A nombre del Cepad, agradezco la presencia esperanzadora de defensores y defensoras de diversas organizaciones civiles, así como de personas que con su testimonio de vida y lucha por la justicia nos alientan a seguir adelante.

Con el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2010, cerramos un ciclo de casi cinco años de trabajo del Cepad, en el que nos propusimos hablar de los derechos humanos, registrar sus incumplimientos, discutirlos, identificarlos y comunicarlos.
El informe no busca construir métodos o alentar indicadores, no es un informe cuantitativo, ni de “labores” a la usanza de otras instituciones, es un documento que busca retomar el posicionamiento ético como contenido de los derechos humanos, siempre ceñidos a las realidades de personas que han sido afectadas por su incumplimiento, ya que consideramos que defender públicamente nuestras libertades permite a las personas afirmarse en el derecho que les corresponde, además de alentar su toma de conciencia, ya que no se trata de privilegios ni de aspiraciones.
En esta ocasión, su construcción obedeció a un ejercicio totalmente colectivo y horizontal, como resultado de cinco encuentros, en donde integrantes de 26 organizaciones civiles dedicadas a la atención de diversos grupos sociales, logramos compartir nuestras preocupaciones e intercambiar nuevas formas de trabajo a través del registro y documentación de casos.
Su resultado, nos llena de esperanza por las coincidencias de esfuerzos, por el compromiso mostrado por los defensores y defensoras, porque seguramente permitirá que pongamos acentos en hechos que creíamos superados en una sociedad como la nuestra, cada vez más necesitada de protección a su dignidad, sobre todo en estos días aciagos.
Los pocos avances mostrados a nivel nacional, como en el caso de la aprobación por el Senado de la Iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos o la vuelta de la supervisión de organismos internacionales al país, así como las sentencias dictadas por Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Campo Algodonero y Rosendo Radilla, que permiten medir la realidad en la que nos encontramos en temas como crímenes del pasado, desaparición forzada y los derechos de las mujeres, han encontrado poco eco en Jalisco.
A nivel local, en la etapa final de este gobierno, pareciera que la entidad cada vez se asemeja al una isla en la que no existe la globalización de los derechos humanos, ni tampoco la inseguridad, y que prefiere guiarse por verdades ajenas a una sociedad plural, ya superadas y discutidas hace siglos, desafortunadamente con una clara opción a la eliminación de aquello que se considera diferente, sin importar si se trata de hombres o mujeres; ó si con ello se incrementa más la violencia ya de por sí practicada desde el poder público.
El 2010 fue un año en el que se reafirmó de que se trata de una entidad que tiene niveles preocupantes de violaciones a los derechos humanos que afectan a pueblos indígenas, mujeres, niños y niñas, comunidades que buscan mejores condiciones de vida, a la salud, medios ambiente, al trabajo, a la vivienda digna, al agua potable; defensores y defensoras que viven en el riesgo a su seguridad e integridad, periodistas, personas que han perdido la vida afectadas por la inseguridad, así como otras que ven en la protesta una forma de exigir aquello que la autoridad ha decidido hacer invisible.
En el tema del derecho a la igualdad y no discriminación, los hechos más relevantes tuvieron como telón de fondo la aprobación en el Distrito Federal de matrimonios entre personas del mismo sexo y su posterior debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en Jalisco provocaron una amplia movilización social tanto de los que estaban a favor como en contra de la medida, sin embargo la respuesta desde las autoridades reflejó un estado lamentable en su apreciación hacia lo diferente.
Las declaraciones homofóbicas y desinformadas del regidor del Ayuntamiento de Guadalajara Gamaliel de Jesús Ramírez Andrade, incluso desde el propio desarrollo de su campaña como aspirante a la presidencia municipal, comprueban que las sanciones son necesarias como una forma de reparación y que su inaplicación lo único que fomenta es un ambiente que coloca en situación de riesgo a muchas personas y grupos que defienden la diversidad.
Por lo menos así lo demuestra la secuencia de atentados a este derecho, que continuaron con las los pronunciamientos tanto del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez y del propio Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, este último quien incluso públicamente demostró su alto nivel de intolerancia, ante la existencia de matrimonios entre personas del mismo sexo. Lo anterior marca un retroceso de siglos y exhibe la ausencia de mecanismos eficaces para crear contrapesos a un poder político autoritario.
Finalmente la existencia de cursos para “curar” la homosexualidad propuestos desde la Secretaría General de Gobierno, con el apoyo de algunas organizaciones civiles y religiosas, nos indican el límite al que puede llegar una sociedad que carece de una visión diferente de sus semejantes.
Como se aprecia claramente, la inexistencia en Jalisco de un marco que prevenga, proteja y sanciones este tipo de acciones, no es casual sino que busca perpetuar la falta de protección e impunidad de esas conductas.
Iniciamos el 2010 con hechos que atentan directamente a los derechos de los pueblos indígenas, cuando policías de Huejuquilla El Alto establecidos en un retén ilegal pero ajustado a la nueva “política” de seguridad, lesionaron de forma injustificada a un grupo de indígenas Wixárikas que regresaban de recibir un apoyo gubernamental.
En el informe se da cuenta puntual de la situación que prevalece en San Sebastián Teponahuaxtlán, donde la constante ha sido la contaminación, despojo y mercantilización del agua, así como otros recursos naturales, que atenta contra su derecho a la libre determinación, así como al acceso a la “esencia de la vida”.
Igual dignidad la observamos en el pueblo Coca de Mezcala, el cual sigue luchando porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Ayuntamiento de Poncitlán, les consulte la remodelación de la Isla del presidio, patrimonio que les pertenece como pueblo originario y que paradójicamente fue conseguido en el contexto de la lucha de independencia.
En el tema de los derechos de las mujeres, la realidad no puede ser más desventajosa al comprobarse que Jalisco se encuentra ubicada como la tercera entidad con más feminicidios en el país, de acuerdo a la información del Observatorio Nacional del tema y del Comité Latinoamericana por los Derechos de las Mujeres (CLADEM); lo que se suma al ambiente antes de una desprotección hacia sus derechos sexuales y reproductivos.
Las declaraciones de Carmen Lucía Pérez Camarena, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, quien consideró innecesaria la implementación de la alerta de género, con el argumento de que la mayoría de las muertes de mujeres se debían “al ambiente de inseguridad y de delincuencia organizada”, sumadas a la calificación de “hechos aislados” otorgada por el Presidente de la CEDHJ quien se supone debiera de garantizar los derechos humanos de las Jaliscienses, más lo dicho por Tomás Coronado Olmos, quien aseguró palabras más o menos que en este estado sólo existen homicidios más no feminicidios por no existir en la ley, colocan hoy a las mujeres de Jalisco sin la posibilidad de que se garanticen sus derechos humanos y en un total estado de desprotección.
Desde este foro, exigimos a las autoridades federales competentes que en cumplimiento de sus obligaciones internacionales realice esas funciones en sustitución de las de Jalisco, debido a la incompetencia de sus autoridades y por cometer violencia institucional en contra de todas las mujeres en Jalisco. ¡ Las queremos a todas vivas !
Al Congreso del Estado, le exigimos que cite a rendir cuentas a las y los funcionarios involucrados, en especial al Procurador de Justicia, de quien hemos pedido insistentemente su remoción desde hace varios años por no garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas.
Sobre el derecho al medio ambiente, continuamos con la constante amenaza al Bosque del Nixticuil, así como a sus defensores y defensoras, ante el embate de desarrolladores sin escrúpulos pero con intereses manifiestos apoyados por el gobierno municipal de Zapopan, los cuales no han entendido que la naturaleza es un derecho que le corresponde a la sociedad y no sólo de unos cuantos, quienes a través de estudios de impacto ambiental o de licencias, terminan apropiándose de un derecho que tiene que se protegido sin limitaciones.
La protección a la infancia se ha consolidado como parte de un discurso consistente pero vacío de acciones desde el poder político. No existe nivel de gobierno que pregone las bondades de su política pública, aunque la realidad supere en mucho esa ficción construida.
El municipio de Guadalajara actualmente se promueve como “amiga de la infancia” para certificar sus acciones a nivel internacional, mientras tanto organizó un operativos como el llamado “rescate”, construido desde los pasillos del área de seguridad pública, ahora denominada “ciudadana”, cuyos resultados fueron solamente mediáticos, recaudatorios, violatorios al derecho a la privacidad de hombres y mujeres, con gran impacto en derechos de mujeres en situación de vulnerabilidad y sin ningún niño o niña rescatado, de eso que denominaron combate a la explotación sexual infantil y que finalmente cumplió con un objetivo no deseado: profundizar aún más el ocultamiento de esa realidad.
En ese caso tenemos nuevas políticas mezcladas con viejas prácticas que ya han sido observadas como violatorias a los derechos humanos, aunque no se ha llevado acabo otro operativo, le pedimos al Ayuntamiento de Guadalajara realice una evaluación pública de dicho operativo y consulte a las organizaciones que atienden la situación de vulnerabilidad de mujeres en la zona.
La sociedad de Jalisco fue testigo de la continua presencia de la trata de personas con fines sexuales, cuando policías del municipio de Tlajomulco de Zúñiga detuvieron a varios adultos, quienes fueron sorprendidos abusando de varias menores de edad que continuamente eran llevadas a sus fiestas, por cierto en uno de esos fraccionamientos que más bien parecen villas de abandono y de impunidad.
La respuesta de una institución de la que se espera que procure justicia, fue inadmisible en un estado donde existe emergencia para proteger a la infancia, se dijo que era imposible buscar una sanción penal para los responsables debido a los vínculos de “noviazgo” que encontró entre los adultos y las adolescentes, por lo que el resultado fue solamente consignarlos por el “gravísimo” delito de robo, lo que desencadenó el reclamo del propio Presidente Municipal.
Dicho asunto, comprueba que en Jalisco no existen garantías para la infancia afectada por la explotación sexual provocada y realizada por adultos. Es necesario recordar que sigue vigente por similares motivos una averiguación previa en la Procuraduría General de la República.
Jalisco tampoco se encuentra ajeno por la lucha del derecho a la identidad y el territorio, reflejada en los pobladores de Temacapulín, pueblo con dignidad, que mantiene su lucha para no ser inundados por la existencia de un gobierno estatal que no consulta, no escucha y desacata las ordenes judiciales.
La dignidad de sus defensores y de aquellos que se han solidarizado con su causa, nos dice que finalmente los derechos humanos son una lucha ética que nos implica a todos y todas, por eso reprobamos la construcción de la Presa El Zapotillo y la persecución que desde las instancias de gobierno realiza contra pobladores, defensores y defensoras.
En ese mismo sentido, explotó un conflicto añejo en Tenacatita, Jalisco, manejado desde el Gobierno de Jalisco como un asunto entre particulares que estaban en litigio, pero la realidad demostró que existían pobladores que desde hace décadas se dedicaban a la atención del turismo, contrario a su contraparte, una empresa que igual se dedica a proyectos inmobiliarios y además su representante es dueño de una corporación de seguridad privada.
La sentencia del tribunal, originó el desalojo violento de los pobladores con el consentimiento de la autoridad judicial que permitió incluso la restricción a la libertad de tránsito en una carretera que conduce a la zona e incluso en la playa, con el consentimiento de las autoridades estatales y federales.
Los pobladores afectados, algunos de ellos fracturados por los elementos policiacos, retomaron su defensa jurídica con la desventaja de haber perdido su patrimonio, mientras tanto los guardianes del orden consumían lo que sus negocios tenían e incluso se hospedaron ilegalmente en los hoteles.

El conflicto se agravó cuando elementos de la policía auxiliar que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, armados y que vigilaban el cierre de la carretera, agredieron a dos diputados federales y un grupo de periodistas que cubrían la visita de los legisladores, causándoles a varios reporteros lesiones de consideración. Finalmente se tramita en la Cámara de Diputados un Juicio Político en contra del Gobernador de Jalisco por su actitud omisa en el conflicto, la cual evidentemente ha sido constantemente violatoria de los derechos humanos.
En el tema de defensores, resulta preocupante los reiterados ataques al trabajo de Marco Von Borstel y Jade Ramírez, el primero como defensor de los pobladores de Temacapulín, y la segunda como periodista encargada de su cobertura, hechos repetidos ahora en Guanajuato, donde incluso personal del Instituto Nacional de Migración causó actos de molestia al defensor, aspecto que reprobamos y exigimos una clara protección así como garantías hacia su labor.
Otro hecho lamentable, fue lo que al parecer fue un robo ocurrido en las oficinas de la organización civil Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad AC (Codise), reconocida por su labor en favor de la diversidad sexual, el cual demuestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y defensoras en Jalisco, reconocido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, como el sexto lugar nacional con más ataques.
Los conflictos no resueltos desde el Gobierno estatal, han generado un ambiente riesgoso para personas, organizaciones y movimientos que exigen el cumplimiento de una petición ó la exigencia de un derecho. Durante el año diversos movimientos han sido sujetos de restricciones como en el conflicto con la comunidad de la Universidad de Guadalajara, o incluso detenciones con un claro abuso de la fuerza, como en el caso del Movimiento de Bases Magisteriales. En ambos casos acompañados de una cobertura mediática negativa para posicionar un mensaje equivocado al elemental derecho a la protesta social. Es por ello, que una vez más es necesario decir , que se trata de un derecho humano básico para el cumplimiento de los restantes derechos humano que debe ser garantizado y protegido por el Estado.
En el escenario de la seguridad, Jalisco ha dejado de ser una entidad que no figura en el mapa de la delincuencia organizada, ya que informaciones periodísticas la colocan en el séptimo lugar en homicidios cometidos en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico, muchos de ellos múltiples, como el ocurrido recientemente en Tecalitlán y Jilotlán de los Dolores.
Las explicaciones mantienen esa tendencia estereotipada de que lo ocurrido proviene de dinámicas ajenas al estado, aunque los bloqueos ocurridos en la ciudad y el asesinato de dos niñas en la Colonia del Fresno, nos hacen pensar lo contrario.
Las autoridades exigen prudencia, calma y respaldo ante lo ocurrido, cuando no existen elementos para ello, debido a que inexplicablemente no se ejercen los recursos federales para combatir la inseguridad, la gran mayoría de los elementos no ha pasado una prueba de control de confianza de acuerdo a información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de ser la entidad con el mayor número de sub registro de averiguaciones en la república. Aspectos de los cuales no se ha rendido cuentas.
Ahora que se requieren respuestas inmediatas ante la situación de emergencia, exigimos que las soluciones se enmarquen en un pleno respeto a los derechos humanos y no bajo la regla de la “sospecha”, para ello es importante que se aprueben las reformas al sistema de justicia que haga posible la existencia de un sistema acusatorio y la independencia de la Procuración de Justicia, además de la depuración de los operadores, al mismo tiempo investigar y sancionar a todos los funcionarios que permitieron el incremento de la inseguridad del estado, incluyendo a los que se encuentran en la función, además de abrir paso a una verdadera participación ciudadana a manera de contraloría social en las funciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia.
Como se aprecia claramente en este breve panorama, en Jalisco existe una crisis en la vigencia de los derechos humanos, provocada sobre todo por instancias que debieran garantizar su protección y ejercicio.
Quizás el elemento más crítico y que refleja en mayor medida esta debacle, es la crisis de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, perdida entre intereses políticos ajenos a su función, con un posicionamiento de defensa distante de la sociedad, con un alto contenido de improvisación, sin rendir cuentas, opaca y peor aún, con una defensa ortodoxa y mediática que de nada sirve al escenario actual.
Deberíamos preguntarnos como sociedad: ¿De qué sirve contar con un organismo que se ha convertido en una agencia de colocaciones y de aumento de ingresos para su jerarquía?; ¿ es útil que se repare el daño a las víctimas si esto solamente se hace en términos monetarios pero no en incremento de dignidad o en modificación de las causas que originaron las violaciones?; ¿para qué sirve una Comisión que concluye las quejas sin haberlas investigado como en el caso del “asco” del Gobernador?; o ¿ que simplemente desalienta, obstaculiza y criminaliza la participación ciudadana en su propio consejo para buscarse uno a modo a sus intereses con absoluta complacencia del propio Poder Legislativo?.
La renuncia de parte de su consejo ciudadano, por ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su labor de representación social nos dice que es una institución en abandono que ya no responde a los fines para los que fue creada.
El CEPAD, desconoce a la CEDHJ como una instancia que defienda y proteja los derechos humanos, por lo que invitamos a las organizaciones de la sociedad civil para que realicemos una documentación independiente de casos en donde se vulneren los derechos de personas y colectivos, sólo así lograremos insistir en la memoria y conocer la verdad histórica de lo que ocurre en Jalisco.
Ante este escenario, el Congreso del Estado tiene la gran responsabilidad de decidir si mantiene en el cargo al Presidente de la CEDHJ, en detrimento de las garantías de todos y todas las Jaliscienses, si permite lo anterior será también corresponsable de las graves omisiones que se suscitan en dicho organismo.
Por último queremos agradecer a los que colaboraron con su participación en el informe, a Jade Ramírez, porque a pesar de dedicarte a la profesión más peligrosa, actualmente nos demuestras que el periodismo debe ejercerse con ética y en favor de los más desprotegidos.
Al señor Alfredo Viniegra, porque la defensa jurídica por más de 11 años del caso de responsabilidad médica que le ocasionó daños irreversibles a la salud de Fredy, su hijo, nos hace ver que la defensa de los derechos humanos, tiene que ser insistente pero también con amor de padre como el suyo.
A los defensores y defensoras del Mesón de la Misericordia, Ajagi, Biciblanca, Colectivo Ollin y Movimiento de Bases Magisteriales, porque con su trabajo nos demuestran que existen alternativas y acciones en el ejercicio de los derechos humanos para buscar una mejor sociedad, más justa y solidaria.
Termino mi intervención con palabras tomadas de una invitación de la Sociedad Civil Las Abejas en Chiapas, para conmemorar los 13 años de la matanza de Acteal:
“Sabemos que unid@s, somos luz […], podemos apagar la impunidad y encender la justicia y la paz en nuestros pueblos…[…]. Nuestra lucha es constante como el viento que nos sopla la vida, y es diaria y continua como el ciclo de la siembra de la milpa”.