Los innumerables actos de tortura ocurridos esos fatídicos días dentro de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia, no han sido investigados pese a las exigencias de organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos para procesar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, cuantificar la reparación del daño a las víctimas y la implementación de medidas de no repetición.

En Jalisco las cosas no han cambiado, actualmente nos seguimos encontrando con múltiples testimonios de quienes han sufrido la terrible experiencia de ser torturados en los últimos días, meses y años, pero el ingrediente adicional, es que nos encontramos con que el presidente del organismo público de derechos humanos se jacta de haber disminuido y casi desterrado dichas prácticas de las instituciones de seguridad de Jalisco, por supuesto incluyendo a la Procuraduría.

Respetar los derechos humanos no es prioridad de las autoridades en Jalisco, eso nos obliga a las organizaciones de la sociedad civil a profesionalizar nuestras actividades. La lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos nos implica la aplicación de nuevas estrategias jurídicas y políticas de corto, mediano y largo aliento, así como diseñar alianzas con otras organizaciones que le apuesten a la incidencia estructural del actual estado de cosas.