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INFORME

Discurso presentado durante la Mesa de Diálogo Participativo en torno a la Ley del Estado de Jalisco sobre Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometida por Particulares

Anna Karolina Chimiak

Frente al contexto de las desapariciones cometidas de manera generalizada, con la cifra oficial de más de 7 mil personas desaparecidas en la entidad, se requiere tomar medidas específicas, incluyendo medidas legislativas, para atender de manera adecuada la gravedad y magnitud de la problemática. La urgente armonización del marco normativo estatal y, en concreto, la aprobación de la legislación en materia de desaparición en Jalisco, ha sido una de las exigencias realizadas desde el Cepad a partir de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Si bien se reconoce el esfuerzo de esta Legislatura de dar seguimiento al tema, a nivel del Congreso local es una respuesta muy tardada, considerando que de acuerdo con el transitorio noveno de la misma Ley General, la emisión y, en su caso, la armonización de la legislación estatal se debía de realizar dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigor, término que venció el 15 de julio del año pasado.

Aunado a la importancia de realizar un proceso de consulta real, amplia, pública, transparente y en los tiempos adecuados para familiares de personas desaparecidas, nos preocupa el mismo contenido de la propuesta legislativa del Dictamen de la Ley del Estado de Jalisco sobre Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometidas por Particulares. Tal como señalamos en ocasiones anteriores mediante comunicados, cartas dirigidas al Congreso local y entrevistas realizadas con los medios de comunicación, su contenido evidencia una profunda ignorancia y falta de comprensión de los objetivos de la Ley General en materia de desaparición y los estándares internacionales en la materia. La iniciativa es sumamente incompleta y deficiente, y en vez de abonar a atender la gravedad y magnitud de la problemática de las desapariciones en Jalisco, genera múltiples agravaciones.

Como uno de los puntos principales, consideramos muy grave que la propuesta de ley presenta un profundo desconocimiento de la situación de las desapariciones en la entidad, y no respeta los procesos de participación ni avances que los colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil han logrado en la materia a nivel estatal en los últimos tres años: Particularmente me refiero a la creación de la Fiscalía Especializada (ahora Especial) en Personas Desaparecidas, la elaboración de su Reglamento Interno, los procesos participativos de selección de la persona titular de la misma, los procesos de seguimiento y de selección de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y, finalmente, la creación de la Comisión Interinstitucional de seguimiento a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.

Lo anterior demuestra que no sólo no se ha consultado a familiares de personas desaparecidas al respecto, sino tampoco se ha realizado un diagnóstico real y exhaustivo de la situación de las desapariciones y su seguimiento en el estado. Es de suma importancia dar continuidad a las instituciones creadas y acciones realizadas en la materia y otorgar el reconocimiento a la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil en estos procesos.

Lo que es aún más alarmante, el mismo dictamen olvida regular en su totalidad la estructura y las funciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecida. No considerar dentro de la propuesta estatal en materia de desaparición la estructura y atribuciones de la institución principal encargada de investigar y perseguir los delitos de desaparición, resulta sumamente grave, omiso e ignorante.

En la misma línea, en la propuesta no se contemplan las competencias claras y los mecanismos previstos para garantizar una coordinación eficaz entre todas las instancias responsables de los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas. Consideramos muy importante generar dentro de la ley estatal una clara distribución de competencias a fin de su adecuada coordinación, incluyendo las funciones de las autoridades municipales.

Y, precisamente en este contexto de falta de una adecuada y clara distribución de las funciones en la materia, una de las principales preocupaciones que detectamos al analizar la propuesta de ley se relaciona con la operación del Registro Estatal de Personas Fallecidas y el Banco Estatal de Datos Forenses, como ejemplo. De acuerdo con los artículos 23 al 27 de la iniciativa, la Fiscalía General (actualmente Fiscalía del Estado) estaría a cargo de dichos registros, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sería responsable de su creación y actualización.

Esto resulta muy grave frente al incremento de violencia, el preocupante aumento gradual del número de personas desaparecidas y la crisis forense que predomina en el estado. Dicha situación sin duda alguna favorece la impunidad y facilita el posible deslinde de las responsabilidades de estas dos instituciones, lo que lamentablemente presenciamos en relación al hallazgo de las cajas de refrigeración de los tráileres con cuerpos de personas fallecidas no identificadas y su resguardo de manera cruel, inhumano y degradante, la irregular donación de cuerpos sin identificar a las universidades y la práctica de incineración de más de 1500 cuerpos en el estado, situación sobre la cual publicamos y presentamos un informe a principios de este año, a fin que se detonen procesos de verdad y justicia, incluyendo las instancias internacionales.

Aunado a esto, vemos de suma relevancia establecer las funciones claras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses relativas, precisamente, a los procesos de identificación, resguardo, notificación y entrega de los cuerpos y restos humanos, así como realizar las modificaciones correspondientes a su Ley Orgánica y su Reglamento.

Finalmente, en el documento de las observaciones a la propuesta de la ley, elaborado y entregado por el Cepad y el Colectivo Por Amor a Ellxs a la Legislatura pasada el día 23 de octubre de 2018, el cual también entregamos el día de hoy al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado, Jorge González Arana, señalamos también otros aspectos de la ley, los cuales resultan técnicamente deficientes, sumamente incompletos y, por tanto, pudieran agravar la crisis de desapariciones en la entidad, así como la crisis forense.

Entre algunos de estos aspectos se encuentran los siguientes:

  1. El Dictamen no contempla las cuestiones relacionadas con la prevención y garantías de no repetición relativas a los delitos de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados establecidos en la Ley General en materia de desaparición. Sugerimos que se agregue un capítulo que establezca los aspectos correspondientes, considerando la Ley General y otras disposiciones aplicables, así como las características del contexto del estado de Jalisco.

  2. No se aborda de manera adecuada y suficiente la figura jurídica de la declaración especial de ausencia por desaparición.

  3. Se omite reconocer los derechos de víctimas, en particular, los derechos de acceso y participación en las investigaciones y diligencias, así como los derechos de obtener las medidas de ayuda y asistencia integral, al acompañamiento psicosocial, los derechos a la protección o el derecho a la reparación integral del daño, entre otros.

  4. La Ley carece de perspectiva de género y de un enfoque diferenciado. Sugerimos adecuar la propuesta y, en particular, considerar el interés superior de la niñez y la situación de vulnerabilidad y exposición de riesgo en la cual se encuentran las mujeres, comunidades indígenas, así como las personas migrantes en el estado de Jalisco.

    En la misma linea, cabe señalar que la legislación tampoco contempla los mecanismos e instrumentos existentes en materia de búsqueda y localización de las mujeres, niñas y niños desaparecidos, tales como el Protocolo Alba y la Alerta Amber.

  5. Vemos de suma relevancia incorporar en este Dictamen un capítulo que trate de responsabilidades administrativas y sanciones correspondientes para servidores públicos que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas.

Cabe señalar que las observaciones anteriormente mencionadas constituyen solamente una parte del documento de más de 50 cuartillas entregado al Congreso local, del cual lamentablemente nunca hemos obtenido ninguna respuesta.

Recapitulando lo mencionado hasta ahora, tanto el proceso de creación de la propuesta de ley como su contenido, presentan graves omisiones y deficiencias. Frente a la alarmante cantidad de las observaciones críticas hacia la iniciativa, el evento de la mesa de diálogo participativo se podría considerar como un especie de avance de esta Legislatura para subsanar lo señalado. Sin embargo, tal como se mencionó, preocupa la metodología del evento y la tardanza en convocar a este espacio. Esto no solamente por el ya comentado incumplimiento de la obligación del Congreso de legislar en la materia en 180 días a partir de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición, sino también considerando que el acuerdo legislativo en el cual se decidió e instruyó a realizar “a la brevedad posible” “una consulta amplia” fue aprobado el día 12 de diciembre del año pasado1 y, hasta 4 meses después se logró concretar una primera reunión de dialogo.

Asimismo, se espera y a la vez se exige, que tal como señala el mismo acuerdo legislativo, el proceso de consulta sea “llevado a cabo a través de las mesas de trabajo, foros y diálogos”2, y no se limite solamente al evento del día de hoy con tan limitada participación de las víctimas. Es importante que se tome en cuenta los tiempos, maneras y modos de trabajar de familiares de personas desaparecidas y la sociedad civil en conjunto y realizar la cantidad de mesas de trabajo que sean suficientes y necesarias, que haya un diálogo abierto y con sensibilización y análisis técnico, y no llevar a cabo un proceso acelerado, con premura, en el cual se prioricen los intereses y negociaciones políticas.

De igual modo, consideramos importante que se realice un diagnóstico exhaustivo y que se lleve a cabo un análisis real de las instituciones existentes que dan seguimiento a los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas, a fin de dar a conocer los avances existentes en la materia a nivel local, reconociendo sus alcances y que los mismos sean retomados de manera adecuada en el contenido de la iniciativa de la ley.

Finalmente, nuevamente cabe reiterar la gran importancia de realizar un proceso amplio, participativo, transparente y público de consulta con familiares de personas desaparecidas, personas expertas y las organizaciones de la sociedad civil, garantizando de esta manera el principio de participación conjunta consagrado en el artículo 5 de la Ley General en materia de Desaparición, el cual rige su interpretación, aplicación e implementación. Como se ha dicho, vemos clave socializar la propuesta con un público mucho más amplio y generar las reuniones con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones del estado de Jalisco a fin de establecer los mecanismos adecuados para recibir y atender sus observaciones y conocer las particularidades de los contextos regionales. Exigimos que las y los diputados se abstengan de aprobar el Dictamen de la ley estatal sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares sin antes abrir los espacios de consulta real y garantizar la participación conjunta de las y los familiares de personas desaparecidas de todas las regiones del estado de Jalisco, las organizaciones locales de derechos humanos y con la supervisión y observancia de los organismos internacionales.

Una ley estatal en materia de desaparición sin legitimidad, aprobada bajo un proceso de simulación y presión política, sin realmente reflejar las necesidades de las víctimas, en ningún momento contribuye a garantizar los derechos a la verdad, justicia y la reparación integral, principales exigencias de familiares de personas desaparecidas, las cuales deben ser atendidas de manera integral en esta legislación y deben de constituir sus objetivos principales.

1 Congreso del Estado de Jalisco. Acuerdo Legislativo AL-58-LXII-18 del 12 de diciembre de 2018.

2 Ibidem.

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INFORME

¿Cómo estamos en el estado de Jalisco a un año después de la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición?*

Implementación Ley Desaparición

Anna Karolina Chimiak
Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad

A nivel nacional parece que somos una de las entidades más avanzadas en cuanto a la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Incluso podría decirse que comenzamos a implementar la Ley, aún antes que la misma fuera aprobada, puesto que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) entró en operaciones el 31 de agosto de 2017, y para su creación se tomó en cuenta los estándares que fueron previamente contemplados en su Dictamen.

Asimismo, casi a tiempo, solo a 8 días después de la fecha indicada por los transitorios de la Ley General, se creó la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Jalisco (CBPJ).

Posteriormente, en el mes de agosto de 2018 se concluyó la elaboración de la Convocatoria para conformar el Consejo local Ciudadano, llamado en Jalisco el Consejo Consultivo.

Y en el mes octubre de este año se presentó una propuesta de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares del Estado de Jalisco, la cual preveía la creación del sistema estatal de búsqueda. De igual manera, en noviembre del mismo año surgió otra iniciativa en el Congreso, esta vez sobre la declaración especial de ausencia por desaparición.

Además, a eso no podemos olvidar que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) es la única institución forense a nivel nacional la cual tiene carácter autónomo e independiente, y en las evaluaciones nacionales se posiciona como una de las mejores y más certificadas a nivel del país.

Frente a este escenario, parece que el estado Jalisco asumió de manera ejemplar todos los compromisos marcados por la legislación general en materia de desaparición, y en este momento, reconociendo los avances y aplaudiendo los esfuerzos institucionales, podría concluir el discurso, deseando que ojalá la misma postura tomara también el nuevo gobierno en transición.

Sin embargo, y lamentablemente hay varios peros.

Pero número 1: Falta del presupuesto.

Tanto la FEPD como la CBPJ no cuentan con los recursos técnicos, materiales suficientes y necesarios para cumplir con sus objetivos y responder de manera adecuada al fenómeno de las desapariciones en Jalisco, e incluso por lo anterior ni siquiera pueden implementar sus estructuras marcadas por el Reglamento y por el Decreto respectivamente, eso, pese a múltiples exigencias expresadas mediante los comunicados públicos y en el marco mesas de trabajo y mesas de seguimiento con la FGE y FEPD, así como las mesas de diálogo con la Secretaría General de Gobierno del estado de Jalisco, e incluso las reuniones con el mismo Gobernador. En cada una de estas reuniones, las y los funcionarios públicos se comprometieron a asignar recursos suficientes a estas dos instituciones, e incluso durante los meses de junio y julio, prometieron dotarlas con 100 millones de pesos. No obstante, lo prometido no sucedió y la situación evidenció la indolencia del estado frente a la magnitud de las desapariciones en la entidad y la poca credibilidad en cuanto a la palabra y los compromisos asumidos por las autoridades locales en los espacios de participación conjunta.

Pero número número 2: Falta del personal suficiente, profesionalizado y sensibilizado.

Las dos instituciones, FEPD y CBPJ, no cuentan con el número de personal necesario para su adecuado funcionamiento. Asimismo, a pesar de los cambios y a pesar de las múltiples capacitaciones que se han llevado a cabo, hasta la fecha no se ha logrado romper con las malas prácticas y los vicios institucionales que se han arrastrado por años, lo que evidencian la ausencia de las investigaciones exhaustivas, serias y eficaces y la constante violación de los derechos de víctimas. La pregunta es cuantas capacitaciones más se tendría que llevar a cabo, de los recursos públicos, para contar con un personal profesionalizado, sensibilizado y capacitado. Y si realmente se puede cambiar la manera de trabajar y la manera de pensar de las y los funcionarios públicos quienes toda su vida laboral han sido omisas/os y negligentes.

Pero número 3: Intentos de generar los procesos de selección a modo

La CBPJ fue creada el 24 de abril de 2018, y tras la publicación del Decreto que crea esta institución, el gobierno decidió llevar a cabo un proceso de selección de la persona titular sin considerar los colectivos de familiares de personas desaparecidas ni las organizaciones de la sociedad civil. Frente a esta situación, que resulta claramente violatoria al principio de participación conjunta que rige la Ley General, con los colectivos: Fundej y Por Amor a Ellxos y la organización Cladem Jalisco, decidimos emitir un comunicado en el cual exigimos que el proceso de selección de la persona a cargo de la CBP fuera transparente, con máxima publicidad, y bajo los mecanismos de la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil. A consecuencia de este comunicado, el gobierno de Jalisco respondió de manera positiva, declarando la convocatoria desierta, e iniciando un nuevo proceso de selección, en el cual, conjuntamente con los colectivos tomamos un papel clave: desde el diseño de la convocatoria, diseño de los requisitos del perfil idóneo, elaboración de la metodología de evaluación de perfiles, así como calificación a las personas aspirantes.

Además, cabe señalar, hasta la fecha la CBPJ no cuenta con el Reglamento interno, a pesar de posicionar este tema como una de las exigencias principales en el diálogo sostenido con la Secretaría General de Gobierno.

Pero número 4: No contamos con el Consejo Local Ciudadano

A pesar de concluir la convocatoria para conformar el Consejo Consultivo en el mes de agosto y acordar el mecanismo de selección e incluso consensuar las fechas del proceso, esfuerzo de más de un mes de trabajo colectivo, la convocatoria, sin ninguna justificación, no ha sido publicada.

Pero 5. La violación del principio de la participación conjunta consagrado en el artículo 5 de la LGD

Primero: Las dos propuestas de la ley previamente mencionadas, no han sido debidamente socializadas y consultadas. No se realizó una consulta pública, transparente ni incluyente con familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, lo que resultó violatorio al prinicipio de particiapción conjunta.

Segundo: En la propuesta de Ley estatal en materia de desaparición no se reconocieron y tomaron en cuenta los avances alcanzados por familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil en la materia, ni características propias del contexto del estado de Jalisco, por ejemplo la existencia de la FEPD, la instalación de la Comisión Interinstitucional de seguimiento, o la continuidad de los procesos de selección de las personas titulares de carácter participativo. Afortunadamente, tras las múltiples acciones de incidencia y estrategia de comunicación logramos de manera conjunta frenar la aprobación de dicha ley.

Tercero: De acuerdo con el transitorio noveno de la Ley General en materia de Desaparición, las entidades federativas deberían emitir y en su caso, armonizar la legislación correspondiente dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la Ley General, término que venció el 15 de julio del presente año, y lamentablemente en Jalisco no se ha cumplido con esta obligación, lo que evidenció la indoferencia e indolencia del Congreso del Estado de Jalisco, respecto a la gravedad de las desapariciones de personas en la entidad. Es por esta omisión que hasta la fecha familiares de personas desaparecidas al momento de necesitar contar con la declaración de ausencia por desaparición de su ser querido tienen que pasar por el proceso sumamente burocrático, costoso, prolongado y encaminado hacia la presunción de muerte.

Pero número 6: Crisis forense

Uno de los sucesos que más indignó a la sociedad no solo a nivel estatal sino también nacional e internacional, y demostró la incapacidad y debilidad institucional ante el incremento de violencia en el estado y la crisis de las desapariciones, fue el hallazgo del septiembre de 2018 de los tráileres que contenían cuerpos de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, en condiciones de resguardo inhumanas y degradantes, de los cuales la mayoría no contaban con la totalidad de los registros para su identificación, situación que resultó violatoria al derecho a la verdad, y demostró la ausencia total de coordinación y comunicación entre las instituciones de procuración de justicia estatales.

Pero número 7: La magnitud de las desapariciones en el estado de Jalisco

En el estado vivimos el escenario horroroso de las desapariciones generalizadas y descontroladas. Durante el año 2017, 3,672 personas fueron reportadas como desaparecidas, y no se han logrado localizar a 1,380 personas. Eso significa que en promedio cada día desaparecieron 10 personas. Y para comparar, en el año 2018, tras la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición,, sólo en el periodo de 9 meses, hasta 30 de septiembre, se denunciaron como desaparecidas a 3,255 personas, de las cuales 1,860 personas no han sido encontradas, con la cantidad de 12 personas denunciadas como desaparecidas cada día.

Pero número 8: Impunidad absoluta

Las cifras anteriormente mencionadas se enmarcan en un contexto de impunidad que en caso de las desapariciones resulta absoluta. Desde la tipificación del delito de desaparición forzada en octubre de 2013, hasta la fecha, no se ha logrado sentenciar a ninguna persona por este delito. Cabe resaltar que además de no contar con ni una sentencia por desaparición forzada, en el estado tampoco se cuenta con alguna investigación abierta por este delito.

Pero número 9: Promesas incumplidas

A fin de lograr con un proceso de seguimiento basado en un sustento jurídico, que incluyera la participación de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, y para garantizar una coordinación adecuada entre las instituciones encargadas de los procesos de búsqueda, investigación, identificación de personas y atención a víctimas, tras múltiples exigencias, se logró crear una Comisión Interinstitucional para el Seguimiento de las Acciones Implementadas por el Gobierno del Estado de Jalisco para el Fortalecimiento de la FEPD y de la CBPJ. Al momento de su creación dicha Comisión fue considerada como un avance muy importante y de transcedencia transexenal.

La institución fue instalada el día 27 de septiembre de 2018, y transcurridos 30 días tras su instalación, de acuerdo con los transitorios del Decreto que la creó, se debería haber aprobado su Agenda Única y sus Lineamientos de Operación, hecho que no sucedió. Es por eso que nueavamente exigimos a convocar la reunión para dar seguimiento a los objetivos de la Comisión y aprobar dichos documentos, antes de que comience la administración del nuevo gobierno, a fin de generar un cierre adecuado y digno, y cumplir con los compromisos asumidos en la materia.

Reto número 10: Falta de unión e indiferencia de la sociedad civil.

Me gustaría hacer unas preguntas, ¿porque estamos aquí tan pocas personas?, y ¿porque como sociedad somos tan apáticos e indiferentes? ¿Cómo hacer que los medios de comunicación realmente comprendan el problema y estén al lado de las víctimas.? ¿Cómo las escuelas y las universidades pueden acercarse a esta problemática y generar la conciencia entre las personas jóvenes.? ¿Cómo combatir esta ignorancia de la sociedad y realizar los esfuerzos que no sean tan poco articulados, tan poco persistentes, y que no sean nada más coyunturales?.

Y con estas preguntas y que son a la vez retos enormes que dirijo a cada uno/una de ustedes, me gustaría concluir.

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*Discurso ofrecido el 28 de noviembre de 2018 en el Foro: Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Aprendizajes y Retos a un Año de su implementación en Jalisco. En la segunda mesa con el tema “Ley general en Materia de Desaparición de Personas, Lecciones Aprendidas a un año de su Aprobación.”

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Comunicado

Ayúdanos a Exigir a las y los diputados una Adecuada Ley en Materia de Desaparición

El pasado 16 de Octubre de 2018, el Dictamen de la Ley del Estado de Jalisco sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares y el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso local, pasando directamente al pleno, en un proceso acelerado, priorizando los intereses y negociaciones políticas en vez de necesidades de las víctimas y de la sociedad en conjunto.

Es preocupante que esta propuesta viola el principio de la participación conjunta que rige la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, debido a que el Congreso del Estado fue omiso en socializar la iniciativa y consultarla de manera adecuada y transparente con familiares de personas desaparecidas, así como con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema.

Además en la Propuesta de Ley no se reconocen los avances alcanzados por familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil en la materia, quedando evidenciado que no se contempló en la misma las funciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y los procesos de la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y la Comisión Interinstitucional. Asimismo, esta propuesta de ley contiene diversas deficiencias que no abonan a atender la gravedad y magnitud de la problemática de las desapariciones.

Por lo anterior, el 23 de octubre de 2018 presentamos al Presidente de la Mesa Directiva y a las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, un documento con las Observaciones a la Propuesta de Ley, sin embargo, a pesar de haber recibido el documento en físico, y de diversas llamadas que hemos realizado, hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta respecto a este tema, por el contrario todo parece que las y los diputados buscan aprobar la ley con todas las violaciones y deficiencias que contiene.

¡Ayúdanos!

Ayúdanos a escribir y/o llamar a las y los diputados del Congreso del Estado para exigirles que no aprueben esta ley, ya que es de suma importancia para la sociedad jalisciense que en el contexto de las más de 6 mil personas desaparecidas y la grave crisis forense que atraviesa la entidad, contemos con una legislación adecuada que contrarreste con este grave problema y que cumpla con los estándares internacionales y los que establece la Ley General en la materia.

Por lo anterior, pedimos tu ayuda para hacerles llegar a las y los diputados de la LXI legislatura del Congreso del Estado de Jalisco las siguientes exigencias:

Primero.- Que se abstengan de aprobar la Ley del Estado de Jalisco sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares y el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, hasta en tanto no se abran los espacios de diálogo con familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema para una consulta amplia y pública que garantice la participación conjunta.

Segundo.- Que prioricen la socialización y consulta de la iniciativa legislativa con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones de Jalisco, para que conozcan la propuesta y puedan realizar sus observaciones junto a especialistas, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la Ley General y los mayores estándares internacionales en la materia.

Tercero.- Que atiendan todas las observaciones realizadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas, de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas expertas en el tema y de los organismos internacionales de derechos humanos a la iniciativa de la Ley del Estado de Jalisco sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares y el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas

¡Ayúdanos y Marca la Diferencia!

Ayúdanos a llenar el formulario y enviar las exigencias a las y los Diputados del LXI Legislatura del Congreso del Estado :

Consulta el documento de observaciones entregado a las y los diputados: https://goo.gl/5RMmZ8

Lista de Diputados a los que se les hará llegar las exigencias Ciudadanas:

  • Jorge Arana Arana (PRI) – Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
  • María del Rocío Corona Nakamura (PRI) – Presidenta Comisión Puntos Constitucionales
  • Salvador Álvarez García – Vocal (MC)
  • Salvador Arellano Guzmán – Vocal (PRI)
  • Silvia Cárdenas Casillas – Vocal (NUEVA ALIANZA)
  • Juana Ceballos Guzmán – Vocal (PRI)
  • Hugo Contreras Zepeda – Vocal (PRI)
  • Verónica Franco Villalobos – Vocal (PRD)
  • José Mojica Franco – Vocal (PRI)
  • Liliana Guadalupe Morones Vargas – Vocal (PRI)
  • Patricia Pérez Martínez – Vocal (PAN)
  • Erika Lizbeth Ramírez Pérez – Vocal (PARTIDO VERDE)
  • Hugo René Ruíz Esparza Hermosillo – Vocal (PRI)
  • Augusto Valencia López – Vocal (MC)
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Comunicado Personas Desaparecidas

Comunicado – recibido y sellado por diputados de la LXI Legislatura de Jalisco 23 Octubre de 2018

El día 23 de Octubre de 2018 a las 20:35 horas, fue entregado el comunicado a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, en el que familiares, organizaciones y colectivos exigimos que la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, se abstenga de aprobar la Ley de Desaparición hasta consultar con familiares, organizaciones y personas expertas.

Se entregó una copia del comunicado, así como el documento de Observaciones al Dictamen de las Comisiones del Congreso que expide la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares del Estado de Jalisco.

La Oficialia de Partes recibió y selló la recepción de los documentos para cada uno de los siguientes diputados:

Jorge Arana Arana, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco.
María del Rocío Corona Nakamura – Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.
Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.
Salvador Álvarez García.
Salvador Arellano Guzmán.
Silvia Cárdenas Casillas.
Juana Ceballos Guzmán.
Hugo Contreras Zepeda.
Verónica Franco Villalobos.
José Mojica Franco.
Liliana Guadalupe Morones Vargas.
Patricia Pérez Martínez.
Erika Lizbeth Ramírez Pérez.
Hugo René Ruíz Esparza Hermosillo.
Augusto Valencia López.

 

Da click en la imagen para consultar el documento entregado a las y los Diputados.

Comunicado - recibido y sellado por diputados de la LXI Legislatura de Jalisco 23 Octubre de 2018
Comunicado – recibido y sellado por diputados de la LXI Legislatura de Jalisco 23 Octubre de 2018

Exigimos a la LXI Legislatura de Jalisco se abstenga de aprobar la Ley de Desaparición hasta consultar con familiares, organizaciones y personas expertas.

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Declaración de Ausencia por Desaparición

LA EXISTENCIA DENEGADA POR EL ESTADO.
UNA OBLIGACIÓN IMPOSTERGABLE DE LEGISLAR LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN

Anna Karolina Chimiak

En la última década, en el estado de Jalisco desaparecieron 22,415 personas, de las cuales, 4,990 personas permanecen sin localizar. Tan sólo en el año 2017 desaparecieron 3,762 personas (1,336 mujeres y 2,426 hombres) y 1,380 de ellas siguen pendientes de ser encontradas.1 Estos datos evidencian que en los últimos diez años, en la entidad desaparecieron seis personas cada día, y que únicamente durante el año 2017 se reportaron diariamente a diez personas como desaparecidas, cifra que podría ascender significativamente si consideramos la gran cantidad de casos que no fueron denunciados ni reportados.

El estado de Jalisco se ha convertido en una fosa clandestina sin fondo, en la cual, la magnitud de violencia e inseguridad, cada vez más visible y persistente, sigue normalizada y aceptada por la sociedad. En este contexto, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (fgej), que aspira a ser un modelo de búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas a nivel nacional, ha reconocido su indolencia y afirmó vía transparencia que desde la tipificación del delito de desaparición forzada en 2013 hasta finales de 2017 no sólo no se ha emitido alguna sentencia por este delito, sino que ni siquiera se ha comenzado alguna averiguación previa o carpeta de investigación relacionada con esta grave violación a los derechos humanos.2 Esta falta de respuesta por parte de las autoridades, ha generado impunidad absoluta en torno a este delito y coloca a la sociedad en un estado de indefensión, ya que cualquier persona puede convertirse en víctima en cualquier momento y ser desaparecida sin que haya alguna consecuencia.

Mientras las investigaciones están en el olvido, miles de personas cada día recuerdan a sus seres queridos y continúan la lucha incansable para encontrar la verdad y acceder a la justicia. Entre la vida cotidiana que sigue, y la esperanza, las víctimas enfrentan el verdadero infierno, por las consecuencias derivadas de la desaparición de su familiar, apareciendo cada vez más preguntas y obteniendo cada vez menos respuestas.

La desaparición de un ser querido ocasiona graves daños e implicaciones profundas en casi todos los aspectos de la vida de las personas cercanas a la persona desaparecida. Las afectaciones se dan en el ámbito personal, el núcleo familiar y en su entorno social, además de tener que enfrentar las diversas consecuencias económicas, jurídicas y/o laborales, generando un calvario de problemas, que no son atendidos por parte del Estado.

Es por eso que el reconocimiento de las víctimas de desaparición no se limita solamente a las personas desaparecidas, sino que incluye a “toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada” (Convención Internacional, 2008, Art. 24), considerando entonces como víctimas a todas las personas afectadas que pasan por este viacrucis de incertidumbre sobre lo ocurrido.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señala que la “privación contínua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano” (cidh, 2009, párrafo 166) y vulnera múltiples derechos fundamentales de las víctimas, entre ellos el derecho a la integridad psíquica y moral. “La realidad de las desapariciones coloca a las personas ante la imposibilidad de verificar lo sucedido y les condena a un silenciamiento” (Martín, 2010: 72), provocando un duelo inconcluso y congelado, así como una permanente angustia y un sentimiento de desprotección ante la abstención de los avances de investigación (cidh, 1998, párrafo 114).

Las violaciones graves a los derechos humanos, como es la desaparición de un ser querido, marca un antes y un después en la vida de las personas y genera impactos prolongados o, incluso, permanentes (Martín, 2010: 12). Es importante que las afectaciones de esta violación se analicen desde una perspectiva social y que se considere como su base el contexto en el cual se producen, ya que la desaparición afecta de manera diferenciada a cada persona y existen varios factores que influyen en el nivel de su sufrimiento.

La desaparición puede llevar a la sensación de pérdida del sentido de vida, así como la ruptura de las creencias y generar el sentimiento de impotencia. Frecuentemente, los sentimientos oscilan entre la esperanza de encontrar a su familiar con vida y, a la vez, la desesperación y frustración, e incluso, en varias ocasiones, la sensación de culpabilidad por lo ocurrido, o rabia y vengatividad frente a la injusticia de los hechos y la impunidad (Martín, 2010: 21).

Asimismo, las víctimas experimentan alteraciones en el sueño y su estado de ánimo, fatiga, falta de energía, pérdida del apetito y peso, así como múltiples enfermedades físicas como consecuencia de la somatización de las tensiones emocionales. Las secuelas psicológicas y físicas que se presentan son “formas de manifestación de una experiencia traumática o difícil” y constituyen las reacciones normales, no patológicas, frente a los hechos anormales (Martín, 2010: 16). A partir de esto, los proyectos de vida individuales comienzan a cambiar, se desintegran y quebrantan las estructuras de familias, y se alteran las relaciones y dinámicas sociales.

Cabe destacar que las mujeres, niñas y niños se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad y sufren una doble victimización, debido a que, por un lado son víctimas de la desaparición y, por otro, por su condición de ser mujer o menor de edad, requieren de una protección especial y diferenciada por parte del Estado, que no tienen. En este contexto de violencia sistemática en contra de las mujeres y las estructuras de la sociedad patriarcal a la cual pertenecemos, dominada por lo masculino, la desaparición del hombre, quien habitualmente encabeza a la familia y es su proveedor económico principal, expone a las mujeres a nuevas afectaciones, y las obliga a asumir nuevos roles en las familias, sin ningún apoyo institucional.

En los últimos diez años, en el estado de Jalisco, la desaparición de los hombres constituye 56% de los casos, y en su mayoría desaparecen en edad productiva. De tal modo que las familias, tras la desaparición del hombre, se enfrentan a condiciones de pobreza y diversos de sus derechos humanos quedan vulnerados, tales como los derechos a la salud, derecho a la seguridad social o derecho a la educación. El detrimento de la situación económica obliga a las personas dependientes de la persona desaparecida frecuentemente a las mujeres, e incluso a menores de edad a encontrar una nueva fuente de ingresos para sostener a la familia, además de emprender acciones de búsqueda de su ser querido, por lo cual su situación económica se agrava sustancialmente. Las condiciones de inestabilidad financiera se recrudecen aún más dado que las familias no pueden acceder a los beneficios laborales y patrimoniales de los que gozaba la persona desaparecida, lo que en muchas ocasiones conduce a desalojos o pérdida de sus viviendas.

Y por su parte, en el caso de menores de edad, las niñas y los niños se encuentran en una situación de gran indefensión ya que vivir cotidianamente en el entorno que está lleno de sufrimiento e incertidumbre, puede causar afectaciones a su integridad (cidh, 2012, párrafo 287), aunque todavía no tengan la comprensión de los alcances de la desaparición de su familiar. Es de suma relevancia determinar de manera inmediata la situación jurídica de las y los menores de edad para evitar más perjuicios, e incluir las garantías de sus derechos económicos, sociales y culturales.

La desaparición forzada constituye una forma de terrorismo del Estado, y su práctica ha formado parte de su estrategia para infundir miedo e inseguridad en la sociedad (ocanudh, 2009: 2), fragmentando el tejido social y ejerciendo el control sobre cada aspecto de la vida de la población. Es por ello que los impactos de desaparición se observan también en el ámbito social, puesto que las víctimas enfrentan el estigma social y ostracismo por parte de la sociedad con su postura indiferente, pasiva e insensible, así como a la criminalización desde el gobierno para justificar la ausencia de los avances en las investigaciones.

La impunidad, la complicidad y la constante falta de voluntad política para buscar a las personas desaparecidas e investigar sus casos, obliga a sus familiares a investigar por su propia cuenta. El mismo Estado, en vez de cumplir con sus obligaciones, silencia y minimiza los hechos y genera desconfianza hacia las instituciones públicas. Y, aunque la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos y la exigencia de justicia puede fortalecerlas, redignificar su experiencia y ayudar a reconocer su sufrimiento, no obstante, también las pone en riesgo y las revictimiza.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición coloca a las personas en “una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general” (cidh, 2009: párrafos 90 y 101), siendo ésta una consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar y respetar los derechos humanos.

Por lo anterior, el delito de desaparición forzada no sólo es “una de las más graves formas de sustracción de una persona de todo ámbito del ordenamiento jurídico, sino [es] también negar su existencia y dejarla en una suerte de limbo o situación de indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado e inclusive la comunidad internacional” (cidh, 2009: párrafo 90). A la persona desparecida y a su familia se les sitúa en un estado de indefensión. Se vulnera el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona desaparecida, afectando su capacidad de ser titular de sus derechos y obligaciones y de ejercer los recursos legales para su protección, atentando contra su dignidad y la dignidad de sus seres queridos, familiares y personas que tenían el vínculo cercano y afectivo con la persona desaparecida.

La incertidumbre legal creada por la desaparición genera consecuencias jurídicas duraderas debido a la naturaleza prolongada y continua de la violación e impide ejercer los derechos y obligaciones de los cuales la persona desaparecida es titular a lo largo del tiempo. Sus derechos y su patrimonio se quedan congelados, en una situación de abandono y limbo legal, en la cual los familiares de la persona desaparecida no pueden acceder a los beneficios y recursos necesarios para garantizar la continuación de la personalidad jurídica, y garantizarles la seguridad legal y sostenibilidad económica.

En consecuencia, la necesidad de adoptar normas a favor de la protección y el reconocimiento jurídico de las personas desaparecidas, forma parte de la obligación que tiene el Estado de determinar la suerte y el paradero de las víctimas de desaparición y generar todas las medidas legales posibles para asegurar la protección más amplia de los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares.

La suspensión y falta de reconocimiento de los derechos y obligaciones de la persona desaparecida implica múltiples consecuencias legales en materia civil, administrativa, laboral, de seguridad social o fiscal, ya que se detiene su salario y relación laboral y se impide el acceso a las pensiones, prestaciones y acceso a los servicios sociales vinculados al empleo de la persona desaparecida a sus familiares. La supresión de su personalidad jurídica genera la imposibilidad de contar con seguro social y servicios médicos, vulnerando de esta manera las garantías del derecho a la salud de las víctimas.

Asimismo, los familiares se enfrentan a una serie de obstáculos y dificultades para disponer y administrar bienes y propiedades de la persona desaparecida, los cuales, en muchas ocasiones, tienen carácter familiar. No pueden acceder a su cuenta bancaria, ni cobrar los cheques que están registrados a su nombre. En esta misma línea, las víctimas se ven obligadas a realizar varios trámites relacionados con la regulación de la situación matrimonial y determinación de la situación jurídica de las niñas y niños, quienes tienen el derecho de ser reconocidas/os como hijas e hijos de la persona desaparecida, aún en el caso de haber nacido posteriormente a su desaparición, así como el derecho a la educación y a una vida sin violencia y en condiciones dignas.

Para resolver estas dificultades, resulta necesario iniciar el procedimiento de la declaración de ausencia por desaparición. El objetivo de esta figura jurídica es reconocer y dar continuidad a la personalidad jurídica e identidad de la persona desaparecida, así como resolver los problemas que surgen como consecuencia de la desaparición de la persona. La determinación de su situación legal permite garantizar los derechos de las víctimas que resultaron perjudicadas a raíz de la desaparición. Por consiguiente, su función consiste en priorizar y asegurar la protección más amplia de los derechos de familiares y personas cercanas a la persona desaparecida.

Para obtener la declaración de ausencia por desaparición, suelen enfrentarse diversos obstáculos legales y administrativos. En primer lugar, el procedimiento es muy prolongado y no responde a las necesidades urgentes de las víctimas, razón por la cual se deberían acotar los plazos del trámite, y no exigir que transcurra un tiempo determinado, ni fijar periodos de tiempo límites para presentar la solicitud. Asimismo, la institución debería aplicar a cualquier caso de desaparición, tanto ocurrido en el pasado, como aquellos que pudieran darse en el futuro (Grupo de trabajo, 2009, párrafo 30).

Por otro lado, el trámite requiere realizar varios gastos relacionados con el pago por la publicación de los edictos y, en muchas ocasiones, implica la contratación de servicios legales profesionales para formalizarlos. Por lo anterior, resulta necesario que este procedimiento se oriente por el principio de gratuidad y pueda así generar el mínimo impacto económico posible, además, asumiendo que en los casos de desaparición existe una responsabilidad del Estado al no cumplir con la obligación de prevenir las desapariciones y garantizar las condiciones de seguridad; el mismo Estado debe asumir los costos del procedimiento (Verastegui, 2015), idealmente, a través de las poco operativas comisiones de atención a víctimas.

Además, resulta indispensable que la figura de declaración de ausencia incorpore el enfoque diferenciado y la perspectiva de género, reconociendo y generando las medidas para eliminar los obstáculos que las mujeres enfrentan para acceder a recursos jurídicos efectivos. “Estas medidas deberían subsanar la desigualdad de acceso de las mujeres a las instituciones públicas, incluidas las barreras lingüísticas, económicas y culturales” (Grupo de Trabajo, 2013, párrafo 29).

De igual manera, en el procedimiento debe prevalecer el interés superior de las y los menores de edad, e incluir las particularidades de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes y extranjeras desaparecidas en el territorio mexicano, tomando en cuenta la posibilidad de presentar la solicitud de declaración de ausencia por desaparición en los consulados mexicanos en los países correspondientes. Asimismo, el procedimiento debe ser traducido a las lenguas de las comunidades indígenas, tal como estipula la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición del estado de Nuevo León.

Es importante que este procedimiento sea más sencillo y menos burocratizado y formalista, ya que su complejidad y multitud de requisitos afectan la accesibilidad y producen nuevos sufrimientos a las víctimas. Considerando que en muchas legislaciones, la obtención de declaración de ausencia constituye el primer paso en el camino hacia obtener la presunción de muerte, este doloroso proceso profundiza aún más la sensación de desgaste y culpa.

En muchas ocasiones, las personas se ven obligadas a “aceptar” formalmente la muerte de la persona desaparecida, para así poder asumir la manutención de sus seres queridos, a pesar de tener la esperanza continua de encontrarle con vida. Este complejo conflicto moral y emocional genera una “carga desproporcionada para las víctimas” (cidh, 2012: párrafo 7) y en ningún momento responde a la gravedad y naturaleza permanente de la desaparición de personas.

Es importante mencionar que la sentencia de la declaración de ausencia y, en consecuencia, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona desaparecida, no limita las obligaciones del Estado para continuar con la búsqueda de la persona desaparecida, así como con la investigación de las circunstancias de su desaparición, y la sanción de las personas responsables (Grupo de Trabajo, 2013, párrafo 10). El deber de perseguir el delito y localizar a la persona no prescribe y está relacionado directamente con el principio de la presunción de vida, ya que se basa en la expectativa de que la persona desaparecida sea localizada con vida y se reintegre de nuevo en la sociedad. Los efectos de la declaración de ausencia únicamente tienen consecuencias de carácter civil y, por lo tanto, es un proceso independiente del proceso penal. En la misma línea, el trámite en ningún momento debe suprimir la obligación del Estado de reparar el daño de manera integral a las personas afectadas por la violación, ni limitar la obtención de los apoyos y asistencias del sistema de atención a víctimas.

Otro requerimiento que debería contener el procedimiento de declaración de ausencia es el componente de flexibilidad en cuanto a la competencia de jueces en materia civil o familiar, quienes admiten y valoran las solicitudes, y por otro lado, la flexibilidad sobre quiénes pueden promover este trámite, basándose en el concepto más amplio de familiar, es decir, considerándose no solamente a familiares de la persona desaparecida, sino también a las personas quienes tenían una relación cercana o vínculo afectivo con la persona desaparecida, incluyendo a las parejas del mismo sexo (ccc, 2014: 18), tal como se realizó en Colombia, en el artículo tercero de la Ley 1531, que crea la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria.

Asimismo, como personas promoventes se deberían tomar en cuenta a las y los representantes de las víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas asesoras jurídicas de las comisiones de atención a víctimas, tal como, a las y los Ministerios Públicos encargados/as de la investigación de los casos de desaparición de personas, quienes, con el consentimiento de las víctimas, podrían solicitar de oficio, el inicio de este procedimiento.

Una vez valorada y admitida la solicitud, se ha de dar publicidad a través de los edictos en los periódicos de mayor circulación y en los diarios oficiales correspondientes, y el costo de la publicación tendría que ser asumido por el Estado. Si no hay ninguna persona que se oponga o algún otro inconveniente, la declaración de ausencia quedaría judicialmente declarada, confirmando la ausencia formal de la persona desaparecida y generando las consecuencias jurídicas. Este documento podría tener validez oficial ante las autoridades estatales y federales e instituciones privadas, y en aquellos casos en los que se haya obtenido previamente la presunción de muerte o la declaración de ausencia simple, bajo los procedimientos que no respondían a la complejidad de la violación, se tendría que generar un mecanismo de reconversión para que se pueda acceder al procedimiento en condiciones dignas y adecuadas para la situación de la desaparición de personas. En el caso que la persona sea localizada, se deben evaluar las medidas de reversión y cancelación para que la declaración de ausencia quede sin efecto (ccc, 2014: 20).

El cumplimiento del proceso de la declaración de ausencia tendría que permitir nombrar a una persona representante, quien temporalmente pueda ejercer los derechos y obligaciones, así como la administración de los bienes a nombre de la persona desaparecida durante el tiempo que la desaparición permanezca, protegiendo sus intereses y conforme a las necesidades de familiares y personas cercanas de la persona desaparecida (Grupo de Trabajo, 2013, párrafo 9). Asimismo, se habría de determinar la situación de la familia, garantizando su protección más amplia.

Por otro lado, como se ha venido mencionando, dicha figura jurídica tendría la obligación de brindar a las familias la posibilidad de seguir gozando de los beneficios del régimen de seguridad social derivado de la relación laboral de la persona. Es por ello que se considera importante contemplar la posibilidad de que las familias continúen recibiendo el sueldo de la persona desaparecida hasta el momento de ser encontrada.

En este sentido, la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, aprobada en 2014 en el estado de Coahuila, constituye un referente en la materia, y garantiza el cumplimiento de los estándares marcados a nivel internacional. Dicha ley permite a las familias de todas las personas desaparecidas, tanto servidores públicos como las personas contratadas por empresas privadas, seguir obteniendo los salarios hasta su localización, situación que ha generado la oposición del sector privado. Y efectivamente, el principio de solidaridad en el cual se basa la legislación, no debe obligar a los empresarios a asumir los costos económicos de la violencia sostenida por el mismo Estado.

Además, la declaración de ausencia debe tener un efecto de suspensión de las obligaciones de la persona desaparecida y declarar la inexigibilidad temporal de sus responsabilidades. Por ello, los plazos para pagar las deudas y los créditos que la persona desaparecida tenía a su cargo, deberán quedar suspendidos hasta el momento de su localización. Esta situación no siempre resulta justa y adecuada para las personas acreedoras, quienes, como resultado, no tienen garantizados los pagos que les corresponden y quedan desprotegidas. Al igual que en caso del pago de salarios por parte de empresas privadas, eximir las deudas de las personas desaparecidas genera impactos en el sector privado y demuestra que, nuevamente, el Estado se está deslindando de su responsabilidad.

Por su parte, los organismos internacionales de derechos humanos repetidamente han recomendado al Estado mexicano adoptar el procedimiento de declaración de ausencia por desaparición, basado en los principios y objetivos anteriormente mencionados, con “el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y la de sus allegados” (Comité contra la Desaparición Forzada, 2015, párrafo 43) y dar así una respuesta legal ante su ausencia (giei, s/f: 17).

A nivel nacional, la Ley General de Víctimas, en el último párrafo del artículo 21, contempla la creación de la figura de la declaración de ausencia por desaparición, resaltando la importancia de garantizar el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición, e instando a cada una de las entidades federativas a regular el procedimiento en la materia, para conocer y tramitar las acciones judiciales, con la finalidad de “que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar“ (dof, 2013, Art. 21 párrafo 8). Cabe señalar que, a partir de la publicación de la reforma de dicha ley, el 3 de mayo de 2013, los estados contaban con un año para generar una legislación en la materia (dof, 2013, Transitorio segundo), obligación que la mayoría de los estados, incluyendo a Jalisco, hasta la fecha no han cumplido.

Asimismo, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada el 16 de noviembre de 2017, incorpora las recomendaciones internacionales y, en su título cuarto y capítulo tercero, establece las reglas generales para obtener una declaración de ausencia por desaparición y, de esta manera, reconocer la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y asegurar la protección más amplia a sus familiares (lgd, 2017, artículo 145).

La legislación, de acuerdo con los estándares anteriormente señalados, establece los efectos mínimos y los principios de inmediatez, celeridad y gratitud, bajo los cuales se debe regir el procedimiento, y se señala que la conclusión del proceso no produce efectos de prescripción penal ni constituye prueba en otros procesos judiciales. Asimismo, se indica que el trámite se puede comenzar “a partir de los tres meses de que se haya hecho la denuncia o reporte de desaparición, o la presentación de la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o ante un organismo público de protección de los derechos humanos de las Entidades Federativas” (lgd, 2017, artículo 144), lo que reduce las posibilidades de solicitar el trámite por las personas, quienes, por múltiples razones decidieron no interponer una denuncia o queja por la desaparición de su ser querido. Además, la ley obliga a los estados y a la Federación a legislar en dicha materia dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigor, es decir, cuentan con el tiempo para adecuar el marco normativo hasta el 15 de julio de 2018 (lgd, 2017, Transitorio noveno).

A pesar de las recomendaciones establecidas a nivel nacional e internacional, el artículo 14 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco solamente reafirma la importancia de la necesidad del procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición, no obstante, hasta la fecha, a nivel estatal, no se ha creado un marco normativo que reconozca y garantice la continuidad de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, que ponga en el centro las necesidades de las víctimas y evite su revictimización. Esta situación refleja la poca sensibilización e indolencia por parte de las y los diputados locales, así como la falta de voluntad política para privilegiar el tema y proteger la dignidad de las víctimas.

Además de un prolongado, costoso y burocratizado procedimiento de declaración de ausencia simple, previsto en el Código Civil del Estado de Jalisco, el mismo acto legislativo, en su artículo 146, reformado el 25 de abril de 2015, crea la posibilidad de solicitar la declaración de ausencia por el delito de desaparición forzada. El reconocimiento de los hechos de desaparición forzada en la legislación civil parece ser un avance, sin embargo, como se mencionó anteriormente, en Jalisco desde el momento de tipificación del delito de desaparición forzada, hasta el 31 de diciembre de 2017 no se ha abierto ninguna averiguación previa ni carpeta de investigación por esta causa, lo que significa que ningún caso de desaparición ocurrido hasta finales del año pasado, aplicaría para este procedimiento.

Por otra parte, cabe señalar que el artículo que regula esta figura se encuentra en el capítulo que regula la presunción de muerte y establece que para los casos de la privación ilegal de la libertad, secuestro o desaparición forzada aplica la figura de presunción de muerte. Vincular la declaración de ausencia por desaparición con la presunción de muerte, es revictimizante y claramente violatorio al principio de búsqueda de la persona desaparecida con vida. Definitivamente, este artículo no tiene como finalidad el reconocimiento y protección de la personalidad jurídica de la persona desaparecida, sino que la legislación obliga a las familias a iniciar el trámite de presunción de muerte de su ser querido desaparecido solamente para definir la situación legal de sus bienes y derechos y determinar la sucesión, como si la persona estuviera muerta.

Además, los plazos del procedimiento son muy acotados ya que “el término para decretar la presunción de muerte será de tres meses a partir de que se haya denunciado ante la autoridad competente el acto ilícito correspondiente y no exista ningún indicio de que pudiera seguir con vida” (Código Civil del Estado de Jalisco, artículo 146). Se puede observar que el artículo parece ser un simple trámite que niega la existencia de la persona desaparecida, privado de sensibilidad y ajeno a las necesidades de las víctimas.

En este contexto jurídico, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (cedhj), en su Recomendación 20/2016, señala la importancia de legislar el procedimiento de declaración de ausencia por desaparición. Dicha recomendación, derivada de la queja 3319/15/III, se relaciona con las violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública por la desaparición forzada, ocurridos el 24 de mayo de 2015 en el municipio de San Juanito Escobedo, en la región Valles. En el documento se acredita que en la desaparición participaron los elementos policiales de la Dirección de Seguridad Pública de dicha municipalidad, aunque los hechos nunca han sido reconocidos como desaparición forzada por parte de la Fiscalía General.

En uno de los puntos de la Recomendación 20/2016, se ordena al Congreso del Estado impulsar “una reforma legislativa que permita, entre otros aspectos, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para reconocer y resolver sobre las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición(cedhj, 2016:69).

Esta recomendación fue remitida al Congreso a manera de petición el 6 de junio de 2016, y fue aceptada y turnada a las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos. Tan sólo ocho días después, es decir el 14 de junio del mismo año, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, mediante el oficio lxi/cpcelt/608/2016 responde que “dentro del marco jurídico que rige en el estado de Jalisco, se han incorporado ya las disposiciones necesarias en el tema de desaparición de personas para garantizar en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el ámbito Constitucional y legal local, la protección y el ejercicio de los derechos humanos a las personas en el tema descrito por la cedhj”.

Con la finalidad de motivar el cumplimiento de la recomendación y justificar dichas disposiciones, la Comisión enlista diversos derechos constitucionales de las víctimas y personas ofendidas en el proceso penal, incluyendo el derecho a recibir atención psicológica y asesoría jurídica, el derecho a coadyuvar con el Ministerio Público o el derecho a la “reparación del daño”, derechos que son esenciales para las víctimas de desaparición. Sin embargo, no tienen ninguna relación con el objetivo de la recomendación y demuestran una simulación de su cumplimiento.

Lo que provoca un sentimiento de aún más profunda incomprensión y falta de reflexión sobre el punto recomendatorio y, a la vez, el desconocimiento de la problemática de las desapariciones de personas en Jalisco, es el segundo argumento levantado por la Comisión, que supuestamente justifica el cumplimiento de la recomendación. En el oficio se manifiesta que entre “los instrumentos legales para el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas” se encuentra la atribución del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de “tener a su cargo los archivos de identificación criminalística, de voz, de genética humana, de huellas dactilares, huellas balísticas y demás parámetros biométricos necesarios para la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública”.

Por último, se hace referencia al antes mencionado artículo 146 del Código Civil del Estado de Jalisco como el procedimiento expedito con la finalidad de conocer y resolver las acciones judiciales de declaración de ausencia por desaparición, concluyendo el oficio con la constatación que las disposiciones necesarias ya quedaron incorporadas a la legislación local.3

En razón de lo anterior, en el marco del seguimiento a la recomendación, el Coordinador de Seguimiento de la cedhj, Fernando Zambrano Paredes, el 2 de agosto de 2016 declara el cumplimiento satisfactorio de la recomendación debido a que se han incorporado ya las disposiciones necesarias en el tema de desaparición de personas para garantizar en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el ámbito constitucional y legal local, la protección y el ejercicio de los derechos humanos a las personas en el tema que nos ocupa, por lo que archivan el asunto como concluido”.4

Esta situación evidencia la ignorancia sobre la magnitud de desapariciones de personas en la entidad. Tomando en cuenta el número de las personas desaparecidas en el estado y el sinnúmero de las personas afectadas por la desaparición de su ser querido, tanto el Congreso del Estado como el organismo que aspira a proteger y promover los derechos humanos de la población jalisciense, en ningún momento dimensionaron la complejidad de la situación que enfrentan las víctimas. La falta del reconocimiento de la necesidad de un marco normativo que de manera adecuada protegiera la personalidad jurídica de las víctimas y la ausencia del compromiso y las acciones contundentes, revelaron la indolencia, nula voluntad política y persistente complicidad de dichos organismos en generar más afectaciones y violaciones a los derechos de víctimas.

En Jalisco, después del avance histórico de la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, uno de los pasos más importantes a seguir para realmente atender las necesidades de las víctimas de desaparición, es establecer un mecanismo legal que proteja y garantice la continuidad de su personalidad jurídica, considerando la naturaleza prolongada del delito, por lo que generar e implementar una legislación adecuada, que sea armonizada con el marco legal federal y a la vez que tome en consideración la experiencia de otros estados relativa a la aplicación de las leyes en la materia y las adapte al contexto jalisciense, sin duda constituye un reto.

El proceso de creación de la figura de declaración de ausencia por desaparición y el diseño de las políticas públicas correspondientes, se debe basar en el reconocimiento real de las consecuencias de la desaparición y de las necesidades de víctimas, garantizando la participación activa de las personas afectadas por desapariciones y encontrando soluciones reales a los problemas que enfrentan.

Vivimos en un contexto en el cual el Estado padece una enfermedad crónica con síntomas tan tangibles y a la vez tan normalizados, de los cuales cada día leemos en los periódicos, pero, aunque son tan cercanos parecen ajenos y no nos importan. En los últimos diez años el número de personas desaparecidas ha incrementado 275%, lo que significa que en esta deshumanización y descomposición social se encuentran invisibilizadas y desprotegidas miles de personas. La multiplicación de violencia que sufre Jalisco retroalimenta la impunidad y queda descontrolada, puesto que aun el mismo gobierno reconoce que “la ola de violencia no va a terminar” y que no existen indicios de que la situación mejore porque “vienen días complicados” (Partida y Santos, 3 de marzo 2018:30).

Para transformar esta cruel realidad social y legal, y enfrentar la incompetencia e incapacidad del Estado de dar la respuesta integral a las consecuencias de violaciones cometidas bajo su tolerancia, se requiere el involucramiento firme de la sociedad civil. Ahora, más que nunca, es necesario aprender de nuevo a sensibilizarnos y por fin llegar a entender que todas las personas desaparecidas son nuestras y que, sin actuar y exigir, sin resistir, somos cómplices de esta mentira social e institucional, que nos está privando de nuestra humanidad y nuestra dignidad.

Notas:

1 Fiscalía General del Estado de Jalisco (fge). Oficio obtenido a través de la solicitud de transparencia, fg/ut/1846/2018, 27 de febrero de 2018.

2 Fiscalía General del Estado de Jalisco (fge). Oficio obtenido a través de la solicitud de transparencia, fg/ut/1810/2018, 27 de febrero de 2018.

3 Congreso del Estado de Jalisco. Oficio obtenido a través de la solicitud de transparencia, Expediente uti/574/2017, 30 de enero de 2017.

4 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Oficio obtenido a través de la solicitud de transparencia, Expediente ut/013/2017, 27 de enero de 2017.

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