Postura de la señora María Araceli Arellano Enciso y del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD) sobre las notas aparecidas en medios de comunicación locales, respecto a la resolución en la cual la CEDHJ “exonera” a Tomás Coronado Olmos, Procurador General de Justicia del Estado.

El día de hoy a través de la prensa local, la señora María Araceli Arellano Enciso y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad), nos enteramos de la resolución en la que Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la CEDHJ, afirmó que el procurador de justicia Tomás Coronado Olmos, no violó ningún derecho humano a las “víctimas” y que no participó en fiestas en las cuales se llevaban a cabo abusos sexuales en contra de niñas.

Cabe mencionarse que hasta el momento, la señora ni el Cepad han sido notificados de esta resolución y la postura que aquí se expresa tiene sustento únicamente en lo señalado por los medios de comunicación.

Por lo tanto, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo comunica lo siguiente:

  • Que desde que se hicieron públicos los señalamientos por parte de las víctimas en septiembre de 2007, de violaciones graves a los derechos humanos que atentan contra mujeres y niñas, el presidente de la CEDHJ , Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, exoneró públicamente al actual Procurador de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, no obstante de que existen señalamientos en su contra e incluso el propio gobernador del estado, Emilio González Márquez, reconoció públicamente en enero de 2008, la asistencia de dicho funcionario en fiestas en las que participaban niñas.
  • A partir de ese momento el trabajo realizado por la CEDHJ, se caracterizó por anteponer intereses ajenos a la defensa de los derechos humanos e incluso colocar en situación de riesgo a las afectadas en su vida, integridad física, así como seguridad jurídica, al solicitar medidas cautelares al propio Procurador de Justicia, lo cual evidencia la parcialidad con la que se conduce su titular en el caso, aspectos que han sido documentados ampliamente por el Cepad.
  • Hasta la fecha, la CEDHJ ha negado y obstaculizado reiteradamente el acceso a la señora Arellano Enciso a la queja que motivó ahora la Recomendación 2/2009, para conocer su contenido y el rumbo de la investigación, con lo cual dicho organismo vulnera sus derechos humanos a la información, a conocer la verdad de lo ocurrido, lo que constituye violencia institucional de acuerdo con los diversos instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos de la mujer.
  • Consideramos que la Recomendación emitida el día de hoy, confunde a la opinión pública, ya que nunca se investigó de forma completa, objetiva, imparcial y eficaz, los presuntos actos de corrupción de menores, prostitución y pornografía infantil en los que se encuentran involucrados servidores públicos, limitándose únicamente a informar sobre las irregularidades administrativas cometidas por personal de la PGJE en la tramitación de denuncias, las cuales desde el principio fueron del conocimiento del Procurador de Justicia a quien hoy la CEDHJ le pide que los sancione.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo desea recordar a los medios de comunicación y a la opinión pública en general que:

a)         La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mantiene vigentes medidas cautelares a favor de la madre y sus hijas, para efecto de que el Estado mexicano les garantice su seguridad personal y el deslinde judicial de los hechos denunciados.

b)         Que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), tiene a su cargo las investigaciones que buscan deslindar responsabilidades de los hechos relacionados con la corrupción de menores, prostitución y pornografía infantil, donde están involucrados servidores públicos para que en su momento se sancione a los responsables.

c)         Las víctimas y sus familiares han sido sistemáticamente coaccionados por servidores públicos para que se retracten de sus declaraciones donde involucran a diversas personas, entre ellas a Tomás Coronado Olmos, procurador de Justicia del Estado, aspectos que han sido denunciados públicamente y ante las instancias legales correspondientes.

Las circunstancias anteriormente expuestas, hacen evidente la situación de emergencia que prevalece en la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas abusadas en Jalisco, al carecer de una instancia autónoma que las defienda, aspecto que denunciaremos una vez que se otorgue a las afectadas el acceso completo al expediente de queja.

Por todas esas razones realizamos los siguientes exhortos:

1.    A la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA): que agilice las investigaciones, para que acredite la comisión de los delitos de su competencia por parte de los involucrados.

2.    Al Consejo Ciudadano de la CEDHJ, para que analice la Recomendación 2/09 y fije su postura como representantes de la pluralidad de la sociedad.

Agradecemos su atención.