Con el argumento de que es necesario detener la inseguridad y la violencia que prevalecen en el país, legisladores y autoridades de todos los niveles están intentando establecer mecanismos legales para criminalizar aún más las protestas ciudadanas. Cabe resaltar que tanto la inseguridad como la violencia son responsabilidad del Estado y consecuencia de la impunidad y la corrupción que impera en los poderes públicos.

Asimismo, los llamados a la “unidad” lanzados por el Ejecutivo y otros sectores pretenden atribuir a las disidencias ciudadanas responsabilidad por el clima de impunidad, inestabilidad y aguda violencia que atraviesa el país.

La criminalización de la protesta social consiste en penalizar, a través de la vía judicial, los conflictos sociales, dejando de lado el diálogo y la política. Perseguir a quienes participan en movimientos sociales, defienden el medio ambiente o hacen públicos los abusos de las policías y las arbitrariedadedes de los gobiernos no va a resolver los problemas del país. Tampoco va a silenciar a todos estos movimientos, aunque el gobierno pretenda eso.

Cabe señalar que la criminalización de la protesta social por parte del Estado es el primer paso rumbo a la criminalización de la sociedad en su conjunto y la anulación de los derechos fundamentales de todos. De ninguna manera permitiremos que esto suceda.

Las organizaciones y los ciudadanos reivindicamos el derecho a disentir, a pensar diferente, a ser oposición, a ejercer la desobediencia civil y a ocupar las calles como espacio para la protesta y debate de los problemas sociales. Perder estos espacios hoy, implicará el silencio de todos mañana.

Hoy que México transita por una crisis social, ambiental, política y económica sin precedente es fundamental -más que nunca- garantizar los espacios y proteger las formas en las que los ciudadanos expresamos nuestras opiniones y protestamos ante los abusos de los tomadores de decisiones.

No es acallando a quienes luchamos contra la desigualdad, contra la impunidad, contra la destrucción del medio ambiente, contra la violación de los derechos humanos como se van a resolver los problemas derivados de la falta de Estado de derecho que vive nuestro país.

Los ciudadanos y las organizaciones rechazamos enérgicamente la militarización de los espacios públicos, el cierre de espacios de difusión y la aprobación de leyes que equiparan a los disidentes con delincuentes.

La voz de la ciudadanía no debe ser silenciada con leyes oportunistas ni con actos de persecución.

Protestar es un derecho, reprimir es un delito.

Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.