EL COMBATE EFECTIVO AL DELITO EXIGE MUCHA MÁS QUE MEDIDAS COYUNTURALES.
Boletín 9/2008. 7 de agosto de 2008

El día de hoy el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció que enviará un nueva iniciativa al Congreso para instaurar la pena de cadena perpetua para secuestradores que sean o hayan sido policías, que plagien a personas con discapacidad y menores de edad, y para quienes mutilen o a maten a sus víctimas.

Ante este planteamiento la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los Derechos para Todas y Todos”, integrada por 58 organizaciones, plantea los siguientes puntos de vista:

El mensaje del Ejecutivo se enmarca en la exigencia de justicia luego del secuestro y asesinato de Fernando Martí, así como de las evidencias que policías, del Distrito Federal y federales, pudieran estar involucrados. Este triste hecho obligó a reconocer que el secuestro es un delito que no ha dejado de crecer; de tal manera que durante 2007, de acuerdo con datos del sistema Nacional de Seguridad Pública, se denunciaron en el país 438 secuestros, mostrando un incremento del 35 por ciento con respecto al 2006.

Frente a estas duras cifras el presidente Calderón propone medidas drásticas y que “los castigos sean verdaderamente inhibidores” como sería la cadena perpetua.

Al respecto es necesario recordar lo siguiente. Desde que se promulgó, en 1931, el Código Penal Federal se ha reformado 21 ocasiones, casi siempre para incrementar las sanciones, pasando la pena máxima de veinte a setenta años en la actualidad.

Algunos expertos en el tema insisten en que la sanción penal, en este caso de hasta setenta años, no aparece como un instrumento decisivo en la lucha contra el delito. Por tanto el mero endurecimiento de las penas no parece ser la respuesta adecuada a la exigencia de justicia, y la sanción de cadena perpetua no ofrece ninguna garantía para disminuir este delito.

Como Red de organizaciones de derechos humanos consideramos que más bien el problema radica en el ineficiente sistema de justicia existente en el país. Al respecto el investigador Guillermo Zepeda ofrece cifras como las siguientes: de cada 100 delitos cometidos se denuncian 25; de los 25 casos reportados se concluye la investigación en 4.55 y se pone a disposición del juez 1.6; y de este 1.6, 1.2 llega a una sentencia y se condena 1.06.

Como organizaciones de derechos humanos identificamos que el problema real es una impunidad que raya casi el 98 por ciento. Lo que realmente inhibe al delito no son las penas más duras, sino un sistema eficiente que incremente sustantivamente las posibilidades de que un secuestrador, o cualquier delincuente, sea detenido y castigado.

Un real y efectivo combate al secuestro sólo se logra con medidas de política criminal, la cual debe comprender entre otras:

– Instauración de un sistema integral de prevención no penal del delito.
– Unas muy bien capacitadas policías preventivas que realicen con eficiencia su función de impedir la comisión de delitos. (Reforma democrática policial)
– La creación de policías investigadoras profesionales y honestas, que realmente investiguen y se alleguen las pruebas de los delitos cometidos y, sobre todo, que capture a los delincuentes para posibilitar la aplicación de las penas que merecen.
– Ministerios públicos objetivos e imparciales.

Todo lo anterior constituye parte de los derechos humanos de acceso a la justicia y seguridad pública. Llegar a esto requiere de cambios estructurales y al mismo tiempo precisando cómo se van a realizar; por tanto, no bastan respuestas que simulan con simples cambios a la ley.

Como sociedad no debemos conformarnos con respuestas coyunturales, sino exigir los cambios necesarios y de fondo.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.