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El 8 y 9 de marzo de 2010, los integrantes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuestionaron seriamente al Estado mexicano respecto al verdadero cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos. Entre las mayores preocupaciones que externó el Comité fueron sobre la militarización, el fuero de guerra, el arraigo, la tortura, la violencia contra las mujeres, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros muchos temas.

Sin lugar a dudas, se evidenció nuevamente la falta de compromiso del Estado mexicano por atender a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, tal como sucedió con el Examen Periódico Universal celebrado en Ginebra el 9 de febrero de 2009, cuyas recomendaciones relacionadas con algunos de los temas ahora tratados, fueron rechazadas tajantemente.

El 11 de marzo, el Parlamento Europeo emitió una resolución condenando la violencia que se vive México, en particular la violencia y amenazas que sufren las y los defensores de derechos humanos, solicitándole al Estado mexicano para que implemente mecanismos legales y personales de protección. Asimismo, le reitera al Gobierno mexicano su responsabilidad de combatir los feminicidios y los ataques a periodistas, asegurándose que los responsables sean llevados ante la justicia.

Ese mismo 11 de marzo, el Departamento de Estado del Gobierno de los Estado Unidos, publico el Reporte sobre los derechos humanos en México 2009. Este informe contiene un recuento de hechos que llama la atención por su extensión y por la diversidad de casos relacionados con la tortura, las desapariciones forzadas de personas, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la trata de personas, entre muchos más. Sin lugar a dudas, este es un documento que debemos leerlo con detenimiento, y desde luego, observar la respuesta del Gobierno federal sobre las graves acusaciones en su contra.