En el marco de la presentación del tercer informe de actividades del actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el titular de la PGJE Tomás Coronado Olmos, señaló que en Jalisco no se ha comprobado “ni un caso” de tortura.

Señala de manera contradictoria este funcionario, que debido a la falta de pruebas, no se ha sancionado a ningún servidor público de la PGJE ni de otra corporación, asegurando que se han investigado y que los jueces “no han encontrado elementos para configurar el delito”. Según la información recabada por el Cepad publicada y publicada en los Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2006 y 2007-2008, jamás se ha consignado una averiguación previa por actos presuntamente de tortura.

Ya en septiembre de 2009 Emilio González Márquez había señalado igualmente que en Jalisco “no se practica la tortura contra los detenidos”, pero bien vale recordarles a ambos funcionarios (y a los demás) que no sólo deberá ser castigado aquel servidor público que con ese carácter ordene o ejecute la tortura (artículos 2 y 4 de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, vigente desde el 24 de diciembre de 1993), sino también a aquellos que en el ejercicio de sus funciones conozcan (por cualquier medio) de un hecho de tortura y no lo denuncien (artículo 5).

Tanto víctimas y sus familiares han denunciados junto con diversos organismos locales, nacionales e internacionales que la tortura es una práctica recurrente en Jalisco y un método de investigación por parte de agentes de la PGJE, y negar su existencia significa la incapacidad para gobernar y procurar justicia en la entidad.

Sin embargo, las declaraciones de estos funcionarios dejan la posibilidad para que las víctimas de tortura o sus familiares acudan allende las fronteras a reclamar justicia y castigo para los responsables de los sufrimientos físicos y psicológicos, y estamos hablando de la Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción ha sido reconocida por México (ratificado por el Senado de la República el 21 de junio de 2005 el Estatuto de Roma que crea la CPI).

La competencia de este Tribunal se limitara a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, como lo son los de lesa humanidad entre los que se encuentra la tortura (artículo 7, inciso f del Estatuto).

Mientras tanto, la CEDHJ le deberá explicar a la sociedad jalisciense, los criterios utilizados para clasificar las quejas por tortura, por malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes, y por lesiones, pues a partir de la llegada del actual presidente, las quejas disminuyeron hasta quedar borradas del cuadro de supuestas violaciones más frecuentes en el 2007, 2008 y 2009.