Los organismos públicos autónomos (IFE, IFAI) entre ellos las comisiones públicas de protección a los derechos humanos, nacieron en un contexto en que los ciudadanos y ciudadanas reclamábamos una mayor intervención y participación en las instituciones, con la idea de adquirir una mayor legitimidad, lo cual se logró con algunas gratas experiencias en las que se observaba a lo lejos una esperanza.

Nuestra incipiente transición a la democracia provocó la acumulación de poderes en partidos y gobernantes, sobre todo los estatales, quienes son prácticamente unos pequeños virreyes sin controles ni contrapesos en ningún tipo en decisiones y presupuestos, que ha provocado la invasión de lo ganado por la ciudadanía, cambiándolo por una rancia y nueva corriente partidista, disfrazada de perfiles supuestamente “profesionales”, que tienen un déficit en su historia de vida y en el tema que les corresponde defender.

Ese ha sido el caso de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien fue electo bajo un perfil político ( ha sido lo documentó el Cepad) , pero cargando a cuestas dos cosas: su ignorancia en el tema de los derechos humanos y los compromisos políticos que lo llevaron al puesto.

Eso se nota claramente en su defensa famélica de los derechos humanos a través de discursos y pronunciamientos en los medios de comunicación, que en ocasiones logran la llegada de una nueva y monetaria forma de reparar lo que él llama violaciones a los derechos humanos, pero que nunca evitan que los actos vuelvan a cometerse.

Dicho sea de paso, en 2009 de 15 800 quejas que recibió la CEDHJ, solamente resolvió el 9.35 % de ellas, es decir de cada 10 quejas que recibe solamente resuelve el 0.9 % de ellas, las demás se quedaron silenciosas en los pasillos de salarios lujosos de ese organismo; entre ellas, por cierto el llamado “limosnazo” que provocó una gran movilización social en Guadalajara.

El nuevo episodio lo vivimos el martes, cuando tres consejeros y consejeras ciudadanos, Emma Valadez, Alberto Bayardo y Francisco Pérez, acompañados de otras dos valiosas consejeras que concluyeron su encargo recientemente Paola Lazo e Imelda Orozco, renunciaron a su cargo.

En su carta de renuncia señalan la ausencia de legitimidad de su titular, la imposición de un modelo de organismo que opera bajo una lógica de “intermediación silenciosa y gestora de indemnizaciones”; respuestas del Presidente opacas, cerradas y sin razones a asuntos verdaderamente relevantes relacionados con derecho a la diversidad sexual, o los propios derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La opacidad absoluta, incluso a los propios consejeros, la necesidad de que incluso una de ellas, Paola Lazo tuviera que presentar y ganar un Juicio de Amparo tramitado con el apoyo del Cepad, para que se reconociera su derecho a ser consejera propietaria, además de pervertir el espacio democrático del consejo para hacerlo sectario y con fines no claros, que por supuesto sólo favorecen a los personales del presidente. (Carta de renuncia del 23 de noviembre de 2010).

La renuncia de los consejeros y consejeras pudiera parecernos no importante, pero con ello cayó el último dique ético que posibilitaba la rendición de cuentas y publicidad de ese organismo desde una visión cercana a la sociedad.

Con ello, perdemos todos y todas, ¿Quiénes ganan?: el presidente por lograr una composición partidista de un organismo que es nosotros y nosotras; su jerarquía que vive incrementos salariales contrarios a la austeridad tan demandada; políticos, como el Diputado José Antonio de la Torre del PAN quien ha logrado colocar a su esposa en una labor que debiera tener un servicio civil de carrera, ex consejeros que han hecho de esa labor una bolsa de trabajo propia.

¿ Qué espera el Congreso para sujetar a una estricta rendición de cuentas a la CEDHJ?. Por el momento declaramos a ese organismo como un apéndice más de la burocracia y sin presencia de la participación ciudadana.