Temas

Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, y son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, por lo que al violar un derecho humano se están violando otros más.

En México, el respeto de los derechos humanos ha sido principalmente una lucha y exigencia de la sociedad civil. Desde el 2006, el Cepad ha sido referente para la defensa de los derechos humanos en Jalisco, dando seguimiento a graves violaciones de derechos humanos y luchando por incidir en los cambios sociales que mejoren la calidad de vida de las víctimas de violaciones de derechos humanos y en general de las personas en Jalisco.

Entre los temas que el Cepad hace seguimiento se encuentran: desaparición de personas, tortura, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, criminalización de la protesta social, No Discriminación, Derecho a la Información y Libertad de Expresión, Tierra y territorio y Violencia e Inseguridad.

Desaparición de Personas

Desaparición de Personas

En Jalisco, la invisibilidad del reclamo de justicia con la que caminan las familias de personas que sufren la desaparición forzada y por particulares, refleja la impunidad e indiferencia que por más de una década las autoridades de la entidad han mostrado.

La negativa del Estado mexicano a reconocer abiertamente la crisis de derechos humanos empeora la situación y se traduce en un obstáculo para el acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas y sus familiares. En la última década, en el estado de Jalisco desaparecieron 22,415 personas, de las cuales, 4,990 personas permanecen sin localizar. Según la Fiscalía General del Estado de Jalisco tan sólo en el año 2017 desaparecieron 3,762 personas (1,336 mujeres y 2,426 hombres) y 1,380 de ellas siguen pendientes de ser encontradas.

Conocer sus experiencias permiten entender el calvario a que se enfrentan los familiares de personas desaparecidas, desde que desconocen el paradero de sus seres queridos, su relación con las autoridades gubernamentales y el trato revictimizante que les pone frente a una doble ausencia, la de sus familiares y la del Estado en el acceso a la justicia y a la verdad.

Tortura

La tortura es una práctica lacerante y de profundo agravio para la víctima, pero también para la comunidad humana en general. En el transcurrir de los años hemos podido conocer el papel de las instituciones públicas estatales relacionadas con el tema y revelar que la práctica de esta grave violación a los derechos humanos es sistemática, permitida y tolerada.

La aprobación de la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el pasado 26 de junio de 2017, representa una gran oportunidad para que las autoridades de Jalisco, rompan la inercia criminal que durante décadas han utilizado los métodos de tortura con total impunidad.

Por lo anterior, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo tanto el Estado, a través de las instituciones que lo representan, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos que se cometan.

Publicaciones de Tortura

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

El derecho a defender los derechos humanos es reconocido por la comunidad internacional a partir de la Declaración Sobre Los Defensores De Los Derechos Humanos, aprobada en 1998, en donde señala la responsabilidad y deberes de los estados en esta materia y destaca que todos tenemos una función que desempeñar como defensores de esos derechos lo que ha dado movilización de la sociedad civil la posibilidad para defenderlos.

En México las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas son atacadas por la labor que llevan a cabo, ya que el ejercicio y exigencia de los derechos ha representado una amenaza para el Estado, en donde las autoridades han usado diversas estrategias para desacreditar la lucha, reprimir los movimientos y en el extremo, cuando no se logra amedrentar a las personas defensoras de derechos humanos se pueden dar casos de agresiones físicas y de desaparición forzada.

Por lo anterior, México es considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, quienes son amenazados tanto por el crimen organizado como por autoridades, por su ejercicio de publicación y evidenciación de violaciones de derechos humanos.

Criminalización de la Protesta Social

Criminalización de la Protesta Social

La protesta es una de las acciones legítimas que muchos sectores invisibilizados y excluidos tienen para hacer valer sus derechos y exigencias. En Jalisco, la protesta ha acompañado a las decisiones (u omisiones) de los gobiernos, sin embargo, las autoridades han hecho uso de la fuerza pública para intimidar y reprimir a las personas que asisten a estas acciones y que luchan por abrir espacios de diálogo entre la sociedad y el gobierno.

El sistema de protección y la efectiva materialización del derecho a la protesta social y la libertad de expresión en México se ha visto, en distintos momentos de nuestra historia, con graves regresiones impulsadas no solamente por los poderes ejecutivos y legislativos estatales, sino también por el poder judicial y los organismos públicos autónomos de Derechos Humanos, quienes resuelven y fungen como legitimadores de un discurso jurídico restrictivo y criminalizador de dichos derechos (FLEPS, 2014).

Así pues, la criminalización de la protesta social además de ser un acto de represión, significa la renuncia al diálogo y es una violación al legítimo derecho a expresar y manifestar las exigencias de la sociedad.

 

No Discriminación

No Discrminación

Desde el 10 de junio de 2011 se publicó una reforma al artículo 1º constitucional, en materia de derechos humanos, por virtud de la cual se incorporan a la Constitución las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que México es parte, se establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como el carácter pro persona.

En México en esta materia, particularmente en lo relativo a violencia de género, la igualdad y la no discriminación, el respeto, protección y garantía de estos derechos humanos, sigue siendo bastante precaria, debido principalmente a la falta de implementación de dichas normas y la falta de armonización a nivel local del marco normativo con las leyes internacionales.

Un tema importante relacionado a la discriminación es la violencia contra las mujeres y su expresión extrema: el feminicidio, que constituye actualmente un grave problema de violación a los derechos humanos que debe ser atendido de manera inmediata por el gobierno del estado.

Libertad de Expresión y Derecho a la Información

En el 2012 se promulgó la Ley Para La Protección De Personas Defensoras De Derechos Humanos Y Periodistas, para que “el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos”. Dicha ley fue creada para proteger aquellos que hacen uso de los derechos de la libertad de expresión y a la divulgación de información, sin embargo, actualmente México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer la libertad de expresión en el periodismo, así como para aquellas personas que luchan por proteger los derechos humanos.

La legítima labor de defender los derechos humanos y el ejercicio de los derechos a la información y la libertad de expresión, se ve muchas veces reprimidos y criminalizados, por la simulación del Estado que legisla y ratifíca leyes que no es capaz de garantizar.

La libertad de expresión comprende no sólo el derecho a difundir informaciones e ideas, sino también la libertad de investigar y el derecho a “recibir” información y opiniones. Este derecho a la información debe ser garantizado por el Estado, fundamentado en el artículo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tierra y territorio

Tierra y Territorio

La defensa de la tierra y el territorio se da en todos los rincones del país, que van desde problemas socio ambientales en las comunidades indígenas y campesinas, hasta espacios públicos en zonas urbanas.

En Jalisco, la defensa de la “tierra y el territorio” está enmarcada en un contexto de guerra y violencia, que implican el hostigamiento, la amenaza, persecución, desplazamiento, criminalización, encarcelamiento, asesinato o desaparición de los sujetos que se oponen a estas dinámicas depredadoras de territorios o bienes comunes. Esta oposición a las políticas estatales de despojo, pone en evidencia los intereses de los grandes negocios capitalistas en los que se ven envueltos los intereses gubernamentales y privados.

La solidaridad y la movilización política en defensa del patrimonio son una constante lucha con las que se busca que se reconozca la voluntad del pueblo por encima de los intereses gubernamentales y particulares. Lamentablemente la realidad ha mostrado que los intereses de unos pocos ricos valen más que los derechos de la sociedad.

Violencia e Inseguridad

Violencia e Inseguridad

La violencia no es un problema de los municipios o de algunos estados en crisis; es un tema estructural, cimentado en la corrupción y en la impunidad. La violencia institucional y criminal que cruza en distintas formas y niveles el territorio nacional, impacta de una manera profunda a la población en general, que vive en un estado de miedo y terror permanentes. Esto ha arrojado un saldo de miles de víctimas de desaparición, ejecución, desplazamiento, y familias enteras buscando justicia y verdad.

En Jalisco, como parte de la estrategia de seguridad contra los carteles en el estado y la lucha en contra de la violencia e inseguridad, se ha implementado desde el 2015 una progresiva militarización de la seguridad pública, que derivó en un escenario propicio para graves violaciones de derechos humanos, más que por la cantidad de muertes, por el impacto violento contra la sociedad en general; puso en riesgo su vida e integridad física, en entornos aparentemente tranquilos.

Las víctimas que suelen reclamar justicia son criminalizadas y agredidas, mientras que a las violaciones de los derechos humanos se les intenta invisibilizar en medio de la violencia del crimen organizado y la omisión de las autoridades.