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Boletín de prensa Pronunciamiento

Exigimos la intervención de la PGR para que investigue la responsabilidad de las autoridades de Jalisco, en el caso de los 300 cuerpos depositados en tráilers.

Guadalajara, Jalisco a 19 de septiembre de 2018

Exigimos la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República para que investiguen las violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad de las autoridades de Jalisco, respectivamente, en el caso de los 300 cuerpos depositados en los tráilers.

  • Que el Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, solicite a la Procuraduría General de la República ejercer la facultad de atracción para que de manera imparcial se investiguen los hechos.
  • Que se destituya al Fiscal General de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez para que no interfiera en las investigaciones.

El Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas “Por Amor por Ellxs” y las organizaciones civiles Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco (Cladem), manifestamos nuestro más profundo rechazo por el trato dado a los 157 cuerpos de personas no identificadas por parte de funcionarios del Gobierno del Estado de Jalisco, personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), incumpliendo con sus obligaciones de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas, actuando de manera inhumana y sin pleno respeto de la dignidad, tratando a las víctimas como objetos de violencia y no sujetos autónomos de derechos.

La anterior situación evidencia la saturación y el rezago en el tema de personas desaparecidas y no identificadas, siendo éste un reclamo durante los últimos años por quienes suscribimos este comunicado, sin que a la fecha se haya materializado en dotar a dichas instituciones involucradas de los recursos humanos y financieros suficientes y necesarios, lo cual demuestra que la magnitud de la violencia, sumado a la problemática de las desapariciones, no es una prioridad para el Gobierno de Jalisco, pero lo que sí sobresale es su incapacidad operativa, debilidad institucional y ausencia de coordinación y comunicación.

Queremos insistir en que la violencia e inseguridad generadas en nuestra entidad en los últimos doce años, es el resultado de la corrupción y la impunidad que ha caracterizado a los gobiernos estatales y municipales, dejando a la sociedad en general a merced de las organizaciones criminales y de la delincuencia común, al grado que desaparecer a una persona no puede tener más consecuencias que la de la conciencia de quien la comete.

Igualmente queremos expresar que los hechos que han indignado a nuestra comunidad, al país y a el resto del mundo donde ha llegado la noticia, representa un ejemplo del trato que las autoridades de la Fiscalía General de Jalisco han dado durante todos estos años a los y las familiares de personas desaparecidas, y su nulo compromiso con las acciones de búsqueda e investigación para dar con el paradero de sus seres queridos.

Debido a la grave situación de violaciones a los derechos humanos en Jalisco, le solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República, que ejerzan sus facultades de atracción y conozcan e investiguen los hechos de los cuerpos depositados en un tráiler, lo anterior por tratarse de acontecimientos de interés y trascendencia pública, y que lastíma la dignidad de una sociedad que se niega a normalizar la violencia, vivir con indiferencia y miedo. En este caso, la situación del abandono de los cadáveres y las condiciones de su resguardo son claramente violatorios a los derechos y principios establecidos en la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda y la Ley General de Salud.

Exigimos que se investiguen de manera exhaustiva y expedita los hechos y se sancione a las personas responsables que conforman el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Gobierno del Estado de Jalisco, para que el caso no quede en la impunidad.

Finalmente, solicitamos que el Secretario General del Gobierno convoque a la reunión de la Comisión Interinstitucional, con la finalidad que exponga a colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil la información relativa al caso.

Colectivo Por Amor a Ellxs.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. Cepad

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, CLADEM.

 

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Informes de Derechos Humanos

Corrupción Policial y Derechos Humanos.

Corrupción Policial y Derechos Humanos.

“Nunca se Trató de un Teléfono”

 

Zul de la Cueva

Dedicado al CEPAD por la enorme luz que me brindaron y por darme hoy la oportunidad de contar mi historia.

O bueno, casi nunca. Acaso se trató del teléfono por un instante y en la cabeza de un hombre: el policía que lo deseaba en esa madrugada de febrero. Para mi siempre se trató del suceso y no del objeto. La sensación de haber sido víctima de un abuso, de sentir esa rabia inmensa y la necesidad de hacer algo para ventilarla, para que no se me pudriera por dentro.

La historia fue ventilada bastante en los medios. Aún así antes de narrarla una vez más quisiera ofrecer al lector un breve resumen: la madrugada del domingo 13 de febrero de 2011, alrededor de las 2:00 AM, un par de policías me hicieron una “revisión de rutina” mientras me dirigía a mi casa caminando. En esta revisión, mediante amagos, los uniformados se apoderaron de mi teléfono celular, un iPhone. Uno de ellos se tomó una fotografía con el mismo horas más tarde y la subió a mi perfil de twitter ante lo cual mi denuncia cobró un inusitado valor al contar con innegable evidencia.

Contexto y Reflexiones

Recuerdo varios encuentros con la policía en mi juventud. En ningún momento cometí un delito, o bueno ninguno digno de recordarse, tal vez haya orinado alguna vez en un árbol o una banqueta; pero más allá de eso la historia era mas o menos la misma: caminaba por la noche rumbo a alguna parte; era detenido por la simple razón de ser joven y luego las amenazas, la revisión, el acoso. Más de alguna vez me “tumbaron” algo de dinero, del poco dinero con el que contaba (como buen adolescente) para una cerveza. Nunca, que yo recuerde, mientras crecí, tuve un encuentro amigable con los guardianes del orden.

Creo que la historia de la revisión de rutina cargada de prepotencia la han vivido muchos de los que leen esto y considero que esa forma de actuar por parte de las autoridades ha moldeado negativamente nuestra percepción de los guardianes del orden público. Menciono esto porque en el vertiginoso enfrentamiento que tuvo lugar con las autoridades no le fue posible al departamento de policía mantener la cara ante la sociedad. Esta absoluta falta de solvencia moral jugó un papel importante en la forma en que los hechos se desenvolvieron en el inusual marco de una arena mediática; opuesto a aquello a lo que están acostumbrados: la sombra, el hermetismo y por ende la impunidad.

Los hechos:

Había ido a una boda. Los que se casaban son buenos y añejos amigos. La celebración era íntima, en un lugar pequeño cerca de mi casa por lo que decidí acudir a pie. Salí del lugar la madrugada del 13 de febrero y caminé de regreso a mi hogar. En Lerdo de Tejada casi esquina con Chapultepec dos uniformados me revisaron, encontraron mi teléfono y comenzaron lo que parecía una rutina, como la que realizan los cómicos de carpa o los carteristas de metro. Uno finge hablar a la base, otro me explica que puede meterme en problemas, que lo mejor es que ceda el celular para evitar pisar la cárcel. Me informan que pueden fincarme un delito.

Esto es verdad y esta es la parte más grave de la historia, el momento en el que me encuentro más indefenso. Ellos son dos, son agentes de la ley y yo soy un tipo cualquiera que camina por la calle con unas copas encima por la madrugada. Lo que ellos digan en una declaración será inevitablemente cierto y cargará con el peso de la verdad. Si afirman que estaba armado o que estaba tratando de robar un auto yo tendré que afrontar las consecuencias. ¿Cómo se demuestra uno inocente en una situación así, como demuestro que los policías mienten? No es posible.

Me levanté temprano ese domingo, no después de las 10 de la mañana. Sentía rabia y frustración. Sabía que de nada serviría mi denuncia, que no conseguiría que me regresaran mi teléfono o que se investigara el caso con un cierto grado de seriedad. Pero quería que hubiese por lo menos una estadística, quería hacer algo, abonar en algo a que este abuso se terminara. Acaso sin saberlo no quería volver a ser aquel adolescente de chamarra de cuero contra la pared mientras un policía esculcaba mis bolsillos.

Acudí entonces a la procuraduría y al ser domingo el trámite era más penoso que entre semana. Había que tomar una hoja, sacarle una copia en una tienda a cierta distancia de ahí (ellos no proporcionan el servicio de copias y las más cercanas estaban cerradas al ser domingo), luego a presentar una denuncia que escribí mal y con desgano “dos uniformados, policías me robaron mi teléfono” decía con letras enormes.

Pedí que se hiciera algo, afirmé que era posible y sencillo averiguar quienes eran los uniformados que estaban de guardia ese día a esa hora en ese lugar. Estaba molesto y no fui amable. La persona que me atendió me pidió calma y me habló de asuntos internos de la Policía de Guadalajara. Yo no sabía que eso existía. Me mandó a ese lugar.

Asuntos internos está dentro del edificio de la Policía; es decir que para denunciar un policía debo cruzar un edificio lleno de policías, subir un par de pisos y tocar en una puerta. Todos los que están ahí saben inmediata e inevitablemente que ha llegado alguien a Asuntos Internos, todos ven al “soplón” o al quejoso a través de un vidrio y esto es uno de los puntos más inaceptables del proceso de denuncia. Asuntos internos debe ser independiente de la policía, el anonimato del denunciante debe protegerse.

Me atendió un hombre que tomó mi declaración, se portó con amabilidad pero me aseguró que no podía mostrarme ningún libro con fotos para identificación de los uniformados. Que asuntos internos llevaría a cabo su investigación y me respondería en tiempo y forma. No esperaba mas, pero no pude evitar sentir de nuevo una gran impotencia y frustración.

Ese fue el sentimiento que me acompañó durante la mañana del lunes y subrayo esto porque me parece esencial. Ahora entiendo que las violaciones a nuestros derechos como personas tienen este sello, hay una sensación de injusticia, justo de sentirse violado como el nombre lo indica.

Al abrir mi cuenta de twitter el lunes por la mañana encontré una fotografía que no correspondía con la mía, la miré contrariado y poco a poco fui entendiendo de qué se trataba, el oficial se había autodelatado. Tomé una foto a mi pantalla, cambié las contraseñas de la cuenta y acudí a Medios UdeG a contar mi historia en el noticiero de Josefina Real. A partir de ese momento comenzó algo que solo puedo definir como una batalla campal. Eran ellos contra mi y cuando digo ellos me refiero a todo el mecanismo de la institución, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como hoy se llama la policía en Guadalajara. Nunca hubo un interés por conocer la verdad, por hacer una investigación seria, por hacerme saber mis derechos u orientarme en torno a los mismos. Ninguna institución vinculada al gobierno me ayudó en nada.

Cuando llegué a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar mi denuncia me recibió un hombre cansado, soñoliento y a todas luces aburrido. Me miró y escuchó para después menear la cabeza como quien niega. Me informó que esos casos raramente progresan, se mostró poco interesado y tuve que insistir para que me tomara mi declaración. No fue sino hasta que el caso explotó en los medios de comunicación que fui tomado en serio y llamado por la Comisión. Entonces me recibió el director y me aseguró que tomarían las medidas necesarias y llevarían mi caso con mucho cuidado. Creo que todos los casos merecen atención independientemente de su valor mediático y me parece, a la fecha, sospechoso que la recomendación de la CEDHJ haya salido en plenas vacaciones de Semana Santa. ¿Porqué en ese momento?

Regresando a la línea temporal del suceso, el martes 15 de febrero los medios locales ya habían reseñado con fuerza la historia y las declaraciones por parte de las autoridades municipales y la jefatura de Seguridad eran contradictorias y a un punto ridículas. “La Secretaría de Seguridad de Guadalajara ya se hizo bolas con el caso y no encuentra cómo sostener la patraña de que está investigando a los malos policías… Y la víctima sigue siendo víctima, vejado por quienes se supone deberían cuidar de su seguridad”, escribía Victor Warrio en su columna del 18 de febrero.

Lo primero que se afirmó desde la Secretaría de Seguridad fue que se trataba de un caso en el que un drogadicto dio su teléfono a cambio de no ser encarcelado, lo que habla de una situación en la que los policías son parte de una red de corrupción que recibe dinero o prendas de valor a cambio de no cumplir con su deber. ¿Qué caso tienen entonces las revisiones de rutina? ¿Para qué sirven sino para ordeñar a los ciudadanos en un negocio ilegal y millonario de robos hormiga? ¿En qué se diferencian estas prácticas a las de cualquier asaltante? La historia duró poco y resultó insostenible por lo arriba citado. A partir de ahí tuve que dedicarme de lleno a llevar mi denuncia, cosa que de nuevo me parece inaceptable. Los procesos y mecanismos mediante los cuales los ciudadanos intentan tener acceso a la más básica justicia no deberían ser tan complejos. Fue necesario adivinar cuando había que presentar una declaración o ratificarla, ya que las autoridades intentaron mediante el uso de los tiempos y formas en que se tiene que llevar a cabo una denuncia, dar por sentado que ellos no podían hacer nada porque el ciudadano no había cumplido cabalmente el proceso.

El momento y ejemplo más claro de esto tiene que ver con un concepto que se llama “Flagrancia Equiparada”. Entendemos por flagrancia cuando agarramos al que comete el delito con las manos en la masa, por decirlo de la manera más simple. Flagrancia equiparada, en cambio, es una figura legal que permite suponer o construir que hubo flagrancia dada la evidencia en contra. Es decir, no llegamos al momento en que el bebé defecó (disculpen la simplicidad de la analogía) pero el pañal nos permite, sin lugar a dudas, asumir que el bebé hizo tal cosa.

Así, a partir de que presenté mi denuncia corría un lapso de 72 horas para acreditar flagrancia equiparada. El miércoles 16 de febrero, por la noche, debía acudir ante asuntos internos a señalar a los policías a quienes acusaba (a pesar de que lo había intentado con anterioridad y me habían negado el acceso a los archivos). Nadie me hizo saber que requería hacer esto. Por el contrario, el miércoles por la tarde, las autoridades municipales informaron a los medios en rueda de prensa que ellos no podían actuar si yo no me presentaba a ratificar y señalar a los policías. Gracias a las redes sociales me enteré de esto y acudí a asuntos internos. Me mostraron una cantidad abrumadora de fotografías y tuve que pelear para que me dijeran quién había sido apostado en la zona Chapultepec la noche de los hechos puesto que resultaba imposible reconocer o encontrar al policía (a pesar de que contaba con una foto de él) entre tantas fotos. Finalmente cedieron a mi petición, los policías apostados de a pie en la zona eran

efectivamente los que yo señalaba. Es decir que en cualquier momento habiendo voluntad política de las autoridades e interés por dar seguimiento al caso, hubiera sido posible dar con los policías y proseguir la investigación. Desafortunadamente los mecanismos fueron opuestos y siempre se entorpeció el procedimiento.

Los policías cambiaron sus declaraciones varias veces pasando de un “no conocemos al señor, nunca lo hemos visto y no estábamos ahí” a una declaración con varios testigos presenciales donde yo me drogaba en la calle, vomitaba líquidos inmundos y los amenazaba alegando que yo era un conocido periodista que podía hacerles la vida imposible.

A pesar de que las autoridades afirmaron que en tres meses se resolvería el caso, pasó cerca de un año para que la Comisión de Honor y Justicia despidiera a los policías. A pesar de eso, a la fecha con una búsqueda en la página de transparencia de Guadalajara, aparece que ambos continúan cobrando sus cheques. Nadie ha dado una explicación clara de porqué esto sucede ni a mi persona ni a medios de comunicación.

A lo largo de este tiempo fui acosado, buscado por los policías de manera telefónica o visitado en mi domicilio por sus familiares o abogados pidiéndome, con lágrimas en los ojos que dejara en paz a los pobres muchachos. Hubo un par de semanas, en el momento más álgido del caso, en que por prudencia me mantuve escondido y alejado de mi domicilio por temor a represalias.

Fui llamado por teléfono y una voz me dijo “ya bájale de huevos”, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron esparcir rumores para minar mi imagen pública afirmando a miembros de la prensa y en palacio municipal que había sido detenido por la policía cuando me encontraba en un cuarto de hotel consumiendo toda clase de estupefacientes en compañía de trasvestis, entre otros rumores de pasillo que intentaron propagar, sin éxito y con el claro objetivo de, en caso de que me sucediera algo (por orden expresa o por casualidad) pudieran escudarse en el hecho de que lo sucedido se debía a mi laxitud moral y no a otra cosa.

Gracias al apoyo de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil logré salir bien librado de este trance.

En resumen

1.- Los mecanismos de denuncia por vía de las instituciones son complejos, burocráticos, pantanosos, confusos, enfadosos. consumen una enorme cantidad de tiempo y resulta verdaderamente difícil lograr justicia por esta vía. No hay ningún interés por parte de las autoridades en la simplificación de estos procesos.

2.- La CEDH comparte información con las instancias gubernamentales y se comporta de manera parcial abonando a la fragilidad de la situación de los derechos humanos en Jalisco.

3.- Los procesos institucionales tanto en lo civil como en lo penal favorecen la corrupción y la impunidad. Testigos a modo, cambios de declaraciones y enorme lentitud en los procesos son la norma.

4.- A título personal, pensé en un momento que denunciar había sido inútil, que es mejor quedarse en silencio ya que no vale la pena exponerse, correr peligro y perder muchísimo tiempo enfrentando los abusos de la autoridad. Sin embargo y a partir de mi caso, he leído ya varias veces en los medios, de casos en los que policías que son encontrados robando teléfonos son suspendidos de manera inmediata, una mujer policía recientemente incluso fue detenida. Por ende mi conclusión última es que es importante denunciar, siempre, los abusos. Sólo mediante nuestra estricta vigilancia será posible modificar las conductas de la autoridad.

Artículo obtenido del Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos 2011

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2011