En pleno proceso electoral y con notas de prensa más bien discretas, se promulgó por parte del Gobierno Federal la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Federalización de Delitos cometidos contra Periodistas.(ver micrositio)
Se trata de un instrumento que llega de manera tardía, luego de más de 565 agresiones en contra de periodistas del 2009 al 2011, 13 de los cuales se llevaron a cabo en Jalisco.
De todos los ataques,  27 cegaron injustamente la vida de comunicadores, como fue el caso del periodista José Emilio Galindo de Radio Universidad de Guadalajara, crimen que hasta la fecha permanece en la impunidad.
Aunque el Presidente de la República en su discurso afirmó que tanto defensores como periodistas no están solos y que no se puede permitir su silenciamiento o pasividad por las amenazas a que se encuentran sujetos, la realidad que permea en las diversas localidades del país nos dicen lo contrario.
Basta con revisar lo sucedido el sábado pasado durante la marcha llamada de la “macromentada” en contra de Emilio González Márquez, cuando un sujeto ligado con lazos de parentesco con un aspirante al gobierno de Jalisco, con el más alto grado de intolerancia agrede a una persona de la tercera edad que manifestaba sus ideas a través de una sencilla pero denunciante cartulina. Al realizar su trabajo el reportero gráfico José María Martínez del diario Milenio, fue agredido físicamente ante la mirada de policías municipales que sólo actuaron hasta que existió la petición de los restantes colegas del periodista. Es así que Jalisco coloca en este nuevo panorama su primer caso que deberá ser investigado por la endeble Fiscalía especializada en Delitos contra Periodistas de la PGR.
El hecho pudiera pasar por un simple incidente, pero han sido reiterados los ataques a periodistas: se encuentran pendientes en esa procuraduría federal el caso Jade Ramírez, que ya tiene un largo tiempo en ella;  o que decir del caso de Alberto Jiménez Martínez “La Antena”, el cual con la autorización del Gobierno de Jalisco, con oficina y salario, atacaba a varios periodistas; o el del también reportero gráfico Darío Pereira, quien fue detenido arbitrariamente “ por equivocación” y amedrentado por policías investigadores.
La labor del periodismo o defensor o defensora de los derechos humanos, no se encuentra reconocida por el poder público, más bien existe una relación utilitaria hacia los temas que le dan contenido, prueba de ello es que ambos temas prácticamente se encuentran ausentes incluso de las propuestas de todos los candidatos y candidatas a cargos de elección popular.
Mientras no se combata la corrupción e impunidad que reina desde las estructuras del Estado y que han provocado el 53 % de los ataques, será difícil confiar en esas instancias que tendrán que ganar credibilidad.
Los defensores y defensoras, las y los periodistas trabajaremos para acompañarnos, protegernos y autodefendernos.
Reprobamos los ataques a los periodistas de México y en especial de Jalisco,
Exigimos que se aclaren todos y cada uno de los ataques a los y las periodistas, de manera completa y eficaz, sobre todo el caso del homicidio de José Emilio Galindo, porque sin libertad de expresión no puede ni siquiera pensarse en un Estado democrático.

Imágen: Cencos

Les sugerimos ver el documental “Silencio Forzado” sobre el tema