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Foto: Periódico Correo-Guanajuato
Una encuesta realizada a 4 mil mujeres usuarias del sistema de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara, a cargo del Instituto Jalisciense de Mujeres y el Sistema de Trasporte Eléctrico Urbano, arrojó resultados que confirman de manera fehaciente el permanente hostigamiento al que las mujeres se enfrentan a diario. Siete de cada diez usuarias han sido víctimas de uno o más tipos de violencia con intención sexual por su calidad de mujer, tales como la el abuso, el acoso, los roces corporales, las miradas morbosas, los comentarios obscenos o despectivos e incluso la toma de fotografías a su cuerpo.
Las autoridades en su intención de atender a la situación de riesgo en que se encuentran las mujeres en los espacios públicos, ha ejecutado pilotajes en camiones como el de la ruta 380 con espacios exclusivos para mujeres y busca establecer una norma que formalice la asignación del 30% de los espacios en el Tren Ligero y el Macrobús para las usuarias. Medidas que de acuerdo a la encuesta publicada por el Informador, el 95% de las mujeres aprueba.
Sin embargo, a pesar de que las mujeres perciben mayor seguridad al mantenerse aisladas de la presencia masculina y de que son medidas efectivas para la contención del fenómeno, los mecanismos empleados asisten a la inmediatez de un problema recrudecido con el tiempo y ante el cual se requiere de disposiciones públicas integrales que garanticen la protección y seguridad de este grupo vulnerable que aumenta día con día y carece de seguridad ciudadana efectiva. Para esto, es necesario abarcar en las políticas públicas una perspectiva de género que cubra los ámbitos de prevención, atención, sanción e investigación que lleven a la erradicación de la violencia contra la mujer originada por la inequidad de género y la objetivización sexual de su persona.
La violencia que expresan las mujeres en sus respuestas, menoscaba su dignidad e integridad como persona puesto que además de sufrir los hostigamientos directos por acoso e intimidación, la violencia no se limitan al espacio brindado por el transporte público, sino que se replica en los espacios públicos en general trasgrediendo su libertad e intimidad por las consecuencias psicológicas, emocionales y físicas que restringen el desarrollo de sus capacidades. Tal como se da vista en el informe del Cepad 2007-2008, la discriminación por cuestiones de género, propicia la exclusión en de las mujeres en ámbitos sociales(Ramos:2008 Informe Cepad) y es entonces, cuando sus posibilidades de desarrollo se ven limitadas por una violencia estructural que les niega el bienestar y el disfrute potencial de sus habilidades.
Ante la situación de los derechos de la mujer en Jalisco y el deber de las autoridades de garantizar la protección y seguridad de las mujeres, necesitan existir mecanismos colectivos de protección y del fortalecimiento de capacidades para activarlos; así como medidas que empoderen a las mujeres para utilizarlos. Es deber de toda la sociedad combatir la discriminación perpetrada contra las mujeres pero si los responsables de regular la convivencia social no incluyen los mecanismos que permitan reconocer y visualizar la gravedad del fenómeno, será cada vez más prolongada la canalización al bienestar colectivo y a la democratización del espacio público.