Zacatecas, Zacatecas a 7 de agosto de 2024 

Esta tarde, la Fiscalía General del Estado de Zacatecas sentó un precedente y emitió su primera disculpa pública por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los procesos de búsqueda e investigación por la desaparición de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Carolina y Bernardo. Desde hace 14 años, se desconoce su suerte y paradero, la última noticia que se tuvo de ellos fue el 30 de septiembre de 2010, en el municipio de Calera de Víctor Rosales, en los límites entre los estados de Jalisco y Zacatecas. 

El acto en el que la Fiscalía de Zacatecas reconoció su responsabilidad por el incumplimiento de su labor y las omisiones en las acciones encaminadas a la localización de Dalia y Luis e investigación del caso, se logró gracias a los esfuerzos, la valentía y la perseverancia de la señora Natividad Guerrero, madre de Dalia. Su impulso llevó a la emisión de la recomendación 167/2023 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

“Para mi el evento de hoy es importante porque dignifica la memoria de Dalia, Luis y otros. Hoy sucede un paso importante y un avance más, pero falta aquí la presencia de Dalia y Luis”, mencionó la señora Natividad durante el evento y recalcó que seguirá buscando a sus familiares, y el siguiente paso también la búsqueda forense. “Siempre quise que la búsqueda en vida prevalezca, pero ante el contexto de muerte en Zacatecas y en Jalisco, la realidad nos obliga a buscar también entre los muertos”, agregó. 

La recomendación de la CNDH instó a las Fiscalías de Zacatecas y Jalisco a reconocer su responsabilidad por las omisiones en su actuación, que derivaron en violaciones a los derechos humanos. Además, la recomendación incluye otras medidas, como la reapertura de la investigación y creación de un mecanismo de comunicación con las familias de las personas desaparecidas, los procesos de responsabilidad administrativa y penal a los funcionarios públicos, el curso integral en materia de derechos humanos, la emisión de un circular de observancia general que erradique la práctica de instrumentar las “actas de hechos” o figuras análogas en vez de abrir una carpeta de investigación por el delito de desaparición, así como

el establecimiento de becas o programas similares para garantizar la educación de los hijos e hijas de las personas desaparecidas, y el reconocimiento de las necesidades de las niñas, niños y adolescentes afectados por la desaparición de sus padres. Estas medidas representan un paso importante en el reconocimiento del impacto que las desapariciones tienen en las infancias y adolescencias dentro de sus núcleos familiares. 

Otras de las obligaciones recomendadas por la CNDH son proporcionar atención psicológica a todas las personas afectadas, inscribirlas en el Registro Estatal de Víctimas para la reparación integral y compensación económica, e incluir a las personas adultas mayores en programas gubernamentales enfocados a la cobertura de sus necesidades. 

Durante el evento, Sofía Virgen Rodríguez, quien desde el CEPAD brinda acompañamiento psicosocial a la señora Natividad y familia, leyó una carta escrita por Diego, hijo de Dalia y Luis, en la que expresó sus sentires sobre las disculpas públicas: 

“Para mí las disculpas públicas significan un gran logro para la memoria de mi mamá Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y mi papá Luis Ramón Enciso pues es un importante avance que nos hace dar un gran paso hacia la justicia”. 

Al tener 3 años de edad en el momento de su desaparición, ante la falta de acciones de búsqueda inmediata y la indolencia de las autoridades, Diego compartió cómo ha sido para él vivir la ausencia de sus padres: 

“Esto me hace recordar vagamente a mis papás, ya que era muy pequeño y solo los conozco por las fotos y pláticas de mis abuelitos. Esto me hace sentir muy mal, ya que nunca pude compartir recuerdos con ellos y, hasta la fecha, no saber nada de 

su paradero me llena de angustia. El hecho de que, después de casi 14 años, no he logrado saber absolutamente nada de ellos me desespera”. 

En reconocimiento de las responsabilidades de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas por las graves violaciones a los derechos humanos hacia las familias de Dalia, Luis y otros, el Fiscal General del Estado de Zacatecas Cristian Paul Camacho Osnaya dijo a las familias que: 

“En cumplimiento a una de las medidas de satisfacción contenida en el punto siete recomendatorio en nombre de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, se ofrece una disculpa pública institucional, a Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, a Luis Ramón Enciso Ramírez, víctimas directas. Así como a Ma. Natividad Guerrero Sedano, a Ernesto Cruz Moreno, en su calidad de víctimas indirectas. Lo anterior, por el actuar poco diligente de los partícipes de la investigación, ya que en este tipo de delitos se actúa contra reloj, debiendo

priorizar y realizar actos de investigación de manera oportuna para obtener los resultados esperados por las víctimas y por la sociedad, a través de la búsqueda inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia, y que como puntualizó también la Comisión Nacional en la recomendación emitida, esto no ocurrió así, pues existieron diversos periodos de inactividad por parte de las autoridades que integraban las indagatorias, lo cual incidió en la pérdida de evidencia esencial”. 

Para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), A.C., este evento es el resultado del incansable esfuerzo que durante años han realizado los familiares de personas desaparecidas, quienes, como en el caso de la señora Natividad Guerrero, luchan y resisten todos los días para conocer el paradero de sus seres queridos, demandando constantemente justicia y acceso a la verdad sobre lo sucedido. Reconocer el largo y doloroso caminar de Doña Naty a través de este proceso tiene el potencial de garantizar el derecho a la verdad y de reintegrar la memoria y dignidad de todas las personas afectadas por la desaparición. 

Lo acontecido este día representa un espacio donde la digna lucha de las familias encuentra eco en su exigencia para que las autoridades cumplan su deuda con la justicia, reparen los daños cometidos, impulsen procesos que garanticen la no repetición de estos actos y tomen medidas para que lo ocurrido en casos como el de Doña Naty no se repita en el futuro. 

En este sentido, Anna Karolina Chimiak, codirectora del CEPAD, resaltó: 

“El acto de reconocimiento de la responsabilidad de parte de las autoridades es un avance, sin embargo, requiere estar acompañado por las reformas institucionales para fortalecer las garantías de derechos de todas las víctimas, incluido el acceso a la verdad y la justicia, demandas que todavía siguen pendientes por cumplirse y persisten tanto para doña Naty como para otras personas”. 

Reconocemos la disposición de la Fiscalía de Zacatecas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para realizar el acto de reconocimiento de la responsabilidad institucional, considerando las necesidades de las víctimas. Recordamos que sigue pendiente de realizar un acto similar por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco en el marco del cumplimiento de la Recomendación 167/2023, y desde el CEPAD nos unimos a la exigencia de la señora Natividad Guerrero Sedano, para que las autoridades de Jalisco den pleno cumplimiento a los puntos recomendatorios, con la efectiva participación de Doña Naty y las familias de Luis Ramón, y otros. 

Con este histórico acto, la búsqueda y exigencia de justicia y verdad no cesa para Doña Naty y su familia. Si bien este gran paso en su lucha es un avance, también reafirma la obligación de las autoridades de intensificar los esfuerzos para dar con la suerte y el paradero de Dalia, Luis, y otros.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. 

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