Iniciamos un nuevo año en el que buscamos renovar la esperanza, para hacerlo es indispensable fortalecer nuestra memoria como un forma de oponernos a aquello que nos impide encontrarnos en nuestra dignidad como personas, para evitar que esos hechos ocurran de nueva cuenta.
El 2011, lo podemos catalogar como el año que comprueba para nuestro infortunio, que Jalisco tiene una caída estrepitosa en el cumplimiento de los derechos humanos.
Algunos de los aspectos de mayor preocupación, es la constante discriminación en la entidad, al grado de que algún legislador se basó en ello para promover una prueba antidoping para la infancia, cuando lo que se requiere es inclusión, protección y apoyo, además de espacios de escucha, sobre todo ahora que la inseguridad de la calle, tiene un alto contenido de rumores y temores, muchos de ellos fundados.
Existe la necesidad de incorporar una ley, que prevenga y elimine este fenómeno, además de que promueva el derecho a la igualdad, como una forma de construirnos mejor como sociedad.
La agenda de los derechos humanos de la mujer, continuó con signos preocupantes al superar la cifra de feminicidios de 2010, para llegar junto con el 2011 a 142, cifra que nos indica el nivel de riesgo.Mientras tanto el Gobierno estatal y el Instituto Jalisciense de las Mujeres, se han negado tajantemente a declarar la alerta de género que posibilitaría una intervención de emergencia.
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se han colocado en situación de riesgo, al criminalizarse a grupos de personas que sólo buscan su propio desarrollo. Es el caso de las playas de Tenacatita, en el que el Poder Judicial asociado con el Gobierno del estado e intereses privados, desalojaron violentamente a varias familias que sólo promovieron y atendieron el turismo durante décadas, para pasarlo a manos del capital. Ahora se trata de una agenda más de impunidad y de predilección hacia los intereses económicos.
La criminalización sufrida por comuneros de la Isla de Mezcala, deja evidencia clara de que en Jalisco no existen garantías para quienes luchan por proteger su propio patrimonio ancestral y su autonomía, o si existen, sólo las hay para los que invaden ilegalmente, amenazan y se apropian de lo indebido, sin que exista un Estado que sancione esos actos de forma eficaz, porque muy probablemente forma parte de los propios invasores.
La tan mencionada paz que celebraban nuestras autoridades, se rompió en el momento en el que aparecieron los cuerpos de 26 personas en los Arcos del Milenio, jóvenes con ilusiones, con trabajo, con familias. Todos ellos muertos por la indignidad de los que han tomado el ilícito como forma de vida, pero asesinados también por la incompetencia de un gobierno que ha escondido información, se encuentra en la inacción y por ello se asocia con la propia delincuencia que dice combatir; no puede existir esta sin un gobierno proclive a ella. La dinámica delictiva de 2011 nos colocó como la séptima entidad con mayor número de homicidios originados por esta espiral de violencia.
Finalizamos el año, con la gravísima ejecución extrajudicial de un padre de familia de uno de los internos fugados del núcleo penitenciario de Puente Grande a manos de Policías del Estado, quienes a manera de un grupo delincuencial, torturaron y tomaron la vida de esta persona, porque consideraron que el parentesco es un delito, convirtiéndose en un grupo ejecutor y no en uno donde la justicia se encuentre de por medio.
Esto reafirma lo señalado por el Cepad en su informe sobre la Tortura en Jalisco, donde documentamos que es una práctica cotidiana en las corporaciones policiales, en la que habían resultado afectadas en una década más de 1000 personas, 79 de ellas niños y niñas.
Parte de las formas en que actualmente se combate la inseguridad, es el incremento de la militarización invisible en la entidad, que arrojó hasta octubre de 2011, 81 inconformidades ante la CNDH, algunas de ellas por desapariciones forzadas.
Defensores, defensoras y periodistas, sufrieron atentados que limitaron su trabajo y nuestras libertades. Los periodistas se enfrentaron además con un gobierno que origina, desarrolla y dirige los ataques a través de funcionarios, que luego con su misma anuencia se convierten en entes “privados” responsables de continuar los ataques, que por cierto no cesaron durante 2011.
Por último, en lo que se refiere a las instituciones que deberían garantizarnos la Justicia, hoy por hoy, tenemos un Poder Judicial paralizado y sumido en sus conflictos internos, así como con graves señalamientos de corrupción, que nos hace pensar en su falta de evolución.
Contamos con una CEDHJ, pero solamente actuando como un membrete mediático, en el que sus pronunciamientos y recomendaciones, no tienen ningún impacto, sobre todo por su falta de autonomía, al ceder más tiempo a reuniones coin actores de partidos políticos o de las aspiraciones a puestos de elección popular de sus integrantes, que a una verdadera defensa con ética de los derechos humanos de las y los jaliscienses.
La publicidad gubernamental no se equivoca, los logros son decorativos y de espectáculo, pero no en el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar, promover y respetar nuestras libertades básicas.