El 26 de noviembre de 2008, los padres de Néstor Alan Rodríguez Licea solicitaron a Emilio González Márquez, gobernador del estado de Jalisco, deslindara de oficio las responsabilidades de varios servidores públicos tanto de la Procuraduría de Justicia del estado como del IJCF, que con sus acciones provocaron denegación de justicia, además de corregir el retraso generalizado en la práctica por parte de peritos médicos y químicos en la elaboración de dictámenes de alcoholemia y de drogas de abuso

El 21 de septiembre de 2009, José Luis Montes de Oca Solórzano, contralor interno del IJCF, informó al Cepad que a petición de la familia iniciaría una investigación administrativa interna en contra del personal involucrado en los señalamientos con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado.

De manera reciente, el 10 de septiembre de 2010, fuimos enterados por dicho funcionario que con base en las pruebas ofrecidas por la familia Rodríguez Licea y el Cepad, junto con las indagaciones de la propia institución, fueron suficientes para que se impusieran las siguientes sanciones:

  • Suspensión máxima de ocho días sin goce de sueldo: a los peritos del área de medicina legal Luis Antonio Guzmán Peña y María del Socorro Méndez Herrera, así como al perito de laboratorio químico José de Jesús Reyes de la Torre Villegas.
  • Suspensión de cinco días sin goce de sueldo, al también perito de laboratorio José Luis Morales Ortiz.

Todos ellos por desempeñar el servicio de manera indebida o con abuso en el mismo, específicamente por “incumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Instituto” de acuerdo al artículo 22, fracción I de la propia ley que crea el IJCF.

Para la familia Rodríguez Licea y el Cepad, la resolución confirma la existencia de que ocurrieron graves irregularidades el 26 de noviembre de 2006, cuando Néstor Alan perdió la vida, además de serias violaciones a los derechos humanos como a la seguridad jurídica, a la debida garantía judicial, a la igualdad, así como el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.

Las sanciones y el tiempo tan largo para imponerlas, demuestra que es necesaria la existencia de mecanismos más ágiles de investigación y sanción, porque no puede existir reparación para las víctimas sin un deslinde de los responsables completo y eficaz.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en diversos casos que “la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”, “debe tener un sentido y ser asumida como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares” en donde se busque por el Estado la verdad (n. 112. Caso Bulacio vs Argentina; sentencia del 18 de septiembre de 2003. Fondo, reparaciones y costas).

Ante las recientes reformas legales que sancionan con mayor celeridad a los que conducen bajo los efectos del alcohol y que involucran de forma directa a personal de la Procuraduría de Justicia, IJCF y Secretaría de Vialidad y Transporte, se considera urgente una nueva que incremente el acceso a la justicia para las víctimas al denunciar delitos y responsabilidades administrativas cometidas por los servidores públicos e impedir así la impunidad propiciada desde las propias instancias.

Como prueba de ello, es la falta de resolución hasta la fecha del procedimiento administrativo 402/2009 Mesa B en la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que se investigan a petición nuestra las irregularidades de varios integrantes del ministerio público, por lo que exigimos una respuesta inmediata.

A las víctimas de violencia vial, queremos manifestarles nuestra solidaridad, sobre todo para que nuestra experiencia las anime para seguir en el camino de la exigencia de justicia, en memoria de nuestros hijos y familiares para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Familia Rodríguez Licea

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad)