El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, se ha caracterizado desde el inicio de su mandato por violar sistemáticamente los derechos humanos de sus gobernados, ya sea por acción u omisión, y sin que a la fecha se haya abierto algún proceso judicial o administrativo que lo investigue ni mucho menos que lo sancione.

La huella indeleble de éste gobierno ha sido el abuso del poder y la discrecionalidad con que maneja los recursos públicos, ejemplos hay muchos. Recordemos el donativo frustrado para la edificación del malogrado templo de los mártires; también las aportaciones millonarias a las actividades del duopolio televisivo con el pretexto de promover el turismo en Jalisco, o los recientes 150 millones de pesos destinados a promover su último informe de gobierno en aras de perfilar su candidatura a la presidencia de la República con cargo al erario. Todos estos gastos verdaderamente ofensivos para sectores sociales que carecen de los bienes más elementales para subsistir.

Sin duda que la utilización de los recursos públicos de la forma con que los ejerce el actual gobierno, atenta contra el derecho al desarrollo de nuestra sociedad, tal es el caso de regatear el presupuesto destinado a la educación que imparte la Universidad de Guadalajara, obligando a nuestros jóvenes a salir a las calle y ejercer su derecho a la protesta social.

Otros sectores sociales que han tenido que salir a las calles a ejercer su derecho a la protesta social, precisamente por el autoritarismo del mandatario, son los habitantes de la población de Tenacatita, quienes fueron desalojados violentamente de sus casas y negocios. También tomaron las calles los opositores del la líneas dos macrobus e igualmente reprimidos. Y qué decir de los y las profesoras de las telesecundarias de la entidad, a quienes se criminalizó y reprimió con la fuerza pública.

En su afán por seguir gobernando a espaldas de la población, actualmente los habitantes de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo mantienen dignamente su lucha contra la construcción de la presa del Zapotillo de la cual no fueron consultados por el gobierno local y federal. Para legitimar aún más su lucha, realizaron una consulta pública con el auspicio del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, resultando que más del 90 % de la población consultada rechazó la construcción de la obra.

Tampoco podemos dejar de mencionar la lucha del Comité Salvabosque el Tigre dos, por defender el Bosque del Nixticuil contra las autoridades de Zapopan y los desarrolladores inmobiliarios que pretenden construir un fraccionamiento de grandes magnitudes, pese al daño al medio ambiente que ello representa. Por mencionar algunos casos también de resistencia civil y pacífica, pero también legal.

El gran empeño del gobierno del estado por ignorar los derechos fundamentales y humanos de quienes habitamos o transitamos Jalisco, como son al acceso a la justicia, a la protesta social, al medio ambiente, al agua, a la cultura, a la educación, a las preferencias sexuales, de las mujeres y a la información, nos pone como sociedad ante la disyuntiva: ser espectadores cómplices de una administración descompuesta moral y éticamente o actuar solidariamente por la defensa de nuestros derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y revertir el actual estado de cosas para bien de la presente y futuras generaciones.

Les invito a consultar la página, el blogs y el facebook del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, muchas gracias.