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Informe DDHH 2017 – Elección para Presidir la CEDHJ, Un proceso Opaco

LA ELECCIÓN PARA PRESIDIR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO, 2017-2022.
CRÓNICA DE UN PROCESO OPACO1

César Octavio Pérez Verónica

En el 2007, la lxiii Legislatura del Estado de Jalisco eligió como nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (cedhj) a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián (2007-2012). Fue un proceso polémico, particularmente por no tener ningún antecedente o mérito como defensor de derechos humanos, a diferencia de algunos/as aspirantes cuyas trayectorias eran públicamente reconocidas y con perfiles idóneos para el cargo. En 2012, la lxix Legislatura local lo reeligió para un nuevo periodo e implementó el mismo modus operandi que en el proceso anterior, es decir, no valoró los perfiles de los/as aspirantes, no realizó una consulta pública y mucho menos evalúo su desempeño, pese a las críticas de distintos sectores sociales por su pasividad para defender los derechos humanos y su cercanía con el poder público. En ambos procesos, los y las representantes populares antepusieron sus intereses partidistas, de grupo y personales, en lugar de elegir a un verdadero defensor del pueblo.

Durante los diez años de Álvarez Cibrián al frente de la cedhj (2007-2017), el Legislativo local le triplicó el presupuesto, al pasar de 49 millones a 152 millones de pesos aproximadamente, de los cuales 88% se destinaron a cubrir la nómina de las 299 personas a su cargo, algunas con sueldos de hasta 90 mil pesos mensuales y el suyo, cerca de los 150 mil pesos mensuales. En esa década se agravaron las violaciones a los derechos humanos en Jalisco, donde la violencia e inseguridad se apoderó de la sociedad y su territorio. El número de personas desaparecidas en la entidad superó las 3 mil, sin que a la fecha exista una sentencia condenatoria, incluso, el delito de desaparición forzada se tipificó hasta 2013. En ese mismo periodo se registraron más de 500 quejas por tortura, y tan sólo una sentencia condenatoria; no obstante, Álvarez Cibrián presume haber firmado 47 recomendaciones, pero ninguna cumplimentada.

En una década la cedhj se caracterizó por su pasividad para defender los derechos humanos, el despilfarro de los recursos públicos y su creciente nómina burocrática, más parecida a una gran “agencia de colocaciones” que a un interés legítimo por promover y proteger los derechos humanos. No conforme, Álvarez Cibrián publicó unos meses antes de concluir su segundo periodo “Una década de derechos humanos en Jalisco 2007-2017”, sus supuestas “memorias”, pero que más bien resultan ser un recuento de informes anuales, sus cuentas “alegres” en lo que consideró fue la “defensa” de las víctimas, su supuesta “incidencia” en políticas públicas, su “vinculación” con organizaciones de la sociedad civil y el “culto” a su personalidad, entre otras ilusiones. Huelga decir que esa publicación fue con cargo a las y los contribuyentes.

Frente a la fuerte crisis marcada por la espiral de violencia e inseguridad y la arraigada impunidad en Jalisco, cuatro organizaciones de derechos humanos realizaron un esfuerzo por generar elementos y materiales de análisis sobre la importancia de la figura del Ombudsperson en un Estado democrático y de derecho, precisamente para que la lxi Legislatura local y su Comisión Legislativa de derechos humanos, no incurrieran en los mismo errores jurídicos, políticos y éticos de las anteriores, justo en el marco del proceso de elección para sustituir a Álvarez Cibrián el 1 de agosto de 2017.

Teniendo la experiencia de los diez años de simulación que jugó la cedhj, la Fundación para el Debido Proceso Legal (dplf), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (imdhd), I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), elaboraron un documento denominado Perfil Ideal para el cargo de presidente/a de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 2017-2022, cuyo propósito fue acercarle elementos jurídicos, políticos, sociales, legislativos y éticos a la lxi Legislatura para que sus integrantes realizaran un proceso electivo ejemplar y generaran un voto fundamentado y razonado basado en principios democráticos, donde prevalecieran los méritos, las capacidades, las habilidades y las cualidades de las y los aspirantes a presidir la cedhj.

Las organizaciones realizaron una serie de actividades para promover el Perfil Ideal, empezando con la entrega física del documento, el 12 de julio de 2017, a cada diputado/a, particularmente a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos –órgano encargado de llevar a cabo el proceso de elección– acompañado de una carta en la que expresaban su preocupación por el proceso, además proponiendo algunas acciones, particularmente apoyadas por el mandato expreso del artículo 102, apartado B de la Constitución General de la República y de la Constitución del Estado de Jalisco, en cuyo artículo 10 se establece que la elección de este cargo deberá realizarse mediante una consulta pública. Aquí un extracto de dicha carta, la que por cierto, ningún diputado/a respondió, violentado de esa forma el derecho de petición e información de las organizaciones solicitantes:

En primer lugar, queremos resaltar la importancia de que la Comisión de Derechos Humanos de este congreso, como entidad responsable del procedimiento, garantice el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Constitución del Estado de Jalisco, en lo que respecta a la publicidad del proceso y la participación ciudadana dentro del mismo. Esta norma establece que:

Artículo 10.

Para la preservación de los derechos a que alude el artículo 4º de esta Constitución, se instituye la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dotada de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de participación ciudadana, con carácter permanente y de servicio gratuito, que conocerá de las quejas, en contra de actos u omisiones de índole administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal, que viole estos derechos. Dicho organismo se sujetará a las siguientes bases:

VI. Para la designación de su Presidente y de los consejeros ciudadanos, deberán satisfacerse los requisitos y observarse el procedimiento que determine la ley, basado en un proceso de consulta pública, que deberá ser transparente […]”

La disposición antes transcrita refleja que el proceso de consulta pública, no constituye un elemento que puede quedar a discreción de la autoridad, sino que impone directamente una obligación tanto a esta Comisión, como al Pleno del Congreso, de respetar, en todo momento durante el proceso de elección del/la Presidente/a de la cedhj, los principios de publicidad, transparencia y consulta pública previstos en la Constitución Estatal. A contrario sensu, sería permisible interpretar que de no cumplirse con dichos requisitos, el proceso de selección resultaría contrario a la Constitución.

En este sentido, a fin de llevar a cabo un proceso de elección público y transparente, y de cumplir así con lo establecido en el marco normativo aplicable, recomendamos respetuosamente a la Comisión que se realicen, cuando menos, las siguientes acciones:

  1. La publicación oficial de los documentos e información relevante sobre las y los candidatos/as, tales como sus expedientes y Currículum Vitae, a fin de permitir la revisión y valoración de sus antecedentes por parte de la sociedad civil, y lograr una mayor publicidad y transparencia del proceso.

  2. Que se elabore y publique un cronograma/calendario de trabajo, con fechas ciertas sobre cada etapa del proceso y plazos razonables para evaluar a los/las candidatos/as, donde se incluya la audiencia pública y los plazos en los que se permitirá que los/as ciudadanos/as presenten información sobre ellos.

  3. Que se lleve a cabo de manera pública y accesible para los ciudadanos, las entrevistas que se realicen a los/las candidatos/as, de tal manera que se le permita a la sociedad civil presenciarlas directamente y participar en ellas, proponiendo preguntas que deberán incluirse dentro de las entrevistas, a fin de que el/la candidato/a acredite su idoneidad para ejercer el cargo respectivo.

  4. Que se lleve a cabo de manera pública y accesible para los ciudadanos, la sesión donde esta Comisión revise y evalúe los expedientes de los/las postulantes, y sobretodo, que el voto que realicen, en su momento, para la aprobación del dictamen, sea público y visible.

  5. Que se emita una recomendación a la sesión del Pleno del Congreso local donde se deberá aprobar el Acuerdo legislativo que contiene la lista de elegibles y posteriormente decidirá con las dos terceras partes de sus integrantes a la persona que ocupará el cargo de Presidente de la cedhj, para que la votación que realice sea de manera nominal, precisamente para garantizar un proceso público y transparente, y a garantizar el derecho de las personas a conocer las decisiones de sus representantes populares.

Pese al texto constitucional, al celebrarse el primer día de entrevistas sin conocer los lineamientos para realizar la consulta pública, las entrevistas y el método de evaluación, el 19 de julio las organizaciones redactoras del Perfil Ideal enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, diputada María del Refugio Ruíz Moreno, para expresarle más dudas relativas al proceso, entre ellas, conocer los criterios de evaluación que utilizarían para dictaminar la lista de aspirantes, esto a propósito del Acuerdo Interno de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la lxi Legislatura del Congreso local de Jalisco, “que aprueba el calendario y formato de entrevistas a las y los aspirantes al cargo del Presidente (sic) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco”, además de algunos trascendidos en la prensa local. Igualmente se transcribe un extracto de la comunicación:

1. La página web del Congreso local,2 ha publicado la aprobación para que las organizaciones de la sociedad civil tengan todas las facilidades para expresar sus propuestas y participar en este proceso de selección. En ese contexto, le solicitamos nos informe en qué consisten tales facilidades, y cuáles son los mecanismos institucionales previstos para que las organizaciones interesadas y sus representantes podamos participar.

Asimismo, ya que el propio Congreso ha establecido esta posibilidad, le solicitamos nos informe si existe algún tipo de trámite previo de acreditación, cuáles son sus términos, y si la posibilidad de participación incluye también a los ciudadanos y ciudadanas interesados, a título individual.

2. Por otro lado, la convocatoria pública señala que los y las candidatas se someterán a una entrevista, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, la cual se ha llevado a cabo el día de hoy 19 de julio de 2017. Al respecto, solicitamos se nos informe si existe una metodología previamente definida para tales entrevistas, que incluya un listado de preguntas aprobadas por la Comisión, y de ser el caso, se nos proporcione una copia de dicho documento.

Asimismo, se nos informe si se solicitó a alguna/s Universidad/es, colegio/s de profesionistas, asesor/es legislativos, organización/es de la sociedad civil o a alguna/s persona física o moral la elaboración de las preguntas. Finalmente, sobre este punto, solicitamos se nos informe si existió la posibilidad de que personas y representantes de las organizaciones de la sociedad civil interesados, puedan alcanzar a la Comisión sus propuestas de preguntas.

3. Trascendió en algunos medios de comunicación3 que las entrevistas a las y los aspirantes serían complementadas con el análisis de casos prácticos. Solicitamos nos informe acerca de la veracidad de este extremo de la metodología de evaluación. Y de ser así, se nos informe quién ha estado a cargo de la elaboración de los casos prácticos, cómo han sido seleccionado/s esas personas, cuáles son los temas que se busca evaluar, y si la Comisión Legislativa ha proporcionado algún/os lineamientos para la elaboración de casos.

4. Finalmente, solicitamos se nos informe cuáles son los criterios de evaluación que utilizarán los integrantes de la Comisión Legislativa para dictaminar la lista de las y los aspirantes a la titularidad de la cedhj. De manera específica, le agradeceremos alcanzarnos una copia del documento que contenga tales criterios.

Si bien las entrevistas de los candidatos que se realizaron los días 19 y 21 de julio, de 9 a 14 horas, en la que participaron 16 y 13 candidatos respectivamente, fueron transmitidas en vivo por la página de web del Congreso Estatal, lo cierto es que, durante las mismas, se limitó la entrada de personas al Salón Ex-Legisladoras del Congreso local, pues se privilegió la entrada a quienes acompañaban a los y las aspirantes. Posteriormente hubo un cambio de instrucción, y se permitió el acceso al público en general, debido a que no se ocuparon los 100 espacios previstos en dicha sala.

Cabe señalar que en ninguna de las 29 entrevistas estuvieron presentes los ocho integrantes de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. No obstante que ningún ordenamiento jurídico establece la obligación de estar presentes, consideramos que el propósito de las entrevistas era allegarse de mayor información y que les permitiera evaluar de mejor manera el perfil de cada aspirante.

Se destaca la participación de organizaciones, instituciones públicas y privadas, colectivos, académicos/as y a título personal, en su gran mayoría apoyando a determinados/as aspirantes, ejercicios parecidos en algunos casos a prácticas partidistas-electorales, incluso, pasaron por alto la ausencia de los lineamientos para llevar a cabo la consulta pública, de la metodología del proceso de entrevistas y evaluación, además del perfil ideal para ocupar la alta encomienda que significa ser un/a defensor/a del pueblo.

Pese a que ya algunos/as diputados/as se habían decantado por una de las aspirantes, incluso, antes de conocer el registro final de los/as 29 candidatos/as, la clase política jalisciense representada en el Poder Legislativo estatal, y ante la falta de garantías de un proceso responsable y transparente como el propuesto en el Perfil Ideal, designó hasta la tercera ronda de votación al nuevo presidente de la cedhj, cuyo nombre, por cierto, no había aparecido en la primera ronda de votación. La designación de Alfonso Hernández Barrón como presidente de la cedhj, donde se ha desempeñado en los últimos 10 años como Visitador General, fue sin duda un acuerdo entre la clase política de Jalisco, y una oportunidad perdida para la vida democrática de la entidad.

Notas

1 Parte del contenido de este documento fue publicado el 8 de marzo de 2018 en Justicia en las Américas, blog de la Fundación para el Debido Proceso: https://dplfblog.com/2018/03/06/la-eleccion-del-titular-de-la-comision-estatal-de-derechos-humanos-en-jalisco-2017-2022-una-oportunidad-fallida/

2http://www.congresojal.gob.mx/?q=boletines/diputados-entrevistar-n-los-29-aspirantes-presidir-la-comisi-n-de-derechos-humanos-los-d

3 http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=76756
https://www.eloccidental.com.mx/local/pasarela-para-ombudsman-sera-el-19-y-21-de-julio

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes DDHH Jalisco

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Las aportaciones reflexivas y testimoniales de los artículos del Informe 2017 dan cuenta de una mirada de cuál es la actual vigencia real de los derechos humanos. La mirada no es positiva. Jalisco tiene prácticas cotidianas de violaciones a tales derechos. Es decir, Jalisco, hoy por hoy ha logrado poco éxito en el intento de construir relaciones sociales pacíficas entre amplios sectores de la población. (…) al mismo tiempo nos deja claro las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses, y nos indica el camino por medio del cual podemos iniciar un nuevo intento de construcción de la paz.

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Carlos Peralta César Pérez Verónica Informes de Derechos Humanos

La Reelección Anticipada Del Ombudsman

Un retroceso a las formas de elegir o reelegir a un Ombudsman*

Carlos Peralta y César Perez1

Comentarios generales sobre la elección del Ombudsman y su actuación

A principios del 2012 sin tomar en cuenta los cuestionamientos de organismos sociales y a partir de un adelantado y acelerando proceso de elección (calificado en el Congreso local como fast track), los diputados ratificaron como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, con lo cual estará al frente del organismo por un segundo periodo hasta el 1 de agosto de 2017. Dicho proceso de reelección por las serias irregularidades en su proceder, debería considerarse un retroceso a las formas de elegir o reelegir a un ombudsman.

Pese a que el cambio de ombudsman debía realizarse en agosto, los diputados realizaron el proceso de selección en enero, tomando desprevenidas a las organizaciones y posibles interesados en el relevo. Difundieron la convocatoria el 16 de enero y fue evidente que tenían prisa por concretar la elección, de hecho concluyeron todo el proceso en menos de quince días a pesar de que aun faltan más de seis meses para el vencimiento del nombramiento.

Justificaron las prisas diciendo que algunos diputados estaban pensando en pedir licencia para participar en el proceso electoral que estaba ya en marcha y no querían que a la larga el nombramiento se complicara por no contar con el número de votos necesarios. Debe también mencionarse que el nombramiento del ombudsman fue una moneda de cambio en torno a puestos que se otorgan por definiciones políticas ya que “dos coordinadores parlamentarios consultados sobre la elección, admitieron que había un acuerdo con la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) de “respetarles” el espacio de la CEDHJ, por lo que apoyarían la permanencia de Álvarez Cibrián, como contraparte de otros nombramientos, especialmente los del Poder Judicial”2.

Así entonces, el proceso electoral y la licencia que pedirían los diputados, fueron el pretexto para adelantar las elecciones para ombudsman. De la noche a la mañana, con un acelerado proceso plagado de irregularidades, que incluyó modificar el orden del día en una sesión del pleno para adelantar el nombramiento (porque no estaba contemplado), los diputados reeligieron al ombudsman.

En relación al procedimiento se apreciaron aspectos a cuestionar:

  • Los diputados no expusieron en la convocatoria el perfil del ombudsman que deseaban o que la sociedad jalisciense necesita.

  • Los diputados no realizaron una consulta pública sobre los candidatos, acorde al espíritu sugerido por la Constitución del país. Si bien es cierto que hicieron pública la convocatoria a través de periódicos, y recibieron expedientes acompañados de cartas de respaldo, esto no implicó una consulta a organizaciones de la sociedad civil, universidades, o sector privado, en relación a los perfiles más adecuados para ser el ombudsman.

  • La elección no fue basada en un examen o en el caso del ombudsman en funciones, no se realizó una evaluación de su labor. Es decir, para considerar la permaneciera en el cargo no se realizó un análisis valorativo de su desempeño. Esto podría indicar que los diputados dieron más importancia al cabildeo, las relaciones políticas y el número de firmas de apoyo que los candidatos podrían juntar en un par de días, que a una fundamentada evaluación del trabajo realizado. El Congreso no se interesó y perdió la oportunidad, de realizar una evaluación pública del desempeño del titular de la CEDHJ, pero además perdió la oportunidad de generar procesos de participación reflexiva y análisis de la sociedad, sobre el tipo de ombudsman que quiere y deberíamos tener.

  • También se debe mencionar que además de no realizar un procedimiento de evaluación, a diferencia de elecciones anteriores, no se entrevistó pública y personalmente a ninguno de los candidatos, así como tampoco se les solicitó que presentaran de cara a la sociedad, propuestas o un plan de trabajo en relación a la labor que realizarían en la CEDHJ o sobre su ejercicio como Ombudsman. Asi entonces las fórmulas para que la ciudadanía pudieran valorar a los candidatos, sus proyectos o intenciones, se eliminaron.

  • Un procedimiento tan acelerada favoreció al ombudsman en funciones. Posibilitó que aprovechando los recursos logísticos a su alcance (por estar al frente de la CEDHJ), lograra recabar firmas de apoyo de agrupaciones e instituciones educativas en poco tiempo. No en balde en solo dos días se menciona que obtuvo “cerca de 224 cartas que se presentaron por parte de diez universidades, entre ellas la del rector general de la Universidad de Guadalajara, además de 50 sindicatos y federaciones de trabajadores, 40 colegios y federaciones de todas las profesiones, diez comunidades indígenas y 120 organizaciones de la sociedad civil”. Por su parte el común de los otros candidatos no contó con los recursos logísticos, para buscar (en tan poco tiempo) un número tan significativo de respaldos para su candidatura. Si bien no se puede pasar por alto que le dieron su apoyo al ombudsman diversas instituciones, un proceso de elección debería tomar en cuenta fórmulas para partir de la equidad en recursos. La elección del ombudsman debería sustentarse en valoraciones objetivas y sustentadas, más que en fórmulas de cabildeo, negociación o demostración de recursos.

Con este procedimiento, los diputados y diputadas ignoraron la Observación General No. 25 del Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, particularmente al referido en el inciso c) del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3, donde se señala claramente:

c) del artículo 25 se refiere al derecho y a la posibilidad de los ciudadanos de acceder, en condiciones generales de igualdad, a cargos públicos. Para garantizar el acceso en condiciones generales de igualdad, los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser razonables y objetivos. Podrán adoptarse medidas positivas para promover la igualdad de oportunidades en los casos apropiados a fin de que todos los ciudadanos tengan igual acceso. Si el acceso a la administración pública se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, y si se asegura la estabilidad en el cargo, se garantizará su libertad de toda injerencia o presión política. Reviste especial importancia garantizar que las personas no sean objeto de discriminación en el ejercicio de los derechos que les corresponden conforme al apartado c) del artículo 25 por cualquiera de los motivos especificados en el párrafo 1 del artículo 2.

Resulta evidente que el procedimiento de elección impidió que los y las participantes entraran en igualdad de condiciones con relación al titular de la CEDHJ, pese a las Recomendaciones de uno de los órganos de los Tratados de la ONU y a las reformas realizadas en la Constitucional General de la República en materia de Derechos Humanos, específicamente en el artículo 102, inciso B, párrafo octavo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011.

Al realizar una reelección sin evaluación lo que se transmitió públicamente fue que los diputados y diputadas estaban de acuerdo con el actuar presente de la Comisión. Debe considerarse que dieron su respaldo a una Comisión que no explicita de forma abierta cómo atiende las quejas y que además puede identificarse como una de las más caras en la República Mexicana. Cabe mencionar que al titular de la Comisión recibe un salario mayor al que es percibido por el ombudsman del Distrito Federal, aunque no maneja la misma cantidad de personas, casos, ni brinda atención a una población que posee muchos más millones de habitantes que la nuestra.

En este contexto debe tenerse presente que si bien la Comisión afirma que se han incrementado la capacidad de recibir y atender quejas, aun deja muchas dudas sobre su eficiencia. En su informe 2012 se menciona que recibieron un total de 11 001 quejas. La Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento, describe cuantas quejas recibieron pero no menciona aspectos relevantes como: cuantas quejas fueron rechazadas o cuantas archivadas y porque motivos se archivaron. Es decir, no describen el procedimiento y los criterios para atender y resolver las quejas, lo cual es de suma importancia para valorar si brindan un trámite pertinente a cada una. Es cierto que pueden estar al corriente en la atención de quejas, si la mayoría se envían a archivo muerto. Falta mayor explicación sobre el tratamiento que se brinda a las quejas y este es el aspecto de trato más cotidiano de la Comisión con los ciudadanos.

Por otro lado, también en el informe 2012 se vanagloria el ombudsman por el hecho de que emitieron 50 recomendaciones y que además el 100% de éstas fueron aceptadas. Pero también en este tema debemos ser cautos porque el haberlas aceptado no implica que sean adecuadamente atendidas y que se logren resarcir los daños a los afectados. Según se menciona, en la mayoría de las recomendaciones emitidas en 2012 a la Procuraduría de Justicia (recomendaciones 3, 6, 23, 25, 29 y 35) y con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el factor común es el incumplimiento a integrar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios que cometieron violaciones. Sabemos que las recomendaciones no son vinculantes, pero ¿la ciudadanía está satisfecha con el alto costo que cada una de ellas implica y con los resultados que se obtienen?

Por otro lado, puede considerase pobre su acción cotidiana en lo que se refiere a la modificación de políticas públicas o actividades vinculados a las violaciones a los derechos humanos. Quizás el mejor ejemplo de su falta de compromiso con la normatividad y la modificación de políticas, es su ausencia en la implementación cotidiana del marco legal para prevenir y erradicar la discriminación en Jalisco, pues tendiendo las facultades legales impulsar que el Congreso implemente las medidas legislativas necesarias, hasta la fecha no lo ha hecho, lo mismo sucede en relación con otras políticas públicas o formas de actuar de instancias como la Procuraduría, que cotidianamente llevan a la violación de derechos.

Además de lo anterior, la presidencia de Álvarez Cibrián se ha caracterizado por una forma de relacionarse con la sociedad civil “polémica”. Tiene una buena relación con algunas agrupaciones como las barras de abogados y asociaciones que defienden algunas causas asistenciales, pero una relación conflictiva con grupos que luchan por los derechos de las mujeres, la diversidad sexual, con grupos de activistas por los derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos “Coordinadora 28 de mayo”.

Francisco Macias integrante del Cepad, en el momento en que se realizaba el proceso de selección, lanzaba las siguientes interrogantes en torno a la labor de la CEDHJ: ¿ha cambiado algo en Jalisco en relación al respeto a los derechos humanos? ¿Se ha defendido y se han propuesto cambios que al día de hoy nos permitan tener una justicia más confiable, o servidores públicos que respeten los derechos humanos?

Reflexiones posteriores a la elección y los amparos contra el procedimiento del Congreso local

Algunas agrupaciones y personas sostienen que la elección del ombudsman realizada por el Congreso, incumplió con el mandato contenido en el artículo 102-B párrafo octavo.

Este artículo Constitucional a la letra dice: “La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley”4.

Consideran que la convocatoria abierta a la sociedad sirvió para “allegarse de nombres” pero no se generó una fórmula de consulta pública. Por este motivo, representantes de organizaciones de la sociedad civil, a título personal, impugnaron ante los tribunales de la federación el proceso de elección, por considerar que se vulnero la disposición referida en el citado artículo5. Hasta el momento de escribir el presente artículo se habían interpuesto dos recursos de revisión en contra de las resoluciones del Juez Tercero de Distrito en materia Administrativa con sede en Guadalajara, Jalisco, siendo el primer Tribunal Colegiado en la misma materia quien a petición de las ciudadanas Gladys Martínez, expediente 486/2012, Guadalupe Ramos Ponce y Jaime Amaral Arias en el expediente 573/2012, que declinó su competencia para que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resolviera esta trascendental controversia. Sin embargo, la SCIN regresó ambos casos para que sean resueltos por el Tribunal Colegiado originario de conocer de los recursos.

El acto reclamado en la mayoría de las demandas de amparo fue: “… la Convocatoria, expedida por el Congreso del Estado, de fecha 16 de enero de 2012, que convoca a las “organizaciones, colegios de profesionistas, universidades y sociedad en general”, a allegarle (sic) candidatos para elegir a Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, publicada en varios medios impresos de comunicación; mismo que causa agravio y perjuicio a los suscritos violentando garantías individuales y sociales; así como el acuerdo de fecha 24 de enero, de la sesión del pleno del Congreso el Estado que reeligió de forma anticonstitucional al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para un segundo periodo, al no haberse ajustado a un procedimiento de consulta pública, tal como se establece en nuestra Carta Magna.”

Basados en lo establecido desde los Principios de París6, relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los Derechos Humanos, una consulta pública es fundamental para el procedimiento de elección del ombudsman en la medida que posibilita las garantías de independencia y pluralismo. Los Principios de París establecen tres elementos básicos para alcanzar la independencia de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos”: a) la participación de la sociedad civil en el nombramiento de sus miembros, b) la autonomía presupuestaria y patrimonio propio y, c) la estabilidad en el mandato de sus miembros. El Senado y la Cámara de Diputados incluyeron en el 102 apartado B el espíritu de esos Principios, al incorporar la obligación de realizar una consulta pública transparente, con el fin de que todas las Legislaturas de México se ajustaran a un procedimiento que ofreciera todas las garantias necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales y de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos.

Los amparos presentados buscan revertir el procedimiento de elección, en la medida que se considera que el mecanismo empleado no fue apegado al espíritu de los principios de Paris, ni de la reforma Constitucional. Una resolución favorable propiciaría que el Poder Legislativo de Jalisco asuma sus obligaciones responsablemente y abra la posibilidad de que la ciudadanía mejore su percepción y confianza en sus representantes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Fuentes:

1 Carlos A. Peralta Varela e Doctor en Ciencias Sociales. Académico del ITESO miembro de la Asamblea del CEPAD. César Octavio Pérez Verónica es abogado y actualmente es el Director Ejecutivo del Cepad, AC.

2 Tomado de Milenio Jalisco, 25 de enero del 2012, Título de la nota: Legisladores ratificaron “fast track” al “ombudsman”. Escrito por Sonia Serrano.

3 Ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1981

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 102 inciso B, 11/ 12/2012, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1pdf

5 Expedientes radicados en el juzgado tercero de distrito en materia administrativa y del trabajo.

  • Amparo 285/2012, de Guadalupe Zepeda Díaz, Jaime Hernandez Ortiz y Arcadia Lara González, por su propio derecho y a titulo del Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de mayo AC.
  • Amparo 286/2012, por Guadalupe Ramos Ponce, Jaime Arias Amaral, por su propio derecho.
  • Juicio de Amparo 287/2012, por Gladys Yolanda Martínez Fombona, por su propio derecho.
  • Amparo 288/2012, Carlos Valentín Veyna Martínez, apoderado Legal del Instituto de Derecho Ambiental
  • Amparo 289/2012, Raquel Gutiérrez Nájera, por su propio derecho y en su carácter de participante.
  • Amparo 290/2012, Oscar González Gari por su propio derecho y en su carácter de presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos.

6 Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos (Principios de Paris)”, octubre de 1991, adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 1992 (resolución 1992/54) y por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993 (resolución A/RES/43/143).

 

*Artículo contenido en el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco. 2012