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El Derecho Humano al Agua en Jalisco durante 2018

Carlos A Peralta Varela

Antecedente

Podemos partir de recordar que el artículo 4, párrafo 6, de la Constitución Política de nuestro país (reformada en 2012), garantiza explícitamente el derecho al agua y al saneamiento para todos los mexicanos, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Pero obviamente este derecho no está garantizado para todos los mexicanos y más aún, la calidad del agua está empeorando en algunas partes de la república. Cabe mencionar que la concentración de arsénico y fluoruro en el acuífero Lerma-Chapala –recordemos que de Chapala se manda agua al Área Metropolitana de Guadalajara–, se duplicó en los últimos 14 años, de acuerdo con un estudio realizado hace tres años por el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) (Rodríguez, 2015). En el estudio mencionado se afirma que el acuífero contiene “sustancias nocivas para el ser humano […] que no sólo destrozan la dentadura y el esqueleto de las personas (fluorosis), causan además daño neuronal irreversible, altera el adn, complica los partos y es factor cancerígeno”. Para bien de todos, diferentes agrupaciones ciudadanas han identificado los problemas en torno al agua y los están denunciando para detener su deterioro, pero también para impedir que se continúe atentando contra la calidad de vida de los habitantes de Jalisco.

En el presente escrito se da cuenta de diferentes problemas en torno al agua, denunciados por agrupaciones y comunidades de Jalisco en el pasado 2018.

El derecho humano al agua en Jalisco, durante el año 2018

Preocupaciones desde las organizaciones y colonos

Durante este pasado 2018, en Jalisco se han realizado muchas y muy diversas acciones en relación con el agua, y para denunciar problemas de cantidad o calidad que atentan en contra de la sustentabilidad de las poblaciones o propician la violación de otros derechos como sería el derecho a la salud.

Iniciando el año, en el mes de febrero, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (imdec) en conjunto con la Comisión Especial del Agua del Congreso del Estado de Jalisco, realizaron una reunión de trabajo con agrupaciones sociales y cívicas, para que cada una de ellas planteara sus percepciones en torno a problemas con el agua. Agustín del Castillo, connotado periodista especializado en temas medioambientales, sintetizó lo que afirmaban los colectivos de la siguiente manera: “el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno y sus tres poderes, ha sido ineficiente en gestionar un problema tan fundamental como el agua, en calidad y volumen adecuados, para garantizar el derecho a la salud y al ambiente, sobre todo, de los moradores de asentamientos pobres, rurales o populares-urbanos” (Del Castillo, 2018).

En esa misma reunión, pobladores de colonias populares de Zapopan y Tlaquepaque se quejaron porque, a pesar de vivir en fraccionamientos autorizados por los gobiernos, el agua es muy escaza ya que sólo llega unos minutos al día y no es suficiente. Ante este reclamo, Alejandro Cárdenas, dirigente del Parlamento de Colonias, afirmó que “No es un problema de escasez; es un problema de mala gestión, de buscar siempre resolver con ingeniería lo que es un mal manejo de la cuenca misma, que nos da al menos 30% del agua que consume la ciudad, y que es de excelente calidad” (citado en Del Castillo, 2018). También en esa reunión, Raúl Muñoz Delgadillo, Presidente del Comité Ciudadano en Defensa Ambiental de El Salto, mencionó que otro de los graves problemas del agua en la entidad es la contaminación y las afectaciones que ésta produce en la salud:

Desafortunadamente, tenemos un registro de poco más de 800 personas que han fallecido en los últimos diez años por problemas de salud provocados o agudizados por la contaminación, como cáncer, leucemia, tumores rectales, que eran antes algo muy raro, y la presencia ahora de cáncer de páncreas, que es el que más nos está preocupando, porque es fulminante […] Tan sólo nosotros tenemos un poco más de 750 personas con insuficiencia renal en la zona de la presa del Ahogado (Pereira, 2018).

Si bien es cierto que la contaminación es provocada por diferentes factores, el papel de las industrias en este problema es relevante y no se atiende adecuadamente. El activista mencionó que existen alrededor de 400 grandes empresas –ubicadas en los márgenes del río–, de las cuales solamente 80 cuentan con planta de tratamiento, aunque no se sabe si funcionan regularmente; lo cual nos lleva a suponer que cotidianamente se arrojan descargas industriales con diferentes tipos de contaminantes. Esto sin contar a las pequeñas empresas que están a lo largo de la cuenca, que no son monitoreadas, y cuyas descargas se mezclan con las aguas domésticas, en los drenajes (Pereira, 2018).

Recomendaciones del Observatorio

Para abundar en el complejo panorama en torno a los problemas del agua en la entidad, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco (Observatorio), también en el mes de febrero de 2018 dio a conocer tres bloques de recomendaciones, manifestando diferentes preocupaciones.

Un primer bloque de recomendaciones está dirigido a las autoridades municipales y magistrados del Tribunal Administrativo. Está relacionado con el impacto que genera en los acuíferos de la ciudad el crecimiento vertical en el Área Metropolitana de Guadalajara (amg). La construcción de grandes torres departamentales o administrativas implica excavaciones muy profundas, generalmente para hacer los estacionamientos; el problema es que las excavaciones obstruyen los flujos subterráneos de agua en la metrópoli. Ante ello, el Observatorio recomienda: “Que se prohíba o se suspenda la construcción, sobre mantos y corrientes subterráneas o superficiales –continuas o torrenciales– ya sean torres u obras públicas que impacten el sistema hídrico” (Observatorio, 2018a). Además, se solicita que se establezca un sistema de monitoreo permanente y en tiempo real del ciclo del agua a nivel metropolitano y regional, y que “los Planes de Desarrollo Urbano y Planes Parciales se sustenten en datos técnicos y estudios del ciclo del agua que permitan garantizar la disponibilidad en cantidad y calidad del agua de forma sustentable y sin afectar regiones y/o comunidades distantes” (Observatorio, 2018a).

Otro bloque de recomendaciones se generó en relación con la Región Lagunas, Región Sur y municipios aledaños. Se menciona que durante 2017 se realizaron 1,647 encuestas por parte de la diócesis de Ciudad Guzmán, mediante las vicarías de la región y el Observatorio, para determinar el estado que guardan en cuanto a cantidad, calidad e infraestructura en el tema del agua. En la recomendación se afirmó que “más del 80% de las plantas de tratamiento de agua no operan, que los sistemas de drenaje no terminan en plantas de tratamiento ya que son vertidos sobre arroyos, ríos, valles agrícolas o lagunas. Rastros de matanza e industrias no tienen plantas tratadoras” (Observatorio, 2018b). También se recordó el hecho que, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con fecha 24 de abril de 2017, los acuíferos subterráneos de la región se encuentran en calidad de “sin disponibilidad o sobreexplotados”. En esta línea se describe que “Por otra parte, la demanda de agua para los invernaderos productores de berries y el incremento de grandes áreas de siembra de aguacate, así como la demanda creciente para todas las demás actividades, han generado que los acuíferos se estén abatiendo” (Observatorio, 2018b). Para completar el cuadro, se mencionó otro grave problema: la generación de un “uso sin control de fertilizantes e insecticidas [mismos] que han sido detectados en cuerpos de agua” (Observatorio, 2018b).

Los pobladores de estas comunidades afirman que se está afectando el ecosistema porque ya no llegan los mismos animales a anidar y, debido a la contaminación, ya no es confiable pescar en lagunas como la de Ciudad Guzmán.

El Tribunal Latinoamericano del Agua y el caso de la Ribera de Chapala

El Tribunal Latinoamericano del Agua (tla) es una instancia de carácter internacional, autónoma e independiente, que tiene como propósito la búsqueda de la justicia ambiental. La audiencia pública del tla, en octubre de 2018, tuvo su sede en Jalisco, específicamente, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Esta audiencia fue dirigida a atender los problemas y conflictos hídricos que se han suscitado en territorios indígenas de América Latina. Se presentaron ocho casos provenientes de cuatro países: dos casos de Guatemala, uno de Colombia, otro de Argentina y cuatro casos de diferentes partes de México.

En lo que se refiere concretamente a Jalisco, se presentó el caso de violación al derecho humano al agua y a la calidad de vida en poblaciones indígenas de la Ribera de Chapala, provocado por el Estado mexicano. Las comunidades de Mezcala de la Asunción y San Pedro Itzicán, ambas pertenecientes al municipio de Poncitlán, fueron las que realizaron la denuncia. Ellos son indígenas cocas y tienen una historia centenaria en la ribera.

El Lago de Chapala es el más grande de México, tiene una extensión de 1,740.8 km2 y desde el año 2009 está clasificado como sitio Ramsar,1 por considerarse un humedal de importancia internacional que debería ser conservado con cuidados especiales. También el lago es la mayor fuente de abastecimiento de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara.

El caso se presentó debido a que los pobladores se han enfrentado al incremento sin precedentes de enfermedades renales, lo que ha puesto al estado de Jalisco como uno de los primeros lugares del mundo en incidencia de enfermedad renal crónica, además de daños cerebrales, cáncer y malformaciones genéticas. En un pronunciamiento titulado “Declaratoria de Mezcala” que se dio a conocer en mayo de 2018, representantes de los pueblos de la Ribera de Chapala (Mezcala, San Pedro Itzicán y Agua Caliente), afirmaban que “de 2010 a la fecha van más que 100 personas fallecidas por insuficiencia renal. Tan sólo del 22 de marzo a la fecha (mayo), en San Pedro Itzicán han muerto 3 personas. Los datos son alarmantes. Estamos hablando de la muerte de niñas, niños y jóvenes” (upojas, 2018).

Un primer y grave problema es que las causas de estas enfermedades no han sido cabalmente identificadas, prevenidas y atendidas por las autoridades responsables del estado de Jalisco. En esta línea, investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) consideran que el origen es multifactorial aunque, para los pobladores, estas problemática tienen relación con la calidad del agua de Chapala y el pescado que consumen. Particularmente, en San Pedro Itzicán debe considerarse que la mitad de la población tiene agua entubada de origen termal y la otra mitad tiene agua entubada surtida por pipas. Aunque las autoridades afirman que el agua termal es potable, los pobladores consideran que no es adecuada para el consumo humano a largo plazo debido a la importante cantidad de minerales que contiene.

Sin tener claridad sobre las cifras específicas, las autoridades de salud consideran que existen centenares de casos de insuficiencia renal en el municipio de Poncitlán, en el cual están situados Mezcala y San Pedro. El Dr. Guillermo García, Jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, menciona que “En Jalisco, en el registro que llevamos, la prevalencia en terapia de reemplazo es de alrededor de mil 600 casos por millón de habitantes. En el municipio de Poncitlán anda en 2 mil 500 casos por millón. Esto es una contingencia epidemiológica […]” (El Informador, 2016). Por su parte, el Dr. Felipe Lozano,2 de la Universidad de Guadalajara, asegura que según los estudios realizados a pobladores de esta zona, “La gente está orinando plomo y están orinando molibdeno, otro metal duro que no se produce en el país y que se usa en la industria del acero inoxidable, y también encontramos mercurio […] los resultados, obtenidos hasta diciembre, sugieren que por lo menos 270 de los 950 habitantes de Agua Caliente (población colindante con San Pedro Itzicán), padecen algún grado de daño renal”. Por su parte, el Dr. Alfredo Celis, Director de División del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la UdeG, afirma que:

[En Agua Caliente] Hemos tomado muestra de orina, hemos tomado muestra de tierra. Hemos encontrado cosas que no esperábamos, particularmente en la tierra. Hemos encontrado metales como el Tungsteno que es un metal pesado y duro que se utiliza en la industria de iluminación, hemos encontrado metales que se utilizan en la industria de acero inoxidable […] Suponemos que eso llegó por contaminación. ¿De dónde viene? No lo sabemos todavía. Pudiera ser que en el trayecto del río Lerma que recorre el estado de México, Guanajuato, etc.” (C7 Jalisco, 2017).

La contaminación en el lago es conocida desde hace años, pero y para sustentar el caso, el iteso analizó el monitoreo oficial del agua en el Lago de Chapala realizado por Conagua, que contiene datos desde finales de 2012 hasta febrero de 2018. En el análisis se observó que se han reportado niveles altos y extremadamente altos en algunos de los parámetros físicos, químicos y biológicos medibles conforme a los niveles máximos permitidos en las normas oficiales mexicanas para potabilización del agua y de descargas residuales en aguas nacionales. Particularmente, es muy alta la presencia de coliformes fecales (incluida la Escherichia Coli), las concentraciones históricas promedio rebasan los límites máximos permitidos en normas nacionales e internacionales que determinan la potabilidad del agua, y también lo que se permite en descargas de aguas recién tratadas a cuerpos de agua nacionales (Sánchez et all., 2018).

Cabe mencionar, que a la audiencia del Tribunal se presentó el Ing. Jorge Malagón Díaz, Director General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, designado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para comparecer ante el Tribunal. Declaró que ésta es una de las cuencas más complicadas del país, porque recorre nueve entidades federativas y en su camino recoge todo tipo de contaminantes producto de la actividad humana. Afirmó también que se han realizado múltiples acciones para combatir la contaminación, pero todas ellas se han quedado cortas. El análisis realizado constató lo que el Ing. Malagón mencionó: que sin lugar a duda, el Lago de Chapala está contaminado. Por lo anterior, en relación con el caso, el Tribunal resolvió que:

el Estado mexicano, al promover un modelo urbano-industrial y agro-productivo extractivista que favorece el interés privado por encima del público, ha conllevado al deterioro de la calidad y cantidad del agua en ríos, cuerpos de agua y acuíferos, con graves impactos en la salud humana, en la producción de alimentos y en la conservación de los ecosistemas. Como consecuencia, ha incumplido con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y al medio ambiente y, sobre todo, ha afectado a los grupos sociales más vulnerables como son los pueblos indígenas y campesinos.

Comentarios finales

En Jalisco se están agravando los problemas en relación con la gestión, cantidad y calidad del agua, tanto en el área urbana como en zonas rurales, y si bien se están realizando denuncias al respecto, pareciera que no se hace nada o, por lo menos, no se hace lo suficiente para contrarrestar lo que ocurre. En buena medida, esto se deriva de un modelo de uso poco o nada sustentable, un modelo urbano-industrial y agroproductivo de corte extractivista que está propiciado el continuo deterioro de lagos y acuíferos, y obviamente, está impactando en los ecosistemas y la calidad de vida. El estado de Jalisco, en la práctica, está incumpliendo con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, con lo cual aumenta la afectación a grupos sociales que de por sí eran considerados vulnerables, como son los pueblos indígenas.

En relación con la Ribera de Chapala, se evidenció que el Estado tiene conocimiento de la contaminación y de los niveles a los que llegan ciertos contaminantes, pero también se aprecia que no está entre sus prioridades atender la problemática que padece el lago más grande de México y las comunidades que viven en sus orillas. Se requiere apoyo urgente en temas de salud y de alimentación a las comunidades, también un estudio epidemiológico en la región, pero y sobre todo, una política estructural diferente para impedir más contaminación y empezar a sanear el lago y su ribera.

Referencias

C7, Jalisco (2017). Entrevista al Dr. Alfredo de Jesús Celis, Director de División en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara, Jalisco, 2 de febrero de 2017 (Transcripción del minuto 5’30” al 12’04”). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sEjGcNzwiuE [Accesado el 22 de marzo 2019].

DEL CASTILLO, Agustín. “En la crisis del agua, veinte colectivos toman la palabra” en Milenio, 7 de febrero de 2018. Disponible en: https://www.milenio.com/estados/crisis-agua-veinte-colectivos-toman-palabra [Accesado el 22 de marzo de 2019].

El Informador. “Jalisco, segundo lugar mundial en incidencia renal crónica”. Guadalajara, Jal., 13 de diciembre de 2016. Disponible en: https://www.informador.mx/Jalisco/Jalisco-segundo-lugar-mundial-en-incidencia-renal-cronica-20161213-0141.html [Accesado el 22 de marzo de 2019].

OBSERVATORIO CIUDADANO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE JALISCO (2018a). Recomendaciones para los Presidentes Municipales en Funciones, de: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

OBSERVATORIO CIUDADANO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE JALISCO (2018b). Recomendación Región Lagunas, Región Sur y municipios aledaños.

PEREIRA, Darío. “Mueren 800 por río, dice activista” en Diario ntr, Guadalajara, Jal. 13 de febrero de 2018.

RODRÍGUEZ, Esteban. “Se duplica arsénico en agua” en Periódico El Universal. 1 de diciembre de 2015. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015/12/1/se-duplica-arsenico-en-agua-segun-estudio> [Accesado el 22 de marzo].

SÁNCHEZ, Juan; Saúl Nuño; Juan Martínez y Reimann Ruiz (2018). “Reporte de análisis de datos de calidad del agua del Lago de Chapala”. Departamento de Matemáticas y Física del Tlaquepaque, Jalisco. Disponible en: https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5614/Calidad%20del%20agua%20del%20Lago%20de%20Chapala.pdf?sequence=4.

Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (upojast) (2018). “Declaración de Mezcala”. Primer Encuentro de Pueblos de Jalisco por el Agua, el Territorio y la Vida. 5 de mayo de 2018.

Notas:

1 Ramsar es la ciudad iraní donde en 1971 se llevó a cabo una convención en la que se firmó el tratado intergubernamental al que se le dio su nombre. Esta convención se constituye en el marco de acciones nacionales y de cooperación internacional para la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. Tomado de: <https://laderasur.com/articulo/que-son-los-sitios-ramsar-y-por-que-son-tan-importantes/>.

2 La información que aporta el Dr. Felipe Lozano es tomada de una presentación que realizó en el iteso en febrero de 2018, titulada “Estudio de la enfermedad Renal Crónica de origen inexplicable. Agua Caliente, Mpio. de Poncitlán, Jalisco. Avances del proyecto a febrero 2018”.

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Criminalización en Contra de Miembros de la Comunidad Indígena de Mezcala de la Asunción

Salvador López Torres

La comunidad indígena de Mezcala de la Asunción está localizada en la ribera norte del Lago de Chapala, que por división territorial y organización política y administrativa corresponde al Municipio de Poncitlán, Jalisco. Sus habitantes se definen como pueblo coca, debido a que mantienen vigentes costumbres y tradiciones de esta vertiente indígena. El poblado de Mezcala se localiza aproximadamente a 75 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, teniendo como vecinas las comunidades de Tlachichilco del Carmen, San Juan Tecomatlán, San Nicolás y Ojo de Agua. Por su orografía, representa un gran atractivo residencial tanto de interés local y nacional como internacional; por ello, algunas de las comunidades vecinas se han visto invadidas por empresas inmobiliarias. Precisamente, ésta es una de las luchas actuales que enfrenta la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción.

En lo particular, un caso se refiere al empresario de nombre Guillermo Ibarra Moreno, quien, en el año 1999, sin la aprobación y consentimiento de la Asamblea de Bienes Comunales, se posesionó de una superficie aproximada de 10 hectáreas de uso común, localizadas en el predio denominado “El Pandillo”. El señor Ibarra Moreno ha pretendido justificar su posesión manifestando que lo hizo en alianza y acuerdo con el señor Crescenciano Santana Sánchez, originario de la comunidad; sin embargo, esta condición no concede derecho a ocupar tierras de uso comunal.

En consecuencia, la Asamblea de Comuneros decide iniciar juicio por restitución de tierras, presentando una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito Quince, con el fin de hacer respetar y reivindicar los derechos de la comunidad. En el juicio agrario se decretaron medidas precautorias para parar obras o construcciones en el predio en disputa mientras estuviera vigente el conflicto. No obstante, el señor Ibarra Moreno continuó diversas obras: la construcción de una casa en la cima del cerro, desmonte y tala de árboles diversos, propios de la región. Además de las acciones mencionadas, los invasores han ejecutado actos de agresión, intimidación y amenazas en contra de miembros de la comunidad, que al paso del tiempo fueron incrementándose en contubernio y complacencia de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno.

En febrero de 2011, miembros de la comunidad se dieron cuenta de que en el predio “El Pandillo” se había colocado una torre de fierro. Al ponerlo a consideración de la Asamblea de Comuneros, deciden avisar al responsable para que la retire; en caso contrario, la pondrían a disposición de la autoridad. Al no haber respuesta, el 10 de abril de 2011, en cumplimiento de los acuerdos de asamblea tomados de conformidad con los usos y costumbres de la comunidad, atendiendo a la libre determinación y, ante todo, a la defensa de sus tierras, se optó por dar cumplimiento al acuerdo de asamblea para retirar la torre de fierro. A partir de la ejecución de ese acuerdo se intensificaron las agresiones en contra de personas de la comunidad, negando el paso y acceso a tierras de uso común, amenazas con gente armada en la zona invadida, ponchaduras de llantas de vehículos de las personas que se atrevían a subir con sus camionetas al área invadida, siendo evidente que estas acciones provenían del señor Ibarra Moreno. No obstante, un hecho que llamó la atención de la comunidad y la ha afectado profundamente fue la forma en que se ejecutó la detención de Rocío Moreno.

Rocío Moreno es una persona originaria de Mezcala y descendiente de comuneros. Aunque radica en la comunidad, en el año 2011 se encontraba cursando una maestría, por lo que viajaba constantemente Guadalajara para tomar sus clases y asesorías; debido a ello, algunos días no regresaba a la comunidad, pero como parte de su preparación profesional desarrollaba actividades educativas con niñas y niños de la localidad. El día 10 de abril de ese año, (día en que se retira la torre de fierro), Rocío Moreno asiste a sus clases en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (cucsh), dejando evidencia de ello en la lista de registro; por la tarde noche aprovecha su estancia y acude a un evento social, del cual conservó evidencia de los boletos de ingreso, y considerando que al día siguiente tiene otro compromiso, decide permanecer en la ciudad, en casa de un familiar. El día 11 de abril, después de las 11:00 horas, está en sesión de tutoría con el asesor de trabajo de grado y por la tarde regresa a la comunidad.

La detención de Rocío Moreno

El 6 de septiembre de 2011, Rocío recibe una llamada en su teléfono móvil, de parte de una persona que dijo trabajar para el periódico Milenio, solicitando una entrevista para el día siguiente a las 12:00 horas, con el fin de platicar sobre los antecedentes de Mezcala, así como de la problemática que enfrentaba. Por ser tema de interés colectivo, lo comenta con algunos miembros de la comunidad, quienes estuvieron de acuerdo, y de manera puntual Rocío acude a la cita en calle Calzada del Águila número 81, Colonia Moderna. Estando justo en la banqueta, frente a las puertas del domicilio, es abordada por dos personas, quienes manifiestan ser policías investigadores y le anuncian que está detenida porque el Juez Penal de Ocotlán solicitaba su aprehensión por un problema de tierras. Sin más explicación es esposada, y con actos de violencia la obligan a subir a una camioneta pick up para después de 15 minutos dejarla en los separos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle 14, número 2550, Zona Industrial, en la ciudad de Guadalajara.

El día 8 de septiembre de 2011, siendo las 8:00 horas, a bordo de una camioneta pick up de cuatro puertas, con cuatro personas a bordo, Rocío es llevada a la ciudad de Ocotlán, dejándola en la cárcel municipal. Después de tres horas, dos personas con vestimenta de policías la llevan a unas cuadras de distancia, a una finca que le dicen es el Juzgado Penal de Ocotlán. Ya en las instalaciones, la ponen frente a una persona en un escritorio; en ese momento es enterada de que su detención obedece a una denuncia presentada por el invasor Guillermo Ibarra Moreno y el señor Crescenciano Santana Sánchez, por daños ocasionados a una torre de fierro.

Injusta acusación

La acusación de personas de la Comunidad Indígena de Mezcala de la Asunción, se documentó en la Averiguación Previa 1327/2011, integrada por la Lic. Lucero Moreno Murguía, Agente del Ministerio Público de Poncitlán. Esta averiguación se hizo del conocimiento del abogado Óscar Martín Morales Vázquez, Juez Penal de Ocotlán, en donde se abrió el expediente 318/2011-C, ordenándose aprehensión y, al cumplirse ésta de forma parcial sólo en contra de Rocio Moreno. Considerando que el día de los hechos y actos de la denuncia Rocío Moreno estuvo en un lugar distinto, se solicitó ampliar plazo para que el Juez recibiera pruebas consistentes en documentos y testimonial de personas con las que Rocío Moreno estuvo. De esa manera se demostró que Rocío no estuvo en el lugar y no pudo ejecutar actos ilícitos como lo señalaron sus acusadores. Así, el 13 de septiembre de 2011 el Juez Óscar Martín Morales Vázquez decretó su libertad inmediata por falta de elementos para procesarla.

Actuación arbitraria para incriminar a miembros de la comunidad

Al momento de coordinar desde el Cepad la defensa de Rocío Moreno, se analizaron las constancias de la averiguación previa 1327/2011 y el proceso penal 318/2011-C, de las que se conoció la existencia de una orden de aprehensión, también en contra de otras personas de la comunidad acusadas de los mismos hechos y por el mismo delito de haber participado de forma conjunta en los daños a una torre de fierro: Casiano Pérez Magallón, Cirilo Rojas López, Salvador Moreno Campos, Vicente Paredes Perales, Jorge de los Santos Pérez, Ismael de los Santos, José Abraham de la Paz Sanabria, Salvador de la Rosa Paredes, Manuel Alejandro Jacobo Contreras y Petra Sanabria Claro.

Complicidad institucional

En la defensa de Rocío se acreditó que no estuvo en el lugar donde se cometió el delito. Con ello se evidenció que las actuaciones practicadas en la averiguación previa estaban fabricadas con la complicidad de la Lic. Moreno Murguía, Agente del Ministerio Público en Poncitlán, con la finalidad de causar un perjuicio; y conforme se fueron analizando, quedó claro el uso que Guillermo Moreno Ibarra hizo de las instituciones de justicia con el fin de conseguir un beneficio personal.

De la revisión de actuaciones en la defensa de Rocío nos percatamos que desde el 18 de julio de 2011, el Lic. Óscar Martín Morales Vázquez, Juez Penal de Ocotlán, había resuelto un primer intento de consignación de la averiguación previa 1327/2011, negando obsequiar orden de aprehensión por considerar que no estaban acreditados los elementos del delito de Robo Calificado (apoderamiento de una torre de fierro), en perjuicio de Crescenciano Santana Sánchez y Guillermo Moreno Ibarra, de manera que decide regresar las actuaciones al Agente del Ministerio Público, negando acciones en contra de los miembros de la comunidad de Mezcala de la Asunción.

Violación a las reglas del proceso para incriminar

No obstante lo anterior, el señor Moreno Ibarra no se dio por vencido en su intención de causar perjuicios a la libertad de los miembros de la comunidad de Mezcala, y con el acuerdo de la Lic. Moreno Murguía, el día 16 de agosto de 2011, exactamente con las mismas actuaciones que integraron la averiguación previa con las que había ejercitado acción penal, de nuevo emite determinación, consignando las actuaciones ante el Juez de lo Criminal en Ocotlán, en esta ocasión ya no por el delito de Robo Calificado, sino por el delito de Daño en las Cosas (causado a una torre de fierro). Es importante resaltar esta irregularidad y se califica así ya que los datos que se requieren para determinar la existencia del delito de Robo Calificado y el de Daño en las Cosas, no guardan similitud como para confundir los elementos que integran un delito y el otro.

Luego del análisis de actuaciones, se pudo advertir una serie de irregularidades desde la integración de la averiguación previa, dejando en evidencia que la representación social sirvió como agencia de presión para responder a los intereses del señor Guillermo Moreno Ibarra, y no como organismo encargado de la investigación criminal y el ejercicio de la acción penal. De las irregularidades detectadas en lo que llevamos narrado, se advierte la falta de citación a los miembros de la comunidad para estar enterados del inicio y motivo de la acusación, siendo un derecho de toda persona para comparecer ante el Ministerio Público o cualquier autoridad ante la que se ha iniciado un procedimiento, para que las partes puedan estar en igualdad de condiciones para defenderse.

Ahora bien, se pudo advertir una violación grave a los derechos humanos de las personas al comparar la denuncia y acusación con las órdenes de aprehensión, resulta que los señores Crescenciano y Guillermo denunciaron a Casiano Pérez Magallón, Cirilo Rojas López, Rocío Moreno, Salvador Moreno Campos, Vicente Paredes Perales, Jorge de los Santos e Ismael de los Santos; y de manera inexplicable, al poner la acusación ante el Juez Penal de Ocotlán, la Lic. Moreno Murguía incluye a Salvador de la Rosa Paredes, Manuel Alejandro Jacobo Contreras, José Abraham de la Paz Sanabria y Petra Sanabria Claro, siendo que estas personas no estaban en la denuncia o querella.

Ésta es una actuación irregular del Agente del Ministerio Público, es un verdadero atropello a las reglas del debido proceso y a los derechos humanos, al solicitar orden de aprehensión en contra de personas sobre las que no hay denuncia o querella. La situación es peor en el caso del señor Salvador Moreno Campos, puesto que tenía cinco años residiendo en Estados Unidos y en donde vive hasta la fecha, sin enterarse de la acusación y del proceso penal en su contra.

Los integrantes de la comunidad mencionados, una vez enterados de la existencia de ordenes de aprehensión en su contra, y confiados de su inocencia en relación con los hechos, de manera voluntaria se presentaron ante el Juez y ofrecieron pruebas dentro del término constitucional. Sin embargo, estas pruebas no fueron tomadas en cuenta y se determina que si existen datos que los hacen responsables de haber causado daños a una torre de fierro, ordenando el inicio del proceso penal y merecedores de privación de la libertad. Sin embargo, considerando que por el delito del que se les acusaba podrían estar en libertad mediante el depósito de una fianza, la comunidad y personas voluntarias hicieron un esfuerzo conjunto y lograron reunir el monto para que enfrentaran el proceso en libertad, con la condición de acudir a firmar los días lunes primeros de cada mes ante el Juez de lo Penal de Ocotlán.

En el proceso penal se aportaron diversas pruebas para acreditar inocencia en los hechos, además de otras pruebas para demostrar la falsedad de testigos y de documentos que proporcionaron los denunciantes; sin embargo, el 27 de mayo de 2015, el Lic. Óscar Martín Morales Vázquez, Juez Penal de Ocotlán, dicta sentencia definitiva, decretando su responsabilidad en la comisión del delito de daño en las cosas, condenándolos a una pena restrictiva de la libertad.

Mediante el recurso de apelación, se solicitó que la autoridad superior revisara la sentencia y el desarrollo del proceso al considerar que se violentaron derechos humanos de los miembros de la comunidad por no reconocer y considerar en su trato y actuación que los actos denunciados se originaron por acuerdos de la Asamblea de Comuneros atendiendo a los usos, costumbres y tradiciones indígena, su autoadscripción y libre determinación; por lo tanto, debió atender el caso de conformidad con el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas; además de la violación a las reglas del debido proceso desde la averiguación previa y durante el proceso penal, por ejemplo: que las personas acusadas no fueron citadas a declarar; que no existe una denuncia o querella en contra de algunas personas; que uno de los acusados no reside en el país; que los documentos presentados para acreditar la existencia y propiedad de una torre de fierro eran copias de facturas expedidas por negocios no existentes; que los testigos declararon exactamente en el mismo sentido, además de señalar que escucharon y conocieron los hechos cuando se encontraban a un kilómetro de distancia; que el avalúo del bien mueble (torre de fierro) fue emitido por personas de la población de Poncitlán, no expertas en valuación de bienes; que la inspección de la torre de fierro se desarrolla fuera de la jurisdicción de la autoridad; que no se identifica una torre de fierro, y que las pruebas aportadas por la defensa no fueron valoradas.

El recurso de apelación se relaciona con la inconformidad que se tiene por la forma de atender y resolver el conflicto legal, e implica generar un nuevo expediente que conoce la autoridad superior del juzgador original, de tal manera que correspondió conocer el caso a los magistrados Manuel Higinio Ramiro Ramos, Celso Rodríguez González y Esteban de la Asunción Robles, integrantes de la Sexta Sala Especializada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y el 6 de noviembre de 2015 dictaron resolución, modificando el sentido de la sentencia pronunciada por el mencionado Juez Penal de Ocotlán, absolviendo a los acusados del delito de daño en las cosas. El argumento principal para la absolución fue la carencia de requisitos de procedibilidad, indispensables para la persecución del delito, que es la querella de la parte ofendida como titular legítimo de ese derecho, considerando que los señores Guillermo y Crescenciano no acreditaron afectación en su patrimonio, puesto que las facturas que aportaron a su denuncia son copias simples que demuestran la compra de material de fierro.

Inconformes, los señores Crescenciano Santana Sánchez y Guillermo Moreno Ibarra promovieron un juicio de amparo en contra de la sentencia. En esta ocasión correspondió conocer el caso a los Magistrados José Felix Dávalos Dávalos, Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas y José Guadalupe Hernández Torres, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y en su momento concedieron el amparo, a fin de que la Sexta Sala dejara sin efectos la sentencia y dictara una nueva, después de analizar de nueva cuenta el expediente.

En cumplimiento de lo anterior, los magistrados integrantes de la Sexta Sala, el 5 de agosto de 2016 dictan nueva sentencia y vuelven a señalar que la sentencia del Juez Penal de Ocotlán se modifica, debiendo absolver a los procesados por el delito de daño en las cosas. El argumento principal para absolver a las personas de la Comunidad de Mezcala de la Asunción es que las pruebas ofrecidas de la causa no eran idóneas, no reunían los requisitos legales, además de ser insuficientes como para dictar una sentencia condenatoria.

Los señores Santana Sánchez y Moreno Ibarra, no conformes con esta nueva determinación, promueven un segundo juicio de amparo en contra de la sentencia citada, con lo cual el caso regresa a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, esta vez concediendo el amparo a los demandantes, a fin de que los magistrados de la Sexta Sala dejaran sin efecto la sentencia de fecha 5 de agosto de 2016, y en su lugar se dictara una nueva sentencia.

Cumpliendo con lo ordenado en juicio de amparo, el 26 de abril de 2017 los magistrados de la Sexta Sala dictan resolución absolviendo a los procesados del delito de daño en las cosas. El argumento principal para absolver fue que ni los denunciantes ni los testigos de cargo señalaron específicamente la forma de ejecución de la conducta reprochable, ni la participación en ella de los procesados en lo individual.

Por tercera ocasión, los señores Santana Sánchez y Moreno Ibarra se inconforman con la sentencia antes citada y promueven un juicio de amparo directo, que corresponde conocer nuevamente a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, quienes resolvieron conceder el amparo, a fin de que los magistrados de la Sexta Sala dejaran sin efectos la sentencia del 26 de abril de 2017 y se dictara una nueva sentencia.

En cumplimiento de la orden de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el 17 de mayo de 2018 los magistrados de la Sexta Sala dictan sentencia, en esta ocasión –contraria a sus propias decisiones, convicciones y argumentos–, y lisa y llanamente confirman aquella cuestionada sentencia definitiva del 27 de mayo de 2015, pronunciada por Óscar Martín Morales Vázquez, Juez Penal del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán.

Señalo que los magistrados de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco en esta ocasión dictaron una sentencia en contra de sus propias decisiones, porque en tres sentencias anteriores dictadas en el mismo caso y por los mismos hechos, tuvieron claro y así lo resolvieron, que los señores Crescenciano Santana Sánchez y Guillermo Moreno Ibarra no contaban con documentos para acreditar que eran dueños de la torre de fierro; que las pruebas ofrecidas no fueron ideales para acreditar que se causó un daño en su propiedad; y que nadie señaló la manera como cada persona causó daños a una propiedad ajena, y por ello los acusados eran inocentes del delito de daño a las cosas.

Confirmar sin explicación y argumentos una sentencia condenatoria originada de un proceso penal plagado de irregularidades y omisiones, es consentir violaciones a los derechos humanos de los miembros de la comunidad coca de Mezcala de la Asunción; por ello se promovió a su favor un juicio de amparo que, actualmente, de nueva cuenta corresponde conocer a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, registrado con el expediente número 249/2018.

Consideramos que la sentencia afecta los derechos humanos de los miembros de la comunidad coca de Mezcala de la Asunción, por lo que se refiere al derecho de audiencia violado desde la integración de la averiguación previa y que tuvo consecuencias en el proceso penal que no se corrigieron y así se han venido validando por los distintos impartidores de justicia. Desde su comparecencia ante el juez y en todo el proceso, las autoridades han considerado a los denunciados como responsables de un delito.

Por las características propias de las comunidades indígenas, las autoridades han sido omisas en juzgar los actos denunciados tomando en cuenta los usos y costumbres de toda comunidad indígena, violando así el derecho de “autoidentificación o autoadscripción, a la libre determinación, en relación con el derecho a aplicar sus propios sistemas normativos, tomar decisiones sobre la forma de garantizar el respeto al orden interno de la comunidad, acceder de manera plena a la jurisdicción del Estado”.

El 15 de febrero de 2019 se dictó el acuerdo indicando: “túrnense a la ponencia de la licenciada Ana Victoria Cárdenas Muñoz, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente […]”.

Considerando que el acto que origina el ejercicio de la acción penal deriva de decisiones tomadas de conformidad con los usos y costumbres de la comunidad indígena, por ello exigimos de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito:

• Analizar el caso atendiendo a lo dispuesto en el Protocolo de atención para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas, además del análisis exhaustivo de las actuaciones que integran el proceso de origen.

• Considerar las violaciones al debido proceso cometidas desde la integración de la averiguación previa y durante el proceso seguido ante el Juzgado de lo Penal de Ocotlán.

• Se atiendan de manera diligente los conceptos de violación expuestos en nuestra demanda, en los que se advierten irregularidades cometidas en la averiguación, avalados por el juzgado de primera instancia y de la Sala Penal, como una de las malas prácticas institucionales identificadas históricamente en los procesos en contra de miembros de comunidades indígenas, acciones que dañan la vida interna de las comunidades, así como la libertad personal de sus miembros.

• Reconocer, restablecer y reparar los derechos violentados y sus afectaciones materiales e inmateriales a los miembros de la Comunidad Indígena de Mezcala de la Asunción, mediante la concesión del amparo y protección de la justicia federal.

• Atendiendo los meritos del caso, someter a consideración de las y los integrantes de la Primera Sala de la Supema Corte de Justicia de la Nación, el ejercicio de la facultad de atracción y en su caso se remita expediente con el fin de que resuelva el juicio de amparo directo 249/2018.

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Informes de Derechos Humanos

La Defensa de la Comunidad de San Lorenzo de Azqueltán

Carlos Chávez Reyes

La defensa de su territorio emprendida por la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán, representa, por sus características, una historia muy especial al significar, al mismo tiempo, un complejo proceso de recuperación identitaria y reconformación de poderes en toda una región.

Antecedentes

Como en casi toda la geografía nacional, el Pueblo Tepecano de Azqueltán, a través de una larga historia, fue sometido sistemáticamente a un intenso y violento despojo de sus tierras y cultura hasta quedar profundamente reprimido y dividido por un grupo de familias de caciques, dueños del poder económico y político en la región.

El desprecio de los derechos ancestrales de la comunidad por parte de las autoridades, fue uno de los mecanismos del despojo. Los miembros de la comunidad reclamaron ante el Estado Mexicano el Reconocimiento y Titulación de sus Bienes Comunales (RTBC), reservado a las comunidades con posesiones de origen inmemorial. No obstante, las instancias Federales, Estatales y Municipales se unieron para revertir dicho RTBC a la dotación de ejidos. Esta dotación está dirigida a comunidades o campesinos sin tierra, que no cuentan con el reconocimiento de posesión ancestral, hecho muy significativo desde el punto de vista legal.

Algunas referencias sobre los orígenes del Pueblo de Azqueltán nos hablan del vínculo entre la cultura y la lengua tepehuana del norte y la tepecana del sur, cuyas diferencias son tan mínimas que antropólogos como John Alden Mason los consideran como una única etnia con dos núcleos geográficos distintos.

La Nación Tepehuana hasta poco antes de la llegada de los españoles, era la más extensa territorialmente del norte de México. Los primeros misioneros en llegar en 1581, fueron los frailes Pedro del Monte y Andrés de Medina. Por sus relatos y otras referencias, como los escritos revisados por el Padre Nicolás Valdés, las coincidencias lingüísticas y de la historia oral, sabemos que los tepehuanos tenían su espacio territorial desde Azqueltán al norte, hasta San Cristóbal de la Barranca al sur, en las cercanías de Guadalajara, la Sierra de Morones al oriente, y a la de los Wixarika en el poniente.

Fue hasta 1777 cuando la Corona Española otorgó títulos Virreinales a San Lorenzo de Azqueltán reconociéndoles la posesión de 94,400 hectáreas. Aún con sus Títulos, los despojos nunca pararon, primero de los colonos, después de hacendados. Tan es así que transcurrieron poco más de 150 años cuando la comunidad retomó gestiones agrarias ya ante el Estado Mexicano moderno en 1952, exigiendo la restitución de las tierras perdidas en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y presentando como fundamento de su derecho sus títulos coloniales. Fue hasta 1954 cuando la SRA reconoció la autenticidad de los títulos de la comunidad.

Posteriormente, en 1959, estudios técnicos de la SRA determinaron que de las 94,400 hectáreas reconocidas en los títulos virreinales, solo podrían restituirles 9,086 hectáreas, que sumadas a las 2,375 hectáreas que le quedaban a la comunidad en posesión, significaría que la Comunidad de Azqueltán llegara a recuperar la posesión de sólo 11,461 hectáreas.

En 1961, el Cuerpo Consultivo Agrario de la SRA, por ilegales tecnicismos revirtió el trámite de restitución de la comunidad al de dotación de ejidos, aun cuando la comunidad tiene títulos virreinales que acreditan su carácter indígena, despojándola con ello de la condición ancestral de su territorio. Ese mismo año, sectores de la comunidad mostraron su inconformidad con la acción arbitraria de quitarles el carácter de comunidad por el de ejido.

Este es un momento clave del proceso de Azqueltán, pues a partir de esto, poco a poco comenzaron a formarse dos grupos, quienes se opusieron rotundamente a que se les impusiera la condición de ejidatarios y quienes comenzaron a aceptar la idea de convertirse en ejidatarios. Esta situación fue sistemáticamente manipulada por diferentes actores, entre los que se encuentran los grupos caciquiles, sus operarios en las comunidades cooptados con prebendas, las autoridades municipales que siempre pertenecen a alguna de las familias dominantes e, incluso, las autoridades agrarias que, con sus omisiones, su corrupción y larguísimos tiempos para la aplicación de la justicia, incubaron y propiciaron las condiciones para la agudización de la injusticia, la división y la violencia en Azqueltán.

Con motivo de esto, la indignación fue creciendo hasta que en 1981, la comunidad interpuso un Amparo en contra de la acción del gobierno de cambiar de trámite de restitución a dotación de ejido, por considerar que viola sus derechos colectivos. Trece años después, en 1994, la SRA por orden de los Tribunales, determinó que no procedía la orden de reversión de trámites de restitución a dotación de 1961, pero solo por cuestiones de procedimiento, por lo que ordenó reponer el mismo.

Finalmente, luego de otros 6 años, en el 2000 se dotó a San Lorenzo de 1,096 hectáreas. Los beneficiarios fueron los miembros del grupo de habitantes que se opusieron a aceptar esta supuesta solución y se decidieron a reivindicar su carácter comunitario e indígena, por lo que no aceptaron incorporarse al censo del ejido.

Más allá de la absurda dotación que, además fue entregada en los terrenos más escabrosos, en realidad, lo grave fue que ésta ha sido usada por los caciques de Villa Guerrero y algunos habitantes de Azqueltán cercanos a los primeros, para nuevas invasiones en los terrenos comunales.

Aunque, desde entonces, la violencia se ha incrementado en contra de los líderes comunitarios, con mucha más fuerza creció también la organización comunitaria determinada a hacer valer sus derechos e identidad. Así, desde principios de los noventa, la asamblea comunitaria decidió albergar a un grupo pequeño de familias wixáritari, pero que ha crecido mucho al pasar del tiempo, quienes no solo se sumaron a la resistencia y defensa del territorio y sus recursos, sino que aportan la gran herencia cultural prehispánica que el Pueblo Wixárika ha preservado. Desde entonces, se ha dado un profundo proceso de reconstitución territorial y cultural en el Pueblo de Azqueltán que ha fortalecido y retroalimentado las capacidades de organización y resistencia frente al acoso de los poderosos grupos caciquiles.

El proceso actual

Fruto de la lucha de la comunidad es la demanda de RTBC que, en febrero de 2015, se interpuso ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XVI de Guadalajara. En esta se reivindican 38,240 hectáreas, pues la comunidad decidió que solo buscarán el reconocimiento del territorio que ocupan actualmente y no las más de 94,400 de su título virreinal, pues ya hay poblados enteros se han instalado en su territorio original, incluida la cabecera municipal de Villa Guerrero.

El proceso jurídico sigue su marcha, si bien con la lentitud con la que suelen desarrollarse estos procedimientos. Lo grave es que la oposición de los grupos adversarios a la comunidad se va volviendo cada vez más encarnizada conforme avanza el juicio. Por otro lado, se profundizan sólidamente los reclamos comunitarios de sus derechos indígenas ligados al alcance de la territorialidad, autonomía, manejo de recursos naturales, autoridades propias, etc.

La gravedad de las violencias ejercidas contra las reivindicaciones comunitarias creció de forma alarmante durante 2017 y 2018. Esta situación de alto riesgo, puso en alerta y provocó intervenciones específicas de las Comisiones de Derechos Humanos Estatal (CEDHJ) y Nacional (CNDH), de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y también del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

El problema de la violencia llegó a un punto culminante el 19 de abril de 2018, cuando fueron privados de su libertad dos de las autoridades comunitarias más prominentes, Catarino Aguilar Márquez y Noé Aguilar Rojas. Gracias al monitoreo constante de las organizaciones mencionadas, la respuesta de todos estos organismos fue inmediata y exigieron urgentemente a los tres niveles de Gobierno que dieran con el paradero de Catarino y Noé y que se investigaran los hechos.

Durante casi 24 horas no hubo ninguna noticia de las autoridades comunitarias que se encontraban privadas de su libertad, y fue notable que poco después de la emisión de una estricta comunicación de las oficinas de la OACNUDH desde Ginebra, Suiza, se recibió la noticia de que Catarino y Noé habían sido liberados. La presión llegó directamente al grupo de sicarios que los tenía retenidos en una zona aislada en las montañas, lo cual se supo después por las instrucciones que recibían por radio los autores materiales de los hechos, varias de las cuales Catarino y Noé pudieron escuchar.

La Misión Civil de Observación de la Red TDT

El hecho propició la decisión de la Red TDT de crear la Misión Civil de Observación de Azqueltán que se concretó en mayo de 2018, y el cual ha permanecido en el seguimiento activo de la evolución de la situación de derechos humanos en Azqueltán. En la Misión participan la Secretaría Ejecutiva de la Red, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), la Red Solidaria por los Derechos Humanos en Michoacán, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Programa de Derechos Humanos y Paz del ITESO y la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, A.C. (AGAJI).

Además de establecer y mantener un contacto directo, permanente y activo con la comunidad, la Misión ha mantenido contacto con las autoridades de primer nivel del Gobierno del Estado de Jalisco y del Municipio, así como con la amplia coordinación y colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Las actividades iniciaron en el periodo del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y con su administración se logró establecer que la situación de constante violación a los derechos humanos de la comunidad indígena de Azqueltán, en el Municipio de Villa Guerrero, deriva de una dinámica histórica de abusos de poder, que requiere de una acción decidida del Estado para la reestructuración social y la redistribución de poder en favor del Pueblo Indígena agraviado. Y que, una vez que la Comunidad ha recurrido a las instancias legales para la solución a sus reivindicaciones, es el Estado quien debe garantizar la paz en la región, disuadiendo con rigor toda acción violenta y estimulando la solución pacífica y legal de las controversias.

Durante el periodo comprendido entre mayo y diciembre, fue posible abatir casi completamente la dinámica de violencia que se había venido registrando y se concretaron acciones políticas y programas sociales que contribuyeron a una re-nivelación social y el empoderamiento debido a la Comunidad.

El 18 de septiembre tuvimos una reunión con el actual Secretario General de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza, y otros miembros del equipo del Gobernador electo Enrique Alfaro. Junto al Dr. Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la CEDHJ, les dimos a conocer la situación que la Misión Civil de Observación encontró en San Lorenzo de Azqueltán y el proceso construido junto con la administración del Gobierno Estatal saliente. Lo anterior, con la finalidad de poder retomarlo a la brevedad posible, una vez que entraran en funciones en diciembre.

Lamentablemente, hasta la fecha no ha sido posible reanudar la comunicación con el nuevo gobierno, pese a que se ha solicitado otra reunión con Ibarra Pedroza. Esperamos que podamos acordar las medidas de seguimiento correspondientes de manera oportuna con la nueva administración.

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Informes de Derechos Humanos

El informe del Cepad y la lectura de la realidad a través de una perspectiva de derechos humanos

Juan S. Larrosa-Fuentes

 

Desde el año 2006 el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad) se ha dado a la tarea de publicar un informe anual sobre la situación que guarda el estado de los derechos humanos en Jalisco. Los informes tienen el ánimo de documentar la realidad desde una perspectiva de derechos y bajo el emplazamiento que supone el trabajo de una organización de la sociedad civil. Los informes no son, de ninguna manera, la palabra final sobre lo que ocurre en el estado en materia de derechos humanos, tampoco son ejercicios que agoten el tema. Sin embargo, luego de más de tres lustros de trabajo, estos informes constituyen una evaluación profesional y coherente sobre el estado de cosas en la entidad.

El entorno y sus problemas pueden ser evaluados a través de una multiplicidad de métodos y perspectivas. Una vía de entrada puede ser a través de la contemplación de la realidad y bajo una perspectiva mística. Otra vía es a través de la ciencia, que su mirada puede estar sujeta a cuantificar la realidad, o bien a cualificarla. Podría enumerar muchos ejemplos más, que combinen métodos y perspectivas. Lo que importa mencionar aquí es que en el informe que anualmente elabora el Cepad, lo decisivo es evaluar la realidad desde la perspectiva de los derechos humanos.

Ahora bien, ¿qué es una evaluación de la realidad desde este emplazamiento? Este método tiene, al menos, tres características esenciales. La primera es que su mirada parte de la situación existencial de los seres humanos en su entorno; la evaluación pues, inicia desde un lugar en específico: el de las personas. De esta perspectiva se desprende la segunda, pues estas personas son sujetos de derechos. Todos los seres humanos, por su mera existencia, tienen derechos que son universales e inalienables. Luego de muchas décadas de luchas políticas, sociales y culturales, estos derechos están plasmados en tratados internacionales, constituciones políticas y leyes, documentos en los que se glosan y explican sus características. Finalmente, la tercera característica es la perspectiva crítica, que tiene que ver con la idea de que el orden de cosas siempre es susceptible de transformarse y mejorar. Contraria a una perspectiva conservadora que busca mantener el orden de cosas, la crítica siempre está en búsqueda de señalar e iluminar las injusticias e inequidades sociales.

Las historias y análisis que contiene este informe tienen una relación con el contexto de violaciones de derechos humanos a nivel local, pero también ecos de la situación que se vive en los niveles nacional y global. Por ejemplo, es evidente que la seguridad pública es uno de los problemas más importantes en México. Las instancias encargadas de tutelar el derecho a la vida, al libre tránsito y a la seguridad están rebasadas por la corrupción endémica de las instituciones, así como por la falta de recursos humanos y económicos. En este gran tema de la seguridad pública, el informe presenta dos artículos que retratan el horror que muchos ciudadanos viven día con día. El libro abre con el relato “Los rostros invisibles de la tortura”, en el que Salvador Camargo narra la violación a los derechos humanos de su hijo, quien ha sido torturado por corporaciones policiales. Este texto ofrece un emplazamiento distinto para denunciar violaciones a derechos humanos, pues quien habla es un familiar de una víctima de tortura quien explica lo difícil que es vivir a sabiendas de que uno de sus hijos ha sido privado de su libertad y vejado físicamente.

Desde que comenzó la malhadada “guerra contra el narcotráfico”, el número de personas que han sido asesinadas, desaparecidas, lesionadas y desplazadas se ha incrementado año con año. Miles de individuos y sus familiares sufren por esta situación de violencia que, lejos de detenerse y controlarse, se ha multiplicado en el tiempo y el espacio. En el sexto artículo del informe, Aaron Medina de Niz ofrece su testimonio, como el de alguien que pertenece a una familia en la que de un día para otro desaparece uno de sus miembros. En el texto “La desaparición forzada de Miguel Ángel”, Aaron narra la desaparición de su hermano. En su relato explica el sufrimiento de una familia que todos los días busca información sobre Miguel Ángel, y detalla la decepción y angustia que provocan las instituciones de justicia que, indolentes, corruptas y rebasadas en su capacidad, se limitan a decir que no hay información.

Al momento de escribir estas líneas, el número de mujeres desaparecidas en Jalisco aumentó significativamente y una ola de acusaciones en contra de hombres que ejercieron violencia física, psicológica y política en contra de mujeres apareció en Twitter bajo la etiqueta #MeToo. Si la seguridad para la población general se ha deteriorado en los últimos quince años, la seguridad para las mujeres está en peor forma. En Jalisco, diversos colectivos de activistas han denunciado la violencia en contra de las mujeres. Al respecto, el informe del Cepad ofrece dos capítulos que muestran las diversas luchas de los colectivos que buscan reivindicar estos derechos. En el capítulo 8, “En estado de alerta. El complejo camino de la solicitud para la activación de la alerta de violencia de género contra las mujeres en Jalisco”, Jacqueline Galaviz, hace un puntal recuento de los múltiples esfuerzos y dificultades que se han enfrentado en el estado para crear dispositivos institucionales que contengan y reviertan los procesos de violencia que se viven en nuestro entorno. En sintonía con este texto, Paola Lazo Corvera, en el capítulo 9, que lleva por nombre “La alerta de violencia de género en Jalisco, vitrina que exhibió otras violencias contra las mujeres”, ofrece un análisis de lo que pasó después de la activación de la alerta y explica que todavía hay un largo trecho en el camino por tutelar y reivindicar los derechos humanos de las mujeres en nuestra entidad.

En otro orden de cosas, que va más allá del nivel nacional, como humanidad estamos inmersos en procesos continuos, cotidianos y violentos de lucha por recursos naturales. En este contexto es común el despojo de recursos por parte de gobiernos y corporaciones a pueblos originales. En el capítulo número 3, “La defensa de la comunidad de San Lorenzo Atzqueltan, de su territorio e identidad”, Carlos Chávez ofrece un pormenorizado relato sobre el histórico hostigamiento al pueblo de Atzqueltan, el cual ha sido objeto de despojos territoriales. Durante 2018, esta comunidad sufrió hechos violentos, como la privación de la libertad de dos de sus líderes. A partir de la resistencia del pueblo, así como de la observación de organizaciones de derechos humanos, estas personas fueron liberadas. Sin embargo, la disputa por las tierras está lejos de resolverse, por lo que seguirá siendo un problema en tiempos venideros. En el capítulo 4, Salvador López, presenta el artículo “La lucha incansable por la justicia continúa. Criminalización en contra de miembros de la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción”. Esta narración ofrece información sobre el estado de cosas de las batallas jurídicas que los pueblos originarios de la Mezcala han entablado por preservar y recuperar su territorio y cultura. No es la primera vez que un informe del Cepad contiene información sobre este caso, por lo que se recomienda a lectores interesados revisar informes anteriores para conocer el desarrollo de la lucha en Mezcala. En el capítulo 7, Carlos Peralta Varela presenta el artículo “El derecho humano al agua en Jalisco durante 2018”, en el que hace una radiografía sobre este recurso natural en la entidad y en particular, presenta una radiografía crítica sobre el estado de contaminación que vive el lago de Chapala.

En nuestro país, pero también en buena parte del mundo, la libertad de expresión vive momentos difíciles. En el caso mexicano asistimos a un escenario en el cual los periodistas viven una gran vulnerabilidad a su seguridad personal, pues muchos han sido asesinados por el crimen organizado y otros tanto han sido violentados física y psicológicamente por gobiernos locales. Por si esto fuera poco, la estabilidad laboral de los periodistas es poca, pues los medios de comunicación viven, desde hace más de una década, en una crisis relacionada con su modelo de negocios. Por otro lado, se ha generado un fuerte clima de polarización entre las élites políticas y los ciudadanos que hace difícil la sana posibilidad de debates y deliberaciones públicas. Sobre estos temas, el informe del Cepad contiene dos textos. El primero de ellos es el capítulo 2, redactado por Sergio René de Dios y titulado “Libertad de expresión: obstáculos y contexto en 2018”. En este texto, el periodista describe y analiza la situación de la libertad de expresión el estado, en donde los periodistas viven cotidianamente las situaciones descritas con anterioridad. El segundo de estos textos aparece en el capítulo 5, “La protesta social en Jalisco: salir a la calle para exigir justica”, de José Carlos Toral, en el que se hace un puntual recuento de las manifestaciones sociales en el estado, muchas de ellas relacionadas con violaciones a derechos humanos descritas en el resto de los artículos del informe, como son las manifestaciones por las desapariciones y violencia feminicida, por despojos de territorios y recursos naturales, entre otros temas.

Finalmente, Heriberto Vega Villaseñor cierra el informe con el capítulo “Éxodo migrante en su paso por Guadalajara” en el que se contextualiza la caravana de migrantes que salió de varios países de Centroamérica con rumbo a Estados Unidos y que pasó por la capital del estado de Jalisco. El caso de la caravana migrante ejemplifica claramente las consecuencias de poblaciones que viven bajo largos periodos de violación a sus derechos humanos. Ante la desesperación de vivir en un entorno que carece se seguridad, de estabilidad económica y laboral, y de condiciones para vivir en paz y tranquilidad, muchas personas se han organizado para buscar una mejor vida en Estados Unidos.

Los informes del Cepad han buscado evaluar la realidad de Jalisco a partir de una mirada que privilegia ver desde los sujetos, y bajo una perspectiva crítica de derechos humanos. A diferencia de otros informes sobre la realidad, en los ejercicios del Cepad las y los lectores encontrarán textos que no se conforman con recolectar y sistematizar cifras estadísticas sobre los problemas del estado, sino que tejen narraciones a partir de la mirada de aquellos que han sufrido violaciones a sus derechos fundamentales. Los casos que se presentan enfatizan en la necesidad y relevancia de nombrar los problemas de una comunidad en clave de derechos humanos, pues no es lo mismo reportar la muerte de mujeres, que señalar que en Jalisco desaparecen y mueren las mujeres en un contexto de violencia feminicida; no es lo mismo reportar sobre la existencia de litigios por tierras en zona rurales, que entender estos procesos jurídicos como una defensa del territorio por parte de pueblos originales; no es lo mismo nombrar los problemas de contaminación de cuerpos de agua, que pensar en que esa contaminación viola derechos fundamentales de una comunidad. En resumen: la forma en cómo nombramos las cosas, también construye y transforma la realidad. En este plano es en el que operan los informes del Cepad: como una estrategia de defensa de derechos humanos en el plano discursivo, que complementa las acciones de litigio estratégico que cotidianamente se trabajan en esta organización.

 

ENLACES DE INTERÉS

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2018

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Informes DDHH Jalisco

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2018

Desde el año 2006 el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad) se ha dado a la tarea de publicar un informe anual sobre la situación que guarda el estado de los derechos humanos en Jalisco. Los informes tienen el ánimo de documentar la realidad desde una perspectiva de derechos y bajo el emplazamiento que supone el trabajo de una organización de la sociedad civil. Los informes no son, de ninguna manera, la palabra final sobre lo que ocurre en el estado en materia de derechos humanos, tampoco son ejercicios que agoten el tema. Sin embargo, luego de más de tres lustros de trabajo, estos informes constituyen una evaluación profesional y coherente sobre el estado de cosas en la entidad.

CONTENIDO

  1. El informe del Cepad y la lectura de la realidad a través de una perspectiva de derechos humanos
  2. Los Rostros Invisibles de la Tortura
  3. Libertad de Expresión: Obstáculos y Contexto en 2018
  4. La Defensa de la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán de su Territorio e Identidad
  5. La Lucha Incansable por la Justicia Continúa. Criminalización en Contra de Miembros de la Comunidad Indígena de Mezcala de la Asunción
  6. La Protesta Social en Jalisco: Salir a la Calle Para Exigir Justicia
  7. La Desaparición Forzada de Miguel Ángel: “Fue la Marina”
  8. El Derecho Humano al Agua en Jalisco Durante 2018
  9. En Estado De Alerta. El Complejo Camino de la Solicitud para la Activación de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en Jalisco
  10. La Alerta De Violencia De Género En Jalisco, Vitrina que Exhibió otras Violencias Contra las Mujeres
  11. Éxodo Migrante en su Paso por Guadalajara
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Boletín de prensa Sala de prensa

Exigencia de una sentencia protectora y garante de los derechos del pueblo Coca de Mezcala

Guadalajara, Jalisco a 12 de marzo de 2019

La Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción, Jalisco y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), convocamos a los medios de comunicación a la Rueda de Prensa con motivo de los alcances de la sentencia que próximamente dictarán los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal de Jalisco, en la que revocarán o confirmarán la injusta resolución de los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, del 25 de junio de 2018, que condena a once comuneros de Mezcala a penas privativas de la libertad y al pago de la reparación del daño a las cosas, en un proceso plagado de violaciones procesales.

Fecha: Miércoles 13 de Marzo de 2019
Hora: 10:00 am.
Lugar: Casa CEM, Centro de Cultura y Educación Ambiental
Domicilio: Av. Chapultepec Sur #376, esquina Guadalupe Zuno, colonia Americana.
Guadalajara, Jalisco. México. (google maps)

Los Magistrados de la Sexta Sala confirmaron la cuestionada sentencia de fecha 27 de mayo de 2015, pronunciada por el juez Oscar Martín Morales Vázquez, Juez Penal del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Jalisco, donde se destacan las violaciones a los derechos humanos procesales de integrantes de la comunidad indígena de Mezcala.

Por lo anterior, la comunidad indígena de Mezcala, a través de sus representantes, convocan a la Rueda de Prensa donde expresarán su posicionamiento frente al próximo fallo, y las acciones respecto a la situación de su territorio que ha sido invadido desde 1999.

 

Para más información,
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Oficina del Cepad
Teléfono: 01 (33) 3613 4066

Manuel Jacobo
Miembro de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción
Celular: (045) 33 2076 7676

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Boletín de prensa

Se convoca a Rueda de Prensa donde se fijará el Posicionamiento de la Comunidad de Mezcala

BOLETÍN DE PRENSA

Guadalajara, Jalisco a 14 de septiembre de 2018

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), y miembros de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción, convocamos a los medios de comunicación a la Rueda de Prensa con motivo de la suspensión indefinida de la resolución del Tercer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa.

Fecha: Lunes 17 de Septiembre de 2018
Horario: 10:00 am.
Lugar: Casa CEM, Centro de Cultura y Educación Ambiental
Domicilio: Av. Chapultepec Sur #376, esquina Guadalupe Zuno, colonia Americana.
Guadalajara, Jalisco. México. (google maps)

El día 13 de septiembre de 2018 se tenía prevista la audiencia para resolver el amparo en revisión 390/2016, por los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa, sin embargo, fue suspendida debido a que los mismos señalaron que era necesario tener el tiempo suficiente para la revisión a fondo del juicio agrario, situación que prolonga la incertidumbre de la comunidad ante este conflicto.

Por lo anterior, la comunidad indígena de Mezcala, a través de sus representantes, convocan a rueda de prensa donde expresarán su posicionamiento respecto al juicio, y la situación de su territorio que ha sido invadido desde 1999.

Para más información,
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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Luchas por los Derechos a Vivir

LUCHAS POR LOS DERECHOS A VIVIR

Jorge Alonso Sánchez

Conforme avanzan las políticas neoliberales de mercantilizar toda la vida, el planeta entero y todo su entramado, los pueblos originarios defienden su existencia y se oponen a la destrucción de la naturaleza. La minería a cielo abierto, la producción de transgénicos, los megaproyectos de las grandes corporaciones, avanzan sobre el territorio de los pueblos, los despoja, les impone una cruenta guerra que implica muertos, desaparecidos, esclavizados, desplazados, marginados, explotados, humillados, sojuzgados, etc. Los pueblos originarios han denunciado continuamente los atropellos y violaciones a sus elementales derechos vitales, pero eso no ha sido suficiente. Haciendo una evaluación de que la situación va a empeorar, se plantearon cómo enfrentar la agudización de la dinámica capitalista. Se autocriticaron y constataron que de poco les valía el que expresaran continuamente sus quejas, y decidieron aprovechar el arranque del proceso electoral de 2018 para contrarrestar las ofensivas en su contra. Aprovecharían la campaña para visibilizar lo que padecían y para dinamizar sus otras formas de hacer política. Entendiendo que el capitalismo, el racismo y el patriarcado se habían anudado para destruirlos, empezaron a dar respuestas anticapitalistas, antirracistas y antipatriarcales también enlazadas. Tenían que sacudirse en sí mismos las introyecciones que se habían hecho de estos males para poder liberarse de ellos. Después de examinar lo que estaba sucediendo y los signos de lo que se avecinaba, optaron por intervenir en la coyuntura electoral con un planteamiento estructural y de largo aliento.

Decidieron darle forma a un Concejo Indígena de Gobierno (cig) integrado paritariamente por mujeres y varones, pero con una vocera a la que impulsaron para que pudiera ser candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones de 2018. El encargo recayó en Marichuy, una indígena nahua jalisciense, de oficio sanadora. No les importaba ganar unas elecciones que estaban marcadas por el fraude y por la manipulación de los grandes poderes, sino hacer presencia en esas circunstancias para decir y proponer su palabra. Vieron que la única forma, tanto de defensa de sus derechos y territorios como de avance en la construcción de un mundo nuevo, era reforzar la organización desde abajo para luchar, e ir enlazando luchas, no en una organización jerárquica sino de manera horizontal. Lo central fue ir recorriendo todos los rincones, los más alejados –a los que los políticos tradicionales no llegan–, promoviendo la compartición de dolores y experiencias. No se trataba de llevar un programa hecho por unos cuantos para que tuviera seguidores, sino de que lo que habría que hacer se fuera fraguando desde abajo y por decisiones tomadas entre todos. Vocera y concejales, fueron haciendo recorridos por los pueblos originarios y, de mediados de octubre de 2017 a mediados de febrero de 2018, se fue consolidando el cig. También se fueron tejiendo contactos con colectivos de ciudades entre trabajadores, estudiantes y grupos de mujeres. La presencia femenina fue notable en el este recorrido, sin recursos públicos, sino del Congreso Nacional Indígena y de los grupos que se iban visitando. No se llevaban consignas, dádivas ni promesas, sino que se escuchaban entre sí. Se fueron consiguiendo con dificultad algunas firmas de apoyo para que la vocera estuviera en la boleta electoral. Pero las mismas condiciones elitistas para poder recoger las firmas no compaginaron con las formas y posibilidades de los pueblos originarios, y esa meta no se logró, pero el dinamismo que era de largo aliento prosiguió privilegiando organización y convergencia de luchas.

Fue una propuesta arriesgada meterse en los tiempos, ritmos y normas de la clase política, pero hubo claridad en que no se pretendía sentarse en la silla del poder que estaba podrida. Los integrantes del cgi no sólo quisieron hacer patente su situación, sino mostrar que había otra forma de hacer política. En su recorrido por comunidades indígenas compartieron dolores, rabia, y fueron pensando la forma de defenderse juntos, y de esta manera ir construyendo otro mundo desde abajo. Fueron constatando que en todos lados había un gran descontento debido a las agresiones y despojos, pero que también había luchas en cada lugar, y que si se entrelazaban tendrían mucho mayor fortaleza y potencia. Acataron la normatividad electoral, pero ésta se había diseñado para no dejar pasar a quienes no fueran de la clase política, y no utilizaran sus artimañas. Querían aprovechar los reflectores de una campaña electoral para impulsar la lucha de los abajo. Esto hubiera tenido un efecto colateral no buscado, pero que de alguna manera estaría presente. Si lograban que su vocera Marichuy estuviera en las boletas electorales, de alguna manera legitimarían el proceso electoral en marcha. La clase política vetó y, como dice Juan Villoro, prohibió de hecho, que una mujer indígena que no acataba la forma de ser de los partidos políticos y de las élites estuviera en su escenario. En contrapartida, esto tendrá un efecto benéfico para la lucha de los abajo, pues ya no tendrán las trabas del organismo electoral que son muy demandantes y consumen tiempo y esfuerzo que debe dedicarse a lo principal: la organización y el entrelazamiento y construcción, no de una organización jerárquica sino de un confederalismo democrático de los de abajo.

Si se revisan los discursos de Marichuy en los lugares que fue visitando, se podrá encontrar que la palabra comunidad se encuentra 557 veces; la de pueblo, 539, la de indígenas, 410; la de hermanos, 358; la de diferente, 208; la de juntos 191; la de vida, 182; organizarse, 157; la de lucha, 119; la crítica al capitalismo, 113; la de mujer, 110. La referencia al sistema electoral para distanciarse de él se hizo en 71 ocasiones y al final se refirió más a las firmas, pero de éstas sólo hubo 27 alusiones. Sí importaban, pero no era lo central. Hubo muchos colectivos que dedicaron su tiempo y esfuerzo con ahínco a juntar firmas. Pero no era un proceso mecánico, sino que se explicaba la importancia del proceso y de que hubiera organización y luchas conjuntas por lo común. Eso llevaba más tiempo. Pero aun en esto hubo diferencia. Ya el sistema de conjuntar las firmas había sido discriminatorio para los pobres pues se necesitaban aparatos costosos. La aplicación impuesta violó el derecho ciudadano a expresar su adhesión a una aspirante a la candidatura. El contraste principal fue que las firmas por Marichuy no fueron en el ámbito de la mercantilización de firmas y votos. Sólo alcanzaron a cumplir la meta gente de la misma clase política. El sistema electoral no permitió que una mujer indígena, de abajo, se introdujera en su boleta presidencial.

El 25 de febrero se reunió la asociación civil (conjunto plural de artistas, académicos y personalidades que se propusieron impulsar que Marichuy estuviera en la boleta electoral de 2018). A pesar de que lo que se habían propuesto sus integrantes no se logró, se evaluó como muy positivo que los recorridos de los integrantes del cig con su vocera pudieron establecer una comunicación con miles de personas y escuchar la diversidad de opiniones sobre la realidad del país. Se consiguió socializar la temática de los pueblos indígenas y la resistencia a la invasión corporativa de los territorios. También avanzó un impulso anticapitalista “del México de abajo y a la izquierda”. Otro logro fue que el Congreso Nacional Indígena se revitalizó, y se fue ampliando. Dentro de él fue ganando la presencia de las mujeres. Se fueron tejiendo alianzas, y se fueron conformando redes de apoyo por todos los rincones del país. Y cuando se dice rincones, esto es literal, pues el recorrido llegó a los lugares más remotos y olvidados.

Se desató un proceso que el cig se ha propuesto proseguir. Continuar contactando luchas y colectivos para que crezca la organización y la convergencia. Aunque ya se tuvieron importantes contactos con trabajadores, estudiantes y maestros en las ciudades, la meta de extender dichos nexos sigue estando vigente. El ámbito oficial electoral en el proceso de 2018 sólo ofrece opciones de diferentes derechas. Morena se encuentra aliado con el Partido Encuentro Social (pes) que es de orientación ultraconservadora. El Partido de la Revolución Democrática (prd) se ligó al Partido Acción Nacional (pan). Los independientes representan intereses elitistas y son parte de la misma clase política. Lo que el cig, con Marichuy como vocera, está realizando es una campaña de otro tipo, de los de abajo que están comprendiendo que hay que hacer otro mundo pues el capitalismo está anulando todos los derechos, y atenta contra la vida en el planeta. Se trata de una lucha por la vida y contra la muerte.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017