en presencia sino de botones de muestra, no de la prenda completa, y el daño seguirá siendo grande para el estado de derecho y para los millones que, por los modos corruptos de administrar al país, no se benefician de la riqueza que éste en verdad produce.

Del modelo que las instituciones civiles, empresariales y educativas crearon para dar vida al sna, nació, con peculiaridades únicas, la intervención que en Jalisco llevó a la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción (sea). Organizaciones de la sociedad civil (osc), universidades e instituciones empresariales3 dieron con el catalizador de su cohesión, la que durante dos años han mostrado merced a dos circunstancias que se conjugaron en 2016: el inicio de la vigencia legal del sna, el 18 de julio, y la obligación legal de relevar, cinco meses después, a uno de los personajes públicos más denostados –justamente– en Jalisco: el entonces Auditor Superior Alonso Godoy Pelayo.

Porque, en el cambio de Auditor Superior, la instancia directamente involucrada es el Congreso, con la lxi Legislatura (específicamente, con la Comisión de Vigilancia) tuvo un punto de arranque el diálogo entre ciudadanos y ciudadanas y gobernantes para hablar de corrupción y del sistema deseable para Jalisco; por un lado, sí, por la voluntad de las diputadas y diputados, de una buena cantidad de ellos; por otro, debido a la visibilidad que el tema del auditor alcanzó gracias a los medios de comunicación. Al final, en diciembre de 2016, la sustitución del personaje fue según la inercia obligada por los factores de poder tradicionales, legítimos y fácticos, y antes (en noviembre), sin la participación de ciudadanos, se hizo la primera reforma a la Constitución del estado, la que dio cabida al sea, aunque con un detalle de parte de los legisladores: omitieron mencionar en la enmienda que quien presidiría al Sistema sería un miembro del Comité de Participación Social. Por lo que obliga la Ley General, no era estrictamente necesario que se mencionara, no obstante, el detalle –así pareció en aquellos días– mandaba un mensaje poco esperanzador: corríamos el riesgo de que la clase política local dejara todo según el tan conocido tic: simular. No obstante, la suerte estaba echada: el diálogo había iniciado y la voluntad por construir un sistema local anticorrupción se tornó en causa; no había cómo las voces críticas dejaran de elevarse y de tener eco, los medios de comunicación, líderes empresariales, opinadores y opinadoras y académicos –incluidos los rectores de las universidades prestigiosas– ya no dejarían que la clase política hiciera según la usanza; dejaron asentado que, de empeñarse, el costo social y político sería alto.

En enero de 2017, el gobernador convocó a la instalación de una Comisión Interinstitucional para redactar, desde las varias miradas y desde los diversos saberes, las iniciativas que él enviaría al Congreso para fundar el sea. Los tres poderes, los organismos empresariales y los autónomos, las universidades, las osc, o sea, una muestra social amplia, estuvo representada en esa Comisión liderada por la Contraloría General del Estado. Las discusiones fueron intensas y no sólo respecto a generalidades sino punto por punto, durante casi seis meses se pergeñaron las propuestas de ley y las reformas que llevarían la firma del Ejecutivo estatal, pero sobre todo: se consolidó un engranaje de participación ciudadana que a unos daba legitimidad, y a otros la posibilidad de incidir, por lo pronto, en la confección de leyes.

El artilugio de la Comisión Interinstitucional fue tan bueno y visible, que una vez concluyó el encargo que tuvo desde el Ejecutivo, el Congreso lo retomó y lo rebautizó como “Mesa de Gobernanza” para el tramo final del proceso: la dictaminación de las leyes y las reformas que requería el sea. Con tensiones entre los participantes, los políticos y los ciudadanos, con desencuentros, espacios opacos no visibles para la Mesa de Gobernanza, pero al final con acuerdos, ninguno terminó por imponer sus anhelos: los que tenían unos para dejar el Sistema en su mínima expresión posible, y los de los otros para llevarlo al extremo de la eficacia y la transparencia. Sin embargo, el resultado fue aceptable y hasta más adelantado que el Sistema Nacional. Algunas pruebas de esta afirmación son: el Comité de Participación Social, que además de presidir el Sistema y opinar sobre el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a partir de evaluar a los aspirantes, también emite su parecer sobre quienes aspiran a ser magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y, según ofreció el gobernador a lo largo de 2017, tendrá injerencia en la designación del Fiscal General del Estado.

En el campo de la realidad, donde las leyes y las actitudes de las personas se moldean mutuamente, donde los intereses privados y los comunes tensan la cuerda, en donde la historia y el futuro se confrontan y se modifican alternativamente, algunas consecuencias del sea han sido estupendas: la Comisión de Selección, conformada por nueve ciudadanas y ciudadanos ejemplares en su forma de trabajar; al nombrar a los miembros del Comité de Participación Social cuya labor, a su vez, produjo que el estado hoy tenga un Auditor Superior capaz de quebrar la corrupción que desde esa instancia se promovía; un Fiscal Anticorrupción que no surgió del prototipo añejo, el de las componendas políticas; haber puesto ante los ojos de la opinión pública los nombramientos, como nunca antes; y la calidad de los nombrados, que –inusitado– atañen al Poder Judicial. Y ya puestos en las primicias, la Comisión y el Comité no únicamente son piezas del sea que deben someterse a sus reglas; son, en el momento que esto pasa a la página (primer trimestre de 2018), instancias que no han perdido su impronta ciudadana y la confianza que concitan.

Desde fuera de ambas, el resto de quienes participaron en la edificación del Sistema Anticorrupción de Jalisco aprendió que, para mantener esa cualidad única en las dos instancias, no basta con mirar críticamente el hacer de los comisionados y de quienes integran el Comité, sino asociarse con ellos y ellas; la responsabilidad de que les vaya bien y se aproximen –junto con el sea– a cumplir las expectativas generadas, es de todos. La sociedad civil de cualquier laya, ya padecimos el costo de nada más mirar los ciclos de la rueda de la fortuna.

Pero como nunca se sabe, y como el sea está en el mero prefacio, va una advertencia posterior: no hagan caso irreflexivo del optimismo que pueda filtrarse; no sería raro que lo que un día luce como un logro, sea forzado –por los de siempre– a dar la vuelta en “U”. Aunque podemos matizar luego sobre lo aprendido durante el trance que ocupa este artículo, el compromiso activo e incisivo de los ciudadanos y ciudadanas es antídoto contra los poderes ilegítimos, el autoritarismo y la corrupción. Es como colgar un collar de ajos en el vampiro.

Notas:

1 Para mayores datos, ver la obra pública del sexenio federal 2012-2018, contratada, con costos variables, a favor del contratista, y con tiempos de entrega impredecibles; algunas muestras: la Línea Tres del Tren Ligero en Guadalajara; la ampliación de la carretera a Colima; el aeropuerto de la Ciudad de México o el tren de ésta a Toluca. O bien se puede considerar lo que acarreó la reforma energética a los beneficiarios de la tragedia que para un país petrolero es importar gasolina, unos de ellos: los transportistas, asociados al régimen, que traen el combustible desde Estados Unidos. O los despojos consuetudinarios de tierras a las comunidades indígenas.

2 La lista de leyes y la esquematización del Sistema es aportación del Dr. Jesús Ibarra.

3 Para evitar un listado grande de siglas, y para que las omisiones en las que fatalmente incurrimos al hacer listas, pongo aquí al menos a las más conspicuas, ofrezco una disculpa si omití alguna, tanto las que actúan a escala nacional como las que se deben a Jalisco: México Evalúa, imco, Transparencia Mexicana, Red por la Rendición de Cuentas, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, cide, Coparmex (nacional y Jalisco), Canaco de Guadalajara, ccij, Cesjal, Consejo Agropecuario de Jalisco, itei, iepcj, cedhj, iteso, UdeG, Universidad Panamericana, Univa, uag, Tec de Monterrey, Campus Guadalajara, Universidad Enrique Díaz de León, uteg, Cimtra, Extra, ac, Corporativa de Fundaciones, Congreso Ciudadano, ¡Tómala! Jalisco Cómo Vamos.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes DDHH Jalisco

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Informe 2017

Las aportaciones reflexivas y testimoniales de los artículos del Informe 2017 dan cuenta de una mirada de cuál es la actual vigencia real de los derechos humanos. La mirada no es positiva. Jalisco tiene prácticas cotidianas de violaciones a tales derechos. Es decir, Jalisco, hoy por hoy ha logrado poco éxito en el intento de construir relaciones sociales pacíficas entre amplios sectores de la población. (…) al mismo tiempo nos deja claro las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses, y nos indica el camino por medio del cual podemos iniciar un nuevo intento de construcción de la paz.

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CONTENIDO

  1. Introducción – Miguel Bazdresch Parada
  2. Luchas por los Derechos a Vivir – Jorge Alonso Sánchez
  3. La Primera Vulneración Institucional a una Vida. El Derecho a la Identidad sin Discriminación: Una Violación Sistemática del Registro Civil de Guadalajara – Jade Ramírez Cuevas Villanueva
  4. Vulneración de Derechos en los Nuevos Controles de Albergues para Niñas, Niños Y Adolescentes “en Situación de Desprotección” – Aristeo López Larios
  5. Huérfanos del Feminicidio, los Niños Invisibles – Gricelda Torres Zambrano
  6. Violencia de Género en Jalisco: ¿Anomalía Coyuntural o Rasgo de Identidad Social? – Paola Lazo Corvera
  7. Visión del Informe de Tortura en Jalisco desde una Perspectiva de Género – Tania Reneaum Panszi
  8. La Existencia Denegada por el Estado. Una Obligación Impostergable de Legislar la Declaración de Ausencia por Desaparición – Anna Karolina Chimiak
  9. Violaciones de Derechos Humanos en la Costa Sur de Jalisco – María del Carmen Aggi Cabrera
  10. La ONU y el Derecho Humano al Agua en Jalisco – Carlos A. Peralta Varela
  11. La Elección para Presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 2017-2022. Crónica de un Proceso Opaco – César Octavio Pérez Verónica
  12. Sistemas Anticorrupción ¿Último Tren para el Estado de Derecho? – Augusto Chacón Benavides
  13. Acerca de las y los autores

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Informes de Derechos Humanos

Matrimonio igualitario en Jalisco: Derechos vs creencias.

Derechos vs Creencias

Derechos vs creencias : ¿incluir o segregar?
El debate en torno al matrimonio igualitario en Jalisco1.

Paola Lazo Corvera2

El presente trabajo expone una discusión analítica sobre el debate social actual en torno al matrimonio igualitario en México, originado a partir de la disputa en relación con el mandato jurídico que se desprende de la legislación y sentencias de las Cortes en defensa de los derechos humanos, que puso en juego la activación —tanto a favor como en contra— de las autoridades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que manifiesta visiones que por un lado afirman una filosofía moral y política liberal como visión de derechos, y por otro, una moral conservadora y tradicional que sostiene el valor de la familia nuclear como eje central de sus creencias y argumentaciones. El análisis que aquí se plantea describe el contexto nacional del debate, centrándose en un enfoque local referido al estado de Jalisco.

El sustrato que nutre al debate

El momento en que ocurre este debate cuestiona los marcos éticos y morales de la sexualidad que perviven en la sociedad, y es precisamente la existencia de los derechos sexuales (dentro de los que se encuentra el derecho al matrimonio) como derechos humanos, la plataforma jurídico-conceptual que sostiene la disputa. En el caso de México, los alcances y logros de estos derechos son incipientes y apenas localizados en los sistemas jurídicos de los estados de la república; si bien la Ciudad de México (CDMX) ha hecho reformas específicas para garantizarlos, en los otros estados falta concretar cambios y reformas a códigos civiles y reglamentos que los hagan realidad para las y los mexicanos.

Es importante “considerar que el Derecho no se agota con las leyes, sino que intervienen otros factores tanto en la definición de contenidos y forma de los ordenamientos legales como en su aplicación a casos concretos; además, la cultura es fundamental para promover o inhibir el ejercicio de determinados derechos” (Torres Falcón, 2009:42). Con demasiada facilidad se confunde el Derecho con la ley, y se pretenden resolver problemas sociales con adiciones a la Constitución Política o con la promulgación de leyes específicas, sin darnos cuenta de que éste es apenas un primer paso para resolver muchas situaciones y conflictos. Las leyes son producto de realidades históricas determinadas y contienen, por lo tanto, una visión moral de la sociedad que las crea, definiendo a través de ellas una serie de principios, valores y comportamientos que se consideran útiles y adecuados, así como otros que la sociedad sanciona dentro de estas normativas; no hay neutralidad ideológica en los ordenamientos jurídicos.

Como ejemplo, podemos recordar que desde hace más de 20 años se estableció el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, día simbólico que conmemora el hecho de que en 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejara de considerar a la homosexualidad una enfermedad. En nuestro país, hemos tenido algunos actos en los que las autoridades mexicanas se han puesto a tono con esta celebración:

En junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que demandó la anulación del Artículo 260 del Código Civil del estado de Jalisco que rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Como resultado de este proceso, en enero de 2016, la Corte invalidó esta legislación en Jalisco y sentó un precedente al impulsar la protección jurídica, la igualdad de oportunidades y la posibilidad de ejercer el derecho de constituir legalmente una pareja, independientemente del sexo de los contrayentes.

Al año siguiente, el 17 de mayo de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) presentó una iniciativa al Congreso para garantizar el derecho a la no discriminación y cumplir con lo que ya se había discutido y establecido desde la SCJN: eliminar las discriminaciones que aún prevalecen en los códigos civiles de muchas entidades de nuestro país, y que obligan a muchas parejas a recurrir a un amparo para ejercer su derecho al matrimonio igualitario3. La propuesta presidencial fue un respaldo federal a las resoluciones de la Corte, en la que se planteaba, entre otros, un cambio fundamental al Código Civil Federal:

Matrimonio igualitario para todos y todas, eliminando la premisa que indica que el fin del matrimonio es la “perpetuación de la especie”, y estableciéndola como la unión libre de dos personas mayores de edad con el interés de compartir una vida en común, procurarse ayuda mutua, respeto, solidaridad e igualdad. Señalaba a su vez que “el derecho a formar una familia le corresponde a todas las personas sin importar su orientación sexual. Por tanto, la protección constitucional hacia la familia no se limita a un tipo particular o tradicional de ésta que tenga como presupuesto al matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la procreación”. Se eliminaba también la delimitación discriminatoria actual que define al matrimonio como la unión entre un hombre con una mujer.

Dentro del ejercicio del derecho al matrimonio igualitario, lo que ha provocado mayores resistencias tiene que ver con el hecho de que las parejas homosexuales puedan tener o adoptar hijos/as. Fue justo esta iniciativa presidencial la que provocó un despliegue de fuerzas conservadoras que se oponían a ella, respondiendo con una fuerte activación y movilización de organizaciones de la sociedad civil unidas para formar lo que denominaron Frente Nacional por la Familia (FNF), que buscó echar atrás el paquete de propuestas legislativas del presidente Peña Nieto a través de diversas acciones: organización de marchas “a favor de la familia” en el interior del país y su capital, cabildeo y presión hacia las autoridades federales (especialmente diputados y senadores) para detener la iniciativa presidencial, así como promover la aprobación de una iniciativa ciudadana presentada por ConFamilia (asociación civil a favor de la familia tradicional).

El FNF contó con el apoyo, velado y explícito, de un segmento de militantes y representantes del Partido Acción Nacional (PAN), así como del Partido Encuentro Social (PES, de origen cristiano). Por su parte, el Episcopado Mexicano apoyó su causa a través del semanario Desde la Fe, en el que se opuso abiertamente al paquete de iniciativas propuestas por el presidente y llamó a los feligreses a tomar acciones en contra de ésta. A su vez, el cardenal Norberto Rivera hizo explícito su rechazo al contenido de la propuesta presidencial, a través de exhortos y argumentaciones —en muchos casos falsas e infundadas— con respecto a la diversidad sexual y a los derechos humanos. Ante la fuerte presión social y política, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) optaron primero por congelar la iniciativa de EPN y después desecharla, bajo el argumento de que “hay temas más importantes que el matrimonio gay”.

En la actualidad, la idea de familia más difundida socialmente es la “nuclear”: formada por el padre, la madre y los hijos, y su defensa en contra de toda posible amenaza (aborto, matrimonio homosexual, divorcios), continúa generando grandes debates y reacciones multitudinarias. En palabras de Rodolfo Tuirán (1993), “La familia conyugal tradicional se convirtió en la norma y todo lo que no se adecúa a ella es juzgado como desviado”.

Como contrapeso a esta ofensiva conservadora, los grupos de la diversidad sexual, apoyados por académicos y organizaciones de la sociedad civil de corte liberal que defienden los derechos humanos y la justicia social, convocaron a una marcha y a diversas acciones de difusión y reflexión a favor de la igualdad con la consigna principal: “Todos los Derechos, Todas las Familias”, centrándose en el valor de la igualdad y la importancia de la armonización del Código Civil del Estado de Jalisco, a raíz de la declaración de inconstitucionalidad que hizo la scjn, así como en apoyo a la iniciativa presidencial.

Desde una larga lucha por reivindicar el derecho a la igualdad y a la no discriminación a través de una exigencia específica, la del derecho al matrimonio, unido a la posibilidad de acceder a seguridad social para sí y para su pareja, la de adoptar —si es que así lo desean— y la de formar una familia, estos grupos se pronunciaron por generar consciencia de que no existe una sola forma de ser hombre o de ser mujer, de vivir en pareja, ni sólo una manera de ser y formar una familia. Las familias, las personas, los seres humanos somos diversos por naturaleza, y esa diversidad está amparada en el derecho a la igualdad.

Dentro de las movilizaciones locales y nacionales en relación con el matrimonio igualitario pudimos observar que en 23 entidades del país se manifestaron con marchas a favor de la familia tradicional, las cuales estuvieron encabezadas en ocho estados por 11 obispos de la Iglesia católica; en ellas también participaron integrantes de iglesias evangélicas y mormonas. Por su parte, la comunidad LGBTTTI y personas solidarias con la diversidad, llevaron a cabo marchas pacíficas en varias ciudades del país para exigir el respeto al Estado laico y un alto a la propagación de mensajes de odio y discriminación en contra de la comunidad de la diversidad sexual (Milenio Jalisco, 13 de septiembre de 2016).

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) señaló que “excluir a las familias que no reproducen el modelo tradicional mediante expresiones que incitan al odio y a la violencia vulnera los derechos humanos de todas las personas”. Y recordó que el Estado mexicano reconoce “a la familia como realidad social, incluyendo todas las formas y manifestaciones que de ella existen en la sociedad y el derecho de todas las personas al matrimonio sin discriminación alguna” (Milenio Jalisco, 10 de septiembre de 2016).

Desafortunadamente, una fuerte mayoría ignora la sociedad en la que vive. Medina Trejo (2015) en su libro sobre familias homoparentales presenta una serie de investigaciones que hacen referencia a la existencia de múltiples formas de ser y hacer familia en México; formas que no han sido del todo reconocidas, respetadas y valoradas, y que han estado por mucho tiempo invisibilizadas.

Los medios de comunicación masiva y las redes sociales han jugado un papel determinante como detonadores e impulsores de este debate, pero también en algunos casos como promotores de desinformación, manipulación y encono, al presentar discursos antagónicos que en muchos casos fueron producidos a partir de falsas argumentaciones que posicionan creencias sostenidas en una moral particular y en intereses políticos.

No podemos dejar de señalar el riesgo que existe cuando los medios propician desinformación y miedo, ya que no se puede legislar con base en creencias, ni otorgar o negar derechos, garantías y protección sustentados en argumentaciones ideológicas, morales, religiosas o sexuales. Los derechos humanos (DDHH) son un mínimo ético universal, que no pueden ser sometidos a consulta o a votación porque justo tienen como finalidad asegurar que los grupos minoritarios y en situación de exclusión o vulnerabilidad, gocen de los mismos derechos y estén protegidos por el marco legal y por las instituciones que fueron creadas para hacerlos valer y ser respetados.

Recordemos que la Reforma constitucional de 2011 en materia de DDHH incorpora el principio pro persona, que sostiene que siempre se debe buscar la protección más amplia, y en muchos casos ésta puede no ser la que la mayoría percibe o desea para sí.

La estructura jurídica, el mandato legal

Los derechos humanos se basan en los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que incluye, entre otros, la no discriminación, la dignidad y la igualdad. Estos principios son también cimiento de todos los derechos sexuales, ya que estos constituyen la personalización más accesible para que los individuos se apropien de los derechos humanos, de la noción entera. Porque todos disponemos de un cuerpo y de una voluntad para hacer uso de él según nuestro entender y nuestros deseos, se han convertido en un nuevo espacio y discurso para reconocer diversas sexualidades y su legítima necesidad de expresión.

El tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo, en México parece haber provocado un despertar constitucional: en el año 2007 se aprobaron las sociedades de convivencia en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México)4 y los pactos de solidaridad en el estado de Coahuila, con lo que se empezó a incorporar el reconocimiento de las parejas homosexuales a la discusión nacional.

Fue hasta el año 2009 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reformó el Código Civil y reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo, con 39 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones (Vizcaíno, 2015).

Hoy día es posible ejercer el derecho al matrimonio igualitario en la Ciudad de México, Quintana Roo, Colima, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Campeche, Michoacán, Morelos y Chiapas, sin necesidad de recursos legales de por medio. En las demás entidades federativas, las parejas del mismo sexo requieren aún interponer amparos para ejercer su derecho al matrimonio.

Varios de los cambios en las legislaciones estatales para defender la igualdad y el derecho al matrimonio se deben a que el 3 de junio de 2015, la SCJN emitió una jurisprudencia que establece como inconstitucionales los códigos civiles de entidades federativas en las cuales el matrimonio es entendido como la unión entre un hombre y una mujer, lo cual marca un parteaguas en el nivel nacional a favor del derecho al matrimonio igualitario. La Jurisprudencia 43/2015 de la Primera Sala de la SCJN, es de observancia obligatoria para las y los impartidores de justicia en el país. Señala de manera textual que:

[…] pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. (Semanario Judicial de la Federación, 19 de junio de 2015).

Jalisco: omisiones legales, indolencia en los hechos

En el caso específico de Jalisco, las cosas han ido cambiando poco a poco; en enero de 2016 la SCJN aprobó invalidar los artículos 258, 260 y 267 bis, imponiéndole al estado de Jalisco la obligación de casar a parejas del mismo sexo. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, aseguró que se respetaría y se acataría la decisión de la Corte. Sin embargo, a pesar de que hoy en día las parejas del mismo sexo ya no requieren tramitar un amparo para ejercer su derecho al matrimonio, los legisladores estatales no han hecho aún las modificaciones necesarias al Código Civil para establecer el matrimonio igualitario en la legislación jalisciense.

La acción presentada por la CNDH y su aprobación por parte de la SCJN ponen de manifiesto la desnudez en que se encuentran los derechos humanos en el estado, al no contar con una institución y un ombudsman que los respalden, protejan y defiendan. El presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, no sólo no fue capaz de presentar esa misma acción de inconstitucionalidad como le correspondía al tratarse de la localidad en la que debe asegurar la protección y garantía de los DDHH, sino que además fue omiso para hacer frente al problema, eximiéndose a sí mismo de su responsabilidad con el argumento de que, al ser un tema jurisdiccional, sólo le competía a la SCJN o bien al Congreso del Estado. Expresó, a su vez, que “en temas que polarizan a la sociedad, la CEDHJ no entrará en conflicto con ninguna institución, pues no es su papel” (Crónica, 22 de junio 2015). Aún después de la declaración de inconstitucionalidad por parte de la SCJN, se ha deslindado del debate y de exigir el cumplimiento de dicha resolución (El Respetable, 8 de febrero de 2016).

Asimismo, Álvarez Cibrián ha manifestado que no puede presionar a los diputados a legislar, ni tampoco llamar a las autoridades eclesiásticas a que se abstengan de hacer comentarios homofóbicos y discriminadores, ya que no son servidores públicos, pasando así por alto una doble afrenta a la Constitución, ya que se han expresado posturas discriminatorias y a la vez, se ha atentado contra el principio de laicidad estatal. La libertad de expresión es un derecho de todos, pero no podemos justificar que a razón de esa libertad se pretenda negar y conculcar derechos y libertades a los demás, haciendo publicidad del clasismo, del sexismo y de la homofobia.

Corresponde hacer también un señalamiento contundente a las y los legisladores del Congreso del Estado de Jalisco, quienes a pesar de que desde el 28 de enero de 2016 recibieron la notificación que avala el matrimonio igualitario por parte de la SCJN, no han concretado aún las modificaciones pertinentes al Código Civil del estado para garantizar y proteger la no discriminación de las parejas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio. La dilación en estas rectificaciones son señal del nulo interés y compromiso legislativo por asumir una perspectiva de Estado y establecer las condiciones jurídicas que permitan a cualquier pareja realizar su trámite matrimonial con libertad y derecho. Vivimos en una sociedad plural y diversa que requiere de una convivencia respetuosa sostenida en instancias que velen por la existencia de derechos de aplicación universal, inherentes a la dignidad de las personas sin distinción ni restricción alguna.

Argumentos y herramientas para sostener y defender los derechos humanos no les faltan, ni a los legisladores, ni al mismo ombudsman; a raíz de la Reforma Constitucional de 2011, en la que los derechos humanos se elevaron a rango constitucional junto con cualquier tratado internacional firmado por el gobierno mexicano en esta materia, las y los legisladores tendrían que legislar en todo momento desde un enfoque de derechos humanos, considerando tanto nuestra Constitución como los acuerdos y compromisos establecidos como país a través de los tratados internacionales.

El debate social actual en torno al matrimonio igualitario abre la puerta a la pregunta por las cuestiones que se encuentran en el centro de la disputa. Si bien el debate social se vio incrementado a la luz de la propuesta (iniciativa) de modificación del cuarto artículo constitucional y varios artículos del Código Civil Federal que presentó el presidente Peña Nieto hace varios meses ya, la disputa por las modificaciones de los mandatos jurídicos y sociales que limitan el matrimonio, la adopción y el género a una matriz heterosexual y patriarcal, es un asunto presente desde hace varios años en México. Se trata de una discusión por mover (o no) los límites del orden social establecido, por ampliar (o no) derechos, por reconocer (o no) la igualdad y la diversidad simultáneamente. Una disputa que evidencia cómo enfrenta nuestra sociedad las posibilidades de cambio y transformación de los mandatos sociales, culturales, jurídicos y religiosos.

Sin embargo, el debate ha hecho poca referencia a lo valioso y sustancial que contiene el hecho de que el matrimonio igualitario sea una realidad en nuestro país y en nuestro estado. Representa un logro que entraña libertad, justicia y un estado de derecho para todos. En palabras de Jesús Ibarra, académico y defensor de los DDHH:

la lucha por la igualdad y los derechos de las personas homosexuales nos aleja a todos, de un orden político excluyente y absolutista en materia moral. Dicho de otra manera, respetar la orientación sexual implica defender la vida democrática de nuestra sociedad, cosa que no ha sido fácil en Jalisco […] hacemos ciudadanía y ganamos en calidad de vida por el sólo hecho de que la comunidad discuta sobre la igualdad civil y la dignidad de las personas. (Mural, 28 de febrero de 2016).

La discriminación por motivos de orientación sexual es un problema social que exige a todas luces la construcción de ciudadanía a partir de la valoración de las diferencias y el respeto a la diversidad; lo que requiere que seamos abiertos y flexibles ante el conocimiento científico, y a la vez empáticos y solidarios con los demás. El Estado, al reconocer el derecho de todas las personas al matrimonio en igualdad de condiciones, no impulsa o fomenta posturas ideológicas específicas, sino que sostiene y defiende un enfoque de derechos a favor de la justicia y la dignidad de las personas en el ámbito público, social y cultural.

Se trata de una disputa que finalmente obliga a la decisión de una posible reconfiguración política del orden sociosexual y jurídico legitimado, que la sociedad deberá tomar respecto del lugar que han de tener la ética, la moral, el derecho, la igualdad, la sexualidad y la política en esta nueva etapa de nuestro México contemporáneo.

Notas al Pie de Página

1Este trabajo fue elaborado a partir de la ponencia “Creencias e ideología detrás del debate en torno a los derechos sexuales en Jalisco”, presentada junto con la Dra. María Martha Collignon Goribar en el II Encuentro Regional comecso , realizado en el Colegio de Jalisco, el 10 de noviembre de 2016.

2Licenciada en Ciencias de la Educación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), maestra en Educación y Diseño Curricular por la Louisiana State University y actualmente es doctorante en Estudios Científico–Sociales por el ITESO. Ha sido coordinadora y consejera en diversas instituciones de gobierno y organizaciones civiles relacionadas con la educación, la defensa y promoción de los derechos humanos, particularmente los relacionados con la infancia, equidad de género y derechos sexuales. Actualmente es maestra en el ITESO y vicepresidenta del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.

3Dicha propuesta fue desechada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en San Lázaro, el pasado 9 de noviembre de 2016, con 19 votos en contra, ocho a favor y una abstención.

4 El Distrito Federal pasó a denominarse Ciudad de México (CDMX) a partir de un decreto establecido en el Diario Oficial de la Federación, de la Secretaría de Gobernación: “Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia de denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo”, dof: 05/02/2016. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424565&fecha=05/02/2016

 

Fuentes Bibliográficas

  • Medina Trejo, José Antonio (2015). Familias homoparentales en México: mitos, realidades y vida cotidiana. Ed. Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, ac, Ciudad de México.

  • Torres Falcón, Marta (2009). ¡Viva la familia! Un panorama de la legislación vigente en México. Alteridades, 19 (38), 41-54.

  • Tuirán, Rodolfo (1993). Vivir en familia: hogares y estructura familiar en México, 1976-1987. Revista de Comercio Exterior, México, df.

  • Vizcaíno de la Torre, Andrea (2015). El matrimonio en pugna: Análisis del debate legislativo para la legalización entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México” (Tesis inédita de Licenciatura). El Colegio de México, México, df.

  • González de la Vega, Geraldina (2013). No habrá matrimonio igualitario en todo el país”. Animal Político, 26 de noviembre.

  • Sexual Rights Initiative – sri / International Planned Parenthood Foundation – ippf (2011). Manual para defensores. Disponible en: www.sexualrightsinitiative.org

  • Vela, Estefanía (2013). Derecho y ciudadanía: el caso del matrimonio gay en México. Revista Nexos, 20 de marzo.

 

Obtenido del Informe 2016, Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco.

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Informes de Derechos Humanos

Despojo y resistencias en Jalisco, 2012

Capitalismo, Despojo y Resistencia en Jalisco

Capitalismo, despojo y resistencias en Jalisco, 2012

Rubén Martín1

2012 fue otro mal año para los pueblos, comunidades y barrios de Jalisco en materia de despojo. Los afanes capitalistas de apropiarse de tierras, cuerpos de agua, bosques, minerales, recursos naturales, espacios públicos, fiestas y tradiciones populares siguieron prosperando. La acumulación por desposesión, es decir mediante despojos, sigue como una de las estrategias centrales para los capitalistas en Jalisco. No fue un día de campo para los despojadores. En todos los casos han enfrentado la resistencia y la lucha de cada pueblo, comunidad, barrio o sujetos que padecen la imposición despojadora.

Pero es una lucha difícil, desgastante y a veces desesperanzadora para quien la lleva a cabo, pues no solo se arrebata la tierra, se ensucian y contaminan cuerpos de agua, se envenena el aire, se roba la madera, se privatizan playas, se compran a precio de ganga tierras fértiles para levantar áridos fraccionamientos, o se podan árboles masivamente para que los espectaculares luzcan su cínica propaganda en el horizonte urbano de la zona metropolitana de Guadalajara; todo eso se hace además con violencia, represión e incluso la muerte.

La resistencia a los despojos en Jalisco en 2012 registra, lamentablemente, desaparecidos, desplazados, activistas que han debido dejar sus hogares para evitar que se cumplan las amenazas de muerte, defensores de los derechos del pueblo sobre quienes pesan órdenes de aprehensión, estigmatización de los medios y hostigamiento permanente de gobiernos, policías y ahora de las fuerzas del crimen organizado que en muchas zonas de Jalisco se han convertido en fuerzas armadas al servicio de los intereses despojadores. Debemos hablar ya de un capitalismo gangsteril , como forma novedosa y peligrosa que enfrentan pueblos y comunidades que defienden territorios y bienes comunes.

Por fortuna, y como resultado de la lucha, hay también buenas noticias. La lucha del pueblo wixárica en defensa de su sitio sagrado de Wirikuta ha resonado nacional e internacional como pocas luchas de los pueblos originarios lo han hecho; gracias a esta resistencia, el gobierno de Felipe Calderón debió anunciar en mayo de 2012 una supuesta medida de protección del sitio sagrado huichol que fue cuestionado de inmediato por el Consejo Regional Wixárica por insuficiente. En tanto la tenaz resistencia de los pobladores de Temacapulín obligaron al gobernador electo Aristóteles Sandoval Díaz a pronunciarse por una altura en la cortina de la presa El Zapotillo de 80 metros, que salvaría a Temacapulín, aunque sigue el riesgo de inundar los pueblos de Acasico y Palmarejo.

La crónica de las luchas contra los despojos en Jalisco contiene tanto los sinsabores de la resistencias cotidiana, como algunos atisbos de victoria para pueblos en resistencia.

Las modalidades del despojo en Jalisco

La fuerza del capital ha dado fuerza la marea despojadora que padece el estado. Si bien se pueden registrar invasiones y despojos en todas las esferas de valorización de capital, las siguientes, sin ser las únicas, parecen ser las más constantes.

1. Los negocios turísticos. Los intereses del capitalismo turístico siguen presentes como una fuerza casi incontenible de despojo, sobre todo en la rica costa jalisciense. En el presente año, varias playas dejaron de ser públicas para convertirse en privadas, como fue el caso de la playa Careyitos en el municipio de La Huerta donde en julio de este año fue cerrada por policías privados del Estado de México contratados por la empresa Imagen y Espectáculos de Lujo SA de CV2, presuntamente ligada con el poderoso banquero Roberto Hernández, a quienes pobladores y pescadores identifican como uno de los principales despojadores de la costa de Jalisco.

A unos pocos kilómetros de esta playa sigue la resistencia y exigencia de los pobladores y comerciantes de Tenacatita , también en el municipio de La Huerta, para que la playa de la que fueron despojados en agosto de 2010, sea reabierta a la población y a ellos se les restituyan terrenos y propiedades que les fueron arrebatadas durante el desalojo violento que padecieron por parte de la policía estatal el 4 de agosto de 2010. La pelea jurídica, las exigencias a las autoridades municipales, la esperanza en el cambio de gobierno tras las elecciones y las cuidadosa formas de exigir la devolución de la playa de Tenacatita no han surtido efecto. Por ahora no se han llevado a cabo movilizaciones más abiertas y masivas, dicen cautelosos los pobladores desaloja dos, por temor a las represalias e incluso el riesgo de perder la vida, como ya ha ocurrido con pobladores de la costa. Ante la pasividad o complicidad de las autoridades, grupos de policías privados mantienen el retén en la carretera pública de acceso a la playa de Tenacatita, imponiendo su ley privada por sobre el derecho constitucional de todos los mexicanos de acceder a las playas que son propiedad de la nación. De hecho, hay pobladores y pescadores que denuncian que han sido apuntados con rifles cuando intentan llegar en lanchas por el mar a la playa donde nacieron o donde tantos años tuvieron actividades que les permitían reproducir su vida.

En pocas regiones del estado es tan evidente la marea despojadora como en la costa de Jalisco. La apropiación de bienes comunes, de las playas, acantilados, ríos y lagunas de la costa avanza a pasos agigantados. 1,238 usuarios privados tienen concesionados 280 kilómetros de litorales de un total de 341 kilómetros de costa que tiene Jalisco. El ejemplo más dramático se vive en el municipio de La Huerta, donde 33 de sus 36 playas están privatizadas, denunció Salvador Magaña, regidor en ese municipio, y quien ha fungido como vocero de la población desalojada de Tenacatita3.

Los conflictos están presentes en otros puntos. En septiembre, indígenas de la comunidad de Ocotlán, municipio de Villa Purificación, “aseguraron que son hostigados por pequeños propietarios que intentan apoderarse de unas 500 hectáreas comunales en contubernio con las autoridades municipales”, denunció Javier Rodríguez Barragán, presidente de los bienes comunales de Ocotlán, quien recordó que siguen peleando unas 200 hectáreas de playa en la zona de Chamela4.

Los conflictos por despojo de las costas de Jalisco han dejado una estela de hostigamientos, persecuciones, encarcelamientos y asesinatos que crece año con año. Se puede afirmar que detrás de cada expediente por la disputa legal de los ricos territorios costeños, hay decenas de expedientes penales que penden en contra de los pobladores como una amenaza latente de parar en la cárcel si no venden o ceden sus tierras. Son cientos, quizá miles, los pobladores de la costa que tienen demandas penales por delitos inventados o prefabricados, pero que se ha convertido en una eficaz forma de inhibir o parar las resistencias de los pobladores de esta región frente al despojo.

2. Los intereses inmobiliarios. El capitalismo inmobiliario ha tenido un importante impulso en la última década, cuando los dos gobiernos federales panistas quitaron facultades a los entes públicos de construcción de vivienda, privilegiando al sector inmobiliario privado5. Las presiones sobre el suelo urbano y agrícola cercano a las zonas metropolitanas han ido aumentando, como ocurre en las ciudades de Jalisco. El Comité Salvabosque el Tigre II hace una adecuada síntesis de este proceso que se padece en la capital de Jalisco.

Desde nuestro punto de vista, el grave problema de devastación social y ambiental que caracteriza a la zona metropolitana de Guadalajara, es parte de este contexto de despojo que ha causado la voracidad capitalista en Jalisco y el resto del país, y que los gobiernos han impuesto por medio de leyes y políticas públicas hechas a modo de los intereses de las empresas mutinacionales y de los poderes económicos locales. Así, actualmente la ciudad es escenario del despojo, saqueo y aniquilación de los ya contados sitios boscosos, de los parques, ríos y prácticamente cualquier sitio público que podemos encontrar en ellas. En este sentido es importante hacer mención de la situación en la que se encuentran los últimos bosques de la ciudad como La Primavera, El Nixticuil (nativos) y Los Colomos (inducido), los cuales están siendo amenazados por intereses del capital inmobiliario aun cuando su conservación es de gran importancia para la zona metropolitana de Guadalajara, como patrimonio cultural y geológico, y como generadores de oxigeno, captadores del agua de la que la ciudad se abastece y reguladores del clima6.

En ese marco continuaron en 2012 los intentos de despojos en predios, bosques, y espacios públicos de la zona metropolitana de Guadalajara. Justo uno de los proyectos capitalistas inmobiliarios más ambiciosos, es el que enfrentan los vecinos de El Nixticuil, un bosque de 1,800 hectáreas declarada área natural protegida en 2007. El Comité Salvabosque y los vecinos están resistiendo un proyecto impulsando por un consorcio de empresas inmobiliarias que pretende levantar varios desarrollos con un total de 22 mil viviendas, campos de golf, y centros comerciales, lo que implicaría derrumbar 25 árboles, además de agotar los manantiales y los mantos freáticos con la extracción de cuatro millones de metros cúbicos de agua.

De todos estos proyectos, los que actualmente están teniendo mayor impacto son el desarrollo inmobiliario “La Cima” de los García Arce, dueños del grupo refresquero AGA, y el fraccionamiento activo más grande de Jalisco “Mirasierra de Zapopan” que es promovido por los corporativos constructores Tierra y Armonía, Consorcio GIG, y las transnacionales Gómez Vázquez Aldana (GVA) conocida por privatizar playas en Latinoamérica a través de desarrollos turísticos, y Anida, la sección inmobiliaria del banco español BBVA7.

Los intentos de despojo del capital inmobiliario se extienden por toda las tierras cercanas de Guadalajara y que ven susceptibles de explotación comercial. El municipio de Tlajomulco no ha frenado el acelerado crecimiento urbano, lo que en este año ha motivado las presiones sobre ejidatarios de Santa Cruz de las Flores para que vendan sus fértiles tierras conocidas como La Playa para dar paso a otro desarrollo inmobiliario más en esa zona. Los despojos se presentan allí donde el capital inmobiliario pone la mira, aunque se viste de oportunidades de vender la tierra para cientos de campesinos que batallan por obtener de sus parcelas ingresos suficientes.

En la zona metropolitana de Guadalajara los habitantes continúan despojados de su derecho a un aire limpio y áreas verdes y espacios públicos debido a las políticas de gobierno que privilegian los intereses de las constructoras, las obras para el automóvil, la privatización de espacios y hasta la venta del horizonte del cielo de la ciudad, para el disfrute de la publicidad.

En el sexenio recién terminado de Emilio González Márquez, se destinaron unos 37 mil millones de pesos (mdp) para obras (10 por ciento del presupuesto 2007-2012) para facilitar la movilidad de los automóviles, en detrimento de obras para otro tipo de movilidad, como la peatonal y de los ciclistas, a pesar del crecimiento de estos en la ciudad8.

La política privatizadora de espacios públicos alcanza hasta los camellones de las avenidas y calzadas del municipio de Guadalajara, luego de que el gobierno municipal que presidía Aristóteles Sandoval Díaz (actual gobernador del estado) autorizara concesionar la publicidad en dichos espacios a cambio de que las empresas concesionarias pusieran publicidad en los camellones. Esto a pesar de que regidores de oposición consideraron violatoria de los reglamentos municipales9.

La ambición de obtener un lucro sobre las mejores vistas del horizonte de la zona metropolitana de Guadalajara motivó incluso un extraño caso de tala-árboles quienes en algunas semanas talaron centenas de especímenes en camellones y avenidas de la ciudad, todo para permitir que los anuncios espectaculares con publicidad no tuvieran el “obstáculo” de las ramas y hojas verdes. El gobierno de Guadalajara identificó hasta seis grupos de taladores clandestinos, pero apenas uno de ellos detenido. Los taladores ilegales contratados por las empresas que rentan anuncios espectaculares cobraban hasta 400 pesos por cada árbol derribado10.

3. El capitalismo industrial. La acumulación de capital mediante la producción industrial no solo explota la fuerza de trabajo; también despoja mediante un proceso intrínseco a la acumulación capitalista que consiste en la externalización de costos, esto, la apropiación de recursos naturales y bienes públicos para ser usados en los pro ceso de producción mercancías en las instalaciones fabriles.

Mediante esta externalización de costos el capitalismo en Jalisco despoja, invade y depreda ríos, manantiales, bosques, tierras, provocando un proceso de devastación y degradación ambiental de enormes consecuencias para la vida presente y futura. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que el costo del agotamiento o degradación ambiental en 2011 ascendió a más de 983 mil millones de dólares en 2011 por agotamiento de hidrocarburos, recursos forestales y aguas subterráneas, así como por la degradación del suelo, la que es provocado por los residuos sólidos, la contaminación del agua y la contaminación atmosférica11.

Basados en la aportación de Jalisco al Producto Interno Bruto (PIB), se puede estimar que la degradación y el agotamiento ambiental nos cuesta a los jaliscienses cerca de 62 mil millones de pesos, que son recursos mediante la externalización de costos se traspasan de los bienes comunes y colectivos a la apropiación privada de capital.

Más allá de las cifras, de por sí altas, la externalización de costos de los procesos industriales capitalistas está teniendo un enorme impacto sobre las poblaciones y comunidades del estado. Hay estudios de especialistas que confirman que la contaminación y los desechos de residuos sólidos están teniendo un enorme impacto sobre la salud y la vida de las personas, aunque hasta ahora las autoridades no lo admitan.

Con independencia de los análisis de los expertos, la población que vive en la cuenca del río Santiago donde hay concentración de procesos industriales o de desecho de residuos tóxicos, hace años que tiene plena confirmación de la relación entre contaminación y enfermedades y mortandad, como ocurre en las poblaciones de El Salto y Juanacatlán o en al menos doce pueblos de la barranca del río Santiago.

El Salto y su colindancia con Ixtlahuacán de los Membrillos, es uno de los más devastados, no sólo por las aguas que se depositan en la “cuenca del Ahogado”, sino porque el río Santiago es uno de los más contaminados del mundo con la presencia de 1092 sustancias tóxicas en el río Santiago según el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, IMTA12, que arrojan 250 empresas establecidas sobre el corredor industrial de El Salto: automotrices, alimenticias, farmacéuticas, metalmecánicas, porcícolas, agroidustriales, tequileras, polleras, vertederos de basura y químicas entre otras […] Ahí pegadito a la cuenca del Ahogado está el fraccionamiento los Olivos y otras concentracion es de población recientes a las que no solo se les ignora, sino que se les amenaza y presiona desde el gobierno y la empresa que produce alimento para perros para que dejen de protestar por los fuertes olores en el ambiente y los desechos al suelo. Hay 980 quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (6941/2010 a la 7936) las cuales no han tenido impacto importante, esta lucha inició en el año 2008 […] Al lado oriente del río Santiago está el pueblo de Juanacatlán, municipio que perdió 41.5 kilómetros cuadrados con la creación de El Salto en 1943, año en el que se arreció la destrucción de ese paraíso con la instalación de la compañía Industrial Manufacturera. Cientos de familias cambiaron la agricultura, la pesca, la cacería y la recolección para emplearse como obreros en la fábrica de hilados y tejidos de algodón de origen francés. El bosque empezó a devastarse para surtir de leña y carbón a las calderas del ferrocarril y la industria13.

Río Santiago abajo, otros pueblos de la barranca padecen también otras formas de la devastación ambiental generada en los procesos de despojo capitalista. Se trata de las poblaciones de Exhacienda del Lazo, San Isidro, San Esteban y Tateposco, Copala, Los Camachos, San José, Paso de Guadalupe, Ixcatán, La Soledad, Huaxtla, San Lorenzo y Milpillas. Los pobladores de Exhacienda del Lazo manifestaron su preocupación por la posible desaparición de su pueblo debido a la ampliación de las lagunas de oxidación que necesita la planta de tratamiento de aguas residuales de Agua Prieta; campesinos y ganaderos de Copala y San Isidro se han visto afectados por las descargas de aguas residuales en la presa de Copalita, cuyas aguas envenenadas por dichas descargas han matado peces y ganado que bebe agua en la zona. Esto se añade a los daños en tierras, árboles y sembradíos que dicha contaminación ha generado en estos pueblos en años recientes14.

Los efectos de la destrucción por efecto de los procesos industriales se padece en todo el estado. En junio de 2012 las autoridades de Protección Civil del municipio Tuxpan, dieron una alerta luego de encontrar muertos cientos de peces en el río Tizatirla. Aunque no se identificó la causa, se vinculó las descargas que diversas industrias realizan en el trayecto del río por las poblaciones de Atenquique, Platanar y Platanarillo15.

4. Despojo por extracción de recursos. Curioso ciclo este del capitalismo por despojo. Resulta que algunos de los modos de acumulación de riqueza que se asocian con el nacimiento de este sistema social, vuelven a aparecer ahora en esta crisis profunda que vive el capitalismo. Se trata de la acumulación mediante la extracción de minerales, maderas, tierras y explotación de recursos naturales. Estos medios de acumulación han aumentado sustancialmente en Jalisco y 2012 fue un año significativo.

El capital minero se ha convertido en menos de diez años en la tercer fuente de acumulación de divisas en el país, es decir, de ganancias, por debajo de la producción petrolera y automotriz y por encima del capital que mueve la industria turística. Sería el cuarto negocio capitalista si se considera al gran negocio del narcotráfico. La inversión minera se multiplicó por tres desde 2007 al arrancar el sexenio del panista Felipe Calderón hasta 2012, el final de esta administración. En total, la inversión capitalista en la minería alcanzó 25,045 millones de dólares (mdd).

La explotación minera es, por sus características, el paradigma del despojo capitalista. Conjunta por un lado la invasión de territorios para la explotación de recursos minerales, con la explotación de la fuerza de trabajo. El negocio capitalista minero en México lleva a cabo ambas explotaciones con creces. De acuerdo con la Dirección General de Promoción Minera y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en 2011 el ingreso promedio diario de un minero fue de 331.40 pesos, 35 por ciento superior al promedio nacional. A pesar de este pago superior a la media, la tasa de explotación de la fuerza laboral minera es altísima. El sueldo promedio anual de un trabajador minero es de 120 mil pesos; en la industria minera hay 328,000 trabajadores, lo que representa un monto por pago en sueldos de 39,627 millones de dólares, equivalente a 3,048 millones de dólares (mdd). No obstante, el valor de la producción minera para 2012 fue de 20,148 mdd. Esto quiere decir que los salarios de los trabajadores de la industria minera apenas representan 15.12 por ciento del total de la producción de este sector.

El despojo no para ahí. Las regalías que las empresas mineras (más de 70 por ciento controladas por empresas extranjeras) pagan al Estado mexicano son ridículas. De acuerdo con un reportaje de la revista Contralínea, “las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil mdp entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país ‘derecho’ por 6,500 mdp (…) Las trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional”16.

Alentado por el aumento de precios del oro y la plata y el resto de minerales, debido a la crisis capitalista de 2008, las concesiones e inversiones mineras han crecido de manera exponencial en los pasados seis años. ¡Felipe Calderón entregó prácticamente un tercio del país en concesiones mineras a 50 años, renovables a 100 años.! ¿Alguien en su sano juicio se imagina un tercio del país con túneles debajo de los cerros y explotaciones a cielo abierto para buscar minerales que se quedaron unos cuantos capitalistas mexicanos y extranjeros? Es demencial, y sin embargo, jurídicamente un tercio del territorio mexicano ya está entregado para estos propósitos.

Jalisco no escapa a esta demencial política entreguista y despojadora del gobierno federal. La entidad tiene una extensión de 80,386 kilómetros cuadrados, de los cuales 26 por ciento, es decir, 20,900 kilómetros cuadrados ya han sido concesionados para explotaciones mineras17.

Esta demencial política despojadora ha propiciado diversos conflictos por territorios, ha enfrentado y dividido comunidades, sino que ha propiciado el hostigamiento y persecución contra decenas o cientos de defensores de los derechos populares. En Ayotitlán (municipio de Cuatitlán de García Barragán) se han registrado invasiones ilegales de tierras por parte de mineras, chinas algunas de ellas, y la aplicación de convenios o acuerdos forzosos que se imponen a comuneros o ejidatarios por la fuerza o mediante el engaño. Por ejemplo, la empresa minera china Gan-Bo Comercializadora Internacional de Minas entró de manera ilegal en terrenos de ejidatarios de Ayotitlán en enero de 2008, y sin embargo en 2012 el gobierno federal le dio dos concesiones mineras, con un pago de 47 mil pesos de trámite. Caso de inmediato aparecieron “convenios” de dicha empresa china con los dueños originales de las tierras. Los convenios, ¡escritos en mandarin¡, estipulaba un pago de 7,000 pesos mensuales para autorizar una actividad que le dejaría la tierra inservible para decenas de años18. Sobra decir que muchos de estos convenios son simulados. Simulación propiciada por las mismas autoridades federales, solapada por los gobiernos municipales y sancionada por autoridades ejidales y comunales que actúan en connivencia con las empresas despojadoras.

Otro caso de despojo por explotación de recursos naturales se presentó en la comunidad indígena de Tlajomulco de Zúñiga. Se trata de la comunidad indígena de Tlajomulco, quien rentó un predio en el cerro El Patomo a la empresa Valdez Murillo SA de CV para la explotación de materiales para construcción. Este caso es un ejemplo del mundo al revés con la que opera la justicia en casos de despojo, pues fue la empresa quien acusó a los dueños originarios de los recursos de invasión de los terrenos. La historia ocurrió así: la tarde del 20 de julio cuando presuntos policías investigadores detuvieron a Juan Padilla, comisariado de la comunidad indígena, con una orden de aprehensión en su contra, por lo que lo llevaron al penal de Puente Grande. Ya en la penal, se le informó que estaba detenido por el delito de despojo y la juez del caso le dijo que podía dejarlo libre si firmaba un documento que legalizaba la cesión de un predio propiedad de la comunidad indígena a una empresa. Se trata de un predio en el cerro El Patomo, ubicado cerca de la comunidad de Tlajomulco. Don Juan Padilla formó el documento advirtiendo a la juez que era ilegal, pues no podía ceder él con su firma un terreno de la comunidad indígena. Tras la firma don Juan Padilla fue dejado en libertad y se le citó el 23 de julio en el predio presuntamente cedido, cita a la que acudió pero no solo, sino acompañado de 150 integrantes de la comunidad. A la cita llegaron tres actuarios del juzgado, en tanto que los comuneros llevaron a un notario para dar fe de lo que ocurría. La masiva presencia de comuneros, la filmación de lo que ocurría y la presencia del notario disuadió a los actuarios de validar un documento ilegal de cesión de terrenos que supuestamente habría de recibir Mario Meza, representante legal de la empresa Valdez Murillo SA de CV19.

Además de los casos de despojo para la explotación de recursos minerales o recursos para materiales de construcción, hay varios casos de despojo de recursos forestales denunciados en diversas partes de la entidad, aunque en la mayoría de ellos están ligados a bandas armadas, muchas de ellas vinculadas a la delincuencia organizada.

5. Despojo por negocios agro-ganaderos. El despojo de tierras para la explotación agrícola es una de las formas más añejas que existen tanto en Jalisco, como en el país. Durante 2012 se denunciaron varios casos, algunos de los cuales tienen décadas denunciándose. Es el caso de los ejidatarios de San Isidro, municipio de San Gabriel, quienes tienen décadas reclamado sus tierras, que las autoridades agrarias federales y los gobiernos locales han entregado a una empresa extranjera. “La comunidad agraria de San Isidro (…) ha sido escenario de las corruptelas y la colusión entre funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y del gobierno de Jalisco con empresarios que se benefician con la apropiación ilegal de tierras. Este es justamente el caso de la empresa trasnacional Nutrilite, que ha extendido su explotación hortícola hasta una superficie de 280 hectáreas que el ejido de San Isidro reclama como suya”20. El año pasado los ejidatarios de San Isidro continuaron su resistencia para pelear contra del despojo que padecen. Pelean por una resolución presidencial emitida por Lázaro Cárdenas en 1939, dotado de 536 hectáreas, pero se les dotó parcialmente y quedaron pendientes de dotar 280 hectáreas; dichas tierras fueron apropiadas por la empresa Nutrilite. El juicio sigue adelante y los ejidatarios están a la espera de que un tribunal agrario con sede en Guanajuato, les otorgue fallo a favor21.

Una buena parte de los despojos en comunidades rurales de Jalisco están ocurriendo en aquellas regiones cuya “vocación agrícola” se ha querido modificar en años recientes con el pretexto de adaptar la producción a las necesidades del mercado global. En el sur de Jalisco desde las clases gobernantes y empresariales se venido imponiendo el discurso de que ahora es necesario cultivar la tierra no para alimentar a los campesinos que la trabajan y a los pueblos de los alrededores, sino sembrar productos para la exportación al mercado globalizado.

Esta noción típicamente capitalista de producción de productos para su venta en el mercado mundial, está causando enormes estragos a las comunidades campesinas del estado, sobre todo en el sur de Jalisco, donde de unos quince años a la fecha se vienen asentando empresas (la mayoría extranjeras) que despojan tierras y explotan la mano de obra campesina del estado.

En el municipio de Tuxpan, por ejemplo, el cultivo de aguacate está dañando la tierra con pesticidas, provoca escases del agua de los mantos freáticos, infertiliza las tierras, enferma a los trabajadores por el uso de pesticidas y se cambia la siembra de maíz por el aguacate. “La agroindustria fue llevada a la zona por el Grupo Aguacatero Las Tarascas y el Grupo Aguacatero Los Volcanes, grupos que para cultivar obligan con amenazas y presión para que los ejidatarios renten sus tierras hasta por 25 años. En caso de que los ejidatarios se nieguen a rentar sus tierras se ven invadidos por los grupos aguacateros. El bajo precio del maíz, el alto costo de los fertilizantes y la falta de asesoría técnica para evitar las grandes plagas, también representan causas importantes por las que los ejidatarios se ven obligados a rentar sus tierras a los aguacateros. Entonces, los ejidatarios se ven amenazados, o en efecto terminan por ser contratados para trabajar sus propias tierras a 120 pesos diarios, exponiéndose a enfermedades por el uso intensivo de pesticidas”22.

6. Despojo por proyectos de infraestructura: Una de las funciones esenciales de los gobiernos para servir al proceso de acumulación de capital consiste en la inversión de recursos públicos en obras de infraestructura que promueven, facilitan e incentivan la inversión privada. Hablamos de carreteras, puertos, aeropuertos, tendidos eléctricos, presas, producción de energía, muelles, avenidas, etcétera.

Casi como una constante, las grandes obras de infraestructura implican procesos de despojo y destrucción de pueblos y comunidades. Apenas en la última década se desaparecieron los pueblos de Arcediano en Guadalajara para intentar sacar adelante el proyecto de la presa del mismo nombre, que al final fue cancelado por la resistencia de la población. En Zapopan se desapareció el pueblo de Los Tempisquez debido al proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales de Agua Prieta, al norte de la zona metropolitana de Guadalajara. En 2012 dos proyectos de infraestructura de los gobiernos fueron resistidos por distintos pueblos y comunidades. Uno fue la presa El Zapotillo, que los gobiernos federal y estatal pretenden erigir en el territorio de Cañadas de Obregón, y cuya consecuencia implica la desaparición de tres pueblos: Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Desde que se anunció el proyecto, la medida fue resistida por las poblaciones afectadas. La lucha implicó sobre todo a los pobladores de Temacapulín. La resistencia de estos pueblos obligó al entonces gobernador electo Aristóteles Sandoval Díaz a anunciar que no se iba a inundar Temacapulín, esto en un escueto mensaje de tuiter23. No obstante los pobladores de Temaca no se fiaron del mensaje tuitero y exigieron un diálogo directo con ellos para confirmar la noticia, además de exigir que la cancelación del proyecto para no inundar a Acasico y Palmarejo24.

Pero la presa El Zapotillo no es el único proyecto de infraestructura que enfrentaron pueblos de Jalisco. El 29 de febrero de 2012 representantes de ejidos y comunidades indígenas de El Zapote del Valle, Santa Ana Tepetitlán, San Juan Evangelista, Zapotlanejo, Toluquilla, San José del Valle y Santa María Tequepexpan, anunciaron la creación de un frente común “para impugnar los daños económicos, sociales y naturales que les han ocasionado diversas obras de infraestructura, entre las que destacan las expropiaciones para el aeropuerto de Guadalajara y el macrolibramiento de la ciudad”25.

7. Capitalismo gangsteril: La presencia y los intereses de la delincuencia organizada en los circuitos de acumulación de capital no es algo novedoso. En si mismo el tráfico ilegal de drogas puede verse, sobre todo, como un rentable negocio capitalista. La novedad es que las empresas ilegales que son los cárteles del narcotráfico, empezaron a incursionar en otras áreas rentables de negocios, tal como hacen Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego: pasar de sus negocios originarios a otros que también les reditúe altas ganancias para su inversión. Esta misma lógica de expansión y de aumento de sus ganancias han ido aplicando los cárteles de la distribución de la droga, lo que los llevó a incursionar en otros negocios.

En 2012 se pueden identificar al menos cuatro áreas de incursión de la delincuencia organizada en negocios que implicaron procesos de despojo y represión para pueblos y comunidades de Jalisco. Uno de ellos es la explotación maderera. En Manantlán se denunció en septiembre de 2012 la presencia de taladores armados e ilegales que amenazan a la población. Curiosamente la infraestructura para la llegada de dichos grupos fue propiciada por otro sujeto despojador: una empresa minera china “que abrió una brecha para explotar ilegalmente un yacimiento de oro”26 y por la que en este año transitaron también los talamontes ilegales.

La explotación ilegal de maderas preciosas y minerales se superponen en varios municipios de Jalisco, entre ellos Cuautitlán, La Huerta y Tomatlán donde yacimientos fáciles de extraer. La actividad de la explotación ilegal de los recursos forestales de comunidades indígenas y ejidos de Jalisco no se queda en el mercado interno. De hecho hay un mercado ilegal de explotación y tráfico de madera que llega hasta China, a 12 mil kilómetros de las costas de Jalisco. La tala ilegal de maderas preciosas como el tampicirán ocurre en las sierras de Vallejo en la costa norte del estado, del Tuito, de Cacoma y de Manantlán, para terminar su exportación en contenedores por el puerto de Manzanillo, según documento recientemente en un reportaje el periodista Agustín del Castillo27.

Además de la presencia de la delincuencia organizada en la explotación ilegal de maderas y minerales, se han denunciado amenazas de grupos delictivos en contra de ejidatarios y duelos de tierras para rentar sus tierras para la producción aguacatera en municipios del sur del estado, como Tuxpan. Integrantes de la delincuencia organizada presionan a los ejidatarios para que renten sus tierras hasta por 25 años, lo que de facto se convierte en un despojo.

Finalmente, pobladores de la costa de Jalisco sospechan que detrás de algunos de los casos de despojo de playa se encuentran no solo los intereses para desarrollar prósperos negocios turísticos, sino también para convertir a extensas zonas de la costa de Jalisco en un territorio para actividades del narcotráfico. Con el pretexto de la privatización de las playas y del litigio jurídico que sigue su curso, en la práctica varias playas de la costa jalisciense no tienen presencia ni de las policías municipales o estatales, ni del ejército; en cambio se tiene vigilancia pagada por particulares que, sospechan pobladores despojados, podría ser la coartada perfecta para las operaciones de carga y descarga de mercancía ilegal28.

Resistencias frente al despojo

El presente recuento, como se puede apreciar, es incompleto. Registra solamente algunos casos que han sido denunciados públicamente por pueblos y comunidades. A pesar del registro limitado, alcanza a dar cuenta de la magnitud del proceso de despojo de territorios, bienes comunes y medios ancestrales de reproducir la vida que están ocurriendo en Jalisco en esta marea despojadora. Se puede apreciar también que en todos los casos de despojo e invasión, los pueblos o comunidades afectadas resisten con los medios a su alcance los intereses privados o gubernamentales que los afectan. En todos los casos, sin embargo, se trata de una lucha desigual. Se puede afirmar que el despojo va acompañado de diversas formas de represión. Casi por regla general, los pueblos y comunidades que padecen despojo, enfrentan además acusaciones penales que tienen como propósito atemorizar y disuadir a los sujetos que resisten. También por regla general puede verse cómo las distintas instituciones y niveles de los gobiernos (Ejecutivo, Judicial, federal, estatal, municipal) no son instancias mediadoras del antagonismo entre quien despoja y quien es despojado, sino que actúa a favor de los intereses capitalistas despojadores.

La fuerza pública y la impartición de la justicia juega a favor de los despojadores. Así ocurrió en contra de la comunidad indígena de Tlajomulco de Zuñiga con la detención del dirigente de la comunidad Juan Padilla el 20 de julio de 2012, en un proceso judicial completamente amañado y en donde a todas las luces se deja ver complicidad y corrupción de la juez en turno para ceder al invasor, terrenos de la comunidad. Otro proceso claramente amañado ocurre en contra de diez comuneros de Mezcala que enfrentan una denuncia de despojo de parte del invasor Guillermo Moreno Ibarra. En la costa de Jalisco, los pobladores de Tenacatita padecieron represión y hostigamiento de parte de los guardias privados que están apostados en la playa y propiedades que les arrebataron desde agosto de 2010.

Otro caso grave de represión el año pasado ocurrió en Ayotitlán, municipio de Cuatitlán de García Barragán. En septiembre, media docena de ejidatarios fueron amenazados por un grupo armado presumiblemente ligado a los talamones que trafican ilegalmente con las maderas de la comunidad. “Pobladores de la región han denunciado que específicamente en el ejido de Ayotitlán es donde han visto que entran y salen camionetas pick ups con hombres que portan cuernos de chivo para intimidar a las poblaciones de los alrededores29”. Lamentablemente las amenazas se cumplieron. El 21 de octubre Celedonio Monroy Prudencio, dirigente de la comunidad, fue secuestrado por un comando armado. Desde entonces no se tiene noticias de su paradero. A pesar de los justos reclamos de la familia y de la comunidad, las autoridades no avanzado nada para dar con el paradero de Celedonio Monroy. Este caso se suma a los cientos de defensores populares que son asesinados o desaparecidos resistir los procesos de invasión y despojo.

En la zona metropolitan a de Guadalajara, integrantes de la agrupación Un Salto de Vida recibieron constantes amenazas y agresiones a lo largo de 2012 lo que obligó a diversos de sus integrantes a solicitar colaboración del Estado mexicano mediante el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Las resistencias frente al despojo, por lo común, se enfrentan de manera separada. Pero durante 2012 hubo intentos de vinculación y coordinación para enfrentar en común la marea despojadora. En febrero, miembros de los ejidos y comunidades indígenas de El Zapote del Valle, Santa Ana Tepetitlán, San Juan Evangelista, Zapotlanejo, Toluquilla, San José del Valle y Santa María Tequepexpan, acordaron unirse para impugnar los daños que les han ocasionado obras de infraestructura, como las expropiaciones para el aeropuerto de Guadalajara y el proyecto del macrolibramiento de la zona metropolitana de Guadalajara30.

Continuaron además instancias como el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Asamblea Regional de Afectados Ambientales (ARAA) que en los últimos años se han construido como espacios de encuentro y solidaridad entre pueblos y comunidades que enfrentan distintos modos de despojo. En noviembre de 2012, se convocó al foro La intensificación del despojo en Jalisco y México. A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional, donde diversos pueblos, comunidades y especialisats expusieron sus casos de despojos. En las resistencias frente a la marea despojadora, merece destacarse la lucha del Consejo Regional Wixárika y el Frente en Defensa de Wirikuta que en dos años de lucha ha encontrado un eco nacional y mundial muy importante para su lucha en defensa del sitio ceremonial de Wirikuta, amenazado por 76 concesiones mineras que abarcan 98,000 hectáreas y que en conjunto significan casi el 70 por ciento del territorio sagrado. El 24 de mayo del 2012 el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía, anunció la creación de la Reserva Minera Nacional en 45,000 hectáreas de Wirikuta, al mismo tiempo la minera canadiense First Majestic SIlver Corp. entregó al gobierno federal 761 hectáreasde un lote minero para la Reserva Minera Nacional, haciendo creer con estas medidas que Wirikuta está libre de minería. El anuncio del gobierno federal, a dos días de que se llevara a cabo un festival musical-cultural en la ciudad de México, fue refutado de inmediato por el Consejo Regional Wixárika, denunciando que ninguna concesión minera había sido cancelada, y que los trabajos de la First Majestic, Revolution Resources y jitomateras se mantenían, por lo que desmintieron al gobierno de Calderón y llamaron a “continuar la lucha para resguardar una región única por su valor ecológico, cultural y espiritual, y el respeto a una cultura milenaria”31. Aunque no se ha conseguido la protección total de Wirikuta, esta lucha del pueblo wixárika es un ejemplo exitoso de resistencia en contra del despojo.

Además las autoridades comunales de Tuapurie o Santa Catarina Cuexcomatitlán lograron en septiembre de este año que la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) de Jalisco fuera condenada por la justicia federal, por entrar y causar destrucciones de consideración sobre más de 19 kilómetros de su territorio, para la construcción de un tramo de la carretera Bolaños-Huejuquilla en 2008. La dependencia fue obligada a repararlos32.

Puede considerarse, otro triunfo en la defensa de los bienes comunes que en este año se anunció la cancelación del proyecto inmobiliario-comercial -turístico denominado Puerta Guadalajara. El proyecto fue anunciado hace seis años como un acuerdo entre el consorcio capitalista español Grupo Mecano y el ayuntamiento de Guadalajara, quien cedía más de 132 mil metros cuadrados de propiedad municipal a fin de levantar un proyecto privado que consistía en la construcción del Centro Cultural de Las Américas, un hotel, un Centro Comercial, un Centro de Convenciones (Pal de Congresos), 18 torres de vivienda media (9 de 35 pisos y 9 de 25 pisos) y una torre de oficinas corporativas de 62 niveles (inicialmente eran dos torres), la cual sería la torre más alta de la ciudad y de México, además de convertirse en uno de los edificios más altos de Latinoamérica. En total el proyecto implicaba invertir 600 millones de dólares (7,500 millones de pesos). Era un proyecto demencial, pues implicaba construir 20 edificios con 540 pisos en total, en la zona oriente de la ciudad, lo que implicaría transformar el sentido social e identitario de todos los barrios y colonias de esa zona de la ciudad. Justamente por demencial, porque la corporación española entró en crisis y no cumplió con los acuerdos del convenio, el gobierno municipal de Guadalajara anunció el 5 de diciembre la cancelación de dicho proyecto, lo que implica el retorno de 132 mil metros cuadrados a propiedad pública33.

Conclusiones

Las conclusiones que deja este repaso incompleto de los despojos ocurridos durante 2012 en Jalisco no son halagüeños. El pasado, fue otro mal año para los pueblos, comunidades y barrios de Jalisco en materia de despojo. Los afanes capitalistas de apropiarse de tierras, cuerpos de agua, bosques, minerales, recursos naturales, espacios públicos, fiestas y tradiciones populares prosperaron.A pesar de las dificultades debe resaltarse la extraordinaria fuerza para resistir el despojo que mantienen los pueblos y comunidades que enfrentan esta desposesión.

Pero, hay signos alentadores. La lucha del pueblo wixárika es ejemplo de tenacidad y de una denuncia hasta cierto punto eficaz para evidenciar al capitalismo despojador. En otros puntos del estado hay también experiencias y aprendizajes importantes en una lucha que, por ser tan difícil y de largo plazo, a veces impera la desesperación. No obstante el aprendizaje y los esfuerzos de vinculación abren una esperanza de que las siguientes luchas puedan ser libradas en mejores condiciones.

Notas al Pie de Página

1 Periodista y miembro del Seminario Movimientos en Resistencia, Sujetos y Prácticas.

 

2Carmen Aggi Cabrera, “Privatizan otra playa en Jalisco”, Milenio Jalisco , 9 julio 2012. http://jalisco.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/ac7c316211feb4d36a82a1fee048cf70

 

3Salvador Magaña, “El despojo en la costa de Jalisco”. Ponencia en el foro La intensificación del despojo en Jalisco y México. A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional, convocado por Pueblos de Jalisco contra el Despojo, auditorio Carlos Ramírez Ladewig – UdeG, 17 noviembre 2012.

 

4avier Santos, “Jalisco: indígenas alertan sobre intento de despojo”, La Jornada, 1º octubre 2012. Consultado en: http://www.jornada.unam.mx/2012/10/01/estados/033n2est#sthash.MjkZdLwp.dpuf

 

5Omar Castañeda, “Sexenio de Calderón concluirá con 7 millones de créditos a la vivienda”, Milenio, 1 noviembre 2012. Consultado en: http://jalisco.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d1da5a413211e7f1e30c99ab49b6c9

 

6Participación del Comité Salvabosque el Tigre II en el foro La intensificación del despojo en Jalisco y México. A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional, convocado por Pueblos de Jalisco contra el Despojo, auditorio Carlos Ramírez Ladewig – UdeG, 17 noviembre 2012.

 

7Comité Salvabosque El Tigre II, ibid.

 

8Gobiernos privilegian infraestructura para el automóvil”. El Informador, 23 septiembre 2012. Consultado en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/406376/6/gobiernos-privilegian-infraestructura-para-el-automovil.htm#sthash.N27H1iBL.dpuf

 

9Sergio Blanco, “Con anuncios en camellones, Guadalajara violó reglamentos”, Milenio Jalisco, 15 julio 2011. Consultado en: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8992561

 

10Luis Herrera, “Autoridades tapatías identifican a seis grupos de taladores clandestinos”, El Informador, 7 enero 2013. Consultado en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/428650/6/autoridades-tapatias-identifican-a-seis-grupos-de-taladores-clandestinos.htm#sthash.ZuDSaYr6.dpuf

 

11Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) “Cuentas económicas y ecológicas de México, 2007-2011”, boletín de prensa 045/13, 5 febrero 1013.

 

12Estudio de la calidad del agua del rio Santiago (desde su nacimiento hasta la presa de Santa Rosa) tercera etapa”. Se puede consultar en: http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2012/t%C3%B3xicos/5%20Analisis%20y%20evaluacion%20de%20resultados.pdf

 

13José Casillas, de la comunidad indígena de Ixcatán, Zapopan en el foro La intensificación del despojo en Jalisco y México. A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional, convocado por Pueblos de Jalisco contra el Despojo, auditorio Carlos Ramírez Ladewig – UdeG, 17 noviembre 2012.

 

14Un resumen de los problemas que aquejan a estos pueblos se conocer ver en su periódico Pueblos en Resistencia, nº1, septiembre 2012. Consultado en: http://pueblosbarrancasantiago.blogspot.mx/2012/09/nuestro- periodico-pueblos-en-resistencia.html

 

15Elizabeth Ibal, “Mueren peces por contaminación”, El Occidental, 20 de junio de 2012. Consultado en: http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2587628.htm

 

16Érika Ramírez, “Mineras pagan a México 1% de lo que extraen”, revista Contralínea, 4 marzo 2012. Consultado en: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/03/04/mineras-pagan-a-mexico-1-por-ciento-de-lo-que-extraen/

 

17Alejandra Guillén, “La fiebre del hierro ilegal”, Verde Bandera, 27 noviembre 2012. Consultado en: http://verdebandera.com.mx/la-fiebre-del-hierro-ilegal/

 

18 Alejandra Guillén, ibid.

 

19 Víctor Hugo Ornelas, “Comuneros denuncian presiones para ceder terreno a empresa”, Milenio Jalisco , 26 julio 2012. Consultado en http://jalisco.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a7bd366ab50f2f77d3007ad10e9533c0

 

20Alberto Osorio Mendez, “No nos han dado la tierra…”, Proceso, 6 noviembre 2011. Consultado en: http://www.proceso.com.mx/?p=287327

 

21Intervención de un ejidatario de San Isidro, en el foro La intensificación del despojo en Jalisco y México. A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional, convocado por Pueblos de Jalisco contra el Despojo, auditorio Carlos Ramírez Ladewig – UdeG, 17 noviembre 2012.

 

22Casos recientes de despojo, dossier a prensa entregado en el foro La intensificación del despojo en Jalisco y México. A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional, convocado por Pueblos de Jalisco contra el Despojo, auditorio Carlos Ramírez Ladewig – UdeG, 17 noviembre 2012.

 

23Sergio Hernández, “Gana Temacapulín. No lo inundarán con presa El Zapotillo”, Verde Bandera, 29 enero 2013. Consulatado en: http://verdebandera.com.mx/decide-aristoteles-salvar-temacapulin/

 

24Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, “Piden al gobernador electo de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, oficialice su postura de no inundar Temacapulín”, Difusión Cencos, 1 febrero 2013. Consultado en: http://cencos.org/node/30595

 

25Agustín del Castillo, “Ejidos unirán fuerzas contra el Macrolibramiento sur”, 29 febrero 2012. Consultado en: http://www.agustindelcastillo.com/2012/06/ejidos-uniran-fuerzas-contra-el.html

 

26“Denuncian taladores ilegales y armados cerca de Manantlán”, El Informador, 20 septiembre 2012. Consultado en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/405961/6/denuncian-taladores-ilegales-y-armados-cerca-de-manantlan.htm

 

27Agustín del Castillo, “Talan madera ilegal de la costa para el mercado chino”, Milenio Jalisco, 7 enero 2013. Consultado en: http://jalisco.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/86f2db93558739997ae92b7ce7c5a29d

 

28Este video muestra como salen al paso policías privados cuando las personas pretenden ingresar a la playa. “Otro vídeo de cámara oculta con la policía en Tenacatita”. https://www.youtube.com/watch?v=9ypBjJqXHhs

 

29Denuncian taladores ilegales y armados cerca de Manantlán”, El Informador, 20 septiembre 2012. Consultado en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/405961/6/denuncian-taladores-ilegales-y-armados-cerca-de-manantlan.htm#sthash.dhYdqhVr.dpuf

 

30Agustín del Castillo, “Ejidos unen fuerzas contra obras dañinas”, Milenio Jalisco, 29 febrero 2012. Consultado en: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9121189

 

31Documento, “Recapitulando la defensa de Wirikuta: diciembre 2011- febrero 2013, del Frente en Defensa de Wiirikuta. Consulado en: http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?p=3709

 

32Agustín del Castillo, “Sedeur, condenada a reparar bosque que destruyó en la sierra”, Milenio Jalisco, 14 septiembre 2012. Consultado en: http://jalisco.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/6c9650bb786019d76873c60aa1194ee4

 

33Yenzi Velázquez, “Pretenden cancelar Puerta Guadalajara”, en Milenio Jalisco, 6 diciembre 2012. Consultado en: http://jalisco.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d1c39b71337bff62a8c3c4dd9a6e99c8

 

Obtenido del Informe 2012, sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco.

Categorías
Informes DDHH Jalisco Tortura

Informe “Análisis de la Tortura en Jalisco 2000 – 2009

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  1. Presentación
  2. Introducción
  3. La tortura como violación grave a la luz de los instrumentos y organismos internacionales de derechos humanos
    • Sistema Universal de Derechos Humanos
    • Sistema Interamericano de Derechos Humanos
    • La obligatoriedad internacional de garantizar la protección de la población a no ser sometida a tortura
  4. La Legislación Especial para prevenir y sancionar la tortura en México y en Jalisco: Letra muerta
  5. Análisis de las instituciones de Jalisco encargadas de la prevención, la investigación, sanción y erradicación de la tortura
    • Procuraduría General de Justicia del Estado
    • Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
    • Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social
    • Comisión Estatal de Derechos Humanos
  6. La visita a Jalisco del Subcomité de Naciones Unidas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
  7. Conclusiones

 

Enlace de Interés

Informe “La impunidad Interminable: La Tortura en Jalisco. Análisis 2010 – 2016”