Hace dos años, el 26 de noviembre de 2006, el joven Néstor Alán Rodríguez Licea, de 18 años de edad, perdió la vida en un accidente vial. Dos jóvenes, presuntamente alcoholizados, impactaron su automóvil. Hasta este punto, la historia de Néstor Alán es una más en la que por una imprudencia, un joven pierde la vida. Sin embargo, esta imprudencia fue cometida por dos jóvenes pertenecientes a familias de la clase política de Jalisco, quienes recibieron un trato privilegiado por muchas de las autoridades involucradas en la investigación del caso.

Hoy, a dos años de este trágico accidente, la familia Rodríguez Licea y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC, quieren comunicar que han sido muy pocos los avances para el deslinde judicial de responsabilidades en este caso, lo cual se convierte en una grave afrenta para esta familia, pues se ha pasado reiteradamente por encima de sus derechos al debido proceso de justicia, al derecho de la verdad y al derecho de reparación del daño.

A lo largo de estos dos años, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad), ha documentado las omisiones y malas actuaciones de 26 servidores públicos en el proceso de investigación de la muerte del joven Néstor Alán Rodríguez Licea. Los detalles de esta información los pueden encontrar en los anexos que se les proporcionará en el dossier de prensa; pero podemos sintetizar el caso en tres omisiones generales: la falta de oportunidad para la práctica de la alcoholemia; el trato privilegiado hacia los detenidos; y una ausencia de atención y reparación del daño para los deudos del joven. Además, de forma estructural observamos que el sistema de procuración de justicia tiene serias deficiencias, cuando procesa un caso en el cual están involucrados familiares de servidores públicos, lo cual, es una manifestación de lo que se conoce como corrupción.

Por otro lado, la familia tampoco ha recibido un buen servicio de la Comisión Estatal Derechos Humanos de Jalisco, pues esta institución ha dejado la carga de la prueba a los padres de Néstor Alan y al Cepad, tal como se desprende del expediente de queja 2600/2006-II, de la Segunda Visitaduría. De forma constante y reiterativa, el ombudsman se ha jactado de la eficiencia de esta instancia, que no es un tribunal, sino un espacio cuya función principal es que se garanticen los derechos humanos de una forma práctica y expedita, y hoy, a dos años, la CEDHJ no tiene mayores avances.

Por todas las razones anteriores, la familia Rodríguez Licea y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, hacemos los siguientes exhortos:

Al C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez:
Con base en la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos, ordene la realización de una investigación exhaustiva, seria, pronta, completa, eficaz de índole administrativa y penal, para que se deslinde la responsabilidad de las personas y servidores públicos involucrados en los actos u omisiones que generaron violaciones a las libertades fundamentales de la familia Rodríguez Licea, asumiéndola como un deber jurídico propio en busca de la verdad y no como una gestión particular.
Que en los accidentes viales cotidianos, en los que se involucra el consumo de alcohol y o drogas, se investigue el retraso generalizado en la solicitud y práctica de los exámenes de alcoholemia y se tomen medidas urgentes para evitar esta situación, sobre todo para que se realicen sin dilación y sin distinción por sus relaciones sociales o políticas.

Al Diputado Juan Óscar Alejandro Díaz Medina, Presidente en turno del H. Congreso del Estado de Jalisco:
Para que en recuerdo de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron luego de la muerte de Néstor Alán Rodríguez Licea y para ayudar a que éstos hechos no vuelvan a ocurrir, se nombre el 26 de noviembre de cada año, como el Día Estatal en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, que haga posible hacer visible los daños ocasionados por esas conductas y permita constantemente revisar la actuación de las autoridades en el cumplimiento de su labor de prevención, atención y sanción.

Al maestro Celso Rodríguez González, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:
Para que se revise y vigile el trámite del proceso penal 710/2006-B del Juzgado Octavo Penal, con el fin de evitar la dilación en la administración de justicia.

A Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la CEDHJ:
· Que concluya de una vez por todas, la investigación completa de la inconformidad y emita la Recomendación respectiva, en la cual se dicten medidas para garantizar los derechos humanos y la presentación de las denuncias tanto administrativas como penales que se deriven de los hechos, no sin antes desahogar el cúmulo de pruebas ofrecidas por la familia Rodríguez Licea y el Cepad.

Para la familia Rodríguez Licea y para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, hoy, que se cumplen dos años de la muerte de Néstor Alán, se cumple un proceso de exigencia de investigación de responsabilidades, de acceso a la verdad y reparación del daño. Sin embargo, tristemente, hemos observado que las instituciones encargadas de garantizar estos derechos, no han hecho bien su trabajo. No esperamos que este caso se convierta en uno, que luego de 20 años, los deudos y los defensores de derechos humanos sigan reclamando públicamente por el mal trabajo de las instituciones del Estado; hoy abrimos un nuevo proceso, en el cual, la reivindicación del nombre de Néstor Alán, será a través de acciones que busquen la no repetición de estos hechos.

Atentamente,
Familia Rodríguez LiceaCentro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad)