El secreto de una autoridad “responsable” en un estado de derecho,
es saber dirimir las controversias de derechos con propuestas
inteligentes, creativas, de participación social
y de cara a la misma.

Continúa en el ágora público el tema de la movilidad urbana, no sin “exabruptus” (sic) como el de las placas por su puesto, que me remite a aquella medida que el gobierno militar de Myanmar (Birmania) hizo en mayor detrimento de la población ya subyugada, de aumentar el precio de los energéticos, claro que en su justa dimensión. Sin embargo, tal parece que para los Jaliscienses, al menos para los que tenemos automóvil, ha resultado ser el “colmo” del abuso. Y no porque no sea lícito allegar de ingresos al erario a través de éstas medidas, sino por el monto excesivo (1 200 pesos); por la falta de transparencia en su supuesta utilización; por la inequidad existente en el propio gobierno en cuanto al destino de los recursos (porcentaje que se va a sueldos); y por la justa sospecha de la ciudadanía en cuanto a su malversación, dadas las experiencias pasadas en el mismo sentido (tenencia).

Pero volviendo al tema de la movilidad urbana, en cuyo seno se encuentra el “Verdínducto”, vale la pena denunciar que se trata en estricto sentido de una restricción de derechos, motivada por la preferencia de unos ciudadanos (los de a coche), frente a otros (los de a pata, silla de ruedas, bastón y demás….) que tiene por efecto que a éstos últimos, les sea anulado el ejercicio de derechos fundamentales como el libre tránsito y el de participar en decisiones colectivas que les afectan, así como la igualdad de oportunidades para transitar de manera segura.

Y digo en estricto sentido, porque al analizar la definición de discriminación que se establece en la iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Jalisco (que dicho sea de paso es más completa que la definición que aparece en la Ley Federal de la materia), la medida encaja perfectamente: Veamos:
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción en cualquier ámbito y hacia cualquier persona, grupo o entidad colectiva basada en el origen étnico o nacional, el género, el sexo, la edad, la apariencia física, el oficio, y el modo de vida, la capacidad, la condición social, económica, de reclusión y ex reclusión penitenciaria, las condiciones de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las ideologías u opiniones, las orientaciones o identidades sexuales, el estado civil, o cualquier otra causa que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Por lo tanto, estamos frente a una medida discriminatoria. Ahora bien, no digo que la autoridad esté en una posición fácil, no obstante, ello no la exime de responsabilidad. El secreto de una autoridad “responsable” en un estado de derecho, es saber dirimir las controversias de derechos (automovilistas-transeúntes) con respuestas y propuestas “inteligentes, creativas, con participación de la sociedad y de cara a la misma.

Lo que estamos viendo, es un ejemplo de una controversia de derechos, pero en materia de urbanismo, hay muchos retos por resolver: la movilidad urbana en una ciudad que ya nos rebasó a todos y a todas; el correcto uso, destino, distribución, consumo, reutilización, saneamiento etc. del recurso hídrico y de los desechos, sólidos e industriales; los asentamientos humanos regulares e irregulares, el transporte público, los planes de desarrollo urbano, entre otros.

El reto está puesto sobre la mesa, pero cuando no hay respuestas, cuando el gobierno se hace de “oídos sordos”, se hace evidente aún más el derecho que tenemos como ciudadanos de exigir que la autoridad cumpla, de manera cabal y completa, con la delicada función que le hemos encomendado.