En  dicha reunión, el comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, reconoció los avances que el Estado mexicano ha tenido particularmente en la materia legislativa: La  Reforma Constitucional en Derechos Humanos del 2011 y la Adopción de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia del 2007.

El Comité manifestó una gran preocupación «ante el aumento de los patrones ya existentes de discriminación y violencia generalizada contra las mujeres en México,  debido entre otras cosas a la estrategia de seguridad pública para combatir la delincuencia organizada que ha contribuido a incrementar y al mismo tiempo invisibilizar los crímenes por razones de género y a la persistente impunidad y corrupción que impiden escandalosamente el acceso a la justicia para las víctimas” [1].

La invisibilización por parte del Estado ante los crímenes y violaciones de los derechos humanos de las mujeres jamás tendrá una respuesta de normalización por parte de las organizaciones de la sociedad civil.

Mientras el Estado siga postergando el cumplimiento de sus responsabilidades, las organizaciones de la sociedad civil seguirán en pie de lucha para confrontar al silencio y al olvido.