La recomendación 28/2010 que dirigió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) al ayuntamiento de Zapopan para que responda por la urbanización de una zona del bosque El Nixticuil no le hace justicia, ni lo defiende de la tala, afirmaron en rueda de prensa integrantes del Comité Salvabosques El Tigre II. Dos mujeres con pañuelos en el rostro se encargaron de difundir su descontento hacia al órgano defensor de las garantías individuales.

“Los llamados al manejo y la administración del bosque que realiza la CEDHJ están lejos de favorecer la conservación de El Nixticuil y no representan un mecanismo que asegure la no repetición de las diversas violaciones que sistemáticamente han sido cometidas por las autoridades municipales, las cuales por cierto no se incluyen en la recomendación”, señala el comunicado al que dieron lectura.

Se refirieron en concreto al proyecto Mirasierra, cuya primera etapa se erige a través del desarrollo Altavista Residencial, perteneciente al Consorcio GIG del empresario priísta Raymundo Gómez Flores, en un perímetro de 23 hectáreas, y del fraccionamiento La Cima, de la familia García Arce, propietaria de la embotelladora AGA. Estos proyectos, dijeron, ya habían sido detenidos parcialmente por la presión social y la denuncia de la devastación que generarán a El Nixticuil, sin embargo, el presidente municipal, Héctor Vielma Ordóñez, les dio autorización para que continúe el “despojo” por las “relaciones de partido” que mantiene con algunos de ellos.
A la par, informaron, existe un tercer proyecto que consiste en la reactivación de la línea de drenaje que intentó ser construida desde hace dos años por el programa del SIAPA Todos con agua, y que fue clausurada en el 2009 por remover suelo forestal sin permisos.

La recomendación de la CEDHJ es el resultado de tres quejas interpuestas por el Comité en marzo del 2008 y los meses de marzo y septiembre del 2009 en contra de algunas direcciones del ayuntamiento por permitir el derribo de docenas de encinos e incendios provocados en un predio conocido como La Roblera, dentro del bosque El Nixticuil, y negarse a detener a personal del fraccionamiento La Cima que agredió física y verbalmente a integrantes de la organización.

Salvabosques El Tigre II determinó que se advierte un uso parcial de la información para respaldar en todo momento el dicho del agresor (Zapopan), y se limita a señalar faltas administrativas, pero no propone sanciones ni menciona a funcionarios. Por el contrario, propone la reactivación de la ampliación de la avenida Ángel Leaño y el proyecto de drenaje sanitario o línea de alejamiento, que invaden el bosque. Señalan que tampoco fueron notificados de la recomendación, a pesar de que el artículo 76 de la Ley Orgánica de la CEDHJ lo estipula.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) censuró en voz de su presidente, Francisco Macías, la recomendación del organismo defensor de los derechos humanos, toda vez que el ombudsman jalisciense, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, se permite no investigar los actos e intervenir de forma categórica.