La atención y seguimiento de la crisis forense en Jalisco ha sido una de las grandes deudas que las autoridades estatales tienen pendiente con las miles de familias de personas desaparecidas y el grueso de la sociedad. Ya que nunca ha sido reconocida por las autoridades y se ha mantenido en total impunidad, sin que existan garantías de que situaciones como la inhumación irregular, la manipulación indebida de restos humanos o la falta de identificación adecuada no se repitan nunca más. 

Este lunes se dio a conocer, a través de la nota de NTR Guadalajara titulada “Congelan investigación de ‘tráileres de la muerte”, que una de las investigaciones abiertas por la crisis forense en Jalisco se encuentra en la congeladora del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco. 

Resulta indignante y preocupante que, frente a los hechos tan dolorosos para familiares de personas desaparecidas, que indignaron a la sociedad en conjunto y trascendieron a nivel nacional e internacional, se mantengan en la impunidad. Los llamados trailers de la muerte, descubiertos en septiembre de 2018, evidenciaron la existencia de una fuerte acumulación de personas fallecidas sin identificar (PFSI) en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), su colocación indigna en las cámaras refrigerantes, la falta de sensibilidad, la ausencia de aplicación de los protocolos e incorrecta conformación del archivo básico de identificación y el irregular manejo técnico de cuerpos y restos en el Servicio Médico Forense. 

A la fecha, ninguna investigación ha podido esclarecer las cadenas de responsabilidades en las que incurrieron tanto los servidores públicos del IJCF como de la Fiscalía del Estado en su corresponsabilidad en el manejo y resguardo irregular de las PFSI. 

Contrario a lo que se esperaba del Gobierno de Jalisco de Enrique Alfaro Ramírez, que inició sus funciones apenas unos meses después de estos hechos, se negó la existencia de una crisis forense en la entidad y tampoco se tomaron las acciones para atender de manera seria y responsable las fallas estructurales que persisten en el manejo de PFSI en el IJCF. Además, no se fortalecieron las garantías de los derechos de las víctimas ni se subsanaron las deficiencias de coordinación interinstitucional, lo cual se ha agravado aún más con el aumento en hallazgos de fosas clandestinas y el uso de técnicas criminales cada vez más brutales y sofisticadas por parte de grupos de delincuencia organizada. 

A lo largo de los últimos años, con la profundización de la crisis forense en Jalisco también se han materializado diversas violaciones a derechos humanos de personas fallecidas y de familiares de personas desaparecidas. Es crucial y urgente que las autoridades locales del Poder Judicial y del Ejecutivo, tanto de la actual administración, pero sobretodo quienes conformarán el siguiente Gobierno, por primera vez y de forma contundente reconozcan la crisis, incorporen la participación conjunta de familias y sociedad civil, atiendan las fallas estructurales en los procesos de identificación humana, garanticen los derechos de víctimas, y contribuyan en generar las garantías de no repetición para revertir esta situación que a diario y sin parar sigue lastimando a miles de personas en Jalisco que buscan a sus seres queridos. 

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.